El Juez dictó que sólo deberá hacer “acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original”.
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viernes, 15 de julio de 2022
Exfuncionario que “perdió” expediente de la Casa Blanca de EPN libra proceso: Reforma
lunes, 30 de mayo de 2022
Con una disculpa pero sin devolver el documento, implicados en robo del expediente sobre “La Casa Blanca” logran frenar su proceso
Dos exfuncionarios federales —uno de ellos actual subsecretario de la Contraloría del gobierno de Alfredo del Mazo— libraron el proceso penal abierto en su contra y el eventual juicio a través de una salida alterna. El destino del expediente perdido aún no se ha esclarecido.
Dos exfuncionarios federales implicados en el robo del expediente de la investigación abierta en el sexenio pasado por el caso conocido como “La Casa Blanca”, entre ellos, uno que funge actualmente como subsecretario de la Contraloría del gobierno del Estado de México, lograron que un juez frenara el proceso penal abierto en su contra y la posibilidad de ir a juicio, sin regresar los documentos y sin que se les aplicaran las penas por el delito que habrían cometido.
Para reparar el daño, en cambio, se comprometieron a hacer trabajo social y a pedir una disculpa prometiendo que algo similar no volverá a ocurrir. Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) se opusieron a que el caso terminara de esta forma, los imputados lograron con apelaciones y amparos la suspensión de su proceso.
Revelan carpetazo a la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto
De acuerdo con una nota del diario La Jornada, el caso concluyó con sanciones a exfuncionarios que fueron identificados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los presuntos actos ilícitos.
La nota firmada por Gustavo Castillo señaló que se sancionó a exfuncionarios que fueron identificados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos.
lunes, 15 de marzo de 2021
Exfuncionarios denunciados por robar expediente de "La Casa Blanca" trabajan en Edomex
Dos de los tres exfuncionarios denunciados por la SFP por presuntamente haber robado el expediente del caso de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto trabajan actualmente en la Contraloría del gobierno del Edomex.
Al menos dos de los tres exfuncionarios que denunció la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntamente sustraer el expediente original sobre el probable conflicto de interés del expresidente Enrique Peña Nieto con Grupo Higa -por el caso de la llamada “La Casa Blanca- trabajan en la Secretaría de la Contraloría del gobierno del Estado de México.
Se trata de Gabriel Carreño Camacho y Jesús Antonio Suárez Hernández, ambos denunciados penalmente por la Secretaria de la Función Pública (SFP) por su probable responsabilidad en el ejercicio ilícito del servicio público.
viernes, 12 de marzo de 2021
Juez procesa a subsecretario de Del Mazo por robo de expediente de La Casa Blanca
La carpeta con las evidencias del caso fue robada de la bóveda de la SFP en el sexenio pasado y hasta el día de hoy no aparece. El exfuncionario federal junto con dos personas más fueron imputadas por ejercicio indebido del servicio público.
Un juez federal vinculó a proceso penal al actual subsecretario de la Contraloría del gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México, por su probable responsabilidad en la sustracción y desaparición del expediente que la Secretaría de la Función Pública (SFP) integró el sexenio pasado por el caso conocido como La Casa Blanca.
Se trata de José Gabriel “N”, quien en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se desempeñó como subsecretario de la SFP y antes como director de Responsabilidades de la misma dependencia. Actualmente es el titular de la Subsecretaría de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.
jueves, 20 de agosto de 2020
Grupo Higa sí ayudó a EPN con la “casa blanca” y facilitó propiedad de Malinalco a Videgaray: Lozoya
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, Hinojosa Cantú era tratado como socio por el Gobierno peñista y fue impulsado en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra. Sin embargo, esto cambió luego de la investigación periodística sobre la “casa blanca”.
El Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, le habría facilitado la “casa blanca” al expresidente Enrique Peña Nieto, y la casa de Malinalco al exsecretario Luis Videgaray, mismas que habrían desatado un escándalo político por el que supuestamente canceló el proyecto del tren México-Querétaro, según dijo Emilio Lozoya Austin en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR).
martes, 24 de diciembre de 2019
El refinanciamiento de Pemex, el peso fortalecido y la inflación controlada bajan riesgo país: analistas
“No aumentó la deuda pública en términos reales y vamos a ver como estamos con el precio de combustibles y señalar a quienes abusan”, dijo el Presidente López Obrador ayer desde Palacio Nacional. De acuerdo con expertos consultados por Reuters, una rígida disciplina fiscal, aunada a la restricción del gasto público, una inflación contenida y el refinanciamiento de pasivos de Pemex, han sido los factores para alejar la posibilidad de impagos.
En los días que van de diciembre, el peso se ha apreciado 3.02 por ciento frente al dólar, o 59 centavos, y a la par se observó una disminución del riesgo país en México, afirmó la analista de Banco Base, Gabriela Siller.
Entre el 11 y el 17 de diciembre las posiciones especulativas netas, a la espera de una apreciación del peso registradas en el Mercado de Futuros de Chicago, subieron de forma considerable: 21 mil 619 contratos, cada uno de 500 mil pesos.
viernes, 31 de agosto de 2018
El tema de la Casa Blanca “impactó negativamente en la credibilidad de la institución presidencial”: Peña
“El tema de la casa Blanca impactó negativamente en la credibilidad de la institución presidencial, y lo lamento. En todo momento, el quehacer de este gobierno ha sido enriquecido por la crítica y siempre hemos respetado la libertad de expresión”, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter.
viernes, 24 de agosto de 2018
#LaCasaBlanca: SAT debe informar si Angélica Rivera presentó una “declaración fiscal hechiza”: Pérez de Acha
El SAT tiene que responder si tiene la declaración fiscal de la esposa de Peña Nieto y si no fuera así, "incurriría en una responsabilidad penal. Pero si responde 'sí' y no coincide (con lo que publicó en Internet) el montaje televisivo se vendría abajo", dijo el abogado.
Ante la sospecha de que Angélica Rivera pudo haber presentado una “declaración fiscal hechiza”, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe informar si la esposa del presidente Enrique Peña Nieto hizo o no el correspondiente pago de impuestos por los 130 millones de pesos que le dio Televisa al concluir su contrato de exclusividad, aseguró Luis Pérez de Acha.
viernes, 26 de agosto de 2016
Informe confirma que intentaron hackear el celular de periodista que investigó la “casa blanca”
Hace un año, cuando el equipo de Aristegui Noticias reveló que la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, era propietaria de una casa que le compró a la empresa OHL, uno de los reporteros encargados de la investigación fue víctima de un intento de espionaje gracias al software Pegasus.
Ciudad de México, 26 de agosto (SInEmbargo).– El periodista Rafael Cabrera, integrante del equipo de investigación de Aristegui Noticias, fue víctima de un intento de espionaje, de acuerdo con un informe de seguridad informática.
El informe de Lookout y Citizen Lab, con sede en la Facultad Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, detalla que fue a través de mensajes que llegaron al Iphone del periodista que se intentó obtener información sobre él.
Los mensajes, que supuestamente eran enviados por Uno TV, un servicio la empresa Telcel, hacían referencia a información sobre la llamada “casa blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, reportaje en el que el periodista mexicano participó.
En los mensajes se enviaba una hipervínculo al que el reportero tenía que , de acuerdo con las características del software Pegasus, un programa de espionaje, era necesario para hacerse de la información.
El intento de espionaje se dio justo hace un año, cuando a través de sus redes sociales el reportero denunció que le llegaron mensajes del servio de noticias, pero el remitente correspondía a un número de celular. En ese momento, UnoTV desmintió que los mensajes hubiesen salido de sus servidores, por lo que Cabrera solicitó la ayuda de Citizen Lab, que ha alertado sobre la mecánica y peligrosidad de dicho software.
Finalmente, el informe confirmó que Cabrera fue objeto de un hackeo, o al menos de un intento.
Pegasus es la herramienta, pero una persona, ya sea como particular o como institución, tiene que hacer uso de ella en contra de alguien en específico.
El periodista compartió los mensajes a través de sus redes sociales. Imagen: Especial
La agencia de noticias AP reportó que un intento fallido para ingresar al iPhone de un activista árabe por medio de un software de espionaje, hasta ahora desconocido, derivó en una actualización mundial del sistema operativo de Apple para dispositivos móviles, dieron a conocer investigadores el jueves.
El spyware se aprovecha de tres debilidades previamente desconocidas en el sistema operativo de Apple para móviles con el fin de tomar control total de los iPhone, de acuerdo con reportes publicados el jueves por Lookout, una organización de seguridad para smartphones con sede en San Francisco, y Citizen Lab, un grupo de monitoreo de internet. Según ambos reportes, el autor del software espía es NSO Group, una empresa israelí.
“Jamás se ha pillado antes al autor de la amenaza”, dijo Mike Murray, un investigador de Lookout, quien describió al programa como “el paquete de spyware más sofisticado que hayamos visto en el mercado”.
Detallaron cómo un iPhone podía quedar completamente indefenso al ser tocado solo con un dedo, un truco tan codiciado en el mundo del ciberespionaje que un agente de este tipo de programas dijo que en noviembre pasado pagó una recompensa de un millón de dólares a programadores que hallaron la manera de hacerlo.
Una indefensión así le daría a los hackers el control total del celular, permitiéndoles escuchar sus llamadas, guardar sus mensajes, activar sus cámaras y micrófonos, y descargar la información personal almacenada en el aparato.
