En riesgo la producción de maguey en Edomex

Productores de maguey de la región del Valle Teotihuacán demandaron a las autoridades frenar a las bandas dedicadas a extraer de manera indebida la hoja blanca de la penca del maguey para venderla en la elaboración de mixiotes, lo que pone en peligro esta actividad económica.

Raúl Martínez Sevilla, productor del municipio de Nopaltepec y miembro del comisariado ejidal, señaló que recientemente plantearon al secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Heriberto Ortega, la problemática de extracción de la película de la penca de maguey para vender en las centrales de abasto.

Quitar la hoja blanca pone en malas condiciones a los magueyes, los mata; y además de que se pierde la producción de aguamiel para el pulque, otros derivados también son aniquilados, como los chinicuiles y el gusano blanco. En el primer caso, cada litro de chinicuil cuesta entre 800 y mil pesos y en el segundo, de 600 a 800 pesos.

“Se solicitó apoyo para los rondines de vigilancia, pues el robo de la película ha inhibido la producción, así como se solicitó la compra de unas 5 mil plantas, ya que cada una cuesta entre dos y 25 pesos. El tiempo para que madure y se pueda producir aguamiel es de 10 años, pero antes los ‘desmixioteadores’ actúan y los echan a perder”, apuntó.

Martínez Sevilla destacó que ante esta problemática cada vez hay menos productores en Nopaltepec, y el fenómeno se reproduce en otros municipios de la región del Valle Teotihuacán.

Apuntó que lo que están haciendo los productores es picar el maguey en su tronco cada dos o tres meses; de ese modo se frena el retiro de la película, pero la gente está optando por dedicar sus esfuerzos a la tuna, el nopal, xoconostle o cebada, pues no se puede vigilar y hacer esa tarea, porque son muchos terrenos que se deben cubrir. Dijo que algunos ya no ven futuro en la plantación del maguey, “aunque con la ayuda gubernamental y una legislación adecuada, se podría revertir la situación e impulsar la producción y generar empleos, que es lo que está haciendo falta en la región.

Ortega expresó su confianza en que las autoridades apoyarán las solicitudes que se les formularon y que se brindará mayor seguridad en la zona para combatir a los grupos que atentan contra la conservación del maguey, una planta que forma parte de la tradición nacional y que representa empleos e ingresos para centenares de familias.

Fuente: La Jornada

Autor: Javier Salinas

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/26/estados/023n1est

Alistan ONG movilizaciones contra la “ley Atenco”

SAN SALVADOR ATENCO, Edomex. (apro).- Por considerarla una “estrategia legaloide y perversa para criminalizar la protesta social”, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) anunció que combatirá la “ley Atenco”.

Ignacio del Valle, dirigente de este movimiento, indicó que su organización no está sorprendida por la promoción y la aprobación de la “Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México”.

“Es uno de tantos medios que han utilizado para advertir que no nos movilicemos en contra del despojo de la tierra”, denunció luego de señalar que detrás de esta nueva norma se encuentra el Estado, convertido en “títere” de intereses económicos.

“Es aberrante, no tiene una justificación social relacionada con la ley y la justicia. Es un mensaje, una estrategia legaloide para justificar cualquier acto de represión, una amenaza velada y perversa que pretende la criminalización de un derecho”, expuso.

Del Valle Medina, detenido durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 entre pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco y la fuerza pública, anticipó una serie de actividades jurídicas y de movilización que el Frente realizará para denunciar y argumentar las razones por las que el pueblo no puede aceptar la imposición de ese instrumento “que atenta contra el derecho legítimo a la protesta y manifestación en defensa de lo que pertenece a nuestra gente”.

Pese a la advertencia ya regulada del uso de la fuerza pública, dijo que a partir del lunes 28 celebrarán diversas actividades públicas para combatir la ley y hacer conciencia de sus alcances, entre ellas ruedas de prensa, foros y hasta marchas: “Estamos en nuestro derecho y no tenemos por qué asumir una actitud sumisa”.

Además, el Frente realiza diversas reuniones con las comunidades y ha emitido un posicionamiento público en el que informa su solicitud al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero para que realice el estudio pormenorizado de la norma, a fin de conocer sus alcances y determinar las estrategias jurídicas a seguir, en el entendido de que no combatirla abrirá la puerta para que se extienda a todo el país.

A esta lucha, se han sumado, entre otras organizaciones, Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec AC, Alianza Única del Valle, Apaxco Comunidades por la Vida, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, Delegación Indígena Otomí San Francisco Magú, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Huitzizilapan, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Ayotuxco, Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales AC, Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa-CNTE y el Sistema de Agua Potable de Tecámac AC.

A través de una misiva, estas organizaciones también lamentaron la opacidad de los diputados del Estado de México, pues “ningún partido político se atrevió a hacer pública la iniciativa de ley sino hasta el momento de su aprobación, previo a las vacaciones de Semana Santa”.

“Esta iniciativa se mantuvo en secreto para aspirar, ingenuamente, a que nadie haga nada para hacer contrapeso a dicha ley”, denunciaron.

Fuente: Proceso

Autora: Veneranda Mendoza

http://www.proceso.com.mx/434747/una-docena-ong-alista-movilizaciones-contra-ley-atenco

Chicoasén II. Despojan a zoques de Chiapas

Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras.

Chicoasén, Chiapas. En 1976, la construcción de una central hidroeléctrica diezmó las tierras productivas de Chicoasén, en el Sur de México, y 40 años después parte de sus pobladores luchan contra un nuevo despojo con la erección de una segunda represa en el área.

“Ya destruyeron todo. Las tierras son inservibles, ya no se pueden trabajar. La presa ha afectado mucho nuestra vida”, lamenta a Inter Press Service (IPS) el ejidatario Antonio Herrera, en este municipio rural del estado de Chiapas.

Herrera denuncia que los campesinos no pueden ingresar a sus parcelas desde que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitó en enero de 2015 la construcción de la central Chicoasén II sobre el río Grijalva y reclamó el uso de parte de su ejido, un tradicional esquema de tenencia y explotación comunal de tierras públicas.

Un enorme brazo mecánico rasguña el terreno para chupar arena y grava, mientras Herrera, miembro del Comité Ejidal de Chicoasén, muestra a la distancia el lugar de la obra, donde un manto pajizo ha pintado la vegetación del entorno, ahora mutada del verde a café claro.

La represa, con 240 megavatios de capacidad instalada y un costo de unos 300 millones de dólares, tendrá un canal abierto de 933.62 metros y una cortina de 30 metros de alto y se prevé que comience a operar en julio de 2018.

El estudio de impacto ambiental, presentado por la CFE a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y consultado por IPS, indica que la superficie requerida totaliza 234 hectáreas, de las cuales 188 se destinarán al embalse, emplazado a unos 850 kilómetros al Sur de la Ciudad de México, en este municipio de 5 mil 159 habitantes, territorio ancestral del pueblo zoque.

La CFE adjudicó la construcción a un consorcio de tres empresas mexicanas y la filial costarricense de la corporación china Sinohydro. La generadora ya expropió 69 hectáreas para el nuevo emprendimiento en Chicoasén. Los perjudicados recibieron unos 2 mil 300 dólares por hectárea.

En 1951 el gobierno concedió 3 mil 440 hectáreas para la constitución del ejido, una extensión que más que se duplicó en 1986 con la cesión de otras 3 mil 461, en beneficio de un total de 460 ejidatarios, de los cuales han muerto unos 50, heredando sus parcelas a sus mujeres o sus hijos.

La primera represa, a 100 kilómetros de distancia de la segunda, tomó tierras de la cesión inicial y la planeada de la última aportación.

Cuando en 1976 la CFE construyó la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, más conocida como Chicoasén I, con capacidad para generar 2 mil 400 megavatios, la empresa prometió el pago de sus tierras y aportar el servicio de agua potable, una escuela y una clínica, ofertas que no se cumplieron, aseguran los ejidatarios.

Ahora, la historia retorna con recuerdos envenenados.

“No tenemos información de la hidroeléctrica. No sabemos qué va a pasar con la población a orillas del río. La CFE dice que tiene permisos de los ejidatarios, pero no se los hemos dado. Se basa en un acta de asamblea falsa, que tiene firmas de propietarios muertos”, denuncia a IPS la hija de un ejidatario, Claudia Solís.

Para bloquear la nueva represa, los afectados han recurrido a manifestaciones, huelgas de hambre de sus ancianos y medidas legales, en un escenario en que los ejidatarios están divididos, porque un grupo de ellos apoya la segunda represa.

Los opositores, la mayoría y con edades de entre 60 y 90 años, acompañados de sus bastones, sus sombreros campesinos y sus familias, dedican sus últimas energías a defender sus posesiones y, más aún, su forma de vida.

En diciembre de 2014, 62 propietarios interpusieron amparos individuales, que fueron avalados por un juez federal en octubre pasado. Además, en marzo de 2015 presentaron un amparo colectivo, que fue admitido por otro juez federal en mayo pasado, sin que por ello se haya detenido la obra.

