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lunes, 21 de marzo de 2016

PGR se niega a investigar detenciones ilegales del #20NovMx; víctimas se amparan

A más de un año de las detenciones, los afectados han esperado, en vano, dos cosas: que las autoridades responsables respondan ante un juez penal, y que las dependencias involucradas restituyan a las víctimas.

El 20 de noviembre de 2014, Hugo, Tania, Luis Carlos, Atzin e Isaac fueron detenidos por policías federales y de la Ciudad de México, por participar o estar cerca de las manifestaciones que ese día se realizaron en la capital del país, para reclamar la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala… los cinco fueron golpeados por los agentes, amenazados con sufrir desapariciones forzadas como aquellas contra las que se manifestaban, y luego fueron enviados a un penal federal de alta seguridad, acusados de los delitos de “motín”, “homicidio en grado de tentativa” y “asociación delictuosa”.

Pero nueve días después, todos obtuvieron su libertad, al demostrarse que, en realidad, eran inocentes, y que las pruebas en su contra habían sido fabricadas por la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Ha pasado un año y cuatro meses, durante los cuales, estas víctimas han esperado, en vano, dos cosas: que las autoridades responsables de la detención y tortura sufridas respondan ante un juez penal por los delitos cometidos en su contra, y que las dependencias de gobierno involucrada en estos abusos restituyan a las víctimas por las afectaciones sufridas a manos de sus servidores públicos.

De hecho, destacó la abogada Margarita Grieshbach –integrante del colectivo CompasDH, que brinda acompañamiento legal a las víctimas– “el pasado 20 de noviembre de 2015, es decir, al cumplirse un año del operativo policiaco, presentamos una denuncia penal formal, de forma escrita, ante la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que oficialmente se iniciara una investigación por estos hechos, y cuatro meses después de haber realizado dicho procedimiento, la PGR ni siquiera nos ha notificado la recepción de nuestro escrito.”

Esta omisión por parte de la PGR, explicó la también directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, representa una abierta violación al Código Federal de Procedimientos Penales, que obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación de forma inmediata ante cualquier denuncia de delitos graves, y en este caso los delitos que se denuncian son considerados graves: detención arbitraria, tortura y fabricación de pruebas.

“Todos los detenidos del 20 de noviembre de 2014 obtuvieron la absolución –subrayó la abogada–, es decir, se comprobó que en su contra se fabricaron pruebas y testimonios de funcionarios públicos, y a partir de ellos un juez determinó que todos eran inocentes.”

Este veredicto no sólo puso en evidencia las irregularidades cometidas por la PGR durante el proceso (especialmente el haber fabricado la acusación contra los detenidos), sino que, a partir de tal determinación del juez, la Procuraduría incurrió en nuevas irregularidades: “En realidad, no era necesario que las víctimas denunciaran los atropellos que sufrieron, la PGR tenía la obligación de iniciar una averiguación previa, por el sólo hecho de haber tenido conocimiento de estos abusos, durante el proceso penal seguido a las víctimas que, finalmente, fueron liberadas”.

Sin embargo, abundó la abogada, la PGR no abrió ninguna investigación por iniciativa propia, “y ahora no quiere iniciar una averiguación ante la demanda presentada formalmente por las víctimas, aún cuando, para ello, tenga que violar el Código Federal de Procedimientos Penales, en el que claramente se estipula que cuando una persona acude a denunciar un delito, esta denuncia le debe ser recibida oficialmente y, como segundo paso, se debe citar al denunciante para que ratifique su dicho. Eso está establecido en la ley, no a gusto de la PGR.”

La demanda penal presentada en noviembre pasado, cabe destacar, no sólo va firmada por cinco de las once personas que fueron detenidas durante el operativo del #20NovMx, sino también por ocho académicos y periodistas, que pertenecen al colectivo CompasDH: Denise Dresser, Lorenzo Meyer, José Luis Caballero Ochoa, Luis González Placencia, Francisco Barrón Trejo, Layda Negrete, Juan martín Pérez García y Lydia Cacho.

–¿Cuál fue el objetivo de integrar el ColectivoDH, y de que se sumen como denunciantes, aún cuando no hayan sido detenidos el 20 de noviembre de 2014? –se pregunta a la abogada.

–Éste es un grupo integrado en el que habemos muchas personas, y algunas de ellas son personalidades de reconocida calidad ética. Y somos personas cansadas de denunciar en lo particular un acto represivo, y luego otro acto represivo también en lo particular, y luego otro… cuando, lo que nos deja ver esa situación es que se está aplicando una estrategia de Estado, una estrategia represiva.

Para entender esto, abundó, “hay que subrayar la diferencia entre delitos cometidos por servidores públicos, y crímenes de Estado. Si lo vemos de forma particular, pareciera que en cada caso de represión, lo que ocurre es que un grupo reducido de agentes del Estado cometieron delitos. Pero si lo vemos de forma más amplia, nos damos cuenta de que esto es tan sistemático y generalizado que puede visualizarse un patrón, que se repite por todo el país: ante la protesta social, se responde con operativos de barrido policiaco, con detenciones arbitrarias, con tortura, con fabricación de pruebas para encarcelar a inocentes. Y entonces ya no puede verse éste como un problema de unos agentes que se salieron de sus obligaciones, sino como una estrategia a la que responden las distintas dependencias de gobierno involucradas. Y este mismo esquema de barrido de espacios donde se realizan manifestaciones, con detenciones arbitraria, tortura y criminalización, se viene aplicando al menos desde el 1 de diciembre de 2012″.

El objetivo final que se planteó este colectivo, señaló la abogada, es obligar a las autoridades a realizar una investigación real, sobre esta estrategia represiva de Estado. “Queremos que se determinen las responsabilidades de los agentes que participaron en los operativos represivos, sí, pero también que se investigue a los mandos, de todas las áreas de los gobiernos implicados, e investigar hasta las más altas esferas de toma de decisión, porque estas son acciones que rebasan la capacidad de decisión de los mandos medios, de los comandantes de tropa, esta estrategia represiva demanda la coordinación de altos mandos a muchos niveles de la administración pública: sólo el 20 de noviembre de 2014, en el operativo con el que se desalojó a los manifestantes pacíficos del Zócalo, participó la policía del DF y la Federal, coordinándose con militares desde Palacio Nacional”.

–Pero, ¿cómo llegar a esa investigación, si la PGR ni siquiera les tomó nota de su denuncia?


–Nosotros esperamos el plazo razonable para recibir respuesta, que en asuntos legales es de 90 días, y al no obtener nada, el pasado 25 de febrero presentamos un amparo, que esperamos se resuelva en dos meses. Y confiamos, obviamente, en que un juez de amparo nos conceda la razón y obligue a la PGR a iniciar una investigación por los hechos denunciados. Creemos que es un amparo imperdible: ningún juez podría convalidar que la PGR ignore los procedimientos básicos estipulados en el Código Federal de Procedimientos Penales –concluyó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/pgr-se-niega-a-investigar-detenciones-ilegales-del-20novmx-victimas-se-amparan/

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Detenidos del #20NovMx demandarán al gobierno por tortura

MÉXICO, D.F: Las 11 personas detenidas el pasado 20 de noviembre en el Zócalo tras la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, demandarán al gobierno por tortura.

Además, exigen la renuncia de Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y una disculpa pública del secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida.

En conferencia, el chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, el estudiante de bachillerato Juan Daniel López Ávila –dos de los 11 detenidos aquella noche– y Armando Barrera, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), acusaron que fueron sometidos a tortura física y psicológica desde su aprehensión hasta su ingreso a los penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit.

Durante el trayecto los amenazaron con que los matarían y desaparecerían sus cuerpos.

David Peña, uno de sus defensores, anunció que presentarán “una demanda de reparación del daño” y buscarán “una disculpa pública del Estado mexicano y la renuncia respectiva de los funcionarios involucrados”.

