Padre de Lozoya compró departamento a accionista de Grupo Hidrosina

CIUDAD DE MÉXICO: La compra de un departamento por parte de Emilio Lozoya Thalmann al empresario gasolinero Gabriel Karam Kassab, accionista de Grupo Hidrosina, por 28 millones 430 mil pesos, involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin en un posible conflicto de intereses.


De acuerdo con el diario Reforma, que cita un documento de la compraventa, la operación se realizó justo cuando Lozoya Austin era director de la empresa productiva del Estado.

Karam Kassab es fundador de Grupo Hidrosina, uno de los más grandes consorcios gasolineros creado en 1992, además es representante legal de la filiar Desarrolladora de Combustibles.


La adquisición del departamento motivo del posible conflicto de intereses se realizó en sociedad, en 2015, y se ubica en el número 1501 del condominio residencial Torre del Lago, en Rubén Darío número 115 y mide 509 metros cuadrados.

De acuerdo con el diario Karam Kassab adquirió en departamento en 2013 por 26 millones de pesos para venderlo en 2015 a Lozoya Thalmann vía la empresa Property Estate Lomas, la cual comparte con Ricardo José Haddad Musi.

Aclara que el padre del exdirector de Pemex no aparece en el acta constitutiva de Property Estate Lomas, fechada el 8 de mayo de 2014, pero señala que el exsecretario de Energía figura en la compraventa 10 meses más tarde.

De acuerdo con Reforma, Lozoya Thalmann pagó 28 millones 430 mil pesos por el apartamento, según lo asentado en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, el 5 de marzo de 2015 con el folio P-127358/2015.


Consultada por el diario, Claudia Velázquez, experta inmobiliaria de la firma Softec, afirmó que el precio del apartamento por metro cuadrado fue “bastante competitivo” si se considera que cuando era nuevo el precio alto llegó hasta 172 mil pesos por metro cuadrado y Lozoya Thalmann adquirió cada metro cuadrado en 55 mil 854 pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436738/padre-lozoya-compro-departamento-a-accionista-grupo-hidrosina

Las investigaciones sobre #PanamaPapers serán secretas: Aristóteles Núñez

El titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, es la figura que el gobierno mexicano ha elegido para encabezar la investigación por los #PanamaPapers. Y ha sido sumamente criticado: un día después de la revelación salió a decir que la autoridad ya realizaba auditorías, y la versión sonó a deslinde. En entrevista, argumenta su dicho e informa que la indagatoria oficial se realizará en secrecía, los resultados no se harán públicos y el material develado, zanja, “no puede ser utilizado para efectos de sustanciar un procedimiento”.

CIUDAD DE MÉXICO: Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda, insiste con vehemencia en que por la información surgida de los #PanamaPapers, muchos de los implicados deben estar “muy, muy preocupados”.

–¿Hay peces gordos? –se le pregunta.

–Peces gordos. Pero no sólo a partir de la información que empezaron a publicar el domingo Proceso y Aristegui Noticias. Ya teníamos identificados a muchos otros, incluso los tenemos bajo auditoría.

–¿Pero son peces gordos de la política y de las empresas?

–Sí. Personajes públicos, de la política y las empresas, muy expuestos mediáticamente. Sin distinción alguna, porque la ley es pareja para todos. Se tienen que poner al corriente, tienen que pagar impuestos.

“Basta revisar un poquito en retrospectiva qué es lo que ha hecho el SAT, el trabajo que ha hecho, en dónde lo ha hecho. Lo hicimos en yates, en aviones… ¿Quién tiene yates y quién tiene aviones en este país? El SAT ha dado muestras de trabajo institucional, sujetándose al orden y a la ley nada más, y no andamos haciendo promoción y publicidad de nuestras tareas; simplemente las hacemos.

“Los que hacen esa publicidad son ustedes y que de alguna manera nos ayudan a darle la percepción a la sociedad de que estamos trabajando.”

Sin embargo, Núñez Sánchez se resiste a dar nombres de empresarios y políticos que el SAT tiene bajo investigación. “No puedo referirme a alguien en particular. Tenemos un impedimento en la ley para poder revelar lo que hace el SAT”, dice.

Y explica: “La ley protege a los contribuyentes y ciudadanos en México, en su derecho a la privacidad, para que no se puedan revelar actos de la autoridad sobre ellos. Si alguien del SAT se atreviera a revelar información relacionada con un contribuyente, tiene sanción penal, inclusive la privación de la libertad. Eso dice el Código Fiscal de la Federación.

“Cuando tú detectas a un personaje que está haciendo cosas malas y lo auditas y lo haces que pague, pues no lo haces público; la autoridad no hace públicas esas cosas. Pero hemos hecho que grandes contribuyentes, grandes empresas y empresarios, paguen impuestos en México; que paguen aquí lo que no habían pagado antes.

“Y eso –dice– naturalmente genera molestia en esas personas. Hoy esas empresas y personajes hablan mal del gobierno. Yo no puedo hacer público a quién hemos auditado de los grandes personajes porque la ley los protege. Pero lo hemos hecho y han tenido que pagar.”


Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 2058 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA, JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436570/las-investigaciones-panamapapers-seran-secretas-aristoteles-nunez

#PanamaPapers reveló el objetivo final: ocultar el origen del dinero

Lo que revelan los #PanamaPapers es algo mucho más complejo –y turbio– que evasión tributaria. De acuerdo con el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, la investigación periodística evidencia la estructura que los grupos criminales han construido desde 2005 para blanquear y mover dinero. Este enmarañado método, que consiste de cuatro pasos, protege a la agrupación criminal y a sus líderes incluso si son capturados varios de los integrantes de la trama. Pero las autoridades mexicanas no están investigando esto, sino que siguen pensando en términos de lo que ocurría hace una década…

CIUDAD DE MÉXICO: Las operaciones del despacho panameño Mossack Fonseca no revelan la existencia de paraísos fiscales para evadir impuestos, sino que muestran “estructuras financieras con el ánimo de ocultar el origen del dinero, el verdadero dueño del dinero y el destino de ese dinero”. En suma, evidencian las complejas estructuras financieras del crimen organizado.

La revelación internacional llamada #PanamaPapers –que el pasado domingo 3 hicieron más de cien medios en diversos países del mundo, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (www.icij.org) y en la que participó Proceso– puso de relieve la práctica que desde 2005 emprendieron integrantes del crimen organizado para evitar ser detectados y detenidos: la creación de un sistema financiero informal impulsado por “los grandes consorcios de la economía informal”, según el exprocurador fiscal de la federación, Gabriel Reyes Orona.

En entrevista, Reyes, quien indago las entrañas de los delitos fiscales en este país, aclara que los #PanamaPapers hacen la distinción entre paraísos fiscales y la creación de estructuras financieras que tienen cuatro etapas, cuyo fin último es blanquear dinero.

