El otro lado del fracaso: en 10 años, 6 cárteles toman EU y crece el consumo de droga, dice la DEA

Los cárteles mexicanos se mantienen como la principal amenaza criminal para Estados Unidos. Así lo refiere el último informe de la DEA publicado el 6 de diciembre, en el que se detalla que el portafolio de las células mexicanas consiste en el tráfico de heroína, metanfetaminas, cocaína, mariguana y el fentanilo (un opioide conocido por sus propiedades analgésicas). La heroína ha concentrado los esfuerzos más insistentes del narcotráfico por crecer en el vecino país. Drogas como la mariguana abastecen a 22 millones de consumidores de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud. Especialistas en seguridad detallan que México se ha plegado a una lucha contra las drogas que ha irradiado la violencia. Son 186 mil asesinatos los registrados entre diciembre del 2006 y el 2015 relacionados con la guerra contra el narco en México, pero el consumo al norte del Río Bravo no para.

El último informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) “Estimación de la Amenaza Nacional de las Drogas 2016” (NDTA, por sus siglas en inglés) reitera la operación de seis cárteles mexicanos en el vecino del norte.

Las autoridades estadounidenses han detectado el tráfico de estupefacientes por parte del Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva.

“Los cárteles mexicanos se mantienen como la principal amenaza. No hay otro grupo que actualmente se haya posicionado para retarlos [en Estados Unidos]. Mantienen la influencia en grandes porciones del territorio en México que son usadas para el cultivo, producción, importación y transporte de drogas ilícitas”, cita el trabajo.

El informe resalta la operación de los grupos del crimen mexicano en distintas ciudades como Chicago, Boston, Pittsburgh, San Diego, Phoenix, Nueva York, Merrillville.

MAPA

En los últimos 10 años, el panorama de la droga en Estados Unidos ha cambiado, resaltó la DEA. Al impacto derivado del consumo de fármacos que requieren prescripción médica, heroína y fentanilo, se sumó un aumento en el consumo de metanfetaminas.

Especialistas opinan que la política antinarcóticos de Estados Unidos, extendida a México, no ha dado resultados.

Francisco Gallardo, general mexicano en retiro, detalló que fue a partir de la iniciativa Mérida, aceptada por el Presidente George Bush en el 2008, que se impulsó la participación de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad ciudadana en los países que la aprobaron.

“Los resultados ahí los estamos viendo, miles de muertos, desaparecidos, ejecutados, utilización de la tortura como un mecanismo de investigación, la corrupción del Ejército. El rompimiento del sistema de defensa nacional de esos países que firman. Un fracaso total y absoluto”, dijo Gallardo.

¿CÓMO OPERAN?

De acuerdo con la DEA, los cárteles mexicanos del otro lado de la frontera se apoyan en personas que usualmente tienen ascendencia mexicana pero nacionalidad estadounidense.

Estos operadores mantienen un perfil bajo con el fin de evitar una detección y el escrutinio de la ley.

“Como tal, Estados Unidos no ha experimentado en gran medida la violencia generada por los asesinatos relacionados con las drogas”, reza el trabajo.

Mientras tanto en México la ola de violencia que inició el 11 de diciembre de 206, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió enviar a las tropas del Ejército a descabezar al narcotráfico terminó por traducirse en 122 mil homicidios en su sexenio, que terminó en 2012.

Por su parte el Presidente Enrique Peña Nieto, entre el 2013 y el 2015 ha llevado una administración que ha registrado una ola de 63 mil 835 homicidios, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“En las estrategias antinarcóticos, realmente la guerra se expande hacia México. Mientras México coopera con estrategias antinarcóticos que son totalmente fallidas. Por qué, porque en realidad el consumo de droga en Estados Unidos, el comercio y la entrada de droga no ha bajado”, dijo Guadalupe Cabrera-Correa, profesora de la Universidad de Texas.

ADICCIONES QUE COBRAN VIDAS

Los impactos de salud pública no han logrado que Estados Unidos impulse una agenda internacional con un enfoque de atención al fenómeno de las drogas que no sea visto desde la seguridad nacional, coincidieron los consultados.

El informe de la DEA detalla que en los Estados Unidos del 2007 al 2014 han muerto en los Estados Unidos 40 mil 912 personas por intoxicación de heroína. En el mismo periodo murieron 39 mil 618 por el consumo de cocaína.

“No se ha visto como un problema de salud pública sino de seguridad y esa misma estrategia se ha extendido a otras partes del hemisferio. Esta clase de colaboración se ha expandido a otros países a través del plan Colombia, plan Mérida, y otras en Centroamérica. Y el resultado es que no se ha disminuido ni el consumo ni el tráfico”, dijo Correa-Cabrera.

Las adicciones también se han quedado en México. Este año el titular del Consejo Nacional contra las Adicciones Manuel Mondragón dijo durante la presentación de una encuesta sobre estudiantes adictos que en México había 713 mil 963 menores de edad con necesidad de algún tratamiento.

Un trabajo de presentación del ex director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Rafael Camacho Solís, refiere que por cada dólar que se invierte en usuarios de drogas, se gastan 100 en la guerra contra el narcotráfico.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2016/3123339

El Ejército no pidió salir a las calles, pero los gobiernos no han hecho su tarea: Cienfuegos

El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que el Ejército no pidió salir a las calles a combatir el crimen, pero lo tuvieron que hacer porque sectores gubernamentales no están haciendo su trabajo.

El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, reclamó que los legisladores y otros sectores gubernamentales no están haciendo su trabajo en el combate al crimen y por ello el Ejército tiene que salir a las calles.

“Nosotros no pedimos estar aquí [en las calles]. Si quieren que volvamos a nuestros cuarteles soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales. Esto [violencia] no se resuelve a balazos, falta compromiso de muchos sectores para que esto camine, se requieren de otros componentes como presupuestos”, expuso en una conferencia al hacer un balance a 10 años de que las Fuerzas Armadas recrudecieron su embate contra la delincuencia organizada.

El General lamentó que en ese periodo las policías estatales no se hayan reestructurado y que haya muerto una alta cantidad de mexicanos sin importar el bando.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reclamó que exista un vacío legal que no define la clara participación de los soldados en tareas de seguridad.

En la conferencia de prensa Cienfuegos dijo que en ocasiones los militares se “la piensan” para hacer tareas de seguridad para no ser procesados por violar la disciplina militar o los derechos humanos.

“Los soldados ya mejor piensan si le entra a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar sus derechos o que sean procesados por desobedecer”, aseuró.

También lamentó que el vacío legal que existe permite que pasen años de combate al narco.


Cienfuegos precisó que la Sedena es la encargada de la seguridad exterior y la Secretaría de Gobernación (Segob) de la seguridad interior.

El pasado 18 de octubre, el Secretario de la Defensa Nacional reconoció que existía un “desgaste” en el Ejército por la multitud de tareas encomendadas, especialmente en el combate al crimen.

“Claro que hay un desgaste eso es obvio, trabajando en todo el país, en todo momento, en la sierra, en las ciudades, claro qué hay un desgaste”, dijo tras las inauguración de la exposición 100 años de la Industria Militar en la Universidad Anáhuac.

