Portal mencionó que, derivado de auditorías sobre el gasto público, han sido presentadas 740 denuncias ante la PGR, y de esas solo se ha llegado a una resolución en 30 de los casos, en los últimos tres años.
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miércoles, 24 de mayo de 2017
Muchas denuncias, pocos resultados: auditor critica atraso de PGR en atender casos de corrupción
El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, indicó que a partir de auditorías han sido presentadas 740 denuncias ante la PGR y solo han sido resueltas 30 en tres años.
El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, criticó el rezago de la Procuraduría General de la República (PGR) en cuanto a la cantidad de denuncias que le llegan por casos de corrupción, y los resultados que da.
Portal mencionó que, derivado de auditorías sobre el gasto público, han sido presentadas 740 denuncias ante la PGR, y de esas solo se ha llegado a una resolución en 30 de los casos, en los últimos tres años.
Portal mencionó que, derivado de auditorías sobre el gasto público, han sido presentadas 740 denuncias ante la PGR, y de esas solo se ha llegado a una resolución en 30 de los casos, en los últimos tres años.
martes, 9 de mayo de 2017
La ASF sí halló, en 2015, que Del Mazo dio dinero a Javier Duarte para obras que no se hicieron
Durante el periodo que el hoy candidato al Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, estuvo al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la dependencia a su cargo entregó al Gobierno del veracruzano Javier Duarte de Ochoa diversos financiamientos para obras que luego no concluyeron o no fueron comprobadas.
Así lo muestra el resultado de la revisión financiera y de cumplimiento 15-2-06G1C-02-0100 100-GB, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al otorgamiento de créditos a estados y municipios por parte de Banobras, y que encontró diversas irregularidades en el caso del estado gobernado hasta el año pasado por el hoy ex priista detenido.
“Se comprobó que BANOBRAS autorizó los desembolsos del crédito con las ‘Fichas de Admisión y Compromiso’, que formalizó con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el 26 de marzo y 17 de diciembre de 2013; se hizo constar que se recibieron recursos por 142,322.9 y 17,823.2 miles de pesos, los cuales, conforme a lo convenido, debieron depositarse en el fideicomiso citado en el párrafo que antecede (para la ‘Construcción, Operación, Explotación, Conservación, Administración y Mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa’)”, dice la ASF.
“Se comprobó que BANOBRAS autorizó los desembolsos del crédito con las ‘Fichas de Admisión y Compromiso’, que formalizó con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el 26 de marzo y 17 de diciembre de 2013; se hizo constar que se recibieron recursos por 142,322.9 y 17,823.2 miles de pesos, los cuales, conforme a lo convenido, debieron depositarse en el fideicomiso citado en el párrafo que antecede (para la ‘Construcción, Operación, Explotación, Conservación, Administración y Mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa’)”, dice la ASF.
martes, 25 de abril de 2017
Acumula Javier Duarte 52 denuncias por el desvío de 45 mil mdp: Auditoría Superior
Proceso reveló a través de su corresponsal en Veracruz, Noé Zavaleta, que la PGR tenía las denuncias de la ASF pero nunca hizo nada por indagar al hoy exgobernador preso en una cárcel de Guatemala.
Entrevistado durante el foro marco normativo para el blindaje de programas sociales y recursos públicos en los procesos electorales que se realizó en San Lázaro, Juan Manuel Portal aclaró que corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones.
“Dificilísimo”, saber si Duarte entregó recursos a Morena en Veracruz: ASF
La Auditoría sólo presenta denuncias de hechos ante la PGR que están “bien fundadas”, pero no señalan delitos ni responsables, dijo Juan Manuel Portal.
Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resulta “dificilísimo” investigar y determinar si el Gobierno de Veracruz entregó recursos públicos a Morena durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, afirmó el auditor Juan Manuel Portal Martínez.
Asimismo, advirtió que la ASF presentará más denuncias de hechos contra el Gobierno de Veracruz, correspondientes a las cuentas públicas de 2015 y 2016, que se sumarán a las 52 que ya interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR), relativas a las cuentas públicas de 2011, 2012, 2013 y 2014.
Asimismo, advirtió que la ASF presentará más denuncias de hechos contra el Gobierno de Veracruz, correspondientes a las cuentas públicas de 2015 y 2016, que se sumarán a las 52 que ya interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR), relativas a las cuentas públicas de 2011, 2012, 2013 y 2014.
lunes, 3 de abril de 2017
PGR debe abrir datos de las denuncias presentadas por la ASF, ordena el INAI
El INAI demandó a la dependencia federal que presente estatus, fecha de presentación de denuncia, delitos denunciados, tipo de irregularidad detectada y cantidad de detenidos, precisando cuántos han recibido sentencia, cuántos no, y si son condenatorias o absolutorias.
viernes, 24 de marzo de 2017
No se han presentado denuncias contra Lozoya por uso de helicópteros: ASF, llama a Pemex a sancionarlo
En una reunión que sostuvo Pérez Saavedra con diputados de la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, con Operaciones y Contratos de Infraestructura y Servicios de Particulares en el Palacio Legislativo, Juan Javier Pérez Saavedra, auditor especial de cumplimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el uso irregular de aeronaves, cuando Emilio Lozoya Austin fue director de Petróleos Mexicanos, debe ser sancionado.
El auditor especial de cumplimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Javier Pérez Saavedra, señaló que Pemex debe sancionar las irregularidades en el uso de aviones y helicópteros cuando Emilio Lozoya Austin era el director general de la empresa.
martes, 21 de marzo de 2017
Conagua, con irregularidades por más de 8 mil mdp: ASF
Al analizar la forma en que la Comisión Nacional del Agua ejerció su presupuesto de 2015, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por más de 8 mil millones de pesos y una gestión del líquido tan ineficaz que pone en riesgo a la población. Casi coincidente con el Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, la autoridad revisora señala que, aparte de las deficiencias “en la regulación, control, manejo, promoción y conciliación orientadas al uso del agua”, la comisión no determinó objetivos y estrategias específicos para atender ese asunto de seguridad nacional.
CIUDAD DE MÉXICO: En el lugar octavo de las 10 dependencias federales y entidades con mayor número de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la Cuenta Pública de 2015, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presenta irregularidades en el manejo presupuestal, que ascendió a 8 mil 301 millones de pesos, y ha puesto en riesgo “la seguridad nacional” de los recursos hídricos del país.
jueves, 9 de marzo de 2017
Con irregularidades y lejos de la meta, así marcha el plan de Peña de bebederos escolares
La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay irregularidades en la instalación de bebederos escolares, mientras que los datos oficiales muestran un avance de apenas 35%.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la instalación de bebederos escolares en 12 entidades del país, así como subejercicio de los montos asignados para ello, lo anterior como parte de la revisión de la cuenta pública 2015.
Según el reporte del órgano fiscalizador, en al menos seis entidades se instalaron bebederos en más escuelas de las que debían recibir el beneficio y en otras seis —Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Veracruz— no se entregó información para determinar el avance del programa.
Aunado a ello, la Auditoría determinó que en la instalación de bebederos apenas se ejerció el 8.9% de los recursos asignados al Programa de la Reforma Educativa, pese a que el decreto del Presupuesto de Egresos determina que se debía destinar 15%.
A partir de 2015, el programa de instalación de bebederos escolares ha estado dentro del Programa de la Reforma Educativa; antes fue parte del programa Escuelas Dignas y para 2016, el gobierno federal creó la estrategia Escuelas al Cien.