Para aclarar e investigar si los involucrados, como Juan Armando Hinojosa Cantú, Martín Díaz Álvarez, Alfonso de Angoitia, Ricardo Salinas Pliego, Luis Doporto y Melissa Flores Alcántara, entre otros, incurrieron en delitos, no basta con ver la creación de empresas en “paraísos fiscales” o “verificar que los ingresos que están utilizando en sus operaciones tengan o guarden congruencia con las utilidades e ingresos de las operaciones que realizan en México. Eso no conduce a nada”, sostiene.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2058, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436508/panamapapers-revelo-el-objetivo-final-ocultar-el-origen-del-dinero

Cañedo White, otro santón de Televisa, con tres empresas “offshore”

Guillermo Cañedo White es hijo de uno de los cofundadores de Televisa, y él mismo ha ocupado puestos de primer nivel en el consorcio, en el club América, la Concacaf y la FIFA. Y, según evidencian los #PanamaPapers, él abrió tres compañías en paraísos fiscales mediante el despacho panameño Mossack Fonseca. Esta revelación profundiza los vínculos de Cañedo con otra de las tramas corruptas más grandes de los últimos tiempos: los sobornos en la FIFA para la asignación de sedes mundialistas y venta de derechos de transmisión.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando era vicepresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), Guillermo Cañedo White contactó al despacho panameño Mossack Fonseca para abrir tres compañías en paraísos fiscales, entre 2008 y 2010.

Eran los años en que el influyente ejecutivo de Televisa formaba parte del organigrama de la FIFA, organismo investigado en Estados Unidos por un escándalo de corrupción y sobornos.

El vínculo de Guillermo Cañedo White –y de la FIFA– con la firma panameña fue descubierto a raíz de la investigación periodística internacional #PanamaPapers, que se dio a conocer el domingo 3 y de la que Proceso forma parte.



En esa pesquisa global, en la que participaron más de cien medios de todo el mundo, se reveló la relación de la FIFA con la compañía panameña y la utilización de ésta por parte del astro del Barcelona Leonel Messi, entre otras miles de personas.

Tras la revelación de los #PanamaPapers sobre la FIFA, el presidente del Peñarol (Uruguay), Juan Pedro Damiani, renunció el miércoles 6 como presidente de la Comisión de Ética de la entidad internacional. Además, el martes 5, al siguiente día de la publicación de las relaciones de la FIFA con Mossack Fonseca, la policía suiza allanó las oficinas de la UEFA, en Nyon, en busca de los contratos firmados entre el organismo del futbol europeo y la sociedad Cross Trading.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2058, ya en circulación

Fuente: Proceso

Autor: Raúl Ochoa

http://www.proceso.com.mx/436506/canedo-white-santon-televisa-tres-empresas-offshore

Altos Hornos de México: transacciones y clientes anónimos con Mossack Fonseca

CIUDAD DE MÉXICO: Por las pérdidas reportadas en 2009, Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor acerera mexicana, no repartió utilidades entre sus trabajadores. Pero ese año, tres de sus altos ejecutivos compraron un departamento con vista al mar valuado en más de 2.6 millones de dólares en uno de los más exclusivos condominios de Punta Mita, en Nayarit.


La operación la realizaron a través de Carlyle Technologies Corp., una empresa que crearon en Panamá a través del despacho Mossack Fonseca, especializado en la operación en paraísos fiscales. AHMSA es hasta ahora uno de los consorcios más importantes de México que aparece en #PanamaPapers, la investigación periodística global en la que participó la revista Proceso.

Los detalles de la operación de AHMSA a través de Carlyle Technologies Corp. forman parte de los archivos de Mossack Fonseca que fueron entregados de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés),  (https://www.icij.org/), de Washington, a más de cien medios de todo el mundo.


Carlyle Technologies Corp. es una compañía con oficinas virtuales, sin personal, una sola cuenta bancaria y sus accionistas son anónimos. Pero para adquirir el apartamento nayarita utilizaron a la compañía de seguros First American Title Insurance Company, con sede en Florida, que aparece como compradora, pero con los fondos de Carlyle.

En 2003 Mossack Fonseca creó Carlyle por mediación de Juan Carlos Quintana Serur, un abogado mexicano que exigía mantener anónimos a sus clientes, “los accionistas”, algo que consiguió a través de la figura de “acciones al portador”, la participación de un grupo de mujeres prestanombres que formaban parte del despacho panameño y, posteriormente, con la creación de fideicomisos en Estados Unidos

Tanta era la preocupación por el anonimato que cuando a Quintana Serur le pidieron que revelara los nombres de los accionistas de Carlyle, consideró que Mossack Fonseca le daba un trato “hostil”. Era febrero de 2012 y llevaba nueve años de relación con la firma panameña que le proporcionaba las oficinas virtuales, y le gestionó la apertura de su única cuenta empresarial en el Credicorp Bank, en Panamá.

Los objetivos y transacciones entre Mossack Fonseca, Quintana, AHMSA y Carlyle están contenidos en 597 archivos que forman parte de los 11 millones y medio de documentos del despacho panameño que fueron entregados de forma anónima al diario Süddeutsche Zeitung, que tiene su sede en Münich.

En los archivos relacionados con la principal acerera mexicana se observa que existe un denominador común: todas las operaciones relevantes de Carlyle con AHMSA están relacionadas con dos miembros de su Consejo de Administración, las hijas de uno de ellos, dos ejecutivas y el abogado Quintana Serur.

Luego de que el domingo 3 de abril proceso.com.mx dio a conocer la lista de mexicanos de la clientela de Mossack Fonseca, incluyendo a AHMSA, su director de comunicación Francisco Orduña admitió en entrevista con el diario Vanguardia, de Saltillo, Coahuila:

“No somos políticos y podemos hacer las transacciones como queramos y comprar también porque todo está reportado”. Después de eso, indicó que no haría más comentarios.


Proceso le había solicitado al vocero un posicionamiento sobre las operaciones desde el 29 de marzo. No hubo respuesta.

La marca acerera

El abogado Juan Carlos Quintana Serur es secretario ejecutivo del Consejo de Administración de AHMSA, presidido por el magnate Alonso Ancira Elizondo, quien en 1991, durante las privatizaciones salinistas, encabezó la sociedad con Xavier Autrey Maza para adquirirla junto con un paquete de subsidiarias poseedoras de minas de hierro y de carbón.

Al mismo tiempo de su cargo empresarial –primero como socio del despacho Borda y Quintana, luego del despacho Ibáñez, Quintana, Saavedra y Hoffman–, Quintana Serur medió entre “los accionistas” de Carlyle y Mossack Fonseca, desde 2003.

En 2012, Quintana expresó su “inquietud” porque su agente ante el despacho de Panamá, Rogelio Fernández, le informó que el banco local Credicorp Bank, en el que Carlyle tenía su única cuenta, solicitaba información de los accionistas y estados financieros auditados, así como declaración de impuestos como parte de nuevas regulaciones fiscales y bancarias en Panamá y Estados Unidos.

Al banco le preocupaba también que entre los accionistas hubiera estadunidenses que lo hicieran vulnerable a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés) que entraría en vigor en 2013 y obligaría a informar al gobierno de Estados Unidos sobre operaciones bancarias de sus ciudadanos en el extranjero.

“Insistimos, no es que haya nada irregular ni preocupante, pero si los accionistas escogieron constituir Carlyle en Panamá a través de Mossack Fonseca fue precisamente por las ventajas, flexibilidad y escasos requisitos que existen para su manejo legal, corporativo y financiero”, expuso Quintana a su agente panameño el 7 de febrero de 2012, en uno de numerosos mensajes en los que exigía mantener a sus clientes anónimos.

