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Empresario que financia campaña adelantada de Andrea Chávez en Chihuahua promovió a Adán Augusto en 2023

El dueño de las unidades médicas que promueven la imagen de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua es también propietario de la empresa que promovió la del senador Adán Augusto López en su intento de ser candidato presidencial.

Fernando Padilla, el empresario señalado de financiar la campaña adelantada de Andrea Chávez por la gubernatura de Chihuahua al poner a su disposición tres unidades médicas en las que se observa la imagen de la senadora de Morena, también es dueño de una revista que en 2023 colocó al menos 136 anuncios espectaculares promocionando la aspiración presidencial de Adán Augusto López Hernández, ahora líder morenista en el Senado. 

La empresa Líder en Política y Negocios S.A. DE C.V. —con el nombre comercial Revista Líder de México y cuyo socio mayoritario es Fernando Padilla Farfán—, informó entonces al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la colocación de los anuncios en varios puntos del país, y ante denuncias de la oposición de que Adán Augusto López tuviera alguna intervención en ello, tanto esa como otras revistas usaron esa estrategia de promoción encubierta.

La promoción del exsecretario de Gobernación se realizó a través de la empresa Cedrela Comercial Chiapas S.A. de C.V., que se creó en 2018 y originalmente se dedicaba al comercio de equipo médico y de laboratorio, según refiere el padrón de proveedores del gobierno de Chiapas, aunque para 2023 modificó su objeto social y sumó a sus servicios la colocación de publicidad, según consta en documentos del Registro Público de Comercio.

Revista Líder de México es una de las firmas que conforman Grupo Cocei, el consorcio de Fernando Padilla Farfán del que también forman parte las empresas Línea Médica del Sur y FMedical. Esta última empresa es la que proporciona a la senadora Chávez las unidades médicas con las que promueve su imagen, como publicó el medio Latinus. Esta información fue confirmada por una persona que trabajó un breve tiempo en las caravanas. Todo esto a dos años de las elecciones en Chihuahua.

La propia Chávez, al participar en los programas de debate de Azucena Uresti en Radio Fórmula, habló inicialmente de que esas unidades eran “un donativo” de la clase empresarial, aunque luego dijo que eran parte de un “convenio de colaboración”, sin que hasta ahora haya transparentado documentos o contratos sobre ese vínculo para desplegar las unidades en varios puntos de Chihuahua, con gastos tanto de salarios de personal como de equipo médico. 

Al comienzo de la actual Legislatura, en septiembre pasado, la senadora Andrea Chávez informó que ofrecería a la población de Ciudad Juárez, Chihuahua, servicios médicos gratuitos a través de tres Unidades Móviles rotuladas con fotografías de su rostro, su nombre y cargo de senadora, además de la Leyenda “Bienestar por Juárez”. Sumó una unidad en Delicias y prepara otra más en la capital Chihuahua, según ha informado.

Las unidades son operadas por personal que porta pijamas médicas y uniformes con el nombre bordado de la senadora. Esto aunque la promoción personalizada de los funcionarios públicos está prohibida en la Constitución, pues en el artículo 134 se señala que: “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Ante críticas por ese gasto y promoción, Chávez ha insistido en que no dejará de ayudar a la población de Chihuahua con esas unidades médicas, además de realizar traslados cada fin de semana a esa entidad, aceptando que tiene interés en contender por la gubernatura en 2027. Incluso, en algunos recorridos le han lanzado gritos de “gobernadora”.

Adán Augusto fue sancionado por usar espectaculares

Los 136 espectaculares colocados por la empresa de Padilla Farfán con la imagen de Adán Augusto López forman parte de la promoción que realizó el hoy senador en 2023, en su búsqueda de la candidatura presidencial de su partido. 

Entonces, López Hernández renunció a usar los 5 millones que Morena dispuso para cada precandidato presidencial y aseguró que él pagaría con sus propios recursos. 

Durante la campaña para obtener la candidatura presidencial de Morena, el partido prometió difundir los gastos que realizaron los aspirantes, pero sólo consideró los montos de transporte, hospedaje, viáticos y logística, sin detallar los gastos para promocionales.

De acuerdo con datos de la Unidad de Fiscalización del INE, López Hernández no reportó el gasto de 23.1 millones de pesos, de los cuales 17.1 correspondían a gastos por propaganda en vía pública.

El costo estimado de los anuncios espectaculares colocados por la empresa de Fernando Padilla Farfán para promocionar la imagen de López Hernández en su precampaña es de 2.6 millones de pesos, de acuerdo con el precio promedio establecido por las autoridades electorales en ese proceso, de 19 mil 720 pesos por anuncio.

Sin embargo, en aquella ocasión, tanto el senador como la presidenta Claudia Sheinbaum negaron haber concedido entrevistas a la publicación; mientras que el INE resolvió no sancionar la colocación de los espectaculares ni retirarlos por considerarlos parte de la estrategia de promoción de contenido de un medio periodístico.

Andrea Chávez se contradice sobre origen de las caravanas

En sus participaciones en el programa de radio de Azucena Uresti, Chávez afirmó que las caravanas de la salud que promueven su imagen son donativos pagados por la clase empresarial. Y sobre su costo dijo: “Nada, ni un sólo peso, es completamente gratuito”. 

Dichas unidades están en circulación desde enero de 2023, cuando la legisladora era diputada y la rotulación con su nueva imagen fue actualizada a su llegada al Senado. Sin embargo, no aparecen en su declaración de intereses, cuya última actualización es del 30 de octubre de 2024.


En su intervención del 26 de marzo, al hablar nuevamente sobre el tema, Chávez aseguró que las unidades no eran donativos sino parte de un convenio de colaboración con empresarios de Chihuahua, sin dar más detalles.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LUIS FERNANDO LOZANO, ANDRO AGUILAR.

“Es el futuro de nuestros hijos”: ejidatarios de Tlaltenco denuncian invasión de predios en suelo de conservación de Tláhuac

Para defender sus parcelas, los ejidatarios han optado por una lucha colectiva contra la invasión en suelo de conservación en la alcaldía Tláhuac, pues hay denuncias sin resolución que datan desde 2016.

“La historia de San Francisco Tlaltenco es de gente de campo, gente de siembra”, resume Julieta, ejidataria que pidió omitir su nombre real por seguridad. Recuerda que cuando ella era más joven, hace unos 58 años que llegó a la zona, las parcelas –que están sobre suelo de conservación al sur de la Ciudad de México– eran prósperas. Se sembraba mucho maíz, por lo que las tierras se veían totalmente verdes desde lejos. 

Hoy, las parcelas han sido invadidas con uso de violencia y amenazas por particulares, quienes han edificado viviendas pese a que la ley prohíbe que lo hagan por ser una zona de gran valor medioambiental y para el suministro de agua en la capital.

“Las zonas de reserva ecológica, suelo de conservación, como el cerro [Tetlalmanche] y La Ciénega son las áreas más importantes que se tienen que defender, porque prácticamente es el futuro de nuestros hijos. Son las áreas donde se recargan los mantos acuíferos”, detalla la señora Julieta.

Las tierras que rodean las últimas dos estaciones de la Línea 12 del metro –Tlaltenco y Tláhuac– ahora están llenas de construcciones irregulares de ladrillo gris y obras negras. Pese a que hay letreros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial capitalina (PAOT) que advierten que la construcción en suelo de conservación se castiga con prisión, a su lado hay construcciones que no han sido clausuradas.

