10 años de terror y (más) división

"Cuando muchos creían que se había acabado en el gobierno de Peña Nieto, pues vinieron las masacres de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato...", recuerda el periodista Diego Enrique Osorno.

Del otro lado del teléfono, el periodista Diego Enrique Osorno recuerda bien cómo comenzó todo: Para mí, lo que hay en 2006 es un año de mucha inconformidad social, donde tenemos manifestaciones importantes, rebeliones en Oaxaca, en Atenco, en diversos pueblos y ciudades ligados al sindicato minero, y además está esta protesta en la Ciudad de México, encabezada por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. 

El país en 2006 tenía una crisis social y una crisis política muy fuerte, y el presidente que llega en ese momento al poder, Felipe Calderón, después de haber ganado por medio punto porcentual, en lugar de crear una solución política a esta crisis que se estaba viviendo, parece que opta por la mano dura, por usar, aliarse con las fuerzas armadas, para garantizar una gobernabilidad que no lograba mediante la política.

En ese contexto, se crea la declaración de guerra contra el narco, hay que recordar que en México el candidato que perdió la elección de 2006 no reconoció al gobierno de ese periodo, eso nos habla de una crisis política profunda, tremenda, que fue cubierta con una guerra contra el narco, que me parece que ya en los hechos, los que hemos investigado nos dimos cuenta que se trató de un pretexto para militarizar el país y para garantizar una gobernabilidad. Y en los hechos, los ataques no fueron contra los grupos hegemónicos como el Cártel de Sinaloa, sino contra las escisiones de este, como los Beltrán Leyva, o grupos como Los Zetas.

-¿Cuál es tu parte de guerra…? 

Tenemos un país devastado, un país con el tejido social roto, un país con más de 175 mil muertos (en la última década), con más de 30 mil desapariciones aunque sólo se registren 29 mil, sabemos que la cifra negra es prácticamente el doble… En el entorno donde yo crecí en Monterrey, tengo 5 personas desaparecidos y no hay denuncia… no han denunciado ni aunque yo les he invitado, tienen miedo… Son gente que no estaba involucrada de ninguna forma en el crimen.

Los saldos personales: creo que no hay en México ninguna persona que no tenga un vínculo indirecto por lo menos con alguna tragedia relacionada con este periodo. Es algo que atravesó a todo el país, que está atravesando a todo el país.


Y cuando muchos creían que se había acabado en el gobierno de Peña Nieto, pues vinieron las masacres de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato…

Me acuerdo de haber leído un artículo en Nexos, de hace tres o cuatro años, titulado “Lo que el narco nos dejó” y se daba por hecho de que ya con el gobierno de Peña Nieto se había acabado la guerra contra el narco…

Es un parte de guerra desastroso para el país sobre todo, más allá de lo personal.

-¿Cómo ves la ley de seguridad interior… aunque vaya a ser Navidad, Año Nuevo, parece que van a discutir y aprobar esta ley? 

Es muy sintomático que a diez años de distancia, las fuerzas armadas estén garantizando la impunidad para el futuro, están blindándose para el futuro, no sabemos qué va a pasar en los próximos años en México, si el grupo que ha permanecido en el poder estos años se va a mantener ahí… las fuerzas armadas están buscando blindarse para una eventual acción de justicia posterior no sólo nacional sino también internacional… los ojos de diversos organismos internacionales están puestos en México ante la gravedad y lo tremendo que significan estos crímenes no sólo para la sociedad mexicana sino para toda la humanidad. Lo que vimos la semana pasada fue una simulación, una especie de autogolpe que se está propinando el gobierno actual, para buscar la impunidad hacia futuro de las fuerzas armadas.

-¿Qué te pareció la declaración del general? 


Creo que es una simulación, no es algo que tenga como objetivo real el sacar a los militares del escenario público sino más bien de garantizar que el protagonismo que han tenido en los últimos años -un protagonismo muchas veces trágico, muchas veces ilegal, muchas veces extralegal-, permanezca en la impunidad y sin ser castigado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1212/mexico/10-anos-de-terror-y-mas-division/

Calderón “congeló” hasta 2018 dos datos cruciales: por qué la guerra, y por qué la estrategia

El 12 de diciembre de hace diez años fue el primer día de la Guerra en contra del Crimen Organizado, una de las etapas más sangrientas en la Historia reciente de México y que aún no encuentra fin. ¿Había razones fundadas para mantener esta ofensiva? Por lo menos los documentos públicos no pueden ser consultados. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México de 2006 a 2012 y quien lanzó la ofensiva, dejó clasificada bajo reserva la Agenda Nacional de Riesgos (ANR) de 2011, el año más violento de su sexenio.

La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) de 2011, el documento elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que indica el grado de vulnerabilidad del Estado, fue reservado hasta 2018 por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, lo que impide conocer si en verdad había razones para mantener la estrategia en contra del llamado crimen organizado.

Además, los “factores determinantes” para que el Gobierno federal emprendiera la llamada guerra o combate contra el narcotráfico, o de manera general, lucha contra el crimen organizado” fueron declarados “inexistentes” por Los Pinos ese año, cuando a Calderón le faltaban meses para dejar la Presidencia.

Según el CISEN, la ANR es un producto de inteligencia y un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos. Este documento que debe ser aprobado por el Presidente de la República cada año, permite orientar las acciones, los mecanismos de coordinación y las políticas.

Cuestionado su triunfo en las elecciones de 2006 y apurado para conseguir legitimidad, el Presidente Felipe Calderón inició una estrategia de seguridad el 11 de diciembre de ese año con la Operación Conjunta Michoacán que implicó el despliegue en ese estado de seis mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública.

Los años calderonistas transcurrieron y a pesar de que hubo varias advertencias de que el costo de la ofensiva era una crisis de Derechos Humanos, el Presidente no quiso o no pudo detenerse. En 2008, dio varios discursos triunfalistas. El 11 de junio de 2008 expresó:

“Eso es lo que estamos haciendo, amigas y amigos colaboradores, enfrentando a la delincuencia y derrotándola en una guerra, en una batalla que será de muy largo plazo […] Soy partidario de que las batallas, las guerras se ganan, precisamente, con información, con inteligencia y con estrategia […] Y estamos escalando las potencialidades de inteligencia, particularmente en el nivel federal, porque queremos y sabemos, verdaderamente, cómo vamos a ganar esta guerra”.

Y el 17 de septiembre del mismo año, dijo: “… Es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México y vayamos por la victoria que la Patria reclama y a la que tiene derecho. Estoy convencido que esta guerra la vamos a ganar y la vamos a ganar con el apoyo y la participación de todos”.


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En sus palabras estaba la victoria, pero el entonces Presidente no pudo responder cuáles eran los criterios para indicar que la guerra se estaba ganando o que por lo menos, había una expectativa sustentada para ganarla. A la solicitud de información con el folio 0210000150808 en la que se le requirió cualquier elemento para la elaboración de sus discursos respecto al triunfo, Los Pinos respondió que no contaba con información y el Comité de Información los declaró “inexistentes”.

Así llegó el 20 de enero de 2011, cuando Felipe Calderón negó haber pronunciado el término “guerra”.

“Yo no he usado el término “guerra”. Y sí puedo invitar a que se revisen todas mis expresiones públicas y privadas. Yo no elegí el concepto de guerra. Yo he usado permanentemente el término de lucha contra el crimen organizado y lo seguiré usando”.

Más allá de si la ofensiva se llamó “guerra” o “lucha” o “batalla”, 2011 fue el año más violento del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, según los conteos de muertos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi). Ese año, se registraron 27 mil 213 muertes violentas, el número más alto en esa categoría desde 1990. En el sexenio, el número de homicidios se incrementó en 150 por ciento.

Mientras en México, el entonces Presidente clasificaba las razones de la guerra, la Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos, recibía una demanda en su contra interpuesta por un grupo de abogados y 23 mil ciudadanos mexicanos que pedían juicio para el ex Mandatario por responsabilidad individual en crímenes de lesa humanidad. El legajo lo integraron con 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos.  Además, describieron la brutal forma en que en ese tiempo -como ocurre ahora mismo- se encontraba la hora última en México. Era un panorama de despojo y desolación. Dijeron que era la guerra.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3124139

Activistas protestan ante "guerra contra el narco"

Ciudad de México. Más de un centenar de activistas de diversas organizaciones civiles encabezaron este domingo en el Monumento a la Revolución un acto de protesta ante la “guerra contra el narco”, que a lo largo de 10 años ha sumido al país en una barbarie de miles de personas asesinadas, desaparecidas o desplazadas de sus hogares.