Arie van Deursen, profesor de ingeniería de software en la Universidad Delft de Tecnología en Holanda, dijo que ambos informes son creíbles y preocupantes. El experto en asuntos forenses Jonathan Zdziarski describió al programa maligno como “un peligroso software espía”.
Apple indicó en un comunicado que resolvió la vulnerabilidad inmediatamente después de enterarse de su existencia, pero la falla hubiera seguido sin remediar si no hubiera sido por la cautela de un activista por los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos.
Ahmed Mansoor, conocido por su activismo en su ramo, alertó primero a Citizen Lab sobre el software espía tras recibir un inusual texto el 10 de agosto. El misterioso mensaje, que prometía revelar detalles sobre tortura en las prisiones de los Emiratos, incluía un enlace sospechoso al final.
Mansoor tuvo dudas. A él no solo lo habían encarcelado, golpeado, robado y privado de su pasaporte durante años, sino que también había estado en medio de casos de escuchas electrónicas. De hecho, ya tenía la dudosa distinción de haberse librado de ataques de dos diferentes spyware comerciales. Y cuando compartió el mensaje sospechoso con Bill Marczak, investigador de Citizen Lab, se dieron cuenta que había sido víctima de otra agresión.
Marczak, que ya estaba examinando al NSO Group, dijo que él y su colega investigador John Scott-Railton recurrieron a Lookout en busca de asistencia para desmantelar al programa nocivo, un proceso al que Murray comparó con “desactivar una bomba”.
“Es asombroso el nivel que han alcanzado para evitar la detección”, dijo de los fabricantes del programa. “Tienen un sistema de autodestrucción que se activa con el menor de los movimientos”.
Después de un intenso trabajo de dos semanas, los investigadores encontraron que Mansoor fue blanco de un programa informático inusualmente sofisticado cuya activación posiblemente costó una pequeña fortuna.
“Ahmed Mansoor es un defensor de los derechos humanos valuado en un millón de dólares”, declaró Scott-Railton.
En un comunicado en el que no reconoce que el programa informático espía sea suyo, el NSO Group dijo que su misión era dotar a “gobiernos autorizados de la tecnología que los ayude a combatir el terrorismo y la delincuencia”.
La compañía dijo no estar enterada de ningún incidente en particular y señaló que no haría más declaraciones.
El aparente descubrimiento de spyware de fabricación israelí dirigido contra un disidente en los Emiratos Árabes Unidos genera cuestionamientos difíciles para ambos países.
La utilización de tecnología israelí para vigilar a sus propios ciudadanos es una estratégica incómoda para un país árabe que carece de relaciones diplomáticas formales con el Estado judío. Y la complicidad israelí en un ataque cibernético contra un disidente árabe parecería contradecir la autodescripción del país como un bastión de la democracia en el Oriente Medio.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/26-08-2016/3084949
viernes, 19 de agosto de 2016
Peña Nieto no usó casa de Hinojosa Cantú para actos de campaña: TEPJF
En noviembre de 2014, días después de la difusión del polémico reportaje, el portal Aristegui Noticias publicó otra investigación sobre la existencia de una residencia ubicada en la calle Monte Tauro, también propiedad de Hinojosa Cantú, que fue utilizada por el hoy presidente para realizar actos de precampaña, campaña y actividades del periodo de transición dos atrás.
A dos años de esa publicación, este viernes el mismo medio de comunicación informó que el TEPJF confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), en el sentido de que Peña Nieto usó el inmueble para “actividades privadas” y no para actividades de precampaña o de campaña.
“Existe el reconocimiento de que en ese domicilio, de manera ocasional, se realizaron actividades privadas no definidas, así como dos entrevistas con medios de comunicación, una de ellas coincidente con el periodo de precampaña, sin embargo, de su examen integral no es posible llegar a la convicción de que en ese inmueble se hayan llevado a cabo actos de precampaña o campaña”, aseguró el Tribunal en la sentencia publicada en estrados electrónicos.
De acuerdo con Aristegui Noticias, al resolver el SUP-RAP-12/2016 y SUP-RAP-16/2016, la Sala Superior determinó que — contrario a lo sostenido por los partidos Morena y PRD, “el Consejo General del INE valoró correctamente los elementos de prueba recabados durante la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización, la cual revisó la información relacionada con las actividades desarrolladas en el inmueble, el contenido de las entrevistas, así como sobre la propiedad y el uso de dicho inmueble”.
Aprobada por unanimidad, la resolución agregó que “La Unidad Técnica de Fiscalización practicó una investigación conforme al marco normativo constitucional, legal y reglamentario vigente, así como a los principios que rigen las atribuciones de fiscalización de la autoridad responsable”.
Las entrevistas
Sobre las actividades realizadas en la otra casa de Higa al servicio de EPN –aseguró el reporte del portal—“en autos constan distintos elementos de prueba como la nota periodística publicada en Aristegui Noticias el 23 de noviembre de 2014 donde se refiere la pregunta que realizó la periodista Carmen Aristegui a Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, respecto a la presencia de Peña Nieto en una residencia de las Lomas de Chapultepec.
La respuesta enviada desde Los Pinos y entregada por escrito a MVS fue:
“El señor Presidente de la República en la época de transición, es decir, durante el periodo en que fue declarado presidente electo y la fecha de su toma de posesión, utilizó una casa que le facilitaba el licenciado Humberto Castillejos Cervantes, con el propósito de sostener reuniones privadas. Cabe señalar que este inmueble fue rentado por el licenciado Castillejos, desde el año 2011 y hasta esta fecha en la que su contrato sigue vigente con una empresa del señor Hinojosa… Por otro lado, es importante precisar que durante la época que fue precandidato y candidato, también acudió ocasionalmente a realizar actividades privadas y algunas entrevistas en ese lugar…”.
El reporte añadió que la Unidad Técnica de Fiscalización cuestionó sobre el tema al entonces coordinador de la campaña electoral Luis Videgaray Caso –actual secretario de Hacienda y Crédito Público–, quien dijo que “hasta donde recuerda, el inmueble se visitó en algunas ocasiones y en forma esporádica para realizar actividades privadas, porque no se utilizó para fines de campaña, agrego que tal vez se hicieron un par de entrevistas con medios de comunicación…”.
Las entrevistas a las que se refirió la autoridad electoral ocurrieron el 17 de enero de 2012 con la periodista Katia D´Artigues del diario El Universal y el2 de julio de 2012 con el periodista Mario González de CNN.
De acuerdo con el reporte, las respuestas de D´Artigues en la entrevista que dio a la periodista Carmen Aristegui el 1 de diciembre de 2014 y que consignó al atender un requerimiento de la autoridad electoral, “en modo alguno revelan que el inmueble en el cual le concedieron la entrevista del 17 enero 2012 se tratara de una casa de precampaña o una casa de campaña; lo descrito por la periodista en modo alguno evidencia que dicho inmueble estuviera utilizado para la planeación y organización de actos relativos a campaña o relacionados a propaganda electoral o actividades para dar a conocer su futura candidatura; o hayan tenido lugar reuniones públicas para atraer electores o sostener encuentros directos con potenciales votantes”.
Respecto a la entrevista de Mario González a Enrique Peña Nieto para CNN — el 2 de julio de 2012— es decir, en el periodo de transición, la autoridad consideró que “este elemento no puede vincularse con alguna irregularidad en materia de fiscalización”.
La nota señaló que en el expediente de la Unidad Técnica de Fiscalización “consta que el inmueble ubicado en la calle de Monte Tauro es propiedad de Inmobiliaria Bicentenario, el cual fue rentado desde 2011 a Alfonso Humberto Castillejos Cervantes por un monto mensual de 70 mil pesos”.
El documento agregó: “No existen indicios que permitan poner en entredicho la celebración de contrato de arrendamiento entre Inmobiliaria Bicentenario y Alfonso Humberto Castillejos Cervantes; la capacidad económica del arrendatario es ajeno a la litis que se centra en la utilización del inmueble mencionado”.
De acuerdo con la nota, “para el Tribunal y el INE, la otra casa de Higa, al servicio de Peña, ya es caso cerrado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/451655/pena-nieto-uso-casa-hinojosa-cantu-actos-campana-tepjf
domingo, 14 de agosto de 2016
Palabrería hueca, la respuesta automática ante las “Casas Blancas”
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Según el gobierno federal, los medios internacionales que investigan las propiedades inmobiliarias del primer círculo presidencial “faltan a la verdad”, especulan “de manera dolosa” y hasta “orientan a sus reporteros a predecir el futuro”, como en el caso reciente de The Guardian, o “carecen de rigor” al hacer la conversión de “viejos” a “nuevos pesos”, como sucedió con la agencia Reuters, o ignoran que al primer mandatario mexicano “no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”, en respuesta a The Wall Street Journal.
Esas son las expresiones utilizadas por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, quien desacredita de forma automática, pero no aclara las dudas y menos aporta información. El regaño, los reproches, el silencio o la descalificación han sido el “recurso del método” de Sánchez para enfrentar los crecientes escándalos en torno a las propiedades inmobiliarias de la primera dama, Angélica Rivera; del presidente, Enrique Peña Nieto, y hasta del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, exhibido porThe Wall Street Journal y la agencia Bloomberg.
El caso más reciente ocurrió con el periódico británico The Guardian, a raíz de la publicación de un reportaje firmado por los reporteros José Luis Montenegro y Julio C. Roa. El texto revela que el empresario mexicano Ricardo Pierdant, amigo de Peña Nieto desde sus tiempos de estudiantes en la Universidad Panamericana, pagó 29 mil dólares de impuestos correspondientes al departamento que aparece como propiedad de Angélica Rivera.