La meta del sexenio es de 40 mil bebederos escolares pero hasta enero pasado, sólo se tenía avance de 35%, según los datos del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.
En 2014, con el programa Escuelas Dignas hubo un avance de 1,175 bebederos escolares instalados. Un año después, ya dentro del Programa de la Reforma Educativa, se instalaron 1,500.
El año pasado, con un presupuesto de mil 141 millones de pesos —el 15% del programa de la Reforma Educativa, según marca la ley— se instalaron 4 mil 799 y hasta el 27 de enero pasado se reportó que existía el plan de instalación para otros 6 mil 235.
Pese al recorte que se aplicó al Programa de la Reforma Educativa para este 2017, el monto destinado a este plan es prácticamente igual al del año pasado —1,156 millones de pesos—, pues el decreto indica que en lugar de destinar el 15% del presupuesto de ese programa, se destinará el 54% de los 2 mil 141 millones etiquetados.
Dos años para lograr la meta de los bebederos
Pero si a ello se suman los resultados anuales reportados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la instalación de bebederos escolares está lejos de la meta, pues de los 40 mil prometidos, hasta enero pasado sólo había un avance de 35%, con 7 mil 474 instalados y otros 6 mi 200 contratados o en proceso de instalación, según datos del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.
El tiempo para cumplir con la meta se acaba y lo requerido para autorizar la instalación de un bebedero es de, aproximadamente, cinco meses, según el Instituto.
Tras la adjudicación, se debe seguir el proceso para verificar las condiciones de calidad del agua, y para la colocación de materiales eléctricos e hidráulicos.
El proveedor del servicio debe contratar a un laboratorio independiente autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para tomar pruebas de agua que cumplan con las normas vigentes de salud de agua para consumo humano.
Una vez analizada la toma de agua del plantel escolar, los resultados se entregan al Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, que elabora un dictamen. Si el resultado de éste es favorable, se puede proceder a la instalación. De lo contrario, se llevan a cabo nuevas pruebas para determinar cuál será la toma de agua.
Incluso para determinar en dónde se ubicará un bebedero, hay una reunión entre el proveedor, el director del plantel y un representante del INIFED, que además deben contar con pruebas que demuestren la calidad de la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria del bebedero para abrir un expediente.
Completado el trámite, la instalación tarda de 2 a 3 semanas, por lo que todo el proceso puede completarse en entre tres y cinco meses.
Cuando se hace la entrega del bebedero arranca el periodo de mantenimiento del sistema para los siguientes 24 meses.
Según cifras oficiales, en el primer trimestre de 2017 se deberá avanzar con los 6,235 bebederos escolares que se contrataron el año pasado pero cuya instalación no concluyó. Además, este año se espera contratar otros 9,600.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/03/irregularidades-bebederos-escolares/
Según el reporte del órgano fiscalizador, en al menos seis entidades se instalaron bebederos en más escuelas de las que debían recibir el beneficio y en otras seis —Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Veracruz— no se entregó información para determinar el avance del programa.
Aunado a ello, la Auditoría determinó que en la instalación de bebederos apenas se ejerció el 8.9% de los recursos asignados al Programa de la Reforma Educativa, pese a que el decreto del Presupuesto de Egresos determina que se debía destinar 15%.
A partir de 2015, el programa de instalación de bebederos escolares ha estado dentro del Programa de la Reforma Educativa; antes fue parte del programa Escuelas Dignas y para 2016, el gobierno federal creó la estrategia Escuelas al Cien.
La meta del sexenio es de 40 mil bebederos escolares pero hasta enero pasado, sólo se tenía avance de 35%, según los datos del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.
En 2014, con el programa Escuelas Dignas hubo un avance de 1,175 bebederos escolares instalados. Un año después, ya dentro del Programa de la Reforma Educativa, se instalaron 1,500.
El año pasado, con un presupuesto de mil 141 millones de pesos —el 15% del programa de la Reforma Educativa, según marca la ley— se instalaron 4 mil 799 y hasta el 27 de enero pasado se reportó que existía el plan de instalación para otros 6 mil 235.
Pese al recorte que se aplicó al Programa de la Reforma Educativa para este 2017, el monto destinado a este plan es prácticamente igual al del año pasado —1,156 millones de pesos—, pues el decreto indica que en lugar de destinar el 15% del presupuesto de ese programa, se destinará el 54% de los 2 mil 141 millones etiquetados.
Dos años para lograr la meta de los bebederos
Pero si a ello se suman los resultados anuales reportados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la instalación de bebederos escolares está lejos de la meta, pues de los 40 mil prometidos, hasta enero pasado sólo había un avance de 35%, con 7 mil 474 instalados y otros 6 mi 200 contratados o en proceso de instalación, según datos del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.
El tiempo para cumplir con la meta se acaba y lo requerido para autorizar la instalación de un bebedero es de, aproximadamente, cinco meses, según el Instituto.
Tras la adjudicación, se debe seguir el proceso para verificar las condiciones de calidad del agua, y para la colocación de materiales eléctricos e hidráulicos.
El proveedor del servicio debe contratar a un laboratorio independiente autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para tomar pruebas de agua que cumplan con las normas vigentes de salud de agua para consumo humano.
Una vez analizada la toma de agua del plantel escolar, los resultados se entregan al Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, que elabora un dictamen. Si el resultado de éste es favorable, se puede proceder a la instalación. De lo contrario, se llevan a cabo nuevas pruebas para determinar cuál será la toma de agua.
Incluso para determinar en dónde se ubicará un bebedero, hay una reunión entre el proveedor, el director del plantel y un representante del INIFED, que además deben contar con pruebas que demuestren la calidad de la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria del bebedero para abrir un expediente.
Completado el trámite, la instalación tarda de 2 a 3 semanas, por lo que todo el proceso puede completarse en entre tres y cinco meses.
Cuando se hace la entrega del bebedero arranca el periodo de mantenimiento del sistema para los siguientes 24 meses.
Según cifras oficiales, en el primer trimestre de 2017 se deberá avanzar con los 6,235 bebederos escolares que se contrataron el año pasado pero cuya instalación no concluyó. Además, este año se espera contratar otros 9,600.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/03/irregularidades-bebederos-escolares/
viernes, 24 de febrero de 2017
La deuda de México está a un paso de ser insostenible, alerta la Auditoría
La deuda ha aumentado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El crecimiento económico y los ingresos públicos no son suficientes para compensar la deuda, de acuerdo con la Auditoría Superior.
La deuda pública de México está cerca del límite prudente recomendado por los organismos internacionales, concluyó el estudio Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal realizado por la Auditoría Superior de la Federación.
En los últimos 9 años, que abarcan los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la deuda ha crecido a un ritmo importante, lo que “plantea riesgos para su sostenibilidad”, señala la ASF.
Este aumento se debe a que la deuda ha sido utilizada en épocas de crisis para “fomentar e impulsar la actividad económica, evitar que la contracción se profundice y financiar los déficit presupuestarios en que ha incurrido el gobierno”, explica el estudio.
“El crecimiento económico y los ingresos públicos no han sido suficientes para compensar el crecimiento de la deuda pública, que en 2014 y 2015 se encontraron fuera del rango de sostenibilidad, a lo que se suma la volatilidad de los mercados internacionales, la aversión al riesgo y la salida de capitales de los países emergentes”, señala la Auditoría.
En el periodo 2000-2015, el incremento de la deuda neta del Sector Público Federal fue de 23.4 puntos porcentuales con relación al PIB, al pasar de 19.8% a 43.2%.