El General urgió un marco legal para el Ejército para actuar contra la delincuencia y descartó que exista un déficit en la integración de las fuerzas armadas.

“El ánimo está bien, pero necesitamos más efectivos, un marco legal. No tenemos un déficit”, aseguró Cienfuegos.

En el evento, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al Ejército. Destacó la lealtad y valentía de los militares.


El jefe del Ejecutivo también destacó la solidaridad de la sociedad mexicana por mostrar el apoyo a los miembros del Ejercito en la emboscada de septiembre pasado.

LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS DE CALDERÓN

Felipe Calderón Hinojosa –quien gobernó México de 2006 a 2012– lanzó la ofensiva más cruenta de la historia moderna. En la decisión pesó su circunstancia política, marcada por la falta de legitimidad que no de legalidad.

En diciembre de 2006 y aun cuando se había promovido como “el Presidente del empleo”, Calderón Hinojosa convirtió la “lucha contra el narcotráfico” en el eje de su Gobierno, desplegando operativos militares en diferentes regiones del país.

De acuerdo con académicos y especialistas consultados por SinEmbargo, el Presidente no tenía elementos para sacar a las fuerzas armadas de los cuarteles a las calles. Cierto que en 2006, en Michoacán –su tierra– el cártel de Los Valencia, asociado con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se enfrentaba al del Golfo y una organización delincuencial apenas efervescente: La Familia Michoacana.

Pero el panorama que mostraban las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) no era el de un territorio precisamente inseguro. De hecho, en 2006, la tasa nacional de homicidios había bajado a ocho por cada 100 mil habitantes, de 19 homicidios en esa misma proporción en 1992.

A diez años de distancia, de acuerdo con información obtenida por SinEmbargo, la Procuraduría General de la República (PGR) hoy tiene detectados nueve cárteles activos: Cártel del Pacífico, el de los Arellano Félix, la Familia Michoacana, de Carrillo Fuentes, de los Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación; además de 37 células delictivas.

Este mapa no creció sólo en cantidad, sino también en violencia que rebasó al Estado en más de una ocasión, por la magnitud de los hechos y por la ausencia de justicia que reina en muchos de ellos.


De acuerdo con académicos expertos en la materia, en la guerra contra las drogas no ha existido un cambio de Presidente ni un cambio de partido en el poder. Calderón no encontró retorno en lo que decretó en Michoacán en 2006 y Enrique Peña Nieto apostó por seguir en la misma línea, con un discurso que no menciona la palabra guerra, pero que en números es lo mismo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-12-2016/3123483

Calderón lanzó la guerra para legitimarse, y su personalidad lo llevó al punto de no retorno

Felipe Calderón Hinojosa –quien gobernó México de 2006 a 2012– lanzó la ofensiva más cruenta de la historia moderna. En la decisión pesó su circunstancia política, marcada por la falta de legitimidad que no de legalidad. Pero también su biografía y personalidad. El Presidente, aficionado al corrido “El Hijo Desobediente”, escuchó muchas veces: “La batalla se está perdiendo”. Sin embargo, no quiso o no pudo detenerse. Las consecuencias se reflejaron en una galería de horrores, presente diez años después.

Apenas tenía un semestre como Presidente de México y tomó la decisión de gastar 15 millones 586 mil pesos en un contrato. Fue con la empresa Opina S.A de C.V. y el encargo fue “el levantamiento de encuestas telefónicas y cara a cara en vivienda”. ¿Qué preguntó Felipe Calderón Hinojosa cuando ni siquiera cumplía un año como Jefe del Ejecutivo? ¿Qué deseaba medir a esas alturas del Gobierno? Según los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mandó cuestionar a la población sobre: “Para usted, ¿quién es ahora el Presidente legítimo de México?

Los resultados de esa encuesta le susurraron “Calderón con 93.1 por ciento y Andrés Manuel López Obrador con 4.8 por ciento”. No había margen de duda. Felipe Calderón Hinojosa tenía la aprobación de los gobernados. Y sin embargo, mantuvo su decisión de hacer la guerra que había empezado el 11 de diciembre, diez días después de tomar posesión.

“Desde que eligió esa política, guerra y legitimidad se convirtieron en un binomio para Felipe Calderón. De esa guerra dependía la certeza de su legitimidad y con el tiempo, de la legitimidad dependió la guerra”, expone el politólogo de la Universidad de Guadalajara, Enrique Toussaint.

En 2006, Calderón Hinojosa era un hombre de 43 años de edad y como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) había vencido a Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con una diferencia del 0.58 por ciento. Logró el 35.89 por ciento de la votación, mientras que AMLO, el 35.31 por ciento. “Espurio”, lo llamó desde ese momento López Obrador, quien se nombró a sí mismo “Presidente legítimo de México” y convocó a un plantón en la simbólica Avenida Reforma que se prolongó un mes. Y así, el epíteto “espurio”, “espurio” se reprodujo en varios sectores de la población.

“Espurio” era un adjetivo con el que Felipe Calderón cargaba y lidiaba. Él, quien de niño vio a su padre, al lado de Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna integrar el movimiento solidarista, basado en la ética política, los derechos humanos y el reparto equitativo de la riqueza.

Para su toma de protesta –lo que en los tiempos que gobernó el PRI solía ser una fiesta– el Congreso de la Unión había amanecido con candados y cadenas en sus cinco accesos. Los habían puesto algunos perredistas que alegaban fraude. Al Presidente electo lo protegían los miembros de su partido, el PAN.

Durante los días y noches anteriores, la tribuna legislativa fue en unos momentos de los perredistas y en otros, de los panistas. En su turno, la izquierda levantaba imágenes de Benito Juárez. En el suyo, la derecha cantaba entre risas y gestos de ironía letras de Joan Sebastian como “Eres secreto de amor”.

Varias veces, llegaron a los golpes. Algunos diputados arrancaron sillas del recinto y las hicieron volar. Fueron trifulcas de horas. Desde ese momento, Calderón tuvo que buscar estrategias. No había manera de tomar posesión. De modo que pidió el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y por lo menos esa batalla, la ganó.

Rodeado de panistas y priistas ingresó por las puertas traseras, subió a tribuna y en tres minutos se ciñó la banda presidencial. Un “¡Sí se pudo!” continuó en la escena. Cuando saludó a los legisladores de su partido, estaba sereno, con un gesto decidido; pero apurado a salir de ahí cuanto antes.


Así se vivió la toma de protesta más breve de la Historia de México. Y la protagonizó Felipe Calderón Hinojosa.

En realidad, en 2006, el Presidente no tenía elementos para sacar a las fuerzas armadas de los cuarteles a las calles. Cierto que en 2006, en Michoacán –su tierra– el cártel de Los Valencia, asociado con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se enfrentaba al del Golfo y una organización delincuencial apenas efervescente: La Familia Michoacana.

Pero el panorama que mostraban las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática no era el de un territorio precisamente inseguro. De hecho, en 2006, la tasa nacional de homicidios había bajado a ocho por cada 100 mil habitantes, de 19 homicidios en esa misma proporción en 1992.

