La aprobación de la llamada “Ley Garrote”, “Ley Anti marchas” o “Ley Anti bloqueos”, en Tabasco, para castigar a quienes impidan la realización de cualquier proyecto u obra pública o privada y a quienes bloqueen calles y vías de comunicación, “es un paso a la criminalización de la defensa de los derechos humanos” y “pone en riesgo la libertad de expresión y de reunión”, aseguró la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara.
De acuerdo con Guevara, la reforma estatal al Código Penal de Tabasco aprobada para dejar el paso libre a las obras de la refinería de Dos Bocas “permitirá al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse”.
De acuerdo con Guevara, la reforma estatal al Código Penal de Tabasco aprobada para dejar el paso libre a las obras de la refinería de Dos Bocas “permitirá al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse”.