Hasta 2008 los pasivos se habían mantenido, en promedio, en 20% del PIB, esto es por debajo de los 3 mil millones de pesos.
El mayor incremento de la deuda se dio en 2009 cuando aumentó 8.6% respecto al año anterior para situarse en 3,791 millones 901.9 pesos.
A partir de ese año la deuda se incrementó hasta llegar en 2015 a los 8,160 millones 589.9.
De acuerdo con el Indicador de Posición Fiscal Sostenible (PFS) – que señala cómo se han manejado las políticas de gasto e ingreso, para lograr un equilibrio entre la deuda y los ingresos por PIB – tomando una base cero como el ideal, en 2014 y 2015 el resultado del indicador fue mayor a 1, lo que hace que la posición fiscal no sea sostenible.
“En 2014 se dio un incremento importante respecto de 2013, al pasar de 0.6 a 1.2 puntos porcentuales, lo que se debió principalmente al incremento en la deuda pública del Sector Público Presupuestario (SPP), y a un mayor déficit primario”, detalla la Auditoría.
Si en los próximos 24 meses el nivel de la deuda del gobierno federal o la carga de intereses aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas, las calificadoras podrían bajar la calificación del país, la cual actualmente ya es negativa.
La calificación de una agencia al riesgo de crédito es una manera de que los inversionistas conozcan la solvencia que tiene el gobierno mexicano para hacer frente a sus deudas. Cuando la calificación baja disminuye la confianza de los inversionistas.
La Auditoría señala que es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo “establezcan una ruta consistente entre el balance primario y el costo financiero de la deuda en el mediano plazo”, además de utilizar herramientas técnicas y teóricas que auxilian a los administradores de deuda para estabilizarla.
La ASF concluye que las condiciones macroeconómicas y de finanzas públicas han generado una tendencia de endeudamiento cada vez mayor, para cubrir el déficit primario, “lo que representa una alerta sobre la sostenibilidad de la deuda pública en los próximos años”.
Para este estudio la Auditoría utilizó datos de los análisis que han realizado el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la deuda de México y las sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
ESTUDIO COMPLETO DE LA DEUDA PUBLICA
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LIZBETH PADILLA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/deuda-mexico-insostenible-alerta/
En los últimos 9 años, que abarcan los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la deuda ha crecido a un ritmo importante, lo que “plantea riesgos para su sostenibilidad”, señala la ASF.
Este aumento se debe a que la deuda ha sido utilizada en épocas de crisis para “fomentar e impulsar la actividad económica, evitar que la contracción se profundice y financiar los déficit presupuestarios en que ha incurrido el gobierno”, explica el estudio.
“El crecimiento económico y los ingresos públicos no han sido suficientes para compensar el crecimiento de la deuda pública, que en 2014 y 2015 se encontraron fuera del rango de sostenibilidad, a lo que se suma la volatilidad de los mercados internacionales, la aversión al riesgo y la salida de capitales de los países emergentes”, señala la Auditoría.
En el periodo 2000-2015, el incremento de la deuda neta del Sector Público Federal fue de 23.4 puntos porcentuales con relación al PIB, al pasar de 19.8% a 43.2%.
Hasta 2008 los pasivos se habían mantenido, en promedio, en 20% del PIB, esto es por debajo de los 3 mil millones de pesos.
El mayor incremento de la deuda se dio en 2009 cuando aumentó 8.6% respecto al año anterior para situarse en 3,791 millones 901.9 pesos.
A partir de ese año la deuda se incrementó hasta llegar en 2015 a los 8,160 millones 589.9.
De acuerdo con el Indicador de Posición Fiscal Sostenible (PFS) – que señala cómo se han manejado las políticas de gasto e ingreso, para lograr un equilibrio entre la deuda y los ingresos por PIB – tomando una base cero como el ideal, en 2014 y 2015 el resultado del indicador fue mayor a 1, lo que hace que la posición fiscal no sea sostenible.
“En 2014 se dio un incremento importante respecto de 2013, al pasar de 0.6 a 1.2 puntos porcentuales, lo que se debió principalmente al incremento en la deuda pública del Sector Público Presupuestario (SPP), y a un mayor déficit primario”, detalla la Auditoría.
La calificación de una agencia al riesgo de crédito es una manera de que los inversionistas conozcan la solvencia que tiene el gobierno mexicano para hacer frente a sus deudas. Cuando la calificación baja disminuye la confianza de los inversionistas.
La Auditoría señala que es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo “establezcan una ruta consistente entre el balance primario y el costo financiero de la deuda en el mediano plazo”, además de utilizar herramientas técnicas y teóricas que auxilian a los administradores de deuda para estabilizarla.
Para este estudio la Auditoría utilizó datos de los análisis que han realizado el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la deuda de México y las sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
ESTUDIO COMPLETO DE LA DEUDA PUBLICA
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LIZBETH PADILLA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/deuda-mexico-insostenible-alerta/
jueves, 23 de febrero de 2017
El Tren México-Toluca es casi un resumen del sexenio: sobrecosto, opacidad y obra de mala calidad
Cuando el Gobierno federal anunció en enero de 2015 el primer recorte al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos, el plan de Mover a México en trenes, impulsado por Enrique Peña Nieto desde su primer día de gobierno, fue de los más afectados. Los proyectos se cancelaron o “se suspendieron indefinidamente”. Sólo uno se salvó y fue el Tren Interurbano México-Toluca. A cuatro años de haberse anunciado, las conclusiones de la ASF muestran que el proyecto está fallando desde antes de ser inaugurado, en la rendición de cuentas y en la calidad de la obra.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en la construcción del Tren Interurbano México–Toluca un cúmulo de irregularidades que se remontan al proceso de licitación hasta la poca rendición de cuentas del proyecto y la calidad de la obra que aún no se inaugura.
La ASF levantó 16 observaciones, que derivaron en seis posibles sanciones administrativas y cinco pliegos de observaciones.
De los 146 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de mil 669 millones 264.2 mil pesos en 2015, la Auditoría revisó el 82.1 por ciento del total. Además, se auditaron cuatro contratos de obras públicas y seis de servicios relacionados con éstas. El órgano fiscalizador prevé recuperaciones por 133 millones 391.2 mil pesos, de los cuales 484.1 mil pesos ya fueron operados y 132 millones 907.1 mil pesos corresponden a recuperaciones probables, aunque adicionalmente, existen 4 millones 400.4 mil pesos por aclarar.
Este tren fue el único que sobrevivió del Plan Nacional de Infraestructura de Enrique Peña Nieto. En el camino se quedaron el Tren México-Querétaro y el Transpeninsular que uniría a los estados de Yucatán y Quintana Roo.
La obra tiene como objetivo principal atender la problemática de transporte que se presenta en el corredor de la zona metropolitana del Valle de Toluca, mediante la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 57.7 kilómetros, de los cuales de 40.7 corresponden al Estado de México y 17.0 a la Ciudad de México. Atraviesa nueve comunidades de ambos estados y además comprende la construcción de dos estaciones terminales, cuatro estaciones intermedias, un taller de mantenimiento y un área para cocheras.
Sin embargo, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública de la ASF, el proyecto federal que conjunta a los gobiernos de la Ciudad de México y el Edomex, tuvo fallas desde el proceso de licitación.
En la revisión de la licitación para adjudicar los “Servicios relacionados con la obra pública para la supervisión de los trabajos de la construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó el contrato a la propuesta más alta, sin considerar las mejores condiciones legales, técnicas y económicas disponibles para el Estado, puesto que no aplicó los mismos criterios en la evaluación de las ofertas.