La población local cultiva maíz, calabaza, frijol, sandía, melón; pesca en el embalse, y atiende a los turistas que frecuentan la zona.
Chiapas, proveedor de energía

Chiapas es el escenario de grandes proyectos energéticos ya construidos o planificados por el gobierno y las empresas.

En el estado operan ya cuatro represas que aportan 45 por ciento de la capacidad hidroeléctrica del país, más otras tres pequeñas generadoras, dentro de la que es la cuenca hidrológica mexicana más importante.

La construcción de estas plantas provocó secuelas en las comunidades, la modificación del régimen hidrológico, pérdida de cobertura vegetal, desplazamiento de fauna terrestre y la desaparición de varios hábitats, denunciaron ambientalistas y ejidatarios a IPS durante la última protesta hasta ahora contra la obra y un recorrido por la zona afectada.

En México, 13 grandes centrales hidroeléctricas aportan más de 10 mil megavatios anuales, de los 65 mil generados en el país. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2029, lanzado en julio pasado, sólo hay un nuevo proyecto hidrológico, el de Chicoasén II.

El estudio ambiental de Chicoasén II reconoce la afectación directa sobre cinco comunidades del municipio e indirecta sobre otras 10 y reconoce que el embalse, desmonte, despalme, operación y mantenimiento de maquinaria y equipo perjudicará al paisaje, la fauna terrestre y el drenaje superficial.

“No queremos la presa. La CFE nos ha dicho que nos esperemos y no nos hace caso, no nos toma en cuenta”, asegura Herrera, en cuya familia hay otros cuatro ejidatarios.

En 2013, el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático rechazó incluir Chicoasén II como un proyecto de compensación de México de su emisión de gases de efecto invernadero, con el argumento de que no estaba demostrado que existieran beneficios de reducción de emanaciones, que el gobierno cifraba en 299 mil 436 toneladas de dióxido de carbono.

Además de su papel clave en la energía hidroeléctrica, Chiapas ha adquirido desde la década de 1970 un peso creciente en materia petrolera y tanto la compañía estatal Petróleos Mexicanos como la Secretaría de Energía (Sener) incluyeron en 2015 en sus planes nuevos campos para explotar o licitar en el estado.

En Chiapas operan 20 yacimientos, con reservas por unos 278 millones de barriles de petróleo, cuya actividad impacta sobre sobre 38 comunidades zoque, distribuidas en seis municipios.

Una encuesta realizada por la Sener sobre los impactos en otras actividades económicas por las operaciones petroleras, realizada en las gobernaciones de los estados, identificó la existencia de perjuicios en los sectores agrícolas, turísticos y en sitios arqueológicos, así como en nueve grandes áreas ambientales.

“La exploración (petrolera) tiene impactos sobre bosques, selva, recursos hídricos, asentamientos indígenas. Va a agudizar la conflictividad que ya existe…, pero las petroleras no se detienen ante los conflictos sociales”, analiza a IPS el profesor Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural 2015-2019 establece el gasoducto Salina Cruz-Tapachula, entre los estados de Chiapas y Oaxaca, de 440 kilómetros de longitud, en un proyecto que entraría en vigor en 2018, aunque todavía no se licitó.

Para Barbosa, los planes petroleros son inviables. “Si se desarrolla un yacimiento importante, se pueden repetir los desastres ambientales ocurridos en otros estados”, alerta.

La Ley de Hidrocarburos, vigente desde agosto de 2014 y parte de la reforma que abre los hidrocarburos y la electricidad al capital privado, estipula que la Sener debe organizar consultas previas, libres e informadas entre comunidades indígenas en cuyos territorios se desarrollen proyectos energéticos.

Además, los interesados en obtener permisos para ejecutar esas obras deberán presentar una evaluación de impacto social.

Estos requisitos no se han aplicado en Chiapas, según la versión de afectados y activistas sociales y ambientales.

Fuente: Contralínea

Autor: Emilio Godoy

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/25/chicoasen-ii-despojan-a-zoques-de-chiapas/?utm_content=buffer156a1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Grupo México se desmorona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde los años setenta, los hermanos Xavier y Héctor García de Quevedo Topete se convirtieron en hombres de confianza del clan Larrea, que controla el conglomerado de empresas del Grupo México. Como tales, contribuyeron al despegue del negocio base de esa familia, la minería, cuyos dividendos llevaron a Germán Larrea Mota Velasco a diversificar sus intereses hacia los ferrocarriles y las salas de cine, entre otros negocios con los que escaló posiciones en las listas de los hombres más ricos del mundo.

Pero a partir de 2003 la relación se envenenó a raíz de una operación financiera que hoy amenaza a Germán Larrea con hacerle perder el control accionario directo, caso en el que Héctor García de Quevedo es el actor principal.

Este personaje lleva un año detenido y pasa los días en arresto domiciliario en un hospital de la Ciudad de México, acusado de fraude procesal por Grupo México, empresa donde su hermano Xavier es miembro del consejo de administración y director general de Operaciones, así como presidente de las subsidiarias Industrial Minera México (IMMSA) y Southern Copper.

Las acciones penales contra Héctor ocurrieron luego de que éste, en su calidad de apoderado legal del fondo de inversión británico Infund Ltd., pusiera a Germán Larrea en riesgo de perder el control accionario de Grupo México, pues está en juego un paquete de 65 millones de acciones de la empresa, que representan más de la mitad de lo que directamente posee Larrea y alrededor de 8% del total de los títulos accionarios.

Las maniobras del magnate

El caso Infund vs Larrea comprende una maraña de acciones que se remontan a 2003 y que combinan operaciones financieras con mediación del Banco Inbursa, un proceso mercantil, uno laboral y otro penal. En el centro se encuentran al menos 2 mil millones de dólares en disputa, según la actualización del mencionado paquete accionario que reclama el fondo de inversión.

De acuerdo con las actuaciones asentadas en el expediente mercantil 216/2013, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, Germán Larrea instruyó a Héctor García de Quevedo, entonces director de Proyectos Especiales de Grupo México, a concretar una venta de 65 millones de acciones por 75 millones de dólares. El ejecutivo lo hizo a través del mencionado fondo Infund.

Las dificultades financieras aquejaban ese año a Grupo México, que estaba al borde de la quiebra, tanto que al año siguiente Larrea dejó de estar enlistado en el ranking anual de millonarios de la revista Forbes.

La operación consistía en allegarse recursos a través de un fondo de inversión, que resultó ser Infund Ltd., una sociedad de responsabilidad limitada cuyos accionistas son Corplaw Ltd., y Corplaw Management Ltd.

La empresa posee un fideicomiso cuyo beneficiario es Xavier García de Quevedo. La gestión del fideicomiso está a cargo del despacho irlandés Pearse Trust, con presencia en varios países. Los fondos se transfirieron a través de Inbursa.

Semanas después de la operación de fondeo, Héctor García de Quevedo cayó enfermo y, al terminar su incapacidad, cuando regresó a trabajar, su oficina ya estaba de­salojada, se le impidió el paso y se le notificó en la puerta su despido, sin liquidación ni prestaciones, tras 27 años de escalar en la estructura corporativa de la empresa.

Los intentos de negociar su salida no prosperaron y en 2007 demandó a Grupo México. Su asunto se encuentra radicado en la Junta Especial número 9 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con el número 846/2007.

Independientemente de la relación laboral, Germán Larrea se había negado a entregar las acciones a Infund Ltd., que las reclamaba desde 2006. Todas las negociaciones fracasaron, y no fue hasta mayo de 2013 cuando el fondo de inversión entabló el citado juicio mercantil.

Desde el inicio del proceso, Germán Larrea intentó que el caso se desestimara y argumentó ante el entonces juez sexto, Enrique Claudio González Meyenberg, que era cosa juzgada. Sin embargo esa pretensión no prosperó.

En una diligencia del juicio mercantil, y en respuesta a una pregunta expresa de los abogados de Germán Larrea, García de Quevedo respondió que fue director de Proyectos Especiales hasta 2003. El ejecutivo fue cuestionado respecto a la fecha en que dejó de percibir prestaciones de la empresa Servicios de Apoyo Administrativo –otra razón social de Grupo México– y respondió que hasta después de 2003.

Aunque las empresas eran distintas, el 23 de enero de 2015 el juzgado sexto penal dictó orden de aprehensión contra García de Quevedo, acusado de fraude procesal. Una vez detenido, se le dictó formal prisión el 5 de febrero siguiente.

Con Héctor García de Quevedo detenido, el juicio mercantil se estancó. El juez González Meyenberg había llamado para dictar sentencia en diciembre pasado pero consiguió su promoción como magistrado del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Mazatlán, donde asumió el nuevo cargo en enero. El juzgado sexto, en el que se desahogaba el caso, quedó acéfalo, e inusualmente no se ha designado al sustituto, por lo que hasta ahora García de Quevedo sigue esperando sentencia.