La abogada Karla Michel, otra de las defensoras, informó que pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los dictámenes que obtuvo durante los hechos para detectar si las lesiones que recibieron pueden ser consideradas tortura.

Además, los abogados informaron que pedirán a la CNDH aplicar el Protocolo de Estambul para comprobar la tortura física y psicológica de las autoridades a sus clientes.

Fueron más detenidos

Maxwell y López –igual que las otras nueve personas detenidas–salieron de los penales de alta seguridad de Villa Aldama, Veracruz y de Nayarit el sábado pasado, luego de nueve días de reclusión. Fueron acusados por policías federales de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa, pero el juez 17 de Distrito determinó que había falta de pruebas para dictarles el auto de formal prisión.

Este martes, ambos aseguraron que aquella noche hubo más detenidos en el Zócalo capitalino a manos de los granaderos locales y federales.

Doctorante en Letras de la UNAM, Lawrence recordó que los granaderos lo detuvieron cuando amarraba su bicicleta, cerca del edificio del Monte de Piedad. Según su relato, escuchó a un policía decir “a él, agárrenlo”. Luego le taparon los ojos con su propia chaqueta y lo golpearon brutalmente en la cara, pulmones y riñones.

Mientras era llevado a través de la plancha hacia Palacio Nacional, recibió más golpes y amenazas de cuatro uniformados. Al llegar a un camión, dijo, había más de 11 detenidos.

“Había un chavo a mi derecha, deliraba y vomitaba. Otro estaba inconsciente. No eran parte de los 11”, dijo.

Estudiante del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del DF, Juan Daniel dijo que fue golpeado por más de 30 policías y coincidió en que cuando lo llevaron al camión había más de 11 personas adentro.

“Éramos como 15. Los otros cuatro no se podían levantar por su propio pie”, recordó el joven de 18 años. “Pensé en suicidarme, pensé en matarme antes que la Procuraduría General de la República me hiciera algo”, dijo López.

Estas versiones coinciden con el reporte inicial que dio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien esa noche informó que eran 15 personas las detenidas tras los hechos violentos.

Coinciden también con lo que el Comité Cerezo declaró a Apro en días pasados, en el sentido de que hubo otras cuatro personas detenidas, pero que estaban tan golpeadas que los policías ya no las llevaron a la SEIDO, para evitar acusaciones de tortura.

La abogada Karla Michel, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informó que debido a que carecen de documentación al respecto, solicitaron información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Desde la noche de la detención y antes de que fueran trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), pedimos visitadores y les dijimos que había más de 11 detenidos”, detalló.

Además de la CNDH, pidieron información en hospitales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina y la Policía Federal.


“Documentamos que hubo una persona tirada en (la calle) Corregidora, la Policía Federal la dejó por las lesiones que tenía y ya hay una queja ante la CNDH”, agregó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detenidos el #20NovMX en el DF narran abusos policiacos

Las detenciones en las manifestaciones son arbitrarias, no están respetando derechos humanos y merecen la renuncia del secretario de Seguridad Pública del DF, comentó el abogado David Peña.

Algunos de los detenidos el 20 de noviembre pasado, en el Distrito Federal, tras disturbios en el Zócalo capitalino -donde un grupo de encapuchados se enfrentó a la policía capitalina y la federal-, narraron este martes diferentes abusos por parte de los elementos policiacos.

David Peña, abogado de los detenidos, presentó algunos videos que fueron parte de las pruebas que presentó para que liberaran a los detenidos, ya que con ellos comprobó que ellos se habían manifestado pacíficamente.

El estudiante Juan Daniel López dijo que tras su detención lo metieron a Palacio Nacional, donde lo golpearon policías, formados en “fila india”. El joven contó que ”entre 30 y 40 granaderos” lo agredieron físicamente.

“Esto era un caso político. Nosotros no hicimos nada Y si el gobierno se encaprichaba nos dejaban ahí 20 años”, consideró Juan, liberado el sábado pasado, tras estar preso en un penal de máxima seguridad en Veracruz.

“Me trataron de ligar con grupos anarquistas y cuestionaban por qué iba a CU. Si es un lugar público”, mencionó.

A su vez, Laurence Maxwell -originario de Chile- expuso que un granadero dijo el día de su detención: “A él, agárrenlo a él”, por lo que lo aprehendieron, lo golpearon y amenazaron.

“Me han preguntado por qué yo estaba ahí siendo extranjero.Y es porque el problema de los normalistas trascendió fronteras”, refirió sobre su participación en la manifestación pacífica.

“El proceso fue totalmente irregular, anómalo, lleno de violaciones a derechos humanos”, sostuvo.

“A todos nos detuvieron en diferentes lugares, tenemos perfiles diferentes pero según ellos pertenecemos a un mismo grupo”, agregó Laurence.

“Yo viví en un país con dictadura y nunca me había tocado vivir algo como esto”, aseveró.

La abogada Karla Salas señaló que una de las pruebas contra los 11, fueron los testimonios de 5 policías federales, pese a que fueron detenidos por policías del DF.

Los abogados de los 11 anunciaron que exigirán la reparación de daños a los detenidos.

El grupo de defensores aseguró que existe un grupo “perteneciente al gobierno” que se “infiltra” en los movimientos para obtener información. 


“El mensaje es claro para el Secretario de Seguridad Pública, decirle que la actuación de los cuerpos de seguridad es arbitraria, con uso excesivo de la violencia, no están respetando los derechos humanos y esto merece su renuncia y la revisión de la actuación de las fuerzas de seguridad pública en el DF”,  dijo el abogado David Peña

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Acepta Sandino que participó en agresiones vs policías; “teníamos que defendernos”, dice

"Contrarrestábamos el ataque policiaco", dice sobre los hechos ocurridos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El estudiante y activista Sandino Bucio reconoció que sí es el sujeto encapuchado que aparece en las fotografías, que lo implican en hechos del pasado 20 de noviembre; no obstante, indicó que su participación fue en respuesta al “ataque policiaco” que vivieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Los granaderos ya no solo estaban protegiendo el Aeropuerto sino empezaron a avanzar hacia nosotros, a correr, hubo varias detenciones. Vimos que estábamos en peligro, muchos tuvimos que usar nuestro legítimo derecho a defendernos… los policías arrojaban objetos, contrarrestábamos el ataque policiaco”, expuso.

Refirió que estaba encapuchado como una forma de protección ante el Estado, que “persigue” a activistas.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, narró su detención, el viernes 28 de noviembre, cerca del Metro Copilco, supuestamente para que declarara sobre los hechos del 20 de noviembre, sin embargo aseguró que en ningún momento lo interrogaron sobre ello. Además, negó haber participado en el incendio de la Puerta de Palacio Nacional.

Denunció que lo amenazaron y golpearon los supuestos agentes federales -quienes ya fueron suspendidos-, pero duda que éstos pertenezcan a la Policía Federal, pues señaló que existe una “dirección de policía encubierta e infiltración“.

La detención

Bucio Dovalí indicó que fue detenido el viernes, aproximadamente a las 5 de la tarde con 5 minutos, por parte de 2 sujetos vestidos de civil.

Uno de ellos “llega y me sostiene del brazo y dijo que fuera con él”; entre los dos “me empezaron a jalar de los brazos”; luego otros 2 se bajan del coche y “me empiezan a jalonear”.

Como era una calle muy concurrida por estudiantes de la UNAM, pudieron grabar el momento de su detención.

“Una vez en el coche avanzaron con la puerta abierta, me acostaron en la parte trasera, avanzamos todo el Eje 10 con mis pies arrastrando, todo el trayecto desde Copilco al Centro Histórico me fueron cuestionando, me pidieron que teclerara mis contraseñas de redes sociales, me dijeron que me podían desaparecer”, narró.

Antes de llegar a las instalaciones de la SEIDO, acusó, fue golpeado por una persona a la que identificaban como “El Jefe”.