Toussaint recuerda que como opción estaba también un discurso para impulsar una Reforma Energética, pero asesores como Germán Martínez Cázares y César Nava se empeñaron en una estrategia armada.

¿En qué fecha se inició la guerra de Calderón? Si se sigue la trayectoria de sus palabras, fue el 4 de diciembre cuando Felipe Calderón pronunció por primera vez el término de manera oficial. Estaba en la inauguración de los trabajos del Quinto Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Mexicano al que acudió el príncipe español Felipe de Borbón (Hoy Rey Felipe VI de España):

“Tengan la certeza de que mi Gobierno está trabajando fuertemente para ganar la guerra a la delincuencia, de que se aseguren y respeten los derechos de cada quien, los derechos de propiedad y de inversión, de que se combata sin tregua la corrupción y se resguarden los derechos patrimoniales de vida y de libertad de todos”.

Seis días después, el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció que siete mil efectivos de las fuerzas federales ingresarían a Michoacán en el llamado Operativo Conjunto Michoacán.

Además, se enviaría equipo de seguridad y transporte aéreo. Ahí estaba el Gabinete de Seguridad en pleno: los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván Galván; de Marina, Francisco Saynez Mendoza; Seguridad Pública, Genaro García Luna; así como el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.

Aquí, las palabras de Ramírez Acuña fueron, entre otras:

“Reiteramos a la opinión pública que la batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo. Son instrucciones del señor Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que este esfuerzo coordinado de las diferentes dependencias del Gobierno Federal en el combate a la delincuencia se informe de manera permanente a la sociedad mexicana por conducto de la Secretaría de Gobernación”.

Y NADA, NI LA AMENAZA DE MUERTE, LO DETUVO

Felipe Calderón recibió cinco amenazas de muerte que constan en averiguaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO), dependiente de la PGR, en la respuesta a la solicitud de información 0001700034511 a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI).

Ocurrieron en marzo de 2008 y en enero, mayo, junio y agosto de 2009, por correo electrónico.

El ex Presidente confirmó aquel pasaje el 18 de agosto, cuando celebró 50 años de vida. Le dijeron que el avión presidencial sería derribado. “Determiné realizar el viaje en medio de un dispositivo muy amplio de seguridad. Antes de ello, grabé un mensaje para mis hijos en el que les aseguraba que en caso de ocurrirme algo, debían de tener la certeza de que su padre estaba cumpliendo las tareas que creía necesarias”, contó.

Pero la amenaza no sólo era para el Presidente. En el país, el número de caídos crecía y la muerte tomaba formas de incontrolable monstruo. Cuerpos colgados, tirados en medio de los caminos o los campos, desmembrados, machacados o quemados en ácido, así como decenas de periodistas asesinados empezaron a componer una galería de horrores.

A la vez, nació un nuevo vocabulario que incluyó los términos “ejecutado”, “sicario”, “levantado”, “alterado” “empresa” o “decapitado”. Las planas de los diarios nacionales mostraban día con día fragmentos de una historia que aterraba.

Hombres y mujeres desplazados de sus casas integraron otro relato dramático. Los migrantes centroamericanos asesinados o secuestrados en México, otro. Para febrero de 2007, la lista de violaciones a los derechos humanos cometidas ya fuera por el llamado crimen organizado o por los miembros del Ejército, era una abultada carpeta en la PGR.


La crisis humanitaria la ocuparon decenas de casos: Ernestina Ascencio, de 70 años, violada por militares en Zongolica Veracruz; sexoservidoras en Coahuila violadas por militares; maestros confundidos con narcotraficantes en una carretera de Sinaloa y acribillados por militares; niños muertos en una carretera de Tamaulipas en lluvia de balas lanzada por militares; 13 jóvenes ejecutados en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el llamado crimen organizado; otro grupo de adolescentes asesinado en una fiesta.

Los llamados a detenerse fueron muchos. En 2007, el analista José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicó un artículo en un diario nacional en el que se leía: “Enfrentar al narcotráfico con una guerra convencional equivale a darle escobazos a un avispero”.

En 2009, empezó a circular el libro “El narco: la guerra fallida”, con la coautoría de dos ex colaboradores del ex Presidente Vicente Fox, Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar. Para entonces, el excanciller y el exvocero ya utilizaban el término “fracaso”. El concepto empezó a ser pronunciado una y otra vez. Lo usó el mismo Fox para pedirle a Calderón que detuviera “la masacre”.

Un año después, el 12 de febrero, el general Guillermo Galván Galván, entonces Secretario de la Defensa Nacional, dijo en el Día del Ejército, que a nadie le convenía que la guerra contra el crimen organizado se extendiera en forma indefinida.

El cúmulo de advertencias incluyó también la de Manuel Espino, artífice del documento “Estrategia para la Paz Justa”. Propuso en 2010, no sólo deshacer la guerra; sino lograr niveles de justicia en las instancias competentes.


Han pasado diez años de aquella decisión y la guerra no ha parado. Los homicidios y sus formas han superado ya los años de Calderón. El Secretariado Ejecutivo reportó 20 mil 005 homicidios dolosos del 30 de noviembre de 2009 al 1 de diciembre de 2012. Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, el mismo reporte dio 54 mil 454 asesinatos. Es decir, una diferencia de 34 mil 449.

SÍ, CALDERÓN ERA EL PRESIDENTE

Algunos logros del Gobierno calderonista, presentados con bombo y platillo: detención en enero de 2008 de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, operador del Cártel de Sinaloa y brazo derecho de “El Chapo”; captura en noviembre de ese año, de Jaime González Durán, uno de los fundadores de Los Zetas; detención en marzo de 2009 de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Zambada García “El Mayo” Zambada; aprehensión en abril de 2009 de Gregorio Sauceda, un ex policía ministerial de Tamaulipas y líder del Cártel del Golfo; detención en ese mismo mes de Vicente Carrillo Leyva, hijo del fundador del Cártel de Juárez, Amado Carrillo; persecución y presentación (del cadáver) en diciembre de ese año de Arturo Beltrán Leyva; captura en enero de 2010 de Eduardo Teodoro García, quien después de romper con el Cártel de los Arellano Félix operaba por su cuenta; abatimiento en julio de 2010 de Ignacio Coronel, en un operativo del Ejército en Zapopan, Jalisco, y detención en 2011 de Édgar Valdez Villarreal, operador de Arturo Beltrán Leyva y apodado la “Barbie”.


Pese a todas estas detenciones, al final y pensado como personaje, el crimen salió ileso y más fuerte. Los analistas coinciden en que tras diez años de guerra continúan los cárteles dirigidos por Joaquín “El Chapo” Guzmán (detenido tras su segunda fuga), los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, Los Zetas y el Del Golfo. Tienen nuevos líderes, otros operadores y una batalla infinita por el control de las plazas.

Los códigos de honor de los viejos narcotraficantes de los 70 se modificaron para dar paso a una nueva generación que a diferencia de sus antecesores, batallan a plomo sin importar la vida de los civiles y se lanzan amenazas a través de Internet. Y no es sólo narcotráfico. El modelo Bacrim (bandas criminales emergentes) de Colombia, donde los grupos de traficantes de droga evolucionaron a otros negocios ilícitos como el robo de combustible o el tráfico humano, empieza a notarse.