Fin de la impunidad

Larrea fue enlistado en el número 121 de los millonarios del mundo por la revista Forbes en su edición más reciente, la pasado febrero último, con una fortuna personal estimada en 11.1 mil millones de dólares. No obstante, el descenso es notable pues la edición anterior de dicha publicación le concedía el lugar 64, con 4.7 mil millones de dólares más.

En los sexenios panistas, Grupo México consiguió impunidad, por ejemplo, por la muerte de 65 mineros en su mina Pasta de Conchos en Coahuila; para evitar el derecho de huelga y despedir a los mineros de Cananea utilizando a la Policía Federal; para que se desecharan las demandas por daños ambientales y sanitarios en Ciudad Juárez, San Luis Potosí y Monterrey, o bien cuando consiguió autorización para convertirse en actor dominante de la transportación ferroviaria (Proceso 1977).

Ahora su imperio ha sufrido reveses.

Luego del derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto de 2014, hubo sanciones y hay procesos abiertos con posibilidades de conseguir indemnizaciones millonarias para los afectados. En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Grupo Aeroportuario del Pacífico, del que Larrea quería apoderarse mediante una compra hostil, y tendrá que vender acciones.

Hasta la Sección 65 del sindicato minero, con sede en Cananea, le ganó un litigio por pagos incumplidos en diciembre pasado, mientras que sus operaciones mineras en Perú enfrentan protestas, demandas y reclamos que afectan sus operaciones y su permanencia.

Por si fuera poco, al primer trimestre de 2016 el balance de Grupo México es desfavorable debido a las condiciones adversas del mercado internacional, de manera tan dramática que la caída de sus acciones ha impactado inclusive el Índice de Precios y Cotizaciones, como ocurrió el 11 de febrero pasado.

A lo anterior se suma el caso Infund, uno de los que mantienen a Germán Larrea en aprietos, aunque al menos hasta el informe anual de Grupo México a la Bolsa Mexicana de Valores, correspondiente a 2014, no estaba incluido entre los litigios que enfrenta. 

Fuente: Proceso

Autor: Arturo Rodríguez García

http://www.proceso.com.mx/434706/grupo-mexico-se-desmorona

Denuncia FNLS desaparición forzada de uno de sus militantes en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de Chiapas reportó la “desaparición forzada” de Fidencio Gómez Sántiz, uno de sus militantes y miembros activistas en el estado.

Gómez Sántiz, señaló el FNLS, es integrante del ejido Las Perlas, municipio de Altamirano, tiene 36 años de edad y es padre de familia de una niña de 10 años y de adolescente de 12.

El colectivo denunció que Gómez Sántiz fue objeto de una detención-desaparición forzada desde el pasado 5 de marzo, en la proximidad del mercado local ubicado en la cabecera municipal de Ocosingo. Desapareció entre las 15:00 y 16:00 horas luego de verse con su esposa e hijo en la terminal de transporte Jet-Ja para dirigirse a una visita familiar. Fue en ese lugar donde Gómez Sántiz fue visto por última vez.

Precisó que Fidencio se dirigía esa tarde al ejido Las Perlas, municipio de Altamirano, donde tiene su domicilio, luego de haber realizado “tareas políticas de denuncia en la Ciudad de México”. A escasos cinco u ocho minutos de despedirse de su familia, el hijo intentó hacer una llamada telefónica para asegurarse que su papá tomara sin contratiempos su transporte, pero no obtuvo respuesta.

El FNLS que se sumó a la campaña el alto al terrorismo de Estado y por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, en particular de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, dijo que el caso de Fidencio es un caso más de los muchos graves que hay en el país.

Sus integrantes se dijeron preocupados de la integridad de Gómez Sántiz porque ha participado y se ha solidarizado con otros esfuerzos organizativos “que defienden los derechos del pueblo” y demandan poner fin a “la voracidad con que las fuerzas policiaco-militares y paramilitares desaparecen de manera forzada, torturan, desplazan forzadamente y ejecutan extrajudicialmente a luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas honestos, pueblo en general que protestan contra el régimen”.

Para el FNLS, lo sucedido a Fidencio constituye un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, es un crimen de Estado que obedece a la política gubernamental del terrorismo de Estado, “un ejemplo concreto de cómo el actual gobierno mexicano intenta ahogar el descontento popular, como de la toma de conciencia política de amplias masas populares en el país”.

Denunciaron que en esa región de Ocosingo y Altamirano, el grupo armado “Los Petules” se han dedicado a la cacería de sus compañeros por órdenes de jefes policíacos y militares, prueba de ello es el intento de asesinato del que fue objeto el estudiante Jorge Daniel Sántiz quien fue herido de bala en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas, esto en el poblado Cuxulja, municipio de Ocosingo, el pasado 12 de enero del presente año.

En Ocosingo este grupo patrulla la ciudad en busca de miembros del FNLS, denunciaron sus integrantes.

Acusaron que detrás de esta desaparición forzada podría estar el grupo Los Petules, conjuntamente con los cuerpos policíaco-militares adscritos en Ocosingo. “Ellos podrían ser sin duda los responsables de la desaparición forzada de nuestro compañero”, acusaron.

Hicieron un llamado a las organizaciones sociales y a los organismos defensores de los derechos humanos a que en la medida de sus buenos oficios, estén atentos y se pronuncien por el atentado que fue objeto Gómez Sántiz, que constituye una agresión más contra el FNLS.

Responsabilizaron de la integridad física y psicológica de Fidencio Gómez Sántiz y de cualquier integrante del FNLS, al presidente municipal de Ocosingo Tito Héctor Albores Cruz, a Lorenzo Sántiz López, Jesús Sántiz López y Agustín Sántiz López comandantes del grupo terrorista Los Petules, así como al representante del poder ejecutivo Enrique Peña Nieto y al gobernador de la entidad Manuel Velasco Coello.

Fuente: Proceso

Autor: Isaín Mandujano

http://www.proceso.com.mx/434636/denuncia-fnls-desaparicion-forzada-uno-sus-militantes-en-chiapas

Comando ataca centro nocturno de Acapulco; 2 muertos y 4 heridos

CHILPANCINGO, Gro., (apro).- Al menos dos muertos y cuatro heridos fue el saldo de un ataque registrado ayer por la noche al interior de un centro nocturno ubicado en plena zona turística del puerto de Acapulco.

Con este hecho violento suman más de 30 personas asesinadas durante esta semana en distintos puntos de este destino turístico, donde la ola de violencia no cesa a pesar del operativo policiaco y militar implementado por el periodo vacacional.

Reportes oficiales refieren que cerca de las 22:30 horas de ayer se reportó una balacera en el table dance Majesty, ubicado sobre la calle Vasco Núñez de Balboa, a una cuadra de la avenida costera Miguel Alemán.

Las autoridades determinaron que al menos dos jóvenes que portaban pistolas ingresaron al lugar y balearon a trabajadores y clientes.

En el ataque murieron una bailarina y un mesero, y al menos cuatro personas más, mujeres y clientes, fueron heridos de gravedad.

La calle donde ocurrió el ataque es conocida porque abundan los establecimientos de comercio sexual controlados por la delincuencia; las ejecuciones y ataques armados realizados por sicarios son comunes.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

http://www.proceso.com.mx/434701/comando-ataca-centro-nocturno-acapulco-2-muertos-4-heridos

Polémica rodea la inauguración del estadio de los Alebrijes en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Entre protestas, demandas laborales, destituciones y cuestionamientos al gobierno de Gabino Cué por utilizar recursos de Fonregión para un “negocio privado”, será inaugurado el domingo 27 el estadio de futbol de los Alebrijes de Oaxaca, cuya construcción costó 447 millones de pesos.

El inmueble abrirá sus puertas con el encuentro futbolero entre Pumas-Alebrijes. Su diseño fue inspirado en la historia de Oaxaca y se basa en el juego de pelota zapoteco ubicado en la zona arqueológica de Monte Albán, con la idea de conjuntar el pasado de una cultura milenaria con el presente a través de la adaptación a su tendencia contemporánea.

Javier San Román, presidente del club Alebrijes, reconoció que éste es el equipo de futbol con la nómina más cara de la división de ascenso, aunque no dio números.

“Cifras así exactas nunca las digo por ser confidenciales entre los jugadores y nosotros. También por seguridad no se dan cifras. Y sí, es una de las nóminas más altas, se los digo con conocimiento de causa”, declaró.


Pese a que el promedio de aficionados que asisten a cada partido de los Alebrijes es de entre cuatro y cinco mil –cuando equipos como el Tampico Madero su promedio es de 25 mil–, el estadio que se construyó tiene una capacidad para 15 mil espectadores además de tener 60 palcos.

La cancha de futbol profesional mide 67.83 metros de largo por 104.92 de ancho. El estadio cuenta con zonas y accesos para personas con discapacidad, servicio médico, sanitarios, regaderas y vestidores para equipos locales y visitantes.

También tiene una sala de prensa, 18 sanitarios para mujeres, 16 sanitarios para hombres y 27 locales comerciales, así como un estacionamiento para 600 vehículos.