“Pasó bastante hasta que me presentaron en la SEIDO… me volvieron a amenazar con una pistola, casi chocamos… después me subieron a una camioneta negra… se sube sujeto que le decían El Jefe”, apuntó e indicó que fue golpeado de 10 a 15 veces en “toda la cabeza”, e incluso el mismo sujeto “me arrancó mechones de pelo, me dijo que me iba a violar, que iba a hacerle cosas a mis familiares”.

“No sabía qué iba a suceder conmigo… El Jefe dijo que aceleraran el coche porque los estaba persiguiendo policía de PGR”, abundó.

En ese sentido, afirmó que existe una “dirección de policía encubierta e infiltración”, conformada por sujetos como los que lo detuvieron, vestidos de civil, en coches particulares.

“Una vez llegando a la SEIDO, El Jefe me condujo desde el estacionamiento hasta la oficina donde declaré”, mencionó.

“Es falso que me hayan detenido porque agredí a uno de los policías y participé en desmanes de la puerta… en el acta de por qué me detuvieron dice que portaba una bomba en mi morral el día 28, y que cuando me subieron al auto la intenté usar contra ellos… nunca me cuestionaron sobre mi participación en estos eventos, si me detuvieron para cuestionarme al respecto, no me cuestionaron ni fue tema”, aseguró.

Sandino explicó que ha participado en muchas manifestaciones -”desde que tengo memoria”-, pero desde el 1 de diciembre de 2012 han cambiado, pues ahora se ha “incrementado” la persecución de activistas sociales. Indicó que por ello fue encapuchado a la manifestación del 20 de noviembre en las inmediaciones del Aeropuerto.


Agregó que ahora también hay mayor rabia y enojo por “toda la violencia que viene de parte del Estado”, la cual “no se compara en absoluto con quemar una puerta, lanzar un cohete”.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las dudas del 20/11

En rueda de prensa, jóvenes detenidos durante los disturbios del 20 de noviembre en la Ciudad de México dijeron sufrir abusos por parte de las autoridades.


Jóvenes detenidos en el Zócalo capitalino tras las manifestaciones del pasado 20 de noviembre acusaron haber sido intimidados, así como torturados física y psicológicamente. 

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, seis de los once detenidos ese día relataron los detalles de su arresto y acusaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación a la Delincuencia Organizada (SEIDO) de cometer presuntos abusos, informó ayer El Universal.

“Jamás me dijeron las razones por las que estaba detenida, ni a dónde nos llevarían”, contó Liliana Garduño, quien dijo que asistió a la movilización para tomar fotografías. 

Otra joven, Tania Ivonne Ramírez, comentó que estuvo incomunicada por alrededor de 25 horas y que no la dejaron hacer su llamada telefónica a menos que firmara una declaración.

Por su parte, uno de los abogados defensores, Alberto Muñoz, advirtió que se evidencia “una estrategia para que los jóvenes no salgan a las calles”, agregó que gracias a la recolección de videos, fotografías y testimonios en los que se mostraba que los jóvenes iban en contingentes, pudieron obtener la libertad.


Por lo pronto, aún no se ha establecido el proceso que se seguirá, señaló Muñoz, quien comentó que aún no saben si presentarán alguna denuncia por el trato recibido.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

“Nos acusaban de mil cosas, esperábamos lo peor”: detenidos del #20NovMx

MÉXICO, D.F: En cada paso que daba Isaac Domínguez sobre el camino pedregoso que lo alejaba del penal de alta seguridad de Villa Aldama, en el estado de Veracruz, el joven estrechaba con sus dos manos una hoja de papel doblada contra su estómago.

Al desplegar con extrema precaución el papel, Isaac reveló un tablero cuyas casillas fueron ennegrecidas de tinta de pluma. En el hueco de la hoja doblada reposaban 32 pequeños origamis –entre los cuales había coronas, ocas o caballos– de diferentes tamaños.

Eran los peones del juego de ajedrez que Isaac concibió con papel, pluma e imaginación durante su semana en la cárcel.

“Lo iba a regalar a un compañero de adentro con el que jugaba y que ya lleva cuatro años allí, pero (los custodios) no me lo permitieron”, lamentó en voz baja Isaac.

Al dictaminar el auto de libertad la mañana de este sábado, el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz puso fin al calvario que vivieron por más de una semana Isaac y los otros 10 detenidos de manera arbitraria durante el violento desalojo del Zócalo capitalino, el pasado 20 de noviembre.

El juez aseveró que no existían las pruebas suficientes para abrir un juicio contra los 11 detenidos por los delitos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio –todos muy graves–, que les imputó la Procuraduría General de la República (PGR) en los edificios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En su edición de esta semana, Proceso documenta que la PGR consignó a las 11 personas a penales federales el pasado sábado 22 a raíz de las declaraciones inverosímiles de unos policías federales, quienes aseveraron que los jóvenes agredieron a uno de sus colegas con la intención de matarlo.

Según la misma investigación de este semanario, la PGR desdeñó las numerosas evidencias que desmentían en su totalidad la versión de los uniformados y señalaban, al contrario, que los policías actuaron de manera arbitraria y violenta.

De terror

El Centro Federal de Reintegración Social 5 Oriente de Villa Aldama, un horrible complejo de edificios de concreto con pocas ventanas, y escondido detrás de altas paredes grises, se erige en el centro de un vasto llano polvoroso y atrancado entre dos carreteras. Un macizo de cerros verdes dominados por el imponente adoquín de piedra del Cofre de Perote ocupa el horizonte alrededor.

El reloj aún no marcaba las 4 de la tarde cuando se dibujaron a lo lejos siete siluetas entre las rejas que rodean el penal, y cuyo color azul original tiende más ahora hacia un gris oxidado. Mientras iban avanzando, las decenas de personas que esperaban a los expresos pudieron ver que sus cabezas habían sido rapadas. Algunos rostros todavía presentaban las marcas de los golpes que les asestaron los policías durante su detención y camino a la SEIDO.

Los siete detenidos cayeron en los brazos de sus cercanos, quienes los estrecharon como si nunca los fueran a volver a ver. Las risas se mezclaron con los sollozos, a los abrazos sucedieron los besos, mientras los activistas alrededor observaban la escena con ojos enrojecidos.

Ante la transición brutal entre una semana de aislamiento en un estrecho módulo hacia un espacio abierto lleno de personas, en medio de aplausos y gritos de alegría, muchos de los detenidos no supieron qué decir ni cómo explicar lo que les había ocurrido.

Sin embargo, muy rápidamente se alinearon a lo largo de las rejas y gritaron con los dedos formando una “V”: “Queremos justicia, porque vivos se los llevaron, ¡Vivos los queremos!”.

“Ametrallados” por las cámaras de los celulares, agradecieron a todas las personas presentes.

Una abogada dijo a Aztín Andrade González, estudiante de la escuela de arte La Esmeralda cuyos compañeros no han cesado de organizar eventos artísticos para exigir su liberación:

¡Atzín!, te hicieron todo: tienes murales, pinturas, hasta tienes una canción de rap…

–¿De rap?, preguntó Atzín con una expresión de sorpresa, antes de reírse.

Otro abogado informó a Isaac:

–Les querían vincular como delincuentes por llamarse “compas entre sí”.

–No mames, reaccionó Isaac con tranquilidad.

Una vez pasado el periodo de emoción, Luis Carlos Pichardo, director de teatro de 55 años, se volvió más serio, y relató que la mañana del sábado 22 de noviembre, en la que fueron trasladados de la SEIDO a los penales federales, “fue de terror”.

“Nos llevaron directamente a una camioneta blanca y en el camino fue tortura psicológica. Los agentes de la PGR se mofaban de nosotros, nos hostigaron todo el camino. Golpeaban al chileno (Laurence Maxwell) porque pensaban que era nuestro cabecilla. También se burlaban de mi edad, me preguntaban por qué a mi edad andaba en los borlotes, como los llaman.