El baño de sangre en 10 años deja más consumidores de drogas, más cárteles y más líderes criminales

“Que la droga no llegue a sus hijos”, fue la promesa de Felipe Calderón hace diez años. Y, sin más, lanzó a más de cinco mil elementos contra el crimen organizado en el primer operativo en Michoacán (diciembre de 2006). La guerra comenzó. “El peor escenario posible” para México era que Estados Unidos transitara hacia la regularización (o legalización)  y aquí se endureciera la prohibición. Así está sucediendo. Sin resultados en seguridad ni en salud, esta lucha ha sido “una catástrofe” que ha puesto de manifiesto la corrupción, expusieron expertos. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 revela que alrededor de 1 millón 789 mil jóvenes mexicanos han consumido drogas, principalmente hombres que habitan en Quintana Roo y Estado de México. Su uso se ha duplicado de 1991 a 2014. ¿La legalización de la mariguana es el camino alternativo al baño de sangre? Se ha propuesto, pero los expertos creen que no es la solución debido a la debilidad de las instituciones mexicanas.

Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México, se equivocó. Su error, declarar la guerra al narcotráfico hace 10 años, ha inundado al país con la sangre de más de 186 mil muertos, de acuerdo con cifras oficiales, y la ausencia de más de 28 mil desaparecidos, y miles de desplazados. Su objetivo era proteger la salud y la tranquilidad de las comunidades bajo el lema “Que la droga no llegue a tus hijos”.

No fue ni es así, aseguraron especialistas.

Además de pasar de ser una nación de tránsito a una productora de drogas, en México su consumo “ha aumentado”, y junto con ello, la proporción de personas que se ven afectadas por el problema, ha reconocido la misma Encuesta Nacional de Consumo de Drogas de Estudiantes (ENCODE 2014) realizada y publicada por el Gobierno federal. El consumo de drogas entre jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato se duplicó en 23 años, al pasar de 8.2 por ciento en 1991 a 17.2 por ciento en 2014, documentó.

El combate, cara a cara contra la delincuencia, contrario a lo buscado, ha provocado que México sea visto “como un país inseguro” en vez de “vanguardista” ante los ojos del mundo; se han aprehendido capos, pero los cárteles se han fragmentado, y el consumo de drogas se ha incrementado en este país, han afirmado expertos consultados para la serie de SinEmbargo “Diez años de guerra en México”.

El cártel de Sinaloa –también con alta presencia en Estados Unidos y Asia– y el Cártel de Jalisco Nueva Generación son los más poderosos en el país. A raíz de ciertas detenciones de jefes de cárteles, estos se han dispersado en grupos más pequeños, pero numerosos.

Aunque un camino alterno es la legalización de su uso recreativo y medicinal, lo cual dejaría de criminalizar a sus consumidores, ¿las instituciones mexicanas están preparadas para ello?, cuestionaron. Además, añadieron, la mariguana sólo es una parte del negocio del crimen. La mayor parte de sus ganancias por exportación a Estados Unidos es de cocaína.

“El peor escenario posible para México era que Estados Unidos transitara hacia la legalización y México endureciera la prohibición. Eso es exactamente el escenario en el que estamos y eso hará que la mariguana mexicana que llegaba a Estados Unidos sea desplazada por la legal de ahí y entonces tenga que ubicarse en el mercado nacional. Vamos a tener aquí más mariguana y más barata. Pero además de eso, el mercado interno ilegal va a ser más peleado y crecerá más la violencia”, dijo en conferencia Alejandro Madrazo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“No hemos tenido una política de drogas; necesitamos una”.

Para el especialista, se tendría que implementar una producción nacional, en vez de, por ejemplo, Monsanto, y se deberían crear instituciones para verificar los puntos de venta porque, dijo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copefris) no está capacitada para ello. Sería un buen arranque, dijo, que el Estado compre toda la cosecha y distribuya a todos los puntos de venta.

Desde la década de los 90 la mariguana ha sido la droga ilegal más consumida en el país. En 23 años su uso subió de 1.54 por ciento a 10.6 por ciento, de la población de jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato.

La yerba llegó hace 500 años a la Nueva España con el propósito de incentivar la economía y durante la Conquista, los indígenas le encontraron cualidades recreativas y propiedades medicinales. Pero fue marginada por afectar diversos intereses (fabricación de papel y textiles naturales), documenta el libro República Pacheca del periodista Enrique Feliciano.

La creciente disponibilidad de cocaína ha provocado también un incremento importante en su consumo. Cuando se dio un cambio en las rutas de tránsito de esta droga proveniente de la región andina hacia Estados Unidos, dejó de pasar principalmente por el Caribe y se usaron las rutas de México que ya operaban para el trasiego de heroína, destacó el documento de la ENCODE. Las encuestas de escuelas han documentado también la emergencia del ‘crack’ (un derivado de la cocaína) y de las metanfetaminas.


La Secretaría de Salud, desde 1998, detectó el surgimiento de sustancias previamente no utilizadas con fines de intoxicación, como ciertos medicamentos (el Refractyl Ofteno y el Flunitracepam cuyo nombre comercial es Rohypnol) y, al igual que en otros países, aparecieron las anfetaminas (éxtasis o cristal). El uso de la heroína, si bien es poco prevalente a nivel nacional, se ha ido incrementando en ciudades de la frontera norte.

¿QUIÉNES LAS ESTÁN CONSUMIENDO?

La ENCODE 2014 revela que alrededor de 1 millón 789 mil jóvenes mexicanos de primaria, secundaria y bachillerato han consumido drogas. El 17.2 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato ha consumido alguna vez alguna de esas sustancias. De cada 10 usuarios, siete son usuarios experimentales, es decir, consumieron sustancias entre una y cinco veces.

El consumo sigue siendo más frecuente en los hombres, aunque la distancia se ha reducido: por cada seis consumidoras, hay siete hombres que lo reportan. Además, si bien el mayor índice de consumo se observa en los estudiantes de mayor edad, también, aunque menor, lo hay en estudiantes de primaria: 3 de cada 4 niños que las han probado son experimentadores.

Respecto a la zona, los alumnos cuando pasan de secundaria a bachillerato, tanto en la comunidad rural como la urbana, registran un mayor consumo, el cual es ligeramente más pronunciado en las escuelas ubicadas en ciudades.

A nivel estatal, el consumo de cualquier droga de alumnos de secundaria o bachillerato se concentra en la Ciudad de México (25 por ciento), Quintana Roo (22 por ciento, sobre todo en Playa del Carmen), Estado de México (21.1 por ciento, sobre todo en Ecatepec), Jalisco (20.1 por ciento, principalmente en Guadalajara) y Chihuahua (19.8 por ciento, sobre todo Ciudad Juárez).

En el caso de los niños de primaria, se detectó mayor uso en  San Luis Potosí (5.1 por ciento), en Michoacán (5.3 por ciento, sobre todo en Apatzingán), en Campeche (5 por ciento) y en Quintana Roo (5.9 por ciento, principalmente en Ciudad del Carmen).


“UNA GUERRA CONTRA LA PROPIA POBLACIÓN”

 El 11 de diciembre del 2006, el Gabinete de Seguridad, por orden de Felipe Calderón, inició la “Operación Conjunta Michoacán”, estado donde nació el ex mandatario panista, con un despliegue de más de cinco mil efectivos. En ese operativo comenzaron “actividades de erradicación de plantíos ilícitos, establecimiento de puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, ejecución de cateos y de órdenes de aprehensión, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas”.

“La batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo”, alertó hace una década el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

No obstante, en el discurso en el que el gobierno declaró la guerra, no se abordaron las consecuencias de sacar el ejército a las calles.

“El saldo final de esta guerra no es precisamente el mejor resultado. Tiene otros efectos colaterales: la inseguridad y ha manifestado la corrupción que ya estaba”, dijo el rector de la UNAM Enrique Graue. “No es posible que sigamos viendo a los consumidores como criminales y sigamos persiguiendo a los campesinos que no son culpables de la pobreza en la que viven”, declaró durante la conferencia “Hacia una mejor política de drogas: lecciones de una experiencia práctica”.

El abogado del CIDE, Alejandro Madrazo, destacó la necesidad de pasar a un mercado regulado.