“Tenemos que rescatar estas tierras porque son muy importantes. No nada más para Tlaltenco, para toda la Ciudad de México”.

Tras años de denuncias, apenas este jueves el Gobierno capitalino realizó un operativo para comenzar con el desalojo en las áreas verdes, pero todavía no se han recuperado las parcelas de los ejidatarios.


Línea 12 del Metro propició invasión en Tláhuac

La invasión de los predios se originó alrededor de 2012, con la inauguración de la Línea 12 del metro capitalino, en la administración de Marcelo Ebrard. Los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco se habían opuesto desde años previos a su construcción, por considerar que afectaría no sólo su organización comunitaria, sino también al suelo de conservación.

“Todo el pueblo no quería la construcción del metro”, relata Ingrid, quien también pidió omitir su nombre real por seguridad. “Al final de cuentas, esto aumenta el valor catastral de todo nuestro terreno, el hecho de que entre la Línea 12, y sí veíamos venir eso, que no nada más iba a ser progreso, sino también que otra gente iba a venir a ocupar nuestras tierras”.

Desde 2008, el Gobierno capitalino realizó sobrevuelos en donde se construyó la estación terminal de Tláhuac, y advirtió que habría una afectación mayor. “Se identificó que este lugar se encuentra en la zona de humedales ubicada dentro del suelo de conservación”, según el informe “Sobrevuelo para toma de fotografías aéreas panorámicas de la ruta de la Línea 12 del STC Metro” elaborado por la PAOT.

La misma PAOT señala que la importancia del suelo de conservación radica en que aquí se infiltra el agua para la recarga del acuífero, del cual proviene alrededor del 70 % del agua que se consume en la Ciudad de México; además de ser un espacio fértil para fauna y flora.

Los ejidatarios, por su parte, siembran en estos terrenos maíz, amaranto, frijol, nopal, ayocote y demás vegetales, los cuales son para consumo propio o para vender en la misma comunidad y mercados cercanos.

Esto es una contradicción, señalan: mientras que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y sus antecesores han promovido el autoconsumo y mercado justo, no han intervenido para que en San Francisco Tlaltenco tengan las parcelas para continuar con la tradición de siembra.

Ejidatario de Tlaltenco denuncian invasiones, pero no tienen soluciones

En 2014, los ejidatarios interpusieron una primera denuncia ante la Alcaldía de Tláhuac por la construcción de una vivienda en las faldas del cerro Tetlalmanche, sobre suelo de conservación.

En ese momento, sí hubo una respuesta por parte de la oficina de la Alcaldía y colocaron sellos en el sitio denunciado, pero en los años siguientes, el gobierno local dejó de atender sus solicitudes.

“Al principio fueron pocos los que empezaron a denunciar. El problema fue que no fueron escuchados, o recibían las denuncias y les daban largas, estaban en espera y prácticamente aún siguen esas denuncias, porque no han resuelto nada”, explica Julieta.

Al paso de los años, el problema se ha profundizado aún más, ya que algunos de los terrenos fueron adquiridos por terceras personas, que desconocían que compraban parcelas en suelo de conservación que, además, fueron ocupadas ilegalmente o bajo amenazas.

Invasores aprovecharon pandemia para ocupar parcelas

La invasión se agudizó a partir de la pandemia de COVID-19, concuerdan los pobladores, al punto de que recibieron amenazas y fue utilizada la violencia en contra de los ejidatarios para que abandonaran sus parcelas o vendieran el terreno.

“En ese tiempo fue donde aprovecharon para meterse y meter gente, empezando por meter a gente en los predios, en las parcelas, para que se quedaran a cuidar. Y a mucha gente, un tiempo, no la dejaban ni pasar a sus parcelas”, remarca la ejidataria.

“Desde el momento en que ellos ven que ya pudieron irse metiendo, han ido amedrentando, y amenazando a los pobladores, a los dueños de estas parcelas, para que se salgan”.

De acuerdo con el comisariado ejidal, Dionisio Peña, se han interpuesto alrededor de 300 denuncias, algunas de las cuales datan desde 2016.

“Salte porque aquí ya no es tuyo”: amenazan a ejidatarios de Tlaltenco

Además de amenazas, los ejidatarios han estado sujetos a que lleguen personas con arma de fuego para obligarlos a dejar sus tierras.

“Van con la gente que sí está trabajando en el campo, van con armas de fuego, y le dicen, ‘¿Sabes qué? Salte porque aquí ya no es tuyo’. Entonces, por ejemplo, habemos mujeres que vamos a sembrar y ya nos da miedo, porque de repente nos sale un sicario con arma larga”, resalta Ingrid.

“Tenemos miedo por nuestra integridad, por nuestra seguridad. Ya no somos libres”.

Por falta de respuesta de la Alcaldía Tláhuac, piden intervención de Presidencia

La “Ley para la retribución por la protección de los servicios ambientales del suelo de conservación de la Ciudad de México”, expedida en octubre de 2006, reconoce que el Gobierno tiene la obligación de tomar acciones para evitar el cambio de uso de suelo; y en la Ley Ambiental capitalina se remarca el deber que tienen tanto la administración de Brugada como la Alcaldía para prevenir la invasión de estos espacios.

Asimismo, especifica en su Artículo 94 que el suelo de conservación se compone de áreas “no susceptibles de urbanización”. A finales de febrero del año en curso, los ejidatarios recibieron a representantes del gobierno de la jefa de gobierno Clara Brugada, quienes se comprometieron a dar seguimiento a sus quejas y comenzar los desalojos de las parcelas que estuvieran ocupadas ilegalmente, así como prevenir que haya nuevas construcciones.

Sin embargo, apenas a finales de marzo se presentaron funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) acompañados de policías para hacer unos primeros desalojos en las faldas del cerro Tetlalmanche. En esta primera acción, el Gobierno capitalino recuperó 32.97 hectáreas invadidas en la zona al norte de San Francisco Tlaltenco, aunque todavía falta intervenir en las parcelas ubicadas hacia el sur del pueblo, en un área denominada La Ciénega.

“Han fomentado la situación a través del cansancio, de estarnos canalizando a diferentes instancias sin que se asuma la responsabilidad de lo que se está afectando directamente en estos terrenos, que son recursos naturales, terrenos de siembra, terrenos que tienen un origen para la siembra”, dice Martha, otra de las ejidatarias que pidió reservar su nombre real.

En un recorrido realizado por reporteras de Animal Político a finales de marzo se pudo constatar que ingresan vehículos con material de construcción libremente para continuar labores en La Ciénega, además de una falta de vigilancia por medio de patrullajes o policías locales.

Debido a la falta de respuesta por parte de la Alcaldía, a cargo de Berenice Hernández, hoy los ejidatarios solicitan la intervención de la jefa de gobierno e incluso del gobierno federal, de quien es titular Claudia Sheinbaum.

Defender Tlaltenco es defender la vida: ejidatarios

Para Héctor Mendoza, ejidatario de San Francisco Tlaltenco, esta zona de conservación al sureste de la Ciudad de México representa su “cordón umbilical”. No sólo suyo, sino de familias que llevan más de tres generaciones sembrando en las parcelas.

