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“Somos más pueblo que gobierno”: Teresa, la buscadora que era lideresa de los comerciantes ambulantes en Guadalajara

Teresa González Murillo, lideresa de los comerciantes ambulantes en Guadalajara, buscaba a su hermano desde 2024. Este miércoles falleció, cinco días después de haber sufrido un atentado.

Hace apenas dos semanas, Teresa González Murillo participó en la manifestación convocada por el luto nacional tras el hallazgo del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. Era una de las ciudadanas y activistas que participaron en el mitin realizado en Guadalajara. Tomó el micrófono, expresó su indignación y llamó a los demás a no rendirse.

“Seguiremos luchando, no descansen, no cesen, exijámosles, somos más pueblo que gobierno”, exclamó usando un altavoz, con la rabia contenida tras meses de buscar infructuosamente a su hermano, desaparecido el 2 de septiembre de 2024.

Unos días después de aquella manifestación, durante la noche del jueves 27 de marzo, tres sujetos armados ingresaron a su domicilio, ubicado en la colonia San Marcos, de Guadalajara, y tras un forcejeo le dispararon en el rostro. Falleció cinco días después, el 2 de abril, mientras permanecía internada en un hospital público.

“Teresita”, como le decían sus amigos y conocidos, tenía 53 años y en los últimos meses se había dedicado a buscar a su hermano, Jaime González Murillo, de 40 años, quién fue visto por última vez en los alrededores del centro histórico de Guadalajara. Como muchas fichas de búsqueda que se han venido multiplicando en Jalisco en los últimos años, la suya agrega una peculiaridad sobre la ropa que vestía: “Playera blanca y bermuda beige”.


La ausencia de su familiar la llevó este año a integrarse al colectivo jalisciense Luz de Esperanza, enfocado en buscar personas desaparecidas. Héctor Flores, cofundador del colectivo, reconoció que previamente la buscadorahabía recibido amenazas, un dato que también fue confirmado por un testimonio a la Fiscalía de Jalisco.

Con su partida dejó a un hijo mayor de edad, y a otras dos menores de edad, que dependían de sus cuidados y sus ingresos generados en el comercio informal. 

También conocida como “La Fayuquera”, era una de las líderes de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de Guadalajara, pues su familia fue una de las pioneras en el negocio. Actualmente 10 de sus hermanos siguen relacionados al control y comercio informal en la zona.


Teresa era comerciante en Jalisco y denunciaba extorsiones

No era ajena a la protesta. Una reportera consultada para este texto, la recuerda años atrás, entre 2012 y 2015, en medio de las manifestaciones realizadas durante la administración municipal de Ramiro Hernández, cuando los ambulantes denunciaron corrupción por parte de servidores públicos. 

Teresa fue parte de las comerciantes que en febrero de 2015 iniciaron una huelga de hambre afuera del palacio municipal de Guadalajara y que incluso se encadenaron a una de las bancas en el sitio para exigir protección de parte de inspectores que los extorsionaban. 

Durante esa misma administración municipal, Teresa interpuso una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento de Guadalajara, señalando directamente a cuatro inspectores, un jefe de unidad departamental, y al director general de la oficina de  inspección a mercados y comercios en espacios abiertos de la dirección de inspección y vigilancia municipal. 

Desde niña fue vendedora ambulante, su familia fue una de las pioneras en la vendimia informal en el centro de Guadalajara. La familia González comparte poder y espacio con la familia Santos, quienes son los creadores de la Unión de Comerciantes de la Zona Centro de Guadalajara.

“Todos nos dedicamos al comercio, eso fue lo que nos enseñó nuestro padre, a vender hotdog, a vender agua fresca, a vender dulces”, dijo Teresa en una entrevista concedida a un medio local en aquellos años.

Hasta septiembre de 2024 fue parte de los plantones que estuvieron instalados durante casi un mes frente al palacio municipal de Guadalajara, para exigir permisos de trabajo en el primer cuadro de la ciudad durante las fiestas patrias y la repartición de permisos de larga estancia con transparencia. 

De acuerdo con un diario local, a su vez, a Teresa también se le denunciaba por otros comerciantes de “autoproclamarse” líder de los vendedores ambulantes y de exigir cuotas. 

Un vendedor ambulante del centro histórico, —que pidió el anonimato por cuestiones de seguridad—, reconoció que “era bien movida” y “se le denunciaba por varios (vendedores) de querer cobrar (cuotas), pero siempre era bien entrona y en todos lados estaba”, comentó. 

Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, buscadora Teresa González pidió justicia

Durante la vigilia frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, en la que tomó el micrófono, Teresa González Murillo gritó “no somos uno, no somos cien, somos miles, los que le exigimos (al gobierno del estado) justicia y esclarecimiento de nuestros desaparecidos, y que sepa que estos colectivos unidos por el amor a nuestros desaparecidos seremos incansables en la búsqueda en todas y cada una de las narcofosas”. 

Sin hacer alguna pausa, y sujetando con fuerza una playera que mostraba la ficha de búsqueda de su hermano, enfatizó “yo le quiero decir a los compañeros de todos los colectivos, seguiremos luchando, no descansen, no cesen, exijámosles, ¡porque saben!, que somos más pueblo que gobierno”.

El colectivo Luz de Esperanza se pronunció y aseguró que  la lucha de Teresa no termina con su muerte. “Su colectivo la respalda, su nombre permanecerá en nuestra memoria. Nos comprometemos a continuar con la búsqueda de su hermano Jaime, manteniendo viva esa luz de esperanza que Teresa encarnaba”, declararon en un comunicado.


Fiscalía de Jalisco descarta un posible secuestro en el caso de buscadora Teresa

Pese a que el colectivo Luz de Esperanza denunció que el ataque ocurrido a Teresa fue un intento de secuestro, la Fiscalía de Jalisco mantiene una línea de investigación por robo de dinero.  Para argumentar esto, la dependencia señala que dos de las tres personas involucradas en los hechos huyeron en motocicleta y una más corriendo: “El uso de estos vehículos descarta cualquier intento de privación ilegal de la libertad”.

También, explica la fiscalía, un testigo refirió que Teresa estaba acostumbrada a recibir amenazas mientras que otro indicó que el día del ataque tenía en su poder “una cantidad considerable de efectivo”, tanto por sus ventas como de una tanda, el cual fue robado.

“Dentro de las líneas de investigación no se ha encontrado a la fecha ningún indicio que vincule el ataque con su reciente actividad como integrante de un colectivo de búsqueda de personas”, asegura la dependencia.

Otros dos buscadores han sido asesinados en Jalisco

De acuerdo con la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025, en México se han registrado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro más que permanecen desaparecidas. 

Los estados que presentan la mayor cantidad de casos son Guanajuato, con ocho casos, Michoacán y Sonora, con tres cada uno, y Sinaloa, Veracruz y  Jalisco, con dos respectivamente. 

En el caso de Jalisco dos buscadores fueron desaparecidos y luego localizados sin vida. Se trata de Pablo Iván Miramontes Vargas, quien desapareció el 1 de julio de 2018 y de Jesús Isaac Castillo Mireles, desaparecido el 5 de agosto de 2024, informa el diagnóstico sobre seguridad para colectivos creado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). 

Pablo Iván fue desaparecido por un comando armado. Le llamaron por teléfono, lo citaron haciéndole creer que podían darle información sobre el paradero de su hermano. Su cuerpo fue localizado el 3 de agosto de 2018 en una fosa clandestina.

“Había recibido amenazas previas por su labor de búsqueda, luego de haber descubierto que unas personas usaban la moto en la que viajaba su hermano al momento de su desaparición y que un policía podría haber sido cómplice”, detalla el diagnóstico. 

Jesús Isaac también fue desaparecido por hombres armados quienes ingresaron a su domicilio ubicado en el municipio de Tlaquepaque, colindante a la capital del estado. Dos días después, el 3 de agosto de 2024, fue localizado sin vida. El diagnóstico detalla que su familia había recibido amenazas previas por la labor de defensa de derechos humanos. 

