Las protestas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fueron capaces de anular la llamada “Ley Eruviel”. Sin embargo, dentro de los artículos anulados el uso desmedido de la fuerza sí fue vetado por los ministros.
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miércoles, 29 de marzo de 2017
“Ley Eruviel” regresa al Edomex; activistas alertan que es un garrote al derecho a la protesta
Organizaciones civiles del Estado de México anunciaron una serie de acciones frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de devolver la llamada “Ley Eruviel” al Congreso del Edomex. Foros, propuestas legislativas alternas y pronunciamientos se realizarán de cara a las discusiones que se llevarán a nivel estatal con el propósito de que la ciudadanía sea incluida.
La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, propuesta por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas regreso al Congreso del Estado de México. Ahora organizaciones civiles pretenden seguir la discusión con el fin de impugnarla.
Las protestas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fueron capaces de anular la llamada “Ley Eruviel”. Sin embargo, dentro de los artículos anulados el uso desmedido de la fuerza sí fue vetado por los ministros.
Las protestas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fueron capaces de anular la llamada “Ley Eruviel”. Sin embargo, dentro de los artículos anulados el uso desmedido de la fuerza sí fue vetado por los ministros.
martes, 28 de marzo de 2017
Lamentan que SCJN no aprovechó para delinear el uso de la fuerza pública al discutir la “Ley Eruviel”
Así lo señaló el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, luego de rechazar los fallos sobre las acciones de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México (CDHEM) contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en esa entidad, denominada “Ley Eruviel”.
viernes, 24 de marzo de 2017
Corte avala uso de la fuerza para restablecer la paz y en contra de quienes emitan amenazas
Ministros que votaron contra Ley Atenco advierten sobre generalidad de la norma y abusos policiacos.
Los artículos de la llamada Ley Atenco que contemplan el uso de la fuerza pública contra manifestaciones, concentraciones, asambleas y multitudes que sean declaradas “ilegales o violentas” por autoridades del Estado de México, fueron avalados en sus términos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En una de las votaciones, el Pleno de la Corte decretó la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en Estado de México, el cual advierte que la responsabilidad de los operativos para desalojar o poner fin a manifestaciones, asambleas y concentraciones, recaerá exclusivamente en los mandos policiacos que tomen la determinación de actuar en contra de las personas.
En una de las votaciones, el Pleno de la Corte decretó la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en Estado de México, el cual advierte que la responsabilidad de los operativos para desalojar o poner fin a manifestaciones, asambleas y concentraciones, recaerá exclusivamente en los mandos policiacos que tomen la determinación de actuar en contra de las personas.
jueves, 23 de marzo de 2017
Corte valida uso de la fuerza previsto en ley Atenco del Edomex
Aunque la semana pasada resolvió que el uso de la fuerza no debe ser el primer recurso de los cuerpos policiales, el pleno de ministros le dio el aval constitucional al uso de la fuerza como se aprobó en la ley, al señalar que debe estar sujeto al cumplimiento del reglamento policial.
Divide a la Corte uso de fuerza policial en Edomex
La ministra Norma Lucía Piña Hernández aseveró que “dada la generalidad de la disposición y la ausencia de reglas precisas de actuación en estos casos, la manifestación podría ser considerada violenta y disuelta en violación al derecho de reunión y de expresión”.
jueves, 16 de marzo de 2017
La SCJN invalida artículo de la “Ley Eruviel” que permitía uso la fuerza contra manifestantes como primera opción
El articulo de la “Ley Eruviel” que permitía el uso de la fuerza como primera opción en contra de manifestaciones fue declarado inconstitucional. La reglamentación aprobada el año pasado por el Congreso del Estado de México fue cuestionado desde un inicio por activistas que acusaron un intento por legalizar la represión en contra de los opositores a las decisiones del Gobierno mexiquense.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró invalido el articulo de la ley del Estado de México que permitía como primera opción hacer uso de la fuerza en contra de las manifestaciones.
Esté día, el Pleno de la SCJN, por unanimidad, consideró inconstitucional el artículo 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida también como la “Ley Eruviel”.
Esté día, el Pleno de la SCJN, por unanimidad, consideró inconstitucional el artículo 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida también como la “Ley Eruviel”.
miércoles, 15 de febrero de 2017
La SCJN analiza avalar uso de la fuerza letal contra protestas en el Edomex
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza avalar el uso de la fuerza pública en el estado de México, sin importar que viole los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión, por la indefinición de concepto que permiten la actuación de las autoridades para controlar multitudes”, así como autorizar su uso arbitrario para imponer el orden y la paz social, con la posibilidad de autorizar el empleo de armas letales de los cuerpos policiacos en manifestaciones populares.
De acuerdo con el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaron las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de Derechos Humanos del Estado de México y diputados del Congreso mexiquense, el documento propone dejar abierta la posibilidad de que los discursos y/o expresiones políticas sean consideradas ilegítimas, lo que daría lugar a que la autoridad autorizara el uso de la fuerza en su contra.
El documento, que está listado para ser discutido en los próximos días, plantea dejar al arbitrio de la autoridad mexiquense determinar cuándo una manifestación es ilegal, lo que, según la CNDH, permite la calificación de peligrosidad con un criterio libre y ampliamente discrecional, lo que genera incertidumbre.
Del total de artículos que fueron impugnados por los quejosos, el proyecto sólo propone invalidar el 12, fracción III, incisos a y b, 24,25, 26 y 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, que se refieren al uso de armas intermedias para neutralizar la resistencia activa o agresiva, sin precisar a qué tipo de armas se refiere, dejando a discreción de la autoridad su uso; sobre la violación al derecho a la reinserción social y que el sistema penitenciario respete los derechos humanos, particularmente de los adolescentes.
Y los artículos que tienen que ver con la violación a los principios de necesidad absoluta y de última razón para el uso de la fuerza.
Sin embargo, el proyecto de Pérez Dayán valida artículos, como el 14, que autoriza a las corporaciones de seguridad emplear uso de la fuerza para controlar multitudes y disturbios públicos, sin que la norma precise cuándo y bajo qué circunstancias se considera que está alterado el orden y la paz social, como tampoco limita el tipo de armas, sean letales o no.
El documento rechaza los argumentos de la CNDH en contra del artículo 16, por autorizar expresamente el uso de la fuerza en contra de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas o ilegales, ya que la norma no precisa qué se entiende por violento o ilegal, dejando a discreción de la autoridad el uso de la fuerza.
Fuente: La Jornada
Autor: Jesús Aranda
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/15/politica/009n2pol
jueves, 28 de julio de 2016
Aplazan la entrada en vigor de “Ley Atenco” en Edomex
De acuerdo con el artículo segundo transitorio, la “Ley Atenco” debía entrar en operación a los 90 días hábiles posteriores a su publicación en la Gaceta de Gobierno, el pasado 18 de marzo.
