Todo listo para privatizar y encarecer el agua

En la Cámara de Diputados se aceleran los trámites para, al final de la actual Legislatura, aprobar una Ley General de Aguas –versión ampliada de la fallida “Ley Korenfeld” de 2015– que permitirá la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite. Los especialistas advierten que el agua potable será más cara y quedará en manos privadas, y más: si las comunidades afectadas por esos abusos protestan, el Ejército intervendrá, amparado por la Ley de Seguridad Interior.

El Gobierno busca revivir la Ley Korenfeld y excluir a ciudadanos en el tema del agua, alertan ONGs

Las organizaciones civiles relacionadas con el derecho al agua advierten que la disputa en la siguiente discusión por actualizar la Ley de Aguas Nacionales será por la toma de decisiones que el Gobierno federal pretende centralizar.

Más de 150 representantes de organizaciones civiles reunidos en el foro “Construcción Ciudadana para el Buen Gobierno del Agua”, que se lleva a cabo en Mazatlán, mostraron su preocupación porque legisladores pretenden retomar la iniciativa llamada “Ley Korenfeld” que minimiza la participación ciudadana.

Dicha Ley –bautizada así en referencia a David Korenfeld Federman, ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y quien diseñó esa propuesta oficial– ha sido rechazada repetidamente por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y especialistas en el tema porque, afirman, entre otros objetivos busca que el Gobierno pueda tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía e incluso ejecutarlas con la fuerza pública; privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas y de sistemas municipales; sobreexplotar cuencas y acuíferos, y despojar a pueblos indígenas y campesinos para darle el vital líquido a grandes corporaciones; asegurar agua para el uso minero y el fracking; ofrecer impunidad a contaminadores; evadir responsabilidades por la mala calidad del “agua potable”; desentenderse frente a desastres y prohibir el estudio de la situación real del agua en México.

Por ello, las ONGs reunidas en Mazatlán propusieron minimizar la injerencia de la Comisión Nacional del Agua en las decisiones importantes sobre el uso del agua en el país de las más de mil 471 cuencas hidrográficas, aquellas que drenan sus aguas a ríos y mares por las superficie, y 722 cuencas hidrológicas, en donde el drenaje llega mantos subacuáticos.

Las organizaciones civiles pelean por fortalecer los Consejos Consultivos de Cuenca, donde se reúnen autoridades usuarios, los cuales hasta ahora no tienen el derecho a decidir por el uso del agua, aunque sean ellos quienes viven en las zonas donde impacta su uso.

De acuerdo con datos oficiales al menos 11 millones de mexicanos carecen de acceso al agua. Un asunto que contrastado durante el Foro con el consumo de las zonas de alto nivel económico del país que llegan a requerir un promedio de 600 litros por habitante al día.


La doctora Helena Cotler Ávalos, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex directora de Manejo Integral de Cuencas Hídricas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, habló con SinEmbargo sobre cómo la propuesta de “Ley Korenfeld” anularía los avances para que los ciudadanos se apropien del destino del agua.

—¿Qué rol juegan los ciudadanos dentro del uso de aguas en la iniciativa de Ley Nacional de Aguas o  Ley Korenfeld?

–Partimos de la experiencia de que ya tenemos  20 años con la planeación hídrica actual que se centra en una planificación centralizada, a partir de laConagua central, que generalmente, no tiene conocimiento de lo que está pasando en el territorio. Finalmente, los consejos de cuenca son nuestros órganos colegiados, pero son consultivos, y la planeación está muy centralizada. Estas planeaciones no se basan en datos duros, en ciencia, no hay balances hídricos por cuencas, eso nos ha dado un sobreconcesionamiento. Y de todos los problemas que eso ha generado, pues la  iniciativa Korenfeld centraliza aún más la planeación.

—¿Qué incluye la iniciativa que centraliza aún más el modelo que ya tenemos?

–Se quita la palabra planeación, se habla de política y programación hídrica. Y lo que dice la ley es que los estados y municipios tienen que generar las políticas públicas para hacer cumplir el derecho humano al agua. Entonces, esto lleva un retroceso. El Estado retrocede y dice yo no voy a hacer planeación. No hay mención de Organismos de Cuencas [unidades regionales dependientes de Conagua], y a los Consejos de Cuencas no les da ningún peso, entonces, el poco espacio que había para planeación  lo quita totalmente. No permite que se generen datos, investigación, dentro de la cuenca para tomar decisiones.

—¿Cuál es la propuesta ciudadana? ¿En qué se diferencia de lo anterior?