“Nos acusaban de mil cosas, como la (quema) de la puerta del Palacio. Pero llegó un momento en que nos dijeron: Los vamos a desaparecer y los vamos a descuartizar. Ya sentimos que teníamos que esperar lo peor”.

Al llegar al penal, Pichardo aseguró que un custodio trató de pegarle. “No sé qué tanto odio nos tienen”, afirmó. Pero una vez en el penal, agregó, “todo se calmó”.

En la prisión, los detenidos ratificaron las declaraciones que habían realizado en el Ministerio Público de la SEIDO y en las cuales cada uno afirma desconocer a los demás. Niegan haber atentado contra la vida de un policía y relatan en qué condiciones fueron detenidos, muchos de ellos golpeados con gran violencia y trasladados a la SEIDO.

Laurence Maxwell, el chileno estudiante de Doctorado en Letras de la UNAM no salió con los demás. Él fue trasladado al puerto de Veracruz, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) verificó su situación migratoria, para liberarlo allí.

Tanto los abogados y los familiares como los detenidos, afirmaron que considerarán denunciar de manera penal a los policías por la violencia de la que fueron víctimas, así como por las falsas declaraciones que realizaron los agentes para detenerlos.

Libres, “guste a quien le guste”

Temprano en la mañana de este sábado enfrente de la sede del Tribunal Superior de la Federación de Xalapa –recubierta de mantas–, la tensión y el cansancio marcaban los rostros de la cincuentena de personas –abogados de los detenidos, algunos familiares y amigos, y grupos de activistas locales– reunidas para exigir la liberación de los detenidos. Algunas habían establecido ahí un plantón desde el pasado jueves.

Todavía no se conocía la situación jurídica de los jóvenes, ya que el juez tenía el plazo límite de mediodía para determinarla. Tal decisión era crucial: en un caso, los detenidos permanecerían en sus cárceles respectivas en espera de un juicio por los delitos que la PGR les imputó. En el otro caso, saldrían libres el mismo día.

También se encontraba toda una comitiva chilena conformada por el cónsul, el embajador, dos diputados, así como el padre y el hermano de Laurence Maxwell, a quien el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había designado como uno de los “más violentos” durante los disturbios del Zócalo.

El pasado viernes, el diputado chileno Daniel Nuñez formó parte de un grupo que se entrevistó con representantes de la SEIDO, del Gobierno del Distrito Federal y de la Cancillería para plantearles su “inquietud ante la detención de 11 jóvenes, por la gravedad de los casos y la ausencia de pruebas”.

Durante la reunión, los mexicanos admitieron que no tenían más que las declaraciones de los policías para inculpar a los detenidos. No tenían videos de los inculpados, ni les habían encontrado armas o proyectiles.

En el caso particular de Maxwell, los chilenos plantearon a los funcionarios mexicanos que en un video se veía al estudiante amarrar su bicicleta en el momento de la detención. “Una bicicleta no es un arma para pelearse con policías, al contrario, obstaculiza”.

A las 10 de la mañana se inició un mitin frente al tribunal, en el que los familiares, profesores y amigos se sucedieron para denunciar el encarcelamiento sin pruebas de los afectados.

Alberto Maxwell Canales, el padre del detenido chileno, aseveró que su hijo “es un creador: escribe, pinta, hace música”. Enseguida añadió que Laurence “sí es terrorista, porque amenaza al sistema, porque piensa y porque crea”, y concluyó: “Todos merecemos que salga alguien por esta puerta y nos diga que salen todos”.

Unos minutos después, mientras hablaba un profesor de Juan Daniel López Ávila, el cónsul chileno en México, José Agustín Jailiye, apareció en el marco de la puerta del edificio y caminó con un paso apresurado hacia el embajador de su país, Ricardo Núñez.

El cónsul le pasó un paquete de hojas, que el embajador leyó en voz alta: “Se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de”, y continuó. El diplomático terminó la lectura de los motivos y concluyó, con una larga sonrisa: “Todos salen libres”.

Una explosión de alborozo acompañó el anuncio. En las bocinas, conectadas a la batería de un 4×4 estacionado a un lado del tribunal, salieron cantos revolucionarios alegres.

Sumergidos en llamadas telefónicas, los abogados se congratularon. “Pon en Twitter, señalando a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: ¡Libres, guste a quien le guste!”, exhortó uno de ellos a una compañera, quien se carcajeó.

El titular de dicha dependencia, Jesús Rodríguez Almeida, aseveró el pasado lunes que durante el desalojo del Zócalo el 20 de noviembre, sus policías habían restablecido el orden con “gran valor, gallardía, responsabilidad”. Lo anterior, añadió el funcionario, “le guste a quien le guste”.

Según declaró Nuñez a proceso.com, la Cancillería sostuvo en la reunión del viernes “que ojalá y eso no perjudicara la relación entre ambos países (México y Chile), que estaba preocupada”.

Nuñez sintió que los funcionarios “sabían que cometieron un error, pero no se atrevieron a dar cuenta de ello porque sería asumir que actuaron de muy mala manera en este proceso”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTEJE ESPECIAL).

Detenidos del #20NovMx acusan torturas físicas y psicológicas; piden garantías

MÉXICO, D.F: Siete de los 11 detenidos el pasado 20 de noviembre durante la manifestación en el Zócalo, exigieron a los gobiernos federal y local garantizar su integridad física y psicológica debido a la tortura e intimidación que sufrieron por parte de las autoridades.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tras ser liberados este sábado, los jóvenes denunciaron que personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cometió varios abusos en su contra.

Acusaron que durante su detención se les condicionó contactar a sus abogados y familiares a cambio de que firmaran declaraciones y ser sometidos a pruebas periciales.

Señalaron que desde que fueron detenidos hasta su traslado a los penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit, fueron objeto de torturas físicas y psicológicas.

Atzín Andrade, estudiante de La Esmeralda, recordó que al momento de su detención en el Zócalo fue golpeado por policías en la cabeza y arrastrado al Palacio Nacional, de donde luego fue trasladado a la SEIDO.

Agregó que el trato que les dieron fue denigrante y que los amenazaron con desaparecerlos, “nos trataron como la peor escoria”, expresó.

Liliana Garduño consideró que su captura fue arbitraria ya que ella sólo acudió a la manifestación para tomar fotografías y que jamás le dijeron los motivos por los que fue detenida.

Los liberados afirmaron que sufrieron abusos verbales, aislamiento e intimidación de la policía e incluso obligados a firmar documentos que los les dejaron leer.

Otra de las jóvenes liberadas, Tania Ivonne Damián Rojas, llamó al presidente de la República, al secretario de Gobernación, al procurador de la República, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública del DF, al procurador del DF y a la SEIDO hacer un pronunciamiento en el que aseguren la integridad de sus familias.

Luis Alberto Muñoz, abogado del grupo de defensores que llevó el caso, dijo que con las detenciones de los 11 jóvenes se evidencia una estrategia para que los jóvenes no salgan a las calles.

Consideró que la detención de las 11 personas no fue un error sino una estrategia de incriminación.


Los liberados indicaron que participarán mañana en la marcha por el segundo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

jueves, 27 de noviembre de 2014

Los 11 detenidos el día 20 son estudiantes o trabajadores sin antecedentes penales

Se manifestaron de forma pacífica en el Zócalo, aseguran familiares y colectivos.

Los 11 detenidos el pasado día 20, quienes fueron consignad0s a penales federales de alta seguridad acusados, entre otros delitos, de motín y tentativa de homicidio, son estudiantes o trabajadores sin antecedentes penales, llevan una vida normal y sólo expresaban su inconformidad por lo que sucede en el país, según información recabada por el colectivo #YoSoy132Media, Subversiones AAC y familiares de los imputados.

Señala que la mayoría fueron capturados en las inmediaciones del Zócalo, no frente a Palacio Nacional, donde grupos de personas lanzaron diversos objetos, incluidas bombas molotov.