“Los descabezamientos de los grupos originaron células”, según Eruviel Tirado, director del diplomado de Seguridad Nacional que se imparte en la UIA. “Y esas células han crecido a grupos que intentan consolidarse en poderíos en los que las drogas ya son poca cosa. Los negocios empiezan a diversificarse”.

En su Informe anual 2016 sobre la estrategia del control internacional de narcóticos, que el Departamento de Estado envió al Congreso de Estados Unidos, se indica que los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas amplían sus vuelos y rutas para transportar dinero y cocaína desde América del Sur hasta Estados Unidos.

En sus primeros dos años de Gobierno, Felipe Calderón Hinojosa gastó 141 millones 600 mil pesos en encuestas en las que sobre todo, midió si era un Mandatario legítimo, según consta en el Portal de Obligaciones y Transparencia. Los resultados le indicaron que él y nadie más era el Presidente. Con todo, la guerra continuó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-12-2016/3122368

Cerca de 30 mil desaparecidos ha dejado la guerra contra el narcotráfico

Desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, y hasta el año en curso del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha habido en México casi 30 mil desaparecidos como consecuencia, denunciaron organizaciones ciudadanas y activistas durante el foro “Nos faltan todos”.

Hilda Legideño, madre del normalista desaparecido la madrugada del 26 de septiembre del 2014, Jorge Antonio Tizapa Legideño, aseguró que lamentablemente en el país carecen leyes que castiguen la desaparición forzada, y que la calidad de persona desaparecida sólo se reconoce hasta después de 72 horas transcurridas.

“Nos ha atacado el gobierno, sabemos que nos va atacar, pero yo como madre no puedo abandonar a mi hijo, si él está en algún lugar, él está esperando que yo lo busque, él está esperando regresar a su casa. Mi hijo no es ningún delincuente, como dice el gobierno mexicano, él lo único que quería era estudiar, quería superarse y ofrecer un mejor futuro a su familia, mi hijo tiene 22 años actualmente y tiene una niña de dos años que espera que regrese”, indicó.

Por su parte, la representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Monterrey, Leticia Hidalgo, opinó que el fenómeno de la desaparición de personas en el país es una tragedia de orden humanitario, ante el cual las autoridades no actúan en favor de las víctimas.

“Pedimos la promulgación de la ley contra las desapariciones forzosas a Enrique Peña Nieto desde el año 2015, pero hasta la fecha no hay ningún avance”, destacó Hidalgo.

La activista recordó las acciones que los ciudadanos han llevado a cabo de forma exitosa, como el proyecto Ciencias Forenses Ciudadanas y la capacitación en beneficio de colectivos del orden civil que realizan sus propias investigaciones sobre los desaparecidos y en donde recientemente se efectuaron diversas pruebas de ADN a varias familias de Lagos de Moreno, en búsqueda de sus desaparecidos.

De la misma forma, Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, denunció que en la época de la guerra sucia desaparecieron más de mil 200 personas que, hasta la fecha, no se han resuelto sus casos en el estado. Aseguró que cada día, existe un registro de 17 personas.

Dijo que se trata de una historia que se repite en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos Iguala Guerrero.

Darwin Franco, activista y académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), señaló que de los 125 municipios de la entidad, por lo menos en 116 hay registro de personas en estado de desaparición.


En el foro estuvieron presentes familiares de víctimas de desaparición en el país, quienes buscan acceder a la justicia para reencontrarse con sus hijos, hermanos, padres y amigos.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/cerca-30-mil-desaparecidos-ha-dejado-la-guerra-narcotrafico/

El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en México, según datos oficiales

El 11 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa inició la guerra contra el narcotráfico. El objetivo: liberar a Michoacán de los poderes fácticos. El Gobierno incluyó al Ejército en lo que se supondría sería la declive del crimen en la zona. Cuatro mil 260 elementos castrenses, 46 aeronaves y 246 vehículos intervinieron la entidad. Diez años  después, en el país operan nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas. El número de víctimas pone en vilo la estrategia de seguridad que tanto Calderón Hinojosa como el Presidente Enrique Peña Nieto decidieron extender. En los últimos 10 años, la violencia se ha traducido en 186 mil muertos, según las cifras oficiales.

En una década México superó la cifra de homicidios de conflictos armados registrados en América Latina que han tenido una duración de hasta medio siglo. Esto es la guerra. Los muertos no hablan, pero su silencio apunta a las autoridades.

“Uno siempre sabe cuando comienza una guerra, pero no cuando acaba”, dijo Guillermo Garduño Valero, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien se ha especializado en el fenómeno del tráfico de drogas.

No es claro cuántos muertos ha dejado la guerra contra el crimen organizado que inició el Partido Acción Nacional (PAN), pero sí que no hay vuelta atrás. “Hubo un momento en el que se podía negociar [con los capos], ahora ya no quedan actores visibles”, agrega.

En 2012, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Leon Edward Panetta, dijo que 150 mil mexicanos fueron asesinados en el sexenio calderonista, con base en supuesta información otorgada por las autoridades mexicanas.

Otras cifras, más conservadoras, de la organización italiana Líberia, refieren que son 116 mil mexicanos los que perdieron la vida durante el segundo sexenio del PAN.

Por su parte, los datos oficiales detallan un alza en los homicidios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabiliza 186 mil 297 asesinados entre diciembre del 2006 y diciembre del 2015. Calderón registró en su Gobierno 122 mil 462 asesinatos; Peña Nieto lleva 63 mil 835 (en tres años; 2013, 2014 y 2015).

Lo que sería igual a la cantidad de personas que se necesitan para llenar al mismo tiempo los estadios: Azteca, Azul y Ciudad Universitaria.

El conteo del Inegi es el más confiable del país. Retoma los datos del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses, los cuales especifican la causa de cualquier defunción.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  (SESNSP) contabiliza 184 mil 682 carpetas por homicidio doloso, entre 2013 y octubre de 2016. Según esos datos, el sexenio de Calderón sumó 104 mil 794 carpetas, y Peña, en tres años y diez meses de Gobierno, 68 mil 82.


En cuanto a los desparecidos: el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, (RNPED) reporta 28 mil 937 personas que han sido desaparecidas en el fuero común del 2007 a octubre de este año. Más 966 personas en el fuero federal en el mismo periodo. Una suma de 29 mil 903.

A pesar de que la guerra contra el narcotráfico movilizó a las fuerzas armadas hacia las labores de seguridad en las calles, los índices de violencia no son mejores que 10 años atrás.

El 2007 cerró con una tasa de averiguaciones previas por homicidio doloso de 9.34 por cada 100 mil habitantes, según el SESNSP.

Después de una década, y un largo recorrido de acciones de combate, no ha vuelto a haber una tasa menor a la del 2007.

A 11 meses del presente año, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes registra 13.95.

El panorama de aquel entonces y el actual no se explican sin los altibajos de inseguridad.


El 2011 presentó la mayor tasa de homicidio doloso dentro de los diez años de la guerra contra el narcotráfico, con 19.75 por cada 100 mil habitantes.

