Al menos 22 mil muertes por contaminación ambiental: Came

Ciudad de México. La contaminación ambiental en la ciudad de México y su zona metropolitana, generada por la acumulación de ozono, partículas suspendidas y materiales dañinos para la salud humana, ha resultado en 22 mil muertes prematuras, asociadas a la mala calidad del aire, informó Martín Alberto Gutiérrez Lacayo.

El coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con la Comisión de Medio Ambiente a la que expuso que la zona metropolitana de la ciudad de México ha sido objeto de “estudios muy sólidos sobre la composición de la atmósfera, que no hay en otra parte del mundo igual. Pero no tenemos esos estudios en las regiones de Ecatepec, Tula, Tepeji y Toluca, por ejemplo. Necesitamos fortalecer la información. Por eso estamos ampliando diagnósticos de la zona megalopolitana, para que una vez validada se tomen decisiones”.

También el subsecretario de Planeación y Política ambiental de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, instó a los diputados a impulsar una propuesta de ley que ya se encuentra en los archivos del Congreso sobre la calidad del aire. “Es lo que necesitamos para dar al marco jurídico, la fuerza que permita enfrentar las situaciones tan complejas que enfrenta la ciudad de México. Esa ley sí está en sus manos”.

Por su parte, al concluir la reunión con los diputados, Martín Alberto Gutiérrez, adelantó que se elabora un catálogo de medidas para reducir la contaminación que producen las empresas, en un rango de 30 a 40 por ciento de las emisiones, tanto en el Valle de México como en las cuencas de la Megalópolis, a parte de una restricción adicional del parque vehicular en circulación.

Al abundar sobre las muertes generadas por la contaminación, solicitó responsabilidad a quienes habitan en la llamada Megalópolis, pues “debemos proteger a la ciudadanía. Las asumidas son medidas de carácter emergente, temporales para evitar los picos de ozono en esta temporada tan desfavorable que tenemos hasta el mes de junio. No hay una sola medida que resuelva el problema, sino la articulación de un paquete de ellas que nos van a permitir mejorar la situación”.

Sobre las medidas que se tomarán para combatir la corrupción en los verificentros, comentó que además de las medidas ya anunciadas, como la actualización de normas para regular el sistema, se llevarán a cabo una serie de acciones en coordinación con las entidades que conforman la Megalópolis, para evitar la falta de certeza y obviamente algunas conductas (de corrupción) que han sido regulares en los verificentros.

Fuente: La Jornada

Autor: Enrique Méndez y Roberto Garduño

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/05/al-menos-22-mil-muertes-por-contaminacion-ambiental-came

Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de México.

De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.

Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños. Hasta ahora.

Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.

La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.

Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.

En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional en la que se definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en Münich.

Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la firma panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigación.

El dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes más importantes de México para la firma, de acuerdo con los archivos.

El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y de la residencia en Malinalco, Estado de México del secretario de Hacienda, Luis Videgaray –el responsable de la recaudación fiscal en el país–, ha tenido prisa por mandar dinero fuera de México.

En plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña Nieto, Hinojosa Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de cien millones de dólares en una compleja red financiera que pasó por varios países.

Esa cifra, que Hinojosa Cantú manifestó como “parte de sus ahorros”, era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del despacho panameño que en casi 40 años de existencia está considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los paraísos fiscales.

Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para esta investigación para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema. Aseguró que se trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su dinero.

El dueño del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la propia firma panameña describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”: Ramiro García Cantú, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de Pemex.

Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cantú tiene una relación más antigua con Mossack Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, ubicada en las islas del Oceánico Índico, al noreste de Madagascar. La oficina de Garza Cantú tampoco se reportó a la llamada de Proceso.

Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasión de impuestos en el futbol europeo.

Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.

Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación aparece su firma.

Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil. Mossack Fonseca, además, abrió otra compañía en el mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografía a nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista.

La suerte de los socios de Oceanografía cambió con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del ICIJ. En México, ese mismo año se libró una orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia ilícita según los registros judiciales verificados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR).

Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.

La información disponible no refiere si se concretó la operación, pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL (Proceso 2056).

El Süddeustche Zeitung recibió la información interna de Mossack Fonseca de manera anónima y la compartió con el ICIJ, la red internacional de periodistas con sede en Washington que organizó la colaboración global.

El historial del ocultamiento del dinero a través de la firma panameña es largo, como lo indican los 2.6 terabytes de información contenida en correos electrónicos, documentos e imágenes, que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde su creación en 1977 hasta diciembre de 2015.

En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76 países y 109 organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre los rascacielos corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panamá. Pero el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tamaño modesto de vidrios polarizados, que comparte con la clínica odontológica Arango Orillac, en la pequeña calle 54 del barrio Obarrio, a una cuadra y media de la torre de BBVA Bancomer conocida como “el tornillo”, como constató Proceso en una visita al lugar en marzo pasado.

A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50 –una de las vías más importantes de la ciudad–, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, de tal forma que nadie creería, al pasar frente al edificio, que ahí se abrieron 214 mil 488 entidades offshore a través de las cuales circulan millones de dólares cada día.

En respuesta a cuestionamientos durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.

Los estándares de revisión y supervisión comprendidos en lo que se conoce como debida diligencia son prácticamente inexistentes cuando se trata de grandes negocios. Fue el caso de Hinojosa Cantú y de una empresa que gestionó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con el primero, desestimó las evidencias sobre su relación con el presidente Peña Nieto, a pesar de que sus propias reglas lo ubican en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés). Con tal de quedarse con Hinojosa, que entra en la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares, los agentes de la firma panameña atribuyeron la información contraria al dueño de Grupo Higa a versiones periodísticas promovidas “por su principal competidor”, el empresario Carlos Slim, por medio del diario The New York Times.

La misma falta de rigor mostró el despacho panameño en el caso del colombiano Juan Pablo Londoño cuando en 2007 le creó la compañía Monedeux International Services Inc. Sólo después de cinco años Mossack Fonseca decidió retirarse como agente registrador cuando ya era pública la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el sentido de que la compañía estaba relacionada con Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.


En la creación de Monedeux, Mossack Fonseca se había conformado con una carta de un certificador desde Medellín, Colombia, en la que le dijo, en octubre de 2006, que Londoño movía 500 millones de pesos colombianos al mes.

Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

El empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.

Carlos Sousa, director de Relaciones Públicas de Mossak Fonseca, asegura que sus clientes llegan a través de despachos de abogados e instituciones financieras, incluidas sucursales de grandes bancos.

Consultado por Proceso, Sousa aseguró que Mossack Fonseca trabaja “con muy pocos” PEP debido a que la regulación internacional la considera de “alto riesgo”. Para la firma panameña, no es el caso de Hinojosa Cantú: “Hice la búsqueda referente a la persona que usted refiere y según World Check y World Compliance no está calificado como PEP. Además, los PEPs no deben ser rechazadas simplemente por serlo; sencillamente es una cuestión de un análisis y administración apropiados de riesgo”.

Respecto al caso de las dos personas señaladas por Estados Unidos como integrantes del CJNG, dijo que si después de vender una compañía es listada por la OFAC, “se hacen los respectivos reportes y se comienza el proceso de renuncia, a menos que los reguladores (autoridades) den una instrucción”, respondió por escrito.