Hugo Bautista Hernández tiene 22 años. En las mañanas trabaja en un call center y por las tardes estudia sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene un hijo de tres años. Fue detenido junto con su pareja, Tania Ivonne Damián Rojas, en las inmediaciones del Zócalo. Según sus familiares, las autoridades le hicieron firmar una declaración y le tomaron muestras de sangre y las huellas digitales.

Tania, su compañera, tiene 21 años de edad. Estudia el tercer semestre de sociología en la misma facultad. Antes estudió artes plásticas. Familiares y amigos la definen como una joven inquieta y de mucho carácter. Al ser detenida fue golpeada por agentes de la Policía Federal.

Hillary Analí González Olguín tiene 22 años y estudia noveno semestre de ciencia política en esa facultad de la UNAM. Profesores y amigos la describen como reservada, constante, estudiosa, seria y nada grosera. Al momento que se dio la huida de miles en el Zócalo capitalino, la joven intentó correr, pero cayó. En ese instante fue alcanzada por elementos federales, quienes la patearon.

Estudiante de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto del Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal, Juan Daniel López Ávila tiene 18 años. Sus amigos narran que en medio de la trifulca gritó ¡No violencia!, pero la policía lo encapsuló y detuvo.


Liliana Garduño Ortega tiene 31 años, es madre soltera y estudia la preparatoria abierta en una escuela privada. Una de sus mejores amigas, Lían Adriel, asegura que trabaja muy duro para sus dos hijos. Ella fue a tomar fotografías de la protesta en el Zócalo para exigir la presentación con vida de los normalistas y, cuando vio que miles corrían intentando escapar de los policías, también quiso huir, pero tropezó y en el suelo le pegaron brutalmente en la cabeza con los toletes y a puntapiés.

Sociólogo, músico y escritor, Laurence Maxwell Ilabaca, chileno de 47 años, fue un activo dirigente estudiantil en contra de la dictadura de Augusto Pinochet. Actualmente es estudiante de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde está próximo a doctorarse. Es conocido por sus amigos y compañeros como Moro. Es estudiante de excelencia como dan cuenta las cartas de apoyo emitidas por su tutor de tesis y autoridades de posgrado.

Roberto Jasso del Ángel, de 20 años, ha sido tallerista en la casa de cultura de San Cristóbal Ecatepec, estado de México, y en el Museo Universitario del Chopo. Le gusta la filosofía y es un activista contra las injusticias.

Atzín Andrade, estudiante del quinto semestre de artes plásticas en la escuela La Esmeralda, tiene 29 años y es fanático de la música. Le encanta acampar, la cocina y siempre le ha gustado pintar. Algunos de sus amigos señalan que la del 20 de noviembre pasado era la primera marcha a la que asistía en su vida, iba con otros dos amigos, uno de ellos también detenido.

Isaac Domínguez, de 31 años, tiene estudios truncos de sicología en la UNAM. Actualmente trabaja en el bar del hotel Embassador de la ciudad de México. Planeaba ir a trabajar a Cancún para retomar los estudios. Es amante de la música y de la lectura. Fue detenido junto con su amigo Atzín cerca del asta bandera del Zócalo.

Luis Carlos Pichardo tiene 55 años, trabaja en producción cinematográfica y teatral. Estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Le gusta tocar la guitarra y tenía programado iniciar en diciembre los ensayos para la obra Estocolmo.


De la persona que menos información se tiene es de Francisco García, pues hasta el momento no han logrado contactarse con sus familiares. Sólo se sabe que tiene 46 años. En su declaración ministerial se asienta que acudió al Zócalo para escuchar a los padres de los normalistas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Emir Olivares Alonso y José Antonio Román

Sedena aclara fotos que relacionan a militares con encapuchados en marchas

Se agregó que el pasado 20 de noviembre, varios efectivos se trasladaron en vehículos militares del Campo Militar No. 1 al Campo Militar “Marte”, para presenciar la ceremonia de ascensos y condecoraciones.

La Secretaría de la Defensa Nacional emitió una “Nota Importante” y no un comunicado de prensa, donde aclaró que son “personas diferentes”, las que aparecen en fotografías, refiriéndose a un individuo vestido de civil encapuchado, abordo a un vehículo militar; uno de ellos, si es efectivo castrense y participó en un evento oficial y el otro, al que se le acusa a pertenecer a la milicia y que estuvo presente en las manifestaciones realizadas en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México.

Incluso en esta “Nota Importante”, en la cual no viene con el membrete de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero si difundida a través de su cuenta de Comunicación Social, sin mencionar medio informativo, se acusa de que “se ha querido confundir con personal militar” con este encapuchado.

De manera textual se precisó que “en relación a las imágenes que circulan en las redes sociales y que han sido retomadas por algunos medios de comunicación describiendo la supuesta participación de personal militar en actividades ajenas al Instituto Armado, la Secretaría de la Defensa Nacional informa que el elemento vestido de civil que fue fotografiado a bordo del vehículo militar con siglas 1502319, pertenece al sexto Batallón de Materiales de Guerra”.

Se agregó que el pasado 20 de noviembre, varios efectivos se trasladaron en vehículos militares del Campo Militar No. 1 al Campo Militar “Marte”, para presenciar la ceremonia de ascensos y condecoraciones en el marco del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana.  El elemento en cuestión retornó al Campo Militar No. 1 después de las 14:30 horas.

Por su parte, los hechos violentos en los que participó el individuo encapuchado que se ha querido confundir con personal militar, iniciaron aproximadamente a las 10:30 horas en la colonia Aviación Civil, a casi 19 kilómetros de distancia del Campo “Marte”. 


De lo anterior se concluye que las fotografías en cuestión corresponden a personas diferentes, se concluyó en la “Nota Importante”.

FUENTE: NOTICIAS MVS
AUTOR: FRANCISCO RUBIO.

Las heridas y golpes de los detenidos del #20NovMx “se las hicieron ellos mismos”: policías

Los uniformados declararon que "sin temor" a equivocarse arrestaron a los responsables de la violencia en el Zócalo del DF.

Los policías federales que detuvieron a 11 personas durante el desalojo del Zócalo capitalino, realizado al finalizar una manifestación por el caso Ayotzinapa el pasado 20 de  noviembre, declararon que arrestaron “sin temor” a equivocarse a los responsables de la violencia, y que las heridas que estos presentaban fueron causadas por “los objetos que ellos mismos arrojaban”.

“Realizamos una maniobra de encapsulamiento con el fin de asegurar a los agresores, mismos que al verse rodeados empiezan a querer romper el cerco azotando su cuerpo contra los escudos… Mismos sujetos que identificamos plenamente sin temor a equivocarnos… Algunos de ellos a simple vista presentaban lesiones provocadas por los objetos que ellos mismos arrojaban en contra de personal del Estado Mayor Presidencial y de los elementos de la Policía Federal que nos encontrábamos ahí, así como por los golpes que ellos mismos daban al equipo y escudo de protección”, declaró uno de los federales el 21 de noviembre, según el documento de la imputación formal en contra de los detenidos, que están presos en penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit.

Los elementos de la Policía Federal acusaron a Roberto César Jasso del Ángel de ser el principal agresor del policía Jorge Antonio Juárez Mauro, quien fue golpeado por un grupo de entre 16 y 18 personas, según el testimonio policial.

“Eran incitados por el sujeto ya mencionado manifestándoles: `vamos a matar a este pinche perro, (refiriéndose a nuestro compañero Jorge Antonio) que se los cargue la verga´. En ese momento se le van encima pegándole con un palo en la cabeza sobre el casco, hasta que por los golpes el casco se le cayó; percatándonos que muchos de sus golpes daban en el escudo y su equipo de protección causándose daños ellos mismos”, dijeron los uniformados.

Sin embargo, Jasso del Ángel –quien dijo ser el creador de la página de Facebook Colectivo Niqueman Moyolmaca, dedicada a difundir eventos culturales, artísticos y sociales– negó haber participado en los hechos violentos ocurridos en la Plaza de la Constitución la noche del 20 de noviembre, al terminar la marcha convocada para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado.