10 AÑOS DE REACOMODOS DEL CRIMEN

Cuando Felipe Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia el mapa del narcotráfico era otro.

Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), del último trimestre de ese año, refiere que en el país había siete grandes cárteles.

Entre ellos, el Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, el Cártel del Golfo de Osiel Cárdenas, el Cártel de Juárez de los hermanos Carrillo Fuentes, el Cártel de Colima de los hermanos Amezcua Contreras, el Cártel de Pedro Díaz Parada “el oaxaqueño” y el Cártel Milenio.

“Tendríamos que considerar la importancia que tenían hace 10 años ciertas figuras como serían, primero, ‘El Chapo’ Guzmán, quien dominaba toda la escena”, dijo Guillermo Garduño Valero, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En agosto de 2006, la revista Proceso expuso que los cárteles del Golfo, Sinaloa y Milenio tenían presencia en Apatzingán, Michoacán.

En la zona operaba Nazario Moreno, quien fue abatido por las autoridades en 2014, quien diez años atrás había formado una célula llamada la Empresa, al servicio del Cártel del Golfo, que cobraba cuotas al resto de traficantes que operaban en la zona.

En Veracruz y Tamaulipas, el Cártel del Golfo, de Osiel Cárdenas, dominaba, y su brazo armado Los Zetas, conformado por ex militares mexicanos y kaibiles guatemaltecos, se convertían en un problema de seguridad nacional.


En el norte, en Tijuana, el Cártel de Tijuana controlaba el tráfico de mariguana, heroína y metanfetaminas; pese a que el líder criminal Javier Arellano-Félix fue capturado en agosto del 2006.

Mientras tanto, a principios del año electoral en el que el PAN volvió a ganar la Presidencia del país, el Cártel de Sinaloa, del ahora preso Joaquín Guzmán Loera, mantenía presuntas disputas con el Cártel del Golfo en Acapulco y Monterrey.

“El Chapo” Guzmán operaba en 17 estados, y era a través de Ignacio Coronel Villarreal, que controlaban principalmente las costas de Quintana Roo y Yucatán.

De acuerdo con la PGR, en 2006 fueron detenidas 12 mil 195 personas por mantener vínculos con estas organizaciones; el 98 por ciento eran colaboradores o distribuidores del narcomenudeo.

Diez años de guerra después, información de la PGR entregada a este medio refiere que en el país operan 9 cárteles y 37 células delictivas.

En abril del año pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que incluyó en su “lista negra” de organizaciones criminales al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con Los Cuinis.

“En años recientes, hemos visto una tendencia al alza en la erosión de los carteles históricamente poderosos así como a la emergencia de nuevas organizaciones como la CJNG y Los Cuinis”, explicó John E. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Financieros del Tesoro.

Garduño explicó que la desaparición de algunos cárteles y la disminución del poder de otros no significó el fin de la presencia del narcotráfico en las zonas que operaban.

“Hubo una necesaria reconfiguración en estos últimos diez años de los liderazgos. Pero las organizaciones persisten porque los intereses [el mercado de oferta y demanda] articulados sobre narcóticos a nivel mundial prevalecen”, añadió el catedrático.

Genaro García Luna, titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, dio a conocer en 2010 que el mercado de las drogas estaba valorado en 60 mil millones de dólares anuales.

Una cifra alta en comparación con estimaciones hechas por la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas). En 2009 valoró este mercado entre 18 y 39 mil millones de dólares.


FALTA DE CAPACITACIÓN

El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, explicó que hubo un avance disparejo entre las medidas para hacer frente al narcotráfico en el ámbito federal, y aquellas tomadas en el estatal.

Pese a que el 1 de junio de 2009 una Ley transformó a la Policía Federal Preventiva en Policía Federal -cuya creación le aportó facultades de investigación preventiva y de colaboración con la PGR-estas medidas no se acuerparon en los estados.

Rivas explicó que con la llegada de Calderón al Gobierno, él echa a andar una policía que cumpla con los requisitos para el combate contra el narcotráfico, sin embargo, cuestionó: “¿Cuál ha sido el problema?, una década después seguimos careciendo de estos policías en lo local”.

Con el Presidente Enrique Peña Nieto la Secretaría de Seguridad Pública fue disuelta, y sus responsabilidades asumidas por la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, las estrategias han carecido de efectividad.

Entre enero y octubre de 2016, los homicidios aumentaron 21 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado.

El pasado 30 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos serían reforzados.

“Es totalmente más de lo mismo, ¿por qué? Porque es darle recursos a entidades que no cumplen; es aumentar la presencia de fuerzas federales en lo local. No se diferencia en nada de lo que ya se ha hecho. Probablemente sí disminuya los homicidios, pero no los problemas de fondo”, dijo Rivas.

En el presente año a la dependencia le fueron asignados 67 mil 472 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los cuales 5 mil 952 millones fueron destinados a subsidios en materia de seguridad pública.

En tanto que para este año el presupuesto será de 58 mil 159 millones y el subsidio de 5 mil millones de pesos.

“La estrategia contra el narco fue de ataque frontal pero el crimen muta”, dijo Luis Apertti, integrante de la mesa de seguridad y justicia en la zona metropolitana de Tampico, Tamaulipas.

El especialista refiere que en el caso de Tamaulipas el cometimiento de delitos pasó de extorsiones y secuestros a robos y delitos patrimoniales. Mas el control de las plazas y el trasiego de drogas sigue.

“Yo creo que ha habido un retraso importante en la respuesta del Gobierno estatal para atender este fenómeno. No tenemos ni el número de los elementos, ni las calificaciones”, explicó.


ADICCIÓN EN MÉXICO

No toda la droga se va hacia Estados Unidos. En julio del año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó 50 mil consultas para atender casos de adicción, en los que se incluyen el alcohol y el cigarrillo.

“Sí ya hay un mercado mexicano esa es una de las cosas que tenemos que contemplar. Existe la propensión. Como también la lógica del mercado, si hay demanda hay que crear entonces una oferta. Y ahí entra otro factor, la inducción”, dijo Garduño.

En el 2011 la Encuesta Nacional de Adicciones estimó que una población de 500 mil consumidores de drogas.

Mas este año el titular del Consejo Nacional contra las Adicciones Manuel Mondragón dijo durante la presentación de una encuesta sobre estudiantes adictos que en México había 713 mil 963 menores de edad con necesidad de algún tratamiento.

De acuerdo con una presentación pública del doctor Rafael Camacho Solís, ex director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, por cada dólar que se invierte en usuarios de drogas, se gastan 100 en la guerra contra el narcotráfico.

Asimismo, un informe del 2013 hecho por la organización Crisis Group titulado “El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el Estado de Derecho en México”, advierte que en muchos casos, la venta callejera de drogas está directamente vinculada a los cárteles.

“Añadiendo una nueva dimensión a las guerras por el control de territorio”, cita el trabajo.

LOS REYES DE EU

El 80 por ciento de la droga que entra a los Estados Unidos lo hace a través de México, de acuerdo con el estudio “El Problema de Drogas en las Américas: Estudios”, de la Organización de Estados Americanos.