Aseguró que las personas utilizan las estructuras financieras de Mossack Fonseca “para temas totalmente válidos y legales, siendo probable que en algún momento alguna haya sido utilizada para asuntos incorrectos, y en caso que ocurra, cooperamos totalmente con las autoridades”.

De acuerdo con la documentación interna de la firma, sólo hay un caso mexicano en el que dijo que no: el de Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero Interacciones. En febrero de 2015, en otra investigación internacional conocida como Swiss Leaks, el ICIJ dio a conocer que Hank Rhon tenía depositados 150 millones de dólares en Suiza en operaciones que tenían el propósito de evadir impuestos o esconder el dinero.

La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al tamaño del desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió a mediados de los años noventa la llamada Operación Tigre Blanco.


Sin embargo, Interacciones Casa de Bolsa, propiedad de Hank Rhon, aparece en los archivos de Mossak Fonseca como un “prospecto de cliente” en 1996, cuando estaba en marcha la investigación estadunidense contra la familia de Carlos Hank González, fundador del grupo político Atlacomulco, Estado de México, del que surgió el presidente Peña Nieto.

En la práctica, un “cliente” de Mossack Fonseca es un intermediario entre la firma panameña y el beneficiario final, verdadero dueño de las compañías creadas para esconder el dinero. En esa misma condición de prospectos de clientes de México aparecieron, en 1986, la firma Pricewaterhouse Coopers y, sin fecha, el Dresdner Bank Latinamerika, un banco que tiene su sede en Fráncfort, Alemania.

Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano: Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente de la secretaría de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia.

Con su correo electrónico oficial del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo tenían como “prospecto” de intermediario en enero de 2013. En conversación con Proceso, Trujano aseguró desconocer porque su nombre estaba en los registros de la firma panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica.

El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.

Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña. Son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010, envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos. De acuerdo con la información, una de las firmas mexicanas que más ha recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto Alexandre. A través de una empresa de servicios financieros de Holanda, Infintax, Doporto y Asociados ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización del sector farmacéutico en México.

Una muestra de ello: en junio pasado, el despacho tuvo un papel central en la venta de Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de pesos.

Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis Doporto, junto con el financiero venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick Wyss. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.

Sin embargo, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder en el sector de la distribución de medicinas. En declaraciones a Proceso, Doporto reconoció la participación de Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos para la operación de compra y negó que con ello su esposo se haya apoderado de su rival directo.

El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 años, es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab. Aurora Alcántara es hermana de Roberto, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de transporte terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno, Peña Nieto le dio un contrato a Roberto Alcántara por cuatro mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) (Proceso 1974).

Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones.

En las estructuras de Doporto & Asociados creadas con Infintax, también tiene una participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, excuñado de José Murat, padre del actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su campaña a gobernador del mismo estado.

Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que Aurora Alcántara aparece como protectora sustituta.

El espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca. La actriz Edith González Fuentes aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdes. Alemán Velasco ha sido socio de Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre otras empresas, de la aerolínea Interjet. Lazo Margain no respondió a las llamadas de Proceso. González fue además pareja del exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel Miranda. Durante gran parte de su carrera ha sido actriz de Televisa, aunque desde 2010 trabaja para TV Azteca.

Del sector empresarial, Mossack Fonseca facilitó a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) la creación en Panamá de una compañía llamada Carlyle Techonologies Corporation que ha servido para la triangulación de recursos de la empresa mexicana desde 2006, cuando AHMSA ya estaba en quiebra. Empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, AHMSA todavía movilizó recursos en diciembre de 2015, de acuerdo con los archivos filtrados.

La relación del despacho panameño con clientes mexicanos en busca de paraísos fiscales data por lo menos de hace 30 años, cuando le abrió la puerta a narcotraficantes para crear empresas offshore, en momentos en que salían del país millones de dólares por la crisis económica en el gobierno de Miguel de la Madrid.

En la primera mitad de los años 80, en pleno auge del cartel de Guadalajara, Mossack Fonseca creó dos empresas para uno de los principales líderes de esa organización, Rafael Caro Quintero.

Uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., propiedad del narcotraficante sinaloense. Caro Quintero pasó 28 años en prisión y fue liberado sin cargos en 2013. Tras unos meses de breve libertad, está de nueva cuenta en condición de prófugo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la orden de liberación. En los ochenta Mossack Fonseca también creó la compañía Financiera Monte Carlo S.A. para Caro Quintero.

La relación del despacho panameño con narcotraficantes mexicanos no termina ahí. En 2012 abrió una empresa en Uruguay para Wendy Amaral Arévalo y Gerardo González Valencia, boletinados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros(OFAC, por sus siglas en inglés), como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades de México y Estados Unidos, esa organización delictiva es una de las más poderosas en la actualidad.

Otro poder fáctico de México tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca: las televisoras. En 2005, entró en contacto con el despacho Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, del que fue fundador el actual vicepresidente de Finanzas de Televisa Alfonso de Angoitia. El despacho le ofreció a Mossack Fonseca integrar a su cartera a importantes empresarios de México, como Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa. Uno de los productos de Mossack Fonseca que más le interesó al despacho del ahora ejecutivo de la televisora fue la creación de fundaciones.

Angoitia admitió haber adquirido esta empresa en Bahamas “con el propósito de comprar un departamento y una membresía en un club de buceo náutico ubicado precisamente en Bahamas, deporte que practica desde hace muchos años”. Pero aseguró que se trató de una “adquisición pública y transparente”, por lo que le negó relevancia al tema, según respondió el ejecutivo de Televisa a Aristegui Noticias a través del vocero de la empresa, Alejandro Olmos.

El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca Ricardo Benjamín Salinas Pliego también usó una compañía offshore creada en Islas Vírgenes con la firma panameña para la compra de un yate.

Entre los prominentes hombres de negocios que han entrado al secreto mundo de la movilización de capitales está Guillermo Cañedo White, exejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre 2007 y 2012. Ese periodo está bajo investigación de la justicia de estados Unidos como parte de la corrupción de la Federación Internacional de Futbol (FIFA).

Uno de los socios de Cañedo White es otro de los mexicanos con una amplia relación con Mossack Fonseca, Ángel Remigio González González. Dueño de medios de comunicación en Centro y Sudamérica, el empresario conocido como El Fantasma, por su reiterada negativa a aparecer en público, es socio de Cañedo White en una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas. Ninguno se reportó a los llamados del semanario.

También del sector de las telecomunicaciones aparece el empresario y coleccionista de arte José Antonio Pérez Simón, quien creó empresas junto con su hija. Formó parte del Grupo Carso de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

Aunque miembros prominentes de la actual clase política mexicana no aparecen en el historial reciente de Mossack Fonseca, el contratista Hinojosa Cantú es considerado en la investigación periodística internacional como uno de los latinoamericanos poseedores de offshore con más relevancia política. Su nombre está al lado del presidente argentino, Mauricio Macri, quien está en la lista de doce líderes mundiales que crearon compañías offshore a través de la firma especializada de Panamá.

Consultada por Proceso y el grupo periodístico McClatchy Newspapers de Estados Unidos, la presidencia de la República se negó a dar comentarios sobre la relación personal de Peña Nieto con Hinojosa Cantú. Sólo remitió a lo dicho por el secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade. Paulo Carreño King, de la oficina Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia de la República, le respondió a la cadena estadunidense, el pasado miércoles 30, que se trataba de un asunto pasado y remitió a los informes de la SFP sobre “el presunto conflicto de interés”.