Aunque los accionistas de Carlyle siguieron anónimos hasta 2015 –año hasta el que llegan los archivos filtrados–, todas sus operaciones se relacionaban con AHMSA, no sólo por el abogado Quintana:

Carlyle adquirió una participación accionaria de 10% de la empresa controladora de AHMSA, Grupo Acerero del Norte (GAN), que también preside Alonso Ancira. El 13 de noviembre de 2008, Carlyle designó apoderados a Ancira y a otro miembro del Consejo de Administración de AHMSA, el estadunidense James Stuart Pignatelli.

Amplio era el poder especial otorgado a Ancira, que el 1 de septiembre de 2014 se ratificó, con vigencia indefinida y asentando que no podría ser revocado excepto por su renuncia. Es decir, Ancira representaría el paquete accionario de Carlyle en el GAN, hasta que él mismo decidiera no hacerlo.

Quienes manejaban la única cuenta bancaria  de Carlyle en el panameño Credicorp Bank –abierta el 12 de febrero de 2006– y podían disponer de los recursos, eran Aracely Stella García Granados y Liliana Eugenia Rodríguez Villarreal, ambas ejecutivas de AHMSA.

La relación es pública: García Granados exhibe en su perfil de Linkedin que fue empleada de AHMSA hasta 2006, en un “nuevo proyecto de desarrollo”. Su hermana, Carla, es la directora de AHMSA Steel Israel, donde Ancira posee las famosas “Minas del rey Salomón”.

En tanto, Rodríguez Villarreal recibió en representación de Ancira el reconocimiento como “ciudadano distinguido” de Monclova, que le otorgó el ayuntamiento de esa ciudad el 12 de agosto de 2014. Las dos proporcionaron domicilio y cuentas de correo electrónico del GAN, pero es Rodríguez Villarreal quien más participa en transacciones relacionadas con Carlyle.

Aún más: el 7 de febrero de 2011 se otorgó un poder especial para toda transacción de Carlyle a James (Jim) Stuart Pignatelli, uno de los miembros del Consejo de Administración de AHMSA.

Entre 2003 y 2015, todos los ingresos (unos 6 mdd) que obtuvo Carlyle fueron originados por su único cliente que era AHMSA. En tanto, el único proveedor de Carlyle desde su creación hasta 2015, fue la firma Pignatelli & O’Brien LLC (P&O), de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. La firma es encabezada por Christina y Melissa Pignatelli, hijas de James.

El triángulo de Carlye con su cliente y su proveedor fue constante: AHMSA depositaba entre 80 mil y 250 mil dólares a Carlyle cada mes;  apenas los recibía y los transfería a P&O.

En la declaración del vocero de AHMSA al diario Vanguardia, éste aseguró que la realizada con Carlyle fue una operación comercial normal, registrada ante autoridades hacendarias y la Bolsa Mexicana de Valores conforme a un contrato de servicios.

En los Panamá Papers se identificaron los contratos y sus adendas. También las facturas adjuntas a correos electrónicos en los que el abogado Quintana pide paquetes de hasta 12 facturas, una por cada mes, pidiéndole a Mossack Fonseca que tuviera cuidado en que la numeración no fuera consecutiva.

Cuenta activa

Las comunicaciones entre Juan Carlos Quintana y los ejecutivos de Mossack Fonseca revelan las precauciones para no ser rastreados, evitar impuestos e inclusive la toma de previsiones por reformas fiscales en Estados Unidos y en Panamá.

Desde el 25 de noviembre de 2005, Quintana pidió instrucciones para abrir la cuenta de Carlyle a Ramsés Owens, abogado del despacho panameño, quien le recomendó que debían hacerlo en un banco pequeño o mediano porque pedían pocos registros. La opción recomendada fue Credicorp Bank.

En las comunicaciones internas de Mossack Fonseca había expectativa por “los accionistas”. Al recomendar un desayuno de Quintana y las dos ejecutivas de AHMSA con el vicepresidente del Credicorp, Owens observaba que los clientes eran “gente muy adinerada y con muchos negocios”.

Creada el 10 de junio de 2003, Carlyle fue presentada el 12 de febrero de 2006 ante Credicorp Bank como una empresa presidida por Francis Pérez. En su directorio aparecían Vianca Scott, Leticia Montoya, Martha Edgehill y Katia Solano.  Las cinco mujeres, empleadas de Mossack Fonseca, aparecen desde hace años en escándalos de lavado de dinero y ahora, con #PanamaPapers, se sabe que sus nombres están en los directorios de miles de empresas offshore.

La función de prestanombres se exhibe en una de las comunicaciones entre Quintana y Mossack Fonseca, el 15 de marzo de 2015, cuando el primero solicita se tramite en Carlyle un reconocimiento de deuda por 11 millones de dólares con un acreedor mexicano.

Mossack Fonseca responde que debe emitir una carta de indemnización a Francis Pérez, además de evitar su nombre o de alguna otra persona que trabaje en la firma panameña, pues un juicio ejecutorio haría peligrar el patrimonio de cada una de ellas conforme a las leyes de Panamá. El reconocimiento de deuda no se concretó.

Respecto a la cuenta en Credicorp, tres días después de abierta, AHMSA depositó a Carlyle un millón de dólares.

El 24 de enero de 2008, se depositó otro millón de dólares y, en junio, iniciaron los depósitos por 80 mil dólares mensuales. El rastro de P&O inició en noviembre del mismo año, cuando se signó el contrato con esa firma estadunidense que recibía depósitos por 80 mil dólares mensuales.

En 2009, los depósitos se incrementaron de AHMSA a la cuenta de Carlyle, pues además de los 80 mil dólares mensuales se depositaron 180 mil dólares en enero, y 130 mil dólares por cada uno de los tres meses siguientes.

Para 2010, el esquema cambió y los pagos se volvieron más frecuentes, alternando invariablemente 80 mil y 85 mil dólares cada quincena. Adicionalmente, de julio a octubre, Carlyle tuvo depósitos por 250 dólares cada mes, para sumar 1 millón de dólares. Cada año, de 2011 a 2013, se depositó la misma cantidad de un millón de dólares.

Para 2014 se emitieron dos facturas por 400 mil dólares cada una y 10 más por 85 mil dólares.


El concepto de todos esos pagos era “Servicios de asesoría, consultoría, apoyo y gestión empresarial” para Centro y Sudamérica, excepto por tres facturas de 2014 que mostraban por concepto “estudios por gas natural”, pero que posteriormente fueron canceladas.

Facturas de Carlyle (AHMSA):

  Facturas de Carlyle (AHMSA) by Revista Proceso

Un paraíso… con vista al mar

Enlistada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), AHMSA está en suspensión de pagos desde 2001. En la década que siguió a su privatización en 1991, sus finanzas colapsaron impactando la economía regional, donde se ubicaban muchos de sus acreedores. Ancira, al anunciar la suspensión de pagos, prometió dejar de asistir a restaurantes como un gesto de austeridad.

A 15 años de que inició la crisis de la acerera, sus subsidiarias pudieron salir del atolladero y se espera que durante este abril se expongan ante el juzgado del caso las condiciones para levantar en definitiva la suspensión de pagos. Aun así, AHMSA se reputa en crisis: en el último año despidió a mil 300 trabajadores y ya anunció que no habrá reparto de utilidades el próximo mes de mayo, debido al impacto de los precios internacionales del acero.

Aunque casi no paga utilidades, AHMSA sortea la inconformidad apelando a conservar la fuente de empleo, otorgando bonificaciones especiales o “adelantos”. Entre los años difíciles, destaca 2010, cuando reportó pérdidas millonarias respecto a su ejercicio fiscal 2009.