Sin embargo, la construcción del estado ha sido cuestionada por el senador Benjamín Robles Montoya, excolaborador del propio gobernador Gabino Cué, quien denunció al secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, por presuntos actos de corrupción.

En un plantón que realizó frente a las oficinas de la Secretaría de Administración, el legislador exigió al funcionario que explique “quién es el verdadero dueño de los Alebrijes Futbol Club, porque mucho se ha hablado de la familia San Román, pero la realidad es que RH Corporativo, empresa de Vargas Varela, controla la nómina de los jugadores desde los tiempos del Necaxa y Tecamachalco”.

Desvío de recursos

Además, el Corporativo de Apoyo y Defensa de los Constructores Oaxaqueños (Cadco) denunció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a colaboradores de Gabino Cué por presuntos actos de corrupción que ascienden a 2 mil 776 millones de pesos, así como por desvío de recursos del fondo federal antipobreza Fonregión para obras como un estadio de futbol.

El presidente del corporativo Luis Alberto Ramírez Colmenares dijo que llevaron la queja al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ante la evidente “protección” del gobierno de Gabino Cué, ya que la Auditoría Superior y el Congreso locales se niegan a investigar los casos.

Los colaboradores de Cué Monteagudo denunciados son Netzahualcóyotl Salvatierra López, entonces secretario de las Infraestructuras, el director general de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Guillermo Martínez Gómez, y el jefe de departamento de licitaciones y contratos de esa misma dependencia, Humberto Juárez Vargas.

Respecto al programa Fonregión –creado con la finalidad de incrementar el índice de desarrollo humano con proyectos de infraestructura carretera, de salud o educación–, el denunciante acusó que sus recursos fueron desviados para el estadio de futbol, la terminación de la cubierta de la velaría del auditorio Guelaguetza, la elaboración del proyecto ejecutivo para la imagen urbana del bulevar Eduardo Vasconcelos al monumento a Juárez y la del proyecto del Centro de Cultura y de Convenciones.

Parte del problema viene desde el pasado 25 de febrero, cuando trabajadores del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) denunciaron “el intento de despojo de terrenos del ITO por decisión del gobierno estatal para construir un estadio de futbol profesional”.

La delegación sindical D-II-11 del ITO se quejó de que los trabajadores que se opusieron a este despojo “han sido factor de agresiones diversas al personal mediante un clima laboral de hostigamiento y amedrentamiento para no oponerse a la instauración de un negocio privado en terrenos escolares, que por su misma naturaleza no es propicio para operaciones mercantiles y menos cuando involucra el consumo de bebidas embriagantes”.

Incluso, le recordaron al gobernador que los recursos del Fonregión son para el combate a la pobreza, no para beneficiar a empresas e intereses privados.

Por ello, la delegación sindical desconoció la minuta firmada por la anterior dirigencia el 30 de octubre de 2014. Argumentó que “no fue aprobada por la asamblea general de trabajadores y porque contempla un comodato a cambio de nada para el ITO, así como por el incumplimiento del gobierno del estado”.

Añadió que el gobierno se comprometió a aplicar 25 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples; sin embargo, estos recursos correspondían al ejercicio 2013 y 2014 que se retuvieron, pese a que estaba planeado que con ellos se dotaría de agua al ITO, se abriría una puerta de acceso o donaría un autobús, cuando eso es “parte de las obligaciones de un gobierno responsable con sus gobernador y no moneda de cambio para terrenos”.

El organismo sindical comentó que las autoridades prometieron una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual no servirá al ITO sino a un estadio de uso privado y mercantil.

Por esta razón, los inconformes presentaron una denuncia ante el Órgano de Control Interno de la SEP para investigar estos hechos y la demolición de las instalaciones deportivas del Tecnológico.

Cabe recordar que el 17 de junio de 1972 –en el Decreto 67 publicado en el periódico oficial del estado–, el congreso local autorizó al ejecutivo del estado construir la ciudad deportiva en uno de los terrenos rescatados con la modificación del cauce del río Atoyac.

El 12 de marzo de 1973, el gobierno federal donó al gobierno del estado dos predios para construcción de viviendas populares e instalaciones deportivas. El 18 de abril de 1974 el Instituto Tecnológico de Oaxaca tomó posesión de las instalaciones académicas.

A pesar de los decretos y de tener posesión del predio por más de 40 años, el gobierno oaxaqueño decidió construir un estadio de futbol profesional acorde a los requerimientos de la Federación Mexicana de Futbol, además de una alberca semiolímpica, con fosa de clavados, un campo de beisbol, cuatro canchas de futbol e igual número de basquetbol, así como una pista de atletismo y tres estacionamientos.

En espera de la inauguración

Luego de que la directiva de Pumas mostró disposición y anunció que asistirá con todas sus figuras al evento inaugural del estadio –aprovechando que la liga tendrá un receso por actividad de fecha FIFA en los calendarios oficiales de juego–, el gobierno de Oaxaca informó que desplegará un operativo policial especial para resguardar el nuevo Estadio de Futbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO).

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) informó que antes, durante y después de la jornada deportiva inaugural del próximo domingo 27 a las 19:00 horas montará un dispositivo para mantener el orden y la paz social entre los más de 15 mil aficionados que, se prevé, asistirán al encuentro.

El titular de la SINFRA Sergio Pimentel Coello precisó que el estadio se construyó en un área de 11.2 hectáreas con una inversión de 447 millones de pesos. De esa bolsa global, 336 millones fueron destinados para la edificación del estadio de futbol y 111 para el plan maestro de la unidad deportiva.

La construcción del Complejo Deportivo Zona Poniente de la ciudad de Oaxaca de Juárez, dijo, beneficiará de manera directa a unas 400 mil personas de la zona conurbada, así como a la comunidad del ITO.

Pimentel Coello externó que después de 40 años, las instalaciones deportivas de este complejo se encontraban en un muy mal estado físico, con áreas abandonadas y espacios complementarios inservibles, lo que hacía necesaria su rehabilitación total para ofrecer un espacio deportivo digno y seguro a la población.

“Este proyecto se concibió con la idea de representar el ancestral juego de pelota que se ubica en la zona arqueológica de Monte Albán y de esta forma rendir también un homenaje a nuestra cultura. Por ello, el estadio contará con un muro emblemático que hará alusión a este deporte”, informó el servidor público.

No obstante, en la inauguración del Complejo Deportivo Zona Poniente, a cargo del gobernador de Oaxaca Gabino Cué, un grupo de jóvenes colocó una manta con la leyenda: “Unidad Deportiva del ITO y para el ITO. ¡No negocio Alebrijes!”.

Mientras, el estadio de fútbol “Benito Juárez” –la antigua casa de los Alebrijes– comenzó a demolerse después de 32 años. En ese espacio será construido el Centro Cultural y de Convenciones.

Los críticos de esta obra contrastaron el monto millonario de la inversión para las instalaciones deportivas, frente al nivel de pobreza extrema que padece parte de su población. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Oaxaca ocupa el tercer lugar en este rubro. Además, concentra 23.3% del 74.7% que agrupan los 10 estados de la República con pobreza extrema en el país. La lista la encabeza Chiapas con 32.2% y Guerrero con 31.7%.

No obstante, agregaron, que la administración estatal uso recursos del Fonregión para la construir el coloso, bajo el mando de Carlos Alberto Garcíavelez, maestro en arquitectura y presidente de “Casaflex”, empresa contratada por el grupo de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y la que fabricó las gradas del estadio.

De acuerdo con Garcíavelez, éste no será un estadio más, sino que reflejará la cultura e historia de Oaxaca. “El diseño de este estadio fue inspirado en la cultura oaxaqueña. Buscamos renacer en este complejo deportivo la riqueza de los oaxaqueños, en especial la arquitectónica que tiene una gran historia en las culturas que aquí se desarrollaron”.

Fuente: Proceso

Autor: Pedro Matías

http://www.proceso.com.mx/434658/polemica-rodea-la-inauguracion-del-estadio-los-alebrijes-en-oaxaca

Pasta de Conchos: el convenio que provocó 65 muertes

El 19 de febrero de 2006 ocurrió el derrumbe de una mina en Coahuila, que dejó sepultados los cuerpos de 65 hombres. El consorcio IMMSA, el sindicato dirigido por Napoleón Gómez Urrutia y el gobierno federal sabían que las condiciones del filón no hacían recomendable trabajar en él. Documentos hechos llegar a Proceso muestran ahora que esas tres instancias incluso firmaron un convenio que le abría la puerta del socavón a una contratista, con beneficios económicos a trasmano para la organización sindical y la compañía de Germán Larrea. Es decir que empresa, gremio y gobierno federal –a partes iguales– fueron cómplices en la tragedia de Pasta de Conchos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Por 500 mil pesos para el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, pagados por Industrial Minera México (IMMSA), y teniendo como testigo a un subsecretario federal, se permitió que continuaran los trabajos en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, aun cuando las tres partes sabían de las pésimas condiciones de seguridad que prevalecían en el filón que acabó por derrumbarse en febrero de 2006.