Según el reportaje, Rivera ocupa no sólo el departamento 304 (que adquirió desde 2005 por 1.8 millones de dólares), sino también el 404, adquirido en 2009 por Pierdant y registrado a nombre de la empresa Biscayne Ocean Holdings. Ambos están en la misma torre de condominios en Key Biscayne, una de las zonas más exclusivas de Miami.
Pierdant es señalado en el texto como un “potencial contratista” del gobierno federal porque “hay reportes de que una de las compañías del empresario, Grupo Pierdant, está en la contienda para ganar contratos gubernamentales que le permitan desarrollar puertos marítimos en México”.
En Estados Unidos, Pierdant es cofundador de la empresa DecoBikes, un programa para compartir bicicletas en Miami y San Diego. “El aparente conflicto de interés entre su otra compañía, Grupo Pierdant, y la primera dama, hace eco del ocurrido con la Casa Blanca”, anotó The Guardian.
Antes de la publicación de este reportaje, el área de investigación de la cadena televisiva Univisión reveló que Angélica Rivera liquidó los 1.3 millones de dólares que le restaban a su adeudo inmobiliario por 35 años en 2011, “dos meses después de haber contraído matrimonio con Peña Nieto”.
Pierdant no respondió ni a The Guardian ni a Univisión cuando le solicitaron aclarar por qué la compañía Biscayne Ocean Holdings, de su propiedad, pagó los impuestos del departamento 304 en el condominio Ocean Tower One.
“Después de ese pago de marzo de 2014, en que la compañía de Pierdant liquidó los impuestos de ambos departamentos, los años siguientes la empresa de la primera dama ha cubierto los suyos. Pierdant, por su parte, adeuda actualmente al condado de Miami 86 mil dólares de los impuestos del apartamento a nombre de una compañía de él, por los años fiscales 2014 y 2015, según registros públicos de Miami-Dade”, abundó la nota de Univisión, firmada por Gerardo Reyes, Peniley Ramírez y David Adams.
Fuente: Proceso
Autor: Jenaro Villamil
http://www.proceso.com.mx/450902/palabreria-hueca-la-respuesta-automatica-ante-las-casas-blancas
miércoles, 10 de agosto de 2016
Otra vez un amigo, una propiedad, la Primera Dama; ha salido caro a EPN no rendir cuentas, resumen
Los escándalos inmobiliarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto continúan como en cascada. De haber puesto acento especial en el ámbito de la Transparencia y la Rendición de Cuentas, la figura presidencial no habría resultado con tanto daño, indican observadores de la política nacional. No ha pasado un mes de su petición de perdón por la “casa blanca” y es de nueva cuenta una propiedad inmobiliaria la que pone al Presidente y a su esposa, Angélica Rivera, en el centro de la suspicacia. El diario inglés The Guardian asegura que la llamada Primera Dama usa un departamento de lujo en Miami, que es propiedad de un posible contratista del Gobierno. Mientras, la Secretaría de la Función Pública -dependencia eje del combate a la corrupción- permanece acéfala.
En jaque. Bajo los espejos de la suspicacia. Frente a posibles y potenciales escándalos. Así es como se mantienen los políticos mexicanos debido a la inconsistencia de sus declaraciones patrimoniales y la resistencia a la Transparencia y Rendición de Cuentas, desde el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; los Secretarios de Estado, los Gobernadores estatales hasta los alcaldes … Y también, aunque sin ser funcionaria pública, la esposa del Primer Mandatario, Angélica Rivera Hurtado.
Es ella, otra vez, la imagen de un nuevo escándalo. Es quien, de nuevo, por una propiedad inmobiliaria de lujo hasta ahora desconocida en su peculio, se encuentra en el punto crítico del ámbito gubernamental. El diario británico The Guardian sostiene que la esposa del Presidente de la República usa un departamento de dos millones de dólares en Cabo Vizcaya, en el sur de Miami Beach. La propiedad es de Grupo Pierdant, una empresa que podría significar un conflicto de interés si es que recibe contratos de la presente Administración.
Es un paisaje de costos altos que según observadores de Transparencia y politólogos pudo evitarse muy bien si el Presidente de la República hubiera puesto dedicación especial al ámbito de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y en consecuencia, al Combate a la Corrupción. No sólo hablan de la legislación, también del ejercicio.
Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exclama frente al reciente escándalo inmobiliario: “Queda claro que hay un desdén hacia la Transparencia y una convicción personal de resistencia. No hay voluntad política. El Presidente ha dicho que es parte de nuestra cultura. Pero es falta de voluntad. Entonces, lo hace a cuenta gotas, con menoscabo, cuando la Transparencia debe ser un ejercicio exhaustivo”.
Después de la revelación periodística del equipo de Noticias MVS de la llamada “casa blanca”, el Presidente Enrique Peña Nieto dio marcha atrás a sus planes de desaparecer a la Función Pública y promulgó la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero la propuesta de decenas de Organizaciones no Gubernamentales de que la declaración patrimonial de los servidores públicos incluyera bienes patrimoniales, obligaciones fiscales; además de posibles conflictos de interés –la Ley 3de3– no pasó. Tampoco se volvió obligatoria. De modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad del político. Informa lo que quiere y si es que quiere.
Ernesto Gómez Magaña, de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, expone que el primer eslabón de una cadena que debe hacerse cuanto antes es la declaración patrimonial. “Tal como quedó, la declaración patrimonial de los políticos mexicanos escapa a los estándares internacionales. Más que clave de confianza, es fuente de suspicacia. Los funcionarios de todos los ámbitos generan más lagunas que precisiones cuando declaran sobre sus fortunas”, expone.
Al cierre de este texto y horas después de la publicación de The Guardian, de la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún colgaba la declaración patrimonial actualizada al 31 de mayo de 2016 por el Presidente de la República. El documento tiene el mismo contenido que tanto fue cuestionado en medio del escándalo de la “casa blanca”. No muestra escrituras públicas, documentos contractuales ni otros instrumentos que ayudarían a tener claro el origen de su fortuna. Expone que seis de las nueve propiedades que posee le fueron donadas por su padre o su madre, mientras una le fue heredada por quien fuera su esposa, Mónica María Pretelini Sáenz. Sólo compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años de edad.
Por la casa que adquirió en 1982 –en su adolescencia, con esos 15 años– pagó 924 viejos pesos. Según el documento, el 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento en Acapulco con un valor de 2.6 millones de pesos. El traspaso tuvo que haber ocurrido en vida de Pretelini porque ella falleció seis años después. El valor de sus propiedades no está actualizado. En algunas, está expresado en viejos pesos, lo que genera confusión más que certeza.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla y uno de los autores del Índice de Impunidad México. Frente al nuevo affair que ocupa las planas de los periódicos, piensa que todos los escándalos de corrupción en el futuro pueden ser subsanados desde ahora con un recurso que en apariencia es simple: la declaración detallada de posibles conflictos de interés. No se aleja de lo que piensa Alejandro González de la Organización no Gubernamental Gestión Social (Gesoc), quien sostiene que la declaración del Presidente aún carece de detalles y tales huecos abren una gran zanja de suspicacia.
LA PRIMERA DAMA, OTRA VEZ
Nada obliga a la esposa del Presidente a la Rendición de Cuentas. Su papel escapa de toda legislación y reglamento. Pero vista desde la lupa de la Transparencia y a estas alturas, ya no se trata de un personaje que pueda esconderse en los entretelones, ni bajo el traje del bajo perfil. Hoy, de nuevo, es ella la protagonista del escándalo.
Villanueva Villanueva exclama: “Estamos en una situación de claroscuros. Ella no ejerce recursos públicos. Pero de manera directa o indirecta vive cerca de ellos. Tras la experiencia de este sexenio, es una figura que más que nunca debe ser regulada”.
El nombre de Angélica Rivera Hurtado ha generado una lista de preguntas durante la presente administración ante el INAI. Y hasta ahora, para no especificar cuánto gasta, la Presidencia, apegada a la Ley, responde siempre que ella no es funcionaria pública. El Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de julio de 2013 registra las compras, pagos y erogaciones por capítulos, conceptos y partidas de los funcionarios públicos y en efecto, Rivera Hurtado no aparece ahí ni por asomo.
Pero nada detiene las preguntas que su ser ha generado ante el INAI. Los ciudadanos han pedido el presupuesto para regalos navideños, el reporte de su gasto del viaje realizado al Vaticano, otro tipo de viajes, gastos de ella y sus hijas, acompañantes, guardarropa, staff, asistentes, asesores, cuánto se le paga a su maquillista Alfonso Whaitsman, el contrato con la empresa que montó su sitio web, así como su agenda de trabajo. Todo, para la Presidencia, está declarado como “inexistente”.
En cuanto a los gastos, las solicitudes han sido turnadas a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, la cual ha indicado en varios oficios: “… Hago de su conocimiento que derivado de una búsqueda exhaustiva tanto en el estado del ejercicio del presupuesto asignado al Ramo 02 Oficina de la Presidencia de la República, como en los registros físicos y electrónicos que obran en la DGFP [Dirección General de la Función Pública], no se identificaron erogaciones presupuestarias por los conceptos requeridos…”.