Conforme a esa disposición, el nuevo ordenamiento tendría vigencia a partir de los primeros días de agosto. No obstante, a la fecha los ministros de la SCJN no han resuelto las impugnaciones contra la norma, promovidas por la Legislatura mexiquense y los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y De la Revolución Democrática (PRD).
Por esa razón, tanto el Ejecutivo estatal como la Junta de Coordinación Política del Congreso local plantearon posponer la entrada en vigor de la también denominada “Ley Eruviel”, hasta que quede firme el fallo de la SCJN sobre los recursos entablados.
Según los inconformes, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad contiene artículos que podrían violentar los derechos establecidos en la Carta Magna, como la libre manifestación.
Y es que conforme al capítulo 3, la fuerza pública podrá emplearse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos, se consideren ilegales y se vuelvan violentas.
Además, el artículo 23 posibilita la intervención de los cuerpos de seguridad en operativos de desalojo, lanzamientos y embargo, y el artículo octavo otorga a los elementos policiacos la posibilidad de usar armas de fuego en estos casos.
En tanto, el artículo 17 permite a los uniformados hacer una planeación antes de las manifestaciones, lo que ha sido interpretado como un permiso para el espionaje y la infiltración, hecho que atenta contra el derecho de libre asociación y reunión.
En abusos policiacos, la “Ley Atenco” exime de responsabilidad al gobernador del Estado de México y presidentes municipales, y la delega a mandos operativos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449033/aplazan-la-entrada-en-vigor-ley-atenco-en-edomex
viernes, 1 de julio de 2016
Narcoelecciones 2018 Plan G-El ruego de Atlacomulco
A raíz de las declaraciones recientes del gran indolente del estado de Mexico hacia periodistas esta plan puede considerarse.
Eruviel Avila ha demostrado ser el jefe de plaza mas servil hacia Peña Nieto, en sus apariciones ante los medios no pierde oportunidad de agradecerle las reformas que lleva a cabo.
Basta ver los comerciales del Edomex hechos a la usanza de mover a Mexico para comprender el mensaje; muchas gracias por su apoyo, sigamos trabajando juntos.
Este bajo perfil brinda simpatía a un producto como Peña Nieto.
¿Porque no ser parte del Gabinete?.
¿Porque ambicionar con mas?.
¿Este ruego es justificable?.
Por supuesto que lo es:
-El gobierno de Eruviel Avila es el bastión del PRI, la madriguera del voto duro del país,el cual incluso se usa para llenar estadios de fútbol,fortalecer mítines de otros candidatos y ofrecer grupos de choque en cualquier momento.
-Es cuna del periodismo hecho a modo para el gobierno,donde el periodismo independiente es un juego arriesgado,y aunque prácticamente no existe, también esta permitido censurar todo indicio de reportajes o revistas externas que empañen la administración actual.
-Primer lugar en feminicidios y trata de blanca en el país.
-Primer lugar en delincuencia y homicidios.
-Primer lugar en desapariciones forzadas y muertes de migrantes en el país.
-Estado de la República mas servicial hacia Televisa (el primer centro Teletón del país se encuentra en el municipio de Tlalnepantla).
-Estado mas represor,donde cualquier manifestación verdadera es prácticamente imposible (recordar también, el estado de Mexico, cuna de antorcha campesina, así como de mafias sindicales de transportistas y comerciantes).
- Estado predilecto de Eurotren Monoviga,OHL,HIGA,Nestlé y Coca Cola.
- Estado con el indice mas alto de deforestación en el país.
-Estado con el mínimo interés sobre cuidado ambiental.
-Estado donde el saqueo a cada municipio es impresionante,inclusive los comparsas que se encuentran en el área administrativa pueden quedarse sin sueldo ni prestaciones de ley por tiempo indefinido o total.
Pero aquí una de las razones de peso mas grandes para justificar el ruego:
-El estado de Mexico demuestra como nadie la mejor planeación para llevar a cabo los antojos y caprichos privatizadores de Peña Nieto (privatización del agua, carreteras privadas, explotación de recursos naturales, aeropuertos, trenes y compadrazgo desmedido) usando toda la fuerza bruta de los cuerpos de seguridad.
El estado de México,el lugar mas perfecto de la dictadura perfecta (que hace palidecer a los otros estados),el lugar sin inhibiciones y sin insurrecciones, la maquina bien aceitada de la partidocracia y el endeudamiento infinito, el bucle mas infame y controlado del país.
Es, pues, un ruego merecido hacia Peña Nieto, su mejor empleado ha dado todo por el.
martes, 3 de mayo de 2016
El caso Atenco: ¿laboratorio para un Estado contrainsurgente?
Los días 3 y 4 de mayo de 2006 se produjeron violentos enfrentamientos entre diversos cuerpos de las fuerzas de seguridad y ejidatarios de San Salvador Atenco, un poblado del Estado de México cercano a la capital del país. La refriega dejó como saldo inicial un muerto, decenas de heridos de ambos lados, una veintena de mujeres violadas por elementos de la fuerza pública y 217 detenidos, entre ellos nueve menores de edad.
Los hechos de violencia se desencadenaron cuando ocho floricultores temporaleros, que habitualmente comerciaban sus productos en la vía pública, a un costado del mercado Belisario Domínguez de Texcoco, cabecera municipal del Estado de México, se negaron a ser reubicados y fueron desalojados con excesivo uso de la fuerza pública por elementos de las policías municipales y estatales. Los floristas y unos 40 campesinos de Atenco que les daban apoyo solidario, entre ellos el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle, se atrincheraron en una casa y fueron sitiados por la policía.
Como consecuencia de la acción represiva se inició una escalada de violencia. Ante el sitio policial a sus compañeros en Texcoco, ejidatarios de Atenco bloquearon la carretera federal Lechería-Texcoco y en cinco ocasiones lograron rechazar a la Fuerza de Acción y Reacción del Estado de México y a elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que intentaron romper el retén. La muerte del menor Francisco Javier Cortés desató la ira de los atenquenses, que obligaron la retirada desordenada de las fuerzas de seguridad. Dos agentes rezagados fueron brutalmente golpeados por ejidatarios enfurecidos. Mientras tanto, en Texcoco, tras nueve horas de asedio, la policía estatal tomó por asalto la casa donde se habían parapetado los floricultores y sus aliados. Con gases lacrimógenos, golpes de macana y patadas, las fuerzas del orden redujeron a 28 personas, entre ellas a Ignacio del Valle.