Fue en 2009 cuando Carlyle adquirió la única inversión inmobiliaria que posee: el departamento de lujo con vista al mar en Punta Mita, Nayarit, donde el condominio Hacienda de Mita destaca por su exclusividad. El apartamento “premium” 306, ubicado en el edificio E-3 del complejo, está valuado –según escribió Quintana– en más de 2.6 millones de dólares.



Mossack Fonseca desaconsejó la operación desde que Quintana la puso sobre la mesa el 8 de julio de 2009. El ejecutivo panameño, Ramsés Owens enfatizó la ventaja de que Carlyle no se relacionara en México y añadía:

“En correcta protección de activos, una sociedad no debe tener más de una propiedad, para que la sociedad ni la propiedad se contaminen con otras potenciales obligaciones o pasivos”.

Luego: “Yo propondría que Carlyle tenga una sociedad subsidiaria a ésta, que podría ser de Panamá o de la jurisdicción que sea más potable en México conforme tú nos propongas (recuerda que con agilidad podemos proveer Panamá, BVI, Bahamas, Seychelles, Samoa, British Anguilla, Nevada, Hong Kong, o sociedades civiles del Reino Unido;  y también sociedades comanditas de Nueva Zelandia y otras latitudes)”, dijo en relación con las jurisdicciones de paraísos fiscales en las que opera.

Para 2010, el lujoso departamento de Punta Mita ya aparecía en los estados financieros de Carlyle y unos 3 millones de dólares en la cuenta.

La legislación panameña se reformó y las acciones al portador, el esquema que hacía invisibles a los accionistas, ya no era seguro pues el día último de 2015 serían inmovilizadas.

La solución propuesta por Quintana fue crear seis fideicomisos en Estados Unidos, tres de los cuales son a favor de Melisa Leigth, dos más a favor de Christina Susanne y uno para Theodore, los tres de apellido Pignatelli O’Brien, los hijos  de James. Los fideicomisos tendrían el 75% de las acciones de Carlyle y el 25% restante quedaría en acciones al portador. Las comunicaciones se interrumpen en mayo de 2015, con el canje de acciones enunciado pero aún sin concretar.


Los Panamá Papers reflejan que la operación de Carlyle, con todo y sus accionistas anónimos, tiene dos beneficiarios: Alonso Ancira que representa de manera vitalicia las acciones de Carlyle en el GAN y, James Pignatelli con su familia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436231/altos-hornos-mexico-transacciones-paraisos-mossack-fonseca

#PanamaPapers: Sólo se han publicado los archivos de interés público

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diario alemán Sueddeutsche Zeitung (SZ) que recibió y repartió con más de un centenar de medios de 76 países los documentos del despacho panameño Mossak Fonseca, afirmó que no publicará todos los archivos porque no todos son de interés público.

Y reiteró que el lote completo de 11.5 millones de documentos “no se ofrecerá al público o a agencias de seguridad. Eso se debe a que el SZ no es una extensión de la fiscalía o los investigadores fiscales”.

Las autoridades, abundó, tienen competencia legal para obtener los documentos de las personas sospechosas de malas prácticas y en muchos casos no hay un interés público en revelar operaciones financieras de personas o empresas en el extranjero.

En respuesta a preguntas de sus lectores sobre la ausencia de políticos alemanes o estadunidenses en el caso, el Sueddeutsche Zeitung refirió que hasta el momento no se han encontrado nombres de ciudadanos de esos países en los documentos.

En los archivos hay copias de pasaportes de 200 estadunidenses y unos tres mil 500 accionistas de empresas extranjeras indicaron direcciones en Estados Unidos.

Sin embargo, señaló el diario alemán, “un posible motivo por el que en comparación aparecen pocos estadunidenses en los documentos, podría ser que los ciudadanos estadunidenses no tienen motivos para contactar con una firma legal en Panamá” y eso se debe, abundó, “a que resulta fácil crear empresas extranjeras en estados como Wyoming, Delaware o Nevada”.

Los documentos que integran la investigación global #PanamaPapers, están relacionados con el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que ayuda a crear empresas fachada para ricos y famosos.

Según la empresa los datos se robaron en un ataque informático y el Sueddeutsche Zeitung dijo desconocer cómo había obtenido los datos la fuente anónima que se los entregó, pero que él o ella expresó “un impulso moral muy fuerte” y quería hacer “públicos estos delitos”.

Tras el escándalo, países como Francia han incluido a Panamá en su lista de paraísos fiscales y además pidió a la Organización para la Competencia y Desarrollo Económico (OCDE) que haga lo propio.

Los legisladores alemanes informaron este jueves que tienen previsto celebrar un debate urgente la próxima semana sobre las filtraciones.

“Las revelaciones en los #PanamaPapers han desatado un amplio debate entre los políticos y el público sobre las necesarias consecuencias”, dijo Christine Lambrecht, legisladora del Partido Socialdemócrata, que forma parte de la coalición de gobierno de la canciller Angela Merkel.

Por su parte, el gobierno de Panamá ha acusado a otros países adinerados de atacar injustamente al país centroamericano y hacer oídos sordos a sus propios fallos.

El presidente Juan Carlos Valera, anunció la creación de un comité de expertos internacionales que recomiende formas de impulsar la transparencia en el sector financiero que maneja dinero de extranjeros en Panamá.

Expertos señalan que si bien las empresas en el extranjero se pueden utilizar para evadir impuestos y lavar dinero, también existen motivos legítimos y legales para crearlas.

Desde que se publicaron los primeros reportes de #PanamaPapers, el domingo pasado, las operaciones financieras de políticos destacados, famosos y empresarios en el extranjero han arrastradas a la luz pública y han dado paso a dimisiones e investigaciones.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/436175/panamapapers-se-han-publicado-los-archivos-interes-publico

Extinción de dominio a involucrados en Panama Papers: Zambrano y Ortega

Los líderes de la corriente Nueva Izquierda visitaron a Aristóteles Núñez y le entregaron una carta sobre su posición en torno al escándalo "offshore".

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, y Jesús Ortega Martínez, ambos militantes de la corriente Nueva Izquierda del PRD, exigieron al titular del SAT,  Aristóteles Nuñez, que tras el escándalo de Panama Papers se debe iniciar “una investigación a fondo y, en su caso, fincar responsabilidades y castigar a quienes cometieron actos ilícitos”.

En el marco de la visita que realizó un grupo de perredistas al titular del SAT, para exigir que se investigue a fondo a los mexicanos implicados en el caso “Panama Papers”, sobre el traslado de recursos económicos a paraísos fiscales, los líderes perredistas señalaron los “capitales deben regresar al país, pero se debe aplicar la figura de extinción de dominio sobre los recursos obtenidos de manera ilícita, por actividades ilícitas, como el narcotráfico o el desvío de recursos públicos o corrupción por contratos indebidos”.

El escrito también señala que los recursos multimillonarios que se encuentran en los llamados paraísos fiscales deberían ser invertidos para generar un crecimiento económico en el país.

En el escrito también se señala aclarar  públicamente “la versión sobre el supuesto involucramiento de uno de los  empleados del SAT (Óscar Fernando Trujano Sandoval), en este escándalo mundial”.

Es necesario el deslinde oficial de responsabilidades -se indicó- para “saber, de ser el caso, si el trabajador actuó solo o forma parte de un engranaje de corrupción en este órgano desconcentrado de la SHCP, ya que él negó ser partícipe de estas operaciones financieras”.