Nuevos documentos, obtenidos por el colectivo de deudos Familia de Pasta de Conchos, evidencian también que, mediante un convenio, empresa, sindicato y gobierno formalizaron en enero de 2006 un “contrato de protección”, a cambio de 15 mil pesos y alrededor de 700 pesos diarios para el gremio que dirige Gómez Urrutia.

Los efectos de ese convenio se perpetúan en las bajas pensiones para las familias de los mineros fallecidos, pues la mayoría eran empleados de la contratista General de Hulla, que les pagaba 83 pesos diarios. Eso se tradujo en menos de 2 mil pesos mensuales para cada una de las 36 viudas de los trabajadores subcontratados.

Lejos de la posición crítica asumida por Gómez Urrutia después de la tragedia minera y el inicio de la persecución judicial que contra él impulsó el gobierno de Vicente Fox, un mes antes de que la mina se colapsara provocando la muerte de 65 trabajadores, IMMSA convino pagarle al sindicato minero esa “conciliación” por aceptar que una empresa contratista ingresara al filón con el pretexto de realizar trabajos de mantenimiento y que en realidad eran de extracción carbonera. Llevaban 12 años haciéndolo.

Lo que IMMSA –subsidiaria de Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco– y el sindicato de Gómez Urrutia pactaron fue que la empresa contratista General de Hulla, propiedad de Fernando de la Fuente Cepeda, cobrara 300 pesos diarios a cada uno de los 100 trabajadores subcontratados; que 4% de ese ingreso sería enviado por IMMSA al sindicato, de manera que serían 700 pesos diarios, para un aproximado de 21 mil 600 pesos al mes, la mayor parte destinados al comité nacional sindical.

La cantidad parecería irrisoria de no ser porque un trabajador ganaba la décima parte de lo que percibía el sindicato. Durante los días que siguieron al accidente, Proceso recuperó testimonios de trabajadores sobrevivientes y familiares de los fallecidos, que aseguraron por separado que ganaban 80 pesos diarios, es decir, 11% de lo que diariamente ingresaba el sindicato.

Entre los sindicalizados y los subcontratados la diferencia salarial era notable. Un informe (del que Proceso tiene copia) enviado en junio de 2006 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al entonces diputado Lucio Galileo Lastra, que presidía la comisión especial de Pasta de Conchos en el Congreso, demuestra que, mientras los trabajadores sindicalizados ganaban un promedio de 190 pesos diarios, los del contratista General de Hulla ganaban 83 pesos al día.

Lo que se pactó en el convenio fue que el contratista se quedaba con 214 pesos por trabajador; esto es 21 mil 400 pesos diarios.

Además el convenio, al describir las obras que realizarían los contratistas, contradecía la cláusula segunda, que limitaba los trabajos subcontratados a labores de mantenimiento, mientras que el Anexo 1 del documento, establecía en la relación de trabajos que la empresa contratista operaría “un minero continuo en desarrollo”. El minero continuo es una máquina que avanza rompiendo las paredes de roca. Sin embargo, así lo firmaron empresa, sindicato y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Para admitir a los contratistas, la STPS atestiguó el acuerdo obrero-patronal, con la presencia y firma del foxista subsecretario de Trabajo, Seguridad y Previsión Social, Emilio Gómez Vives, y sus colaboradores.

Por el sindicato firmaron los colaboradores más cercanos de Gómez Urrutia en el comité nacional: el entonces secretario del Asuntos Políticos, Carlos Pavón; Baltazar Zárate, delegado especial del sindicato; José Ángel Rocha, secretario del Interior, Exterior y Actas; y el dirigente de la Sección 13, Óscar Flores Ortiz.

Por IMMSA firmó el presidente de la empresa, Xavier García de Quevedo; el director de Operaciones, Arturo Bermea Castro, además del gerente de la mina, Rubén Escudero Chávez, entre otros ejecutivos.

El instrumento jurídico instruye el registro en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para darle solidez jurídica, y se formalizó en la Ciudad de México el 19 de enero de 2006, justo un mes antes de la tragedia minera que enlutó la región carbonífera de Coahuila, dejó 64 viudas y más de 160 huérfanos, pero no tuvo más que consecuencias económicas menores pues a todos los expedientes abiertos por esos hechos se les dio carpetazo.

La complicidad

“Un sindicato honesto habría pactado mejores condiciones aun para los trabajadores del contratista, pero esta es una forma novedosa de contrato de protección, en la que abierta y descaradamente cobra (el sindicato) por no proteger y no defender a los trabajadores, mientras Grupo México le paga como si fueran las cuotas sindicales que no va a recibir por no sindicalizar. Es el colmo del cinismo”, dice Rodrigo Olvera, integrante de Familia de Pasta de Conchos, que consiguió el documento.

Agrega: “Es como cobrar derecho de piso por no sindicalizar y que el gobierno lo legitime. Esto pone en evidencia el supuesto nuevo sindicalismo de Gómez Urrutia. Un vez más queda en evidencia ese sindicato corrupto”.

Y es que el convenio, hasta ahora desconocido, se suma a la ya documentada connivencia de empresa y sindicato, que mantuvieron los trabajos a pesar de las numerosas deficiencias identificadas en diferentes inspecciones desde el año 2000 (Proceso 1530).

Desde una inspección realizada en 2000, las condiciones inseguras se habían documentado por la STPS y al año siguiente la delegación de la dependencia en Coahuila había emitido el Emplazamiento 06/2001 contra la mina, por incumplir diferentes ordenamientos y normas, instruyendo 32 observaciones, entre las cuales destacaban la falta de inhibición de explosividad, de metanómetros para medir el gas en el ambiente y la descompostura del paro de emergencia.

Esas condiciones motivaron que desde 2001, los trabajadores se quejaran de la “condición sofocante”, según se asentó en la verificación (oficio 649). La sensación de asfixia es frecuente en las minas cuando hay saturación de metano, algo que los mineros llaman “mina gaseosa”. Una vez más se emplazó a la empresa, que tenía 10 días para cumplir con las observaciones.

Sin embargo, el 1 de julio de 2002 dichas observaciones se repitieron e incrementaron a 53, con 20 días hábiles para cumplir. Un año después, de acuerdo con el expediente N.C. 204 faltaban 11 medidas por cumplir.

En el historial de las inspecciones jamás se documentó en esos años que hubiera Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, por lo que se ignora si existió.

Para la inspección del 19 de julio de 2004, la integración de dicha Comisión ya aparece en actas, pero las cosas fueron peores. De acuerdo con los registros del IMSS, casi todos los 118 trabajadores registrados por la empresa sufrieron algún accidente ese año, pero no fue hasta el 8 de julio de 2005 cuando la STPS emplazó a la empresa a cumplir en 20 días con las observaciones registradas en la inspección de un año antes.

La comprobación del cumplimiento se efectuó el 7 de febrero de 2006 (expediente 125/001046/2005): se seguían incumpliendo 34 medidas. Doce días después ocurrió el colapso. Hasta entonces el sindicato jamás se inconformó, no intervino por sus trabajadores y mucho menos por los subcontratados; por el contrario, ratificó el citado convenio.

La madrugada del 19 de febrero los mineros planeaban un paro de brazos caídos, sin sindicato de por medio, por las condiciones inseguras cuando los sorprendió el estallido, según dijeron días después del accidente Ervey Flores y Marco Antonio Contreras, dos de los sobrevivientes.

Diez años después

Una mujer que vive en la villa mineral de Palaú, ahora es pepenadora. Rebusca a diario entre la basura algún objeto que pueda ser reutilizado y vendible, pues la pensión inferior a 2 mil 400 pesos mensuales que se le asignó por la muerte de su esposo –trabajador de la contratista General de Hulla en Pasta de Conchos–, no le alcanza para vivir. La Familia de Pasta de Conchos pide omitir su nombre para no revictimizarla.

Elvira Martínez, viuda del minero sindicalizado Jorge Vladimir Muñoz, tiene tres hijos. Su pensión es apenas superior a 3 mil 300 pesos, y es de las que mejor cotizaron, luego de ampararse contra la primera pensión de 2 mil 400 pesos.

El 25 de febrero de 2006, cuando el presidente de IMMSA, Xavier García de Quevedo, y el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, declararon que no había condiciones de vida en el interior de la mina, el primero prometió el pago por tres turnos diario a las familias hasta que se rescataran los cuerpos de los trabajadores.

Durante un año los mineros cotizaron, muertos, al IMSS, pero el 2 abril de 2007 Grupo México anunció la suspensión de búsqueda de cuerpos con base en el polémico Informe Wooton, el cual afirmaba se desataría una epidemia de salmonelosis, tuberculosis, hepatitis C y sida si se seguía trabajando en el filón (ninguna causa admitida por la Organización Mundial de la Salud encuadra con las condiciones de la mina). Así, la empresa suspendió el pago de tres turnos y la cotización al IMSS.

Fue el mismo Wooton quien dictaminó ante el forense local que los trabajadores estaban muertos y, por órdenes del entonces gobernador Humberto Moreira, se emitieron las actas de defunción con fecha de 19 de febrero de 2006.