“Estamos en medio de una guerra contra nuestra propia población que está saliendo muy mal y que nos está costando muy caro. Una medida necesaria para poder revertir la crisis institucional y la violencia es pasar a mercados regulados de drogas. Nuestra capacidad de perseguir, prevenir y castigar delitos nunca va a ser suficiente mientras desperdiciemos recursos en meter a la cárcel a poseedores de mariguana”.

El individuo típico que es encarcelado, enfatizó, es un poseedor de mariguana con valor menor a 500 pesos. De los 44 mil presos federales sentenciados que había en 2012, más de 10 mil estaban solo por mariguana, documentó.

“Todos los indicios, todos los datos nos hablan de la catástrofe que ha sido la guerra contra las drogas. No nos ha dado resultados en materia de salud ni de seguridad. Tenemos una peor situación de salud y una mucho peor situación de seguridad en nuestro país hoy que hace diez años cuando nos lanzamos sin un diagnóstico claro y sin objetivos explícitos a una guerra que no tiene sentido”, remató el especialista.

LEGALIZACIÓN VS. DEBILIDAD DE INSTITUCIONES 

El incremento de consumo de drogas en México es un hecho, así como sus afectaciones a la salud. Sin embargo no ha funcionado la estrategia del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, continuada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Algunos países, incluyendo Estados Unidos, están experimentando modelos de regularización de las drogas. En México es una posibilidad que se está debatiendo, pero ¿la “debilidad” de las instituciones mexicanas harían viable esa alternativa?, cuestionó Luis Astorga Almanza, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Durante la conferencia magistral “Hacia una mejor política de drogas: lecciones de una experiencia práctica”, Andrew Freedman, director de la Coordinación de Mariguana del estado de Colorado –donde la mariguana se consume legalmente de forma recreativa desde 2013–, destacó que se quitaron “la vieja mentalidad” e implementaron políticas que “están funcionando”.

En Colorado, a tres años de la legalización de uso recreativo, se cuenta con una industria “más o menos reglamentada” y el consumo no ha cambiado. Tampoco se ha visto que las muertes en carreteras hayan aumentado por esa causa; en general, se han mantenido igual.

Aunque el producto se entrega en un paquete que no puede abrir un niño, se han registrado casos de consumo en menores de nueve años, y alrededor de 15 a 25 hospitalizaciones al año porque la ingirieron al confundirla con un dulce, reconoció Freedman.

El 8 de noviembre, los ciudadanos de California –el estado más poblado de EU– y Massachusetts aprobaron medidas que aprueban el consumo recreativo de mariguana. Los otros estados que ya lo permiten son Alaska, Colorado, Oregon, el estado de Washington y el Distrito de Columbia, que tienen unos 18 millones de habitantes, o el 5.6 por ciento de la población, de acuerdo con la agencia Associated Press.

California fue el primer estado en aprobar el uso de la mariguana con fines medicinales hace dos décadas.

De acuerdo con las iniciativas, el consumo de mariguana sería restringido a personas de al menos 21 años de edad y quedaría prohibido fumarla en la mayoría de los espacios públicos. Además, la yerba quedaría sujeta a estrictas normativas, se impondrían altos impuestos a su venta y algunos estados permitirían cultivarla a los usuarios.

Hay sectores en Estados Unidos que se han quejado de que la legalización pondría en peligro a los niños y abriría la puerta a la creación de otra industria enorme, como la del tabaco, que estaría dedicada a vender a los estadounidenses una droga perjudicial para la salud.

Sin embargo, aterrizado en México, Luis Astorga, sociólogo y autor de El siglo de las drogas, cuestionó cómo aplicar el modelo de Colorado “en un país con instituciones sumamente débiles”.

“En México una de las preocupaciones de ciertos sectores es que el tipo de organizaciones criminales y el tipo de instituciones que tenemos son algunos de los aspectos que hacen dudar de la posibilidad de implementar el modelo. El crimen es bastante fuerte con una diversificación de las drogas que negocian. El mercado de la mariguana no es el principal. La mayor parte de sus ganancias por exportación a Estados Unidos son de cocaína”, expuso.

Por lo tanto, aunque “la clase política pusilánime” decida promover una ley para legalizar la mariguana en México, las ganancias por ese tipo de mercancía bajarían, pero seguirían las de la cocaína, heroína y metafetamina.


“Pensar que legalizando la mariguana se da un golpe fuerte a las organizaciones criminales mexicanas, sabiendo cómo están estructuradas, no es realista. Pero es más realista pensar en las personas que potencialmente no irían a la cárcel por el consumo o posesión simple de cierta cantidad de mariguana”, finalizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-12-2016/3120825

Los políticos son los enemigos de México: padre Solalinde; dejaron que la guerra nos arrasara, dice

La guerra contra el narcotráfico del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el incremento de la corrupción y la violencia durante la administración de Enrique Peña Nieto dejan claro que el peor enemigo para el país es su clase política, afirmó el padre Alejandro Solalinde. El enemigo, dijo, está en casa y no en la frontera norte con Donald Trump: los miles de mexicanos muertos y desaparecidos ya los pusieron las últimas dos administraciones.

Los últimos gobiernos de México, el de Felipe Calderón Hinojosa y el de Enrique Peña Nieto, han demostrado que la clase política es el enemigo que desde casa masacra, desaparece y arrasa con los mexicanos, dijo en entrevista con SinEmbargo el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra.

Luego de 10 años de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y de los cientos de miles de muertos y desaparecidos, está demostrado, afirmó Solalinde Guerra, que los políticos del Partido Revolucionario Internacional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) son una amenaza para el bienestar del país.

Calderón inició con algo peor que la amenaza que representa hoy el Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump: el panista propició una década de muerte y devastación en todo el territorio mexicano, que no concluyó con su administración, pues se extendió a la del priista Peña Nieto, consideró.

“Yo diría que el pueblo de México está asqueado de tres partidos que lo han traicionado: el PRI; el PAN, que ha sido cómplice del PRI, comparsa y ha ido con todo lo que conviene a sus intereses pero no a los intereses de México, y el tercero el PRD, que es un partido traidor”, dijo el sacerdote.

La guerra de Calderon, un “Presidente espurio”, destacó Solalinde, cambió la vida de México para mal. El ex mandatario sacó a los militares a las calles, firmó el Plan Mérida para contener el trasiego de drogas en la frontera sur y perdió el control de las policías que en poco tiempo fueron infiltradas por el crimen organizado.

La suerte de todos los mexicanos se transformó y con ese cambió inició la matanza de migrantes y la desaparición de miles de personas en todo el país.

“El desastre que Calderón dejó es evidente. Hay decenas de miles de muertos, violencia por donde quiera. Se decapitó a lo tonto a las cabezas del crimen organizado que antes se controlaban, y vemos niveles de acciones sanguinarias que jamás habíamos visito. El caldenorismo es un fracaso absoluto. El flagelo más grande son las desapariciones y se dispararon en ese Gobierno. La técnica para desaparecer cuerpos en forma masiva fue acuñada con Calderón, por eso después de haber visto el fracaso da miedo cuando el caldenorismo piensa reaparecer con la complicidad del PRI para un nuevo periodo presidencial, da miedo que el caldenorismo vuelva”, argumentó el sacerdote.

Solalinde se refirió a las aspiraciones presidenciales de la esposa de Felipe Calderón, la ex Primera Dama Margarita Zavala Gómez del Campo, quien ha mostrado abiertamente que quiere ocupar la silla presidencial en 2018.

EL ENEMIGO DE MÉXICO ES EL PRI Y EPN

Solalinde criticó que con Peña Nieto el legado de sangre de su antecesor del PAN empeoró:

“[Peña Nieto] No logró nada a pesar de que dijo que iba a ser el parteaguas y la diferencia; no es cierto, al contrario se empeoraron las cosas: aumentó la violencia, aumentaron las desapariciones, los secuestros, los feminicidios, todos los índices se dispararon en este Gobierno de Peña Nieto, no porque lo haya heredado sino porque la corrupción ha crecido, la impunidad está a la orden del día y su Gobierno no tiene autoridad moral para poder frenar esto”, dijo Solalinde.

De acuerdo con el Secretario de Defensa de los Estados Unidos Leon Edward Panetta, sólo durante el sexenio de Calderón fueron asesinadas 150 mil personas, pero datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015 fueron asesinadas 186 mil 297 mexicanos. Las cifras oficiales indican que durante el sexenio de Calderón se dieron 122 mil 462 asesinatos y durante los primeros tres años de la actual administración 63 mil 835.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) por su parte indica que 28 mil 937 personas del fuero común, más 966 del federal, están desaparecidas del 2007 a octubre de 2016.