De acuerdo con una copia del pliego de consignación consultado por Animal Político, Roberto César Jasso del Ángel dijo que marchó junto con su colectivo desde el Monumento a la Revolución al Zócalo, adonde llegaron aproximadamente a las 19 horas. Durante el recorrido, dijo que observó “algunas personas empezaban a realizar pintas en las que se apreciaba la leyenda ‘Ayotzinapa’, también observé que pintaban la figura de anarquía, la cual corresponde a un círculo encerrando una letra ‘A'”

La narración de Jasso del Ángel continúa y describe cómo fue su detención en el Zócalo, la cual ocurrió luego de que se separó de su colectivo debido a la cantidad de gente que había en la plaza: 

“Me percato que a la gente que se encontraba delante de mí, del lado derecho, la venía siguiendo un grupo de granaderos. Yo me encontraba sólo en ese momento con mi novia Paola, por lo que decidimos quedarnos en el asta bandera tomando fotografías de lo que ocurría; fue en ese momento cuando el grupo de personas a la que venían siguiendo los granaderos de alguna manera nos alcanza y detrás de ellos el grupo de granaderos y fue donde me detuvieron…”

Tras esta declaración, la autoridad concluyó que hay “una confesión calificada divisible” de Jasso de Ángel porque aceptó estar ubicado en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la detención.

Según el mismo pliego de consignación, tras las declaraciones policiales, las autoridades concluyeron la “innegable” existencia de un “grupo o asociación” de personas con el objetivo de “perturbar el orden público con empleo de violencia o sobre las cosas, así como la tentativa de homicidio en este caso en perjuicio de Jorge Antonio Juárez Mauro”. 

Los detenidos son: Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Platlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian Garduño Ortega o Liliana Garduño Ortega y Tania Damián Rojas o Tania Ivonne Damián Rojas.

Los testimonios de los detenidos

Otro de los detenidos es el director de cine Luis Carlos Pichardo Moreno, de 55 años, que participó en la manifestación junto con integrantes del Círculo de Estudios del Museo de la Memoria Indómita. De acuerdo con el testimonio que dio un día después de su arresto, salió de la glorieta de ‘La Palma en un contingente de unas 50 personas que, de “manera pacífica y ordenada”, se incorporó  a la marcha que llegaría al Zócalo.

Pichardo Moreno, también escritor de teatro, contó que durante el recorrido en su contingente impidieron en un par de ocasiones que dos encapuchados se unieran a la marcha; también negó conocer a las personas identificadas como los agresores del policía Jorge Antonio Juárez Mauro y contó su detención en el Zócalo:

“Pacíficamente nos instalamos frente a la puerta principal de la catedral Metropolitana al altura del asta bandera,  ya estando ahí nos percatamos que en las vallas metálicas que resguardaban el frente del Palacio Nacional había grupos de provocadores que lanzaban cuetones, por esa circunstancia decidimos partir (…) empezamos a enrollar nuestras pancartas hechas en papel craft, y ponerles en bolsas de plástico, ya alistándonos para irnos (…)

“De pronto la multitud comenzó a correr hacia la Avenida 5 de mayo, al ver que las Fuerzas Antimotines de la Policía Federal, se aproximaban para disolver a la multitud, de una forma violenta por lo que decidimos correr también a tan solo unos metros de la esquina de Monte de Piedad y Plaza de la Constitución, fui alcanzado por el golpe de canto de uno de los escudos de la Policía Federal, lo cual me hizo caer al suelo, perder mis anteojos y ser golpeado en tres ocasiones por los puntapiés de los uniformados; uno de ellos incluso, al verme  dijo textual: ‘no le peguen, es un señor’, al notar mi edad me costó trabajo levantarme por el dolor de mi rodilla derecha y el cual fue examinado por el médico de esta Unidad y otro de los uniformados dijo: ‘no lo dejes ir, mejor llévatelo’, ya que algunos otros uniformados me daban la libertad de irme, entre dos policías me llevaron aplicándome una llave china hasta la calle de Corregidora, a un costado del palacio nacional y yo gritando a los camarógrafos que podía ver, mi nombre y que me estaban llevando preso”, declaró.

En el pliego de consignación también está la declaración de Francisco García Martínez, quien es casado y aseguró que su participación en la marcha fue solamente por solidaridad con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

“Estaban unos padres del problema de Iguala. Me solicitaron que si los asistía y asentí; desde que llegué siempre estuve en el templete y aproximadamente a las 20:30 horas observé que comenzaron a gritar algunos de los asistentes a la marcha consignas como ‘¡Muera Peña!’ al ver esto que se empezaba a poner feo la reacción de los que estaban en el templete fue bajarse”, sostuvo en su declaración ministerial del 21 de noviembre pasado.

García Martínez señaló que al intentar regresar a su casa fue testigo de empujones entre observadores de Derechos y Humano y granaderos, trató de intervenir y eso le costó la detención por la que, junto con otras 10 personas, se le acusa de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio.

“Pretendía retirarme a mi casa por Avenida Pino Suárez pero no pude pasar porque estaban los granaderos; de ahí me intenté ir por la calle 20 de noviembre, lo que tampoco conseguí y antes de llegar a la calle de Madero tomé más fotos y me di cuenta que venían de Madero hacia el Zócalo, dos policías del Distrito Federal con un joven ensangrentado a lo que saqué video y le pregunté gritándole su nombre, al ver la situación guardé mi celular y llegaron más granaderos y de forma violenta apartaron a una señora que sostenía al joven de un brazo de forma violenta, es cuando observé aproximadamente entre tres o cuatro personas de Derechos Humanos, mismos que le gritaron a los policías que no ejercieran violencia contra el joven, esto aproximadamente a las 22:30 horas; las personas de Derechos Humanos también fueron empujados por dichos elementos, a lo que yo les grité que no les peguen a los señores de Derechos Humanos y es cuando un granadero me sujeta del cuello a mis espaldas y me dice: ‘por metiche y puto’”, relató.

Hillary Analí González Olguín es estudiante de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tras su detención el pasado 20 de noviembre, aseguró que su participación en la marcha fue para documentar con fotografías la movilización para su proyecto de tesis. “Teniendo mi propio portal de internet, me dedico a difundir todo lo que es la cuestión de las marchas, aparte los movimientos sociales que estoy tomando son para la elaboración de mi tesis, ya que estudio Ciencia Política en la UNAM, de los cuales he participado en diferentes marchas”, dijo.

Hillary nombró  las cuentas en redes sociales con las que registra las movilizaciones a las que acudido desde hace dos años: “Mi página de Facebook que es princessitaflowstyle, también subo mis imágenes a mi página de Twitter @darkwitchemoxa; ahí es donde subo las fotografías de las marchas a las que he asistido en los últimos dos años. Siendo mi última participación en la marchas la del día de ayer veinte de noviembre de dos mil catorce, la cual me había enterado mediante redes sociales”.

Una vez dentro del Zócalo, Hillary González relató su detención y lo que pudo observar antes del desalojo de la plaza de la constitución.

Tras el inicio de los disturbios, “una vez que derribaron las vallas de seguridad la policía llegó a tratar de encapsular a las personas que nos encontrábamos en la plancha del Zócalo, por lo cual muchas personas al ver actos de violencia y al ver que los propios policías estaban rompiendo el cerco, muchos empezamos a correr, entre esas personas yo, que en una de esas correteadas me tropecé con una piedra y me caí, acto seguido llegó un grupo de seis policías a detenerme con golpes, con sus botas, sufriendo golpes en la cabeza, posteriormente me detuvieron dos policías y me separaron del resto de la gente”.

Antes de saber que Hillary estaba detenida en la SEIDO, su madre la creía desaparecida debido a que la llamó por teléfono para decirle que la estaban golpeando. “Ella me alcanzó a llamar, me alcanzó a decir: mamá me están golpeando. La busqué toda la noche, toda la mañana. Mi hija sí está dañada, está lastimada de un ojo, le patearon las costillas, cuando a mí me dijeron que estaba bien”, denunció el sábado 22 de noviembre.