Entonces se decidió descartar la propuesta económica más baja “por haber duplicado en el cargo de pruebas de laboratorio a costo directo con los cargos considerados en la integración de su costo indirecto”.
La SCT le adjudicó a la empresa ganadora, de la cual no sé conocen detalles, el contrato por un monto de 193 millones 484.2 mil pesos, que superó en 78 millones 519.7 mil pesos al de la empresa que ocupaba el primer lugar por 114 millones 964.6 mil pesos, cuya propuesta se desechó por la dicha duplicidad.
La ASF emitió una sanción para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no evaluaron correctamente las ofertas presentadas en la licitación pública nacional núm. LO- 909005989-N25-2015 y adjudicaron el contrato de servicios sin considerar las mejores condiciones legales, técnicas y económicas.
SOBRECOSTO Y MALA CALIDAD EN EL PROYECTO
La ASF detectó trabajos de mala calidad en la visita de verificación realizada de manera conjunta con personal de la SCT en julio de 2016.
La ASF comprobó que la SCT ejerció recursos por 103 millones 360.1 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en la asignación contractual. Por otra parte, la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM), tampoco exigió a la contratista que garantizara su cumplimiento por la totalidad del monto ejercido por 103 millones 360.1 mil pesos en 2015, debido que únicamente constituyó la fianza por un total de 93 millones de pesos y dejó de afianzar un importe de 10 millones 360.1 mil pesos.
En este sentido, en la revisión del contrato abierto de servicios núm. DGTFM-17-14 se detectó que la SCT no utilizó de manera correcta los recursos presupuestales autorizados para los proyectos del Tren Interurbano y de la “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, cuyos ejercicios se reportaron en la Cuenta Pública, en virtud de que parte de estos recursos se destinaron para el pago de otros proyectos ferroviarios como son: Metro y Bus Rapid Transit (BRT) durante los meses de enero a diciembre de 2015.
Por otra parte, no son claros los alcances de los informes de actividades que debería elaborar el personal contratado, en virtud de que no se comprobaron las actividades de apoyo realizadas, por lo que no fue posible acreditar el producto que se debería de entregar como resultado de la participación del personal técnico.
Tampoco se logró comprobar que la SCT haya disminuido la plantilla del personal de servicios, no obstante que los trabajos de construcción del túnel, del viaducto elevado de la Ciudad de México, y de los talleres y cocheras estaban suspendidos o registraban avances mínimos.
Aún cuando los trabajadores se dieron de baja de la plantilla a los líderes de proyecto, estos fueron sustituidos por personal de perfiles más bajos, lo cual no corresponde a lo ofertado, por lo que la administración de los recursos autorizados a la entidad fiscalizada no se realizó con eficiencia, eficacia y economía.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3158119
La ASF levantó 16 observaciones, que derivaron en seis posibles sanciones administrativas y cinco pliegos de observaciones.
De los 146 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de mil 669 millones 264.2 mil pesos en 2015, la Auditoría revisó el 82.1 por ciento del total. Además, se auditaron cuatro contratos de obras públicas y seis de servicios relacionados con éstas. El órgano fiscalizador prevé recuperaciones por 133 millones 391.2 mil pesos, de los cuales 484.1 mil pesos ya fueron operados y 132 millones 907.1 mil pesos corresponden a recuperaciones probables, aunque adicionalmente, existen 4 millones 400.4 mil pesos por aclarar.
Este tren fue el único que sobrevivió del Plan Nacional de Infraestructura de Enrique Peña Nieto. En el camino se quedaron el Tren México-Querétaro y el Transpeninsular que uniría a los estados de Yucatán y Quintana Roo.
La obra tiene como objetivo principal atender la problemática de transporte que se presenta en el corredor de la zona metropolitana del Valle de Toluca, mediante la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 57.7 kilómetros, de los cuales de 40.7 corresponden al Estado de México y 17.0 a la Ciudad de México. Atraviesa nueve comunidades de ambos estados y además comprende la construcción de dos estaciones terminales, cuatro estaciones intermedias, un taller de mantenimiento y un área para cocheras.
Sin embargo, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública de la ASF, el proyecto federal que conjunta a los gobiernos de la Ciudad de México y el Edomex, tuvo fallas desde el proceso de licitación.
En la revisión de la licitación para adjudicar los “Servicios relacionados con la obra pública para la supervisión de los trabajos de la construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó el contrato a la propuesta más alta, sin considerar las mejores condiciones legales, técnicas y económicas disponibles para el Estado, puesto que no aplicó los mismos criterios en la evaluación de las ofertas.
Entonces se decidió descartar la propuesta económica más baja “por haber duplicado en el cargo de pruebas de laboratorio a costo directo con los cargos considerados en la integración de su costo indirecto”.
La ASF emitió una sanción para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no evaluaron correctamente las ofertas presentadas en la licitación pública nacional núm. LO- 909005989-N25-2015 y adjudicaron el contrato de servicios sin considerar las mejores condiciones legales, técnicas y económicas.
SOBRECOSTO Y MALA CALIDAD EN EL PROYECTO
La ASF detectó trabajos de mala calidad en la visita de verificación realizada de manera conjunta con personal de la SCT en julio de 2016.
En el reporte se señala que en el cabezal de la “columna 212 del viaducto 1- C y el cabezal número 6 del viaducto 1-A” presentan oquedades, acero expuesto y material pétreo en su superficie; también “la junta media madera ubicada en el eje 9 de la estación Zinacantepec” no cumple la separación de la junta estructural indicada en el proyecto para las losas de la estación, y los rellenos de las zapatas para el desplante de las columnas no se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones de construcción, puesto que se comprobó la existencia de cascajo, material de desperdicio, material producto de excavación, así como concreto sobrante de los colados.
La ASF comprobó que la SCT ejerció recursos por 103 millones 360.1 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en la asignación contractual. Por otra parte, la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM), tampoco exigió a la contratista que garantizara su cumplimiento por la totalidad del monto ejercido por 103 millones 360.1 mil pesos en 2015, debido que únicamente constituyó la fianza por un total de 93 millones de pesos y dejó de afianzar un importe de 10 millones 360.1 mil pesos.
Por otra parte, no son claros los alcances de los informes de actividades que debería elaborar el personal contratado, en virtud de que no se comprobaron las actividades de apoyo realizadas, por lo que no fue posible acreditar el producto que se debería de entregar como resultado de la participación del personal técnico.
Tampoco se logró comprobar que la SCT haya disminuido la plantilla del personal de servicios, no obstante que los trabajos de construcción del túnel, del viaducto elevado de la Ciudad de México, y de los talleres y cocheras estaban suspendidos o registraban avances mínimos.
Aún cuando los trabajadores se dieron de baja de la plantilla a los líderes de proyecto, estos fueron sustituidos por personal de perfiles más bajos, lo cual no corresponde a lo ofertado, por lo que la administración de los recursos autorizados a la entidad fiscalizada no se realizó con eficiencia, eficacia y economía.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2017/3158119
lunes, 20 de febrero de 2017
Gobierno da a mineras más crédito de lo que recauda por explotación
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El monto de los créditos que el gobierno federal otorgó a empresas mineras durante 2015 superó en 2.5 veces o 159.6 por ciento los ingresos que recaudó del sector ese año por derechos de explotación del subsuelo, revela información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), de la Secretaría de Economía (SE), otorgó de manera directa 12 mil 389 millones 859.8 mil pesos en créditos para empresas de esa industria, según resultados de una auditoría que aplicó la ASF a la cuenta pública de 2015.