El documento:

LIC. ARISTÓTELES NÚÑEZ SÁNCHEZ

JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El pasado domingo 3 de abril se dio a conocer una investigación periodística a nivel mundial, con base en la filtración de millones de documentos del bufete de Panamá denominado “Mossack-Fonseca”, que se ha encargado de fabricar sociedades en paraísos fiscales.

En ese trabajo, identificado como “Panama Papers”, se reveló un mecanismo para ocultar capitales, del que participan empresarios, políticos y celebridades de México y distintos países, y en el que podría haber lavado de dinero y evasión fiscal.

Estos 11.5 millones de documentos, que abarcan casi cuatro décadas de información (periodo de 1977 y 2015), revelan la creación de miles de empresas “offshore” y paraísos fiscales para que empresarios, políticos y celebridades colocaran su patrimonio; básicamente con el propósito de evadir impuestos y lavar dinero.

El Grupo Mossack Fonseca es un despacho de abogados especializado en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial. Ofrece sus servicios en jurisdicciones de Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila, Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos) y Panamá.

Las sociedades “offshore” no tienen actividad económica ni comercial verdadera, tangible. No son propiamente ilegales, pero sirven para que los dueños puedan transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen; es decir, para evadir el pago de impuestos. También se usan para lavar dinero.

Entre sus prácticas está el de utilizar las lagunas de los códigos tributarios que no exigen declarar la totalidad de ingresos en los procesos de fusiones y adquisiciones de empresas, en el uso de asociaciones no lucrativas y en las donaciones fiscales y el uso de facturas provenientes de empresas especializadas en la evasión, incluyendo precios de transferencia artificiales para las transacciones internacionales entre filiales de empresas globales.

En la lista dada a conocer en “Panama Papers”, se incluye a los siguientes mexicanos:

• Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara.

• Ricardo Salinas Pliego, Presidente de TV Azteca y Fundación Azteca.

• Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa.

• Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa.

• Ramiro García Cantú, empresario de Tamaulipas.

• Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y ex vicepresidente de la Concacaf.

• Omar Yunes Márquez, hijo del diputado del PAN y candidato al gobierno de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares.

• Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

• Amado Yañez Osuna y Martín Diaz Álvarez, ex dueño y ex director financiero de Oceonografía, respectvamente.

• Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

• Edith González, actriz.

Esto constituye un escándalo y un fraude contra las finanzas públicas del país. Por ello:

• Exigimos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) una investigación a fondo y, en su caso, fincar responsabilidades y castigar a quienes cometieron actos ilícitos.

• Preocupan anuncios hechos por el SAT en el sentido de aplicar una suerte de “amnistía fiscal” o de permitir el regreso de esos capitales sin importar su origen. ¿Se va al camino libre, de aquí en adelante, para el lavado de dinero?

• Claro que esos capitales deben regresar al país. Pero se debe aplicar la figura de extinción de dominio sobre los recursos obtenidos de manera ilícita, por actividades ilícitas, como el narcotráfico o el desvío de recursos públicos o corrupción por contratos indebidos.

• Todos los multimillonarios recursos de mexicanos en paraísos fiscales deberían invertirse en el país para generar crecimiento económico y, en consecuencia, empleos. Y en esta tarea, el SAT juega un papel fundamental con su tarea recaudadora de impuestos, y evitar la evasión y elusión fiscal.


• Igualmente, De ser cierto este señalamiento, se pondría en entredicho al propio sistema de recaudación del que Usted es titular. Es necesario el deslinde oficial de responsabilidades para saber, de ser el caso, si el trabajador actuó solo o forma parte de un engranaje de corrupción en este órgano desconcentrado de la SHCP, ya que él negó ser partícipe de estas operaciones financieras.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0604/mexico/extincion-de-dominio-a-involucrados-en-panama-papers-zambrano-y-ortega/

#PanamaPapers, las cleptocracias al desnudo

CIUDAD DE MÉXICO: El tsunami informativo generado desde el domingo 3 ante el ejercicio de colaboración de más de 100 medios internacionales es un hecho sin precedente por tres razones: por la cantidad de información involucrada a través de una filtración (11.5 millones de documentos digitalizados); por la demostración de que el periodismo si se ejerce desde la colaboración global tiene mayor impacto (adiós al ejercicio de las “exclusivas” en la era digital); y porque pegó donde más les duele a políticos, empresarios y figuras mediáticas: en la ocultación del dinero.


Los llamados #PanamaPapers involucran al despacho panameño Mossack-Fonseca. No es el único ni el mejor. Se trata sólo de una de las cinco organizaciones más grandes del mundo dedicadas a crear empresas fantasmas o compañías offshore en paraísos fiscales.

La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que anualmente se generan pérdidas fiscales por 240 mil millones de dólares ante las técnicas y tácticas utilizadas para generar este tipo de empresas.


México ocupa el lugar 30 entre 188 naciones del mundo con más dinero en paraísos fiscales y, según la misma OCDE, el monto de estos recursos puede ascender a 410 mil millones de dólares. En otras palabras, estamos ante un gigantesco negocio del ocultamiento.

Por esta misma razón, los principales implicados en el #PanamaPapers se apresuraron a lavarse las manos diciendo que no constituye ningún delito abrir empresas en el extranjero.

En términos literales, el delito no está en abrir una empresa en paraísos fiscales. El delito es no reportar la utilidad, rendimiento o intereses que generan estos recursos. Por esta razón se utilizan los offshore.

Sólo un empresario como Alfonso de Angoitia, el supuesto “cerebro” financiero de Televisa, quiere engañar diciendo que quería abrir una empresa en las Islas Bahamas para entrar a un club náutico a “bucear”. ¿Realmente nos cree tan tontos? De Angoitia decidió recortar cerca de 30% del personal de Televisa ante la baja de ingresos publicitarios, pero él tiene recursos para ir a bucear a Las Bahamas. ¿Qué dirán los otros integrantes del Consejo de Administración de esta empresa?

O el magnate de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, con la mala fama de defraudar a accionistas minoritarios en Estados Unidos, quiere desviar la atención haciéndonos creer que es “normal” abrir una empresa en paraísos fiscales para administrar un yate o para comprar obras de arte. ¿Acaso no es el mercado del arte uno de los mecanismos principales en el mundo para “lavar” dinero? ¿Pagó Salinas Pliego la multa de más de 700 mil dólares a Belice por haber dañado una zona de arrecifes con su otro yate, el Azteca 1? El mismo señor que se precia de hacer campañas de defensa del medio ambiente y cuya hija es senadora por ese “partido fantasma” llamado Partido Verde Ecologista de México.

El caso de Juan Armando Hinojosa Cantú, el compadre del presidente Enrique Peña Nieto y contratista consentido desde el gobierno del Estado de México, es todavía más sintomático. Abrió empresas a nombre de su suegra y su madre, dos mujeres octogenarias, para esconder 100 millones de dólares. En medio de la investigación sobre el conflicto de interés de la Casa Blanca de Peña Nieto y de la mansión de Malinalco de Luis Videgaray.

El jefe de las finanzas del país, Videgaray Caso, no quiere hablar de los #PanamaPapers porque sabe perfectamente que muchas de estas maniobras de ocultamiento del dinero son su responsabilidad como autoridad hacendaria. ¿O cuántas casas de Malinalco se necesitan para que las autoridades se hagan de la vista gorda?