La maraña resultó en perjuicio de las familias, pues aunque los trabajadores cotizaron en el IMSS durante un año con el triple de su salario, a la hora del cálculo pensionario se tomaron como base las actas de defunción del 19 de febrero de 2006. Nada hizo el sindicato al respecto.

Gómez Urrutia huyó del país el 24 de febrero de 2006. La última vez que se le vio en México fue cerca de Pasta de Conchos, cenando en un restaurante de cortes finos. Desde entonces vive en Canadá y mantiene una activa agenda de relaciones públicas con gremios internacionales, mientras dirige desde su exilio el sindicato minero.

Carlos Pavón, el hombre de confianza de Gómez Urrutia en los tres años que siguieron a la tragedia, fue detenido el 4 de diciembre de 2008. Pasó unos meses en prisión por una denuncia del magnate Alonso Ancira Elizondo y cuando salió, se convirtió en el principal opositor a Gómez Urrutia. Luego fundó un nuevo sindicato minero que agrupa principalmente a los trabajadores de Grupo Peñoles.

Xavier García de Quevedo sigue siendo presidente de IMMSA.

En tanto, el exsubsecretario de Trabajo, Emilio Gómez Vives, fue asesinado el 3 de abril de 2014. Lo degollaron en su casa en la Ciudad de México. Su hijo, Mauricio Gómez Vives denunció que en repetidas ocasiones su padre había recibido amenazas de Gómez Urrutia quien, a su vez, lo denunció por falsedad de declaraciones.

Respecto al contratista, Javier de la Fuente, murió por causas naturales a mediados de 2011.

Fuente: Proceso

Autor: Arturo Rodríguez García

http://www.proceso.com.mx/434605/pasta-conchos-convenio-provoco-65-muertes

La impresentable señora Wallace

En las semanas recientes en diversos medios de comunicación han consignado las declaraciones de Maria Isabel Miranda Torres, mejor conocida como la señora Wallace, sobre una supuesta red de corrupción internacional en la que intervienen personas defensoras de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.

Según la señora Wallace “como se hace llamar“, las personas defensoras de derechos humanos han “fabricado” casos de tortura, defendido “delincuentes confesos” y han orquestado toda una campaña internacional para contradecir la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, según ella, todo con el fútil objetivo de obtener jugosos ingresos económicos.

Más allá de su palabra y suposiciones, la señora Wallace no tiene pruebas de sus dichos, simplemente porque esas pruebas no existen. Esta campaña de desprestigio que ha montado en contra reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos, lo ha hecho apropiándose de la voz de las víctimas, así en abstracto, y construyendo una ficticia defensa de los derechos humanos.

Estas declaraciones no se dan en el vacío, se presentan en un contexto donde las autoridades del Estado mexicano han mostrado una particular resistencia ante el escrutinio internacional y donde ha habido un deterioro crítico de la situación de derechos humanos en nuestro país.

Cuando se contrasta por un lado, la actitud negacionista de las autoridades mexicanas y por otro la virulencia en las declaraciones de la señora Wallace, al referirse a las personas defensoras y a las instituciones de protección de los derechos humanos, es fácil encontrar similitudes en el discurso, que incluso podrían llevar a sospechar que no se trata de una mera coincidencia.

Pareciera que en esta relación Wallace-Gobierno, la primera sirve de vocera de un discurso que el segundo, no puede decir directa y abiertamente. De actualizarse esta suposición, me surgen algunas interrogantes sobre la actitud de Wallace: cuando ésta dice hablar en defensa de las víctimas, ¿se referirá a las autoridades mexicanas que se consideran víctimas del escrutinio en derechos humanos? y ¿a cambio de qué habría asumido esta vocería virulenta y violenta?

Esta presunta relación Wallace-Gobierno, también me recuerda a la que tuvieron en Perú, Laura Bozzo y el gobierno de terror de Alberto Fujimori, donde ésta elogiaba al segundo, cuestionaba a la oposición y al “terrorismo” que combatía el régimen y hacía uso de su imagen para manipular a la opinión pública.

Así también podemos comparar la actitud que ha tenido el gobierno mexicano de cuestionar lo documentado por los organismo internacionales y su insistencia en negar la grave situación de violencia en nuestro país, como la que en su momento tuvo el gobierno de Alberto Fujimori ante los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Perú como ahora en México, se atacaba y denostaba a las personas defensoras y a las instituciones que evidenciaban las violaciones a los derechos humanos.

Recientemente, el relator de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst señaló a México como “uno de los países más represivos contra los defensores de los derechos humanos”. Este señalamiento no es gratuito, considerando que a las campañas de desprestigio -como las que sufren en este momento algunos y algunas colegas- se suman otros tipo de ataques de los que son víctimas, ya sea por parte de agentes estatales o de particulares.

La historia ha demostrado que negar las violaciones y el ocupar vocerías virulentas, no contribuyen a mejor la imagen del gobierno sino que con ellas se ahonda en la falta de credibilidad y confianza en el gobierno mismo. Ojalá que el gobierno mexicano no replique este modelo, pues a todas luces fracasará.

Finamente, como reflexión general, cuando personajes impresentables utilizan el discurso de los derechos humanos para hacer una defensa del gobierno, parafraseando a Mario Benedetti: quizá sea momento de hablar de los izquierdos humanos.

Fuente: Desinformémonos

Autora: Karla Micheel

http://desinformemonos.org.mx/la-impresentable-senora-wallace/

Se dispara cifra de homicidios dolosos: 3,158 en enero-febrero

En un hecho sin precedente, Colima se catapultó a la cima de la estadística de homicidios dolosos con una tasa de 9.65 casos por cada 100 mil habitantes. Con ello, una entidad supera por primera vez a Guerrero (tasa de 9.09), la cual desde 2012 –con mayor énfasis en los tres años del actual sexenio– se había mantenido con la mayor incidencia en este problema relacionado con la inseguridad, violencia y actividades de la delincuencia organizada.

En este corte parcial (enero-febrero de 2016), en la entidad 78 personas fueron víctimas de homicidio doloso; si bien el número es mucho menor respecto de las 326 víctimas de sucesos similares ocurridos en Guerrero, el tamaño de su población (poco más de 700 mil) lleva a Colima al primer sitio.

En el resto de los delitos documentados en el estado (secuestro, homicidio común y extorsión) sigue con baja incidencia; no obstante, en el caso de los asesinatos pasó de 31, en enero, a 47 en febrero.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un diagnóstico relativo a la situación en Colima, aunque en otros episodios recientes –Baja California Sur, Sinaloa o Tamaulipas– han adjudicado las alzas a la disputa de la plaza por grupos criminales.

A escala nacional, durante el primer bimestre de este año ocurrieron 344 homicidios dolosos más que en el mismo periodo del año anterior, al pasar –en esta comparación– de 2 mil 841 a 3 mil 158. En febrero, 14 entidades tuvieron aumento de asesinatos, respecto de los casos de enero.

Otros estados como Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tabasco reportan aumentos significativos en cuanto a homicidios dolosos.


En el ámbito nacional, la tasa parcial –al corte del primer bimestre del año– es de 2.39 casos por cada 100 mil habitantes, aunque cinco duplican o hasta cuatruplican ese rango. Por ejemplo, Colima, 9.65; Guerrero, 9.09; Sinaloa, 6.45; Morelos, 4.22, y Baja California, 4.47.

En el recuento de las víctimas, la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación indica que en el periodo enero-febrero 3 mil 158 murieron en condiciones violentas: mil 551 en el primer mes del año y mil 607 en el segundo.

El número de febrero (víctimas) es superior a los reportados en ese mismo mes de 2015 (mil 413), y en 2014 (mil 448). Igualmente es un número mayor respecto de las averiguaciones previas reportadas en ese mismo mes en periodos más violentos en todo el país, como en 2011 y 2012.

Los números de víctimas (compilados oficialmente desde 2014) y los de averiguaciones previas pueden variar porque en una misma denuncia se puede reportar la muerte violenta de una o más personas.

En secuestro, persiste el mayor problema en Tamaulipas. La tasa parcial, en el primer bimestre del año, es de 0.13 casos por cada 100 mil habitantes, mientras Tamaulipas se ubica con 0.64, Tabasco 0.62 y Guerrero 0.47.

En el país, las cifras oficiales reportan, igualmente en el primer bimestre del año, 201 plagios: 97 en enero y 104 en febrero.

Ayer, la Secretaría de Gobernación informó también que durante febrero fueron incautados 70 mil 244 kilogramos de drogas, entre las que destacan mariguana, cocaína y matanfetamina.

Fuente: La Jornada

Autora: Fabiola Martínez

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/24/politica/015n1pol

Reconoce CNDH ante ONU “coyuntura crítica” en DH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció que México atraviesa una “coyuntura crítica” en materia de derechos humanos.

Al reunirse con el presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Choi Kyonglim, en la ciudad de Ginebra, Suiza, el ombudsman nacional dijo que la atención a las víctimas es uno de los ejes del trabajo diario de la CNDH.