–Lo que está planteando la iniciativa ciudadana es un paradigma 180 grados distinto. Diciendo que la planeación se hace a nivel micro. El Consejo de Cuenca va a hacer la planeación fuerte: las concesiones, el agua aprovechada ecológicamente, el monitoreo. Todo pasa por él.

—La autonomía de los Consejos pasa por el tema presupuestal, ¿cuál es la propuesta ciudadana para contar con recursos?

–Es apostarle mucho a qué tipo de autonomía financiera y jurídica va tener el consejo de Cuenca, en este momento no lo tienen y de ese punto su debilidad. Montos asignados del Presupuesto de Egresos de la Federación puede ser una parte de la solución, y la otra es la búsqueda de financiamiento dentro de estos consejos. Estamos en una de las zonas agrícolas más ricas, entonces, cómo hacer que estos agricultores que están consumiendo está agua que genera mucha riqueza puedan usar eso mismo para el mantenimiento de la cuenca, o para la investigación de la cuenca y tener los balances hidrológicos. Podría haber algún tipo de mecanismos para tener una autogestión dentro de los consejos de cuenca.

—¿Se trataría entonces de modelos mixtos para todas las cuencas?


– También hay que pensar eso. Una cuenca en el Río Verde Oaxaca, no tiene las mismas condiciones que en el Río Fuerte de Sinaloa, hay que pensar en distintos mecanismos.A veces pueden ser federales, estatales, otras a niveles de asociaciones de usuarios, entonces, hay que pensar en mecanismos muy flexibles y adaptados, porque nuestro territorio es muy diverso.

—¿Qué peso tienen en este momento los Consejos de Cuenca en las decisiones sobre el agua?

–En este momento no son vinculantes. Son colegiados mixtos, supuestamente es para promover la participación, pero ya un estudio de la Auditoría Superior de la Federación [ASF] en el 2004 dejó claro que la misma Conagua no había promovido estos consejos. Y que los consejos de cuenca no están promoviendo acciones de restauración y que la sociedad organizada es el 12 por ciento de participación en el consejo de Cuenca , o sea es mínimo. Y menos la academia. Entonces, si la nueva ley hace que el consejo de cuenca pueda tener mucho más importancia, eso puede hacer que los ciudadanos tengan más interés en participar, actualmente, es mínima porque no toman decisiones realmente importantes.

—¿Cómo garantizar entonces que los Consejos sean realmente representativos de la ciudadanía?

– Bueno, se van a tener que garantizar ciertos incentivos, porque claro que haya participación no quiere decir que vaya haber una representación justa de todos. Siempre hay algunos sectores que tienen mucho más poder económico,  político, y que son los que siempre van a querer tomar las decisiones. Se van a tener que pensar en ciertos incentivos para que la gente con menos poder también pueda hacer escuchar su voz. No es una barita mágica, el hecho de ciudadanizar no significa que en esos consejos de cuenca no se van a repetir todas las desigualdades sociales. No son burbujas, pero entonces hay que pensar en todos esos incentivos.

—Durante su ponencia en el foro habló de crisis. ¿Qué tan grave es la situación de la planeación del agua en México?


– No se sabe cuánta agua hay, no hay balances científicos. No se sabe dónde están los acuíferos, donde están las conexiones con los acuíferos, dónde están las recargas de los acuíferos, no se sabe de la calidad del agua, porque son estaciones de calidad de agua muy espaciadas en el país, en qué términos afecta la variabilidad de cambio climática. Entonces, el vacío es enorme. El REPDA (Registro Público de Derechos de Agua), finalmente, muchos estudios han visto que su credibilidad es muy baja, entonces, no se sabe realmente quién está usando el agua, ni para qué está usando el agua. Necesitamos una Ley que pueda cubrir esos vacíos, que tengamos un Registro Público que diga exactamente quién está usando el agua, para qué está usando y cómo está dejando es agua. En qué condiciones, en qué calidad. Los ciudadanos tenemos derecho a esa agua, pero sólo con información se puede decidir… y en este momento hay una gran opacidad.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍAHERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-03-2016/1636725

La “Ley Korenfeld” hace agua: Comisión de Diputados la frena y llama a consultas públicas

La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados iniciará mañana martes una serie de audiencias públicas, por cuanto tiempo sea necesario, para crear una nueva iniciativa de Ley General de Aguas.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión presidida por el Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), la presentada el 4 de marzo pasado es “una iniciativa ajena a la Comisión y excluye a otras cuatro presentadas previamente”. Además de que omitió los foros y consultas que se han realizado durante dos años.