EL PRESIDENTE PEÑA NIETO Y LA TRANSPARENCIA
Hace 16 años, la Transparencia y la Rendición de Cuentas se convirtió en el ámbito estelar del Gobierno federal. Era 2000, había cambiado el siglo y en México había ganado por primera vez un político que no provenía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De Acción Nacional (PAN), el entonces Presidente Vicente Fox Quesada promulgó la Ley General de Transparencia en 2002 que dio origen al Instituto Federal de Acceso a al Información (IFAI, hoy INAI).
Con este avance legislativo, México se convirtió en la inspiración para otros países latinoamericanos como Chile. Así lo reconoció el presidente del Consejo para la Transparencia de ese país, Raúl Urrutia, en agosto de 2005, en una visita a nuestro país.
El impulso por la Transparencia se redujo cuando Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), también panista, llegó a la Presidencia y su política se concentró en el combate al crimen organizado. Para 2010, las cosas habían cambiado. The Corruption Perceptios Index (CPI), un reporte anual de Transparencia Internacional, puso a México en la posición 98 y a Chile en la 21.
En 2012 ganó de nuevo el PRI con Enrique Peña Nieto como candidato. Y la Transparencia se marchitó. En su Plan Nacional de Desarrollo (PND), el documento impronta de los Presidentes mexicanos, le dedicó sólo tres párrafos y no expuso ninguna ruta de lo que pensaba hacer en ese ámbito pese a que se proponía impulsar un andamiaje de reformas estructurales en los sectores educativo, económico y petrolero.
Aunado a ello, la Secretaría de la Función Pública se mantuvo acéfala durante 17 meses. Conforme a la Reforma de la Ley de Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, debía desaparecer para dar paso a la Comisión Nacional Anticorrupción; de modo que sobrevivió con un encargado de despacho mientras el Gobierno transcurría.
En campaña, ante Notario Público, Enrique Peña Nieto presentó una lista de 266 compromisos. El número uno fue crear esa Comisión que abatiría la corrupción. Pero pronto, las cosas cambiaron. No fue el combate a la corrupción un tema en su Primer Informe de Gobierno. Tampoco en el Segundo. Menos en el tercero. La noche del 19 de agosto de 2014 en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, defendió que en cuanto a la corrupción en México, “hay un tema cultural, lamentablemente”.
La “casa blanca” modificó el panorama. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade Martínez fue nombrado por el Presidente Secretario de la Función Pública. Para esta decisión de trascendencia no obstó la amistad del político con Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que surgió en 1986 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.
Andrade Martínez tuvo el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido. Ambos le dieron propiedades con condiciones relajadas. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a precios más baratos del mercado.
En agosto de 2015 los exoneró de cualquier conflicto de interés. Luego, el 18 de julio de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Horas antes, Andrade Martínez presentó su renuncia. Los suyos fueron 17 meses de gestión durante los cuales percibió dos millones 380 mil pesos.
Como en una historia circular, la Secretaría de la Función ha vuelto a estar vacante. El cargo, figura central del combate a la corrupción, implica una percepción bruta de 205 mil 122 pesos al mes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/LINALOE R FLORES, ALEJANDRA PADILLA, DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-08-2016/3078238
Es ella, otra vez, la imagen de un nuevo escándalo. Es quien, de nuevo, por una propiedad inmobiliaria de lujo hasta ahora desconocida en su peculio, se encuentra en el punto crítico del ámbito gubernamental. El diario británico The Guardian sostiene que la esposa del Presidente de la República usa un departamento de dos millones de dólares en Cabo Vizcaya, en el sur de Miami Beach. La propiedad es de Grupo Pierdant, una empresa que podría significar un conflicto de interés si es que recibe contratos de la presente Administración.
Es un paisaje de costos altos que según observadores de Transparencia y politólogos pudo evitarse muy bien si el Presidente de la República hubiera puesto dedicación especial al ámbito de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y en consecuencia, al Combate a la Corrupción. No sólo hablan de la legislación, también del ejercicio.
Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exclama frente al reciente escándalo inmobiliario: “Queda claro que hay un desdén hacia la Transparencia y una convicción personal de resistencia. No hay voluntad política. El Presidente ha dicho que es parte de nuestra cultura. Pero es falta de voluntad. Entonces, lo hace a cuenta gotas, con menoscabo, cuando la Transparencia debe ser un ejercicio exhaustivo”.
Después de la revelación periodística del equipo de Noticias MVS de la llamada “casa blanca”, el Presidente Enrique Peña Nieto dio marcha atrás a sus planes de desaparecer a la Función Pública y promulgó la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero la propuesta de decenas de Organizaciones no Gubernamentales de que la declaración patrimonial de los servidores públicos incluyera bienes patrimoniales, obligaciones fiscales; además de posibles conflictos de interés –la Ley 3de3– no pasó. Tampoco se volvió obligatoria. De modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad del político. Informa lo que quiere y si es que quiere.
Ernesto Gómez Magaña, de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, expone que el primer eslabón de una cadena que debe hacerse cuanto antes es la declaración patrimonial. “Tal como quedó, la declaración patrimonial de los políticos mexicanos escapa a los estándares internacionales. Más que clave de confianza, es fuente de suspicacia. Los funcionarios de todos los ámbitos generan más lagunas que precisiones cuando declaran sobre sus fortunas”, expone.
Al cierre de este texto y horas después de la publicación de The Guardian, de la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún colgaba la declaración patrimonial actualizada al 31 de mayo de 2016 por el Presidente de la República. El documento tiene el mismo contenido que tanto fue cuestionado en medio del escándalo de la “casa blanca”. No muestra escrituras públicas, documentos contractuales ni otros instrumentos que ayudarían a tener claro el origen de su fortuna. Expone que seis de las nueve propiedades que posee le fueron donadas por su padre o su madre, mientras una le fue heredada por quien fuera su esposa, Mónica María Pretelini Sáenz. Sólo compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años de edad.
Por la casa que adquirió en 1982 –en su adolescencia, con esos 15 años– pagó 924 viejos pesos. Según el documento, el 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento en Acapulco con un valor de 2.6 millones de pesos. El traspaso tuvo que haber ocurrido en vida de Pretelini porque ella falleció seis años después. El valor de sus propiedades no está actualizado. En algunas, está expresado en viejos pesos, lo que genera confusión más que certeza.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla y uno de los autores del Índice de Impunidad México. Frente al nuevo affair que ocupa las planas de los periódicos, piensa que todos los escándalos de corrupción en el futuro pueden ser subsanados desde ahora con un recurso que en apariencia es simple: la declaración detallada de posibles conflictos de interés. No se aleja de lo que piensa Alejandro González de la Organización no Gubernamental Gestión Social (Gesoc), quien sostiene que la declaración del Presidente aún carece de detalles y tales huecos abren una gran zanja de suspicacia.
LA PRIMERA DAMA, OTRA VEZ
Nada obliga a la esposa del Presidente a la Rendición de Cuentas. Su papel escapa de toda legislación y reglamento. Pero vista desde la lupa de la Transparencia y a estas alturas, ya no se trata de un personaje que pueda esconderse en los entretelones, ni bajo el traje del bajo perfil. Hoy, de nuevo, es ella la protagonista del escándalo.
Villanueva Villanueva exclama: “Estamos en una situación de claroscuros. Ella no ejerce recursos públicos. Pero de manera directa o indirecta vive cerca de ellos. Tras la experiencia de este sexenio, es una figura que más que nunca debe ser regulada”.
El nombre de Angélica Rivera Hurtado ha generado una lista de preguntas durante la presente administración ante el INAI. Y hasta ahora, para no especificar cuánto gasta, la Presidencia, apegada a la Ley, responde siempre que ella no es funcionaria pública. El Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de julio de 2013 registra las compras, pagos y erogaciones por capítulos, conceptos y partidas de los funcionarios públicos y en efecto, Rivera Hurtado no aparece ahí ni por asomo.
Pero nada detiene las preguntas que su ser ha generado ante el INAI. Los ciudadanos han pedido el presupuesto para regalos navideños, el reporte de su gasto del viaje realizado al Vaticano, otro tipo de viajes, gastos de ella y sus hijas, acompañantes, guardarropa, staff, asistentes, asesores, cuánto se le paga a su maquillista Alfonso Whaitsman, el contrato con la empresa que montó su sitio web, así como su agenda de trabajo. Todo, para la Presidencia, está declarado como “inexistente”.
En cuanto a los gastos, las solicitudes han sido turnadas a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, la cual ha indicado en varios oficios: “… Hago de su conocimiento que derivado de una búsqueda exhaustiva tanto en el estado del ejercicio del presupuesto asignado al Ramo 02 Oficina de la Presidencia de la República, como en los registros físicos y electrónicos que obran en la DGFP [Dirección General de la Función Pública], no se identificaron erogaciones presupuestarias por los conceptos requeridos…”.
EL PRESIDENTE PEÑA NIETO Y LA TRANSPARENCIA
Hace 16 años, la Transparencia y la Rendición de Cuentas se convirtió en el ámbito estelar del Gobierno federal. Era 2000, había cambiado el siglo y en México había ganado por primera vez un político que no provenía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De Acción Nacional (PAN), el entonces Presidente Vicente Fox Quesada promulgó la Ley General de Transparencia en 2002 que dio origen al Instituto Federal de Acceso a al Información (IFAI, hoy INAI).
Con este avance legislativo, México se convirtió en la inspiración para otros países latinoamericanos como Chile. Así lo reconoció el presidente del Consejo para la Transparencia de ese país, Raúl Urrutia, en agosto de 2005, en una visita a nuestro país.