“Esta zona es demasiado importante porque aporta mucho oxígeno”, detalla. “Da alimentos, hay fauna, hay flora, y es un lugar de sana diversión”.

La resistencia que han hecho los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco significa para ellos no sólo preservar sus tradiciones de siembra y el valor de la comunidad, sino preservar la vida misma.

“Para mí representa vida, representa la importancia de un recurso natural que se está perdiendo, un problema que se está gestando por intereses de algunos grupos”, suma Martha, quien es la tercera generación de su familia en sembrar la tierra. “Representa proteger la tierra”.

Saben que la vivienda asequible es una problemática que debe atender el gobierno capitalino, pero remarcan que no se puede hacer a costa de sus parcelas y las zonas protegidas. 

“Estamos conscientes de que todos tenemos derecho a tener una vivienda, que todos tenemos derecho a tener un espacio, pero también tenemos derecho a comer, también tenemos derecho al agua, a vivir sin violencia”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Ulises Bravo, hermano de Cuauhtémoc Blanco, y el proceso por violencia familiar que enfrenta

Ulises Bravo, hermano de Cuauhtémoc Blanco, enfrenta proceso por violencia familiar tras denuncia de su expareja Liu León.

Ulises Bravo Molina, hermano del exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, enfrenta un proceso judicial por el delito de violencia familiar. La denuncia fue presentada por su expareja, Liu León, quien aseguró haber sufrido agresiones físicas y psicológicas durante los 11 años que compartieron una relación.

Las acusaciones contra Bravo Molina incluyen presuntos actos de violencia en perjuicio tanto de Liu León como de su hija menor. Según el testimonio de la denunciante, las agresiones se intensificaban cuando él consumía alcohol. El caso está siendo revisado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, luego de que se revocara una resolución previa que lo había eximido de ser vinculado a proceso.

Tribunal ordena revocar no vinculación

El 5 de noviembre de 2024, la Tercera Sala del Sistema Acusatorio Adversarial del TSJ de Morelos ordenó la revocación de la decisión que había determinado no vincular a proceso a Bravo Molina. La resolución fue resultado de un recurso de apelación interpuesto por Liu León, quien solicitó que el caso continuara bajo revisión judicial.

Los magistrados Rafael Brito, Juan Emilio Elizalde y Marta Sánchez Osorio conformaron la sala que resolvió la revocación. La decisión reactivó el proceso penal, abriendo la posibilidad de que se establezcan medidas cautelares contra el político.

Posteriormente, el 29 de noviembre, en audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el juez Luis Guillermo Ortega Castillo ratificó las medidas de protección ya impuestas, entre ellas la prohibición de que Bravo Molina se acerque a Liu León o acuda a lugares frecuentados por ella. La solicitud de nuevas restricciones, como la retención de pasaporte y visa, fue rechazada por el juzgador.

Denuncias en Morelos y CDMX

Liu León presentó denuncias en las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México. Según sus declaraciones, los actos de violencia ocurrieron tanto en la capital del país como en Morelos. Afirmó que durante su relación fue víctima de chantajes, maltrato físico, control financiero y amenazas.

En entrevista con Aristegui Noticias, publicada el 14 de diciembre de 2023, León relató episodios específicos en los que, según su testimonio, Bravo Molina la agredió físicamente incluso cuando tenía a su hija en brazos. Indicó que el hermano del exgobernador utilizaba su posición política para evitar consecuencias legales y mantener control sobre ella.

También señaló que algunos episodios de violencia fueron presenciados por familiares, incluidos la madre de Bravo Molina y Cuauhtémoc Blanco, sin que intervinieran más allá de intentos de mediación.

Posición de las partes

Liu León expresó que el proceso judicial representa un esfuerzo por obtener justicia para ella y su hija. En sus redes sociales aseguró que la vinculación a proceso constituye una respuesta legal ante los hechos que ha denunciado desde junio de 2023.

Por su parte, Bravo Molina ha negado los señalamientos. En una publicación del 6 de noviembre en su perfil de Facebook, indicó que no fue notificado formalmente de la resolución judicial que revocó su no vinculación a proceso. Afirmó que los medios tuvieron conocimiento antes que él y calificó la situación como un caso de manipulación judicial.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 12 de noviembre, Bravo Molina aseguró que es víctima de una persecución política por parte del fiscal general de justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara. También afirmó que la denunciante ejerció violencia contra él y su hija, y que ha presentado pruebas para sustentar esa versión.

El exdirigente de Morena en Morelos sostuvo que el caso ha sido utilizado con fines políticos y advirtió que podría tomar acciones legales contra quienes lo acusan.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hay que juzgar a todos, desde Calderón hasta AMLO y llevarlos a la cárcel: Javier Sicilia

“En lugar de atender a las víctimas, el gobierno encumbra criminales como Cuauhtémoc Blanco”, sostuvo Javier Sicilia.

El poeta Javier Sicilia aseguró que la tragedia que vive el país, que produce crímenes de lesa humanidad como el campo de concentración de Teuchitlán, no va a cambiar negociando con poderes criminales, sino movilizándose para exigir mecanismos deslocalizados del Estado que permitan detener la situación. 

En entrevista con los medios luego de su discurso aseguró que la clase política no lo hará, pues es cómplice del crimen organizado: “En lugar de atender a las víctimas, el gobierno encumbra criminales como Cuauhtémoc Blanco”, sostuvo. Aunque aseguró que no es el único, que está Gerardo Fernández Noroña, “desde Felipe Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador, a todos hay que ponerlos en la palestra del juicio público, y llevarlos a la cárcel”.

Catorce años después del asesinato de su hijo, Juan Francisco Sicilia Ortega, quien fue ejecutado con otras seis personas, el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad participó, no sin reticencia en el evento oficial del Día Estatal de la Víctima, donde llamó al gobierno a dejar de entretenerse en frivolidades y atender a las víctimas.

“En 14 años que llevamos luchando”, dijo, “los gobiernos de todos los colores no han hecho otra cosa que ocultar la realidad, mentir, destruir las instituciones creadas por las víctimas, revictimizarlas y colaborar con el crimen organizado”.

“La prueba más clara de esto”, sentenció “es que tenemos más de 500 mil asesinatos, más de 100 mil desaparecidos, cinco mil fosas clandestinas sin contar con las de las fiscalías, recordemos las fosas de Tetelcingo y de Jojutla, múltiples campos de exterminio, el más reciente Teuchitlán, redes de trata, extorsiones y miedo; en síntesis, un país sometido por el crimen y perdido”.

El escritor advirtió que esto no tiene solución “con una clase política como la que tenemos”, pues aseguró que toda la clase político, sin importar el color partidista, “ha construido una intrincada red de colaboración criminal e impunidad para administrar el infierno y hacer del Estado una dictadura de las peores, la de los kakistócratas, el gobierno de los peores”.

Para dejarlo más claro, Sicilia explicó a qué se refiere con los peores: “la dictadura de los criminales, los cínicos y los imbéciles”. No dejó títere con cabeza. Aseguró que el régimen actual ha sido el corolario, pues con estos gobiernos “el infierno ha mostrado su más profunda y repugnante dimensión”. Luego miró a la sociedad. Tampoco habrá cambio con una ciudadanía dividida “que ha tomado también el camino de la negación, al grado de atacarnos entre nosotros y hablar de cualquier cosa para silenciar el horror y la injusticia”.