El joven es hijo de Catalina Mireles, una madre buscadora y fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Lagos de Moreno” e integrante del Consejo Ciudadano de Desaparecidos en Jalisco. 

Además, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reportó otro caso en Jalisco de una buscadora que fue desaparecida y más tarde localizada con vida.

Se trata de la joven Lucero Berenice Romo, una de las cofundadoras del colectivo Jovénes Buscadores. Desapareció el 12 de marzo de 2024 cerca de su domicilio ubicado en el municipio de Tlaquepaque. Previamente había recibido amenazas por la búsqueda que realiza de su madre y cuatro de sus tíos desaparecidos en diciembre de 2019 luego de ser privados de la libertad por policías municipales de Ocotlán.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SIBONEY FLORES.

“Si yo no los busco nadie lo va a hacer”: 7 personas desaparecieron en carretera de Chiapas; familiares exigen plan de búsqueda

Familias de siete personas desaparecidas desde noviembre de 2024, entre ellas un niño, denuncian que las autoridades no han hecho lo suficiente para encontrarlas.

Muchos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, conocen a Rosario del Carmen Chulín Hernández y a Luís García Hidalgo, que de noche vendían tacos en la esquina de uno de los bares más populares del centro. Cuando se enteraron de que la nueva presidencia municipal quería “limpiar” la zona de los ambulantes, se movieron a vender carnitas y chicharrones frente a su casa. 

El 23 de noviembre de 2024 dejaron en su negocio a su hija mayor, Kenia García Chulín, de 19 años, mientras que otro hijo se encontraba en la casa. El más pequeño, Emmanuel de 12 años, viajó con ellos a Emiliano Zapata, un municipio que se encuentra a un par de horas de San Cristóbal de Las Casas. 

La salida fue organizada por una amiga de la familia, Ciria Mariselda González Gabriel, que quería acompañar a Magdalena del Carmen Martínez Ballinas, a arreglar una camioneta descompuesta que tenía estacionada en un rancho en Emiliano Zapata. Invitaron a Luís García Hidalgo para que manejara la Urvan en la que iban a viajar y contrataron al mecánico Urbano Gaspar Aguilar Díaz para que arreglara la camioneta.

El grupo decidió aprovechar el viaje para visitar un balneario en la zona, como suelen hacer los sancristobalenses cuando bajan del frío de Los Altos a tierras más calientes. Fue por esto que finalmente se sumaron a la salida el niño Emmanuel, su madre Rosario del Carmen y otra amiga llamada Patricia Rodríguez Santiz. Desde entonces, las siete personas que viajaban en aquella Urvan están desaparecidas.

“Me cayó un balde de agua hirviendo”, dice familiar al no hallar a sus papás y hermano desaparecidos en carretera de Chiapas

El 23 de noviembre de 2024, Kenia García Chulín estaba trabajando en el puesto de sus papás frente a la casa, cuando les marcó para preguntarles el precio del kilo de migajas de chicharrón. Eran las 10 de la mañana y la llamada entró, pero no contestaron. Tampoco respondierona las demás llamadas que Kenia hizo durante el día y la joven empezó a tener una extraña sensación en el estómago. 

Al día siguiente, los familiares de una de las demás mujeres que viajaban en la Urvan fueron a Emiliano Zapata para buscar a las siete personas incomunicadas. Dieron con el rancho donde todavía estaba la camioneta descompuesta. Además, encontraron a una persona que dijo haber visto la Urvan donde el grupo viajaba, para regresar de Tuxtla Gutiérrez -donde fueron a buscar unas piezas,- acompañada por cinco camionetas blancas. “Allí fue cuando me cayó un balde de agua hirviendo horrible, me quedé en shock”, dice Kenia.

El caparazón de la Urvan, completamente despojada, fue encontrado a una hora y media de Emiliano Zapata, junto a una carretera de terracería. El nombre de este municipio comenzó a resonar en los medios locales después del hallazgo de una fosa clandestina con fragmentos óseos calcinados en diciembre de 2024.

Exigen una nueva búsqueda en zona donde hallaron la camioneta donde viajaban 7 personas desaparecidas en Chiapas

A solicitud y junto con los familiares, las autoridades –la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y Protección Civil -realizaron una jornada de búsqueda en la zona donde fue encontrada la Urvan: un lugar inhóspito cubierto de pedregales en el municipio de Acala. Cerca de allí encontraron un gran hoyo en el piso, de estos que los campesinos cubren con plásticos para recolectar el agua. Estaba tapado con ramas y en las piedras que lo rodeaban había marcas oscurecidas, como si se hubiera quemado algo. Las autoridades excavaron y cuando llegaron a unos 50 centímetros de profundidad dejaron de hacerlo, pues encontraron piedras.

De acuerdo con la Colectiva Cereza, agrupación que brinda acompañamiento psicosocial y jurídico a mujeres en situación de cárcel y a familiares de desaparecidos, habría que realizar una nueva búsqueda y averiguar qué hay debajo de las piedras. Las activistas, que estuvieron presentes en la jornada, no creen a las autoridades cuando afirman que las marcas en las piedras se deben a la quema de rastrojos de las milpas, pues afirman que los campesinos los suelen guardar para usarlos como abono. Además no les cuadra que el hoyo fuese tapado, siendo que su finalidad es recolectar lluvia.

“La búsqueda no dio resultados, sólo fui a llorar. No sé si encontrarlos hubiera sido bueno o malo”, dijo Kenia tras el día de búsqueda. Pero de algo está segura: “Si yo no los busco nadie lo va a hacer. Si no me levanto por ellos nadie me va a levantar y esto es lo que me da fuerza, es lo que me mantiene aquí”.


Investigación para buscar a 7 personas desaparecidas en Chiapas ha estado “muy abandonada”: Colectiva

Dos personas están detenidas por los hechos y en mayo tendría que empezar la audiencia intermedia. “En estos cuatro meses la investigación ha estado muy abandonada, hace poco empezamos a acompañar el proceso y la estamos reactivando”, dice Patricia Aracil Santos, coordinadora de la Colectiva Cereza, que está estudiando los seis tomos de la carpeta de investigación.

Afirma que la colectiva está considerando la posibilidad de que el grupo de siete personas haya sido dividido, pues los papás de Kenia quedaron incomunicados a partir de la mañana, mientras que dos de sus compañeros siguieron usando sus teléfonos hasta la tarde. Además, está intentando establecer si acaso uno de los seis adultos tuviera una orden de aprehensión y se tratara en realidad un operativo. “En otras causas nos hemos encontrado en esta situación, hay que considerar que también la autoridad utiliza camionetas blancas”, dice.

Aracil Santos afirma que, contrario a lo que establece el Protocolo Homologado de Búsqueda, la FGE y la CEBP no trabajan de la mano. “En la práctica no colaboran: la FGE suele ser muy reticente en compartir la carpeta de investigación con la CEBP, para que haga su análisis de contexto. Hace no mucho cambió el titular de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares y es una oportunidad para hacer las cosas de forma distinta”, dice la coordinadora de la Colectiva Cereza. Para este viernes 4 de abril está programada una reunión donde por primera vez las dos dependencias trabajarán juntas, con las familias y sus representantes en un plan de búsqueda, para establecer cuál es el punto más importante donde ir a buscar.

“El gobierno no nos ayuda lo suficiente para buscar”, dicen familias ante aumento de desapariciones en Chiapas

El salón de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) de San Cristóbal de Las Casas se llena poco a poco de estudiantes y profesores. De la cátedra cuelga un cartel que dice “los desaparecidos no se juzgan, se buscan”. 

Está a punto de iniciar un foro donde familiares de desaparecidos dialogan con la ciudadanía, algo que no es nada común en Chiapas, estado donde las fichas de búsqueda empezaron a inundar las redes sociales años después que en muchas otras entidades: a partir de mediados de 2021, cuando recrudeció la guerra entre organizaciones criminales por el control del territorio.