Dijo que la tarea de prevención de violaciones es básica, por lo cual la promoción y divulgación de los derechos fundamentales es tarea cotidiana. Además, informó sobre los avances en la implementación de la Declaración de Mérida, producto de una reunión internacional en octubre pasado en la capital yucateca, y que tiene que ver con la agenda 2030 para el desarrollo sustentable.

Este encuentro privado con el presidente del Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas se dio en el marco de la participación del ombudsman González Pérez a la 29 Asamblea General del Comité Internacional de Coordinación (CIC) de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la ONU.

En esta asamblea, el presidente González Pérez dio cuenta del trabajo que desarrolla la CNDH en colaboración con los órganos de tratados de las Naciones Unidas y los mecanismos especiales del Consejo, como son los Relatores Especiales y grupos de trabajo.

Fuente: La Jornada

Autor: Redacción

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/24/mexico-atraviesa-201ccoyuntura-critica201d-en-derechos-humanos-cndh-5000.html

Violencia y crimen reducen diversificación económica en México: Harvard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los efectos de los altos índices del crimen y violencia en México se reflejan en la reducción de la diversificación económica, la muerte de las industrias complejas y el favorecimiento a la concentración, según el estudio “El impacto de la delincuencia y la violencia en la diversidad del sector económico” de Viridiana Ríos, investigadora de la Universidad de Harvard.

Presentado durante la tercer evaluación anual sobre la seguridad en México organizada por el Woodrow Wilson Center de Washington D.C., la investigación asegura que por cada incremento de 22% en las tasas de homicidio se observa una reducción que elimina un sector económico en México”.

Más: Por cada aumento de 10% en la tasa de homicidios en el país crece 0.5% el desempleo de la región afectada. “El desempleo actualmente en México es de 5%, por lo que por cada 10 puntos de aumento en las tasas de homicidios, se tendrá medio punto extra en el desempleo”, alertó.

Publicado también en la página de internet de la Universidad de Harvard, el estudio de Ríos asegura que un aumento de 9.8% en el número de organizaciones criminales “es suficiente” para eliminar un sector económico.

“Efectos similares se pueden sentir si las tasas de homicidios aumentan en más de un 22.5% o si la violencia relacionada con pandillas aumenta en 5.4%”, explicó la autora.

Según el panorama expuesto en el estudio, en México operan 13 organizaciones de tráfico de drogas desde hace unos 19 años en 713 de los 2 mil 441 municipios del país.

A partir de 2010, de ese total 444 de los municipios con narcotráfico tenían más de una organización criminal en operación simultánea.

De acuerdo con la especialista Viridiana Ríos en México “la violencia está matando a las industrias que son complejas… En aquellas regiones que son muy violentas la complejidad no puede florecer”.

Sin embargo, consideró que pese a la violencia, el país puede seguir creciendo, pero no en los sectores donde se necesita, por ejemplo, el eléctrico, el minero, el de la construcción, las grandes corporaciones, las compañías de extracción de gas y los medios de comunicación.

En el caso de la minería, el gas y las grandes corporaciones, dijo, no se preocupan por la violencia ya que contratan seguridad privada o “interiorizan” los costos en la función de la producción.

Por el contrario, añadió, los sectores de comercio minorista y mayorista, industria textil y alimenticia, hotelero, educativo, de transporte y salud son vulnerables al crimen y a la violencia.

En este último grupo económico, aseguró la autora, se tienen menos obstáculos para trasladarse a otras zonas del país, resisten menos la violencia, por lo que tiene una mayor probabilidad de dejar una zona de conflicto.

Incluso, ubicó al sector minorista y el del turismo como los que tienen más probabilidades de ser blanco de las organizaciones criminales y, por lo tanto, se vuelven menos resistentes a la violencia.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/434593/violencia-crimen-reducen-diversificacion-economica-en-mexico-harvard

Despliega otros 900 militares para contener violencia en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día arribaron vía aérea a Reynosa, Tamaulipas un total de 900 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los que serán desplegados en las principales ciudades de la entidad.

El reforzamiento federal busca hacer frente a la reciente ola de violencia que afecta a esa ciudad fronteriza, donde el jueves pasado se reportaron balaceras, persecuciones, bloqueos y el incendio de automotores.

Esa ocasión, usuarios de redes sociales advirtieron que todos los accesos de entrada y salida de la ciudad fueron bloqueados con autobuses, tráileres, unidades de transporte colectivo y autos particulares.

Además informaron de bloqueos en los accesos a los puentes internacionales Anzalduas, que comunica a Misión, Texas, y el puente rumbo a Pharr.

También reportaron persecuciones y bloqueos en avenidas principales como bulevares Hidalgo y Morelos, así como en el libramiento a Monterrey a la altura del hospital Materno Infantil y hacia San Fernando, cerca de un nuevo hospital del IMSS.

Por ello, este miércoles el general Miguel Ángel Patiño, comandante de la IV Región Militar, autoridades estatales y los alcaldes de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros dieron la bienvenida al personal militar que a partir de hoy se integra a las labores de vigilancia y seguridad en la entidad.

El comandante refirió, de acuerdo con Notimex, que el personal apoyará en las actividades que realiza la estructura de seguridad pública, y se unirá al despliegue que actualmente se mantiene en los diversos municipios de Tamaulipas.

Patiño Canchola mencionó que los 900 elementos castrenses se distribuirán en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria y zona conurbada de Tampico.

“Jefes, oficiales y tropas que hoy llegan a esta porción al país conduzcan sus acciones conforme a derecho, velando en todo momento por los derechos de la ciudadanía que hoy los recibe en esta tierra tamaulipeca”, instó el mando militar.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/434598/despliega-otros-900-militares-contener-violencia-en-tamaulipas

Hallan narcotúnel que conecta a Mexicali con Calexico; hay cinco detenidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un total de cinco personas fueron detenidas por estar involucradas en la operación de un narcotúnel, atribuido al Cártel de Sinaloa, que conectaba a Mexicali, Baja California, con Calexico, California.

El pasadizo subterráneo tiene una longitud de 379 metros. Su punto de entrada era al interior del restaurante El Sarape en Mexicali y la salida se construyó en una casa particular de tres recámaras en Calexico, ubicada en la Calle Tercera número 902, a 275 metros de la frontera.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos, agentes federales localizaron un hoyo cubierto por loseta por el cual se descendía al túnel.

Los cargos que enfrentan los detenidos incluyen narcotráfico, lavado de dinero, así como delitos específicos por la construcción y operación del narcotúnel.

Éste es el primer túnel con salida a Estados Unidos que se descubre en el Centro Histórico de Mexicali en los últimos 10 años. Además es la primera ocasión en que las propiedades son compradas para este fin y no rentadas. Por esta residencia, los acusados pagaron 240 mil dólares, más de 4 millones de pesos, y la transacción finalizó en abril de 2015.

Desde la mañana de este miércoles, en el primer cuadro de la ciudad de Mexicali se desató una fuerte movilización policiaca después de que autoridades norteamericanas localizaran el túnel en Calexico.

El operativo, comandado por las fuerzas federales, inició en el callejón Nicolás Bravo, otras unidades se trasladaron a la calle México y dos más se ubicaron en la Reforma.

La investigación correrá a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ya que el punto de acceso en México se encontraba dentro del restaurante El Sarape, que se ubica a 150 metros del límite con Estados Unidos, el cual se encuentra en operaciones.

Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad informó que el hallazgo del túnel fue una operación de la Policía Federal, en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, y la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.

Señaló que las líneas de investigación fueron desarrolladas durante 90 días por elementos de la Policía Federal, fuerzas federales e ICE en territorio fronterizo en ambos lados, y permitieron conocer que en un establecimiento comercial de la colonia Centro del municipio de Mexicali se realizaban actividades presuntamente relacionadas con el trasiego de droga.

“Con la información obtenida, el Agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo del órgano jurisdiccional una orden de cateo en el predio utilizado como restaurante. En el lugar se encontraban dos personas en posesión de un paquete con hierba cuyas características coinciden con las de la marihuana, motivo por el cual fueron detenidas”.

Mencionó que, al continuar con la diligencia, se localizó un túnel oculto bajo la loza del piso tapado con un bloque de concreto, mismo que conducía hasta la ciudad de Calexico, California.

“La acción se efectuó de manera simultánea con la operación emprendida por personal de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, en la salida del paso subterráneo, en Calexico, donde interceptaron y detuvieron a tres personas quienes pretendían huir”.

Los detenidos, quienes se presume pertenecen a una organización delictiva que opera en el estado de Sinaloa, aseguró, serán trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde se determinará su situación jurídica.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/434570/hallan-narcotunel-conecta-a-mexicali-calexico-cinco-detenidos

El dólar vuelve a subir y cierra en 17.87 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A un día de los atentados terroristas en Bruselas, Bélgica, los mercados navegaron este día entre la desconfianza y el temor de nuevos ataques, tras las amenazas del Estado Islámico.