Sin embargo, esa cifra representó más del doble de los 4 mil 774 millones 412 mil pesos que recaudó el Estado hace dos años por derechos mineros, indica otra revisión practicada por la ASF a la Secretaría de Economía (SE) sobre la política pública de minería, así como a programas y organismos a cargo de ésta.
Ello a pesar de que 54.7 por ciento del monto recaudado correspondió a nuevos derechos que se estipularon con la reforma fiscal de 2014, cuyo objetivo, según la ASF, era lograr una recaudación más constante y justa, entre ellos un pago extraordinario de 0.5 por ciento sobre los ingresos que obtuvieran las mineras por oro, plata y platino extraídos.
Durante el periodo 2006-2015 la recaudación por cobro de derechos fue de 22 mil 396.9 millones de pesos, los cuales representaron 1.3 por ciento del billón 714 mil 342.8 millones de pesos que generó la explotación de oro, plata, cobro, zinc, plomo, sal, fierro, yeso y dolomita, detalló la ASF en una auditoría.
La dependencia subrayó que, a pesar de que el objetivo del Fifomi es apoyar a las pequeñas y medianas mineras, a partir de 2011 y hasta 2015 se registró un incremento en el respaldo a las grandes compañías.
En 2015 existían 9 mil 213 mineras, pero las grandes compañías del sector acapararon 73.6 por ciento de la explotación de minerales en el país. En tanto, 18.2 por ciento correspondió a medianas y sólo 8 por ciento a pequeñas.
Tampoco ha sido proporcional el total de concesiones otorgadas y la superficie autorizada para explotación, destacó la ASF. En 2001 se otorgaron 936 títulos de concesión para 283.5 mil hectáreas en total, pero en 2015 el número bajó a 853 títulos y se concesionaron un millón 751.7 mil hectáreas, lo que representó un incremento de 517.9 por ciento. Dicho de otra manera, en 2001 el promedio de hectáreas por concesión fue de apenas 300 y en 2015 rebasó 2 mil por título.
La diferencia entre los créditos otorgados por el Fifomi y la recaudación proveniente de la industria minera se ahonda si se toma en cuenta que el fideicomiso gestionó otros 3 mil 745 millones 340 mil pesos de créditos a las empresas del sector mediante intermediarios bancarios y especializados. Ello implica que en total los créditos ascendieron a 16 mil 135 millones 200 mil pesos, es decir, 3.3 veces más de lo recaudado.
La ASF sólo analizó los créditos otorgados de manera directa por el Fifomi por conducto de sus cinco gerencias regionales y encontró que en dos de ellos, cuyo monto en conjunto asciende a 127 millones 719.8 mil pesos, no se proporcionaron los informes de verificación de la garantía, con los que se constata la existencia, estado físico y posible valor de los inmuebles dejados en garantía.
Fuente: La Jornada
Autora: Susana González G.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/economia/022n1eco
sábado, 18 de febrero de 2017
Sin comprobarse en el Senado, el destino de mil 206 millones de pesos
Una más de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2015 está en la gestión financiera del Senado, porque no comprobó el destino de mil 206 millones 928 mil pesos para asignaciones a los grupos parlamentarios.
La ASF, encabezada por el contador Juan Manuel Portal, hizo enfásis en esa auditoría aplicada al Senado, pues al “solicitar la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los mil 206 millones 928 mil pesos, sólo se proporcionó un resumen y el auxiliar contable de los importes y conceptos que fueron transferidos a dicha partida durante el ejercicio 2015, los cuales se revisaron y cotejaron contra los recibos emitidos por los coordinadores de los grupos parlamentarios.
“La documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados con cargo a la partida 39903, ‘Asignaciones a los Grupos Parlamentarios’, no fue proporcionada, por lo que no se pudo comprobar si éstos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, enfatiza el órgano fiscalizador.
La ASF constató que el presupuesto para el Senado tuvo una asignación original de 4 mil 19 millones 177 mil pesos. Durante el ejercicio se registraron ampliaciones netas por 281 millones 384 mil pesos, con el resultantre de un presupuesto modificado de 4 mil 300 millones 561 mil pesos, el cual se reportó como ejercido.
En el análisis de las ampliaciones líquidas al presupuesto autorizado del ejercicio 2015, se detectó que 33 millones 524 mil pesos corresponden a ingresos excedentes obtenidos por la Cámara de Senadores, y 249 millones pesos provinieron del ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas para la Asignación de Recursos al Programa de Conservación, Operación y Equipamiento de los Recintos de los Poderes.
Por lo que hace a los recursos provenientes del ramo 23, por 249 millones de pesos, la Cámara de Senadores celebró un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en junio de 2015 para aplicarlos al Programa de Conservación, Operación y Equipamiento del Recinto, por medio del cual se convino que éstos se aplicaran en las 16 partidas específicas de gasto siguientes:
Programa de Conservación, Operación y Equipamiento de los Recintos de los Poderes, primas de vacaciones y dominical, aguinaldo o gratificación de fin de año, entre otras.
Se conoció que los recursos por mil 206 millones 928 mil pesos en el ejercicio 2015 por medio de la partida 39903, Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, incluyen como en otros ejercicios recursos adicionales a los autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los que se observó lo siguiente:
Con el acuerdo del 28 de abril de 2015 se aprobaron recursos adicionales para el trabajo legislativo de los senadores por conceptos de Apoyo para el Trabajo Legislativo y de Gestión de los Senadores y Grupos Parlamentarios, Apoyo para Actualización Tecnológica y Asignación para Tareas de Gestión, para los que se asignaron, por legislador, 250 mil, 25 mil y 117 mil pesos, respectivamente, de lo que resultó un monto total ejercido de 50 millones 200 mil pesos.
Sobre el particular, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se realizaron ampliaciones líquidas a este rubro de gasto a efecto de proceder con el apoyo que se otorga a los grupos parlamentarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
No obstante, lo anterior evidencia una falta de racionalización en el otorgamiento de recursos de carácter extraordinario, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuanto al criterio de racionalidad, señala el ente fiscalizador.
Fuente: La Jornada
Autor: Roberto Garduño
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/18/politica/005n2pol
viernes, 17 de febrero de 2017
La crisis le pega al gordo: Auditoría recomienda liquidar a la Lotería Nacional
La Lotería Nacional ya no puede mantenerse con sus propios ingresos debido a sus deudas y las bajas ventas de sus sorteos. Desde 2011 el gobierno federal aporta recursos para que siga operando.
La Lotería Nacional está en crisis. Lejos de aportar recursos para apoyar actividades de asistencia pública, objetivo para el que fue instituida en 1920, ha tenido que recibir dinero del gobierno federal para cubrir su déficit y seguir operando.
Es tal la crisis que la Auditoría recomendó a la Secretaría de Hacienda proponer al presidente Enrique Peña Nieto extinguir a la Lotería Nacional.
De acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública 2015, la venta de cachitos ya no le alcanza a la Lotenal. En 2015 no registró utilidades, por el contrario tuvo un déficit de 566.4 millones de pesos, por lo que el gobierno federal le transfirió 527.6 millones de pesos. La pérdida total al cierre del ejercicio fiscal de ese año fue de 38.8 millones de pesos.
La Auditoría concluyó que la Lotería “no aportó recursos para apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, por lo que no se ajustó a su mandato”.