La mayoría de los líderes mundiales que han escondido dinero en los paraísos fiscales son árabes. Entre ellos, el rey de Arabia Saudita, H.R.H Prince Salma; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, y el exprimer ministro de Iraq, Ayad H. Allawi.

Además del Primer Ministro de Islandia, Sigmund David Gunnlaugsson y el presidente de Ucrania, el empresario Petro Poroshenko, figuran empresarios cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin. La investigación de este caso en particular realizada por el ICIJ, medios europeos y rusos arrojó que los cercanos a Putin ocultaron dos mil millones de dólares por medio de Mossack Fonseca. También está la familia del poderoso presidente de China Xi Jinping.

En total, fueron identificados 12 líderes, 128 políticos y altos funcionarios públicos de todo el mundo, así como 58 familiares y socios de presidentes, primeros ministros o reyes.

En el caso de México, uno de los políticos mencionados como beneficiario de una de las empresas offshore es el exdiputado local de Chiapas y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, Noé Fernando Castañón Ramírez, hijo del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretario general de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León.

La ausencia de nombres de políticos mexicanos no significa que no sean beneficiarios de sociedades a través de familiares o prestanombres. El extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona asegura que los políticos mexicanos tienen mucha experiencia en esconder su dinero en paraísos fiscales ante la falta de control gubernamental.

Dice que con las triangulaciones y las complejas estructuras financieras lo que se busca es perder la identidad de los dueños del dinero a través de números y en las que las partes involucradas no se conocen unas a otras. Subraya que en esas operaciones en las que la información está en compartimientos, ya no hay movimiento de dinero, sino generación de derechos. Ahora todo se hace en la nube, pero en este caso se trata de una “black cloud”, ironiza.

Tampoco extrañó que Mossack Fonseca no tenga oficinas en México, como en otros países de América Latina. No las necesita. Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña.

A partir ahí, se empieza a construir un laberinto de compañías, sociedades, directorios, asamblea de accionistas o fundaciones que operan en diferentes jurisdicciones internacionales en las que es difícil dar con el principal beneficiario de la operación de ocultamiento.

De acuerdo con la información obtenida, en el caso de México se contabilizaron inicialmente 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.

Pocos son los casos en que una sola persona es beneficiario final, cliente y accionista. En relación con México es el caso de Manlio Arellanos Gutiérrez, un asesor financiero veracruzano radicado en Aguascalientes y que en 1996 fue acusado de incumplimiento de pago de ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del Desarrollo Empresarial SA de CV (UCIDE). Arellanos dijo a Proceso que sus empresas con Mossack Fonseca ya estaban disueltas y se negó a dar más información.

Sobrino de Octavio Arellanos Zenil, quien en 1997 fue representante del PAN ante el entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en el Consejo Distrital 3 de Tabasco, Arellano Gutiérrez aparece en compañías abiertas por Mossack Fonseca en la República de Seychelles, y las Islas Vírgenes Británicas. Su nombre también aparece en los registros públicos de compañías abiertas en Nueva Zelanda, otro paraíso fiscal, aunque no queda claro si estas últimas se tramitaron también por medio del despacho panameño. 

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco (Con la colaboración de Mathieu Tourliere).

http://www.proceso.com.mx/435634/al-desnudo-trafico-clandestino-las-fortunas-prominentes-mexicanos

La inconformidad social, amenaza para las elecciones

Este año en el país serán elegidos 12 gobernadores, 388 legisladores locales, 965 presidentes municipales, 300 presidencias comunitarias y 60 diputados para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, una gran carga de trabajo para el INE, sostiene en entrevista su presidente, Lorenzo Córdova. Y ello ocurrirá en una sociedad que desconfía de las instituciones y está vulnerada por la violencia del crimen organizado. Estos elementos son un riesgo para los procesos electorales, pues podrían generar “pulsiones autoritarias” que eventualmente devendrían en el boicot a los comicios.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Este lunes 4, el Instituto Nacional Electoral (INE) llega a su segundo aniversario como órgano rector de la vida electoral del país en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE), que lo fue durante casi 24 años, entre 1990 y 2014.

Pero lo hace en medio de “un país cruzado por graves problemas estructurales, de pobreza, desigualdad social, discriminación, corrupción, impunidad, inseguridad y todos aquellos que, parafraseando a Andrés Molina Enríquez –abogado y sociólogo mexiquense (1868-1940)–, son Los grandes problemas nacionales”, como tituló el libro que publicó en 1908.

Así lo asegura, en entrevista, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE desde que éste entró en funciones.

Problemas a los que ahora se agregan, dice, la violencia del crimen organizado y el narcotráfico.

Y no sólo eso, sino que es un país sumido en la desconfianza, no sólo hacia lo público –“a las instituciones democráticas del Estado, que, sin duda, hoy viven un proceso de credibilidad muy delicado”– sino en todos los órdenes.

Explica: “El problema de confianza es un problema estructural de la vida democrática en México. El informe-país que hizo el IFE al final de su existencia y del que ahora estamos elaborando una segunda edición, nos revela que siete de cada diez mexicanos sostienen que no se puede confiar en nadie fuera del circuito familiar; que hay un problema de, como dicen los sociólogos, erosión del tejido social”.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2057, ya en circulación

Fuente: Proceso

Autor: Carlos Acosta Córdova

http://www.proceso.com.mx/435607/la-inconformidad-social-amenaza-las-elecciones

Diálogo con el narco, propone el episcopado

Dice que sólo busca la paz, el fin de la zozobra para millones de mexicanos: ante el aumento exacerbado de la violencia criminal y la ineficacia de las fuerzas del Estado para combatirla, la Conferencia del Episcopado propone “dialogar” con el crimen organizado. Se trata de sentar a la misma mesa a Dios y al diablo, asegura el obispo de Chilpancingo, en Guerrero, entidad donde se pretende aplicar el modelo que en el pasado le dio buenos resultados al clero colombiano.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante el fracaso de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ya empieza a proponer un “diálogo” con los cárteles de la droga a fin de evitar lo más posible los asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones y otros atropellos derivados de esa confrontación.

Con el argumento de que “sin diálogo no puede haber paz”, la propuesta eclesiástica surge justamente en el estado de Guerrero, uno de los más violentos del país y donde la CEM aplica un proyecto piloto de pacificación y atención a víctimas inspirado en el modelo del episcopado colombiano.

Salvador Rangel Mendoza, principal impulsor de este “diálogo” y obispo de la convulsionada diócesis de Chilpancingo-Chilapa, comenta: “La Iglesia siempre ha promovido el diálogo, porque sin diálogo no puede haber paz. Por eso es necesario dialogar con la gente que se dedica al narcotráfico, pero sin hacer ninguna concesión. ¡Dialogar, no pactar! Eso que quede claro; con ellos no se debe pactar, pero sí llegar a ciertos arreglos”.

–¿Cuál sería el objetivo del diálogo? ¿Qué arreglos se pretenden? –pregunta el reportero.

–Sobre todo evitar tantos asesinatos, secuestros, extorsiones y demás atropellos. Algunos se preguntarán, escandalizados: ¿cómo es posible sentar en la misma mesa a Dios con el diablo? Pero es necesario hablar para detener este terrible baño de sangre, sobre todo de gente inocente. ¿Cómo puedo ponerme en paz con mi enemigo si ni siquiera podemos vernos la cara? Ya basta, pongámonos a dialogar, no somos mudos.