“Todos los enemigos los tenemos en México; el principal enemigo es el PRI, es el más entreguista”, dijo Solalinde y recordó la visita del entonces candidato republicano al país: “Peña Nieto dejó entrar al Caballo de Troya, él lo recibió, y realmente en momentos en que iba para abajo Donald Trump le dio la mano y le dio el levantón al hombre que no quiere a México, ni a los mexicanos”.

El sacerdote llamó criminales a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que se dedican a perseguir y criminalizar a los migrantes centroamericanos.

Y recordó que “los Gobernadores que Peña Nieto presentaba como el nuevo PRI, salieron unos ladrones”.

El 23 de mayo de 2012, en el extinto programa “Tercer Grado” de Televisa, cuando Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la Presidencia de la República por el PRI, puso como ejemplo de la renovación de los liderazgos de ese nuevo priismo que se estaba gestando a nivel nacional a tres gobernadores con nombre y apellido.

Un Peña Nieto más joven, vigoroso y menos delgado, le sostuvo a la periodista Denise Maerker Salmón, ante la petición de “ponga nombres”, que el nuevo PRI, que en ese entonces gobernaba 20 entidades, tenía nuevos cuadros y se había renovado.

“Pongo nombres. Los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes, actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo Beto [Roberto] Borge; el Gobernador de Veracruz Javier Duarte [de Ochoa]; César Duarte, Gobernador de Chihuahua. El Gobernador de Campeche[Fernando Ortega Bernés]. Todos son parte de una generación nueva, que han sido parte de la renovación del partido”, le contestó un orgulloso Peña Nieto a Mearker.

Cuatro años después, tres de los gobernadores que enumeró, como si se hubieran puesto de acuerdo, le mostraron al país que el Presidente Enrique Peña Nieto erró al apuntalarlos, pues uno de ellos está prófugo de la justicia y los otros dos enfrentan acusaciones de corrupción, peculado e enriquecimiento ilícito.

“El Presidente Enrique Peña Nieto es un peligro para México, porque está entregando al país, y porque no nos cuida, no nos defiende”, afirmó el padre Alejandro Solalinde.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-12-2016/3123584

Diez años de guerra contra las drogas: Civiles se organizan para responder al fracaso del Estado

En10 años de guerra. La población mexicana ha debido defenderse por mano propia “ante un Estado fallido” que no garantizaba su seguridad. En Michoacán surgió el primer movimiento de las llamadas autodefensas, que pronto se extendieron por la entidad. También surgieron en Guerrero, bajo el nombre de policías comunitarias, y pueblos enteros se levantaron y continúan levantándose en armas para defenderse de los abusos de las bandas del crimen organizado y de las autoridades que encontraron en los civiles una fuente de ingresos a través de la extorsión, el secuestro y la trata de personas.

En febrero de 2013 se escribió un nuevo capítulo en la historia de México: en La Ruana, Michoacán, apareció el primer grupo de civiles armados denominados policías comunitarios y ese mismo mes, en Tecapaltepec, un grupo de tres mil pobladores, encabezados por José Manuel Mireles Valverde, médico cirujano, se levantó en armas y se atrincheró para defender a sus mujeres y niños del grupo criminal Los Caballeros Templarios.

Pronto los policías comunitarios dejaron de llamarse así para convertirse en los grupos de autodefensa, que surgieron por toda la región de Tierra Caliente, en territorio michoacano, como consecuencia de la violencia de la “guerra contra el narco” del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la inacción de las autoridades locales que dejaba tras de sí pueblos saqueados.

A este movimiento le precedieron masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, cometida por Los Zetas [en agosto de 2010], o la de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, y miles de víctimas desplazadas de sus pueblos por el acoso constante de los criminales que habían diversificado sus negocios y se dedicaban a la extorsión, secuestro y trata de personas.

En este contexto, en mayo de 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), liderado por el poeta y escritor Javier Sicilia Zardain, recorrió el país haciendo un llamado al Gobierno mexicano a detener la guerra contra el narcotráfico y a los ciudadanos a manifestarse contra la violencia.

Este movimiento de resistencia civil pacífica fue exitoso, convocó a miles de mexicanos a las calles y a cientos de organizaciones civiles; su clímax llegó el 23 de junio de 2011 con el Diálogo por la Paz, realizado en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México.

Entonces, Sicilia Zardain advirtió el horror y la falta de Estado de Derecho que vivía México. Habló de las víctimas, de los miles de muertos y desaparecidos y de un Estado fallido. También dijo que si no había una solución, el país pasaría de la resistencia pacífica a otras manifestaciones: a la justicia por la propia mano, como ocurrió apenas unos meses después del Diálogo por la Paz.

El Presidente Enrique Peña Nieto arribó en diciembre de 2012 al poder, pero con su llegada, y pese a que el nuevo Gobierno priista traía consigo una agenda de reformas estructurales, la violencia, la inseguridad, los muertos, los decapitados y el baño de sangre por todo el país continuaron, incluso con mayor intensidad.

En febrero de 2013, en Michoacán, surgió un movimiento armado que se extendería a otros estados y que puso en entredicho, abiertamente, la estrategia contra la inseguridad de Peña Nieto.

“Frente a la ausencia de un Estado de Derecho, en el estricto sentido de la palabra, la gente se pone en autodefensa; no puede permitir que ni el Estado, ni los criminales sigan sometiéndola. Es la respuesta de una población que no quiere ser sometida por la violencia. Todas estas manifestaciones de las no violencias del movimiento por la paz, hasta las armadas como autodefensas, son condiciones de ponerse en estado de defensa frente a la violencia. Es un principio de dignidad frente a la ausencia de seguridad por parte del Estado. Las poblaciones tienen que ponerse en defensa si no las arrasan. Ya hemos visto pueblos arrasados, como en Allende”, dice Javier Sicilia en entrevista con SinEmbargo.

Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice, en Estados Unidos, explica que la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto trató de alejar los reflectores del tema de la seguridad para evitar, como le sucedió a su antecesor, ser rebasado por el problema.

“Observaron lo que pasó durante la administración de Calderón y se dieron cuenta de cómo la administración quedó enmarañada en el tema de seguridad. Calderón decidió que su tema transversal sería la seguridad. Ellos estudiaron lo que pasó y vieron cómo un tema puede absorber completamente la agenda de una administración ante el público, los medios de comunicación, la atención y el enfoque de una administración. Ellos creyeron que eso no debería de pasar, y decidieron tomar una serie de medidas para que la administración Peña no fuera capturada por esta temática, que además había resultado en una masacre de más de 100 mil personas. Sin embargo el problema no estaba resuelto; me parece que es ahí donde erraron”, explica el investigador.

El problema que Calderón heredó a su sucesor no estaba resuelto de ningún modo y aunque el Gobierno de Peña Nieto buscó retirar los reflectores de la inseguridad que aquejaba al país, en 2013 el problema lo empezó a rebasar.

LA JUSTICIA POR PROPIA MANO

Mireles Valverde, quien se presentó como consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Tepalcatepec, expuso meses después de los levantamientos en una entrevista de 21 minutos realizada por a la Agencia SubVersiones los motivos por los que el pueblo tomó las armas.

Narró que el crimen organizado les exigía no sólo dinero por metro cuadrado de propiedad o por cada auto, sino hasta a sus esposas. Pero antes, a las hijas: “Y las regresaban cuando ya estaban embarazadas”.

Antes de levantarse en armas en Tepalcatepec había alrededor de ocho ejecutados al día, de acuerdo Mireles Valverde.

En mayo de 2013, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, anunció la entrada del Ejército Mexicano a Michoacán y dijo que, a pesar de que la estrategia de seguridad a través del despliegue de fuerzas federales y militares en la entidad tenía similitud a lo ocurrido en 2006 en el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el plan del Gobierno que encabezaba Peña Nieto era distinto al de su antecesor en tres puntos importantes:

“La primera es una efectiva coordinación con el Gobierno del estado, el Ejército, La Marina, todos juntos con una estrategia común. Esa es una gran diferencia, no va la estrategia del Gobierno federal a imponerse sobre la estatal”, dijo el titular de la Segob.

A diferencia de lo que había ocurrido seis años antes, el Gobierno tenía objetivos claros, afirmó Osorio Chong: “Sabemos dónde, quiénes y qué tenemos que hacer”. En tercer lugar, explicó, la estrategia de seguridad buscaba la participación ciudadana en los barrios y las colonias de Michoacán.