“Esa dictaminación [“Ley Korenfeld”], violatoria del Reglamento de la Cámara de Diputados, debe dar paso a otra con base en una nueva iniciativa a partir de audiencias públicas donde especialistas, funcionarios, representantes de comunidades, organizaciones civiles, instituciones de educación superior e investigación, representantes de empresas y cámaras empresariales, y ciudadanía en general, presenten sus propuestas”.

La Comisión recibirá por escrito las solicitudes de todos los organismos que quieran participar en la creación de la ley. Serán aceptadas por correo electrónico o entregando un documento en las oficinas de San Lázaro.  El aspirante a expositor tendrá derecho de audiencia ante el Pleno de la Comisión y las propuestas deberán estar centradas en modificar, adicionar o suprimir artículos del dictamen del 4 de marzo. Se deben ofrecer “argumentos justificativos de hecho y de Derecho”.

El periodo formal de audiencias comenzará este martes 7 de abril, y se darán “por el tiempo que sea suficiente”. Todas serán transmitidas en vivo por el Canal del Congreso y también serán retransmitidas en horarios diversos. La comisión pretende “subsanar irregularidades” cometidas en la dictaminación del 4 de marzo, como la exclusión de propuestas presentadas en seis foros regionales, 60 mesas  técnicas de trabajo y las iniciativas presentadas, una, por la asociación civil “Agua Para Todos”; otra, por la Diputada Aleida Alavez Ruiz; una más por diversos grupos parlamentarios, y una última por el Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática.


Denunció que en el pasado se hicieron foros regionales y mesas técnicas. Incluso los legisladores recibieron múltiples propuestas y aportaciones de diversas organizaciones, académicos, usuarios de distrito de riesgo y especialistas en general, todo lo cual fue “ignorado en el dictamen hoy suspendido”.

David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –y quien da nombre a la Ley–, está sometido a la presión pública debido a que hace poco más de una semana fue sorprendido por un vecino cuando utilizaba un helicóptero del Gobierno federal para movilizar a su familia. Argumentó públicamente que se trató de una emergencia médica. Pero no fue así.

Poco después se supo que mentía: las fotos no mostraban a un enfermo; el mismo funcionario participó en una carrera días antes y, se ventiló, su familia hizo reservaciones vacacionales justo para cuando estaba “en emergencia médica”.

La administración federal, sin embargo, no ha dicho qué hará con el funcionario.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que lo investigará. No se sabe cuándo.

UNA LEY POLÉMICA

Era el 26 de febrero de 2015 en la Cámara de Diputados cuando apareció en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa por la cual se crea la Ley General de Aguas, que después sería bautizada con el nombre de “Ley Korenfeld” en honor de David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).


La iniciativa replica el modelo implementado en el Estado de México durante el gobierno del ahora Presidente Enrique Peña Nieto en el cual Korenfeld Federman fungió como secretario de Agua y Obra Pública, mientras se desempeñaba también como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).

“Cuando [Korenfeld] toma la dirección de Conagua el modelo de gestión de agua en el país que busca implantar es el mismo que han estado impulsando en el Estado de México, es decir un modelo que está basado en trasvases de agua”, afirmó Nathalie Seguin, coordinadora de Freshwater Action Netwok (FAN México), en entrevista para SinEmbargo.

El modelo mexiquense, agregó, privilegia la construcción de “infraestructura hidráulica que básicamente rompe con el ciclo del agua, en donde se privilegia al contaminador; es decir, se rige bajo una política de que pague el que contamina, y mientras pagues no hay problema puedes seguir contaminando”.


Sin previo aviso y sin reconocimiento de la sociedad organizada, la “Ley Korenfeld” permite la privatización del agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas en torno a las principales ciudades; otorga a Conagua facultades extraordinarias para dar concesiones prorrogables hasta por 60 años; y garantizar el suministro de agua por debajo del nivel internacional de 100 litros diarios.

KORENFELD Y ANEAS

David Korenfeld fue secretario de Agua y Obra Pública en el Estado de México prácticamente en el mismo periodo fue presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) en México, cargo que ocupó de 2007 a 2012.

La Asociación agrupa a organismos operadores de agua potable y alcantarillado. Representa y defiende los intereses de sus socios que son los directivos de los sistemas de agua, así como las empresas proveedoras de productos y servicios.


Ese organismo ha tratado por distintas vías, y en diferentes épocas, impulsar cambios legislativos para promover el modelo de concesión de agua, con el objetivo de elevar la eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con el líquido.