Mendoza es un franciscano con amplia experiencia en zonas de conflicto; durante siete años realizó labor pastoral en Israel, “entre muertes, bombardeos, explosiones de minas personales, ataques aéreos y todas las demás atrocidades que una guerra implica”. Y hace apenas siete meses que el Papa Francisco lo envió como titular a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa para que ahí aplique su experiencia como pacificador.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2057, ya en circulación

Fuente: Proceso

Autor: Rodrigo Vera

http://www.proceso.com.mx/435614/dialogo-narco-propone-episcopado

Cinépolis México pide a discapacitados abstenerse de entrar a sus salas

México a 11 de Noviembre de 2015.-El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) informó que da seguimiento a una queja contra la empresa Cinépolis, por una leyenda aparentemente discriminatoria, contenida en los boletos de acceso.

A través de redes sociales fue difundida la imagen de un ticket de entrada a la Sala Junior, con los términos y condiciones en el que “se recomienda que personas con discapacidad se abstengan de ingresar”, ya que “Cinépolis no se hace responsable de incidentes, lesiones o percances que lleguen a sufrir”.

Ante ello, la empresa emitió un comunicado en el que aclaró que la leyenda fue interpretada incorrectamente por algunos clientes y ofreció disculpas a quienes se pudieron sentir ofendidos.

En relación a la desafortunada leyenda contenida en los boletos de la Sala Junior Cinépolis®, la cual fue interpretada por algunos clientes como una disposición discriminatoria, nos gustaría aclarar que la única intención fue hacer una recomendación para que tome en cuenta las medidas y políticas de seguridad, a fin de prevenir cualquier accidente o inconveniente.

Señaló que la meta de dicha empresa es ser ejemplo en el respeto de los derechos humanos en sus actividades, “incluyendo el trato que brindamos a nuestros clientes y al público en general”.

Finalmente, recomendamos al público en general que asista a la Sala Junior Cinépolis®, por su seguridad, tener en cuenta que existen espacios reducidos, que el libre desplazamiento dentro de la sala no es ilimitado y que es necesario tener cuidado y observar las lineamientos de seguridad durante el ingreso, estancia y salida de dicha Sala Junior Cinépolis®”.

Fuente: Monitor Expresso con información de Cadenanoticias.mx

Autor: Redacción

http://www.monitorexpresso.com/cinepolis-pide-a-discapacitados-abstenerse-de-entrar-a-sus-salas/

Empresas en San Quintín incumplieron acuerdos; campesinos, en el esclavismo

Ciudad de México, 30 de marzo.- Un año después del movimiento de los campesinos de San Quintín, sólo a una mínima parte les han incrementado los salarios, las condiciones laborales no han cambiado y continúa el esclavismo en los campos, afirmó el Sindicato Independiente, Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas.

El informe Primer año de luchadetalla que empresas como Driscoll’s, Los Pinos y Productora Industrial del Noroeste son las que se niegan a reconocer la representatividad sindical, no pagan los salarios mínimos acordados e incluso siguen contratando a menores de edad para la cosecha.

Todo ello sin que las autoridades laborales se den por enteradas, añade el documento. Detalla que los trabajadores siguen recibiendo pago a destajo, según lo que cosechen, o por jornal, y continúan sin estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como les habían ofrecido.

De acuerdo con cálculos de la organización, el pago de sueldos a jornaleros y sus familias –hijos incluidos– representa a las empresas uno por ciento del total de sus ingresos.

En ese sentido, explica que empresas y autoridades aseguran que si dieron los incrementos salariales fue porque aplicaron un magro aumento de 15 por ciento; sin embargo, elevaron las tareas a los jornaleros. Por ejemplo, a los recolectores de pepinos y jitomates, a quienes pagaban 70 pesos diarios, tenían que llenar un promedio de 80 botes al día de ambos productos. Empero, les aumentaron sus ingresos a 80 pesos y ahora tienen que llenar 110 botes, es decir, en términos reales les bajaron sus remuneraciones.

Por el dinero que reciben tienen que cubrir la entrega de 50 botes. Los siguientes se los pagan a peso. Prácticamente pocas empresas están cubriendo el salario mínimo de 180 pesos fijado en los acuerdos que se firmaron en la Secretaría de Gobernación hace un año.

Además, en la mayoría de los centros de trabajo cobran a los empleados renta, comida, gas, uso de estufa, agua, transporte, herramientas que utilizan en sus actividades, cigarros y refrescos. Es esclavismo, denuncia la organización.

Afirma que los campesinos siguen viviendo en galerones, sin higiene ni seguridad en las empresas. Con sus familias. La mayoría provienen de estados del sur del país y no han sido afiliados al IMSS. En tanto, las jornadas laborales son de 12 horas –generalmente de 5 de la mañana a 17 horas– y están expuestos al contacto con productos químicos por los fertilizantes y fumigadores. Les cobran hasta la herramienta que utilizan, denuncia la agrupación.

Detalla que en la jornada de lucha que llevaron a cabo en semanas recientes, para recordar el primer aniversario de que comenzaron las movilizaciones, fueron sancionados quienes participaron en éstas. Los que estuvieron en las protestas fueron boletinados o despedidos. Como no hay papeles firmados, simplemente cuando se presentan a trabajar les anuncian que fueron dados de baja. Por supuesto, sin ninguna liquidación.

Añade que por esa razón continuarán las protestas en la región y seguirán avanzando en la sindicalización de los jornaleros, a contracorriente de las empresas y sin el respaldo de las autoridades.

Fuente: La Jornada Baja California

Autora: Patricia Muñoz Ríos

http://jornadabc.mx/tijuana/30-03-2016/empresas-en-san-quintin-incumplieron-acuerdos-campesinos-en-el-esclavismo

En México, soborno, corrupción y fraude cada vez más sofisticados

En su última encuesta, la consultora PwC destacó que los crimenes económicos siguen con una forma tradicional, pero cada vez tiene un mayor nivel de sofisticación.

El combate a los delitos económicos es una prioridad tanto para las autoridades como para los diversos agentes económicos, lo que se reflejó en un cambio en los porcentajes de la última Encuesta sobre delitos económicos 2016 de la consultora PwC.

Nuestro país tiene una característica, siguen prevaleciendo los delitos económicos tradicionales como la malversación de activos, el soborno y la corrupción, además del fraude tanto contable como en compras. Sin embargo, cada vez toma más relevancia el uso de información privilegiada, lo que lleva a una mayor sofisticación en los delitos.

Sin embargo, ¿Qué tanto se ha avanzado? Te lo explicamos en las siguientes gráficas.

1. Por tipo de delito

De los siete principales delitos que destaca la consultora, lamalversación de activos, que incluye el robo de inventarios, activo fijo, efectivo y otros activos, se mantiene como el principal delito que afecta a las empresas. De hecho, se mantiene en los mismos niveles de la encuesta anterior.

En tanto que los sobornos y corrupción, además de los fraudes en adquisiciones mostraron una reducción importante. Sin embargo, el mayor salto se observó en el mayor uso de información privilegiada, con una incidencia de más del doble de la reportada en la encuesta anterior.

Las tres principales industrias que más han sido afectadas por el crimen son las relacionadas con la producción y transporte de mercancías, de ahí que los mayores saltos se registraron en las empresas detallistas y para las industrias manufactureras.