Ubicada 16 kilómetros del centro de la Ciudad de México, Atenco es una localidad de 33 435 habitantes, en su mayoría campesinos ejidatarios que se dedican a la agricultura de subsistencia y al comercio formal e informal. El pueblo, que tiene una gran tradición organizativa y de lucha, cobró gran visibilidad pública en 2001, luego de que el gobierno de Vicente Fox decretara la expropiación de alrededor de 5000 hectáreas de tierra agrícola para construir una terminal aérea en la zona de Texcoco, alternativa al Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. La acción gubernamental se llevó a cabo sin consulta previa a los ejidatarios, a quienes las autoridades ofrecieron por sus tierras la cantidad de… ¡siete pesos por metro cuadrado! Luego se supo que lo que fue considerado “el megaproyecto” del sexenio foxista fue negociado con grandes empresas constructoras e inmobiliarias entre ellas ICA, Gutsa y el Grupo Martínez Hermanos.
Ante el decreto expropiatorio, en diciembre del 2001 un grupo de 500 campesinos formaron el FPDT e iniciaron un movimiento de resistencia y en defensa de sus tierras. Su herramienta de trabajo, el machete pasó hacer el símbolo del movimiento. Los gobiernos estatal y federal respondieron criminalizando y estigmatizando la lucha de los atenquenses. Para ellos contaron con la colaboración de las principales cadenas privadas de radio y televisión y de algunos medios impresos. Sin embargo, después de nueve meses de conflicto el gobierno federal se sentó en una mesa de diálogo y negociación con los ejidatarios, el 1 de agosto del 2002 las autoridades anunciaron la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco y la abrogación del decreto expropiatorio, que se oficializó con una publicación en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto siguiente.
El 10 de setiembre de 2002 el frente intentó transformar San salvador Atenco en un municipio autónomo y se instaló un consejo popular en sustitución del ayuntamiento local priísta. Pero el intento no prosperó. Con posterioridad, en el marco de una serie de negociaciones con representantes de los gobiernos federal y estatal, los campesinos de Atenco renunciaron a constituirse en un municipio autónomo a cambio de que las instancias de procuración de justicia, estatal y federal, enviaran a reserva 51 denuncias penales que se habían levantado en contra de integrantes del FPDT.
A partir de ese momento el FPDT adquirió carácter de actor político regional y se solidarizó con distintos movimientos sociales en México y en el exterior. También se adhirió a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los días 24 y 25 de abril de 2006 recibió al subcomandante Marcos en San Salvador Atenco, en el marco de La Otra Campaña.
Ocho días después se desencadenaron los hechos de violencia en Texcoco y Atenco. Con una particularidad: por la parte oficial intervinieron la autoridad municipal, en manos del Partido de la Revolucionario Democrática (PRD), el gobierno del Estado de México, cuyo titular Enrique Peña Nieto pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el gobierno federal, encabezado por el presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN).
Según consignó en un informe de observación el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., en la toma de Atenco el 4 de mayo, participaron 4 000 elementos de las policías federal, estatal y municipal –entre ellos 1500 elementos de la PFP, incluido el Grupo de Operaciones Especiales de esa corporación, y 1500 uniformados pertenecientes a la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mexiquense- para reducir a 300 civiles; una relación de 10 a 1. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, escopetas de sal, macanas, escudos, armas de fuego y un helicóptero. Los civiles usaron machetes, petardos, palos, piedras, bombas molotov y cañones de pólvora.
De acuerdo con el Centro Pro, la acción policial exhibió un uso excesivo de la fuerza pública, “no ceñido a los principios de proporcionalidad, absoluta necesidad y razonabilidad”, lo que se tradujo en la violación masiva de derechos humanos como consecuencia de allanamiento de morada; detenciones arbitrarias (no hubo orden de aprehensión ni flagrancia); la privación arbitraria de la vida de Francisco Javier Cortés, un joven de 14 años que murió de un impacto de arma de fuego calibre 38 especial, disparada por un agente de la policía estatal; un saldo de varios heridos de gravedad, entre ellos el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alexis Benhumea, quien fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno, disparado por un policía, que se le incrustó en la cabeza y le causó doble fractura de cráneo, por lo cual falleció el 7 de junio siguiente, y Arnulfo Pacheco, un parapléjico de 55 años, quien, pese a su discapacidad, fue golpeado “brutalmente” por elementos de la policía; agresiones y violaciones sexuales a 23 de las 44 mujeres detenidas, así como violaciones a los derechos procesales de los prisioneros. Además, las autoridades procedieron a la expulsión arbitraria de cinco personas de nacionalidad extranjera. Inicialmente fueron consignadas 189 personas por delincuencia organizada y algunos detenidos enfrentaron cargos de secuestro equiparado y ataque a las vías comunicación por el bloqueo de la carretera federal Lechería-Texcoco, delitos considerados graves, por lo que fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de La Palma.
ATENCO Y EL TERROR BENIGNO
La violencia en México es fascinante. Todos la condenan y, sin embargo, aparece en todas partes. Nos atrae y, a la vez, nos horroriza. La violencia gira en redondo: un día explota en Ciudad Juárez, al día siguiente en Acapulco, Nuevo Laredo o Santa Fe. Ha pasado por Ciudad Lázaro Cárdenas y San salvador Atenco. Pasó por aquí, pasará por allá. Es el juego de las prendas. Un círculo perverso de violencia y contraviolencia, de terror y contraterror, envuelve a todo el país. Violencia oficial. Violencia del crimen organizado. Violencia de los de abajo en respuesta y/o en venganza de la violencia estatal. Con un agregado: dado que en julio de 2006 habría elecciones en México, el círculo de violencia deshumanizada se alimentó y retroalimentó con campañas de odio yguerras sucias mediáticas, dirigidas a preparar el voto del miedo, como en 1994 y 2000.
Durante los sucesos de Atenco y los días subsiguientes, como antes en el caso de los mineros de Sicartsa, la mayoría de los medios informativos, y no pocos conductores, columnistas y editorialistas “estrellas”, se unió en una campaña de linchamiento orientada a forjar ante la opinión pública una imagen de los atenquenses como intrínsecamente violentos y levantiscos. Desde las siete de la mañana del 3 de mayo, los noticieros del duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca), medrando con el escándalo, se dedicaron a tergiversar los datos y a calumniar a las víctimas de la violencia oficial, tratando de hacer pasar por información objetiva lo que en realidad era propaganda interesada. Incluso, los “comunicadores” de la televisión y la radio llegaron a sugerir que el conflicto podía estar vinculando a la presencia del subcomandante Marcos en la capital del país, lo que alimentaba la hipótesis de la “subversión” deslizada en los medios por los altos mandos de los organismos del Estado.
Imbuidos de un “deber patriótico” de claro sesgo reaccionario, los medios y sus empleados utilizaron como tantas veces antes un doble estándar o rasero que confunde a la audiencia, al ciudadano común, que no puede distinguir esas duplicidades y que a fuerza de escuchar la “verdad oficial” la hace parte de su “opinión personal”.