El encargado de la seguridad en México dijo entonces que mantenían un diálogo pacífico con las policías comunitarias en esa entidad y que muy pronto el Ejército iniciará con un programa de desarme en la comunidad, pues la orden era clara: “Se les advirtió que nadie estará armado”.

“En el caso de Michoacán la llegada del Ejército ha causado beneplácito. Las policías comunitarias ya no tienen razón de ser y los estamos invitando participar”, dijo el secretario de Gobernación.

Pero Mireles afirmó que el operativo del Gobierno federal era sólo una simulación:

“Mientras el Gobierno federal no vaya por todos y cada uno de los líderes [del crimen organizado], esto va a seguir igual. Ellos saben dónde están, comen con ellos. Aquí nosotros estamos solos, no podemos ni salir porque nos matan, no podemos descuidarnos, las 24 horas del día estamos vigilando, porque si entran, acaban con el pueblo”, dijo.

Durante 2013 la guardia comunitaria de Tecapaltepec estuvo atrincherada, mientras que el pueblo entero se mantuvo en vilo y bajo amenaza de muerte.

No sólo se estaba levantando el pueblo de Mireles Valverde. En Aguililla y la Ruana, también en Michoacán, permanecía el pueblo levantado y con presencia del Ejército Mexicano. Pronto la violencia alcanzó a parte de Tierra Caliente que se ubica en el estado de Guerrero.

En julio de 2013 por lo menos 120 familias de tres localidades del municipio de San Miguel Totolapan, abandonaron sus comunidades por la inseguridad de la región.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero indicó que se trataba de habitantes de las localidades de El Cubo, El Terrero y El Guayabo.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, pero a pesar de la presencia de los militares, en menos de 24 horas aparecieron los cadáveres de cuatro hombres en la entrada de la población Catalina, en la ranchería El Limón.

“Los militares sólo cuidan las entradas y salidas de los pueblos. Si uno les avisa donde están, duran como tres o cuatro días para ir por ellos y cuando llegan, ya no están. Pero nosotros ya limpiamos nuestro pueblo y así vamos a permanecer, estamos cuidando y no los vamos a dejar entrar”, dijo Mireles en julio de 2013 en entrevista con este medio digital.

El 15 de enero de 2014 se firmó el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán a través del cual el Gobierno federal asumió la seguridad de la región. Ese día se anunció el desarme de las autodefensas.

Lo poderes de Michoacán no desaparecerían, pero se le quitaría la responsabilidad de la seguridad con la creación de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán a cargo Alfredo Castillo Cervantes.

La nueva Comisión coordinaría a las policías municipales, estatales y federales y establecería los mecanismos de colaboración entre las procuradurías. Castillo Cervantes no sólo desarmó el movimiento de autodefensas, sino que llevó a prisión a Mireles Valverde, considerado hoy como un preso político por la sociedad civil.


LAS POLICÍAS COMUNITARIAS DE GUERRERO

En 2013, a la par que la violencia sacudía a Michoacán, en Guerrero los pueblos también empezaron a levantarse en armas bajo la figura de la policía comunitaria.

La desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos cimbró al Gobierno de Peña Nieto y marcó un antes y un después. Sin embargo, antes de que eso ocurriera había focos encendidos por toda la entidad que alarmaban sobre una violencia desmedida por la pugna entre los cárteles de la droga, la diversificación de sus operaciones y los grupos civiles armados que luchaban por impedir que la violencia devastara pueblos enteros.

En 2011, el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, anunció la operación Guerrero Seguro en Acapulco, debido a que los asesinatos relacionados con el narcotráfico aumentaron casi el triple en relación con 2010, al pasar de 289 a 884 en un año. Pero el operativo sirvió de poco: al evaluar los resultados a un año de su anuncio, las ejecuciones habían crecido. Según datos oficiales del Gobierno del estado, entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 se registraron 936 ejecuciones. Un total de 38 más que en el mismo periodo de 2010.

Los ejecutados tan sólo en Acapulco pasaron de 50 al mes en promedio en 2010 a 142 en 2012, sin contar a los muertos de la poblaciones de la región de La Montaña, Tierra Caliente y Costa Chica.

Como en Michoacán, la población abandonada a su suerte se armó gracias a la policía comunitaria que ya operaba en la región desde los años 90. Las policías comunitarias fueron creadas en 1995 por el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero en contra de la impunidad y la inseguridad. Entre el 14 y 15 de octubre de ese año nació la primera policía en Santa Cruz del Rincón.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero se creó para luchar en contra de los asaltos, las violaciones sexuales y los asesinatos. De acuerdo con Campos Hernández la medida logró contener la delincuencia de aquellos años.

Pero fue insuficiente. A partir de 2013 la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) se extendió. Los municipios de Xaltiaguis, El Ocotito, Ayutla de los Libres y otras localidades de la Costa Chica establecieron sus policías tradicionales, sumando a La Montaña y el Centro de Guerrero. En agosto de ese año más de 100 mujeres se levantaron en armas en Xaltianguis.

“Los pueblos se armaron para garantizar seguridad y velar por el bien de sus seres queridos. Es la expresión de ese vacío de parte del Estado para asumir su responsabilidad para velar por la seguridad de los mexicanos. La gente no tendría que dar ese paso, si las instancias de procuración de justicia asumieran su papel. La gente lo ve como una necesidad, nunca como una confrontación con el Gobierno”, dice el padre Mario Campos en entrevista con Sinembargo.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue la más violenta del 2013 al registrar 2 mil 87 homicidios. Además de ser el estado con más plagios, al contabilizar 207 casos, tan sólo después de Tamaulipas. En cuanto a extorsiones se mantuvo en la media con un reporte de 174.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal colocó a Acapulco en su ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2012, en el segundo puesto, después de San Pedro Sula, Honduras.

Para enero de 2014 Guerrero estaba encendido y las policías comunitarias avanzaban en su lucha en contra del crimen organizado. A finales de ese mes alrededor de 150 planteles de educación básica detuvieron sus labores en Acapulco, después de que un profesor fue secuestrado.

A la par, unos 500 policías comunitarios ingresaron al pueblo de Chilpancingo a petición de los pobladores. Tras su ingreso realizaron operativos donde detuvieron a 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaban a extorsionar y secuestrar a las personas de esa comunidad.

Ese mes miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) entraron a la comunidad de Mazatlán, cercana a Chilpancingo, para asumir el control y las tareas de seguridad.

El 29 de enero cerca de las 20:00 horas Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo, regresaba de una asamblea con policías comunitarios realizada en el poblado de El Ocotito, cuando sufrió un atentado en donde murió su nuera.

El entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero y el dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese momento, Jesús Zambrano Grijalva, coincidieron en una Plenaria perredista realizada en Acapulco y dijeron que el atentado a Pioquinto Damián y el avance de las autodefensas en Guerrero eran “hechos aislados” y “para nada” se parecían a los sucesos violentos que ocurrían en Michoacán.

“Fue un hecho aislado, yo le puedo decir con datos que hay una disminución en los índices de violencia no solo en Acapulco, sino en todo Guerrero”, dijo Aguirre.

Jesús Zambrano declaró que la entidad gobernada en ese momento por los perredistas, estaba controlada y que lo sucedido a Pioquinto era un hecho aislado.

“Este estado que ha estado en el foco de atención por hechos aislados, como ha sucedido hace unas horas y nos han comparado con Michoacán y para nada se parece”, dijo.

Pero Zambrano y Ángel Aguirre enfrenaron en septiembre de ese año la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un escándalo internacional del que ni Peña Nieto ni los perredistas pudieron escapar.

La violencia no concluyó en Guerrero con el caso de los normalistas. Este año los pobladores continúan levantándose en armas. En noviembre unos 200 habitantes de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, tomaron las armas para defenderse del grupo criminal Los Tequileros.

El mes pasado, de acuerdo con un recuento del diario El Sur, en Guerrero se registraron 230 asesinatos con un promedio de 7.6 cada día. Durante los 11 meses de 2016 el número de ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada llegó a 2 mil 48, 25.8 por ciento más que en el mismo periodo de 2015.

El 30 de noviembre cuatro niños de siete, cinco, cuatro y dos años fueron raptados por hombres armados que irrumpieron en una vivienda en un poblado de Acapulco.

“Mientras no se vislumbre la seguridad, en Guerrero se va a seguir incrementando la defensa propia, no porque alguien lo promueva; la gente se está organizando porque no hay orden, seguridad y justicia. La gente no puede aguantar las amenazas, el cobro de piso, las extorsiones. No es por gusto que se quieran meter en eso, pero ellos ven que algo deben hacer”, dice el padre Mario Campos.