Juan Daniel López Ávila, de 18 años, estudia el primer año de preparatoria en el Instituto de Educación Media Superior del plantel Iztacalco “Felipe Carrillo Puerto”; además pertenece al Frente Popular Francisco Villa, de acuerdo con su padre Juan Francisco López Nepomuceno. Este es el testimonio de su detención: “Me encontraba a unos metros de un templete de metal y empecé a gritar las consignas que era 1, 2, 3, hasta llegar al 43,  y gritaba justicia y también estaba cantando el himno nacional mexicano;  ya después los granaderos empezaron a avanzar al centro de la plancha y empecé a gritar ‘no violencia’, ya después los granaderos llegaron hasta un punto muy cerca de mi y yo y varia gente nos sentamos en el piso con la consigna de no violencia, después llegaron los granaderos hasta donde yo me encontraba y me rodearon con sus escudos y un oficial me agarró de cuello y me llevó hacia el Palacio Nacional diciéndome ‘maldito estudiante, ponte a estudiar’, me llevaron atrás de la fila de granaderos y me empezaron a pegar, me volvieron a levantar y rodeamos Palacio Nacional”.

Liliana Garduño, de 30 años, es estudiante de preparatoria abierta y asistió a la marcha acompañado de un amigo, al que identificó como Eduardo. Ella declaró:  “Recabando fotos a lo largo del camino de la manifestación llegando aproximadamente a las 21:15 horas a la plancha del Zócalo, continuando tomando fotografías percatándome que en dos ocasiones, un grupo de manifestantes corría desconociendo el motivo, por lo cual nos acercamos hacia el lugar donde estaban concentrados a efecto de ver lo que pasaba y tomar fotos; momento en el que percibí un humo blanco lastimando la garganta perdiendo de vista a mi compañero Eduardo, intentando localizarlo en el momento, volviendo a rociar el mismo tipo de humo seguí buscando a mi compañero y al momento que volteo y me doy cuenta que de frente hacia mí se acercaba un grupo de chicos corriendo, como queriendo salir de la plancha del zócalo; cayéndome al suelo por los empujones y al momento de levantarme vi los escudos de los granaderos, por lo que intenté salir de la plancha, cuando doy la espalda a los granaderos recibí un macanazo del lado izquierdo en mi cabeza, cayendo nuevamente al suelo, me levanto y me toman por detrás del cabello, tirándome y arrastrándome hacia unas vallas, donde me golpearon, pateándome y pegándome con sus macanas, rompiéndome el sostén; logrando escuchar que uno de los granaderos refiere que no me golpeen y que me lleven con los detenidos por lo que otro de los granaderos me toma por el cuello y me lleva agachada”.

Tania Damián Rojas es estudiante de 21 años de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El pasado viernes 21 de noviembre declaró cómo fue detenida en la plancha del zócalo junto con su novio, tras la jornada de movilizaciones del #20NovMx.

“Me trasladé aproximadamente a las tres de la tarde en compañía de mi novio Hugo Bautista Hernandez a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco,  adonde nos dirigimos a buscar el contingente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM (…) Al llegar a la plancha del Zócalo capitalino nos quedamos cerca del asta bandera con dirección a la calle de Madero platicando de lo que estaba aconteciendo en ese momento en la marcha, mientras que mi novio Hugo Bautista Hernández tomaba fotos de lo que íbamos haciendo durante la marcha; y en ese momento nos percatamos que aproximadamente a 30 metros se estaba dando un enfrentamiento entre policías y gente que se encontraba en la marcha, y de pronto vimos una capa de humo blanco por lo que mi novio y yo corrimos en dirección al lado opuesto del enfrentamiento, yo me tapé mi cara y mi nariz con mi palestina, pero con el humo y mucha gente que iba corriendo, perdí de vista a mi novio Hugo, y a los pocos minutos me alcanzaron unos policías y me jalaron del cabello arrastrándome por el piso unos cuantos metros”.

El padre de Damián Rendón es abogado y aseguró que, desde la detención, protestó por cambiar al abogado de oficio y encabezar la defensa de su hija, “pero me lo negaron sin fundamentos”.

“A Tania le dijeron: es mejor que cooperes o te voy a tener que imputar más delitos”, denunció su padre quien viajó a Nayarit el fin de semana, en cuanto supo que a las mujeres las trasladaron al Centro Federal Femenil “Noroeste”, ubicado en Tepic.

Tania gusta de pintar con óleo en sus tiempos libres, así como de asistir a sesiones de “música tipo africana, los fines de semana se sumaba a clases de este tipo de música” según su padre.

Enrique Damián mencionó que las tres mujeres detenidas tras el desalojo del Zócalo de la Ciudad de México, Hillary Analí González Olguín, Tania Damián Rojas y Liliana Garduño Ortega permanecerán bajo la defensoría de oficio.


“Actualmente ellas están en el área de observaciones y clasificación, separadas de población. Sin embargo mi hija sufrió tortura y vejaciones en todo momento, no sólo durante la detención, hay una foto que pude tomar cuando pasé a verla a la galera, donde se ve que fue golpeada”, aseguró.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Gonzalo Ortuño

Titular de la SSPDF debe rendir cuentas por represión el #20NovMx: Artículo 19

MÉXICO, D.F: En una carta abierta dirigida a Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), el coordinador del programa global de protección de Artículo 19, Ricardo González, exige que el gobierno capitalino transparente el proceso de decisión que desencadenó la represión policíaca de la manifestación del 20 de noviembre en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.

En su misiva, publicada en el portal Animal Político, González pide a Almeida que exponga los motivos de no advertir a los manifestantes que los granaderos estaban por desalojar el Zócalo capitalino, “como dictan los estándares internacionales en la materia”.

Al no hacerlo, la SSPDF “puso en riesgo la integridad física de las miles de personas que se encontraban ahí y pudo haber ocasionado una estampida o algo peor”.

Asimismo, González denuncia que “argumentar defensa propia para pretextar los abusos de la policía es simplemente una falacia autoritaria”, por lo que llama a Almeida a rendir cuentas.

“Que responda a las fundadas sospechas sobre la violencia institucional e institucionalizada que ejerce el personal a su cargo en el contexto de marchas y protestas sociales en lugares públicos”, reclamó.

El desalojo del Zócalo, abunda González, fue llevado a cabo por “una agrupación de granaderos mal entrenada, mal dirigida y que viola de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de manifestantes, prensa y transeúntes”.

Y acusa que Almeida “ha decidido olvidar” que cualquier respuesta policiaca debe aferrarse a los principios de proporcionalidad, gradualidad y racionalidad. De lo contrario, no se puede establecer una diferencia entre las autoridades y los autores de actos vandálicos.

González insiste en que la brutalidad policiaca representa “el recrudecimiento del patrón de represión” de los granaderos, cuya agrupación sufre de “bajísimas capacidades técnicas para la protección de los derechos e integridad física y psicológica de la ciudadanía”, así como de “condiciones laborales paupérrimas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE

Sedena rechaza que militares vestidos de civil hayan participado en disturbios del #20NovMx

MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó que personal militar vestido de civil haya participado en las provocaciones al final de la marcha del pasado 20 de noviembre por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, como se sugiere en fotografías que la noche del mismo jueves circularon en las redes sociales.

Aunque confirmó que ese mismo día un efectivo vestido de civil, encapuchado, iba a bordo de un vehículo militar, negó que hubiera participado en los enfrentamientos con la Policía Federal y del Distrito Federal en el Zócalo de la capital.

El choque provocado por los encapuchados dejó como saldo varios heridos y once estudiantes detenidos, quienes se encuentran presos en penales federales acusados de intento de homicidio y motín.