La razón, de acuerdo con el análisis, es la baja en las ventas de billetes de lotería. Las razones de que cada vez sean menos los cachitos y series vendidas son la insuficiente publicidad para promocionar la venta de productos, la carencia en la expansión de la fuerza de ventas y la falta de realización de sorteos por no contar con un plan de contingencia.
La ASF señaló a los gastos de operación como otra de las causas de la falta de utilidades en 2015. Ese año la Lotería ejerció 2,205.8 millones de pesos por costos de operación, esto fue 18.2% más a lo presupuestado originalmente para ese rubro que era de 1,866.9 millones de pesos.
Pero esta crisis empezó años antes. De acuerdo con la Auditoría, desde 2009 la Lotería no ha aportado recursos para programas de asistencia social, y a partir de 2011 el gobierno federal le ha transferido recursos para apoyar su operación.
Entre 2009 y 2015 la Lotería Nacional tuvo pérdidas por 1,665.7 millones de pesos, pues mientras sus gastos ascendieron a 39,680.4 millones de pesos sus ingresos fueron de 38,014.7 millones de pesos.
Sus deudas también están afectando la suficiencia financiera. La Lotería Nacional debe 81 pesos de cada 100 que recibe; en 2005 esta deuda correspondía a 58.7 pesos de cada 100.
La solvencia de la Lotería cayó 45%, pues en 2005 contaba con 2 pesos por cada peso que debía de pagar en el corto plazo y, en 2015, registró 1.1 pesos por cada peso en obligaciones.
AUDITORIA COMPLETA
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LIZBETH PADILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/loteria-nacional-crisis/
Es tal la crisis que la Auditoría recomendó a la Secretaría de Hacienda proponer al presidente Enrique Peña Nieto extinguir a la Lotería Nacional.
De acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública 2015, la venta de cachitos ya no le alcanza a la Lotenal. En 2015 no registró utilidades, por el contrario tuvo un déficit de 566.4 millones de pesos, por lo que el gobierno federal le transfirió 527.6 millones de pesos. La pérdida total al cierre del ejercicio fiscal de ese año fue de 38.8 millones de pesos.
La Auditoría concluyó que la Lotería “no aportó recursos para apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, por lo que no se ajustó a su mandato”.
La razón, de acuerdo con el análisis, es la baja en las ventas de billetes de lotería. Las razones de que cada vez sean menos los cachitos y series vendidas son la insuficiente publicidad para promocionar la venta de productos, la carencia en la expansión de la fuerza de ventas y la falta de realización de sorteos por no contar con un plan de contingencia.
La ASF señaló a los gastos de operación como otra de las causas de la falta de utilidades en 2015. Ese año la Lotería ejerció 2,205.8 millones de pesos por costos de operación, esto fue 18.2% más a lo presupuestado originalmente para ese rubro que era de 1,866.9 millones de pesos.
Pero esta crisis empezó años antes. De acuerdo con la Auditoría, desde 2009 la Lotería no ha aportado recursos para programas de asistencia social, y a partir de 2011 el gobierno federal le ha transferido recursos para apoyar su operación.
Entre 2009 y 2015 la Lotería Nacional tuvo pérdidas por 1,665.7 millones de pesos, pues mientras sus gastos ascendieron a 39,680.4 millones de pesos sus ingresos fueron de 38,014.7 millones de pesos.
Sus deudas también están afectando la suficiencia financiera. La Lotería Nacional debe 81 pesos de cada 100 que recibe; en 2005 esta deuda correspondía a 58.7 pesos de cada 100.
La solvencia de la Lotería cayó 45%, pues en 2005 contaba con 2 pesos por cada peso que debía de pagar en el corto plazo y, en 2015, registró 1.1 pesos por cada peso en obligaciones.
AUDITORIA COMPLETA
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LIZBETH PADILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/loteria-nacional-crisis/
Edomex malversó 3,600 millones destinados a pagar deuda, obras y combatir la pobreza: ASF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 26 auditorías financieras al Gobierno del Estado de México (Edomex) en las que detectó un presunto daño al erario por miles de millones.
El Gobierno del Estado de México presuntamente malversó 3 mil 600 millones de pesos que estaban destinados, entre otras partidas, a sanear sus deudas, a la construcción de obras que no fueron entregadas, y a llevar a cabo programas de apoyo a población pobre que no demostró que cumpliera.
Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2015, en el que hizo 26 auditorías financieras a los miles de millones que la Federación entregó al gobierno mexiquense a través de múltiples programas sociales y fondos de ayuda.
Animal Político te presenta cuáles son algunas de las observaciones más relevantes de estas 26 auditorías, cuyo monto total de presunto daño al erario es de 3 mil 603 millones de pesos.
¿Dónde están mil 250 millones que eran para sanear cuentas?
La auditoría al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas es la que arrojó, presuntamente, un mayor daño al erario público: más de mil 200 millones de pesos.
Este Fondo de Aportaciones se creó en el año 2000 para ayudar a los estados a aliviar “las presiones financieras”, y es dinero que entrega el Gobierno Federal principalmente para obras de infraestructura, saneamiento financiero de los estados, “y sobre todo para el pago de la deuda pública”.
La ASF expuso que el Estado de México recibió en 2015 de la Federación un total de 4 mil 571 millones como parte de este Fondo de Aportaciones para sanear sus cuentas. De ese dinero, 3 mil 317 millones sí fueron destinados a la amortización de la deuda pública de la entidad. Sin embargo, de los mil 254 millones restantes el gobierno mexiquense no entregó documentos, ni comprobantes de pago, ni estados de cuenta bancarios, que comprueben en qué se gastó esa cifra millonaria.
Además, el gobierno mexiquense no transparentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tres informes sobre cómo gastó el dinero del Fondo, ni en qué. Ni publicó los informes trimestrales en el periódico oficial del estado.
Por lo anterior, la ASF emitió observaciones que generaron 10 peticiones de sanción administrativa contra funcionarios del Edomex.
DOCUMENTO DE LA AUDITORÍA
Edomex no invirtió (ni regresó) 869 millones destinados a apoyar población pobre
En la auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, uno de los ocho fondos que integran el Ramo General 33 y que está dedicado a programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyos a la población en desamparo, la ASF detectó que el gobierno del Edomex no ejerció 869 millones 305 mil pesos para beneficiar a esta población, ni tampoco los regresó a las arcas de la Federación.
Por lo que la Auditoría determinó que, o bien el gobierno mexiquense aporta toda la documentación que demuestre que sí gastó los casi 900 millones que recibió del Fondo de Aportaciones Múltiples –el cual también provee recursos para construir, mantener y rehabilitar escuelas de educación básica y superior-, o bien debe regresar ese dinero a la Tesorería de la Federación.
Por esta auditoría, la ASF determinó 8 observaciones, de las cuales 6 generaron peticiones de sanciones administrativas contra funcionarios del Edomex.
Documento de la auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples
220 millones para mejorar las ciudades no se gastaron ni tampoco se regresaron
Asimismo, en la partida de Proyectos de Desarrollo Regional, que básicamente es el dinero que la Federación otorga a los estados y municipios para que realicen obras de pavimentación de calles, así como infraestructura de vialidad vehicular y peatonal –o en otras palabras: es dinero destinado a mejorar las ciudades-, la ASF detectó otro presunto daño al erario por más de 220 millones.
En el pliego de observación 15-A-15000-02-0064-06-001, que puedes leer íntegro aquí, la Auditoría señaló que el Gobierno del Edomex recibió de la Federación un total de 221 millones 590 mil pesos para la realización de obras de mejora en los municipios mexiquenses.
Sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, el gobierno estatal no había repartido ese dinero entre los municipios. Motivo por el que la ASF le pidió a las autoridades estatales que demuestren en qué gastaron ese dinero, o que lo regresen a la Tesorería de la Federación.
Cabe resaltar que el Edomex no fue el único gobierno que no invirtió ni regresó a la Federación el dinero que se le otorgó para mejorar sus ciudades.
La ASF auditó un total de 7 mil 915 millones entregados por el Gobierno Federal a los 32 estados por el concepto de Proyectos de Desarrollo Regional. De este dinero, hasta 5 mil 961 millones (el 76% del total) no fueron gastados por los estados ni tampoco devueltos a la Federación. De hecho, los gobiernos estatales solo gastaron mil 897 millones (el 24%) y apenas regresaron 56 millones de los casi 8 mil millones recibidos.
En este rubro destaca el caso de Baja California Sur, a la que la Auditoría le responsabiliza de un presunto daño al erario por 509 millones de pesos que no fueron destinados a obras de mejora en sus municipios, ni tampoco fueron devueltos.
Más de 200 millones de daño al erario por obras deportivas y proyectos culturales inexistentes
En el Fondo de Infraestructura Deportiva, la ASF también apuntó que el Gobierno del Edomex no repartió ni regresó 74 millones 355 mil pesos que estaban destinados a obras para crear, rehabilitar, o mejorar, los espacios deportivos en 11 municipios mexiquenses.
Mientras que en la auditoría al Fondo de Cultura, la ASF señaló un presunto daño al erario de 128 millones 181 mil pesos por parte de las autoridades mexiquenses: al igual que en el caso del Fondo de Infraestructura Deportiva, el Edomex no invirtió los casi 130 millones que le dio la Federación en 2015 para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios artísticos y culturales, o dedicados a la difusión de la cultura. Por lo que la Auditoría Superior le pide al gobierno estatal que demuestren en qué se gastó ese dinero, o que lo devuelva a las arcas públicas.
Auditoría a la Infraestructura Deportiva
Auditoría al Fondo de Cultura
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/auditoria-edomex-recursos-desvio/
Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2015, en el que hizo 26 auditorías financieras a los miles de millones que la Federación entregó al gobierno mexiquense a través de múltiples programas sociales y fondos de ayuda.
Animal Político te presenta cuáles son algunas de las observaciones más relevantes de estas 26 auditorías, cuyo monto total de presunto daño al erario es de 3 mil 603 millones de pesos.
¿Dónde están mil 250 millones que eran para sanear cuentas?
La auditoría al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas es la que arrojó, presuntamente, un mayor daño al erario público: más de mil 200 millones de pesos.
Este Fondo de Aportaciones se creó en el año 2000 para ayudar a los estados a aliviar “las presiones financieras”, y es dinero que entrega el Gobierno Federal principalmente para obras de infraestructura, saneamiento financiero de los estados, “y sobre todo para el pago de la deuda pública”.
La ASF expuso que el Estado de México recibió en 2015 de la Federación un total de 4 mil 571 millones como parte de este Fondo de Aportaciones para sanear sus cuentas. De ese dinero, 3 mil 317 millones sí fueron destinados a la amortización de la deuda pública de la entidad. Sin embargo, de los mil 254 millones restantes el gobierno mexiquense no entregó documentos, ni comprobantes de pago, ni estados de cuenta bancarios, que comprueben en qué se gastó esa cifra millonaria.
Además, el gobierno mexiquense no transparentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tres informes sobre cómo gastó el dinero del Fondo, ni en qué. Ni publicó los informes trimestrales en el periódico oficial del estado.
Por lo anterior, la ASF emitió observaciones que generaron 10 peticiones de sanción administrativa contra funcionarios del Edomex.
DOCUMENTO DE LA AUDITORÍA
Edomex no invirtió (ni regresó) 869 millones destinados a apoyar población pobre
En la auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, uno de los ocho fondos que integran el Ramo General 33 y que está dedicado a programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyos a la población en desamparo, la ASF detectó que el gobierno del Edomex no ejerció 869 millones 305 mil pesos para beneficiar a esta población, ni tampoco los regresó a las arcas de la Federación.
Por lo que la Auditoría determinó que, o bien el gobierno mexiquense aporta toda la documentación que demuestre que sí gastó los casi 900 millones que recibió del Fondo de Aportaciones Múltiples –el cual también provee recursos para construir, mantener y rehabilitar escuelas de educación básica y superior-, o bien debe regresar ese dinero a la Tesorería de la Federación.
Por esta auditoría, la ASF determinó 8 observaciones, de las cuales 6 generaron peticiones de sanciones administrativas contra funcionarios del Edomex.
Documento de la auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples
220 millones para mejorar las ciudades no se gastaron ni tampoco se regresaron
Asimismo, en la partida de Proyectos de Desarrollo Regional, que básicamente es el dinero que la Federación otorga a los estados y municipios para que realicen obras de pavimentación de calles, así como infraestructura de vialidad vehicular y peatonal –o en otras palabras: es dinero destinado a mejorar las ciudades-, la ASF detectó otro presunto daño al erario por más de 220 millones.
En el pliego de observación 15-A-15000-02-0064-06-001, que puedes leer íntegro aquí, la Auditoría señaló que el Gobierno del Edomex recibió de la Federación un total de 221 millones 590 mil pesos para la realización de obras de mejora en los municipios mexiquenses.
Sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, el gobierno estatal no había repartido ese dinero entre los municipios. Motivo por el que la ASF le pidió a las autoridades estatales que demuestren en qué gastaron ese dinero, o que lo regresen a la Tesorería de la Federación.
Cabe resaltar que el Edomex no fue el único gobierno que no invirtió ni regresó a la Federación el dinero que se le otorgó para mejorar sus ciudades.
La ASF auditó un total de 7 mil 915 millones entregados por el Gobierno Federal a los 32 estados por el concepto de Proyectos de Desarrollo Regional. De este dinero, hasta 5 mil 961 millones (el 76% del total) no fueron gastados por los estados ni tampoco devueltos a la Federación. De hecho, los gobiernos estatales solo gastaron mil 897 millones (el 24%) y apenas regresaron 56 millones de los casi 8 mil millones recibidos.
En este rubro destaca el caso de Baja California Sur, a la que la Auditoría le responsabiliza de un presunto daño al erario por 509 millones de pesos que no fueron destinados a obras de mejora en sus municipios, ni tampoco fueron devueltos.
Más de 200 millones de daño al erario por obras deportivas y proyectos culturales inexistentes
En el Fondo de Infraestructura Deportiva, la ASF también apuntó que el Gobierno del Edomex no repartió ni regresó 74 millones 355 mil pesos que estaban destinados a obras para crear, rehabilitar, o mejorar, los espacios deportivos en 11 municipios mexiquenses.
Mientras que en la auditoría al Fondo de Cultura, la ASF señaló un presunto daño al erario de 128 millones 181 mil pesos por parte de las autoridades mexiquenses: al igual que en el caso del Fondo de Infraestructura Deportiva, el Edomex no invirtió los casi 130 millones que le dio la Federación en 2015 para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios artísticos y culturales, o dedicados a la difusión de la cultura. Por lo que la Auditoría Superior le pide al gobierno estatal que demuestren en qué se gastó ese dinero, o que lo devuelva a las arcas públicas.