El sacerdote afirma que a pesar de la presencia de militares, en Guerrero siguen “los asesinatos, los secuestros, los levantones y los descuartizamientos”.

“Es muy claro, México es un Estado fallido: tenemos rezago económico, inseguridad, ahora con la migración. No hay un país con tranquilidad, en paz, con empleos, justicia”, precisa.

Mario Campos argumenta que encarcelar a la población que busca justicia por su propia mano, como ocurrió con José Manuel Mireles Valverde de las autodefensas de Michoacán, no es la solución porque la población continuará organizándose.

“El encarcelamiento de Mireles fue un acto desesperado del Gobierno, pero yo no veo un levantamiento contra el Gobierno, sino un levantamiento contra la delincuencia. Si la gente viera resultados, no lo haría”, dice.

Mientras poblaciones como Michoacán y Guerrero se levantaban en armas para defender sus vidas, la guerra contra el narcotráfico trajo consigo un fenómeno devastador para miles de familias mexicanas: la desaparición de personas de sur a norte del país por el crimen organizado.

Con Calderón la cifra tentativa se cerró en los 30 mil desparecidos y durante la gestión de Peña Nieto las cifras apuntan a que ya van 25 mil. Es decir, las familias de más de 55 mil mexicanos viven preguntándose en dónde están sus familiares, de acuerdo con datos de las organizaciones civiles que buscan a los desaparecidos.

Ante la ineficiencia de las autoridades mexicanas para buscar y encontrar a los miles de desaparecidos, las familias se han dado a la tarea de buscar con sus propias manos a sus hijos, hijas, hermanos, esposos, esposas en fosas clandestinas ubicadas a lo largo y ancho de la República Mexicana.

En Coahuila, Chihuahua, Nuevo Léon, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Estado de México… los dolientes han escarbado en la tierra con la esperanza de no encontrar cuerpos completos, sino al menos un hueso para confirmar que se trata de su familiar.

Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito –que aglutina a 90 familiares de desaparecidos en Veracruz – afirma que México es un Estado fallido, incapaz de ejercer una política de seguridad que proteja a los ciudadanos.

“Estos 10 años han sido terribles, pues saben que está mal lo que están haciendo y lo siguen haciendo. Saben que hace mucho daño. Es algo que no les pega a ellos, a las élites y lo continúan haciendo. No sé qué más quieren para comprobar que el narco no ha disminuido, a todos los mandos les dieron licencia para matar y desaparecer”, dice.

García Henao asegura que el Gobierno mexicano ha prologando el terror en el país. Las familias de los desaparecidos ante la “indolencia, ineficiencia, ineptitud y mezquindad de las autoridades”, han tenido que buscar por su cuenta.

En agosto de este año, la periodista Sandra Rodríguez Nieto dio cuenta en SinEmbargo, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), que durante el sexenio de Calderon Hinojosa se encontraron 68 fosas con los restos de 378 personas y, con Peña Nieto el número de fosas clandestinas llegó a las 156 con los restos de 303 personas.

“Estas autoridades son buenas para descomponer, pero son incapaces de hacer nada. Cometieron el error de esta guerra y destruyeron el tejido social. En el caso de los familiares nos damos cuenta que estamos en medio de autoridades y delincuentes, y que nosotros tenemos que hacer la investigación, buscar financiamiento para nuestras búsquedas. No creo que este Gobierno inhumano pueda mejorar en algo”, considera.


DENUNCIA CIUDADANA Y HEDOR A MUERTE

La violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico generó, además de la resistencia pacífica, armada y el nacimiento de grupos de búsqueda de desaparecidos, otras expresiones de defensa propia como los linchamientos –que actualmente se dan con frecuencia en Oaxaca, Chiapas y en Estado de México–, y la denuncia anónima a través de las redes sociales; fenómeno que se originó en el norte del país con la página de Facebook “Valor por Tamaulipas” y un grupo de tuiteros que se organizaban para informar a la población sobre los movimientos de los criminales.

Pero esta última expresión de defensa trajo consigo muertes, secuestros y amenazas de personas que alertaban en sus ciudades sobre el peligro cotidiano como enfrentamientos armados. Una de las primeras víctimas fue el administrador de “Valor por Tamaulipas”, quien fue amenazado de muerte y a quien los criminales pusieron precio para poder dar con su paradero.

En septiembre de 2011 el crimen organizado cobró a una de sus primeras víctimas mortales por su activismo en redes sociales.

A pesar de que los grupos delincuenciales habían asesinado y desaparecido a decenas de periodistas por su labor informativa a través de medios de comunicación formales, a “La Nena de Laredo”, la periodista María Elizabeth Macías, la asesinaron por informar a través de las redes sociales sobre las actividades criminales.

La joven fue decapitada y abandonada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con dos teclados de computadora y una cartulina.

Tres años después, la entidad se sacudió por el asesinato de otra de las activistas de las redes sociales. La doctora María del Rosario Fuentes Rubio alias Felina @Miut3 fue secuestrada y asesinada en octubre de 2014

“Valor por Tamaulipas” confirmó su secuestro. Más tarde, en la cuenta @Miut3, apareció una foto de la doctora viva y después ejecutada.

Los criminales publicaron desde la cuenta de Felina lo siguiente:

@Miut3: AMIGOS Y FAMILIARES, MI VERDADERO NOMBRE ES MARÍA DEL ROSARIO FUENTES RUBIO. YO SOY DOCTORA, HOY MI VIDA HA LLEGADO A SU FIN.

@Miut3: NO ME QUEDA MÁS QUE DECIRLES QUE NO COMETAN EL MISMO ERROR QUE YO, NO SE GANA NADA, AL CONTRARIO HOY ME DOY CUENTA QUE 

@Miut3: ENCONTRE LA MUERTE A CAMBIO DE NADA @Bandolera7 @civilarmado_mx @ValorTamaulipas ESTÁN MÁS CERCA DE NOSOTROS DE LO QUE CREEN. 

@Miut3: #REYNOSAFOLLOW CIERREN SUS CUENTAS NO ARRIESGUEN A SUS FAMILIAS COMO LO HICE YO, LES PIDO PERDÓN”.

Para Javier Sicilia, un hombre que cree en la revolución pacífica, México ha tocado fondo y es un Estado fallido. Durante los últimos 10 años, a partir de la guerra de Calderón, el país ha visto el horror, pero puede ser aún peor. Quizás, si el rumbo sigue igual, lo más horrible esté por venir.

“Yo veo dos salidas: una es la continuación de la violencia a grados que ya son terribles; hemos visto limpiezas étnicas, social, sabemos lo que hacen Los Zetas y el Ejército, esto se va a recrudecer de forma brutal si no se refunda y se junta la reserva moral del país: las policías comunitarias, el movimiento del obispo Raúl Vera por el Constituyente, el EZNL [Ejército Zapatista de Liberación Nacional], el de Cuauhtémoc Cárdenas; es momento de sentarnos y hacer un programa de Gobierno de salida, una revolución no violenta y en 2018 tomar este país”, dice Sicilia.

Pero hay una segunda opción: la que tiene que ver con un recrudecimiento desmesurado de la violencia y la indignación. Si eso sucede, considera Javier Sicilia, se verán crímenes jamás vistos con el factor Estados Unidos y las deportaciones masivas que amenaza poner en marcha a partir del próximo año el presidente electo de ese país Donald Trump.


“Veremos asesinatos de gente que no podíamos imaginar ver asesinada. Va a ser un embudo por desgracia en el país; habrá limpieza social, los centroamericanos se van a querer varados acá y esto que ya es un infierno, será peor. Esperemos que la sociedad busque un camino no de no violencia”, dice.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2016/3122818

Organizan protesta a favor del fin de la guerra antinarco

Ciudad de México. Diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil convocaron para el próximo 11 de diciembre a una manifestación en el Monumento de la Revolución, a fin de exigir el “fin de la guerra” contra el narcotráfico, y recordar a los miles de desaparecidos y asesinados mexicanos en los últimos diez años.

En conferencia de prensa, señalaron que la guerra iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, e intensificada por la administración de Enrique Peña Nieto, ha sumergido a nuestro país en la barbarie: más de 125 mil personas asesinadas, más de 30 mil desaparecidas, aproximadamente 200 mil personas desplazadas de sus hogares a causa de la violencia, según las cifras más conservadoras de las organizaciones sociales. “Estas cifras sólo retratan una parte del dolor de México”, dicen.