El director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Sandoval, primero divulgó el domingo un comunicado de prensa para señalar que la dependencia investigará, y al día siguiente prácticamente exonera: de entrada, no es “ilegal” trasladar fondos a paraísos fiscales.

¿Investigará el funcionario con nombre de filósofo a Grupo Televisa –la misma empresa a la que condonó más de 400 millones de pesos y con la que sostiene un claro acuerdo de promoción y publicidad–, o a Grupo Salinas, cuyo propietario se considera a sí mismo como un “héroe empresarial discreto”?

Los #PanamaPapers revelan que la corrupción no es patrimonio exclusivo de los políticos o gobernantes. Los empresarios también forman parte de esta red de impunidad. Sólo el presidente argentino Mauricio Macri, perteneciente a un consorcio empresarial con ramificaciones en el futbol, quiere hacernos creer que no es ningún problema dirigir una empresa off shore antes de ser mandatario y no declararla.

Cleptocracias

En otras palabras, los documentos de Mossack-Fonseca son apenas un retrato de los mecanismos que utilizan las cleptocracias, es decir, los sistemas de gobierno y de desarrollo del poder basados en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus distintos derivados.

En la descripción contemporánea de cleptocracia se señala a este modelo de gobierno como un mecanismo a través del cual el Estado “se dedica casi enteramente a gravar los recursos y a la población del país (por medio de impuestos, no retribuibles a ellos), los dirigentes del sistema amasan grandes fortunas personales, el dinero es lavado o se desvía a cuentas bancarias secretas, por lo general, a paraísos fiscales, como encubrimiento de peculado o robo”.

Prácticamente lo que hemos vivido los mexicanos desde la era de Carlos Salinas de Gortari hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto: un sistema de enriquecimiento de unos cuantos, a través de un mayor gravamen a la población y una impunidad a toda prueba.

No importan los signos partidistas. Ahí está el hijo de Miguel Ángel Yunes, expriista y actual candidato “opositor” al gobierno de Veracruz. O los lazos familiares. Lo mismo sirve una esposa actriz o una suegra para “lavar” dinero.

Las cleptocracias funcionan, sobre todo, en economías basadas en la extracción de materias primas (minería y petróleo, principalmente), y más en una era donde los commodities generaron la fortuna de unos cuantos y el empobrecimiento de países como México, Rusia, Brasil o Argentina.

No es casual que buena parte de los empresarios y funcionarios mexicanos mencionados tengan alguna relación como contratistas de Pemex: ahí está el potentado tamaulipeco Ramiro Garza Cantú (propietario del diario La Razón), que amasó una fortuna rentándole plataformas a Pemex; o los socios de Oceanografía que vivían de los contratos navieros con Pemex; o el mismo Emilio Lozoya Austin, exdirector de la ahora considerada “empresa productiva del Estado”, que intentó abrir una empresa offshore y dice que no la concretó, pero envió su pasaporte.

Los #PanamaPapers apenas son la punta del iceberg de una práctica global. El gobierno de Rusia, tan exhibido por la red de amigos de Vladimir Putin que tienen 2 mil millones de dólares en paraísos fiscales, acusó a la CIA de estar “detrás” de la magna filtración.

¿Acaso los sistemas de información rusos no tendrían capacidad para ellos mismos aportar datos de los personajes norteamericanos y europeos involucrados en los paraísos fiscales?


Aquí no hay guerra fría o guerra caliente. Aquí son los mismos mecanismos que sirven a narcos, dictadores, futbolistas, dueños de medios, empresarios, contratistas, cineastas y alguno que otro aristócrata para mantener el secreto mejor guardado en las cleptocracias: la ruta del dinero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435962/panamapapers-las-cleptocracias-al-desnudo

Poderosas familias cercanas a Peña Nieto, en #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO:Las familias Alcántara y Doporto, presentes en los más altos niveles de la política y en negocios millonarios de transporte y farmacéuticos, tienen ahora vínculos estrechos a través de por lo menos fideicomisos registrados en Nueva Zelanda y una empresa domiciliada en Hong Kong, que les ha permitido hacer todo tipo de operaciones empresariales e inversiones en diversas partes del mundo.


En su propio campo de acción y por separado, las dos familias manejan intereses de grandes alcances y tienen una agenda de relaciones con múltiples personajes y empresarios que se han traducido en mayor poder político y económico desde el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La convergencia de las dos familias quedó expuesta con la filtración de once millones y medio de archivos de la firma panameña experta en la creación de empresas en paraísos fiscales Mossak Fonseca. Los documentos, a los que Proceso tuvo acceso como parte de la investigación periodística global #PanamaPapers, muestran la comunión de intereses de las dos familias.


Los archivos de Mossack Fonseca fueron entregados de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zetung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, a más de cien medios de todo el mundo.

La coincidencia de las familias Alcántara y Doporto se dio a partir de la integración legal de dos fideicomisos registrados en Nueva Zelanda a nombre del abogado Luis Doporto Alejandre, y su esposa Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas.


Aurora Alcántara es esposa del exgobernador de Oaxaca, el priista José Murat, quien a su vez es padre del actual candidato a gobernador de ese estado por el PRI, Alejando Murat, exfuncionario de Enrique Peña Nieto.

La esposa de José Murat es hermana de Roberto Alcántara Rojas, dueño de VivaAerobús en México, director general Grupo Toluca, dedicado al transporte terrestre, y el mayor accionista minoritario de la española Prisa, editora del periódico El País.

Roberto Alcántara alcanzó esa posición en el diario español luego de que al inicio del sexenio, el gobierno de Peña Nieto le otorgó tres contratos por cuatro mil millones de pesos para el cobro electrónico del peaje en las carreteras operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

De acuerdo con los archivos de Mossack Fonseca, en septiembre y diciembre de 2012 el despacho panameño incorporó los fideicomisos Maximus Trust y Cabita Trust en Nueva Zelanda, en los que Luis Doporto Alejandre y Melissa Flores aparecen como beneficiarios finales. Para ello, Mossack Fonseca recurrió a Orion Trust (New Zealand) Limited, su fiduciario en Auckland, y puso a sus empleados de Panamá como administradores.


En ambos fideicomisos aparecen Héctor Doporto Ramírez, María del Rocío Alejandre Castillo y Aurora Alcántara Rojas –respectivamente padres y suegra de Doporto– como protectores sustitutos.

Un fideicomiso es una herramienta financiera mediante la cual se administran activos financieros en beneficio de otra persona física o jurídica. Los fideicomisos son muy utilizados para evitar el pago de determinados impuestos, sin que sus activos puedan ser perseguidos legalmente por los acreedores del fideicomitente ni de la entidad fiduciaria.

Maximus Trust sirvió a los Doporto Alcántara como beneficiarios de la empresa World Tactic Limited en Hong Kong. Esta empresa es propietaria de la marca de ropa de niños Livanna, que diseña Melissa Flores Alcántara Rojas.

En un correo fechado del 17 de diciembre de 2012, un empleado de Doporto solicitó a Mossack Fonseca abrir una empresa en las Islas Vírgenes Británicas que dependiera de Maximus Trust. También solicitó que “se abriera una cuenta con un banco Europeo, por lo que sugirieron Barclays Europa”.

Doporto utilizó ese fideicomiso para manejar directa e indirectamente algunas entidades holandesas, como Maxim Enterprises C.V., Maxim Investments y Warwick Enterprises C.V., según los archivos de Mossack Fonseca.