La influencia de los cárteles se ha instalado en las grandes ciudades de los Estados Unidos, de acuerdo con la DEA y las Fuerzas en Contra del Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglás en inglés).

Mientras el Cártel de Sinaloa tiene vínculos en la costa Este y Oeste, a su vez el Cártel del Golfo, principalmente, en Texas; el Cártel de Juárez en Nuevo México y Texas; los Caballeros Templarios en Oregón; así como los Zetas en Winsconsin, Texas y Maryland.


Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación la tiene en Nevada, California y Mississippi.

MAPA:

“El narcotráfico está enlazado a una demanda mundial. Y estamos teniendo sencillamente el primer mercado consumidor del mundo a la par. Qué hubiera pasado si no hubiera ni un gramo de opio, cocaína, heroína, en Estados Unidos, o Europa; la gente hubiera caído en menos de 24 hora en un estado de ansiedad”, dijo Garduño.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-12-2016/3121218

Los mexicanos sólo saben una décima parte del terror de la ‘Guerra contra el narco’

El viejo Comandante Creisi piensa que tú no sabes nada. Que nosotros no sabemos nada. Que cuando hablamos de cárteles, de plazas, de los líderes más conocidos y de sus acuerdos, puede que creamos que sabemos algo, pero en realidad no.

Que cuando mezclamos nuestro diccionario con el de los sicarios y decimos ‘levantón’, ‘la letra’, o ‘embolsado’ en realidad, lo podemos hacer porque ellos, los que están dentro del narcotráfico, permitieron que nos asomáramos a su mundo por una pequeña rendija.

Ellos no sólo controlan la droga, las armas, los bares, los tabledance, la tortillería de la esquina y parte de la policía y la política, sino que también controlan la información: “tú sólo sabes lo que nosotros queremos que conozcas”. El resto, lo que realmente ha pasado en México, especialmente durante la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’, sólo lo saben ellos y sus cómplices. Gente, por ejemplo, como el viejo Comandante Creisi.

Este exmilitar que aterrorizó Monterrey la década pasada como socio del Cártel del Golfo dice esto con seguridad: “las cifras oficiales están ‘tijereadas’, porque esas también las controlábamos nosotros”.

“¿Qué cuántos de mis delitos llegaron a cifras oficiales? Pues… yo creo que… el 1 por ciento; no, yo creo que ni el 0.1 por ciento”, contesta este hombre que vendía droga y pasaba armas, que tuvo seis procesos abiertos, que todos los libró y que ahora habla desde su nuevo hogar: la Casa de Rescate Cristo Vive, ubicada al norte de México en Saltillo, Coahuila, un refugio cristiano para antiguos adictos y miembros del crimen organizado.

Ahí hay chapos, zetas, golfos, michoacanos, exguachos [exmilitares] y eses [pandilleros] que ahora rezan juntos y trabajan con ahínco “salvando almas”.

El hombre es bajito, cuadrado, de piel oscura y tiene un perfil de delincuente como sacado de libro de texto: nació pobre, creció en un hogar de padre alcohólico y golpeador, apenas acabó la primaria y cuando tuvo edad suficiente se refugió en el Ejército. Dio alta en el 45 Batallón de Infantería y pasó su primer año entre golpes y humillaciones. Su suerte cambió cuando lo mandaron a destruir plantíos de marihuana al norte del país. Ganó ascensos, dinero y poder. Y con ello, impunidad.

Su poder llegó a ser tan grande en la ciudad de Monterrey, mejor conocida como la Sultana del Norte, que alrededor de él orbitaba la famosa “narcoabogada” Raquenel Villanueva, defensora de capos pesados, quien en 2009 fue asesinada hasta el quinto atentado que sufrió. De ella aprendió que “al cártel se le respeta y a la autoridad se le corrompe”.


“¿Que cómo se mantienen bajas las cifras oficiales? Cuando uno abre una plaza, te aseguras de que la gente a tu alrededor te cuide. La gente recibe la ayuda que les damos. En fiestas, navidades, años nuevos… Tú paga y nadie va a denunciar. Y si eso no funciona, pues el cártel actúa”, dice el viejo Comandante Creisi.

La misma fórmula es para las autoridades: si no quieren recibir dinero de la mano derecha, la izquierda siempre está lista para tirar plomo. No sólo controlan quién extorsiona, secuestra, mata o alinea policías, sino que también controlan los reportes de los ministerios públicos, “porque una plaza sin denuncias es un lugar que no se calienta y donde se puede ‘jalar’ sin problemas. Lo oficial no es la realidad”, sentencia.

“Al gobierno no le conviene decir la verdad. Muchos estados llevan tregua con el narcotráfico”; es decir, los estados ceden.

Dejan de reportar cifras. Pierden expedientes. Ordenan silencio a los reporteros y sus jefes. Capturan averiguaciones previas o carpetas de investigación sin folios y le dicen a la gente que están investigando aunque pasen años sin que aparezca una nueva pista sobre un homicidio, un desaparecido o un secuestro.

El viejo Comandante Creisi quisiera decir más, pero sabe que si quiere seguir un retiro en paz, después de su huir de su cártel, no puede entrar en muchos detalles. Sólo masculla que “las cifras oficiales” están “abajo, muy abajo” y regresa a su oración.

Él piensa que nosotros no sabemos nada. Y también que probablemente nadie nunca conozca el real tamaño de la tragedia, consecuencia de la llamada ‘Guerra contra el narco’.

El 11 de diciembre de 2006, en cadena nacional y a diez días de haber asumido la Presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa decretó una guerra frontal en contra de los cárteles de la droga.


Ese día, 5.000 efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal fueron desplegados en el estado de Michoacán para combatir al crimen organizado. A ese operativo militar siguieron otros similares en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.

El conflicto pronto se extendió a otras regiones del país, a la vez que se convirtió en una guerra no sólo del Estado mexicano contra las organizaciones criminales, sino de éstas entre sí por el control del mercado de estupefacientes, lo que generó una crisis de violencia sin precedentes.

En un esfuerzo por contribuir al entendimiento de esta ‘guerra’, VICE News cierra este 2016 con un trabajo periodístico de diez reportajes a través de los cuales ofrecemos a nuestra audiencia una lectura de lo que ha significado esta década para México. Un equipo de reporteros viajó a diversos estados de la República en busca de historias, que combinadas con un trabajo de diseño y de datos sobre el comportamiento de los delitos de alto impacto, ofrecemos a partir de hoy.

En este camino, nos dimos cuenta que si bien tenemos indicadores oficiales que nos arrojan una idea del comportamiento delincuencial, es indispensable decir que México se enfrenta a un espejismo, a un gran hoyo negro de información y de conocimiento de lo que realmente ha sucedido: los ciudadanos sólo nos hemos enterado de una décima parte del terror criminal que ha azotado al país en los últimos años.

El viejo Comandante Creisi, es una voz que encontramos en Saltillo y que nos ayuda a entender cómo las células y grupos del narcotráfico operan para mantener las cifras oficiales en una nebulosa; a esto se agrega el miedo y la desconfianza de las miles de víctimas hacia las autoridades encargadas de abrir las investigaciones, de darles seguimiento y de impartir justicia, a quienes en su mayoría se asocia con la corrupción.