Lo único que queda es refundar el Estado que sólo es posible uniendo “las partes más sanas de la nación” y luego que éstas se movilicen para llegar hasta las Naciones Unidas o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y denunciar la indefensión, la miseria y el horror que se viven en el país. Volvió a la propuesta de todos estos años, se necesita “construir mecanismos extraordinarios de verdad y justicia deslocalizados del Estado y dirigidos por ciudadanos moralmente dignos”.

Sin embargo, dudó de la capacidad ciudadana para hacerlo, pues el discurso oficial ha calado hondo y se corre el peligro de trivializar lo que ocurre. Llamó a no olvidar que Teuchitlán no es un hecho aislado, sino que se conecta con San Fernando, el penal de Piedras Negras, La Bartolina, Patrocinio, así como con la masacre en la que murió Juan Francisco Sicilia, la masacre de Iguala, la desaparición de los 43, la matanza de la familia LeBarón, el asesinato de 140 periodistas y de más de 100 activistas, en fin.

Apuntó entonces a Andrés Manuel López Obrador y la llamada Cuarta Transformación, pues han sido, dijo, “los discursos de odio y desprecio propiciados” por el régimen, los que han alentado y prohijado toda la tragedia. Aseguró que el peligro de trivializar “el infierno” nos llevará a que “el infierno, no tenga límites ni fondo, se hará más ancho y más profundo como lo ha sido hasta ahora”.

Por ello insistió en llamar a la movilización, a poner el cuerpo, pues confiar a estas alturas en que se puede acordar con los poderes criminales y con ello solucionar el problema “no sólo es pecar de ingenuidad”, es sobre todo “ser conniventes con el mal y responsables de los crímenes contra la humanidad que el Estado produce y convalidad desde hace más de 14 años”.

En el evento participaron representantes de diversos colectivos de familias de personas desaparecidas, así como funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión Estatal de Búsqueda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.

Colectivos exigen parlamento abierto para analizar estrategia de Sheinbaum contra desapariciones

Los colectivos señalaron que la participación de las familias en cualquier modificación legal está contemplada en los principios para la búsqueda de Naciones Unidas.

Familias que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) llamaron al Congreso de la Unión a organizar un Parlamento Abierto, para analizar las iniciativas para atender la crisis de desapariciones dadas a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

En un breve comunicado dado a conocer en sus redes sociales, el Movimiento que integra a cerca de 90 colectivos de familiares de víctimas de 25 estados de la República Mexicana, de tres países de Centroamérica y de Estados Unidos, insistieron en solicitar un diálogo con la presidenta.

Para las familias “es fundamental comprender que esto (el Parlamento Abierto) no sustituye la necesidad impostergable de un diálogo de alto nivel con el Poder Ejecutivo”. 

El MNDM puntualizaron que, en la atención a la crisis humanitaria, no se podrá avanzar sin las familias, junto con la que se tiene que construir la política pública”,

Consideraron que “no puede realizarse reformas a la ley sin abrir procesos de diálogo y construcción conjunta con los colectivos y las familias”.

El Movimiento remitió al pronunciamiento que las familias hicieron el 21 de marzo en el que recordaron que fueron ellas “las que aprendimos a buscar cuando las autoridades no lo hacían, de nuestra experiencia han salido aprendizajes indispensables para pensar la búsqueda, la localización y la justicia que se expresa en diversos instrumentos”. 

En ese comunicado puntualizaron que la participación de las familias en cualquier tipo de modificación legal está contemplada en la Ley General y en los principios rectores para la búsqueda de Naciones Unidas, derecho que han ejercido “con responsabilidad y ánimo de colaborar”, por lo que su disposición al diálogo. 

Ante el plan para atender el problema presentado por Sheinbaum, el MNDM llamó a “generar un espacio participativo y de diálogo que considere a las distintas plataformas de víctimas y donde se nos expongan las propuestas”.

El MNDM delineó cinco ejes de agenda para ser tomadas en cuenta en un posible encuentro, que comprenden los temas de “búsqueda y seguridad; datos y sistemas de información; bienestar y prevención”. 

Los colectivos con presencia en 25 estados de México, de tres países de Centroamérica y Estaos Unidos, se solidarizaron con las familias de Jalisco que localizaron “un espacio de horror y terror en el que podrían encontrarse algunas de las personas que buscamos”. 

Las familias que integran el MNDM hicieron un llamado a otros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas a “confluir y construir juntas”, con el objetivo de “seguir buscando con esperanza y determinación para regresar a casa a todas las personas que nos faltan”, al tiempo que se mostraron dispuestas “para dejar atrás esta crisis atroz que tantos impactos tiene en nosotras y la sociedad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

“Somos amenazadas, somos perseguidas por buscar”: madres buscadoras enfrentan riesgos, criminalización y discursos revictimizantes

Las madres buscadoras enfrentan constantes riesgos de seguridad. En los últimos 15 años, 28 personas dedicadas a la búsqueda han sido asesinadas o desaparecidas. Además, la difusión de discursos que las desacreditan, revictimizan y criminalizan aumenta su vulnerabilidad.

Mientras los riesgos de seguridad para las madres y familias buscadoras persisten en un escenario en el que se han visto obligadas a asumir una labor que compete al Estado, colectivos, organizaciones e investigadores alertan sobre los riesgos de desacreditarlas y criminalizarlas, en un contexto en el que las amenazas y asesinatos hacia ellas van en aumento.

De acuerdo con datos recabados por la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se han detectado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas. Los estados que registran la mayor cantidad de estos hechos son Guanajuato, con ocho casos, Michoacán y Sonora –tres en cada uno–, y Sinaloa, Veracruz y Jalisco –dos cada uno–. En este último, a principios de mes se dio el hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán. 

A esas entidades les siguen Baja California, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Guerrero, uno por cada una. Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, destaca que a un año de la audiencia temática sobre protección a personas buscadoras en México, —solicitada originalmente por un asesinato—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos modificó la protección para mujeres buscadoras. Sin embargo, no se atendió la petición de crear un mecanismo específico de supervisión.

“Abrieron la consulta para enviar insumos y varias organizaciones enviamos información, incluido el componente de protección. Entonces exhortamos a la Comisión a que le dé continuidad a la elaboración de un informe sobre desapariciones en México, y a que incluya especialmente un componente sobre protección”, apunta Sandoval en entrevista.

El activista recuerda que el año pasado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) presentó un diagnóstico donde se incluye una tipología, incluso sobre perpetradores, y recomendaciones que no han sido retomadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que tampoco ha elaborado un diagnóstico propio– ni han tenido la suficiente difusión, una de las cuales tiene que ver con la creación de un mecanismo específico para la atención de las madres buscadoras.

En el documento, el Movimiento identifica las siguientes agresiones y violaciones a derechos humanos contra las familias y colectivos: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, criminalización, ataques armados, desaparición forzada y a manos de particulares, y agresiones letales.


A estas se añaden acciones para la obtención ilegal de información, inteligencia, vigilancia y seguimientos; estigmatización y deslegitimación: delitos contra el honor y la imagen pública de las personas buscadoras; vulneración y exposición de datos personales e información sensible, así como agresiones en el entorno digital y mediático.