Doporto on Linkurious.

En los documentos de “diligencia debida”; es decir, de revisión de antecedentes, de Maxim Enterprises, que Doporto firmó en junio de 2012, el abogado indicó que necesitaba la empresa para “planeación fiscal y sacar ventajas del acuerdo de doble tributación entre México y Holanda”.

Precisó que la empresa sería utilizada para mover dinero desde y hacia México, Eslovaquia, Holanda y Suiza. Estimó que la empresa realizaría entre 11 y 100 transferencias mensuales, a través de las cuales movería entre 10 mil y 100 mil euros o dólares.

El segundo fideicomiso, Cabita Trust, fue utilizado para incorporar estructuras –con empresas y fundaciones en Suiza, Holanda y Malta, entre otros—durante las operaciones de reestructuración del sector farmacéutico mexicano.


Luis Doporto Alejandre nació en 1974 en la Ciudad de México. Estudió en la Universidad Iberoamericana, con especialidad en materia mercantil y estudios superiores en Estados Unidos y Francia. Es fundador del despacho de asesores jurídicos y financieros Doporto & Asociados, establecido en el exclusivo edificio Parque Reforma sobre Avenida Campos Elíseos, en la Colonia Polanco de la Ciudad de México. Es cliente de Mossack Fonseca desde julio de 2012, según su ficha en los archivos internos.



A diferencia de otros intermediarios del sistema offshore, Doporto & Asociados no sólo incorpora estructuras en paraísos fiscales para sus clientes, entre otros a través del despacho panameño Mossack Fonseca.

Se dedica también a buscar oportunidades de inversiones, llevar las ofertas a empresarios y otros inversionistas potencialmente interesados en participar en ellas, y eventualmente participa en la negociación y la elaboración de los contratos.

Entre su cartera de clientes destacan importantes empresarios mexicanos, como el magnate del acero Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, director del Grupo Collado y primo hermano de Lupita Hinojosa, la difunta primera esposa de José Murat. En los documentos obtenidos por el ICIJ, Vogel Hinojosa aparece en dos estructuras incorporadas por Doporto & Asociados.

El propio Luis Doporto ha participado en algunas de los esquemas que ha creado con Mossack Fonseca, sobre todo en la reestructura del sector farmacéutico, de acuerdo con los documentos.

Es hijo de Héctor Doporto Ramírez, actual coordinador general del sector patronal del Consejo Técnico del IMSS y exsecretario de la junta directiva de la Lotería Nacional a mitades de los 90.

En septiembre pasado, a través de una estructura offshore armada por Mossack Fonseca, Doporto adquirió –por lo menos en el papel– el Grupo Marzam, número dos en la distribución de medicamentos en México.

Para la adquisición de Marzam, Doporto recibió un préstamo de 90 millones de dólares de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, quien es dueño del Grupo Nadro, el principal distribuidor de medicamentos en el país.

Doporto declaró a Proceso que en efecto obtuvo recursos de esa fuente, pero aseguró que la mujer no tiene ningún control sobre Marzam, pues se limitó en prestar el dinero para su adquisición. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no supo que Matarazzo estuvo involucrada en la compra, por lo que no consideró la operación como una concentración.

Héctor Doporto Alejandre, el hermano del abogado, es el encargado de conseguir medicamentos de importación para Alianta, una filial de Savi Distribuidores, la cual estuvo inhabilitada durante cinco años para participar en licitaciones públicas, a denuncia del órgano interno del IMSS por haber falseado el registro sanitario de un medicamento suizo.

En una investigación periodística publicada en febrero del año pasado, el diario The New York Times aseguró que la familia del exgobernador de Oaxaca, José Murat tenía millonarias propiedades en el exclusivo condominio Time Warner, que domina el Parque Central de Nueva York.

Según el diario estadounidense, Melissa Flores Alcántara había comprado un departamento en el mismo condominio, colindante con otro que adquirió Ivette Morán, la esposa de Alejandro Murat, el hijo del exgobernador y ahora candidato del PRI para el gobierno de Oaxaca.

Además, el Times señaló que Vogel Hinojosa era propietario de otra vivienda en el edificio. Los inmuebles fueron valuados en más de 6 millones de dólares en conjunto.

De acuerdo con el diario, el condominio fue adquirido en 2004, cuando Murat estaba terminando su gobierno, por Nivea Management, una empresa fantasma incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.

En los documentos internos de Mossack Fonseca aparece una compañía llamada Nivea Management Corp., que el despacho panameño creó en 2002 e incorporó al registro comercial de las Islas Vírgenes Británicas en 2004.

Esta empresa fue establecida con acciones al portador, lo que significa que no existe ningún propietario legal registrado: quién tiene las acciones entre sus manos se vuelve su dueño. En la última década, la regulación internacional sobre las acciones al portador ha endurecido mucho; se considera que son una de las herramientas más utilizadas para lavar dinero.

El mismo día que el Times publicó la investigación periodística –en la que participó la mexicana Alexandra Xanic, ganadora del Pulitzer en 2013–, Vogel Hinojosa envió un comunicado a los medios de comunicación mexicanos.

Reconoció que él era dueño del departamento 57F en el condominio Time Warner. Subrayó que su relación con Murat era “exclusivamente familiar” –“a través de mi prima Lupita Hinojosa, difunta esposa de José Murat y madre de mis sobrinos”– e insistió que “no existe ni ha existido ninguna relación de negocios ni propiedad en común”.

Húesped del Pacto por México

Al terminar su mandato en Oaxaca, Murat se dedicó a dar asesorías a varios gobernadores del PRI. Pero tras el triunfo del PRI en la elección presidencial de 2012, Peña Nieto lo designó para coordinar el acuerdo político para firmar el Pacto por México.

Con ese acuerdo, Peña Nieto logró generar un consenso entre los principales partidos políticos del país para adoptar las reformas hacendaria, laboral, educativa y energética.

Además de los condominios de Time Warner, la familia del exgobernador posee otro en la calle 55 West de la misma ciudad, así como casas en Utha y condominios en Florida a nombre de su hija Lorena Murat.

De acuerdo con el New York Times (NYT), Lorena Murat Hinojosa es la cabeza visible de la empresa de sociedad responsable Edlo LLC, con el registro L14000006743 y que actualmente se encuentra activa, a través de la cual se crearon empresas para la compra de inmuebles. La dirección con la que aparece registrada corresponde al bufete Robert Allen Law, en Miami, Florida dentro del edificio de oficinas del Four Seasons.


Según el diario Reforma, José Murat transfirió en diciembre del año pasado sus dos casas valuadas en más de 500 mil dólares cada una en Park City, Utah, en favor de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) creadas en Boca Ratón, Florida, a nombre de sus cuatro hijos.

Poder mexiquense

El exgobernador impugnó la información del NYT y aseguró que esa fortuna viene de una herencia y negocios de familia. Para este trabajo se le buscó infructuosamente.


Su hijo Alejandro Murat fue nombrado integrante del equipo de transición de Peña y luego director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (NFONAVIT) desde donde se catapultó a la candidatura al gobierno de Oaxaca, siguiendo los pasos del jerarca de la familia. Alejandro Murat inició su campaña el domingo 3 de abril, el mismo día en que se dieron a conocer los principales hallazgos de #PanamaPapers.