Lamentablemente desde el año 2010 a la fecha en más del 90 por ciento de los casos, los mexicanos optan por no hacer denuncias. Los especialistas han bautizado a esta estadística oculta de la criminalidad como la “cifra negra” del delito. Son ilícitos que existen en la realidad, pero no en los registros del gobierno.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que publica el INEGI, sólo durante el 2015 ocurrieron en México 29,3 millones de delitos, de esos sólo se denunciaron 3 millones, y únicamente 1,8 millones fueron investigados por la autoridad; es decir se abrió una averiguación previa. Cabe destacar que esta pequeña fracción de denuncias con averiguación es la que figura en los datos oficiales.

La cifra negra, de por sí muy alta, sigue creciendo año con año. En 2010, cuando el INEGI levantó la primera encuesta, 92 por ciento de los delitos cometidos no fueron del conocimiento de la autoridad. Para 2015, fecha del levantamiento más reciente, este porcentaje subió a 93,7 por ciento.


Antes de la ENVIPE, la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) medía el fenómeno delictivo en México. Aunque las diferentes metodologías no las hacen comparables, resulta indicativo que en 2005 –el año previo a la guerra– la ENSI arrojaba una cifra negra de 81 por ciento, misma que creció a 86 por ciento en 2008.

La brecha entre criminalidad real y oficial se amplía cuando se trata de delitos en los que el crimen organizado está involucrado. Por ejemplo, de 64.459 secuestros que el INEGI estima que ocurrieron durante 2015, sólo se denunciaron 1.054, esto es el 1,6 por ciento. Otro caso son las extorsiones: de 7,1 millones, 98 por ciento terminaron en la opacidad. De problemas como el tráfico de drogas, la trata de personas, el trasiego de armas o las desapariciones mejor ni hablar. Son fenómenos que la ENVIPE no captura, pero los expertos señalan que la cifra negra de estos delitos seguramente es aún peor.

Las regiones donde la cifra negra es más alta son también las que han sido azotadas de forma más severa por los grupos criminales. Es el caso de los estados de Guerrero (con 97,5 por ciento de sus delitos sin denunciar), Estado de México (95,4 por ciento), Veracruz (94,8 por ciento) y Tamaulipas (94,6 por ciento).

Son varios los motivos por los que un delito no termina en los registros oficiales.

Dos terceras partes de las víctimas que no denunciaron durante 2015 lo hicieron por causas atribuibles a las autoridades, ya sea porque las consideran ineficientes, o peor aún, porque les tienen miedo y desconfían de ellas. El otro tercio no denunció por temor al agresor, por falta de pruebas o porque consideraron que era un delito de poca importancia, de acuerdo con la ENVIPE.

Un informe citado por la ONG Mexicanos contra la Corrupción —Colmex e INE— especifica que 63 por ciento de la población no denuncia porque cree que no servirá de nada, 52 por ciento por desconfianza a la autoridad, 40 por ciento por malas experiencias y 34 por ciento por miedo al delincuente.

Las cifras del INEGI indican que las autoridades cada vez mandan más denuncias a la congeladora. Mientras que en el año 2010 el 27,2 por ciento de las denuncias no prosperó, para 2015 este porcentaje creció a 32,8 por ciento. En números absolutos, el número de denuncias que no prosperaron pasó de 774.000 a poco más de un millón.

“Todo esto es parte de lo que llamamos el círculo de la impunidad en México. Pocos delitos son denunciados. De esos pocos, una proporción todavía menor son investigados. De los que son investigados pocos presentan un expediente robusto y si se llega a tener un expediente bien armado, el presunto responsable todavía tiene la posibilidad de corromper al juez. En caso de toparse con un juez competente e incorruptible queda el último recurso de seguir delinquiendo desde la prisión. Entonces los incentivos están alineados —en un análisis costo/beneficio— para delinquir. Todo el edificio de la administración, investigación, procuración e impartición de justicia es disfuncional” asegura María Amparo Casar, Presidente Ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

La investigadora opina que efectivamente, de la lucha contra el narco “todavía sabemos pocas cosas. Por ejemplo el número de autoridades municipales que están coludidas con el narco o los diferentes giros delictivos en los que incurre cada organización criminal. Lo que sí sabemos —agrega— es que vamos perdiendo la ‘guerra’ contra los delitos de alto impacto y una buena proporción de ellos se vinculan con el crimen organizado. Sus índices no ceden después de tres sexenios”.


Para Casar lo que hace falta es una política de Estado que abarque al conjunto de instituciones, ramas y órdenes de gobierno, “las consecuencias de no hacerlo están a la vista: no se muestra mejora alguna en índices delictivos, en corrupción y en impunidad en los últimos años; y los costos sociales, políticos y económicos se agravan todos los días”.

“‘La Guerra contra el narco’ es un fracaso para América Latina porque nosotros estamos poniendo los muertos, los desaparecidos y los desplazados por violencia. Estamos poniendo un gran costo social, diría que el mayor, además de un gran presupuesto policiaco y militar; y al mismo tiempo, el gran consumo y el gran ‘business’ de las drogas ilegales se mantiene en Estados Unidos. Entonces está claro que mientras la guerra es un fracaso para nosotros; para las potencias —que a su vez son los grandes consumidores— es un ‘éxito’ debido a que ellas se llevan todas las ganancias, o la mayor parte, mientras que a los países productores y de tránsito nos toca asumir la mayor parte de los costos humanos”.

Quien hace esta reflexión en entrevista para VICE News es Froylán Enciso profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las instituciones académicas con mayor prestigio en el país.

Cuando Felipe Calderón llegó al poder existían, según la Procuraduría General de la República (PGR), cinco principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas: el Cártel de los hermanos Arellano Félix que imponía su ley en la ciudad fronteriza de Tijuana, el Cártel del Golfo que dominaba estados como Tamaulipas y Veracruz, el Cártel de Sinaloa que operaba en las costas del Pacífico mexicano, el Cártel de Juárez que controlaba Ciudad Juárez, una ciudad contigua al Paso, Texas, y la organización de los hermanos Amezcua dedicada al tráfico de metanfetamina también en la zona del Pacífico.

Pero poco después la PGR tuvo que agregar a su listado oficial a la Familia Michoacana que sólo tres meses antes de que Calderón ocupara la presidencia, se estrenaba mediante una sangrienta aparición. El 6 de septiembre de 2006 después de una fiesta en un centro nocturno en Uruapan, Michoacán, cinco cabezas humanas fueron arrojadas en el centro de la pista. “Esto es justicia divina”, decía un cartel colocado al lado de los cráneos decapitados. Una imagen dantesca que se repetiría con el paso de los meses en casi todos los estados del país.


Después de 21 meses de enfrentamientos entre miembros de la Familia Michoacana y las fuerzas de seguridad se registró uno de los hechos más violentos de la guerra. Durante la celebración de las fiestas patrias en el centro de Morelia —capital de Michoacán— el 15 de septiembre de 2008 explotaron varias granadas entre la multitud que festejaba al aire libre, lo que dejó un saldo de ocho personas muertas y más de 100 heridas.