Nunca está de más repetir que la propaganda es el principal procedimiento de acción psicológica e incluye la manipulación y el engaño intencional (la mentira deliberada) en el discurso público. La acción propagandística consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva y de técnicas psicológicas afines, con el objetivo de alterar y controlar opiniones, ideas y valores.
Fuente: Somos el Medio
Autor: Carlos Fazio
http://www.somoselmedio.org/article/el-caso-atenco-%C2%BFlaboratorio-para-un-estado-contrainsurgente
miércoles, 27 de abril de 2016
Admite la Corte acciones contra 'ley Atenco'
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió tres acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley Atenco, aprobada por los diputados del estado de México, referente al uso de la fuerza pública en esa entidad.
El ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán notificó a las Comisiones Nacional y del Estado de México de Derechos Humanos, así como a los diputados mexiquenses que sus respectivas demandas serán resueltas por el máximo tribunal del país.
Es la primera vez que los integrantes de una legislatura que aprobaron una norma acuden ante la Suprema Corte para que ésta determine si es constitucional o no.
La ley en la materia contempla que sean las minorías parlamentarias las que acudan al máximo tribunal cuando consideran que una norma, aprobada sin su apoyo, es inconstitucional.
Tras las protestas que suscitó la norma, diputados locales acudieron el ocho de abril pasado a la Corte para presentar su acción de inconstitucionalidad; posteriormente lo hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM).
Entre los argumentos que esgrimen las comisiones en contra de la norma, acusan a los diputados locales y al ejecutivo de la entidad. Eruviel Ávila, de pretender "legalizar la represión y blindarse jurídicamente ante los atropellos que prepara contra quien se organice y manifieste pacíficamente en el estado de México".
También señalan que la ley permite desde el uso de esposas rígidas hasta le operación de armas de fuego contra manifestantes, el espionaje e intervención oficial en asambleas públicas de los pueblos organizados.
Por ejemplo, si el jefe de seguridad pública de una región considera "ilegal" alguna manifestación en un lugar público, la ley permitirá que los policías actúen contra los manifestantes, e incluso si quienes protestan intentan escapar, se podría disparar contra ellos.
Afirman los quejosos por separado que la ley no precisa alguna sanción administrativa, civil ni penal contra elementos que cometan excesos en el uso de la fuerza pública, y se rompe la cadena de mando, eximiendo así de responsabilidad alguna al gobernador y alcaldes, y la delega apenas a los mandos operativos la responsabilidad por los hechos.
El ministro Pérez Dayán ya notificó a las partes involucradas para iniciar el procedimiento, aunque no hay plazo para que el asunto sea resuelto por el pleno de ministros.
Fuente: La Jornada
Autor: Jesús Aranda
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/27/admite-la-corte-acciones-contra-ley-atenco
domingo, 24 de abril de 2016
"Lo único que hacemos es defender nuestra tierra", Atenco
Pobladores de San Salvador Atenco e integrantes delFrente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), acudieron este sábado 23, cerca de las 11:00 horas a tierras ejidales, donde denunciaron la llegada de maquinaria para dar inicio a la obra del nuevo aeropuerto, así como de una “Ciudad Futura”.
martes, 19 de abril de 2016
Ahora la CNDH promueve acción de inconstitucionalidad contra “Ley Eruviel”
En un comunicado, el organismo indicó que reconoce y apoya la necesidad de regular el uso de la fuerza pública por parte del Estado que si bien “sirve para garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas”, también “debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos”.
Desde la publicación de la ley, el pasado 18 de marzo en el Periódico Oficial del Estado de México, añadió, la CNDH se dio a la tarea de analizarla de manera integral, contrastándola con la Constitución y los instrumentos internacionales que existen en la materia.
De esa revisión, abundó, detectó algunas posibles inconstitucionalidades y algunos de esos elementos coincidieron con los argumentos planteados en solicitudes de promoción de acción de inconstitucionalidad que presentaron ante la CNDH diversos organismos políticos y no gubernamentales, a las que les preocupa la restricción a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros.
Asimismo, refirió, recibió la solicitud de revisar la ley por parte del Ejecutivo y del Congreso del Estado de México que también interpusieron una acción de inconstitucionalidad.
La CNDH destacó que en el análisis de la citada ley, trabajó en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con la que coincidió en el tratamiento de las temáticas.
El organismo nacional señaló que la Corte, “como último y máximo intérprete de la Constitución”, decidirá sobre la validez de la norma impugnada o sobre su interpretación.
“Con la correspondiente definición que el Supremo Tribunal haga, existirá certeza jurídica, tanto para los elementos de las instituciones de seguridad encargados de aplicar la ley, como para las personas que de manera libre ejerzan sus derechos humanos”, subrayó la CNDH en su comunicado.
El pasado 6 de abril el gobernador priista reculó y solicitó a la Legislatura mexiquense promover ante la Corte una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Atenco que él mismo alentó.
Y según dijo, reconoció que su determinación surgió tras escuchar las voces que se han pronunciado en contra de la Ley Eruviel.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437577/ahora-la-cndh-promueve-accion-inconstitucionalidad-contra-ley-eruviel
lunes, 18 de abril de 2016
En curso una embestida oficial contra movimientos sociales y para imponer leyes represivas
Esta semana que termina fue pródiga en violaciones a los derechos humanos sobre todo en el Estado de México y en Michoacán, como botones de muestra de cómo por un lado se hace caso omiso de la legalidad y por otro se busca adecuar las leyes para sostener un Estado represor pero alegando el acatamiento de leyes que, como en 1968 los artículos 145 y 145 bis del Código Penal que tipificaban el delito de “disolución social”, justifiquen, como entonces, atropellos, desmanes policiacos, crímenes de Estado incluso, en aras de una “paz pública” ideal para las clases acomodadas y el poder político absoluto, que era el priista.
A la par de acciones represivas en las que participan policías estatales y el ejército, se desarrollan campañas en los medios oficialistas para criminalizar las luchas sociales de resistencia de los pueblos contra los despojos de sus tierras y aguas o como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, por su presentación con vida y por justicia o como en la lucha de los normalistas de Tiripetío, Michoacán, por el pago de sus becas que les adeudan los gobiernos estatal y federal desde 2015. Esto conforma una tendencia grave y preocupante que no es local sino nacional.
Así, el lunes 11, la policía del estado de México atacó en el pueblo otomí de Xochicuautla el Campamento de la Digna Resistencia, violando dos amparos para suspender las obras y medidas precautorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Allá unos 800 policías golpearon a quienes desde hace cinco años han impedido que pase por sus tierras la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a cargo de una de las empresas del grupo Higa, la constructora que edificó la Casa Blanca presidencial, protegiendo al personal de esa empresa que destruyó la casa de uno de los integrantes del Consejo Supremo Indígena del pueblo y el campamento de protección del bosque.