El impulso por la Transparencia se redujo cuando Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), también panista, llegó a la Presidencia y su política se concentró en el combate al crimen organizado. Para 2010, las cosas habían cambiado. The Corruption Perceptios Index (CPI), un reporte anual de Transparencia Internacional, puso a México en la posición 98 y a Chile en la 21.
En 2012 ganó de nuevo el PRI con Enrique Peña Nieto como candidato. Y la Transparencia se marchitó. En su Plan Nacional de Desarrollo (PND), el documento impronta de los Presidentes mexicanos, le dedicó sólo tres párrafos y no expuso ninguna ruta de lo que pensaba hacer en ese ámbito pese a que se proponía impulsar un andamiaje de reformas estructurales en los sectores educativo, económico y petrolero.
Aunado a ello, la Secretaría de la Función Pública se mantuvo acéfala durante 17 meses. Conforme a la Reforma de la Ley de Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, debía desaparecer para dar paso a la Comisión Nacional Anticorrupción; de modo que sobrevivió con un encargado de despacho mientras el Gobierno transcurría.
En campaña, ante Notario Público, Enrique Peña Nieto presentó una lista de 266 compromisos. El número uno fue crear esa Comisión que abatiría la corrupción. Pero pronto, las cosas cambiaron. No fue el combate a la corrupción un tema en su Primer Informe de Gobierno. Tampoco en el Segundo. Menos en el tercero. La noche del 19 de agosto de 2014 en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, defendió que en cuanto a la corrupción en México, “hay un tema cultural, lamentablemente”.
La “casa blanca” modificó el panorama. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade Martínez fue nombrado por el Presidente Secretario de la Función Pública. Para esta decisión de trascendencia no obstó la amistad del político con Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que surgió en 1986 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.
Andrade Martínez tuvo el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido. Ambos le dieron propiedades con condiciones relajadas. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a precios más baratos del mercado.
En agosto de 2015 los exoneró de cualquier conflicto de interés. Luego, el 18 de julio de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Horas antes, Andrade Martínez presentó su renuncia. Los suyos fueron 17 meses de gestión durante los cuales percibió dos millones 380 mil pesos.
Como en una historia circular, la Secretaría de la Función ha vuelto a estar vacante. El cargo, figura central del combate a la corrupción, implica una percepción bruta de 205 mil 122 pesos al mes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/LINALOE R FLORES, ALEJANDRA PADILLA, DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-08-2016/3078238
Angélica Rivera, #LadyInmuebles
No en balde, la primera llamada de “regaño” proveniente de Los Pinos esta mañana fue para Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia encargada de los contratos y licitaciones en puertos, aeropuertos, carreteras y todos los jugosos negocios de infraestructura del sexenio. Ruiz Esparza invitó a Ricardo Pierdant, junto con Juan Armando Hinojosa, de Grupo HIGA; Olegario Vázquez, de Prodemex, y el director de Puertos de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, a giras para presumirles proyectos de licitaciones de puertos en Altamira y Tuxpan, según consignaron columnas de negocios en su momento.
El nuevo escándalo fue detallado por el reportero José Luis Montenegro en el periódico británico The Guardian. La información señaló lo siguiente:
1. Desde 2005, Angélica Rivera compró un departamento de tres recámaras en Florida en el Ocean Club Tower, con el número 304, en la exclusiva zona de Cabo Vizcaya, al sur de Miami Beach.
2.Todos supimos de este departamento de Miami porque ella lo hizo público en el legendario video de YouTube, de noviembre de 2014, cuando nos explicó a “la prole mexicana” que ella adquirió con el sudor de su frente y su liquidación de Grupo Televisa (88.6 millones de pesos más IVA) el predio ubicado en Paseo de las Palmas 1325 y comenzó a vivir ahí en junio de 2010, cuando aún era novia de Enrique Peña Nieto.
Sobre el departamento de Miami, Rivera dijo en aquella ocasión que “lo adquirí en 2005, en una ciudad en la que viví durante un año con mis hijas”.
3.En 2009, Grupo Pierdant, del empresario Ricardo Pierdant, adquirió en la misma torre del Ocean Club Tower un departamento junto al de Angélica Rivera (el número 404).
4.Bajo el mismo modelo de la fusión inmobiliaria de tres predios que dieron lugar a la Casa Blanca, Rivera utilizó desde 2009 ambas propiedades: su departamento y el de Pierdant. Los departamentos 304 y 404 tienen el mismo número telefónico, afirmóThe Guardian.
Según la nota informativa del rotativo británico, en marzo de 2014 Grupo Pierdant, “un potencial contratista” del gobierno mexicano, pagó los impuestos de ambos departamentos, incluyendo los 29 mil dólares que le corresponderían al departamento de Rivera. El periódico publicó la copia de un documento para acreditar esta aseveración.
Esta operación se produjo un mes antes de que se diera a conocer el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto, que anunció el concurso para ampliar el Puerto Altamira y la construcción de un muelle de carga en Tuxpan, Veracruz.
Antes de que The Guardian publicara esta información, la cadena Univisión realizó otro reportaje destacando que Angélica Rivera tardó sólo seis años (2005-2011) en pagar un préstamo hipotecario de 1.3 millones de dólares para adquirir ese departamento de Miami, a pesar de que tenía de plazo original hasta julio de 2035. En 2011 ya era esposa de Peña Nieto.
“Clases de periodismo” de Eduardo Sánchez
Como en el episodio de noviembre de 2014, el vocero presidencial Eduardo Sánchez minimizó el escándalo. Afirmó que es falso que el departamento referido sea “el hogar” de Angélica Rivera en Florida. Consideró que era “una especulación a todas luces dolosa” que Grupo Pierdant sea potencial contratista del gobierno federal, a pesar de que existen notas y columnas de negocios que señalan lo contrario.
Queriendo dar clases de periodismo, el vocero presidencial lamentó que The Guardian “oriente a sus reporteros a predecir el futuro, más que a confirmar la veracidad de su información”, y sentenció que “el señor Ricardo Pierdant no ha celebrado contratos con el gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso en curso”.
De manera frívola, Sánchez recordó que The Guardian ha publicado “en el pasado reciente” información sobre México que ha sido desmentida. “En algún caso, tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores porque no pudo sostener la veracidad de lo publicado”, afirmó.
El vocero de Peña Nieto hacía referencia a la disculpa –que no desmentido– de The Guardian sobre los contratos firmados entre Televisa y Peña Nieto en su época como gobernador y durante la campaña presidencial de 2012, información muy similar a la que Proceso publicó desde octubre de 2005.
La respuesta de Sánchez fue el mismo argumento que utilizaron los bots financiados desde Los Pinos para desacreditar en redes sociales la nota de The Guardian.
El punto no es sólo la frivolidad, sino el método reiterado de Peña Nieto y de Angélica Rivera para confundir los términos de las relaciones privadas con los contratos públicos.
Desde que ella dio a conocer que Televisa le “donó” una casa en la zona más cara de la Ciudad de México, estaba claro que había un conflicto de interés. Televisa y Angélica Rivera firmaron un contrato desde octubre de 2008 para que la actriz trabajara como “imagen” del gobierno del Estado de México, encabezado por su futuro novio y esposo Enrique Peña Nieto.
La boda entre Peña Nieto y Angélica Rivera se concretó el 27 de noviembre de 2010, junto antes de que se iniciara la precampaña electoral en el Estado de México. Peña Nieto aún era el gobernador en funciones.
Angélica Rivera, en la versión de su famoso video sobre la Casa Blanca, afirmó que en junio de 2010 ella y Televisa terminaron su contrato de 2004 y se le pagó “con un aumento derivado de los resultados de mi trabajo”.
¿Acaso incluía su contrato y su trabajo convertirse en la pareja sentimental de Peña Nieto? ¿Incluyó este contrato el “regalo” de uno de los tres predios que forman parte del conjunto inmobiliario conocido como La Casa Blanca?
Estas preguntas nunca han sido respondidas.
Las mismas dudas vuelven a surgir con su extraño manejo inmobiliario de Miami. ¿A cambio de qué Grupo Pierdant se hace cargo del pago de impuesto predial del departamento de la primera dama? ¿La bonanza económica de Rivera le permitió liquidar su departamento de Miami en sólo cinco años o fue el producto de otro tipo de “arreglos”?
Podrán inventar un nuevo episodio de investigación y exculpación de la primera dama. Lo que quedará claro es que Angélica Rivera dejará de ser La Gaviota de las telenovelas para pasar a la historia como #LadyInmuebles de los escándalos peñistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450391/angelica-rivera-ladyinmuebles
martes, 26 de julio de 2016
Nuevo manotazo del poder contra Aristegui
El jueves 21, la periodista Carmen Aristegui informó de una nueva andanada de MVS, cuyo dueño, Joaquín Vargas, ahora la acusa de daño moral y de paso demanda al conglomerado Penguin Random House suprimir el prólogo que ella escribió para el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, publicado por esa casa editorial. La demandada solicitó al presidente Peña Nieto –quien días antes pidió perdón por “ese error”– que deje de “mecer esa cuna”.
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, decidió escalar su conflicto judicial con Carmen Aristegui –a quien cesó en marzo de 2015 junto con un equipo de 25 reporteros y trabajadores– y la demandó por daño moral, junto a la empresa editorial Penguin Random House.