La convocatoria fue lanzada por el Colectivo Nos hacen Falta, El Comité 68, Familiares en Búsqueda María Herrera, y Red Eslabones por los Derechos Humanos, entre otros.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/08/organizan-manifestacion-por-el-fin-de-la-guerra-antinarco

Familias entienden, estos 10 años, que están solas; entonces hacen el trabajo del Estado mexicano

La guerra que Felipe Calderón declaró a los cárteles de la droga hace diez años pasó, íntegra, al Gobierno de Enrique Peña Nieto. Los abusos a los derechos humanos continuaron y en los espacios donde las políticas del panista “fallaron” (como el abuso a migrantes) la nueva administración sumó. El mapa de grupos delictivos se ha modificado, una década después, para sumar nuevos actores. Muchos más violentos. En medio, las víctimas y sus familias. Primero había temor por lo que comenzaba a suceder en el país, luego una inundación de coraje que llevó a muchos a encarar a las autoridades. Hoy, las familias han asumido un rol en el que los gobiernos federal y estatal no han logrado dar resultados satisfactorios; hoy son los padres, madres, hermanos e hijos, los que se encargan de buscar a sus muertos.

Felipe Calderón llegó a Ciudad Juárez en febrero de 2010. Ahí, en la colonia Villas de Salvárcar, días antes un comando armado irrumpió en una fiesta de estudiantes y mató a 16. En el evento que presidía el entonces Presidente, ocurrió uno de los hechos que marcaron el sexenio completo:

“No voy a guardar silencio porque es la verdad. Disculpe, señor Presidente, yo no le puedo decir bienvenido, porque para mi no lo es. Nadie lo es. Porque aquí son más de dos años que se están cometiendo asesinatos. Se están cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. Y yo quiero que se haga justicia y no nada más para mis dos niños, sino para todos los demás niños”, dijo Luz María Dávila, madre que perdió a sus dos únicos hijos en la masacre de Salvárcar.

Ese hecho representó el dolor y el cansancio ante las miles de muertes que hasta ese momento -después de tres años de guerra- ya se habían acumulado.



“Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. Yo quiero que esto se haga bien […] Quiero que usted se retracte de lo que dijo: que eran pandilleros, mentira. Uno de mis hijos estaba en la UACH y el otro estaba en la prepa. No tenían… no tenían más que nada, tiempo. No, no, no. Es que no puede ser, señor Presidente, no puede ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban”, agregó con la voz entrecortada.


“Apuesto a que si usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino. Siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. No, no. Siempre dice lo mismo, señor Presidente. Y aquí no se arregla nada, todo sigue peor. Es la verdad. En mi casa están tendidos ahorita, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos y para los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos. Eran mis dos únicos hijos. No diga por supuesto, señor Presidente”.

El 11 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de un periodo de turbulencia política que dejó el proceso electoral de ese año, decidió que su sexenio sería el que combatiría a los cárteles de la droga. En ese momento, la Procuraduría General de la República (PGR) tenía información de la existencia de siete organizaciones delictivas: el Cártel del Sinaloa, Cártel de Tijuana, Cártel del Golfo, Cártel de Juárez, Cártel de Colima, Cártel de Pedro Díaz Parada y Cártel Milenio.

A diez años de distancia, de acuerdo con información obtenida por SinEmbargo, la PGR hoy tiene detectados nueve cárteles activos: Cártel del Pacífico, el de los Arellano Félix, la Familia Michoacana, de Carrillo Fuentes, de los Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación; además de 37 células delictivas.

Este mapa no creció sólo en cantidad, sino también en violencia que rebasó al Estado en más de una ocasión, por la magnitud de los hechos y por la ausencia de justicia que reina en muchos de ellos.

De acuerdo con académicos expertos en la materia, en la guerra contra las drogas no ha existido un cambio de Presidente ni un cambio de partido en el poder. Calderón no encontró retorno en lo que decretó en Michoacán en 2006 y Enrique Peña Nieto apostó por seguir en la misma línea, con un discurso que no menciona la palabra guerra, pero que en números es lo mismo.

De diciembre de 2006 a diciembre de 2015, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reportó que 186 mil 297 personas fueron asesinadas en México; 122 mil 462 con Calderón y 63 mil 835 con Peña Nieto.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el sexenio panista se abrieron 104 mil 794 carpetas de homicidio, mientras que en lo que va de la administración priista, de 2013 a 2015, fueron 68 mil 082.


Pero hay otra cifra que enmarca la guerra contra las drogas en México: De 2007 a octubre de 2016, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) tiene 28 mil 937 casos.

Es decir, para hablar del tamaño de la guerra y del tamaño de la tragedia, se puede hacer referencia a Villas de Salvárcar y a la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero, en la misma línea, con las mismas consecuencias, con el mismo resultado.

A partir de las grandes matanzas registradas en el sexenio panista, a los miles de asesinados, o como los llamó el Secretario de la Defensa Nacional de ese Gobierno, Guillermo Galván Galván, “los daños colaterales”, se les empezó a dar un rostro y una historia. Las familias comenzaron a buscar cuerpos y las causas de la violencia que se llevó la vida de miles. El miedo y el enojo comenzaron a crecer en la misma medida.

“La continuación de la guerra marca un margen de violencia ya a niveles realmente grandes. No solamente se refiere a la gente que ha desaparecido, sino a una violencia que en las regiones ha obligado a la gente a salir de sus municipios o organizarse para enfrentar una violencia muy generalizada”, comenta al respecto el doctor René Jiménez Ornelas, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador considera que la violencia desmedida, la cantidad de desaparecidos y los desplazados, son consecuencia de que ni con Calderón ni con Peña Nieto ha existido una política integral de seguridad, que se encargue no solamente de atacar determinadas expresiones de violencia. Criticó que el Estado no ha actuado con base en una estrategia de prevención, sino que siempre responde, por ejemplo, con más policías. Pero estas acciones no resuelven los problemas.

Durante los diez años de guerra, para diversas regiones del país comenzó a ser más común ver cuerpos desnudos colados de puentes, o escuchar de que a otros los bañaron con ácido para desaparecerlos o que a otros los desmembraban.

CUATRO CASOS DE LA GUERRA

Cuatro sucesos son los que podrían manifestar el tamaño de tragedia de la guerra de Calderón. Son casos emblemáticos que por sus ingredientes proyectan lo sufrido por las víctimas, sus familias y las comunidades que presenciaron lo ocurrido.

-Ernestina de Zongolica

Ernestina Ascencio, minutos antes de morir, le dijo a su hija: “los soldados se me echaron encima”.

Esta señora fue violada y asesinada a sus 73 años de edad en Zongolica, Veracruz, el 26 de febrero de 2007.

Un examen médico y dos peritajes de la Procuraduría Estatal decretaron que la señora murió por una fractura craneoencefálica y cervical. Su cuerpo también tenía desgarres en la parte anal y vaginal, además de equimosis.

El doctor Juan Pablo Mendizábal quien fue el primero en atenderla, y quien atestiguó su muerte, afirmó que Ernestina sufrió de perforación de órganos internos (producto de una agresión con un objeto), hemorragias severas, fracturas, luxaciones e inflamación del vientre por perforación del intestino, lo que provocó un envenenamiento de su cuerpo con heces fecales.


Pero para las autoridades todo fue una gastritis.

Felipe Calderón declaró que la señora murió por complicaciones de una úlcera y negó que hubiera rastros que fue violada. “La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada”, dijo en su momento.

Pese a que se denunció que las muestras fueron contaminadas, porque el personal no utilizó guantes al momento de hacer el análisis en el laboratorio, la CNDH de José Luis Soberanes ratificó la versión del fallecimiento provocado por úlceras gástricas.

Además, luego de la agresión, Ernestina fue encontrada aún con vida y culpó a los soldados.

La Sedena exculpó a los militares y señaló que sujetos vestidos de militares fueron los que la agredieron.


Esta secretaría encuarteló a 93 elementos para interrogarlos, al mismo tiempo que se realizaban pruebas de ADN de los militares y de las muestras que se tomaron del cuerpo de Ernestina. Nada resultó de ello.

-La fiesta en Villas de Salvárcar

De acuerdo con El Diario de Juárez, de 2008 a 2013 se realizaron siete multihomicidios en Ciudad Juárez. El resultado fueron 80 personas asesinadas. Así, 2010 fue el año más violento para Juárez.

En ese contexto, la casa de Villas de Salvárcar se convirtió en un referente internacional de la crisis de inseguridad, escribió Martín Orquiz en ese diario.