Dolores Gonzalo, hermana del mecánico Urbano Gaspar Aguilar Díaz, agarra el micrófono: “Es un tiempo difícil, mucha gente está desapareciendo y el gobierno no nos ayuda suficientemente para buscar”, dice. Pasa la palabra a Kenia: “En la primera semana no levanté la ficha de búsqueda porque no sabía qué puerta tocar ni a quién acudir. Estaba en estado de shock y pensaba que mis familiares iban a regresar. Un día estaba bien y otro día me sentía mal y pensaba: “Los han de tener cortando café”, pero viendo lo que pasó en Jalisco me pregunté a qué se estarán enfrentando para poder sobrevivir”.   

Kenia estudia economía en esta Universidad y es la primera vez que cuenta su historia frente a sus compañeros y profesores. “¿Qué podemos hacer?”, pregunta una estudiante. “Acuerpar, escuchar, estar”, se le contesta. Una profesora recuerda que Kenia tiene a su cargo a su hermano de 14 años, que ya no tiene el apoyo económico de sus papás, que la búsqueda implica gastos. Se propone exigir a la UNACH otorgarle una beca y que la institución haga un pronunciamiento, se decide que los estudiantes se pronuncien también. “Kenia esta es tu casa, no estás sola”, le dice un profesor.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Exabogada de “El Chapo” busca convertirse en jueza penal en Ciudad Juárez

Silvia Rocío Delgado, exabogada de “El Chapo”, busca ser jueza penal en Ciudad Juárez, según el IEE de Chihuahua.

Silvia Rocío Delgado García, quien fue parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su captura en 2016, figura entre las 11 aspirantes a ocupar una plaza como jueza penal del fuero común en el Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez.

La candidatura de Delgado forma parte del proceso de elección directa del Poder Judicial en Chihuahua, programado para el 1 de junio, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Participación como abogada de Guzmán Loera

Entre 2016 y 2017, Delgado García participó como abogada de Guzmán Loera durante su reclusión en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez. En ese periodo, ofreció declaraciones públicas en medios y denunció irregularidades en el penal, como el impedimento al ingreso de verificadores judiciales y la necesidad de solicitar por vía legal una cobija adicional ante el clima invernal, según reportes del semanario Zeta.

Candidatura formal y validación oficial

Actualmente, su candidatura aparece en la boleta con el número 12, en la categoría correspondiente a los Juzgados de Primera Instancia y Menores Bravos Penal (De Enjuiciamiento). Según el micrositio “Conóceles” del IEE de Chihuahua, fue propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Comité de Evaluación tras superar las etapas de idoneidad e insaculación.

Mensajes de campaña y trayectoria académica

En su perfil público de Facebook, donde promueve su campaña, Delgado afirma: “Estoy convencida que para ser juzgador no solo se requiere preparación, se requiere carácter y temple para tomar las decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: Darle el valor que merecen a las personas”. También expresa que, de obtener el cargo, se compromete a formar parte de una transformación en el sistema de justicia.

En esa misma red social, se presenta como “abogada y conferencista”.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, en su programa Pie de Nota, el perfil oficial de Delgado no hace mención de su participación como defensora de Guzmán Loera.

Silvia Rocío Delgado García tiene 51 años y obtuvo el título de Licenciada en Derecho en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su cédula profesional, según el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.


En junio de 2023, organizó un evento para mujeres titulado “Mi sexualidad sin tabú”, que incluía actividades sobre educación sexual y bienestar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a escolta del secretario del Trabajo de BC al intentar frustrar asalto

El hombre ayudó a una mujer que iba a ser asaltada tras salir de una casa cambio en Tijuana.

Un escolta del secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado de Baja California fue asesinado el miércoles, luego de que intentara frustrar un robo en la Zona Río del municipio de Tijuana.  

Se trata de Jorge César González, de 33 años de edad, quien se desempeñaba también como chofer del funcionario estatal Alejandro Arregui Ibarra.

Conforme a la información, González salió junto con el secretario de la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y lo acompañó a una reunión de trabajo; de ahí se fueron a comer a la Plaza Financiera, ubicada en el bulevar Sánchez Taboada, alrededor de las 13:00 horas, en dicha ciudad fronteriza.  

Según distintos datos que circularon en portales y medios de comunicación locales, el escolta se percató del intento de asalto de dos hombres armados contra una mujer, quien realizaba una transacción en una casa de cambio del lugar, al parecer por 5 mil dólares.  

Jorge César González gritó e intervino en el acto, pero le dispararon en respuesta y lograron herirlo en el pecho; el escolta también alcanzó a herir a uno de los responsables, antes de quedar tendido en el lugar, mientras los agresores escapaban.  

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó más tarde que la Unidad de Drones logró asegurar a una persona y, cuadras más adelante, la policía detuvo a otro de los presuntos involucrados, quien iba en un taxi en el que intentó darse a la fuga.  

También indicaron que los detenidos son Juan Carlos “N” y José Martín “N”, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), así como dos armas que traían los hombres.  

Agregaron que José Martín, conforme a los registros policiales, cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y robo agravado.  

Por su parte, Alejandro Arregui Ibarra confirmó que el escolta trabajaba desde hace años para él y lamentó su fallecimiento y dio el pésame a la familia.  

“Hoy despedimos a un amigo, a un hombre íntegro y comprometido que nos deja un profundo vacío. Su sentido del deber, su lealtad y su inquebrantable determinación marcaron la vida de quienes tuvimos el privilegio de conocer y trabajar a su lado”, expresó mediante una esquela en honor a Jorge César González.


El secretario del Trabajo declaró a la Agencia de Noticias AFN que el escolta trabajó con él durante varios años, incluso antes de que entrara a la actual administración de la gobernadora, además, tenía una trayectoria en corporaciones policiacas en la Ciudad de México.  

“Salimos de la ‘mañanera’ donde acompañamos a la gobernadora y luego sostuvimos una reunión de trabajo con funcionarios de la Ciudad de México. Al concluir decidimos ir a comer, estacionándonos en la calle Antonio Caso. Luego, todo sucedió muy rápido”, declaró ante el hecho y expresó sentirse dolido por la situación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Genaro García Luna consigue prórroga de cuatro meses para apelar su condena

La magistrada Catherine O’Hagan Wolfe reprogramó la audiencia de apelación del exfuncionario calderonista para el próximo 21 de julio.

El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos concedió a Genaro García Luna, una prórroga de cuatro meses para que apele su condena, tras ser declarado culpable por nexos con el Cártel de Sinaloa, el 21 febrero de 2023. 

El exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón fue condenado a 38 años y cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 2 millones de dólares, por participar en una empresa delictiva de drogas, varias conspiraciones para cometer delitos y declaraciones falsas.

La magistrada Catherine O’Hagan Wolfe reprogramó la audiencia para el próximo 21 de julio, según el documento oficial con número de orden 24-2949, que emitió la corte el pasado 14 de marzo.  

Inicialmente el funcionario tendría que haberse presentado este mes a la comparecencia. 

En diciembre del año pasado, García Luna fue trasladado al penal de alta seguridad del condado de Lee, en el estado de Virginia, dónde se encuentra actualmente, de acuerdo con datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés). 

Para obtener la prórroga, la defensa del exfuncionario federal argumentó tener obstáculos para comunicarse con su cliente, ya que se encuentra en asilamiento después de su traslado al centro penitenciario en Lee, informó “Milenio”.  

De acuerdo con reportes periodísticos, la defensa agregó que el material a revisar es demasiado extenso, por lo que se pidió la duplicidad del plazo inicial después de la sentencia emitida por el juez Brian Cogan.  

García Luna es el funcionario mexicano de mayor rango en ser enjuiciado en Estados Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Trabajadores de Mejoredu liberan vialidades tras reunión con la SEP; prometen darles certeza sobre situación laboral el martes

Personal de la SEP se comprometió a atender a los trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y darles certeza sobre su situación laboral el próximo martes 8 de abril.

Trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) levantaron el bloqueo en avenida Universidad que instalaron este jueves, luego de que personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los atendió y se comprometió a darles certeza sobre su situación laboral el próximo martes 8 de abril.

Esta es la cuarta vez que los trabajadores de Mejoredu salen a las calles a manera de protesta por la incertidumbre que enfrentan tras la desaparición del organismo, pues a pesar de entregar su pliego petitorio, denuncian que no han obtenido respuesta a sus exigencias.