Otro factor es la importante expansión de la industria automotriz que ha ido acompañada de un importante crecimiento en la afectación por delitos realizados. El sector de energía, servicios públicos y minería registró la mayor caída en su tasa de incidencia.

La afectación económica tiende a ser de cada vez de pequeños montos por acto delictivo.

De acuerdo con la encuesta, el impacto por delitos menores a los 100 mil dólares fue registrada por el 60 por ciento de las empresas encuestadas, esto es, robos relativamente pequeños que en su conjunto arrojan un impacto económico importante.

Un factor relevante es que en los delitos de más de un millón de dólares han visto una reducción en su tasa de afectación.

Las afectaciones a la empresa no se limitan al efecto económico, sino que también tiene implicaciones en términos de personal e imagen para la compañía. La mayor afectación continúa siendo hacia la moral del empleado, quien se convierte en los más afectados por un evento violento. 

Sin embargo, los delitos económicos comienzan a ser un factor de afectación para las relaciones de negocios, para la reputación de la marca e incluso ya comienza a ser un factor de presión cada vez más importante en el precio de las acciones.

Fuente: El Financiero

Autor: Eleazar Rodríguez

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/crimenes-economicos-como-vamos.html

Repiten primera subasta eléctrica ¡en la madrugada!

El algoritmo que elige a los ganadores del proceso se tuvo que correr de nuevo, luego de una oferta errónea, lo que alteró los resultados informados el martes, dice la Secretaría de Energía.

En una noche todo cambió en el proceso de la primera subasta eléctrica de México debido a una oferta errónea.

La Secretaría de Energía (Sener) informó este miércoles que se modificaron los resultados de la subasta. En total hubo 18 ofertas seleccionadas de 11 empresas diferentes, más que los 11 ofrecimientos de siete firmas anunciados el martes.

La dependencia informó que el cambio se debió a la salida de la empresa Gestamp Wind México, que había entregado una oferta erróneamente baja, lo que permitió la entrada de nuevos participantes.

Cesar Hernández Ochoa, subsecretario de Electricidad explicó que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tomó la decisión de revaluar a los ganadores dado el error y también por las quejas de los participantes sobre la aplicación del algoritmo, proceso que está contemplado dentro de las bases de licitación, pero que "en condiciones normales no debería de suceder".

Esta "revaluación" se hizo corriendo de nueva cuenta el algoritmo para elegir a los ganadores del concurso que dieran los mejores costos a la CFE.

"Ahora sí son definitivos", aclaró Hernández.

La Sener informó que los ganadores son empresas de México, Italia, Estados Unidos y China, que participarán en proyectos desde 18 mega watts hasta los 500 mega watts de energía solar y eólica. 

La dependencia reiteró, como lo había informado ayer el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que se asignó la mayoría de los paquetes deseados. 

De los 5 millones 40 mil 880 MWh por año se asignaron el 84 por ciento de la energía solicitada y el 94.6 por ciento de los 5 millones 380 mil 911 Certificados de Energía Limpia ofrecidos.

Con esto el 1.9 por ciento de la generación total anual se generarán con energía renovables solares y eólicas, que detonarán aproximadamente 2.6 mil millones de dólares de inversión.

Fuente: El Financiero

Autor: Sergio Meana

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/modifican-resultados-de-subasta-electrica.html

Morena recicla candidatos para las gubernaturas de junio: postula a ex del PRD, PRI y PAN

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– Entre los candidatos a Gobernador por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones de este año, hay cuatro ex perredistas, dos ex priistas, dos investigadores, un sindicalista, un ex panista y un abogado.

Algunos de los candidatos han generado polémica en sus estados como el caso del abogado Jesús Estrada Ferreiro, en Sinaloa, o del periodista José Guillermo Fabela Quiñones, propuesto por el líder del partido, Andrés Manuel López Obrador, para el Gobierno de Durango y a quien el Instituto Nacional Electoral (INE) le retiró la candidatura hace unos días, debido a que no presentó su informe de precampaña.

Entre los candidatos de Morena figuran ex perredistas que fueron diputados locales y federales e incluso que buscaron la gubernatura en 2010 por esa fuerza política como la candidata en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba Gámez quien fue postulada por la coalición “Aguascalientes nos Une”, conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el entonces Convergencia Democrática.

Entre los aspirantes está el ex priista José Luis Pech Várguez elegido por Morena para contender por el Gobierno de Quintana Roo.

Pech Várguez es cercano al ex Gobernador Miguel Borge Martín, tío de Roberto Borge Angulo, mandatario actual.

Más información en: http://www.sinembargo.mx/28-03-2016/1640587

Fuente: Sin Embargo

Autora: Shaila Rosagel

Trabajadores de Sandak en Tlaxcala rechazan ser liquidados y reciben amenazas de cárcel

Los trabajadores de Calzado Sandak, de Calpulalpan, Tlaxcala, rechazaron ‘‘aceptar sus liquidaciones’’, según la propuesta que les hizo la empresa Bata Internacional a inicios de este mes, por lo que los directivos de la misma ‘‘amenazaron’’ a este gremio con continuar con las denuncias penales en contra de sus dirigentes e integrantes y demandar órdenes de aprehensión para ellos.

El secretario del trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, Epifanio García Carrillo, aseguró lo anterior luego de señalar que la empresa busca ‘‘intimidar y reprimir’’ a los agremiados que se encuentran en lucha por el reconocimiento de su libertad sindical. Informó que desde agosto pasado está preso el secretario general de esta organización, Gustavo Labastida Andriano, ‘‘en un acto totalmente ilegal y por un delito que no cometió’’.

Según puntualizó, el vicepresidente internacional de finanzas de Bata, Tim Jude, en una reunión con el sindicato y tras conocer la decisión unánime que tomaron los trabajadores de rechazar su oferta, ‘‘amenazó con continuar impulsando que se encarcele’’ a los agremiados.

García Carrillo explicó que Bata Internacional presentó la oferta a los trabajadores hace tres semanas, la cual fue rechazada por unanimidad en asamblea general, entre otras razones porque no resuelve el problema de fondo y se considera ‘‘insuficiente’’, pues no prevé ni una pequeña parte de los salarios caídos que se han generado en estos casi cinco años de conflicto, desde que cerró la fábrica.

Incluso, la semana pasada la trasnacional envió personal ‘‘técnico’’ a revisar la planta y sus alrededores, así como el campamento instalado por los trabajadores en paro, por lo que no descartan que ‘‘intenten nuevamente el saqueo de maquinaria aprovechando los días de vacaciones, como ya lo han hecho en dos ocasiones’’, sostuvo el representante sindical.

Añadió que el gobierno de Tlaxcala, en claro apoyo a la parte patronal envió en días pasados patrullas de la policía estatal ‘‘para intimidar’’ a los trabajadores. Ante esta situación, organizaciones solidarias, como la Nueva Central de Trabajadores, los sindicatos Mexicano de Electricistas, de Académicos de Chapingo, de los Trabajadores de la Caja de Ahorros de Telefonistas y del Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros, enviarán brigadas de apoyo para reforzar su campamento, ya que prevén desalojo o detención de más sindicalizados.

Además, estarán presentes observadores de derechos humanos. También llevarán a cabo una campaña por la libertad de Gustavo Labastida, preso desde hace siete meses.

