Más que los derechos humanos, al presidente Enrique Peña Nieto le preocupa la imagen del país en el extranjero; de ahí su temor a comparecer ante la Corte Penal Internacional, sostiene Emilio Álvarez Icaza, que el lunes 15 dejó el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En entrevista conProceso, habla del viraje de la administración peñanietista en ese rubro, de los enfrentamientos que tuvo por los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, e insiste en que no lo van a callar.
WASHINGTON (Proceso).- La crisis de derechos humanos en México es tan grave que a Enrique Peña Nieto le preocupa que su gobierno sea sentado en el banquillo de los acusados ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta es la apreciación de Emilio Álvarez Icaza, quien el lunes 15 dejó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en esta ciudad.
A esa preocupación se deben las agresiones y descalificaciones del gobierno peñanietista a la CIDH, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a las organizaciones internacionales y nacionales que abogan por las víctimas, comenta a Proceso.
Y añade: “No es que le preocupe el tipo de delitos (de derechos humanos), sino la calificación de la violación que pudiera acercar a que la CPI abra un caso sobre México”.
Álvarez Icaza entregó el cargo al brasileño Paulo Abrao después de cuatro años. Ahora se muestra relajado y detalla al corresponsal los ataques que recibió desde Los Pinos por exigir justicia para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en particular de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
El “conflicto” estalló en febrero de 2015, rememora, cuando Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, denunció que en México la tortura era una práctica generalizada y sistemática.
“La preocupación del gobierno es la calificación de violaciones graves y sistemáticas que puedan llevar a México a la CPI”, insiste Álvarez Icaza durante la entrevista realizada en la oficina de este semanario en Washington.
“La CPI asume un caso cuando se califica que en el país hay violaciones graves y sistemáticas; Juan Méndez emplea esos términos y luego otros los retoman, reproducen y los comparten”, subraya el entrevistado.
Fuente: Proceso
Autor: J. Jesús Esquivel
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