El pasado martes, 25 de marzo, los trabajadores acudieron a Palacio Nacional y consiguieron entregar el documento con sus demandas a una persona que se presentó como parte el equipo del titular de la SEP, Mario Delgado, pero no tuvieron una repuesta más allá de la recepción de la carta.

Personal de Mejoredu también dejó una misiva en el área de atención ciudadana de Presidencia, sin embargo, les indicaron que la SEP es la dependencia que debe atender sus demandas.

“Mejoredu en pie de lucha”

Trabajadores de la comisión salieron a las calles antes de las 11:00 horas de este jueves. Partieron desde las oficinas del organismo en Barranca del Muerto para dirigirse a las instalaciones de la SEP en avenida Universidad.

“Mario, escucha, Mejoredu en pie de lucha”, “Certeza laboral”, “No que no, si que si, ya volvimos a salir”, fueron algunas de las consignas que lanzaron mientras avanzaba el contingente.

Hasta ahora los trabajadores no saben si tendrán liquidación justa o serán recontratados. Además, mantienen el reclamo de que las únicas visitas que ha hecho personal de la SEP al edificio de Mejoredu son para ver los muebles que tienen en las oficinas.
Al llegar a la SEP, un comisión de trabajadores de Mejoredu ingresó a las instalaciones para dialogar con las autoridades, pero después de una hora sin ser atendidos, decidieron abandonar el edificio. Los manifestantes que, previamente habían accedido a liberar un sentido de la avenida, volvieron a cerrarla por completo.

Minutos después arribó el personal de la SEP que estaban esperando, recibió a la comisión y se comprometió a realizar una reunión el próximo martes 8 de abril, donde les darán certeza sobre su situación laboral.

El bloqueo se mantuvo hasta que la comisión regresó del encuentro y alrededor de las 15:00 horas liberaron las vialidades. Se espera que más tarde se den a conocer los acuerdos a los que llegaron.

Desde el pasado 27 de marzo, la Junta Directiva de Mejoredu exigió a Mario Delgado un diálogo para revisar la certeza laboral de los trabajadores. La comisionada presidenta, Silvia Valle Tépatl, indicó en una carta que es necesario establecer una comunicación directa.

Mejoredu es uno de los siete organismos autónomos eliminados tras aprobarse la reforma en materia de simplificación orgánica propuesta por el expresidente López Obrador.

El pasado 20 de marzo se cumplió el plazo de 90 días que tenía el Congreso de la Unión para modificar las leyes secundarias que fueran necesarias para concretar la extinción de estos organismos y transferir sus funciones a las dependencias correspondientes. Sin embargo, los trabajadores de Mejoredu reclaman que hasta ahora no han sido notificados formalmente sobre su desaparición y tampoco hay leyes secundarias que establezcan qué pasará con ellos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Muerte de Teresa González se suma a los 28 casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas en los últimos 15 años

Según datos de Artículo 19, en los últimos 15 años se han registrado 28 casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas como consecuencia de ejercer su labor.

Este miércoles, Teresa González Murillo, madre buscadora del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, falleció luego de ser herida en un atentado el pasado 27 de marzo en su domicilio, ubicado en la colonia San Marcos en Guadalajara, con lo que sumarían 28 casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas en los últimos 15 años.

El colectivo documentó la agresión y, luego del fallecimiento de González, exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de todas las personas dedicadas a esta labor pero, ¿es esto posible?

En medio de la crisis de inseguridad y violencia, los ataques contra personas buscadoras y colectivos dedicados a esta actividad persisten, aún cuando el tema de seguridad y protección ya se ha llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de mejorar las medidas de protección que se les debería de dar a estas personas por medio del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, son acciones que no se han llevado a cabo.

Mientras tanto, desde el año pasado, el colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) publicó un documento en el que se tipifican las agresiones que sufren los colectivos de búsqueda y recomendaciones al Estado para su protección, sin embargo, no han sido retomadas ni atendidas por ningún órgano competente.

Ataques armados, amenazas y hostigamiento: las agresiones más recurrentes a personas buscadoras

Entre las agresiones más recurrentes contra las personas buscadoras, según el documento del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se encuentran las agresiones físicas; como golpes, heridas con objetos punzocortantes y que les arrojen objetos con el fin de lastimarles durante el volanteo, pega de fichas de búsqueda e incluso mientras salen de las fiscalías de sus estados de procedencia. 

Las amenazas que reciben las personas buscadoras van desde la intimidación con hacerles daños físicos graves o provocar la pérdida de empleo, hasta la muerte propia o de otros familiares.

En nuestro país, el delito de amenazas se encuentra estipulado en el artículo 282 del Código Penal Federal, en donde se establece que, “se impondrá una sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días de multa a quien amenace a otra persona con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos”. 

El hostigamiento es emitido no solo por integrantes del crimen organizado sino también por autoridades ministeriales que entre las acciones que realizan se encuentra hacer llamadas telefónicas de números desconocidos para amenazar, fotografían a las personas en sus jornadas de búsqueda sin su consentimiento y realizan denuncias falsas con el fin de promover la criminalización y, por ende, justificar la presencia de autoridades y prensa en su lugar de trabajo y domicilio.

Los ataques armados que se han registrado van desde disparos al aire durante las jornadas de búsqueda, a las afueras de sus domicilios y finalmente, ataques directos en los cuales también han resultado lesionados integrantes de la policía estatal, municipal y la Guardia Nacional, pues se ha identificado que los atentados han sido por parte del crimen organizado.

En 15 años hay cerca de 28 asesinatos y desapariciones de personas buscadoras

Según datos de la organización Artículo 19, entre 2010 y los primeros meses de 2025 se han registrado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas en el país. Los estados con mayor incidencia son Guanajuato con ocho casos; Michoacán y Sonora con tres casos cada uno; Sinaloa, Veracruz y Jalisco con dos casos cada uno. Otros estados en donde se han registrado al menos un caso son Baja California, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Guerrero, con un caso cada uno.

A raíz del reciente fallecimiento de la buscadora Teresa González Murillo, es pertinente recordar a algunas de las otras defensoras de Derechos Humanos que por su labor de búsqueda han sido asesinadas.

Sofía Raygoza Ceballos, activista y madre buscadora, fue encontrada muerta y con signos de violencia el pasado 8 de febrero de 2025. Días después del hallazgo, la Fiscalía de Zacatecas confirmó que su cuerpo había sido encontrado en un vehículo gris en el municipio de Villanueva.

Ceballos se había convertido en un icono del movimiento de madres buscadoras en su estado, a raíz de la denuncia que emitió ante la desaparición de su hija Frida Sofía en febrero de 2023 y reprochaba la negligencia de las autoridades zacatecanas ante el caso.

Teresa Magueyal, defensora de Derechos Humanos, fue asesinada a balazos por un grupo de hombres armados no identificados el 2 de mayo de 2023 en Celaya, Guanajuato. 

Teresa viajaba en su bicicleta cuando hombres armados la atacaron a balazos a un costado de un jardín de niños de la comunidad de San Miguel Octopan, ella buscaba a su hijo desaparecido desde el 6 de abril de 2020. 

Javier Barajas Piña, abogado y buscador de personas desaparecidas desde que su hermana Guadalupe desapareció en febrero de 2019 en Salvatierra, Guanajuato. Piña fue asesinado a quemarropa por personas desconocidas en el centro de dicho municipio. Meses antes de su asesinato se había incorporado a la Comisión Estatal de Búsqueda, lugar donde promovía el derecho a la verdad de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato.

Blanca Esmeralda Gallardo, madre buscadora, fue asesinada a tiros el 4 de octubre de 2022 por un grupo de sujetos armados que la interceptaron a las afueras de su domicilio en Puebla.

Desde 2021, Gallardo buscaba a su hija Betzabé Alvarado y aunque identificó al presunto responsable de la desaparición, las autoridades no actuaron ni la protegieron, según denuncian colectivos de búsqueda.