Autora: Alma Zetkin con información de Patricia Muñoz Rios (La Jornada)

León, Guanajuato necesita 32 mil árboles

León, Gto.- Para reparar el daño ambiental ocasionado por la tala de árboles correspondiente a la tercera y cuarta etapa del SIT se necesitan 32 mil árboles, consideraron ambientalistas.

Sobre algunas raíces que quedaron como restos de la tala de árboles realizada la semana pasada en el bulevar Hidalgo, ayer, integrantes de la Asociación Civil "Déjame Plantado" y vecinos de la zona señalaron que en el proyecto del SIT, existen irregularidades y sus propuestas no fueron escuchadas.

"Sentimos que hay muchísimas irregularidades en todo el proceso del SIT. Consideramos que es ilegal.No fuimos escuchados y nosotros vamos por la legalidad y por un verdadero desarrollo, un desarrollo integral.No estamos en contra del SIT, mas bien el SIT se puede adecuar a las zonas arboladas", expreso Celia Garza Vera, Integrante de la Asociación Civil, Déjame Plantado.

En un documento, los inconformes expusieron en tres puntos nuevamente la petición de que se analice la modificación al proyecto, pues los cambios realizados no cumplen las solicitudes realizadas por los ambientalistas y vecinos.

"Sí modificaron el plan, pero no hicieron una modificación trascendente. Modificaron el plan pero se llevan estos árboles que tenían 60 años. Están en riesgo mezquites en el bulevar Talabateros, en realidad su modificaciones no cumplían con las demandas.

"Además nosotros hicimos una propuesta de ubicar paraderos y no nos dieron ninguna argumentación técnica sólida de por qué no iba nuestra propuesta", señaló Garza Vera, ambientalista.

Dentro de los tres puntos, piden que el proyecto del SIT se apegue a la nueva Ley de Movilidad recientemente aprobada en el Estado.

"Exhortamos a la autoridad a que sea coherente con sus compromisos y a que se adelante a la entrada en vigencia de la ley de movilidad, la cual promueve un verdadero desarrollo; permitiendo a la zona metropolitana de León, mantener su liderazgo histórico en el Bajío",comentó Rodolfo Estrada, vecino.

En cuanto al acercamiento con las autoridades, los ambientalistas señalaron que no existe.

"A partir del 18 de diciembre, nosotros entregamos a los Regidores un pliego petitorio, ese documento fue contestado hasta el 15 de marzo pero en sentido adverso"

"La regidora Bety Yamamoto, al ver que nosotros no estábamos de acuerdo con las modificaciones que se habían planteado, se paró y cortó toda la comunicación. Acto seguido lo que tenemos son los lamentables hechos del 21 de marzo donde son talados estos árboles en total desacuerdo con los vecinos", explicó Garza Vera.

Aseguraron sentirse desconcertados por la respuesta de las autoridades, e informaron que las talas suscitadas en días pasados ya fueron reportadas a otras dependencias.

"Parecía que esta administración iba a ser una diferencia, que se iba a modificar el proyecto, pero en realidad (con la tala) fue darnos una bofetada. Esto es una bofetada no solo para nosotros sino para todos los ciudadanos", agregó Garza Vera.

Recalcaron que la principal función de los árboles que estaban plantados era la purificación del dióxido de carbono y que sin su presencia en la zona se están recibiendo las emisiones de dióxido de carbono de 5 mil automóviles diariamente.

"Para reparar el daño de la tala que se realizó en la tercera y cuarta etapa del SIT, necesitamos 32 mil árboles pues debemos de considerar la edad de los ejemplares que fueron retirados y el servicio que nos brindaban"

"Nosotros lo que estamos solicitando es que se reconsidere el SIT que se apegue a la nueva ley de movilidad en la que se contempla el tránsito de peatones y el tránsito de cilistas", enfatizó Garza Vera.

Señalaron que las consecuencias de la tala realizada no solo afecta a los ciudadanos sino que también las aves locales y migratorias por lo que ya realizaron denuncias ante la SEMARNAT , PROFEPA y PAOT.

"Hemos hecho las denuncias a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Guanajuato (PAOT), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Es claro que las instancias municipales han quedado rebasadas por mucho ante esta situación.

"Lo que quermos dejar muy claro es que en lo que estamos en contra es de la ilegalidad de la arbitriaridad y autoritarismo en este asunto", finalizó Gabriela Arreola, ambientalista.

Fuente: Periódico AM

Autora: Mariana Ramos

http://www.am.com.mx/2016/03/26/leon/local/leon-necesita-32-mil-arboles-272272

Un proyecto en ciernes: legalizar el cultivo de la amapola

Mientras en el estado de Guerrero ya fue presentada en la Legislatura local una iniciativa de ley al respecto, en dependencias del gobierno federal circula un meticuloso estudio cuyo título determina su trascendencia: “Propuesta para la legalización del cultivo de la amapola.- Fines científicos y médicos”, cuya copia obtuvo Proceso. Basado en estadísticas duras y en análisis de organismos nacionales e internacionales, el documento establece objetivos muy concretos: abatir las ganancias de los grupos criminales, ayudar a los campesinos pobres de las zonas de cultivo y, finalmente, proporcionarle alivio a los enfermos que necesitan medicamentos derivados del opio, de palpable escasez y carestía en México. La propuesta es provocadora y seguramente desatará debate interno y rechazo de algunos países extranjeros, pero el plan ya está gestándose…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre las autoridades federales circula desde el año pasado un documento que propone legalizar el cultivo de la amapola con fines médicos y científicos. Contiene un proyecto cuya finalidad es atender al creciente número de enfermos que padecen dolores intensos y no tienen acceso a los medicamentos derivados del opio, ayudar a las poblaciones pobres donde se cultiva ilegalmente la planta e impactar en las finanzas del crimen organizado, el cual gana anualmente más de mil millones de dólares por el trasiego ilegal de heroína y opio a Estados Unidos.

El documento –titulado oficialmente Propuesta de legalización del cultivo de amapola. Fines científicos y médicos, y fechado en noviembre de 2015– evalúa la posibilidad de reformar el marco legislativo e institucional en materia de protección a la salud para permitir la producción de amapola en México y destinarla al procesamiento y distribución de medicamentos para aliviar padecimientos crónicos.

La idea es legalizar su cultivo y aprovechar los plantíos ya existentes, concentrados en al menos cinco entidades –Durango, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y sobre todo Guerrero— de las 13 donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha erradicado en los últimos dos años 15 mil 633 hectáreas de esa planta.

La propuesta –elaborada por un grupo especializado de asesores gubernamentales– se apoya en que ya existen marcos normativos internacionales que lo permiten y señala los ejemplos de Turquía e India, donde la legalización de la amapola se realizó con éxito en 1933 y 1947, respectivamente.

Pero se advierte la posibilidad de que esta propuesta provoque malestar en algunos países.

De hecho se cree que podría haber presión internacional contra esta iniciativa de ley, principalmente de parte de Estados Unidos, el mercado más grande de opioides (derivados de los opiáceos) ilícitos producidos en México.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2056, ya en circulación

Fuente: Proceso

Autor: José Gil Olmos

http://www.proceso.com.mx/434798/proyecto-en-ciernes-legalizar-cultivo-la-amapola

Salud pública: Un estudio insuficiente

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 7 de enero de 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su Segundo Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud. En el prefacio hay una impresionante lista de autores: expertos internacionales y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Salud y de diversas instituciones de seguridad social. También se cita, como colaboradores o asesores, a legisladores, secretarios estatales de salud y profesionales de organizaciones no gubernamentales.