Fueron 16 las personas asesinadas en esa fiesta. La versión oficial indica que el comando armado que irrumpió esa noche buscaba a un hombre que estaba ligado al crimen organizado, pero los jóvenes que ahí estaban eran estudiantes del Colegio de bachilleres, del CBTIS y de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Era una fiesta de cumpleaños a la que asistieron cercar de 60 personas, pero en la madrugada lo único que quedó fueron los charcos de sangre y los pisos manchados.


Gente que estaba alrededor resultó herida, al igual que otros que corrieron a ayudar a los estudiantes. Los muchachos murieron en los brazos de sus familias. Otros después, en los hospitales donde no sobrevivieron a las heridas de bala. En total se contabilizaron 89 casquillos en tres casas. Ejército, policías federales, estatales y municipales no pudieron capturar a los delincuentes a pesar del tamaño del operativo.

Calderón aseguró días después que el móvil del asesinato fue a que los jóvenes pertenecían a grupos de la delincuencia organizada, eran narcomenudistas y pandilleros.

Luego el entonces Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont pidió disculpas por “las equivocadas palabras” del Presidente.

De acuerdo con Univisión, las armas con las que se perpetró esta masacre cruzaron la frontera gracias a la operación Rápido y Furioso.

En torno al caso ocurrió otro problema que fue documentado por la periodista Galia García Palafox: Israel Arzate fue secuestrado por una camioneta blanca; una persona adentro le preguntó si era Carlos Madrigal y él lo negó; sin embargo, lo subieron y se lo llevaron a una base militar donde fue torturado por elementos castrenses en dos ocasiones para obtener una confesión. Le quemaron los testículos.

A su familia le informaron que Israel había participado en la masacre de Villas.

-Las matanzas de Los Zetas en San Fernando 

El 22 y 23 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas, casi todas de origen centroamericano, en San Fernando, Tamaulipas.

Fueron ejecutados de uno y más tiros por la espalda. Tenían los ojos vendados y las manos atadas hacia atrás. Los acomodaron a todos en el piso, acostados boca abajo. Así quedaron y así fueron encontrados días después, el 30 de agosto. Los migrantes se negaron a pagar un secuestro y no quisieron trabajar para el cártel.

Iban de Veracruz y quienes los traficaban sí formaban parte de Los Zetas.

En abril de 2011, el horror se repitió, también en San Fernando. En poco tiempo se encontraron 193 cuerpos de personas. Primero se anunció que eran 59, de los cuales las investigaciones concluyeron que se trataba de personas secuestradas de un camión Ómnibus. Después, fueron 13 cadáveres, luego, 16 más. La cantidad total fue de 193.

El autor de estos actos cayó dos años después. A Salvador Alfonso Martínez, “La Ardilla”, jefe regional de Los Zetas, se le atribuyeron 200 cadáveres encontrados en Tamaulipas. Él habría matado a unos 50.

Dos años después, la Caravana de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos llegó al lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Esta Caravana ha recorrido Centroamérica y México los últimos 12 años buscando algún registro de los hijos de los que por años no han tenido noticias.

En ocasiones la búsqueda es un éxito y las madres festejan haber encontrado a alguien. En otras ocasiones no hay festejo, porque se encuentran con la noticia de que están muertos.

Otras, seguirán caminando el año siguiente.

La masacre de Tamaulipas dejó al descubierto que México era el paso obligado y al mismo tiempo el infierno de los migrantes, que se convirtieron en las víctimas perfectas para el crimen, al ser tratados como ilegales en México y por la pobreza que traen de sus países de origen, donde dejaron a sus familias.


El Gobierno de Peña Nieto abordó el tema de la migración como un problema de seguridad y presentó el Plan Frontera Sur. Así, Estados Unidos recorrió su frontera al sur de México y ahí la cuida con policías y militares. Esa fue otra parte de la política de seguridad.

-El Casino Royale 

A las 15:45 horas del 25 de agosto de 2011, un grupo de personas llegó al Casino Royale en Monterrey. Arribaron en vehículos que se estacionaron frente al inmueble.

De los automóviles descendieron sujetos armados, cerca de nueve. Unos entraron y otros bloquearon las entradas.

De los automóviles sacaron garrafones con combustible que rociaron en la entrada del Casino. Dentro, rociaron también la alfombra y las máquinas de juego, y les prendieron fuego.

En las imágenes difundidas por la Procuraduría Estatal, se observa como algunas personas lograron salir, al igual que los sujetos que entraron antes.


El humo también salió y el fuego comenzó a expandirse en la Avenida San Jerónimo, Monterrey. Todo sucedió en menos de dos minutos.

El saldo fue de 61 personas muertas. Los Zetas fueron los señalados como perpetradores del acto. Esa región estaba en disputa por este grupo criminal y el Cártel del Golfo. Durante el periodo de Calderón fue considerada zona de guerra.

La investigación concluyó que el móvil del ataque fue que los dueños se negaron a pagar 130 mil pesos por semana a Los Zetas como cuota.

Calderón comenzó a visitar los sitios donde la violencia llegó a ser extrema. Ahí, condenaba los actos y expresaba solidaridad con las víctimas o las familias de éstas. Luego, los encargados estatales compartían el mensaje de que el Presidente no los dejaría solos, y que el gobierno y las fuerzas ferales seguirían presentes.

LA CONTINUIDAD CON PEÑA

En el marco de esta creciente violencia, también estuvo la promesa permanente de crear leyes que protejan a las familias de las víctimas de la guerra, de crear bases de datos para llevar registros certeros. Pero hasta la fecha, e incluso ya con Peña Nieto, no se ha avanzado.

En entrevista con SinEmbargo, el Ingeniero Pablo Reyna Estévez, Director de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, consideró que el que no se hayan aprobado leyes como la de Desaparición Forzada, es una señal de que se quiere continuar en la política de guerra sin dar voz a las víctimas y dando un papel cada vez más importante a las fuerzas armadas.

“La estructura militar ha tomado una mayor relevancia política dentro del país. No sólo en las obviedades de realizar labores de seguridad pública, sino que han tomado un papel más fuerte en lo político. Y eso es señal del debilitamiento del Ejecutivo, con una Presidencia que llega a su cuarto año, con un índice de aprobación bajísimo y con un debilitamiento de su equipo. El debilitamiento del Ejecutivo ha dado un campo para que los militares tomen un papel político más importante y eso se refleja en la insistencia de impulsar la Ley de Seguridad Interna que le daría el marco regulatorio a lo que se ha hecho sin él por más de 10 años, que son los militares en las calles haciendo la labor de los policías”, detalló.

Reyna Estévez dijo que esa ampliación del poder militar también se ve en que la Ley de Desaparición Forzada, atorada en el Congreso, pues criticó que está así porque aún no tienen el visto bueno de la Sedena. “Si es así, es gravísimo, porque uno de los actores del Estado Mexicano que históricamente han sido quienes ocasionan las desapariciones forzadas, el Ejército, sería una fuerza en contra de la Ley de la Desaparición Forzada como la que se requiere en este país”, destacó.

En el Gobierno de Peña Nieto, el académico observa a la estructura militar con un mayor poder político del que tuvo con Calderón. Y un ejemplo de ello es Tlataya.

“Es gravísimo lo que sucede en cuanto a las desapariciones. Este Gobierno no quiere aceptar una Ley contra la desaparición en la que se ponga como prioridad la voz de los familiares de las víctimas y de las organizaciones civiles que los acompañan en sus procesos porque son ellos los que conocen la entrada de la corrupción e impunidad que permea en muchos territorios del país; son quienes se han enfrentado a todas las trabas y perversiones que el sistema actual tiene para no buscar, no investigar, pero para armar los casos con una preponderancia en la tortura. Es una señal ominosa, de absoluto desprecio a la sociedad en general y a las víctimas de desaparición y que tiene como uno de sus fines, el encubrirse a sí mismos”, agregó al respecto Reyna Estévez.

–¿Cuántos muertos más? ¿Cuándo se acaba la guerra?– increpó un joven a Calderón en un evento público.

–Tranquilo, amigo–, contestó.

–¿Cuándo acabe tu Gobierno a dónde te vas a ir a vivir?

–Aquí a Guadalajara, a lo mejor mi estimado.

El auditorio aplaudió y Calderón agregó:


–Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales, que están reclutando jóvenes como tú y como muchos otros para las adicciones, para sus bandas criminales, para matar a otros jóvenes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-12-2016/3123117