María del Rosario Zavala, madre buscadora, fue asesinada el 14 de octubre de 2020 en su domicilio en Guanajuato, horas después de hacer una última jornada de búsqueda de su hijo Yatziri Misael Cardona Aguilar, secuestrado el 23 de diciembre de 2019. De acuerdo con medios, el 27 de junio de 2022 sujetos armados también asesinaron a Jorge Ulises Zavala, otro hijo de María del Rosario.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México evita imponer aranceles recíprocos a EU; propone aumentar producción nacional

Ante el anuncio de tarifas hecho ayer por Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que su gobierno decidió modificar el Plan México, presentado originalmente en enero de 2025, para fortalecer el mercado interno y garantizar “la soberanía energética y alimentaria”.

México no entrará en una guerra arancelaria a pesar de las presiones e incertidumbre que ha generado Donald Trump. 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación del proyecto “Aceleremos el Plan México”, explicó que su gobierno logró establecer una relación estable con el presidente de los Estados Unidos.

Y es que mientras el 2 de abril se reconfiguraba un nuevo esquema comercial y varios países enfrentaban tasas arancelarias recíprocas, se reconoció la importancia del T-MEC y la integración regional de Norteamérica.
“Es probable que haya personas que no les interese que tengamos una buena relación (...) La integración es fundamental y se tiene que desarrollar la economía de México”, comentó Sheinbaum, rodeada de legisladores y gobernadores que respaldaron su postura.
Sin embargo, expuso ante empresarios y banqueros que a pesar de  esta relación sigue la aplicación de aranceles al acero, al aluminio y a la industria automotriz mexicana.

Ante esta realidad, Sheinbaum detalló que su gobierno ha decidido modificar el Plan México, presentado originalmente en enero de 2025, para fortalecer el mercado interno y garantizar “la soberanía energética y alimentaria”. 

Entre las estrategias, destacó la ampliación de la autosuficiencia alimentaria, con el objetivo de alcanzar una producción de 25 millones de toneladas de alimentos en 2025 y aumentar la producción de frijol a 1.7 millones de toneladas para 2030. 

También se impulsará la producción de leche a través de Liconsa y se fomentará el comercio justo para los productos del campo.

En materia energética, el plan contempla una mayor autosuficiencia con un incremento del 30 % en la producción de gasolina, diésel y turbosina, así como una reducción en la importación de gas natural. 

Además, se acelerarán inversiones en generación eléctrica y en la Comisión Federal de Electricidad, con un total de 3,585 megavatios de nueva capacidad instalada, de los cuales el 25 % provendrá de fuentes limpias. 

También se contemplan 59 proyectos de inversión para fortalecer la red de transmisión y distribución, además de la agilización de permisos para proyectos de energía renovable.

El proyecto también busca impulsar la infraestructura con la ampliación y modernización de la red carretera, sistemas de distribución vial y saneamiento de ríos. 

Construcción, otro eje a impulsar

En este marco, se dará inicio a la construcción de trenes de pasajeros, incluyendo un nuevo tramo del Tren Maya hacia Progreso y la ampliación del Tren Interoceánico en 178 kilómetros. 

Asimismo, se prevé la modernización de 11 puertos, la terminación de los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido y mejoras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

La ejecución de estos proyectos requerirá inversiones mixtas en carreteras y puentes, bajo el marco de una nueva ley de obra pública enviada al Congreso, y generará entre 500 mil y 1 millón de empleos directos.

El acero y el sector automotriz

Sheinbaum destacó el fortalecimiento del mercado interno en los sectores que sí están contemplados en los aranceles de Trump, como la industria textil, acero, aluminio y semiconductores. El 5 de mayo se presentarán las medidas. 

En el sector automotriz, se impulsará la fabricación de vehículos para que el consumo nacional provenga mayoritariamente de la producción interna.

También se buscará aumentar la manufactura de productos farmacéuticos y equipos médicos, así como expandir la producción petroquímica y de fertilizantes durante el primer semestre del año.

El gobierno también implementará una ventanilla única de simplificación administrativa.

 Además, el 19 de mayo se lanzará la licitación para la creación de 15 polos de bienestar con incentivos fiscales, mientras que el 23 de abril se llevará a cabo una feria de empleo con la meta de generar 100 mil nuevos puestos de trabajo.

Sheinbaum también anunció que a partir del 7 de mayo se pondrán en marcha nuevos programas de crédito a través de la banca de desarrollo, con especial énfasis en el financiamiento para pequeñas y medianas empresas. 

En este sentido, se destinarán mayores recursos al registro de patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el fin de impulsar el desarrollo de vehículos eléctricos y semiconductores.

Se  mantendrá la política de incremento al salario mínimo como una medida clave para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores. Asimismo, se garantizará la continuidad y ampliación de los programas de bienestar social, incluyendo la entrega de estufas ecológicas a comunidades rurales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Alegres del Barranco: Apología del delito en Auditorio Telmex violó código de ética de la UdeG

La relación entre la Universidad de Guadalajara y Telmex en torno al Auditorio Telmex se basa en un acuerdo de colaboración que incluye el uso del nombre, y no en una cesión total de derechos. Por lo tanto, Telmex tiene los derechos del nombre del auditorio y la UdeG mantiene el control.

El espectáculo del sábado 29 de marzo en el Auditorio Telmex, propiedad de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el que el grupo sinaloense Los Alegres del Barranco presentó imágenes del “Mencho”, líder del CJNG, incurrió en apología del delito, violó los códigos de Ética y Conducta de esa institución.

Una de las personas responsables de hacer cumplir estos códigos de Conducta y de Ética de la UdeG en el Auditorio Telmex es su director, Carlos Adrián Puga Martínez.

Puga Martínez fue nombrado en el cargo de director del Auditorio Telmex el 31 de enero de 2024. Proceso solicitó una entrevista con el funcionario para abordar lo ocurrido con la presentación del grupo de corridos, pero se negó a hablar.

El director tiene un sueldo bruto de 146,530.40 y un sueldo neto de 100,683 pesos, esto de acuerdo con el documento de lista de raya de la Operadora Auditorio Metropolitano del 16 de diciembre de 2024, en el que se da cuenta de que en la nómina del auditorio Telmex están otras 55 personas.

El artículo 1 del Código de Conducta de la Universidad de Guadalajara establece que esta norma “tiene por objeto establecer los criterios que orientarán el comportamiento de las personas integrantes de la comunidad universitaria, a fin de aplicar los principios y valores establecidos en el Código de Ética de la Universidad de Guadalajara y que están obligadas a cumplir”.

El artículo 2 del Código de Conducta, que aborda el ámbito de aplicación, establece que “es de observancia general y obligatoria para todas las personas integrantes de la comunidad universitaria”. Además, agrega que “las personas físicas o jurídicas con las que la Universidad tiene relación, con motivo de convenios de colaboración o contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones u obra, observarán los valores y principios universitarios en las actividades que realicen”.

El código también establece que la transgresión a los valores y principios de la Universidad de Guadalajara por parte de proveedores, prestadores de servicios, contratistas o colaboradores “podrá ser motivo para reconsiderar la celebración de convenios o contratos con dichas personas”.

En tanto que el "Código de Ética de la Universidad de Guadalajara" aborda la importancia del respeto a la legalidad y puntualiza los valores éticos que deben seguir quienes se rigen por este código. El Artículo 2 explica que la comunidad universitaria se compromete a respetar los principios y valores establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte y en la legislación aplicable.

El Artículo IX, Legalidad, exige el apego al orden jurídico y el cumplimiento de las leyes y los derechos.

La norma enuncia los valores éticos que deberán seguir los integrantes de la comunidad universitaria, así como sus prestadores de servicios y aliados, tales como Democracia, Desarrollo Sostenible, Diversidad, Educación para la Paz, Equidad, Honestidad, Igualdad, Justicia, Legalidad, Libertad, Respeto, Responsabilidad, y Solidaridad.

En la Sección Novena denominada Legalidad, el artículo 13 indica que se deberá “fomentar la cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la vida universitaria en que se desenvuelva”.