El martes 12, el ejército entró en tierras ejidales de San Salvador Atenco, escoltando una cuadrilla de trabajadores de una de las empresas privadas encargadas de la construcción de un nuevo Aeropuerto para la ciudad de México, pese a que también tienen ganado un amparo. Los militares incluso apuntaron con sus armas a los atenquenses que se oponían a la entrada de dichos trabajadores.
El mismo martes, en Tiripetío, Michoacán, la policía reprimió a estudiantes de la normal de ese lugar, con saldo de varios estudiantes heridos. Medios oficialistas responsabilizaron a los estudiantes de la quema de varios vehículos pero ellos, según reportó el sitio web Desinformémonos, señalaron que los normalistas no son ni vándalos, ni narcos y que están reclamando por los 8 millones de pesos los gobiernos de Michoacán y el federal les adeudan, desde septiembre de 2015, de las becas alimenticias y las de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de los últimos dos semestres de la carrera. Denunciaron que fueron policías los que incendiaron los vehículos como se ve en fotos que circularon vía internet.
Respecto a lo ocurrido en Xochicuautla y Atenco, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero señaló que fue la primera puesta en práctica de la Ley Eruviel -denominada así por el apellido del gobernador mexiquense- recientemente aprobada. Estos pueblos son además integrantes de El Fuego de la Digna Resistencia, una coordinación fundada por diversas organizaciones y cientos personas para hacer frente a dicha ley que permite el uso de fuerza letal en manifestaciones públicas, sólo con la decisión de las jerarquías policiales que realicen los operativos, dejando a un lado la responsabilidad de las autoridades estatales de mayor jerarquía.
Dicho centro analizó el ataque en Xochicuautla señalando que la empresa HIGA “está desesperándose porque el tiempo pasa y no logran imponer la carretera”. Entre los que se mencionan en Xochicuautla hay complejos de cabañas residenciales y hasta un club de golf.
Pero además, indicó, el Zeferino Ladrillero, hay urgencia del gobierno de Eruviel Ávila, de avanzar en proyectos que considera clave, “antes que la resistencia tire no sólo la ley represiva, sino los proyectos de despojo que tiene proyectados a lo largo de todo el estado de México”.
Fuente: Desinformémonos
Autora: Rosa Rojas
http://desinformemonos.org.mx/en-curso-una-embestida-oficial-contra-movimientos-sociales-y-para-imponer-leyes-represivas/
martes, 12 de abril de 2016
El PRI nos quiere fuera, pero ni con su gas lacrimógeno nos sacará: vecinos de Xochicuautla
San Francisco Xochicuautla, Estado de México, 12 de abril (SinEmbargo).– Los habitantes de la comunidad San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, anuncian resistencia pacífica luego de que ayer por la mañana 700 elementos policiacos arribaran al pueblo con el propósito de demoler una casa, como parte del proyecto carretero Toluca-Naucalpan de Grupo Higa.
Sin orden judicial, representantes del Gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila Villegas, se presentaron en el poblado de no más de 6 mil habitantes, ubicado dentro del municipio de Lerma.
En una mañana, la familia García vio esfumarse los bienes que había acumulado durante toda su vida. Alrededor de las 10:30 horas la llegada de la fuerzas de seguridad ya conformaban una valla serpenteada sobre el cerro donde vivía el doctor Armando García, una de las tres autoridades locales.
“Subieron cuatro camionetas 4×4 y nosotros nos quedamos ahí en la casa. Y en eso vimos como una máquina empezó a llegar. Yo me subí al tercer nivel y en eso empezaron a patear la puerta. Se escuchaba mucho ruido “, relató Selene Romero Gil, familiar del afectado, en entrevista con SinEmbargo.
El lugar en la mayoría de habitantes se dedica a la albañilería o al trabajo del campo fue tomado por sorpresa, sin opciones a auxiliar a los miembros de la comunidad afectados.
“Yo venía de trabajar, a eso de las 12 y media, cuando me percaté de que había muchos elementos de seguridad”, dijo Luis Antonio Baltazar Lucas, oriundo del sitio.
“Nos vinieron a provocar. Y una mujer policía me pateó”, dijo María Isabel Hernández García, miembro del Consejo Supremo, el órgano de autoridad local.
El desplome de la edificación conocida por los lugareños como “El castillo” fue lento.
“Ya no nos dejaron hacer nada mientras la derrumbaban. Después, desde una capilla que estaba arriba de la casa [colina arriba], empezaron a tirar gas lacrimógeno, lo que hizo que la gente corriera”, relató Romero a punto de llorar.
Más de dos horas tardó la maquinaria custodiada por la policía estatal en transformar el paisaje en nada más que escombros. Un hecho que acusaron los vecinos es ilegal, ya que en febrero se interpusieron dos amparos aún no resueltos: el registrado con el número 1117/2015 y también el 1123/2015.
No obstante, una persona que se presentó como Luis Enrique García encabezó las obras de derrumbe tan sólo con el decreto de expropiación, acusaron los vecinos.
Sergio García, hermano de Armando, lamentó el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tiempo atrás había otorgado alarmas de pánico por la resistencia pacífica que lleva más de siete meses en contra de la carretera de Autovan-Teya, filial de Grupo Higa.
“Las sonamos pero no llegaron en nuestro auxilio, sino hasta muchas horas después”, dijo a este medio.
Los habitantes apuntaron que esta sería la cuarta casa demolida y que la última construcción fue removida en julio. Sin embargo, en todos los casos anteriores decidieron vender en vez de oponer resistencia.
Esta amenaza a los bienes patrimoniales que siguen en el trazo de la carretera, dijeron, no han querido ser atendidas por las autoridades municipales.
“Desgraciadamente aquí está gobernando el PRI [Partido Revolucionario Institucional] Y sabemos que es Peña Nieto, y aquí nunca ha habido ningún apoyo. Y aquí en la comunidad, Mario Villavicencio, el ex presidente de Bienes Comunales apoyó estas obras a espaladas de la población en el trienio pasado”, dijo Sergio García.
Tras la retirada de los policías al filo de las cinco de la tarde, vecinos y voluntarios llegados de la Ciudad de México ayudaban a la familia afectada a buscar objetos de valor entre los escombros.
“De aquí no nos vamos a ir. Vamos a seguir con el campamento de resistencia pacífica”, dijo Romero. Hasta ahora los turnos de personas en resistencia oscilan entre las 20 y las 50. Familiares aseguraron que esperan que una denuncia interpuesta en la Procuraduría General de la República (PGR) esta tarde provoque la reparación de los daños causados.