De entrada, en el mercado cambiario los inversionistas volvieron a refugiarse en el dólar, depreciando a las monedas emergentes como el peso. De hecho, en ventanillas bancarias, el billete verde se ofertó en 17.87 unidades, mientras que a nivel interbancario la moneda estadounidense se cotizó en 17.57 pesos.

En otras palabras, el peso se depreció 1.3%, respecto al pasado martes, cuando ocurrieron el atentado donde murieron más de 30 personas y dejaron alrededor de 200 heridos.

Cabe destacar que a poco más de un mes de que el Banco de México decidió suspender definitivamente las subastas de 200 millones de dólares diarios para contrarrestar la volatilidad en el tipo de cambio, las reservas internacionales –de donde provenían esos recursos– tuvieron una recuperación de 1.4% en dicho periodo de tiempo y al cierre de la semana pasada acumularon un total de 176 mil 939 millones de dólares.

La mala noticia es que esos activos, que sirven para enfrentar choques financieros provenientes del exterior, están muy lejos de alcanzar los 194.5 mil millones de dólares registrados en marzo del año pasado.

Por su parte, el mercado de capitales operó con números mixtos. La Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un alza marginal de 0.03%; en contraste, en Wall Street, el índice Dow Jones cayó 0.45%; el Standard & Poor’s 500, tuvo una variación negativa de 0.64%; mientras que el tecnológico Nasdaq retrocedió 1.09% en este miércoles.

En Europa, el Euro Stoxx 50 disminuyó 0.29%; el CAC 40 francés bajó 0.18%; la bolsa de Milán se desplomó 1.26%; mientras que el IBEX 35 de España cayó 0.72%. Por otra parte el DAX alemán, el FTSE 100 de Reino Unido cerraron la jornada con ganancias.

Fuente: Proceso

Autor: Juan Carlos Cruz Vargas

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Inalterables, precios de gasolinas durante abril: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los precios de las gasolinas se mantendrán sin cambios durante el mes de abril.

En un comunicado la dependencia encabezada por Luis Videgaray detalló que el costo de la gasolina Magna utilizada por la mayor parte del parque vehicular será de 13.16 pesos por litro; por su parte la Premium, considerada de alta calidad por su elevado octanaje, tendrá un precio de 13.97 pesos; mientras que el litro de diesel se comercializará en 13.77 pesos.

Según la SHCP, estos precios máximos representan una disminución de 3% respecto de los observados en 2015 en los casos de la gasolina Magna y el diesel, y de 2.9% en el de la Premium (una reducción de 41 centavos en el caso de las gasolinas y de 43 centavos en el caso del diésel).

“Si bien durante el último mes se incrementaron los precios internacionales de referencias para los combustibles, dicho aumento fue compensado por la apreciación del peso. La combinación de ambos factores llevarán a que en abril los precios máximos se mantengan en niveles similares a los pisos de la banda aprobada por el Congreso de la Unión”, justificó Hacienda.

En este contexto, en junio Pemex dejará de tener el monopolio en la venta de gasolinas y competirá con la estadunidense Gulf, que planea abrir sus primeras cuatro estaciones de servicio en Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara y otra ciudad por definirse.

Mientras que a mediano plazo (en tres años) proyecta la instalación de unas dos mil gasolineras, lo que constituye 17% de la infraestructura existente de estaciones de servicio en México.

Gulf surgió en 1901, en Texas, y en 1906 se convirtió en la primera petrolera en perforar un pozo marino. En 1911 fundó la primera estación de servicio del mundo, en Pittsburg. Actualmente opera en países latinoamericanos como Argentina y Colombia.

Fuente: Proceso

Autor: Juan Carlos Cruz Vargas

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Tengo miedo de regresar a México: Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Kate del Castillo consideró que el gobierno mexicano ha convertido su reunión con Joaquín El Chapo Guzmán y su proyecto de hacer una película sobre la vida del capo en un asunto político que “ya no es normal”.

En la segunda parte de la entrevista que concedió a la periodista Carmen Aristegui en la cadena CNN, transmitida la noche del miércoles pasado, la actriz comentó la persecución en su contra también la atribuye a los distintos comentarios que ha hecho públicamente respecto del gobierno.

Uno de ellos, recordó, el que hizo en noviembre pasado en entrevista con Aristegui, sobre el tema de la Casa Blanca. En aquella ocasión Del Castillo comentó que cuando trabajó en Televisa fue “muy mal pagada” y dijo que el sueldo de Angélica Rivera, gracias al que supuestamente compró la casa en Lomas de Chapultepec, no era “lo estándar” en la empresa.

Reflexionó la actriz:

“Al ver todo lo que está sucediendo y todo lo que pasó en México y cómo me destrozaron, digo: ‘esto es un problema político… esto ya no es normal’, porque no es normal lo que han hecho conmigo, sinceramente.

“Hay algo ahí de trasfondo, que es lo que todavía no entiendo, no sé si es mi comentario de la Casa Blanca, no sé si fue para hacer una gran telenovela, como lo han estado haciendo para tapar los grandes problemas de México. No sé, pero de me agarraron a mí, ahí en medio, y he pagado por todo esto.

“Me pregunto: ¿qué tal si hubiera ido un actor en lugar de una actriz, a ver al Chapo? No hubieran dicho que está enamorado… si hubiera sido un hombre no hubieran dicho lo mismo… ¿Por qué soy la única a la que están investigando? Y a la única que destrozaron”, apuntó.

La protagonista de La Reina del Sur reiteró que tiene miedo del gobierno mexicano porque ha violado su presunción de inocencia.

“Están diciendo que me llaman como testigo. Y yo como testigo sabes que no tengo ningún derecho de nada. Entonces yo puedo ir a México, me van a agarrar, me van a arrestar, me van a llevar, y me pueden poner en arresto domiciliario durante ochenta días, si quieren, y darme los peores ochenta días de mi vida o las 24 horas más nefastas de mi vida, o además me pueden cambiar el estatus”, comentó.

–Estatus de testigo a indiciada—intervino la periodista.
–Exactamente.
–¿Ese es tu temor, que te pasen de testigo a indiciada?-, le preguntó Aristegui.
–Mi temor es ir a México, punto. No quiero ir a México hasta que no se arreglen mis cosas legales, pero con estricto apego a la ley—pidió la actriz quien insistió en que no es culpable de nada y confió en arreglar sus problemas legales. Incluso comentó que presentará evidencia pero no quiso abunda en ello por el momento.
–¿Qué le pides a la Procuraduría General de la República y al gobierno mexicano?—preguntó Aristegui.
–Que investiguen realmente… que ya puedan decir que no tengo nada malo— respondió Kate quien luego admitió que después de todo lo que ha pasado “volvería a decir exactamente lo mismo” sobre que le cree más a El Chapo que al gobierno mexicano.

Y dejó en claro que al líder del Cártel de Sinaloa “ni lo aplaudo ni lo glorifico ni estoy enganchada ni hay ningún tipo de admiración… ni nada amoroso en lo más mínimo. Simplemente mantengo lo que dije en mi tuit”.

En la entrevista la actriz descartó que su visita a Guzmán Loera haya provocado que las autoridades mexicanas lo detuvieran en enero.

“Yo siento que si de verdad fuimos nosotros (quienes provocaron su captura), pues ¿para qué se esperaron tanto tiempo para agarrarlo?, ¿no?… porque nosotros (Ella Sean Pen y los productores argentinos) fuimos el 2 de octubre (2015), y luego a él lo agarraron hasta el día 8 de enero”.

Lo que sí admitió es que su relación de amistad con el capo llegó a un nivel de confianza en el que él descuido su seguridad y provocó que “relajara” sus comunicaciones. “(El Chapo) fue genuino conmigo y sé que él confía en mí y puso hasta su vida en riesgo por mí”, dijo.

La actriz comentó que sí hubo un “mensaje un poco intimidatorio”, presuntamente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a través de una amiga en común, para que abandonara el proyecto de la película sobre El Chapo.

“Yo me puse a sus órdenes (del secretario) le dije que si necesita hablar conmigo, aquí estoy, ¿no? Yo vivo en Los Ángeles. Pero estoy aquí, me voy tal día y estoy a su disposición… pero no me pueden mandar esos mensajes porque pues yo soy actriz y no hay nada de delito en lo que estoy haciendo”, subrayó.

A pesar de todo, del Castillo afirmó que sigue adelante con su plan de hacer la película ya que El Chapo le cedió los derechos.

Eso sí, adelantó que para el proyecto ya no están contemplados los productores argentinos, de quienes se niega a decir sus nombres pero ya han sido publicados en diversos medios.

“Yo quiero hacer una investigación muy, muy a fondo de todo lo que se vaya a decir en esa película…”, comentó Kate.

–Si la haces a fondo, no le va a gustar al Chapo—intervino Aristegui.
–No, ni al gobierno mexicano ni al americano
–¿Y aun así la piensas hacer?
–Sí—recalcó.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/434604/tengo-miedo-regresar-a-mexico-kate-del-castillo