De ahí se deriva la sensación de que se llevó a cabo una amplia investigación para formular las recomendaciones incluidas en el estudio. Sin embargo, esta apreciación no se confirma con la lectura detallada del documento.

A diferencia de un trabajo anterior de la misma naturaleza, realizado por la OCDE en 2005 y el cual tuvo sustento en una amplia recopilación de datos, el presente trabajo abunda en juicios generales basados en unos cuantos fenómenos arbitrariamente seleccionados.

Por ejemplo, en la página 7 dice: “Casi tres de cada 10 mexicanos mueren dentro de un mes después de un infarto cardiaco y casi dos de cada 10 mexicanos mueren dentro de un mes posterior a un accidente cerebrovascular”. Comenta que esta letalidad es mucho mayor en México que en los países de la OCDE, pero no aclara si los datos mencionados provienen de una institución en particular o de todo el sistema, y si este fenómeno se registra en el ámbito hospitalario, pues estos datos corresponden a una valoración de calidad dentro de los internamientos hospitalarios.

Donde se hace más equívoco este tipo de comparación es cuando el estudio comenta que la esperanza de vida en México ha crecido muy poco. Así lo expresa: “Entre 2000 y 2013 la esperanza de vida aumentó de 77.1 años a 80.4 años; en México sólo se incrementó 1.3 años (de 73.8 a 74.6 años). Por lo tanto, la brecha de longevidad entre México y otros países de la OCDE se ha ampliado”.

En este contexto se da a entender que la esperanza de vida es el resultado del desempeño del sector salud, criterio que es sorprendente en una institución internacional, pues es ampliamente conocido por los sanitaristas, desde la segunda mitad del siglo pasado, que la esperanza de vida depende de muchos factores, como la nutrición, el saneamiento, el trabajo y el ingreso, la vivienda y la educación; es decir, de todo aquello que contribuye al nivel de vida. Cualquiera advierte que estos elementos son mucho más asequibles en las naciones de la OCDE que en nuestro país, donde viven 50 millones de personas en la pobreza y 10 de ellas en la más extrema.

Es inevitable que la OCDE en un momento se topara con el problema de la segmentación del sistema, formado por servicios públicos financiados con los impuestos generales y por las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE), que reciben recursos de conformidad con las leyes respectivas. Para los expertos de este organismo no tienen importancia otras organizaciones (existen 21 con sus propios reglamentos, poblaciones y servicios).

Para la OCDE, el Seguro Popular es equiparable a las instituciones de seguridad social, y gran parte de sus recomendaciones se enfocan a la homogeneización de instrumentos, procedimientos y costos, con la finalidad de facilitar convenios de intercambio de servicios.

Incurre en algunas suposiciones. Por ejemplo, afirma que anualmente se traslada de un subsistema institucional a otro todo un tercio de sus asegurados, “lo cual dificulta la continuidad de la atención”; de ser cierto esto, significaría, por ejemplo, que la tercera parte de los trabajadores informales cubiertos por el Seguro Popular pasara cada año a ser atendida por el ISSSTE o por el IMSS, lo cual sería verdaderamente catastrófico desde el punto de vista administrativo y financiero.

Otra fantasía que se encuentra en las aseveraciones del estudio es la de que los empleadores tienen la facultad de inscribir a los trabajadores en el seguro que ellos mismos decidan, sin tener en cuenta las disposiciones de las respectivas leyes.

Se añade a esto la aseveración de que no se ha promovido la disposición de que los asegurados se inscriban en un servicio de atención primaria, falla a la cual se atribuyen grandes consecuencias para la adecuada atención; pero para quienes se acerquen a las instituciones se hace evidente que tanto en el IMSS como en el ISSSTE la inscripción es un requisito que se hace automáticamente, seguido del registro en clínica familiar, y en los centros de salud, para el caso de los afiliados al Seguro Popular.

La atención hacia fenómenos muy particulares impide ver los grandes problemas tradicionales del sector, como la falta de un modelo sustentado en la demografía y la epidemiología que dé continuidad práctica a una atención integral de la salud mediante el acceso a los servicios de primer nivel y a los hospitalarios (segundo y tercer niveles) en una forma ordenada y efectiva. Esto, junto a la inadecuada disposición y distribución de los consultorios, camas hospitalarias y personal profesional, son las grandes fallas estructurales y estratégicas que la OCDE pasa por alto.

El sector privado aparece en el gasto comparado con el público. La OCDE le atribuye a aquel sector 26.8 hospitales por cada millón de habitantes y sólo 11.6 al público. Pero son cifras altamente engañosas; con un poco de análisis adicional surge el hecho de que la mayoría de los establecimientos privados no constituyen verdaderos hospitales, pues de los 3 mil 131 reportados, sólo 80 tienen más de 50 camas; la mayoría, más de 2 mil, tienen menos de 10. En total el sector público maneja más de 85 mil camas censables, en tanto que el privado cuenta con 35 mil.

Las recomendaciones

No es fácil aprovechar las aportaciones de la OCDE, pues en la mayoría de los casos parecen estar dirigidas a otros sistemas; en otras ocasiones su redacción requiere algunas explicaciones adicionales, como en este caso: “Un cambio gradual hacia un incremento del financiamiento de impuestos generales, en especial para nuevos ingresos, podría mejorar la previsibilidad del financiamiento”.

Pese a que repetidamente se menciona el alto porcentaje del gasto en el rubro administrativo, estimado en 9%, un buen número de recomendaciones llevaría, de adoptarse, a un crecimiento en este tipo de erogaciones, principalmente por nuevas entidades administrativas.

Una de ellas, que implicaría amplios compromisos, sería la creación de un nuevo organismo sectorial. La OCDE lo expresa así: “Se deben acelerar los planes para crear una nueva agencia nacional que promueva las actividades de mejora de la calidad en todos los niveles del sistema de salud. Este organismo, totalmente independiente de la Secretaría de Salud y de los institutos de seguridad social, debe desarrollar actividades clave, como el establecimiento de estándares mínimos de calidad”. ¡Nada menos!

Otro organismo que se propone también tendría amplias funciones. Su naturaleza se describe así: “Otras medidas incluyen establecer un foro permanente, o una comisión, para representar a todos los fondos de aseguramiento médico de la seguridad social y del Seguro Popular… y trabajar hacia la implementación de una agenda compartida de seguimiento y de mejora de la calidad, entre otras prioridades”. Atemoriza el costo que esto tendría, así como sus duplicaciones con otras unidades.

La OCDE enfocó su atención en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica (Cenetec), unidad de la Secretaría de Salud encargada actualmente de evaluar tecnologías. Aprovechando nuestra lejanía de otros sistemas, nos dicen que el Centro de Excelencia mexicano fue creado para acompañar el Seguro Popular y se diseñó a imagen del National Institute for Clinical Excellence, del Reino Unido (conocido en Gran Bretaña por las sugerentes siglas de NICE). Esta unidad se dedica a la selección de intervenciones médicas y a su comparación en eficiencia y costo para asesorar al Servicio Nacional de Salud, nada más alejado del Cenetec.