“13 amenazas de muerte solo por buscar”

María Isabel Cruz Bernal es madre de Reyes Yosimar García Cruz, quien desapareció el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Fundadora de Sabuesas Guerreras en la entidad y parte de la comisión de seguridad del MNDM, asegura que en estos ocho años se ha vuelto investigadora, policía, rastreadora y todóloga, pero es muy enfática en el hecho de que ha sido obligada.

“Las madres buscadoras necesitamos un poco de seguridad, porque estamos en peligro cada que salimos a una búsqueda; yo soy una de ellas, tengo 13 amenazas de muerte solo por buscar. La comisión de seguridad se hizo con ese fin: saber qué necesitan las madres buscadoras para tener protección”, señala. 

En su caminar, dice María Isabel, “somos amenazadas, somos criminalizadas, somos perseguidas, somos señaladas”. Por eso, era momento de tomar una decisión y hacer un análisis de lo que sucedía en la capital y otros lugares de la República Mexicana, porque ante contextos diferentes, las amenazas también lo son.

Para ella, los discursos que buscan desacreditar a las madres buscadoras, especialmente en el contexto del hallazgo de Teuchitlán, son preocupantes y de miedo, porque los señalamientos vienen de las grandes autoridades que deberían protegerlas. Además, en ocasiones termina dándosele veracidad a la delincuencia organizada y desacreditando a las madres.


“Estamos en constante peligro y podemos ser cazadas como unas criminales, porque ahora las que quieren que nos veamos mal somos nosotras, como que estamos criminalizando a los delincuentes, porque ahora somos nosotras quienes sembramos cuerpos, hacemos y tenemos un montón de evidencias, y eso no se vale, porque lo único que buscamos es a nuestros hijos. No estamos señalando a nadie; sin embargo, nos da bastante miedo ser perseguidas por la delincuencia y ahora por el gobierno”, sostiene. 

La intención del Movimiento es que el diagnóstico de seguridad siga siendo presentado en cada uno de los estados de la República para que sus gobiernos conozcan el análisis de riesgo y puedan adaptarlo para generar medidas de protección, y no revictimización o criminalización. 

“El desprestigio hacia nosotras, las madres buscadoras, es por un trabajo, una chamba, que no nos corresponde hacer, ¿estamos de acuerdo? Es algo que nosotras no pedimos, lo vuelvo a repetir; entonces si ellos no quieren que nosotros andemos metiendo las narices donde no debemos, pues que hagan su chamba, que hagan su trabajo”, remarca.

Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, agrega que la seguridad no debe pensarse solo en términos de ataques físicos, sino de integridad completa. Por ejemplo, en las búsquedas muchas veces no hay acompañamiento médico para casos de accidente, además de la complejidad de la entrada a territorios o polígonos que están controlados por grupos del crimen organizado.

“Tenemos que empezar a pensar en seguridad no solo en las actividades de campo, sino en la vida cotidiana, porque el rastreo de personas buscadoras que han sido asesinadas, desaparecidas, violentadas, torturadas, ha sido fuera de las labores de búsqueda, muchas de ellas incluso en sus negocios o en sus casas. Ahí está el foco rojo de la seguridad”, indica. 

Uno de los temas vinculados es la criminalización, apunta, como se ha visto a partir del hallazgo de Jalisco: “Al criminalizarlas, al revictimizarlas, lo que estás garantizando es justificar un poco el que les pase algo, y ese también es un tema de seguridad del que no estamos hablando suficiente. Tenemos que empezar a pensar la seguridad de las familias que buscan de manera más amplia y más integral”.

Un clima de revictimización y criminalización

Desde los primeros días que siguieron al hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, pese a que en los hechos se han reiterado discursos de respeto a las madres buscadoras y solidaridad con las víctimas, diversas comunicaciones oficiales y no oficiales han apuntado a desacreditar –la mayoría de las veces sin decirlo de manera explícita–, revictimizar o criminalizar al colectivo Guerreros Buscadores, así como a otros grupos o mamás.

En uno de sus primeros comunicados, la fiscalía estatal se adelantó a aclarar que sí había calcinación de cuerpos, pero no dentro de hornos. Luego, en otro texto le dio estatus de presunción a una carta hallada en el rancho, hizo mención a que los sellos de aseguramiento ya estaban rotos “de acuerdo con integrantes del colectivo”, destacó que se estaba ante una modalidad “que no había sido utilizada por el grupo criminal” y aclaró que “la existencia de un artículo personal en el sitio no representa que quien lo utilizaba esté sin vida”.

Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el hecho de insinuar de manera velada que las familias generan mentiras sobre la existencia de hornos crematorios —discurso que luego se ha replicado en distintos niveles de gobierno— representa una respuesta preocupante por parte de las autoridades.


Luego, durante la vigilia que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el sábado 15 de marzo, un grupo de personas insistió durante varias horas en confrontar verbalmente a la policía, utilizando la causa y consignas de los colectivos, sin reparar en ningún momento en la petición de las madres en torno a que esa actividad no era parte de su convocatoria. El lunes siguiente, durante su conferencia mañanera, la presidenta de la República lo atribuyó a una campaña en su contra.

Señaló que el tema se tocaría después, “porque si no, después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña”, pero volvió al punto de que el grupo de Palacio era distinto. “¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones”, agregó. Acto seguido, mencionó a grupos de la oposición, “calderonistas, muchos de ellos, que, de manera hipócrita, ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad son parte de una campaña en contra del gobierno”.

Más adelante, durante las preguntas, igualmente puso en duda los dichos sobre los hallazgos, sin señalar a nadie en particular: “También, ¿qué encontraron en el predio?, que también es muy importante, la verdad sobre… Porque se han dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué  se encontró en el predio?”.

Unos días después, en redes sociales se hizo viral un video presuntamente atribuido a integrantes del crimen organizado –sin que se haya confirmado–, donde se desacredita a las madres buscadoras en tono amenazante. La voz protagonista menciona que las madres están “respaldadas por no sé quién”. Información de dudosa procedencia, no encontraron nada, mentiras, historias inventadas y sin fundamentos son otras palabras utilizadas. “Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo”, concluye el discurso.

Por separado, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó el 19 de marzo que desde días atrás, campañas que buscaban ponerle su rostro a una causa que no le pertenece a ella, sino a las miles de madres que tienen un desaparecido, querían desacreditarla para evadir la realidad que le duele a todo un país. Se refería a diversas cuentas anónimas que hicieron publicaciones reiteradas sobre las actividades de uno de sus hijos desaparecidos. “Estamos bajo amenaza”, subrayó.


Por otro lado, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato señala que es especialmente preocupante la referencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en torno a una pretendida apertura a la participación de las familias, pero ciñiéndolas al modelo de investigación penal que tiene sus propias reglas y procedimientos para víctimas que aportan información, y es muy restrictivo.  

“Ambas fiscalías utilizaron políticamente a los colectivos de búsqueda restringiendo su participación y deslegitimándoles, y qué decir de la revictimización que vivieron el día 20. La nueva revictimización es del secretario de Seguridad que ahora pareciera que les da la razón, pero sin hablar específicamente del aporte de los colectivos de búsqueda, especialmente el de Guerreros Buscadores de Jalisco. No hay un reconocimiento de su papel en el hallazgo y hay una pugna por la narrativa entre la Fiscalía General de la República, la de Jalisco y ahora la Secretaría de Seguridad”, afirma Sandoval.