Universidad revisará cláusulas de contratos del “Auditorio Telmex”

Recientemente, tras el evento polémico ocurrido en el auditorio, la UdeG anunció que se revisarán y modificarán los contratos, incluyendo cláusulas para prohibir la apología del delito y discursos de violencia. Sin embargo, las autoridades universitarias no mencionaron la revisión ni posibles sanciones a las violaciones de sus códigos de Ética y Conducta.

“Auditorio Telmex” es un nombre comercial por el que la compañía pagó para que se le nombrara así a ese recinto, por medio de un acuerdo de patrocinio con la empresa de telecomunicaciones.

La relación entre la Universidad de Guadalajara y Telmex en torno al Auditorio Telmex se basa en un acuerdo de colaboración que incluye el uso del nombre, y no en una cesión total de derechos. Por lo tanto, Telmex tiene los derechos del nombre del auditorio y la UdeG mantiene el control y la propiedad del recinto.

La unión entre la UdeG y Telmex es un acuerdo de patrocinio en el que la UdeG conserva la propiedad y el control del auditorio, y en el que Telmex es el patrocinador principal del auditorio, lo que le otorga el derecho a que el recinto lleve su nombre.

Esta colaboración implica un acuerdo en el que Telmex apoya financieramente al auditorio a cambio de la visibilidad que proporciona el nombre del recinto.

La UdeG es la propietaria y responsable de la gestión del Auditorio Telmex. La Universidad mantiene el control sobre las operaciones y la programación del auditorio.

El Auditorio Telmex es parte del Centro Cultural Universitario de la UdeG. La Universidad la cataloga como una “Entidad Productiva”, y en la estructura universitaria el nombre que recibe es Operadora Auditorio Metropolitano.

La colaboración con Telmex permitió a la UdeG pagar el financiamiento de la construcción y operación de este recinto. Telmex, por su parte, obtiene una exposición de su marca.

El cambio de nombre del Auditorio Metropolitano a Auditorio Telmex se realizó en el año 2007, coincidiendo con su inauguración. Los detalles financieros del acuerdo indican que Telmex otorgó un monto de 10 millones de dólares para el funcionamiento del recinto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

La senadora Andrea Chávez también se promociona en ambulancias de alta gama

Proceso pudo documentar que en calles de la capital de Chihuahua se observan estacionadas ambulancias de última generación rotuladas a los costados y en la puerta trasera con la frase “Gestiona ambulancia” con letras guindas con fondo blanco, los colores del partido Morena y la imagen de la política.

Además de los anuncios espectaculares y las unidades médicas móviles para el “bienestar” de la gente en Chihuahua que promueven la imagen política de la senadora Andrea Chávez Treviño, ahora se suman ambulancias de alta gama que también llevan el nombre y fotografía de la morenista, contendiente -anticipadamente- a gobernar esa entidad en el 2027, hecho que representaría la comisión de delitos electorales.

En medio de la polémica que protagoniza la morenista por el uso de las unidades médicas móviles, producto de “donaciones” de la iniciativa privada, como ella lo ha dicho, Proceso pudo documentar que en calles de la capital de Chihuahua se observan estacionadas ambulancias de última generación rotuladas a los costados y en la puerta trasera con la frase “Gestiona ambulancia” con letras guindas con fondo blanco, los colores del partido Morena y la imagen sonriente de la legisladora.

En la parte frontal, se lee “Ambulancia Network”. Se trata de una empresa “experta” y “certificada” en fabricación y reacondicionamiento de vehículos especializados, Tipo I, II y III, de acuerdo con su tamaño, su transmisión y su equipamiento, como lo informa en su página de internet. También vende camillas, desfibriladores, unidades de transporte y unidades policiales. 

Tan solo en el portal de compras Mercado Libre, una unidad de ese tipo, con la marca de dicha empresa, oscila entre 999 mil 526 pesos y un millón 299 mil 526 pesos.

“Ambulancia Network” es una empresa domiciliada en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, a unos mil 435 kilómetros de distancia de la capital de Chihuahua o casi 17 horas de camino en carretera. Su representante legal es Manuel Ernesto Sapog.

De acuerdo con una breve revisión, se encontró que, al menos una de las ambulancias, la de las placas AM-446-GA, está registrada en el Estado de México, a nombre del Instituto de Salud del Estado de México.

Renta con antecedentes tabasqueños

Otra de las ambulancias está a nombre de la empresa Lease and fleet Solutions SA de CV, dedicada a la administración de flotillas, compra de vehículos, gestorías, seguros y asistencia legal, mantenimiento, telemetría y combustible. Dicha empresa también está domiciliada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Fundada en 2016, tiene antecedentes de haber sido proveedora de Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), cuando el hoy senador Adán Augusto López era gobernador de dicha entidad.

También recibió contratos millonarios de Segalmex para el arrendamiento de montacargas y vehículos sin opción a compra, bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, enero 2022).

Proceso obtuvo fotos de dichas ambulancias estacionadas, en medio de la polémica que protagoniza la senadora Chávez Treviño por el uso de unidades médicas móviles que presuntamente promueven su imagen política en la capital de la entidad que pretende gobernar a partir de las elecciones del 2027. 

La legisladora ha argumentado que se trata de las “caravanas de salud” en beneficio “de quienes más lo necesitan” y que eso no implica el uso de recursos públicos.

El PAN denunció este martes a la morenista ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso de dichas unidades sin comprobar el origen de los recursos. La denuncia señala la posible comisión de 15 delitos electorales y penales, entre ellos, actos anticipados de campaña, defraudación fiscal y delincuencia organizada; entre otros. 

La denuncia del PAN incluyó al empresario Fernando Padilla Farfán, dueño de las empresas Línea Médica del Sur SA de CV y F medical, que, presuntamente, hizo el donativo de las unidades, como lo dijo la misma morenista. 

El contratista es amigo del senador Adán Augusto López Hernández y estuvo relacionado con los anuncios espectaculares que promovieron al tabasqueño en la pasado contienda interna de Morena para elegir a su candidato presidencial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Critica Greenpeace plan de restauración de Semarnat sobre daños ambientales por Tren Maya

Greenpeace criticó el plan integral de restauración que anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tras reconocer que el Tren Maya ha provocado daños ambientales en la Península de Yucatán.

Por ejemplo, sobre la propuesta de decretar el sistema de cavernas y cenotes de Quintana Roo como reserva de la biósfera, Greenpeace indicó que se debe abordar con urgencia la contaminación proveniente de los diversos puntos de la región más allá del estado de Quintana Roo y que el plan de protección del acuífero debería ser integral, «contemplando también poner un alto al uso intensivo de agrotóxicos en monocultivos industriales en Campeche que también han provocado muertes masivas de abejas, así como los desechos generados por las cientos de mega granjas porcícolas en Yucatán».

«La contaminación de este sistema hídrico pone en riesgo la vida de comunidades y ecosistemas que dependen de él, por lo que cualquier estrategia de protección debe contemplar medidas concretas para frenar estas fuentes de contaminación», puntualizó la organización.

Sobre la industria porcícola y los desarrollos inmobiliarios en la Península, cuyos impactos ambientales y comunitarios han sido denunciados por las comunidades mayas, Greenpeace destacó que si bien Semarnat reconoció la necesidad de atender los daños provocados por las megagranjas y las obras residenciales, se debe aclarar si estas acciones incluyen medidas más allá de la gestión de desechos y descargas. «La expansión descontrolada de estas industrias está modificando irreversiblemente el territorio, afectando no solo la calidad del agua, sino también la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales», recordó Greenpeace.

En su comunicado, la organización también criticó las propuestas sobre los pasos de fauna y corredores biológicos, la falta de información específica sobre el plan de reforestación en la Península de Yucatán, la atención expansión de la industria extractiva y la urgencia de garantizar la participación ciudadana en la restauración de los ecosistemas y tierras afectadas.

COMUNICADO:

Greenpeace México recibe con optimismo el reconocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre los daños ambientales causados por el Tren Maya, así como su intención de implementar un plan integral de restauración en la Península de Yucatán. Este es un paso en la dirección correcta, pero es fundamental que este proceso incluya el involucramiento activo de la ciudadanía, comunidades locales y especialistas para garantizar soluciones efectivas y sostenibles.