Un rubro que parece ser de especial interés para la OCDE es el registro de todos los pacientes de los tres sistemas de seguridad social –del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular– para tener “un registro consolidado de pacientes”, cuyos datos sean al menos intercambiables. Recomienda muy encarecidamente que las instituciones se involucren en un esfuerzo de esta naturaleza, sin tener en cuenta que ya lo han hecho gracias a sus propios registros, que son automáticos al momento de la afiliación.

Siempre quedará el dilema de qué hacer con un registro nacional de pacientes, pues para la planeación de salud siempre se ha recurrido con eficacia a los censos de población y a los registros de vigilancia epidemiológica. Por otra parte, es evidente que un registro consolidado de pacientes es de gran utilidad para las empresas productoras y distribuidoras de equipo, medicamentos y otros insumos, lo cual les permite estimar el volumen, ubicación y naturaleza de sus mercados.

Con insistencia la OCDE recomienda un sistema “centrado en la persona” (como si la atención pudiera centrarse en las cosas). Literalmente esto contradice las experiencias en salud pública, las cuales han puesto de manifiesto la importancia de la atención integral dirigida a la persona y a su familia, a la comunidad y al medio ambiente; es decir, el cuidado de los factores que condicionan la salud.

Conclusiones

Hay un momento en el cual el estudio aborda las principales medidas que contribuirían a una verdadera reforma con sentido de equidad, ciudadanía, eficacia, cobertura y calidad, como la separación del sistema de atención a la salud del de la seguridad social, para formar dos sistema distintos e independientes; así como el financiamiento universal a base de los fondos públicos generales, como se hace en los países europeos y Canadá, que iniciaron sus reformas de alto contenido social desde finales de la Segunda Guerra Mundial y en mucho contribuyeron a conformar sus Estados de bienestar y su desarrollo socioeconómico. Sin embargo, al tratar estos temas los funcionarios de la OCDE afirman que en nuestro país no hay condiciones favorables para considerarlos.

Llama la atención que ahora en el mundo intervengan en el campo de la salud, cada vez más, los organismos internacionales de carácter financiero o económico; primero el Banco Mundial en 1993, con su informe anual Invertir en Salud, y ahora la OCDE.

Con ello se ha relegado a papeles secundarios a los organismos internacionales sustantivos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud. Este desplazamiento ha alejado una asesoría de carácter sustantivo que era muy valiosa en el campo de los sistemas de salud.

Se ha relegado a estas organizaciones a funciones insustanciales. La OMS, por ejemplo, se dedica, a difundir advertencias alarmantes, como lo hizo en 2009 con el caso de la gripe porcina y lo hace ahora con el zika, una enfermedad benigna que está restringida a los nichos ecológicos donde puede vegetar el mosco aedes aegypti, su transmisor.

* Gregorio Martínez Narváez es autor del libro Un sistema en busca de salud (FCE, 2013), que contiene un análisis integral del sistema de salud mexicano, efectúa comparaciones con otros sistemas y aporta soluciones estructurales para su mejoramiento y modernización. El prólogo es del doctor José Narro Robles e incluye un comentario final del doctor Guillermo Soberón Acevedo.

Fuente: Proceso

Autor: Gregorio Martínez Narváez

http://www.proceso.com.mx/434766/salud-publica-estudio-insuficiente

Con resultados insuficientes, más de 6 mil maestros de 30 a 40 años

De los 14 mil 545 maestros frente a grupo de prescolar, primaria y secundaria que obtuvieron resultados insuficientes en la evaluación de desempeño, 6 mil 94 tienen entre 30 y 40 años de edad. De ellos, 4 mil 62 son mujeres.

Por rango de edad, 5 mil 54 profesores con resultado insuficiente tienen entre 40 y 50 años, mientras los docentes de 50 a 60 años con este nivel de desempeño suman 2 mil 581. Aquellos con más de 60 años son 269.

De acuerdo con los resultados dados a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estados con el porcentaje más elevado de educadores que fueron examinados y que deberán someterse a un nuevo proceso de evaluación para garantizar su permanencia en el aula son Sonora, con 28.7 por ciento; Zacatecas, con 27.6; Morelos, con 21.9; Sinaloa, con 21.1, y Nuevo León, con 16.3 por ciento.

Los reportes por entidad revelan que Quintana Roo y Baja California Sur, con un número relativamente pequeño de docentes evaluados (mil 363 y 659, respectivamente), obtuvieron el porcentaje más alto de profesores destacados, con 15 por ciento, frente a una media nacional de 8 por ciento.

Les siguen Colima, con 14.5 por ciento de los 834 docentes convocados para ser evaluados; Yucatán, con 13.9 de los 2 mil 46; Aguascalientes, con 13.4 de un total de mil 330 maestros; la Ciudad de México, con 9.2 por ciento de 7 mil 110 educadores, y el estado de México, con 8.9 por ciento de los 14 mil 244 elegidos para ser evaluados.

En contraste, los estados con el mayor porcentaje de maestros con nivel suficiente –habilidades básicas para su labor educativa– fueron Tabasco y Tamaulipas, con 43.1 por ciento de los docentes que fueron llamados para examinarse. En el primer caso, a escala estatal se convocó a 2 mil 641 maestros y en el segundo a un total de 3 mil 325.

A estos se suma Coahuila, con 42.5 por ciento de los 2 mil 843 educadores examinados en la entidad. Baja California, San Luis Potosí, Puebla y Guanajuato reportaron que casi cuatro de cada 10 maestros (39 por ciento) que acudieron a la evaluación del desempeño obtuvieron calificación suficiente, mientras en Jalisco fue de 38.1 por ciento.


Los estados con el mayor porcentaje de educadores frente a grupo con resultados buenos fueron: Aguascalientes, con 53.4 por ciento; Quintana Roo, con 50.5; Yucatán, con 50.1; Hidalgo y Baja California, con 48 por ciento; y Colima y la Ciudad de México, con 47 por ciento, mientras las entidades con menos de cuatro de cada 10 docentes evaluados en este nivel de desempeño son: Coahuila (39.5), Veracruz (38.0), Jalisco (37.9), San Luis Potosí y Nayarit (36.5), Tlaxcala y Durango (34.7), Querétaro (35.1), Morelos (33.2), Nuevo León y Zacatecas (31.2), así como Sinaloa, con 30.1 por ciento.

De las cuatro entidades (Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero) donde la SEP ha anunciado que aplicará una evaluación extraordinaria de desempeño durante el primer semestre de este año, destacó que de los 18 mil 81 docentes que fueron convocados, sólo se presentaron 6 mil 981, por lo que 11 mil 100 decidieron no participar en este proceso.

De quienes acudieron, 2 mil 447, es decir, 13.5 por ciento, obtuvo resultados insuficientes; 2 mil 493 (13.7 por ciento) se ubicó en habilidades suficientes; con buenos resultados un total de mil 835 (10.1 por ciento) y 206 destacados (1.1 por ciento).

Para la primera evaluación del desempeño docente fueron convocados en Chiapas 2 mil 733 educadores, de los cuales 36.2 por ciento no se presentó; de Guerrero fueron llamados 4 mil 459, pero casi cinco de cada 10 decidieron no asistir (47.6 por ciento); en Michoacán fueron 5 mil 781, pero 78 por ciento no acudió, y en Oaxaca se convocó a 5 mil 108, pero 68 por ciento no se examinó.



Fuente: La Jornada

Autora: Laura Poy Solano

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/26/sociedad/028n1soc