El pleno del Senado de la República ha aprobado por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que impondrá sanciones de hasta 18 años de prisión y multas de hasta 232 mil pesos a los funcionarios que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de personas, adolescentes y niños víctimas de violencia.

De acuerdo con la determinación, las sanciones también aplicarán para periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que publiquen este tipo de contenido.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México que sancionaba la entrega, intercambio, difusión, distribución, envío, reproducción y comercialización por cualquier tipo de medio, de las imágenes, videos, audios y documentos relacionados con carpetas de investigación y exhibición de cadáveres, por considerar que dicha norma carecía de precisión y daba lugar a una actuación discrecional de las autoridades

Conocido como “Ley Ingrid” en honor a Ingrid Escamilla, una víctima de feminicidio que fue revictimizada por autoridades capitalinas que filtraron las imágenes de su cuerpo a redes sociales y medios de comunicación, el citado artículo fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte por violar los principios de seguridad jurídica y taxatividad, es decir, por la falta de precisión para definir la conducta que se quería castigar.

Ingrid Escamilla fue asesinada por su pareja sentimental el 9 de febrero de 2020, crimen que fue ampliamente difundido por la crueldad con el que se cometió. Han pasado más de dos años sin que se dicte una sentencia condenatoria contra el responsable, pero este martes, la Cámara de Diputados aprobó multas y penas de hasta 10 años de cárcel, para quienes capturen y difundan material explícito de las víctimas de feminicidios, como ocurrió con Ingrid.