Una oportunidad para la protección integral del acuífero

La propuesta de decretar el sistema de cavernas y cenotes de Quintana Roo como reserva de la biósfera representa una oportunidad clave para ampliar el nivel de ambición en la protección integral del acuífero de la Península de Yucatán. Este acuífero es una de las principales fuentes de agua para la región, un conector entre diversos ecosistemas y un contenedor de vestigios arqueológicos y paleontológicos de incalculable valor.

Sin embargo, su protección debe abordar con urgencia la contaminación proveniente de los diversos puntos de la región más allá del estado de Quintana Roo. El plan de protección del acuífero debería ser integral, contemplando también poner un alto al uso intensivo de agrotóxicos en monocultivos industriales en Campeche que también han provocado muertes masivas de abejas, así como los desechos generados por las cientos de mega granjas porcícolas en Yucatán. La contaminación de este sistema hídrico pone en riesgo la vida de comunidades y ecosistemas que dependen de él, por lo que cualquier estrategia de protección debe contemplar medidas concretas para frenar estas fuentes de contaminación.

Pasos de fauna y corredores biológicos: aún falta mucho por hacer

La eliminación de mallas en las vías y la mejora de los pasos de fauna son un avance, pero persisten dudas sobre las medidas concretas que se implementarán para garantizar la reproducción y supervivencia de especies amenazadas, como el jaguar. Especialistas han reiterado la necesidad de trabajar en la instauración de corredores biológicos para lograr esas condiciones para la fauna de la región. El Tren Maya por sí mismo, con sus 1500 kilómetros de vía, sigue siendo un elemento fragmentador del ecosistema y es urgente asegurar que las especies puedan moverse libremente en su hábitat sin obstáculos artificiales que pongan en riesgo su existencia, considerando también que no solo se trata de un tren turístico sino de un ferrocarril de carga que tendrá conexión con Puerto Progreso y cuyas operaciones se harán aún más intensas de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno de México.

Industria porcícola y crecimiento inmobiliario: ¿Se está abordando la raíz del problema?

Si bien Semarnat ha reconocido la necesidad de atender el impacto de las mega granjas y el desarrollo inmobiliario en la Península de Yucatán, es necesario aclarar si estas acciones incluyen medidas más allá de la gestión de desechos y descargas. La expansión descontrolada de estas industrias está modificando irreversiblemente el territorio, afectando no solo la calidad del agua, sino también la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales.

Reforestación: ¿una solución realista ante la magnitud de la deforestación?

El anuncio sobre la reforestación como parte del Plan de Restauración Integral es un compromiso importante, pero hay preguntas clave que deben responderse: ¿Qué especies de árboles se utilizarán? ¿Cuál será el proceso de plantación y seguimiento para garantizar su éxito? ¿Cuántos árboles serán plantados considerando que para la construcción del Tren Maya se derribaron aproximadamente 10 millones? ¿En qué zonas específicas se llevará a cabo esta reforestación? Sin un plan detallado, este esfuerzo podría quedar en una acción simbólica sin un impacto real en la recuperación del ecosistema.

Alertas previas y afectaciones persistentes

Desde 2022, Greenpeace y diversas organizaciones hemos señalado los riesgos ambientales de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Aún siguen vigentes las alertas sobre el Tramo 5 Sur y sus implicaciones, como la construcción sobre terreno kárstico, la afectación al sistema de cuevas y ríos subterráneos, la contaminación del acuífero por la perforación del suelo para instalar pilotes y estructuras, el alto volumen de deforestación y la pérdida de biodiversidad. De continuar las operaciones en las mismas condiciones, será altamente improbable revertir estos impactos.

El reto de los cambios de uso de suelo y la expansión de la industria extractiva

Otro aspecto que requiere atención inmediata es la proliferación de bancos de materiales pétreos a los que se conoce como “sascaberas”, los cuales abastecen a la industria inmobiliaria y de construcción, así como a la propia construcción del Tren Maya. Es alarmante constatar que tan solo en la Gaceta Ecológica de la Semarnat emitida el 27 de marzo pasado, se enuncian las resoluciones para 20 bancos de material pétreo promovidas por la Sedena para el Tren Maya durante 2024 y 2025, así como la construcción de 4 hoteles a cargo de esa misma institución, y que están devastando miles de hectáreas de selva todos los días. ¿Cuál será el plan para frenar los cambios de uso de suelo que se están dando de manera indiscriminada para alimentar este modelo? La extracción sin control de estos recursos sigue impulsando la degradación del ecosistema y la pérdida de biodiversidad.

Sí a la restauración, pero con participación ciudadana

Estos son solo algunos de los puntos y preguntas que consideramos esenciales para abordar en espacios de trabajo convocados por las autoridades, en conjunto con especialistas y comunidades locales. Se requieren acciones concretas y un diálogo transparente e incluyente con las comunidades locales  que garantice que la restauración ambiental sea efectiva y se base en la ciencia y el conocimiento de quienes habitan y protegen estos territorios.

Greenpeace México reitera su disposición a colaborar en la construcción de soluciones reales y duraderas para proteger la riqueza natural de la Península de Yucatán y asegurar un futuro en armonía con el medio ambiente.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Interpone Modevite dos amparos contra la autopista “Ruta de las Culturas Mayas”

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reafirmó su rechazo al megaproyecto denominado Ruta de las Culturas Mayas y anunció la presentación de dos amparos que buscan invalidar la consulta pública que se realizó el pasado 23 de marzo y, por ende, la obra. “No queremos la supercarretera San Cristóbal-Palenque porque no representa un beneficio para el pueblo, sino para las empresas”, dijo Vicente López Gómez, coordinador de Modevite, durante una rueda de prensa que se llevó a cabo el 31 de marzo en San Cristóbal de Las Casas.

El sueño de la Secretaria de Turismo (SECTUR) de construir una autopista entre las dos ciudades chiapanecas remonta a 2009 y nunca se realizó por la oposición de las comunidades de esta región, donde viven muchas bases del MODEVITE y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En este entonces el megaproyecto turístico fue denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP)-Cascadas de Agua Azul y formaba parte del Plan Mesoamérica, luego rebautizado Plan Puebla Panamá.

En el trascurso de estos 16 años reapareció en las declaraciones de los gobernantes y fue hasta diciembre de 2019 que fue aprobado por el Congreso de Chiapas con el nombre “Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque”: un proyecto todavía más ambicioso que el anterior pues conectaría la región Costa de Chiapas con la Selva, pasando por San Cristóbal de Las Casas, funcionando también como enlace entre el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, que tiene una estación en Palenque.

Tras la toma de protesta del nuevo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar -que ya hace diez años, cuando se desempeñaba como Secretario de Gobierno, era promotor del megaproyecto – fue anunciada la construcción de su primer tramo Palenque-San Cristóbal de Las Casas, que atraviesa 10 municipios con poblaciones tzeltales, tzotziles y mestizas. Tiene una extensión de 153 kilómetros de extensión y contempla también un ramal de 18 kilómetros que conecta con Ocosingo.

De acuerdo con Ramírez Aguilar, la autopista se construirá con recursos públicos y “estará a cargo de una asamblea que se constituirá por un miembro de cada comunidad y las ganancias impactarán directamente en beneficio de las familias de estos ejidos”. Además, afirmó que las comunidades serán socias de la autopista y gestionarán gasolineras, restaurantes y tiendas de autoservicio.

Sin embargo Modevite, que está presente en 13 municipios de la región, no cree en las promesas del gobierno y denuncia las irregularidades que se registraron en la consulta del 23 de marzo. “Es una consulta amañada, se realizó en las cabeceras en lugar que en las comunidades afectadas por la obra”, dijo en rueda de prensa Domingo Miranda López. De acuerdo con otro integrante de Modevite, Henry Eugenio Guillén Jiménez, los pobladores vieron una empresa realizar estudios de suelo en sus comunidades sin permiso de la asamblea. Además, denunció que las autoridades locales los amenazan con quitarles servicios de salud, educación, agua y drenaje si no apoyan al megaproyecto.