El querellante exige también al conglomerado editorial la supresión del prólogo de 43 páginas del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró un gobierno, escrito por Aristegui.
La notificación de la demanda por daño moral les llegó a Aristegui y a la editorial el pasado 29 de mayo, aunque ellos la dieron a conocer públicamente el jueves 21 de junio, cuatro días después de que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera “perdón, con toda humildad”, admitiendo que “en noviembre de 2014 la información difundida sobre la llamada ‘Casa Blanca’ causó gran indignación”.
Durante la promulgación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, Peña Nieto afirmó: “No obstante me conduje conforme a la ley, este error (la adquisición de la Casa Blanca y la percepción pública en torno al caso) afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza del gobierno”.
Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el asunto de la Casa Blanca y las demandas contra Aristegui constituyen “un caso de altísimo interés público, sobre todo porque mereció una disculpa pública del propio presidente de la República de México”.
Entrevistado vía telefónica el viernes 22, Lanza sostiene: “Si bien el gobierno mexicano ha dicho que no tiene nada que ver con el despido de la periodista, nos llama la atención que se continúe con las demandas que pueden constituir una forma de hostigamiento”.
–¿Es contradictorio para la relatoría que el presidente mexicano pida disculpas y, por otro lado, MVS demande por daño moral a Aristegui? –se le pregunta.
–Exacto. Sobre todo cuando el propio primer mandatario confirmó que la investigación periodística tuvo un asidero y una verosimilitud. Sorprende que aparezca una nueva demanda. Esta demanda puede tener un efecto amedrentador.
–¿Es hostigamiento por parte de MVS contra Aristegui y contra otro medio de comunicación muy importante, como es la editorial Penguin Random House?
–Es un tema de debate público. Un medio de comunicación como MVS tiene la potencia de dar a conocer su posición y su versión a través de sus propios canales y no someter a la periodista a una serie de demandas mercantiles o civiles y menos incluir un pedido a la editorial para que suprima una parte fundamental de un libro.
Durante el encuentro del jueves 21 con reporteros en las instalaciones de Penguin Random House, el abogado Javier Quijano, quien ha llevado la defensa de Aristegui, precisó que después de que la justicia mexicana le denegó el amparo a la periodista, MVS ha presentado dos demandas mercantiles –una en un tribunal federal y otra en uno capitalino–, además de la reciente por daño moral. Estas demandas, dice, entrañan “un grave riesgo de afectación patrimonial” para la conductora.
“Carmen es objeto de una persecución política. Destruir el prólogo que escribió para el libro equivale a tomar los prólogos incómodos de todos los libros que se publican y quemarlos en una hoguera de la plaza pública. Ellos no pretenden que se corrijan los párrafos, sino que se cancele el prólogo.”
A su vez Lanza precisa que la relatoría prepara un informe y una opinión ante la propia CIDH, que deberá resolver en los próximos meses la demanda que los abogados de Aristegui presentaron en octubre de 2015 contra el Estado mexicano por “obstrucción de la justicia”.
Quijano precisó que decidieron acudir ante el tribunal de la CIDH después de que los jueces en México decidieran negarle el amparo a su cliente, quien argumentó que MVS, al ser concesionario de un bien de interés público, era equivalente a una autoridad pública, sujeta a amparo por sus decisiones que violaban la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.
Los “párrafos malditos”
De acuerdo con la demanda por daño moral interpuesta por Joaquín Vargas, los párrafos del prólogo escrito por Aristegui que afectan la reputación del presidente de Grupo MVS son, entre otros, los siguientes:
“Personalmente lamento el derrumbe moral de Joaquín Vargas y el de sus hermanos, a quienes estimé mucho y sinceramente. Lamento también la carga moral que han transferido al resto de la familia Vargas. Son personas a las que conozco y aprecio desde hace muchos años. Por su perfil e historias propias, pienso que quienes no participaron en las acciones de censura y aniquilamiento no pudieron haber visto con buenos ojos lo que de tan mala manera hicieron a nombre de sus empresas contra los periodistas.
“Con Joaquín y Alejandro Vargas construimos el mejor y más independiente de los espacios de la radio en México. Forjamos juntos un modelo de referencia para ejercer con profesionalismo nuestra tarea. Un buen negocio, también, con los mejores niveles de audiencia. Siempre di por verdadero su compromiso y responsabilidad con los radioescuchas y los creí convencidos de que lo que hacíamos juntos, tanto la empresa como los comunicadores, era en beneficio de México.”
Líneas abajo Aristegui pregunta: “¿Dónde quedaron aquellos Joaquín y Ernesto Vargas de 2012 que enfrentaron a la Presidencia, denunciando presiones que confundían berrinches presidenciales con políticas en telecomunicaciones? ¿Qué fue de Joaquín, Ernesto y Alejandro Vargas en 2015, ahora con un gobierno del PRI? Haciendo a un lado biografía, prestigio y compromisos, aceptaron el papel de instrumento para asestar la puñalada con cobardía.
“Es insoslayable el hecho de que el 17 y 18 de septiembre de 2015 MVS obtuvo de forma expedita, por parte de un tribunal federal, dos fallos favorables en asuntos que estuvieron largamente en litigio: el must carry-must offer (que obliga a Televisa a permitir la retransmisión gratuita de su señal por parte de otras empresas, entre ellas Dish, filial de MVS), así como la concesión de una prórroga al uso de la banda de 2.5 Ghz.”
En estos párrafos, Aristegui recordó el episodio de la histórica conferencia de prensa de Joaquín Vargas, el 15 de agosto de 2012, cuando denunció y documentó las presiones que recibió en febrero de 2011 del presidente Felipe Calderón, del secretario del Trabajo, Javier Lozano, y de la entonces vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, para que no recontratara a Aristegui, a cambio de que le refrendaran las concesiones de la banda 2.5 Ghz (Proceso 1868).
En aquella ocasión, Vargas mostró mensajes que recibió de Javier Lozano, el 13 de febrero de 2011, con las siguientes advertencias: “Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui) a tu proyecto se lo llevó la chingada y te olvidas de este gobierno, hasta su último día”.
Vargas advirtió que en agosto de 2012, en el ocaso del sexenio calderonista, Grupo Televisa y Calderón “mataron dos pájaros de un tiro”, ya que lograron que MVS saliera del mercado “que Televisa quiere avasallar” y “al mismo tiempo sancionaron a quien decidió no doblegarse ante las arbitrariedades de quienes intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda”, en clara referencia a Aristegui.
Cuatro años después de aquel episodio, Joaquín Vargas no ha vuelto a salir a dar ninguna conferencia de prensa ni a aclarar nada sobre la expulsión de Carmen Aristegui y de su equipo, ni a explicar sobre las demandas que ha interpuesto contra la periodista y menos a comentar algo sobre el escándalo de la Casa Blanca.
El vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, Felipe Chao, confirma a Proceso que Joaquín Vargas presentó las dos demandas por daño moral contra Aristegui y la editorial porque en el prólogo del libro hay varias “imputaciones contra él, como que sucumbió a las componendas del poder”.
Y abunda: “No es interés de Joaquín Vargas el dinero sino que (Aristegui) compruebe lo que afirma y se retracte públicamente.
“Por lo que respecta a la parte de la editorial, es que se suprima el prólogo, en tanto se resuelva el litigio. No estamos pidiendo que se retire el libro de la circulación.”
“Difícil, disociar a la Presidencia”
Frente a la posición de MVS, Aristegui respondió que “este tipo de acciones de censura no se hacen públicas. Es a partir de la dinámica de los propios sucesos, de lo que se vivió con la salida, antes, durante y después y del propio antecedente que Joaquín Vargas dio cuando denunció las presiones de Calderón que escribo el prólogo”.
Ahí, agrega, “expongo mi punto de vista, mi vivencia y lo que ocurrió con un grupo de periodistas como el que tuve en MVS”.
–¿Ves una similitud entre lo que ocurrió con tu breve salida del aire en MVS en febrero de 2011 y lo sucedido después del reportaje de la Casa Blanca?
–Están los mismos ingredientes, pero con otro presidente de la República. Eso que Joaquín Vargas narró en voz alta y afirmó que lo habían amenazado no lo suponemos ni tú ni yo. Lo contó él mismo. Es una circunstancia similar.
–Sin embargo, el reportaje de la Casa Blanca tuvo una repercusión mucho mayor desde el punto de vista informativo…
–Son ingredientes idénticos en cuanto a la lógica del poder presidencial frente a los concesionarios. No es el mismo motivo de diferendo. En aquella ocasión hubo una sobrerreacción de Felipe Calderón ante la pregunta que lancé al aire. Ahora estamos hablando de un daño mayor a la Presidencia de la República, que el mismo primer mandatario ha admitido.
–¿Es atribuible al presidente de la República o al poder político la persecución judicial en tu contra?
–Es difícil no diferenciar esta andanada judicial del manotazo del poder. Constituyen un golpe de censura. La lógica de los hechos desde que se publicó el reportaje de la Casa Blanca no puede estar disociada de la Presidencia de la República. Es un continuum de hechos, es una sucesión de demandas que constituyen un claro hostigamiento judicial.
–Dice el vocero de MVS que no les interesa causarte un daño patrimonial…
–Eso es mentira. MVS dice que no le importa el dinero, pero en su demanda sí está el resarcimiento económico que tendrá que determinar un juez. Ahora es peor, porque desde que la Suprema Corte de Justicia eliminó el tope, el resarcimiento puede ser desde 100 pesos hasta 100 millones o, como en el caso de la demanda por daño moral de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, puede ser por 10 millones.