Con su reciente boda con Aurora Alcántara, José Murat quedó muy cerca de una de las familias más favorecidas del gobierno de Peña Nieto. El exgobernador oaxaqueño se convirtió en cuñado de Roberto Alcántara Rojas, considerado como uno de los empresarios del sexenio peñista por la multiplicación de sus inversiones millonarias que han alcanzado hasta ser socio del grupo editorial PRISA que publica el diario El País.

Jefe del clan, Roberto Alcántara Rojas, es cercano a la familia Peña desde hace muchos años. Nacido en Acambay, Estado de México, el 19 de abril de 1949, es hijo de Jesús Alcántara Miranda, quien fuera presidente municipal de Acambay, dos veces diputado federal y senador (1988-1991).

Actualmente Roberto Alcántara es presidente del Grupo Toluca, principal accionista del GRUPO IAMSA, la cual tiene un portafolio de diversas empresas de transporte terrestre como Omnibus de México, ETN y Caminante. Además, es dueño de la cuarta aerolínea más grande de México, VivaAerobus que opera una flota de 19 aviones Boeing 737-300.

Fue presidente del Consejo de Administración del Banco Bancrecer entre 1991 y 1999, el cual quebró a causa de la crisis financiera de diciembre de 1994 y que fue rescatado por el FOBAPROA.

En abril de 2014, junto con su hermano el ex-diputado priista Arturo Alcántara, ganaron la concesión del gobierno federal para administrar la gestión del cobro electrónico del 49% de las casetas de México a pesar de que se denunciaron irregularidades.

El empresario del sexenio recibió en mayo del 2014 tres contratos de Capufe por 4 mil millones de pesos mediante una licitación plagada de irregularidades. En sendos reportajes publicados, Proceso (1974 y 1975) documentó el favoritismo del gobierno peñista para que Roberto Alcántara se quedara con el negocio millonario de cobro electrónico de 3 mil 800 kilómetros de autopistas.

Un mes después, el millonario empresario mexiquense que empezó hace medio siglo con el negocio familiar del transporte público, se convirtió en el mayor accionista individual de la empresa española de comunicaciones PRISA al invertir de su fortuna personal 100 millones de euros.

Su hermana María Guadalupe Alcántara Rojas es actualmente diputada plurinominal del PRI e integrante de la comisión legislativa de Transporte. Ella fue la que presuntamente vendió la casa de Manzanos 333, Bosques de las Lomas, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como lo escribió la reportera Jesusa Cervantes en el número 2025 de Proceso, en agosto del 2015.

Roberto Alcántara ha sabido invertir en política desde que el 2000 apoyó al mismo tiempo al candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, y al del PAN, Vicente Fox; desde que dio trabajo a uno de los hijos de Martha Sahagún y de esa amanera ganarse espacios en el gobierno federal.

Requeridos para esta investigación, la familia Alcántara Rojas, se negó a responder a Proceso.


El abogado Luis Doporto aseveró que solamente tiene lazos familiares y cordiales con su suegra –no mencionó el resto de la familia Alcántara Rojas– y aseguró que prácticamente no convive con Murat, el nuevo esposo de Aurora Alcántara Rojas. Insistió también en que sus relaciones con Vogel Hinojosa son estrictamente de negocios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO, JOSÉ GIL OLMOS, MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/435970/poderosas-familias-cercanas-a-pena-nieto-en-panamapapers

Investiga el SAT a 33 involucrados en #PanamaPapers; Lozoya y Alemán, en la lista

CIUDAD DE MÉXICO: El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, afirmó que ya se investigan los 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios vinculados con la investigación #PanamaPapers.


Entre los mencionados en la investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (IJIC por su siglas en inglés), se encuentra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien negó tener relación alguna con el despacho panameño Mossack Fonseca, aunque su pasaporte fue encontrado en la documentación filtrada.

En entrevista con Radio Fórmula, el titular del SAT evitó referirse a algún caso en particular pero confirmó que se investiga a Lozoya y al exgobernador de Veracruz Miguel Alemán.


Además refirió que de los 33 investigados, 18 ya tienen una auditoría en proceso y dos se investigan a petición de otros países.

En caso de que los recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años el país, reiteró, los involucrados tendrán derecho de a que se les condenen las multas y recargos en caso de que sus recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años el país.

“Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas, la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso. Incluso muchos de los que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información.

“Tenemos que identificar si hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de auditoria, si los hay iniciamos la auditoría, si no los hay se terminó el tema”, apuntó.

Núñez aclaró que las 33 personas investigadas no han sido notificadas porque se trata de procedimientos internos de una primera fase. Una vez que se concluya y de encontrarse elementos que acrediten que realizaron operaciones y no pagaron impuestos, serán notificados y se iniciará el procedimiento correspondiente.

“Son las 33 personas que se refieren en la primera parte de lo que se conoce de la investigación y es público, es una revisión interna que nos permita dar iniciar o no a un procedimiento”, señaló.

El titular del SAT también fue entrevistado por Carmen Aristegui en su espacio en CNN donde le preguntó sobre los casos que involucran a mexicanos, como Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, entre otros, y sin hacer alusión a un caso en particular, el funcionario afirmó:

“Tenemos una tarea y es una obligación, caso por caso vamos a iniciar una investigación, sin distinción alguna, y en la medida que se vayan publicando más nombres, porque entiendo que son muchísimos documentos que tiene en su poder el Consorcio (ICIJ), los vamos a ir revisando”.

Ahí detalló que las auditorías que ya se llevan a cabo pueden tardar 12 o hasta 24 meses “para efecto de poder tener un procedimiento apegado a la ley que nos permita poder llegar a sancionar a quien no haya pagado impuestos”, explicó.

Y aclaró que para que alguno de los implicados sea encarcelado tendría que haber cometido “omisión, evasión fiscal; no haber presentado la declaración, o no haber pagado los impuestos.

“Dependiendo el monto pueden ser tres meses o nueve años de cárcel”, comentó.

Núñez afirmó que en México esas prácticas se han combatido en el pasado, “por algo existen esos paraísos fiscales”.

En el caso de los involucrados en #PanamaPapers, dijo, hay mecanismos que les permiten regularizarse como el retorno de capitales que estará vigente hasta junio próximo.

“Si los contribuyentes llevaron capitales al extranjero, no los declararon, no pagaron impuestos, tienen hasta el mes de junio para hacerlo, y evitarse la causa penal”, advirtió.

De lo que “se recaude con una noticia como ésta (#PanamaPapers), que yo creo que debe haber muchos preocupados, podremos ver qué tanto abonó o no una noticia como esta.

“Deben estar algunos mexicanos preocupados, algunos que ya fueron publicados y otros que seguramente están por publicarse, gracias a esta investigación periodística.

“Es muy oportuna una publicación como esta, tenemos que reconocer lo valioso de la información que da, y que también manda una señal muy clara a quien se ha atrevido a utilizar paraísos fiscales con fines de evasión”, apuntó.

El funcionario recordó que todas las instituciones financieras tendrán que informarle a las administraciones tributarias en el mundo, particularmente de 80 países, todas las cuentas puente o todo tipo de transferencias que se hacen.


“Afortunadamente a partir del próximo año tendremos información automática, estandarizada, 80 países vamos a compartir información, y el año pasado empezamos a compartirla con Estados Unidos”, refirió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436032/investiga-sat-a-33-personas-involucradas-en-panamapapers