En un comunicado de prensa, la Sedena aseguró que el militar castrense vestido de civil que fue fotografiado a bordo del vehículo militar con número de identificación 1502319, pertenece al 6º Batallón de Materiales de Guerra y que fue captado cuando se dirigía al campo militar Marte “a presenciar la ceremonia de ascensos y condecoraciones” por el CIV aniversario de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con la Sedena, ese elemento regresó a su cuartel en el Campo Militar Número 1 después de las 14:30 horas, al término de la ceremonia en la que el presidente Enrique Peña Nieto salió en defensa del Ejército ante las críticas que ha recibido por la ejecución sumaria de presuntos delincuentes en Tlatlaya, en el Estado de México.

En su comunicación, la Sedena añadió: “Los hechos violentos en los que participó el individuo encapuchado que se ha querido confundir con personal militar iniciaron aproximadamente a las 10:30 horas en la colonia Aviación Civil, a casi 19 kilómetros de distancia del Campo Marte”.

La conclusión, dice la Sedena, es que las fotografías que circulan en las redes sociales y se han publicado en diversos medios corresponden a personas diferentes.

Asegura que las imágenes publicadas describen “la supuesta participación de personal militar en actividades ajenas al Instituto Armado”.

En la fotografía reconocida por la Sedena, el militar que viste pantalón de mezclilla y una sudadera gris con capucha va acompañado de otro militar vestido de civil, también encapuchado con una sudadera oscura.


En las imágenes de los encapuchados al término de la marcha del pasado jueves, aparece un encapuchado vestido de mezclilla y una sudadera gris arrojando una bomba molotov.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Nuevo grito en Reforma: “¡Alto a la represión, nos faltan 43 y ahora 11!”

Eran 43 y ahora ya son 11 más, los primeros desaparecidos y estos últimos en prisión por protestar por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Y un nuevo grito recorrió la avenida Reforma: “¡Alto a la represión, nos faltan 43 y ahora 11!” Un nuevo grito acompañado de otro ya conocido desde hace casi dos meses: “¡Fuera Peña Nieto!”

Tales eran las demandas de cientos de personas,  jóvenes en su mayoría, que marcharon el martes 25 del Ángel de la Independencia al Zócalo, en demanda de la liberación de los 11 detenidos el pasado jueves 20 durante los disturbios del Zócalo.

El contingente estaba integrado por familiares de los detenidos y también por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE), estudiantes de instituciones de educación media superior y superior e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.

En su trayecto, la marcha se detuvo durante varios minutos frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre Paseo de la Reforma para exigir la liberación de los presos políticos, entre los cuales están los 11 jóvenes detenidos el pasado 20 de noviembre.

“Queremos hacer presión, que no se olvide el caso de nuestros muchachos, porque el sábado ya es la resolución y la verdad sí tenemos miedo de lo que pudiera pasar”, comentó Edith Rojas, madre de Tania Ivonne Damián Rojas.

Agregó que las tres mujeres consignadas en el penal de Nayarit decidieron quedarse con su defensor de oficio.

Margarita Hernández, tía de Hugo Bautista, se dijo decepcionada de las autoridades mexicanas por detener a estudiantes.

“Yo creo que lo hicieron para que ya no protestemos”, consideró.

Detrás de los familiares se colocaron estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes portaban una lona que dice “43 + 11 justicia libertad”.

“Nos están tratando de restar fuerza a nosotros que como estudiantes luchando por la presentación con vida de nuestros compañeros“, comentó Omar García, de la Normal Raul Isidro Burgos.

Criticó que a jóvenes estudiantes los trasladen a cárceles de máxima seguridad, cuando la esposa de José Luis Abarca, ex Edil de Iguala, sólo fue arraigada.

Agregó que el Estado está apostando a desgastar sus protestas, pero en lugar de ello ha generado más movilizaciones.

En la marcha también se encuentra la madre de Bryan Reyes, quien fue detenido junto con su novia por policías federales vestidos de civil.

Los 11 detenidos son acusados de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio y están encarcelados en penales de Nayarit y Veracruz.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

miércoles, 26 de noviembre de 2014

De 43 a 11

Las marchas realizadas ayer en la Ciudad de México incluyeron una nueva exigencia: la liberación de los 11 detenidos en el Zócalo en 20 de noviembre, luego de las protestas por los normalistas desaparecidos en Iguala.

En las marchas del 20 de noviembre, donde miles de personas exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, 11 manifestantes fueron detenidos.

Ayer, las marchas fueron por ellos.

Desde temprano, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) alertó sobre dos contingente de estudiantes y organizaciones civiles que marcharían; uno de las inmediaciones del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino y otro grupo que se reuniría en el Monumento a Cuauhtémoc para marchar hacia el Ángel de la Independencia.

Durante las protestas –que fueron considerablemente menos intensas que las realizadas durante el aniversario de la Revolución- nuevos carteles y nuevas exigencias acompañaron a los manifestantes.

Las mantas incluyeron 43 + 11, en alusión a los detenidos el pasado jueves al final de la masiva protesta en el Zócalo de la Ciudad de México y las consignas fueron “libertad a los presos por luchar”.

La marcha fue encabezada por los padres de alguno de los detenidos, quienes reclamaron que sus familiares fueran transferidos a penales federales en Veracruz y Nayarit.

El domingo pasado, los 11 procesados se declararon inocentes de los cargos que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su contra: homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.

En un documento difundido por la defensa de los inculpados, precisa que las acusaciones por las que se encuentran consignados se sustentan en la declaración de cinco policías federales, quienes aseguran haberlos detenido en flagrancia.

Los abogados aseguraron que dichas acusaciones se sustentan “en escasa y endeble evidencia”.

“Cinco policías federales declaran haber detenido en flagrancia a once personas. El Ministerio Público sostiene que una de estas personas jaló de entre los miembros del destacamento a un policía, golpeándolo mientras incitaba a otros a causarle daño”, se lee en el documento. 

En entrevista con Milenio, Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que entre los argumentos a favor de los 11 detenidos está el hecho de que en sus testimonios los policías no logran ubicar a la persona que presuntamente jaló a uno de ellos para agredirlo, “ni hay otra prueba de ese hecho”.

Pese a eso, un juez de Veracruz negó el lunes la libertad bajo fianza a los ocho hombres y tres mujeres detenidos en las protestas, bajo el argumento de que están acusados por un delito grave.

En conferencia de prensa, insistió en que se debe dejar claro que la Ciudad de México de ninguna manera restringe, limita o está en contra de la libertad de expresión.

“Muestra de ello es que de octubre y un poco antes de octubre para acá, hemos tenido cientos de miles de manifestantes en la ciudad”, remarcó.

El plan que nunca se firmó

Laura Ballesteros señaló ayer la importancia que la CNDH se coordine con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la formación de un protocolo que atienda las marchas y manifestaciones en la Cuidad de México.

En conferencia de prensa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diputada panista indicó que esta coordinación permitirá resolver las problemáticas de las demandas para que éstas no se conviertan en marchas que alteren el orden público.

En 2012, las administraciones de Felipe Calderón y Marcelo Ebrard diseñaron un plan para atender marchas, bloqueos y plantones, sin embargo, no se firmó.

Este protocolo, que a más de dos años no se ha hecho oficial, establece lineamientos de actuación antes y durante una manifestación.

En septiembre del 2013, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés afirmó que impulsaría con el Gobierno Federal la firma de este plan. 

En enero, el funcionario aseguró que el documento ya estaba listo, y que lo había presentado ante el subsecretario de gobernación, Luis Enrique Miranda, para revisarlo.

Estará en condiciones para suscribirlo en el próximo mes de febrero, recalcó. Pero en febrero nada de eso pasó.

Ballesteros Mancilla lamentó que el protocolo siga en la “congeladora” y consideró preocupante que ambos gobiernos no estén avanzando en la firma del este documento.


“Aquí lo preocupante es que ambos gobiernos no estén avanzando en la firma de este protocolo, que sin duda de existir no hubiéramos tenido los problemas que ahora se están presentando con las detenciones que se han estado denunciando”, comentó.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.