Pascuala Vázquez Aguilar señaló también otra irregularidad: la población nunca fue informada sobre los impactos de la carretera ni sobre su trazo, y no sabe exactamente cuáles comunidades quedarían afectadas. “Aventaron placas desde una avioneta para marcar el trazo de la autopista, pero no tenemos claro dónde pasará exactamente”, dijo durante la rueda de prensa la también vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón.

Uno de los dos amparos presentados por Modevite se basa justo en la falta de información ambiental a las comunidades, mientras que el otro reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos publicados el 17 de febrero de este año en el periódico oficial del Estado de Chiapas. “Son lineamientos que crean una nueva forma de participación denominada consulta pública y son inconstitucionales”, dijo durante la rueda de prensa la abogada María Fernanda Santos de la Rosa, de la clínica jurídica de la Universidad Iberoamericana. De acuerdo con ella, si el juez reconocerá que la consulta no fue informada y que los lineamientos son inconstitucionales, admitirá la invalidez de la consulta pública y de la construcción del primer tramo de la obra.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

La narcocultura en un país de impunidad

En los narcocorridos, tan de moda en el regional mexicano manipulado por ese sector criminal, lo que impera es la narcocultura, el enviar una y otra vez el mensaje de ensalzar a los criminales, de presumir sus actividades ilícitas, de reconocerles la criminalidad y los actos delictivos que comenten produciendo, distribuyendo drogas en México y otros países.

En una de las muchas acepciones que se tienen sobre la definición de un narcoestado, la premisa es que existe una interacción entre autoridades y criminales en la cual imperan, o se basa en, actos de corrupción e impunidad; además que una parte de la sociedad también es cómplice sea de uno u otro bando, en el insano binomio Gobierno-narcotráfico, a partir de ser tolerante ante acciones criminales, aprovechando el dinero ilícito a partir de la oferta de productos y servicios a notorios delincuentes, o promoviendo actos que enaltecen la inseguridad, la violencia y la criminalidad.

México está en esa situación, independientemente que el tema en días recientes se politizó dado las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando refirió que en México los cárteles gobernaban, la realidad y salta a la vista, es que no es inexacta esa aseveración.

En indistintas zonas del país los cárteles de las drogas se alían con sectores de cualquiera de los tres órdenes de Gobierno mexicanos, empezando por las corporaciones policíacas, para delinquir en áreas que los gobiernos o los poderes del Estado están facultados para hacerlo. Es decir, siguen de manera impune y criminal el ejemplo de las autoridades para crear su contexto de inseguridad y violencia. Por ejemplo, mientras el Gobierno cobra impuestos por desarrollarse económicamente, poseer una propiedad o un comercio, los cárteles cobran piso por dejarles trabajar, y no quitarles sus negocios u hogares. Mientras el Poder Judicial administra la justicia, procesa y sentencia a quienes han cometido delitos, los cárteles asesinan a quienes les han traicionado, les han robado, les son incómodos, aplican su ley de sangre y plomo.

Esta condición de impunidad, corrupción, inseguridad y violencia, ciertamente no es una novedad, pero ahora corresponde al Gobierno en turno, en cualquiera de los tres órdenes, pero en el federal, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, establecer las políticas públicas para combatirlo, contrarrestarlo y eliminarlo.

Sin embargo, al modo del sexenio pasado, se utiliza la política para desestimar los actos de alto impacto criminal y violencia. El terror del rancho Izaguirre se pretende minimizar alegando ataques pagados por los adversarios, ignorando la indignación y el horror que genera en la sociedad, marginando a los grupos ciudadanos de buscadores de desaparecidos, y minimizando con investigaciones amañadas lo que ahí sucedió. Les importa la retórica: no era un campo de exterminio suelen decir para polarizar la versión de que se trataba de una zona de adiestramiento criminal, como si el pretexto oficial fuese menos grave que la realidad videograbada por los buscadores que localizaron, por segunda vez, el rancho del crimen y la muerte.

Este contexto de impunidad, de corrupción, de negación oficial e institucional hacia lo que en México realmente sucede, que es un país víctima de la ley de plomo de los cárteles de la droga, lo cual acumula sumas de arriba de los 200 mil ejecutados en un periodo de casi seis años durante la Administración pasada, es peligrosamente proclive a la normalización de la violencia y la idolatría sobre los criminales.

Por estos días la agenda pública se ha visto contaminada por un concierto sucedido en Jalisco, y posteriormente en Michoacán, donde un grupo supuestamente del género regional mexicano enarboló la figura de uno de los narcotraficantes más corruptores, impunes y violentos de las últimas décadas, Nemesio Oceguera Cervantes, "El Mencho", líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En una presentación masiva del grupo Los Alegres del Barranco, proyectaron imágenes en sus enormes pantallas de entretenimiento, de la persona del "Mencho", al tiempo que le dedicaron lo que se conoce como un “narcocorrido”, titulado “El del Palenque”, un canto de alabanza al sanguinario capo que fue vitoreado por el público según se puede observar y escuchar en los múltiples videos sobre el momento compartidos en redes sociales.

A propósito de la oda al narco por parte de esa agrupación, se dividió la opinión pública, si dejarles honrar a un narcotraficante prófugo es libertad de expresión, o constituye apología del delito. La autoridad, impávida, no sabe cómo catalogar el hecho, y sólo pide, en la voz cada vez más apagada de la Presidenta, que se investigue, que no se repita, que no se tolere.

El punto es que lo hicieron, que les fue permitido exhibir en son de celebración a una de las personas más violentas, buscado por autoridades en el extranjero, y se supone también por las mexicanas, señalado de ordenar asesinatos, de trasegar droga, de producir enervantes químicos, de encabezar células criminales en la mayoría de los estados de la República, que matan, secuestran, desaparecen, cobran piso, extorsionan, corrompen policías.

En otra ocasión, otro cantante, Natanael Cano, hizo lo propio cuando dedicó alguna pieza de su repertorio a su padrino Nemesio Oceguera Cervantes, "El Mencho", ante los aplausos de su audiencia. El Grupo Firme, sinaloenses radicados en Tijuana, han debido suspender conciertos porque les amenazan públicamente que, de llevarlos a cabo, los matarán a ellos y a todos quienes en su equipo trabajan. Lo mismo hizo Peso Pluma cuando no se presentó en Tijuana debido a amenazas de un cártel.

En los narcocorridos, tan de moda en el regional mexicano manipulado por ese sector criminal, lo que impera es la narcocultura, el enviar una y otra vez el mensaje de ensalzar a los criminales, de presumir sus actividades ilícitas, de reconocerles la criminalidad y los actos delictivos que comenten produciendo, distribuyendo drogas en México y otros países.

Pero en esos otros países sí actúan, funcionarios de la Administración de Trump en la Unión Americana confirmaron a medios de comunicación que a los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco les fue retirada la visa para internarse en aquel país, al relacionarse de manera pública con un narcotraficante por el cual aquel Gobierno ofrece 15 millones de dólares de recompensa por información que lleve a su captura, y cuya organización mafiosa ha sido catalogada como terrorista en los Estados Unidos.

Hace no muchos días, otro mexicano fue encarcelado en los Estados Unidos, Ángel del Villar, promotor de grupos de regional mexicano y cabeza de la discográfica Del Enterneintment, quien fue hallado culpable de conspiración para realizar transacciones con narcotraficantes, así como otros 10 cargos, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Del Villar, fue relacionado con Jesús Pérez Alvear, un productor también mexicano asociado, de acuerdo a autoridades de la Unión Americana, al lavado de dinero con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del "Mencho", y para los temibles Cuinis.

En México, sin embargo, no hay autoridad que investigue a estas organizaciones, promotoras, representantes, cantantes o disqueras, por la relación que pudieran tener con los criminales a los que a través de su música enaltecen, contribuyendo con ello, a ese clima de impunidad, corrupción y complicidad, tan característico de un narcoestado que ya promueve abiertamente en conciertos masivos la narcocultura en un país que parece haber tomado un rumbo muy equivocado.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.