“Hay una clara intención de amedrentar, de hostigar a los periodistas y a los críticos; ese acoso y hostigamiento judicial no se pueden disociar de la Presidencia de la República. Si Peña Nieto es ajeno al asunto, que lo aclare.”
Aristegui, quien estuvo acompañada por los autores del libro La Casa Blanca de Peña Nieto (los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, quienes formaban parte del equipo de investigaciones especiales de la primera emisión de MVS), consideró que existe una “curiosa coincidencia” entre el video que ella subió en marzo de este año para anunciar la salida de un nuevo proyecto editorial independiente y la demanda por daño moral interpuesta en mayo.
–¿Existe alguna coincidencia entre la demanda por daño moral de mayo y el discurso del “perdón” de Peña Nieto del lunes 18?
–Es difícil saberlo. Nosotros decidimos dar a conocer esta demanda cuando vimos el discurso de Peña Nieto. Nos pareció inaudito. Por lo menos, es una esquizofrenia que Peña pida perdón a la sociedad y a los periodistas que dieron a conocer el caso se les persiga judicialmente.
El doctor Lorenzo Meyer, excolaborador en el programa de Aristegui en MVS, consideró que esta demanda por daño moral es una imitación de lo que ha hecho el presidente turco Erdogan para limitar la libertad de expresión.
“Estamos viviendo una especie de Turquía en chiquito. ¿Es eso lo que esperamos en México?”, se preguntó.
Daniel Lizárraga aclaró que durante la elaboración de este texto le pidieron su propia versión a MVS. Nunca respondieron a su solicitud.
Destacó también que en el capítulo cinco del libro, “Usted disculpe”, analizaron las 60 mil fojas del expediente de la Secretaría de la Función Pública sobre el caso de la Casa Blanca y descubrieron que no existe una sola referencia al origen del escándalo: el reportaje publicado el 9 de noviembre de 2014. Fue el propio Peña Nieto quien revivió el tema con su discurso.
En el video que presentó durante la conferencia de prensa del jueves 21, Aristegui increpó a Peña Nieto: “¿De qué perdón estamos hablando señor Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero alcance de sus palabras? ¿Pide perdón por la Casa Blanca y se sigue persiguiendo a los periodistas que la investigaron? ¿Pide perdón por la Casa Blanca pero no cesan los ánimos de venganza?
“Señor presidente, deje de mecer esa cuna”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448623/nuevo-manotazo-del-poder-contra-aristegui
El querellante exige también al conglomerado editorial la supresión del prólogo de 43 páginas del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró un gobierno, escrito por Aristegui.
La notificación de la demanda por daño moral les llegó a Aristegui y a la editorial el pasado 29 de mayo, aunque ellos la dieron a conocer públicamente el jueves 21 de junio, cuatro días después de que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera “perdón, con toda humildad”, admitiendo que “en noviembre de 2014 la información difundida sobre la llamada ‘Casa Blanca’ causó gran indignación”.
Durante la promulgación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, Peña Nieto afirmó: “No obstante me conduje conforme a la ley, este error (la adquisición de la Casa Blanca y la percepción pública en torno al caso) afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza del gobierno”.
Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el asunto de la Casa Blanca y las demandas contra Aristegui constituyen “un caso de altísimo interés público, sobre todo porque mereció una disculpa pública del propio presidente de la República de México”.
Entrevistado vía telefónica el viernes 22, Lanza sostiene: “Si bien el gobierno mexicano ha dicho que no tiene nada que ver con el despido de la periodista, nos llama la atención que se continúe con las demandas que pueden constituir una forma de hostigamiento”.
–¿Es contradictorio para la relatoría que el presidente mexicano pida disculpas y, por otro lado, MVS demande por daño moral a Aristegui? –se le pregunta.
–Exacto. Sobre todo cuando el propio primer mandatario confirmó que la investigación periodística tuvo un asidero y una verosimilitud. Sorprende que aparezca una nueva demanda. Esta demanda puede tener un efecto amedrentador.
–¿Es hostigamiento por parte de MVS contra Aristegui y contra otro medio de comunicación muy importante, como es la editorial Penguin Random House?
–Es un tema de debate público. Un medio de comunicación como MVS tiene la potencia de dar a conocer su posición y su versión a través de sus propios canales y no someter a la periodista a una serie de demandas mercantiles o civiles y menos incluir un pedido a la editorial para que suprima una parte fundamental de un libro.
Durante el encuentro del jueves 21 con reporteros en las instalaciones de Penguin Random House, el abogado Javier Quijano, quien ha llevado la defensa de Aristegui, precisó que después de que la justicia mexicana le denegó el amparo a la periodista, MVS ha presentado dos demandas mercantiles –una en un tribunal federal y otra en uno capitalino–, además de la reciente por daño moral. Estas demandas, dice, entrañan “un grave riesgo de afectación patrimonial” para la conductora.
“Carmen es objeto de una persecución política. Destruir el prólogo que escribió para el libro equivale a tomar los prólogos incómodos de todos los libros que se publican y quemarlos en una hoguera de la plaza pública. Ellos no pretenden que se corrijan los párrafos, sino que se cancele el prólogo.”
A su vez Lanza precisa que la relatoría prepara un informe y una opinión ante la propia CIDH, que deberá resolver en los próximos meses la demanda que los abogados de Aristegui presentaron en octubre de 2015 contra el Estado mexicano por “obstrucción de la justicia”.
Quijano precisó que decidieron acudir ante el tribunal de la CIDH después de que los jueces en México decidieran negarle el amparo a su cliente, quien argumentó que MVS, al ser concesionario de un bien de interés público, era equivalente a una autoridad pública, sujeta a amparo por sus decisiones que violaban la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.
Los “párrafos malditos”
De acuerdo con la demanda por daño moral interpuesta por Joaquín Vargas, los párrafos del prólogo escrito por Aristegui que afectan la reputación del presidente de Grupo MVS son, entre otros, los siguientes:
“Personalmente lamento el derrumbe moral de Joaquín Vargas y el de sus hermanos, a quienes estimé mucho y sinceramente. Lamento también la carga moral que han transferido al resto de la familia Vargas. Son personas a las que conozco y aprecio desde hace muchos años. Por su perfil e historias propias, pienso que quienes no participaron en las acciones de censura y aniquilamiento no pudieron haber visto con buenos ojos lo que de tan mala manera hicieron a nombre de sus empresas contra los periodistas.
“Con Joaquín y Alejandro Vargas construimos el mejor y más independiente de los espacios de la radio en México. Forjamos juntos un modelo de referencia para ejercer con profesionalismo nuestra tarea. Un buen negocio, también, con los mejores niveles de audiencia. Siempre di por verdadero su compromiso y responsabilidad con los radioescuchas y los creí convencidos de que lo que hacíamos juntos, tanto la empresa como los comunicadores, era en beneficio de México.”
Líneas abajo Aristegui pregunta: “¿Dónde quedaron aquellos Joaquín y Ernesto Vargas de 2012 que enfrentaron a la Presidencia, denunciando presiones que confundían berrinches presidenciales con políticas en telecomunicaciones? ¿Qué fue de Joaquín, Ernesto y Alejandro Vargas en 2015, ahora con un gobierno del PRI? Haciendo a un lado biografía, prestigio y compromisos, aceptaron el papel de instrumento para asestar la puñalada con cobardía.
“Es insoslayable el hecho de que el 17 y 18 de septiembre de 2015 MVS obtuvo de forma expedita, por parte de un tribunal federal, dos fallos favorables en asuntos que estuvieron largamente en litigio: el must carry-must offer (que obliga a Televisa a permitir la retransmisión gratuita de su señal por parte de otras empresas, entre ellas Dish, filial de MVS), así como la concesión de una prórroga al uso de la banda de 2.5 Ghz.”
En estos párrafos, Aristegui recordó el episodio de la histórica conferencia de prensa de Joaquín Vargas, el 15 de agosto de 2012, cuando denunció y documentó las presiones que recibió en febrero de 2011 del presidente Felipe Calderón, del secretario del Trabajo, Javier Lozano, y de la entonces vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, para que no recontratara a Aristegui, a cambio de que le refrendaran las concesiones de la banda 2.5 Ghz (Proceso 1868).
En aquella ocasión, Vargas mostró mensajes que recibió de Javier Lozano, el 13 de febrero de 2011, con las siguientes advertencias: “Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui) a tu proyecto se lo llevó la chingada y te olvidas de este gobierno, hasta su último día”.
Vargas advirtió que en agosto de 2012, en el ocaso del sexenio calderonista, Grupo Televisa y Calderón “mataron dos pájaros de un tiro”, ya que lograron que MVS saliera del mercado “que Televisa quiere avasallar” y “al mismo tiempo sancionaron a quien decidió no doblegarse ante las arbitrariedades de quienes intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda”, en clara referencia a Aristegui.
Cuatro años después de aquel episodio, Joaquín Vargas no ha vuelto a salir a dar ninguna conferencia de prensa ni a aclarar nada sobre la expulsión de Carmen Aristegui y de su equipo, ni a explicar sobre las demandas que ha interpuesto contra la periodista y menos a comentar algo sobre el escándalo de la Casa Blanca.
El vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, Felipe Chao, confirma a Proceso que Joaquín Vargas presentó las dos demandas por daño moral contra Aristegui y la editorial porque en el prólogo del libro hay varias “imputaciones contra él, como que sucumbió a las componendas del poder”.
Y abunda: “No es interés de Joaquín Vargas el dinero sino que (Aristegui) compruebe lo que afirma y se retracte públicamente.
“Por lo que respecta a la parte de la editorial, es que se suprima el prólogo, en tanto se resuelva el litigio. No estamos pidiendo que se retire el libro de la circulación.”
“Difícil, disociar a la Presidencia”
Frente a la posición de MVS, Aristegui respondió que “este tipo de acciones de censura no se hacen públicas. Es a partir de la dinámica de los propios sucesos, de lo que se vivió con la salida, antes, durante y después y del propio antecedente que Joaquín Vargas dio cuando denunció las presiones de Calderón que escribo el prólogo”.
Ahí, agrega, “expongo mi punto de vista, mi vivencia y lo que ocurrió con un grupo de periodistas como el que tuve en MVS”.
–¿Ves una similitud entre lo que ocurrió con tu breve salida del aire en MVS en febrero de 2011 y lo sucedido después del reportaje de la Casa Blanca?
–Están los mismos ingredientes, pero con otro presidente de la República. Eso que Joaquín Vargas narró en voz alta y afirmó que lo habían amenazado no lo suponemos ni tú ni yo. Lo contó él mismo. Es una circunstancia similar.
–Sin embargo, el reportaje de la Casa Blanca tuvo una repercusión mucho mayor desde el punto de vista informativo…
–Son ingredientes idénticos en cuanto a la lógica del poder presidencial frente a los concesionarios. No es el mismo motivo de diferendo. En aquella ocasión hubo una sobrerreacción de Felipe Calderón ante la pregunta que lancé al aire. Ahora estamos hablando de un daño mayor a la Presidencia de la República, que el mismo primer mandatario ha admitido.
–¿Es atribuible al presidente de la República o al poder político la persecución judicial en tu contra?
–Es difícil no diferenciar esta andanada judicial del manotazo del poder. Constituyen un golpe de censura. La lógica de los hechos desde que se publicó el reportaje de la Casa Blanca no puede estar disociada de la Presidencia de la República. Es un continuum de hechos, es una sucesión de demandas que constituyen un claro hostigamiento judicial.
–Dice el vocero de MVS que no les interesa causarte un daño patrimonial…
–Eso es mentira. MVS dice que no le importa el dinero, pero en su demanda sí está el resarcimiento económico que tendrá que determinar un juez. Ahora es peor, porque desde que la Suprema Corte de Justicia eliminó el tope, el resarcimiento puede ser desde 100 pesos hasta 100 millones o, como en el caso de la demanda por daño moral de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, puede ser por 10 millones.
“Hay una clara intención de amedrentar, de hostigar a los periodistas y a los críticos; ese acoso y hostigamiento judicial no se pueden disociar de la Presidencia de la República. Si Peña Nieto es ajeno al asunto, que lo aclare.”
Aristegui, quien estuvo acompañada por los autores del libro La Casa Blanca de Peña Nieto (los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, quienes formaban parte del equipo de investigaciones especiales de la primera emisión de MVS), consideró que existe una “curiosa coincidencia” entre el video que ella subió en marzo de este año para anunciar la salida de un nuevo proyecto editorial independiente y la demanda por daño moral interpuesta en mayo.
–¿Existe alguna coincidencia entre la demanda por daño moral de mayo y el discurso del “perdón” de Peña Nieto del lunes 18?
–Es difícil saberlo. Nosotros decidimos dar a conocer esta demanda cuando vimos el discurso de Peña Nieto. Nos pareció inaudito. Por lo menos, es una esquizofrenia que Peña pida perdón a la sociedad y a los periodistas que dieron a conocer el caso se les persiga judicialmente.
El doctor Lorenzo Meyer, excolaborador en el programa de Aristegui en MVS, consideró que esta demanda por daño moral es una imitación de lo que ha hecho el presidente turco Erdogan para limitar la libertad de expresión.
“Estamos viviendo una especie de Turquía en chiquito. ¿Es eso lo que esperamos en México?”, se preguntó.
Daniel Lizárraga aclaró que durante la elaboración de este texto le pidieron su propia versión a MVS. Nunca respondieron a su solicitud.
Destacó también que en el capítulo cinco del libro, “Usted disculpe”, analizaron las 60 mil fojas del expediente de la Secretaría de la Función Pública sobre el caso de la Casa Blanca y descubrieron que no existe una sola referencia al origen del escándalo: el reportaje publicado el 9 de noviembre de 2014. Fue el propio Peña Nieto quien revivió el tema con su discurso.
En el video que presentó durante la conferencia de prensa del jueves 21, Aristegui increpó a Peña Nieto: “¿De qué perdón estamos hablando señor Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero alcance de sus palabras? ¿Pide perdón por la Casa Blanca y se sigue persiguiendo a los periodistas que la investigaron? ¿Pide perdón por la Casa Blanca pero no cesan los ánimos de venganza?
“Señor presidente, deje de mecer esa cuna”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448623/nuevo-manotazo-del-poder-contra-aristegui
lunes, 25 de julio de 2016
Piden Amedi y Artículo 19 cesar acoso judicial contra Aristegui
Vargas no sólo demandó a Aristegui, sino también a la empresa editorial Penguin Random House, y exigió al conglomerado editorial la supresión del prólogo de 43 páginas del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró un gobierno”, escrito por aquella.
La Amedi llamó a cesar de inmediato cualquier tipo de hostigamiento jurídico o de otra índole desde el gobierno o las empresas, “con la intención de intimidar, perseguir y/o coartar la libertad de expresión de cualquier periodista, comunicador o empresa editorial”.
Sobre la pretensión de Vargas de suprimir el prólogo del libro, destacó que la denuncia contra Aristegui “ha logrado que se difunda y conozca aún más, pero queda patente el intento por censurar una investigación de indiscutible interés público nacional e internacional”.
Y recuerda a quienes ocupan un cargo público o explotan bienes de la nación “que su desempeño se encuentra bajo escrutinio, que están obligados a rendir cuentas y a transparentar sus actividades, propiedades y el uso que hagan de los recursos públicos”.
Añade: “Los periodistas ejercen su derecho de acceso a la información y su libertad de expresión a través de los medios de comunicación para brindar un servicio público e informar a la población porque es la sociedad la que tiene el derecho inalienable a saber. Esta labor social de los periodistas no sólo debe ser fomentada sino salvaguardada y protegida por el Estado y las empresas, porque una democracia requiere medios y periodistas libres, independientes y críticos, capaces de indagar y exhibir cualquier abuso de poder, aunque termine molestando o incomodando a quienes aluda”.
La Amedi hace un llamado para que cese de inmediato el hostigamiento judicial y se retire la demanda intimidatoria por daño moral en contra de Aristegui y la editorial. “No existe daño sino beneficio social cuando un conjunto de periodistas indagan, documentan y publican temas que a todos nos interesan y que involucran a autoridades”.
Por su parte, Artículo 19 recuerda que la demanda de MVS ocurre en un contexto de acoso judicial por parte de la empresa contra la periodista, quien en el marco de las investigaciones de la Casa Blanca salió del aire en marzo de 2015. “Desde entonces la periodista está enfrentando una serie de litigios contra la empresa en la que se suma esta demanda en su contra por daño moral”, apunta.
La organización denuncia que las acciones legales por parte de MVS en contra Carmen Aristegui y su equipo de investigación no solo configuran un límite injustificado a la libertad de expresión y un claro mecanismo de censura indirecta, sino que el tema debe verse a la luz del interés público.
“En efecto, no podía alegarse libertad contractual y de empresa, tratándose del uso del espectro radioeléctrico, bien público del cual la empresa de comunicación es un concesionario. Por esa razón, la empresa tiene una obligación reforzada de proteger y garantizar la libertad de expresión”, apunta.
Y califica de “especialmente preocupante” que el acoso judicial en contra de periodistas en la Ciudad de México sigan en aumento, ya que apenas la semana pasada –precisa– se dio a conocer que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, interpuso una demanda por daño moral contra Sergio Aguayo, columnista y académico, “con lo cual se da cuenta del constante hostigamiento que sufren los comunicadores al buscar censurar el contenido de sus opiniones expresadas en distintos medios”.
De acuerdo con Artículo 19, la intención de la empresa MVS de evitar la divulgación del prólogo del libro “por cualquier medio” genera una afectación en la esfera de derechos de sociedad en general.
De igual manera, recuerda al Poder Judicial de la Ciudad de México que los jueces que conozcan de las demandas interpuestas en contra de periodistas “deben observar sus obligaciones impuestas en la Constitución de nuestro país en materia de derechos humanos, interpretando en todo momento las normas de conformidad con lo que disponen los tratados internacionales y de acuerdo al principio de mayor beneficio en favor de los comunicadores”.
En este caso, añade, no son únicamente intereses privados los que están en pugna, sino el goce y vigencia del derecho de toda la sociedad a recibir información y conocer las opiniones expresadas.
Finalmente, destaca la importancia de recalcar que las decisiones adoptadas por las empresas de comunicación respecto a la búsqueda, recopilación y difusión de información trascienden al ámbito privado, “puesto que determinan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a partir del uso de un bien público de interés general, como lo es la concesión de la que es beneficiario MVS”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448488/piden-amedi-articulo-19-cesar-acoso-judicial-contra-aristegui
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