Horcasitas señala adicionalmente que asistimos a discursos de un Estado que se justifica a sí mismo por sus omisiones y falta de atención. Además, la criminalización es la forma ideal de mantener la impunidad, porque permite justificar la falta de búsqueda y de investigación, así como dejar solas a las familias al apuntar que las personas desaparecidas “en algo andaban” o son criminales.

“Todas las personas tienen derecho a ser buscadas, independientemente de las causas, pero además, es una narrativa que cimentó bien Felipe Calderón, y que la verdad sigue más vigente que nunca, que permite al Estado ser indolente, no llevar a cabo acciones concretas de búsqueda, criminalizar, estamos viendo un poco también con lo del Rancho Izaguirre, a las víctimas que se encuentran ahí, y por ende, por añadidura, por extensión, a sus familias; la criminalización es la médula ósea detrás del abandono estatal de las familias”, subraya.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

México mantiene diálogo con EU por aranceles a automóviles; “estamos buscando el mejor acuerdo”, dice Sheinbaum

Donald Trump anunció el 26 de marzo la imposición de aranceles del 25 % a todos los automóviles y camionetas que no se fabriquen en Estados Unidos.

La presidenta Claudias Sheinbaum dijo que México se mantiene en diálogo con Estados Unidos para evitar un impacto por los aranceles del 25 % que el presidente Donald Trump anunció para los automóviles fabricados en el exterior.

“En estas pláticas que hay lo que estamos buscando es el mejor acuerdo posible para que no se afecte sobre todo el empleo en nuestro país. En ese diálogo estamos”, dijo la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.

Indicó que ayer se reunió con los equipos de las secretarías de Hacienda y de Economía para afinar la propuesta integral que prepara México para la próxima semana.

Asimismo, reiteró que no está de acuerdo con la “decisión unilateral” de su homólogo estadounidense.

La aplicación de los impuestos es un fuerte golpe para México, que alberga fábricas de grandes constructores automovilísticos mundiales como Ford, General Motors, Toyota y Volkswagen. México se ha convertido en un importante productor de automóviles gracias al tratado de libre comercio T-MEC que tiene con Estados Unidos y Canadá.

Respecto al T-MEC, Sheinbaum añadió que su administración busca que “se fortalezca ese tratado comercial”.

“Es la herramienta que le permite a Norteamérica competir con otras regiones del mundo, particularmente con China”, afirmó.

La mandataria reiteró que su gobierno dará una respuesta integral el 3 de abril a las distintas medidas que ha anunciado la administración Trump.

En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que en las conversaciones con funcionarios estadounidenses se buscará “un trato preferente” para México, con la finalidad de reducir el impacto en la economía mexicana, fuertemente dependiente de Estados Unidos.

Los nuevos aranceles de Trump

Donald Trump anunció el 26 de marzo la imposición de aranceles del 25 % a todos los automóviles y camionetas que no se fabriquen en Estados Unidos.

“Vamos a cobrar a los países por hacer negocios en nuestro país y tomar nuestros trabajos, tomar nuestra riqueza. (…) Lo que vamos a implementar es un arancel del 25% a todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos. Si se fabrican en Estados Unidos, no hay arancel alguno”, anunció en la Casa Blanca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ana Guevara bajo investigación por desvío de recursos durante su gestión en la Conade

El titular de la Conade destacó que ya hay indagatorias sobre la gestión de su antecesora Ana Gabriela Guevara por irregularidades en su gestión.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, confirmó este viernes que existen investigaciones en curso contra Ana Gabriela Guevara, su antecesora, por presuntas irregularidades durante su gestión.

Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, Pacheco detalló que las indagatorias están en manos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia, quienes llevan el proceso correspondiente.

El exclavadista aseveró que la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es transformar la Conade en un organismo transparente y cercano a los deportistas, que tolerará actos de corrupción.
“La instrucción que tengo por parte de la Presidenta es que la Conade sea una Conade nueva, transparente, cercana al deportista; que estemos pensando en el deporte social, que erradique las causas de la violencia, que sea por la paz y en contra de las adicciones, y que ayude a la salud”, sostuvo.
“Todo lo que esté mal será señalado y enviado a las autoridades pertinentes. La función de la Conade no es ser fiscalía ni policía. No se va a tolerar ninguna falta a las reglas de operación o a la Ley General de Cultura Física y Deporte”, agregó.

En 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones en contra de Ana Gabriela Guevara por desvío de recursos y malos manejos de la administración pública.

Los reportes indican que Ana Gabriela Guevara, extitular de la Conade, enfrenta señalamientos por el desvío de 200 millones de pesos, presuntamente destinados a eventos y pagos fuera del plan del organismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el pago de 70 millones de pesos para el salario de 500 entrenadores.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El INE multa a siete partidos con 8 millones de pesos por afiliaciones indebidas

El INE sancionó a todos los partidos políticos por un monto de ocho millones 382 mil 324.67 pesos por afiliaciones indebidas.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves la imposición de multas contra todos los partidos políticos nacionales por incurrir en afiliaciones indebidas en los últimos meses. En su conjunto suman un total de ocho millones 382 mil 324.67 pesos.

En sesión ordinaria, los consejeros definieron sancionar a los partidos de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Morena y Movimiento Ciudadano (MC), por la afiliación indebida de 89 personas, ya que los institutos políticos no pudieron acreditar el consentimiento de la afiliación de los ciudadanos.
"De los 59 proyectos que involucran a diversos partidos políticos, seis corresponden al PAN, 15 al PRI, seis al Partido del Trabajo (PT), cinco a MC, cuatro al PRD; nueve al PVEM y los 14 restantes al partido Morena", se lee en el boletín.
El INE agregó que dos proyectos fueron sobreseídos y cuatro desechados por pérdida de registro del PRD como partido político nacional, y en 26 no se acreditó la infracción denunciada. En tanto, ordenó dar dos vistas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) por la falsificación de cédulas de afiliación.

En su intervención, la Consejera Rita Bell López Vences, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, señaló que se determinó que en algunos casos procede la imposición de sanciones, debido a que los partidos políticos denunciados no lograron demostrar la validez de la militancia de las personas promoventes.

Sin embargo, el organismo detalló que en diversos expedientes que en su conjunto involucra a 265 personas, los partidos presentaron los elementos para comprobar que la afiliación se realizó con el libre consentimiento de las personas presuntamente afectadas.

Finalmente, resaltó que la solidez de estas resoluciones y el cumplimiento de la función en la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía se debe, primordialmente, al trabajo institucional que realiza el personal de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Defensa de Nidia Fabiola, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, da voto de confianza a Fiscalía de Morelos

Anteriormente la Cámara de Diputados declaró improcedente una solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, presentada por la defensa de Nidia Fabiola.

Rodrigo Dorantes Salgado, asesor jurídico de Nidia Fabiola, media hermana del diputado federal y exgobernador Cuauhtémoc Blanco, afirmó que dan un voto de confianza a la Fiscalía de Morelos, con la que ya se han reunido y ahora preparan una segunda solicitud de desafuero con un expediente más sólido.