“Es una ley que hemos ido frenando desde hace tiempo y digo frenando porque por la red que yo coordino, Freshwater Action Netwok, nos hemos encontrado en varias plataformas a nivel internacional y hemos tenido varias discusiones al respecto y allí es donde claramente ha salido la insistencia por parte de esta asociación para privatizar los servicios”, recordó Nathalie Seguin.

FAN México es una red que también trabaja en incidencia a nivel internacional y que participó en el reconocimiento del derecho humano al agua en Naciones Unidas en el 2010. Su coordinadora agregó que son variadas las propuestas legislativas tendientes a fomentar la privatización del agua con “la clásica excusa de que hoy en día los organismos operadores no son eficientes y no tiene recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo”.

Sin embargo, expuso, el resultado en realidad no es mejor en cuanto a calidad de servicio, accesibilidad, asequibilidad y gratuidad del líquido.

Por el contrario, el modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua.


Este modelo, afirmó Seguin está muy alejado de promover precios especiales para los más vulnerables, pues el precio se rige bajo la premisa de oferta y demanda del libre mercado.

“La van a vender [el agua] al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó.

La experta consideró que la iniciativa elaborada en las oficinas de la Conagua, cuyo titular es David Korenfeld mantiene esa política, porque o podría ser de diferente forma, ya que Korenfeld comparte la visión de ANEAS al haber sido su presidente durante cinco años.

“Ya está presente desde entonces como secretario de Obra Pública y Agua y al presidir la ANEAS evidentemente [Korenfeld] está muy cerca con las líneas y visiones de esta entidad que es básicamente privatizar los servicios de agua y saneamiento”, destacó.


LA INICIATIVA QUE DIO LA ESPALDA A ONGS

La iniciativa para crear la Ley General de Aguas que se turnó directamente a comisiones tomó por sorpresa a organizaciones de la sociedad civil que habían trabajado con legisladores un documento que respetara el derecho humano al agua y asegurara la distribución del líquido de forma accesible, asequible y gratuita.

El documento firmado por los diputados Kamel Athie Flores y José Antonio Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo de Acción Nacional (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no era lo que habían trabajado en el seno de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ni era lo que deseable para lograr los propósitos antes citados.


Las organizaciones civiles reconocen que con tuvieron mayor acercamiento fue con el perredista Gerardo Gaudiano en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Sin embargo, al final el legislador firmó la llamada “Ley Korenfeld”, prácticamente elaborada en las oficinas de Conagua, fuera de las comisiones legislativas de San Lázaro.

“A final del 2014 tuvimos varias reuniones en donde presentamos una y otra y otra vez las propuestas ciudadanas desde distintos ángulos: la academia, la sociedad civil y hasta con representantes comunitarios, para presentar las diversas propuestas que conlleva esta iniciativa ciudadana”, afirmó Nathalie Seguin.

“Lo que sí es seguro es que fue la Conagua quien elaboró esta ley y la entregó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a Gerardo Gaudiano, quien se prestó junto con otros tres diputados a que de manera personal, no como comisión de manera personal presentaran la ley como comisiones unidas tanto de Recursos Hidráulicos como al de Agua Potable y Saneamiento”, recalcó.

Con una inmediatez que caracteriza a las iniciativas poco populares, el texto fue aprobado por una mayoría mecánica de priistas y panistas en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados el miércoles 4 de marzo.

Esa tarde abandonaron la sesión alrededor de 11 legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del PRD, entre ellos Gaudiano. Pero el daño ya estaña hecho, la iniciativa fue turnada a la mesa directiva para ser publicada en la Gaceta Parlamentaria a fin de que se le diera primera lectura en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados.

El PRI reculó de su intención de aprobar la iniciativa fast track por el pleno de los legisladores gracias a la presión de representantes de la sociedad civil y legisladores de oposición.

Manlio Fabio Beltrones, pastor de los diputados priistas argumentó que el texto debería ser enriquecido con los puntos de vista de diferentes organizaciones y expertos en la materia, aunque nunca mencionó los meses previos de debates que simplemente fueron borrados del texto final.


Ante el inminente inicio de la apoca electoral, el dictamen para crear la “Ley Korenfeld” podría ser retomado por los diputados hasta un eventual periodo extraordinario que se realizaría después de los comicios del 7 de junio, en uno de los últimos trabajos que entregaría esta Legislatura, antes de dejar el cargo el 30 de agosto próximo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1304687.