Organizaciones civiles nacionales e internacionales condenaron las acciones de “represión y desalojo cometidas” en contra de los pobladores de San Francisco Xochicuautla y exigieron que se respete la suspensión de las obras concedida al pueblo otomí.
“Éste tipo de actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ‘Ley Eruviel’, habilitar el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública”, señalaron a través de un comunicado las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).
El pasado 9 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad. Los pobladores consideran que la obra, concesionada a una empresa del Grupo Higa, violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó sobre el proyecto. La construcción de la obra fue cedida en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, en busca de su cancelación definitiva.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Juan Luis García Hernández
http://www.sinembargo.mx/12-04-2016/1647146
miércoles, 6 de abril de 2016
Pide Eruviel acción de inconstitucionalidad… contra su Ley Atenco
LERMA, Edomex: El gobernador priista Eruviel Ávila reculó y solicitó a la Legislatura mexiquense promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Atenco que él mismo alentó.
El mandatario mexiquense reconoció que su determinación surgió tras escuchar las voces que se han pronunciado en contra de la también llamada Ley Eruviel.
“Un gobierno democrático escucha a la gente, todas las voces, aunque no estemos de acuerdo; ya canalizamos sus demandas”, justificó.
Por esta razón, adelantó, “he solicitado, con profundo respeto y ánimo de colaboración entre poderes –a los coordinadores parlamentarios– promuevan una acción de inconstitucionalidad respecto de esta ley”, anunció.
Ávila Villegas indicó que tuvo que recurrir a esta vía porque la Constitución no faculta a los Ejecutivos locales a promover esa figura.
“He solicitado a los diputados locales la promuevan, no porque considere que esta ley viola la Constitución, nosotros la promovimos, sino porque es la única vía para pedir a la SCJN que la revise y verifique si es respetuosa de los derechos humanos y los argumentos vertidos son correctos”, reconoció.
Esta acción, aseguró, ya fue consensuada con los coordinadores parlamentarios, con la finalidad de que sea la Corte la que oriente, establezca un parámetro y emita la verdad jurídica sobre los límites, candados y sanciones en el uso de la fuerza pública.
Esta promoción, afirmó, será paralela a la solicitud planteada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que revise el contenido de la ley.
Adicionalmente, Ávila Villegas indicó que el secretario general de Gobierno ya está preparando una iniciativa para que los Ejecutivos tengan la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad.
También recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó el 31 de diciembre pasado la regulación del uso de la fuerza pública, establecer protocolos por ley para regularla y no dejarla a criterio del comandante en turno, del comisario, del elemento o del policía, porque ese escenario es el más favorable a la violación de los derechos humanos.
Derogación parcial
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhem), Baruch Delgado, adelantó que a más tardar el próximo lunes el organismo dará a conocer si promoverá alguna iniciativa de reforma o acción de inconstitucionalidad, pero aclaró que en ambos casos será parcial, es decir, sólo habrá algunas consideraciones.
Los artículos octavo –relacionado con el uso de armas letales–, 12, 14, 15, 16, 17 y 19 –del capítulo de manifestaciones, asociaciones y reuniones– son los que, indicó, se sugerirá sean derogados.
El resto de la norma, consideró, no es necesario modificarla, pues los organismos internacionales han propuesto regular el uso de la fuerza pública.
El ombudsman mexiquense precisó que a la fecha ha recibido tres solicitudes de revisión de esta norma, remitidas por parte de los partidos Acción Nacional (PAN) –que avaló la iniciativa–, Morena y PRD.
Ninguna organización civil, precisó, se ha acercado a la Comisión con esta finalidad.
Aunque el dictamen aprobado por los diputados locales afirma en su texto que la Codhem participó y dio su aval al ordenamiento, Delgado Carbajal precisó que el organismo a su cargo no recibió alguna petición de análisis previo a la aprobación, ni tampoco dio su visto bueno porque no existe marco jurídico que así lo obligue.
El día en que los integrantes del Poder Legislativo discutieron la iniciativa, recordó, la bancada panista pidió la presencia de uno de los visitadores del organismo, pero ese mismo día se aprobó, “entonces no tuvimos oportunidad de emitir una opinión o hacer un análisis sobre el particular”.
Lo único que quedó establecido en la ley, dijo, es que la Codhem estará atenta para recibir quejas o denuncias por cualquier violación a derechos humanos que puedan cometer los funcionarios en su aplicación.
“Mentiras”
Ana Yurixi Leyva, secretaria general del PRD en la entidad, acusó que el gobierno del estado mintió en busca de legitimar esta ley, al asegurar que tenía el visto bueno del alto comisionado de las Naciones Unidas y de la Codhem.
La dirigente partidista adelantó que en días próximos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) se reunirán con el alto comisionado de la ONU, con el objetivo de aclarar si el organismo respalda el ordenamiento, como lo aseguró Luz María Zarza, consejera jurídica del gobierno mexiquense.
La duda, expuso, surge tras la consulta de un medio de comunicación, al que la oficina internacional señalada le aclara que no tuvo la oportunidad de revisar la propuesta, por tanto no compartió comentarios ni apreciaciones sobre esta norma.
“Hay medios que hicieron ya la consulta, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU responde categóricamente que no tuvo la posibilidad de hacer una revisión de dicha iniciativa, por lo tanto, no compartió con las autoridades del Estado de México ningún comentario ni apreciación sobre la misma”, aclaró.
El acercamiento, dijo, además servirá para que la ONU exponga sus observaciones con la finalidad de enriquecer la ley.
Javier Salinas, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, puntualizó que sólo sesionó una vez la comisión para dictaminar, pero no se realizaron ocho reuniones con los diputados locales, como lo aseguró el secretario general de Gobierno, José Manzur.
También confirmó que la Codhem no participó activamente ni dio su aval al ordenamiento, como se asegura en el dictamen, pues el primer visitador sólo se reunió con los diputados del PAN.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
jueves, 31 de marzo de 2016
PRD pide a CNDH actuar contra ley de fuerza pública en Edomex
El PRD planteó que la norma viola a todas luces los derechos humanos, tales como de libertad de expresión, así como de legalidad y certeza.
Además que "deja entrever la gravedad y evidente transgresión al derecho a la asociación y reunión sin justificación legal".
El presidente del partido, Agustín Basave, pidió a González Pérez que haga uso de sus facultades para la acción de inconstitucionalidad que permita derogar la norma.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E. MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/31/prd-pide-a-cndh-actuar-contra-ley-de-fuerza-publica-en-edomex-259.html
“La sorpresiva participación de la “izquierda” del PRD, colaboró en la arbitrariedad de la Ley Atenco, denuncian
En días anteriores se daba a conocer que el documento de la llamada Ley ‘Atenco’ y/o Ley ‘Eruviel’, se enfocó en el uso de la fuerza en cualquier momento, si bien es cierto, hubo un diputado perredista que agregó: ‘cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso de armas letales’, no existe una mayor diferencia, porque en su conjunto ese artículo es ambiguo.