El hecho indignó a la sociedad, debido a que un ataque de esa magnitud contra civiles no tenía precedentes en el país. La Familia culpó a sus rivales Los Zetas por el atentado, que ya también figuraban en el mapa del narcotráfico mexicano.

De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, es decir durante los primeros cuatro años de la guerra de Calderón, el gobierno tenía un registro de 34.612 muertes en ese periodo, como resultado de la lucha contra y entre los cárteles de la droga. Entre las víctimas se contaban miembros de organizaciones criminales, fuerzas de seguridad y personas inocentes que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y momento equivocado; el gobierno los llamaría “daños colaterales”.

Hasta ese momento, la base de datos oficial registraba muertes por agresiones, ejecuciones o enfrentamientos en casi la mitad de los municipios de México. Ningún estado estaba exento de formar parte de tan macabra estadística.

El resultado estaba claro: a 1.460 días del inicio de la guerra, la violencia, lejos de ceder, crecía y se extendía. Las cifras oficiales apuntaban a que la estrategia bélica del gobierno se encaminaba a convertirse en un rotundo fracaso.

Meses después, el gobierno calderonista interrumpió este conteo, o por lo menos dejó de divulgarlo públicamente, debido a algunas críticas hechas a la metodología con que se recababa la información. Hasta la fecha no se ha dado continuidad a esta estadística.

Con todo, existen cifras que nos permiten tener cierta idea de lo que ha sucedido a una década de iniciada la guerra . ¿Los mexicanos vivimos ahora más seguros que antes, como lo prometió el gobierno?; es decir, ¿estamos menos expuestos a delitos como el secuestro, la extorsión, la desaparición o la trata? ¿Terminamos o siquiera menguamos el poderío de los grupos criminales? ¿Hay menos impunidad en el sistema de justicia de nuestro país? Esas son algunas de las preguntas que nos planteamos en VICE News durante la planeación de este especial.

Por eso en cada reportaje exploramos un fenómeno diferente: comenzamos con este texto introductorio sobre la cifra negra de los delitos, y continuaremos abordando los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, desapariciones, lavado de dinero, tráfico de armas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Aunque los datos se expondrán a detalle en las próximas entregas, podemos adelantar algo: en casi todos los delitos registramos cifras más altas que cuando comenzó la guerra.

Tomamos como punto de referencia el año 2006. Este año presenta la fotografía más inmediata al inicio de la guerra contra el narco: así encontró Felipe Calderón el país cuando tomó posesión aquél primero de diciembre.


El diagnóstico actual es mucho más grave a partir de las cifras analizadas, cuyas fuentes son oficinas de gobierno como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Estos datos tienen sus limitaciones para medir el fenómeno delictivo. Basta mencionar aquí que muchos se basan en denuncias presentadas ante las procuradurías locales.

La ‘Guerra contra las drogas’ ha creado un cambio estructural en la sociedad mexicana “que duplicó quizá permanentemente los niveles de violencia en México” dice Froylán Enciso, experto en el tema y autor de Nuestra historia narcótica [Debate, 2015]. Es necesario empezar a diseccionar todo los datos para combatir las perversidades que ha dejado este periodo, dice.

Esta no ha sido una guerra contra las drogas, agrega Enciso originario de Mazatlán Sinaloa, “ha sido una guerra contra las personas que vimos cómo los despliegues militares y policiacos empezaron a crear espirales de violencia allá donde iban; y si bien es cierto que había un problema previo, cuando llegaba el Ejército ese problema se volvía exponencial y junto con ello aumentaban los homicidios y otros delitos de alto impacto, junto con una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Y del otro lado, sin embargo, no hay evidencia alguna de que el tráfico, la demanda y consumo de drogas haya disminuido”.

Es decir, tenemos un panorama muy claro: hay un aumento de índices de violencia y un fracaso de políticas públicas, versus un gran mercado de drogas con ganancias millonarias y lavado de dinero.

Por otra parte, en México asistimos ya a una molestia y cansancio muy evidente de las fuerzas armadas. Apenas el 20 de octubre pasado, el propio ministro de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos admitió en una declaración pública —muy poco usual— que sus tropas enfrentaban un desgaste: “hay un desgaste; es obvio, estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento; en la sierra y en las ciudades”.

Esto puede ser interpretado de distintas maneras. Primero, explica Froylán Enciso, como un rompimiento político con el actual presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó prometiendo que iba a haber un cambo de paradigma: de la militarización y el enfrentamiento policiaco hacia la prevención. Ya estamos en el cuarto año de gobierno y evidentemente los militares siguieron en tareas de seguridad pública. No ha habido una salida formal del Ejército de la llamada ‘Guerra contra el narco´ y esto es un “síntoma de la hipocresía y la incompetencia de Peña Nieto”.

La otra manera de analizar esa declaración de Cienfuegos “es que realmente hay un verdadero desaliento entre las tropas. Ellos no tienen que estar ahí y lo saben. No hay un marco legal que respalde su ejercicio en esta lucha. Están cansados de estar en los operativos y en la sierra sin recursos. De alguna manera los soldados también están sufriendo la guerra, no sólo como victimarios, sino como víctimas”.}

Hoy en día, tras una década de guerra, tampoco vemos una disminución de organizaciones criminales. La PGR tiene ubicados a nueve cárteles del narcotráfico: Sinaloa, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Cártel de Juárez, hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. De estos nueve grandes cárteles se desprenden 36 células o pandillas que trabajan para ellos, y que hacen que la violencia sea mayor.

De lado de la soluciones y propuestas a futuro, Froylán Enciso tiene una postura muy clara: regular el mercado de drogas es un paso necesario, pero insuficiente para frenar la violencia. “Tenemos que empezar por legalizar la marihuana”.

De hecho es otra de las promesas no cumplidas de Peña Nieto: “él prometió que iba a estar del lado de la razón en la legalización de la marihuana y después no hizo nada, fue al parecer una estrategia publicitaria para tener a las mentes críticas de México de su lado y quedó mal con todo mundo”, opina Enciso.

Por otro lado, “tenemos que acompañar al movimiento de víctimas. Hay que tratar de bajarle al desgaste del tejido social, al resentimiento, y a los daños que en las familias ha provocado esto. Hay que salir a explicar a organismos como la ONU cuánto nos ha costado el régimen global de prohibición y la guerra, y así intentar pedir una reparación del daño que vaya a víctimas”.


Desde VICE News creemos que la información es fundamental para tomar decisiones correctas. Conocemos tan poco de esta guerra y se ha dedicado tan poco tiempo y recursos para analizar los datos, que las soluciones, igualmente, se han quedado cortas, muy cortas. Por ello decidimos realizar este trabajo periodístico que aporte al debate y al intercambio de ideas que ayuden a repensar las políticas públicas que atiendan el problema desde una perspectiva integral, de salud pública, cuidando los derechos de los consumidores y sobre todo, reconstruyendo el tejido social.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/VICE NEWS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3011/mexico/10-anos-de-la-guerra-contra-el-narco-solo-se-conoce-una-decima-parte-del-terror-primera-entrega/