Este proceso sigue su curso luego de que, por mayoría de votos, la Cámara de Diputados resolviera improcedente la solicitud de desafuero presentada contra Cuauhtémoc Blanco, el último día de la gestión de Uriel Carmona al frente de la Fiscalía General de Morelos, al considerar que la carpeta de investigación no estaba bien sustentada.

En entrevista, Dorantes Salgado calificó como “una burla” la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el desafuero. Destacó que, aunque existen elementos claros que evidencian irregularidades en el procedimiento, han optado por no presentar una impugnación formal, ya que consideran que alargar el proceso no beneficiaría a su clienta. “Contamos con el tiempo suficiente y con la colaboración de la Fiscalía del Estado para seguir adelante con el caso”, añadió.

Explicó que, a pesar de que Blanco ha repetido públicamente que “el que nada debe, nada teme”, sigue gozando de fuero y del apoyo de algunos actores políticos. “Debería pedir licencia o enfrentar el proceso sin protección legal“, insistió el abogado.

A pesar de las críticas al proceso en el Congreso de la Unión, Dorantes Salgado aseguró que el equipo legal de Nidia Fabiola ha trabajado intensamente con la Fiscalía de Morelos, ahora encabezada por Edgar Maldonado, para reunir más pruebas y fortalecer el expediente. “Hemos recibido el apoyo del fiscal regional metropolitano, Fernando Blumenkron Escobar, y del personal a cargo de la investigación. Estamos en constante comunicación para aportar las pruebas necesarias y presentar una nueva solicitud ante la Sección Instructora”, explicó.

El abogado subrayó que la investigación sigue en curso y que la defensa está comprometida con el proceso. “La carpeta de investigación sigue activa; lo que se remitió al Congreso fueron copias, pero seguimos aportando pruebas. Queremos que el expediente esté bien sustentado para esta nueva solicitud“, reiteró.

Uno de los temas que preocupa a la defensa es la posible politización del caso, especialmente porque la denuncia inicial fue presentada durante la administración del exfiscal Uriel Carmona.

Al respecto, Dorantes Salgado enfatizó que, aunque la investigación comenzó bajo una gestión distinta, las instituciones deben actuar de manera autónoma e imparcial. “Las instituciones no deben verse afectadas por cambios administrativos. Las personas cambian, pero las instituciones deben seguir funcionando. Entendemos que hay una línea política desde el gobierno federal, pero damos un voto de confianza a la Fiscalía General de Morelos en esta nueva etapa encabezada por el fiscal Edgar Maldonado”, afirmó.

A pesar de su confianza en la Fiscalía de Morelos, el abogado no descartó que, en el Congreso, pueda repetirse el escenario de la primera solicitud de desafuero, cuando se produjo un “cierre de filas” en favor de Blanco. “Sabemos que es una posibilidad real. Lo interesante será ver cuáles serán los nuevos argumentos de quienes voten en contra en la próxima votación”, advirtió. Ante esa posibilidad, no descartó llevar el caso a nivel judicial y recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Por ahora, preferimos enfocarnos en fortalecer la investigación y presentar una nueva solicitud con pruebas más claras y fundamentadas”, expresó.

Dorantes también denunció las amenazas constantes que ha recibido su clienta y familia de la misma desde el inicio del proceso. Relató que, hace tres semanas, un hermano de Cuauhtémoc Blanco volvió a comunicarse con el padre de Nidia Fabiola para amenazarlo, a pesar de que la salud del progenitor se había deteriorado tras una operación cardíaca. “Mi representada y su familia viven bajo una constante amenaza, lo que ha dificultado la presentación de nuevas denuncias”, señaló.

Aunque reconoció que la situación ha generado miedo en la familia de Nidia Fabiola, aseguró que no hay arrepentimiento por haber iniciado el proceso legal. “Al contrario, ella se siente más fuerte, porque considera que lo que está ocurriendo es una injusticia y está dispuesta a seguir luchando”, afirmó.

Finalmente, Dorantes Salgado hizo un llamado a las autoridades involucradas en el caso, en particular a la Fiscalía, a la presidenta del Congreso y a los diputados. “Esperamos que este caso no se politice más de lo que ya está y que, en la próxima votación, se emita un voto razonado y justo. Las diputadas y diputados deben actuar con responsabilidad, y esperamos que no se repita lo que ya ocurrió”, concluyó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Expolicía involucrado en caso Teuchitlán estuvo preso antes por desaparición forzada

José Antonio Solís Nava, uno de los expolicías municipales de Tala, Jalisco, imputado por su presunto involucramiento en la entrega de personas detenidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para que fuesen reclutadas y adiestradas para servir al grupo criminal, ya estuvo detenido en una ocasión anterior por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

Solís, capturado por la Fiscalía de Jalisco con base en una orden de aprehensión dictada por el Juez de Control de Tequila del Sistema Penal Acusatorio, junto con su excompañero de corporación Gabriel Nieto Jiménez, son sospechosos de participar para el CJNG en el rancho Izaguirre, en la delegación La Estanzuela, municipio de Teuchitlán.

La participación de ambos exservidores públicos y de un tercer expolicía detenido desde octubre de 2024 (Emmanuel Avelar Manjarrez) trascendió después de la captura de 10 sujetos que el 18 de septiembre de 2014 se enfrentaron a la Guardia Nacional y mantenían a dos personas secuestradas en el predio y otra sin vida envuelta en plásticos.

Fue el domingo 23 de marzo cuando la Fiscalía Estatal informó de la localización de ambos exservidores públicos. José Antonio fue capturado en Colima, donde se ocultaba y Gabriel en su municipio.

Sin embargo, lo que no dijo la institución es que Solís Nava, ya estuvo antes imputado en 2023 por la desaparición forzada de un joven de nombre Leopoldo Álvarez Vela, de 28 años de edad, quien desapareció el 15 de julio de 2022 en la colonia Paseos del Sol, en Tala, Jalisco.

El dato fue confirmado a ZETA por familiares de Leopoldo, que nunca volvió a casa, y reconocieron al expolicía José Antonio Solís Nava como uno de los detenidos el lunes 29 de mayo de 2023 en la Comisaría de Tala, quien posteriormente fue liberado por un juez de control.

En efecto, en la fecha referida, policías investigadores de Jalisco rodearon la Comisaría Municipal de Tala para detener a cuatro, de ocho elementos señalados por la desaparición del joven Álvarez Vela, pero el domingo 5 de junio siguiente se conoció que los aprehendidos recuperaron su libertad por deficiencias del Ministerio Público en la imputación.

Junto a Solís eran imputados Jonathan Ismael G., Aldo Christian C., Cruz Antonio C., Ramón Martín H., José Refugio A., Jerson Isai T. y Luis Roberto R., algunos de los cuales nunca fueron detenidos.

Después de darse a conocer en la primera semana de marzo de 2025 el hallazgo del campo de adiestramiento y presunto centro de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, familiares de Leopoldo Álvarez Vela volvieron a publicar su cédula de búsqueda bajo la leyenda “Aún nos falta Polo”.

Se desconoce si la resolución de dejar en libertad a José Antonio Solís Nava y sus excompañeros policiacos en 2023 fue apelada por la Fiscalía y cuál sea el estatus actual de dicha carpeta de investigación. Sin embargo, el destape del caso es una luz de esperanza para la familia de Leopoldo para localizarle y que se haga justicia.