Porque quienes determinarán si se debe o no usar la fuerza pública, porque es ‘inevitable’, serán los elementos policiacos, así que ellos pueden prácticamente decidir bajo su decisión abierta lo que para ellos es ‘necesario’, en eso justamente debieron pensar los de izquierda perredista, si tuvieron la oportunidad de modificar el documento, debieron en primera participar en uno que hablara de la regulación de la fuerza pública que daría como resultado, verdaderas limitantes a los elementos de seguridad pública, pero esto abiertamente se lee represivo, dan vía libre y no hicieron nada para eliminar dichos conceptos, el PRD no puede jactarse que contribuyó a cambiar algo, que sigue siendo ambiguo y de libre interpretación y es libertad se le otorga a los elementos policiacos que, los hechos demuestran, son, en la mayoría de los casos, tan peligrosamente violentos como los mismos delincuentes”, asevera a Revolución TRESPUNTOCERO la abogada penalista Sofía Astorga, especialista en Derechos Humanos y colaboradora de HRW en España.
La llamada Ley ‘Eruviel’, explica la especialista, tiene distintas ‘deficiencias’ que se engloban en la falta de definiciones precisas, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la inclusión de causales de uso de la fuerza que, “aún con la ‘supuesta’ limitante que indica el diputado perredista, resultan excesivamente amplias, nuevamente a la mujer se le deja en el olvido, no existe con la ausencia de perspectiva de género y la falta de persecución efectiva de la tortura sexual, física y psicológica, solamente por mencionar algunas de las tantas fallas por las cuales está plagada”, agrega.
Según el marco internacional de derechos humanos, el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso para las autoridades, y solo está autorizado ante ciertas circunstancias de carácter excepcional. “Sin embargo, el artículo 40 de la iniciativa contraviene esta obligación al establecer que; ‘el que el uso de la fuerza sea el último recurso no significa que no podrá usarse como primera opción’ cínica y descaradamente, Ávila y quienes votaron a favor de esta ley envían a una serie de daños graves físicos y mortales a la población que ve en la manifestación un desesperado recurso por ver cumplidos sus derechos”, dice Astorga.
En opinión del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, “la calificación de manifestaciones como violentas supone la criminalización de todas las personas participantes de una de ellas y podría generar el incentivo perverso de crear deliberadamente incidentes violentos contra manifestaciones para legitimar la posterior represión policial”.
Sobre el tema, el diputado de MORENA, Marco Antonio Ramírez, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, que “un partido de izquierda que se posiciona a favor que se violen los derechos humanos no se puede decir que pertenece a esta corriente. Porque la izquierda en el país y también en América Latina está forjada a partir de movimientos sociales, por eso una institución política con dicha ideología evitaría una decisión así, en este caso prácticamente acepta reprimir los movimientos y manifestaciones, eso de ninguna manera es izquierda.
Afortunadamente, en el Estado de México el único partido de izquierda votó en contra, Morena actuó en consecuencia a su línea política. Porque es muy fácil decirse de izquierda pero es en las votaciones y en las acciones es donde realmente se demuestra. El PRD por una cuestión política quieren seguir diciéndose de izquierda, sin embargo siguen votando con el régimen, siguen votando con la derecha”.
El legislador afirma que, en la exposición de motivos de dicha ley, se dice que hay que legislar para regular el uso de la fuerza pública, “lo cual es algo que se ha estado buscando a nivel nacional e internacional, el problema con el Estado de México, es que bajo ese pretexto, nos presenta una ley que legitima el uso de la fuerza pública, jamás lo regula.
Por el contrario violan los derechos humanos. Nos están mostrando es una ley de legitimación del uso de la fuerza pública, porque en el Estado de México las manifestaciones siempre han sido reprimidas con gran coraje, sin duda alguna se requiere una ley que detenga este tipo de fuerza en la entidad, pero jamás una que legitime el uso y abuso de la fuerza pública”, sentencia el legislador.
Desde 2015, pueblos originarios y organizaciones sociales mexiquenses, han denunciado constantemente, que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y el de Eruviel Ávila, así como diversos gobiernos municipales, reprimen mediante persecución, amenazas de órdenes de aprehensión, detenciones y hasta asesinatos a quienes se organizan en la entidad para defender su territorio y derechos humanos.
Sobre el tema, Carlos Sampedro de Enlace del Fuego de la Digna Resistencia, menciona a Revolución TRESPUNTOCERO, que aún cuando, Cruz Juvenal Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura mexiquense, declaró que se obedecía a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la regulación del uso de la fuerza pública, “nosotros sabemos que dicho órgano internacional en su momento habló de protección a personas extranjeras, pero hicieron mención de la Corte, para quedar bien, para decir que retomaron recomendaciones del organismo, pero en su conjunto, en toda la ley no se encuentra nada más de otras recomendaciones.
Entonces partiendo del hecho que tenemos fundamentos para hablar de una legislación represiva, el 11 de abril vamos a interponer amparos, será una primera estrategia y será para la defensa de los principios básicos de la libre manifestación, se interpondrán por parte de compañeros de movimientos sociales, quienes son los más vulnerables, sin embargo si se da paso y entra en vigor, habrá un segundo acto de amparos donde se lleve a cabo interposición masiva por parte de todas las organizaciones y miembros de estos movimiento, al mismo tiempo y a la misma hora”.
A su vez, menciona que el gobernador dijo que ‘suavizará’ la ley y que será la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien haga las respectivas observaciones, “pero lo que intenta es cambiar algunas partes, sin embargo, está llena de ambigüedades, porque otorga libertad para uso de armas de fuego, que los mandos decidan si es legal o ilegal una manifestación, entonces mientras exista este tipo de deficiencias le cambien lo que le cambien, da paso a que exista represión y que se violen los derechos fundamentales.
Sabemos que el PRD y otros partidos votaron a favor de la ley, también sabemos que muchas veces los partidos políticos a veces negocian para posicionarse dentro de las fuerzas del congreso, aun así nosotros no estamos planteando una defensa y una lucha de esta ley desde algún tipo de partido político, nosotros creemos que la exigencia de libertad vendrá de las mismas comunidades y organizaciones”, asegura.
En tanto el abogado Antonio Lara Duque, quien ha encabezado el posicionamiento de diversas organizaciones civiles, en contra de la ley Eruviel, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, que “el principal objetivo de dicha legislación es reprimir, puesto que ya lo han hecho durante décadas a los pueblos del Estado, aquí se trata de ejercer la impunidad (gubernamental) es ese el sentido de esta nueva legislación”.
