La CIDH afirma que el Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación.
La Comisión Interamericana viene dando seguimiento a los mencionados hallazgos en el predio denominado “Rancho Izaguirre”, que se encuentra bajo custodia del Estado desde septiembre de 2024. En dicha ocasión, el Estado había detenido a 10 personas, rescatado a dos víctimas privadas de libertad, recuperado un cadáver e incautado armas, instrumentos tácticos y vehículos.
Sin embargo, seis meses después, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” anunció públicamente que halló en el mismo lugar fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas, tal como informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según la información aportada por las organizaciones a medios públicos, el hallazgo además expone la deficiente búsqueda llevada adelante por el Estado. Ello pues, a pesar de haberse asegurado el predio por las autoridades en septiembre de 2024, y haberse realizado trabajos con maquinarias y binomios caninos, fue la labor del grupo buscador la que encontró las fosas clandestinas de manera reciente. Al respecto, el Estado señaló que serán las investigaciones judiciales, con apoyo en la ciencia criminal, las que determinarán el origen del material recabado y el uso que tenía el Rancho Izaguirre.
Para la Comisión Interamericana es importante destacar que, si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos.
Por otra parte, la CIDH advierte que, tras el hallazgo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha recuperado más objetos del Rancho Izaguirre, incluyendo casquillos de municiones, ropa, zapatos, documentos de identidad, relojes, manuscritos, tanto de hombres como de mujeres. Tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas —entre otros crímenes— como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana. Es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de las autoridades. Por su parte, el Estado refirió que cualquier hipótesis de investigación solo podrá ser formulada con base en la evidencia resguardada en la carpeta de investigación.
El Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación. La Comisión toma nota de la ejecución de dos órdenes de aprehensión sobre dos personas vinculadas estrechamente con el Rancho Izaguirre; y resalta que las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar. En particular, tal como la CIDH ha sostenido en reiteradas oportunidades, en situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones.
Asimismo, es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación humana de los restos hallados en el “Rancho Izaguirre”. Del mismo modo, cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y, llegado el momento, la restitución de restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias.
La CIDH reconoce el anuncio realizado por la Presidenta de México el 17 de marzo de 2025, sobre el impulso de una serie de reformas legislativas y medidas administrativas para reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana. Asimismo, el Estado indicó de la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, y el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas como la identificación genética. La CIDH valora el reconocimiento público del Estado de brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador.
La situación de la desaparición masiva de personas en México ha sido monitoreada por la CIDH desde hace más de 25 años. En este contexto, la CIDH saluda el anuncio del Estado de una mayor coordinación —en todos sus niveles de gobierno— para fortalecer la búsqueda y combatir el delito de desaparición en México. De conformidad con los estándares internacionales, en la formulación de estas medidas, la participación de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas debe ser garantizada.
Finalmente, la Comisión reitera su reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor de los colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado. A su vez, señala la importancia de que las autoridades reconozcan públicamente el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan, promoviendo su valorización social y que cualquier diligencia en torno al caso del Rancho Izaguirre se lleve a cabo evitando su revictimización.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