Actualmente también se encuentra detenido otro sujeto de nombre José Gregorio Lastra Hermida, de 51 años, el Comandante Lastra, presunto encargado del reclutamiento y capacitación de los reclutas en el rancho Izaguirre, quien fue capturado por autoridades federales en la Ciudad de México.

Con Lastra fue detenida Abril Dianeh R., de 43 años, quien también estaría involucrada junto a Lastra como operadores del líder regional del CJNG, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo, quien opera el denominado GEDDRI (Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Prepara Infonavit denuncias por juicios masivos que despojaron a 373 mil en México

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció que el Instituto, la Consejería Jurídica de la Presidencia y las Fiscalías Generales de los Estados presentarán denuncias contra los involucrados en los juicios masivos que datan de los gobiernos panistas y priistas, con los que se despojó fraudulentamente a 373 mil acreditados en Baja California y el resto del país.

Baja California está en tercer lugar por el mayor número de dañados por este esquema fraudulento de juicios masivos. Ya se presentaron 38 denuncias penales, indicó.

Sobre si la investigación de la actual administración alcanzará a Alejandro Arregui, quien fue director del Infonavit en Baja California (2013-2016) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora es secretario del Trabajo estatal, Romero Oropeza afirmó: “Nosotros no vamos a encubrir a nadie”, todo involucrado tendrá que aclarar el asunto, quien resulte responsable.

“Por qué no hicieron las cosas a nivel de los directivos del Infonavit, pues eso ya no me metan a mí a averiguar”, comentó el funcionario federal sobre la razón de que su antecesor no presentó denuncias por los juicios masivos en Baja California, si se sabía de ellos desde principios del sexenio pasado.

En su visita a Tijuana, Romero Oropeza explicó que, derivado de los esquemas en veces salarios mínimos con los que se otorgaban créditos en los sexenios panistas y priistas existen 4 millones de créditos “impagables”. De los cuales a 3.4 millones “se les va a dar una salida, una opción, que ya no es jurídica”.

Incluso, dijo, los 431 mil casos que tienen marca jurídica, “estamos viendo la manera de cómo quitarle la marca judicial”, y ya no habrá casas adjudicadas, afirmó.

El Infonavit ha otorgado beneficios a más de 640 mil personas a nivel nacional. En Baja California 96 mil 793 acreditados ya tuvieron algún congelamiento de mensualidades, descuentos de intereses, descuentos de mensualidad o quitas de saldo, y “todos van a recibir la quita necesaria para que puedan pagar”, agregó.

En conferencia de prensa, este 28 de marzo de 2025, el funcionario refirió el caso del señor José Julián Gómez en Tijuana, quien había pagado durante 30 años su crédito y todavía debía un millón 180 mil, y con el beneficio del Infonavit ya nada más debe 11 mil, lo que representa un descuento de 99%, lo que sólo ha ocurrido en dos casos en el país. “Ese saldo de 11 mil, si él tiene 5,500 pesos en la bolsa. Paga y se lleva su casa”

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

La industria automotriz mexicana respalda a Sheinbaum y aguarda mantener integración

Empresas automotrices en México rechazan aranceles de EU y apoyan la estrategia del Gobierno para mantener la competitividad y evitar afectaciones.

Más de 25 fabricantes de autos con presencia en México respaldaron al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante los aranceles del 25 por ciento impuestos por Estados Unidos, que afectan la integración regional.

En un comunicado publicado el día de ayer las armadoras consideran que la medida atenta contra tres décadas de cooperación dentro del T-MEC y podría impactar a consumidores, inversión y empleo en la región.

Las empresas sostienen que la industria automotriz norteamericana no debe debilitarse y que la cooperación trilateral es clave para mantener la competitividad. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) condenaron la medida de Trump y advirtieron que dañará la industria y el empleo en los tres países.
"Los aranceles impuestos por Estados Unidos a vehículos, camionetas y autopartes perjudican significativamente a la industria automotriz de América del Norte. Afectan directamente a los consumidores estadounidenses, así como las inversiones y los empleos en los tres países", dice el comunicado.
Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informaron que buscan negociar con EU un esquema de tarifas preferentes para México.
“Mientras más Reglas de Origen tenga lo que se exporta a EU, incluyendo lo que se fabrica en México, pues mejor”, expresó la mandataria.
Previamente la Presidenta afirmó que en su última conversación con Donald Trump acordó que los productos con suficientes Reglas de Origen dentro del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedarían libres de aranceles, mientras que Ebrard destacó que la meta es que los bienes producidos en México sean más competitivos que los de Alemania, Japón o Corea en el mercado estadounidense.
“El sistema de preferencia que ha pedido la Presidenta busca que los productos hechos en México tengan mejor precio que cualquier otro país que exporte a Estados Unidos”, dijo Ebrard.
El impuesto del 25 por ciento entrará en vigor el 2 de abril y busca reducir las importaciones, favoreciendo la fabricación de vehículos dentro de EU. Fabricantes de Japón y Europa, además de México, serán los más afectados, ya que tienen una fuerte presencia en el mercado estadounidense.

Sheinbaum subrayó que la condición para evitar los aranceles es que al menos el 75 por ciento de los componentes sean de EU, Canadá o México. En su conferencia matutina, la Presidenta enfatizó que su Gobierno trabaja no solo en responder a EU, sino en consolidar el “Plan México” para el crecimiento.
“La respuesta después del 2 de abril no solamente es cómo vamos a responder a EU, sino cómo consolidamos el Plan México”, insistió Sheinbaum.
Trump justificó la medida como una estrategia para incentivar la producción local y proteger a los trabajadores de la industria automotriz estadounidense.

La INA advirtió que la nueva política afecta la competitividad de la región, que se ha construido con 30 años de integración económica.
“El objetivo debe ser fortalecer América del Norte, no debilitarla con medidas que afectan la inversión y el empleo”, expresó la asociación.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Presidenta Sheinbaum conversa con la Secretaria Noem sobre seguridad y migración

La Secretaria estadounidense anunció previamente que su visita en México tendría como objetivo reforzar el compromiso del Gobierno mexicano para recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos tras hacer un llamado a no viajar al país de manera irregular.

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya se encuentra en Palacio Nacional donde este viernes mantiene un encuentro de alto nivel con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para tratar temas seguridad y migración.

La funcionaria estadounidense arribó cerca de las 13:00 horas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) donde fue recibida por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

Noem se encuentra en México como parte de una gira de trabajo por América Latina y llega a México luego de visitar El Salvador para sostener un encuentro de alto nivel en el que participará el canciller y los titulares del Gabinete de Seguridad.
"Derivado de la comunicación de alto nivel que se ha establecido con autoridades del Gobierno de Estados Unidos, esta visita de trabajo contribuirá a fortalecer la relación bilateral y a seguir trabajando de manera coordinada en temas como seguridad y migración, a partir de los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional", dijo la SRE en un mensaje en sus redes sociales.

La Secretaria estadounidense anunció previamente que su visita en México tendría como objetivo reforzar el compromiso del Gobierno mexicano para recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos tras hacer un llamado a no viajar al país de manera irregular.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.