Lara Duque expresa que tiene conocimientos que, en su totalidad el congreso local sabía de la iniciativa de ley desde diciembre, pero no lo quisieron hacer público, “en el momento en que se presentó la iniciativa aquel que se diga representante popular, lo mínimo que debió de haber hecho fue poner en conocimiento este hecho a la sociedad mexiquense sin embargo no hicieron.
Porque existe una estrategia no sólo estatal, sino nacional en términos de legalizar la represión, y debo subrayar, es porque no han podido imponer sus megaproyectos y reformas de ley en contra de las poblaciones; los políticos simplemente están refrendando su vocación, ya que ellos representan los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales”.
El abogado afirma que el gobierno estatal cree que reprimiendo se podrá interponer los megaproyectos, sin embargo, con todo y la ley se seguirá defendiendo las tierras, los recursos naturales, el territorio y su dignidad, esto no está sujeto a una voluntad de políticos y empresarios. “Es por ello que, en el contexto de un aniversario más de la tragedia de Atenco, estamos llamando a una gran manifestación que repercutirá en el Estado de México, Distrito Federal y estaremos buscando que se realicen otras partes del país, porque es importante que nos manifestemos para defender las conquistas democráticas y los derechos humanos que tanto nos ha costado construir en este país. Y que si se han dificultado ha sido gracias a las políticas represoras de los partidos políticos en el poder”, asevera.
Sobre el anunció que envía Eruviel Ávila sobre ‘suavizar’ la ley, Lara Duque comenta “no puede hablarse de suavizar una violación a los derechos humanos, porque éstas no se suavizan, simple y sencillamente no se cometen, por eso nosotros estamos haciendo un respetuoso llamado (y reto) a un debate público en donde esté presente Eruviel Ávila y los representantes de la Cámara de Diputados, para que den cara a la sociedad mexiquense y del país en su totalidad.
Queremos debatir las ideas, y sabemos que organizándonos vamos a derrotar al absurdo totalitarismo que se pretende imponer y que busca que dé como resultado la represión en el Estado de México”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/la-sorpresiva-participacion-de-la-izquierda-del-prd-colaboro-en-la-arbitrariedad-de-la-ley-atenco-denuncian/
miércoles, 30 de marzo de 2016
#LeyAtenco y los delirios de Eruviel
Con el voto a favor de las bancadas de PRI, del Verde, del PAN y del PRD en el Congreso mexiquense –los legisladores de Morena votaron en contra– se aprobó el 19 de marzo una iniciativa enviada por Eruviel Ávila para facultar el uso de “armas letales” a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables”.
La modificación al artículo 8 de este ordenamiento señala:
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en casos de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”.
La modificación deja al libre arbitrio de los propios agentes policiacos o de la autoridad definir qué es peligro inminente de muerte, la comisión de un delito particularmente grave o determinar cuándo, cómo y ante quiénes son insuficientes las medidas menos extremas.
Toda esta parrafada ambigua se relaciona con otro artículo que autoriza a los agentes policiacos estatales a usar la fuerza pública en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos.
Algo muy similar a la represión que ejerció el gobierno de Enrique Peña Nieto en mayo de 2006 en San Salvador Atenco y que fue presumida por el actual presidente en aquel “viernes negro” de su visita a la Universidad Iberoamericana, en mayo de 2012. Ahora, su sucesor Eruviel Ávila va más allá y legaliza ese uso excesivo de la fuerza.
La misma iniciativa permite también el uso de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos, así como armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol, equipo autoprotector, como cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de bala para los agentes antimotines.
Todo el catálogo de la ley se constriñe a atacar las manifestaciones sociales y no las causas, la auténtica criminalidad y la falta de un sistema de justicia que ha provocado en los últimos años una gran irritación social en el Estado de México. Mucho menos se propone frenar la ola de secuestros, robos, feminicidios, abusos sexuales y narcotráfico que se han disparado en los municipios conurbados a la Ciudad de México.
Una vez más, la formación conservadora de los gobernantes del Estado de México aflora: les preocupan más las expresiones, marchas, asambleas y mítines de protesta social que los hechos criminales que no se expresan en plazas públicas ni en consignas antigubernamentales, sino en delitos amparados en la impunidad y en la ola de corrupción que asfixia a los municipios mexiquenses, especialmente Ecatepec, “bendecido” por el Papa Francisco y epicentro del poder de Eruviel Ávila. En Ecatepec se han incrementado las protestas por la falta de agua. Imaginemos la #LeyAtenco aplicada para frenar cualquier expresión de irritación social.
En el reino de las formas, la única que se conoce en el Estado de México es la forma de la mano dura con los disidentes o los descontentos y la forma de la mano oculta con los criminales. Esa es la verdadera crisis que atraviesa a la entidad más poblada del país.
El lunes 28 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de Atenco, encabezó una reunión con decenas de otras organizaciones sociales, como la Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec, Alianza Única del Valle, de Apaxco, así como Comunidades de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, entre otros, para derogar la #LeyAtenco, que ellos rebautizaron como #LeyEruviel. Anunciaron movilizaciones para los próximos 3 y 4 de mayo, bajo la denominación #MayoRojo o #MayoenFuego.
Ese mismo día, el secretario general de Gobierno mexiquense, José Manzur Quiroga, así como el presidente del Congreso estatal, Cruz Juvenal Roa Sánchez, afirmaron que las protestas y críticas contra la #LeyAtenco son resultados del “golpeteo político” y tuvieron la ocurrencia de señalar que responden a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La presurosa y “autónoma” Comisión de Derechos Humanos del Estado de México anunció que dará su opinión ante la #LeyAtenco en 15 días. Seguramente necesitan deliberar mucho para determinar si es violatoria o no a las garantías individuales y, en especial, a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Astuto como suele ser cuando se ve acorralado por las críticas en los medios de comunicación, Eruviel Ávila afirmó este martes 29 que le pedirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el visto bueno a la #LeyAtenco y, “si fuera el caso, hay voluntad para ajustarla”.
El mandatario priista dijo “ajustarla”, no derogarla o desecharla.
Eruviel Ávila sueña con presentarse como el candidato de la “mano dura eficaz” para las elecciones presidenciales del 2018. Cuenta con el apoyo del sector más conservador de la Iglesia católica, gracias al padrinazgo de personajes como Onésimo Cepeda, y de grupos empresariales que creen que se necesita mayor violencia policiaca contra los manifestantes.
En el delirio por presentarse como un gobernante eficaz, el priista puede acabar peor que Rafael Moreno Valle y su #LeyBala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435102/leyatenco-los-delirios-eruviel
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