Auditoría a la Infraestructura Deportiva
Auditoría al Fondo de Cultura
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/auditoria-edomex-recursos-desvio/
Detecta ASF pagos indebidos por 208 mdp en hangar presidencial que construyó amigo de EPN
La obra fue realizada por la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó en su revisión de 2015 que en la construcción del Hangar Presidencial se contrataron “empresas con propuestas que resultaron caras y mal integradas, lo que imposibilitó concluir el proyecto y se generó un sobrecosto por 141 millones 327 mil pesos.
En la revisión de 2014, los auditores ya habían encontrado pagos irregulares por 67 millones de pesos; por lo que la afectación documentada al erario federal es de 208 millones 314 mil pesos.
La obra fue realizada por la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto.
Aristegui Noticias documentó con la bitácora de obra que las empresas participantes incurrieron en mal diseño, mala ejecución de los trabajos, retrasos en la entrega de los planos y de la construcción, lo que aumentó el costo 70 por ciento, hasta llegar a los mil 182 millones de pesos.
Además, se afectó el diseño vanguardista del hangar para terminarlo a tiempo y en su lugar se edificó una gran bodega.
La ASF reveló que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México contrató a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que arreglara los desperfectos y terminara algunas obras no entregadas por la empresa de Hinojosa Cantú, mediante un contrato por 74 millones 240 mil pesos.
En los documentos presentados este jueves, la ASF concluyó que hubo un pago indebido por millones de pesos, desglosados de la siguiente manera:
7 millones 184 mil pesos por diferencias entre los volúmenes pagados por el AICM y los cuantificados por la ASF.
41 millones 919 mil pesos por la incorrecta integración de las matrices de conceptos no considerados en el catálogo original del contrato.
50 millones 880 mil pesos debido a que no hubo congruencia entre la integración de los precios unitarios contratados y la ejecución de los trabajos.
5 millones 647 mil pesos por costos de insumos que fueron elevados en relación con los precios de mercado.
12 millones 835 mil pesos por el incorrecto cálculo del factor de salario real.
2 millones 941 mil pesos por duplicidades entre el costo indirecto y las matrices de precios unitarios.
17 millones 934 mil pesos porque no se acreditó la totalidad del personal pagado a la empresa supervisora, que los documentos presentados cumplieron con los términos de referencia y porque se pagó el personal considerado para supervisar la fase que fue cancelada totalmente.
El proyecto original comprendía tres fases, pero debido al encarecimiento de la obra no se terminaron las primeras dos y la tercera se canceló definitivamente.
La fase uno era “la construcción del estacionamiento y los edificios de alojamiento”; la fase dos “la construcción del pórtico, de la caseta de acceso, del edificio de seguridad y destacamento, los garitones, el hangar 787 y la reubicación del monumento ‘El Mexicano’”; y la fase tres, la construcción del edificio de mantenimiento, de las direcciones de Operaciones y de Recursos Materiales y la Dirección General de Administración, así como la remodelación del conjunto presidencial y de los hangares 1 al 5.
De esta manera, se cancelaron obras destinadas a “constituir un espacio seguro, moderno y con las facilidades tecnológicas de vanguardia que permitan albergar y operar de manera adecuada toda la flota aérea de que dispone el titular del Ejecutivo Federal”.
La ASF presentó 16 observaciónes, de las cuales sólo una fue solventada; lo que motivó una recomendación dos promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliegos de Observaciones.
Aristegui Noticias publicó que la obra se elevó hasta los mil 182 millones de pesos, cuando la empresa de Hinojosa Cantú propuso concluirla por 685 millones de pesos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1602/mexico/detecta-asf-pagos-indebidos-por-208-mdp-en-hangar-presidencial-que-construyo-amigo-de-epn/
En la revisión de 2014, los auditores ya habían encontrado pagos irregulares por 67 millones de pesos; por lo que la afectación documentada al erario federal es de 208 millones 314 mil pesos.
La obra fue realizada por la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto.
Aristegui Noticias documentó con la bitácora de obra que las empresas participantes incurrieron en mal diseño, mala ejecución de los trabajos, retrasos en la entrega de los planos y de la construcción, lo que aumentó el costo 70 por ciento, hasta llegar a los mil 182 millones de pesos.
Además, se afectó el diseño vanguardista del hangar para terminarlo a tiempo y en su lugar se edificó una gran bodega.
La ASF reveló que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México contrató a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que arreglara los desperfectos y terminara algunas obras no entregadas por la empresa de Hinojosa Cantú, mediante un contrato por 74 millones 240 mil pesos.
En los documentos presentados este jueves, la ASF concluyó que hubo un pago indebido por millones de pesos, desglosados de la siguiente manera:
7 millones 184 mil pesos por diferencias entre los volúmenes pagados por el AICM y los cuantificados por la ASF.
41 millones 919 mil pesos por la incorrecta integración de las matrices de conceptos no considerados en el catálogo original del contrato.
50 millones 880 mil pesos debido a que no hubo congruencia entre la integración de los precios unitarios contratados y la ejecución de los trabajos.
5 millones 647 mil pesos por costos de insumos que fueron elevados en relación con los precios de mercado.
12 millones 835 mil pesos por el incorrecto cálculo del factor de salario real.
2 millones 941 mil pesos por duplicidades entre el costo indirecto y las matrices de precios unitarios.
17 millones 934 mil pesos porque no se acreditó la totalidad del personal pagado a la empresa supervisora, que los documentos presentados cumplieron con los términos de referencia y porque se pagó el personal considerado para supervisar la fase que fue cancelada totalmente.
El proyecto original comprendía tres fases, pero debido al encarecimiento de la obra no se terminaron las primeras dos y la tercera se canceló definitivamente.
La fase uno era “la construcción del estacionamiento y los edificios de alojamiento”; la fase dos “la construcción del pórtico, de la caseta de acceso, del edificio de seguridad y destacamento, los garitones, el hangar 787 y la reubicación del monumento ‘El Mexicano’”; y la fase tres, la construcción del edificio de mantenimiento, de las direcciones de Operaciones y de Recursos Materiales y la Dirección General de Administración, así como la remodelación del conjunto presidencial y de los hangares 1 al 5.
De esta manera, se cancelaron obras destinadas a “constituir un espacio seguro, moderno y con las facilidades tecnológicas de vanguardia que permitan albergar y operar de manera adecuada toda la flota aérea de que dispone el titular del Ejecutivo Federal”.
La ASF presentó 16 observaciónes, de las cuales sólo una fue solventada; lo que motivó una recomendación dos promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliegos de Observaciones.
Aristegui Noticias publicó que la obra se elevó hasta los mil 182 millones de pesos, cuando la empresa de Hinojosa Cantú propuso concluirla por 685 millones de pesos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1602/mexico/detecta-asf-pagos-indebidos-por-208-mdp-en-hangar-presidencial-que-construyo-amigo-de-epn/
jueves, 16 de febrero de 2017
ASF: Gobernadores suman 65 mil millones por malos manejos en 2015; el rey, Duarte en Veracruz
La Auditoría Superior de la Federación reportó que los gobiernos de los estados en la República Mexicana reportaron irregularidades por 65 mil millones de pesos en el presupuesto público de 2015. Entre éstos, el del entonces Gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte de Ochoa, lideró la lista de recursos “observados” por probables daños y perjuicios con más de 7 mil millones de pesos en su penúltimo año de su polémica administración.
La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el manejo de más de 65 mil millones de pesos enviados en 2015 a los diferentes Gobiernos estatales.
De acuerdo con el informe general de la revisión a la cuenta pública de 2015 publicado ayer, estos recursos son similares a casi el 10 por ciento del gasto total de la Federación en educación.
El mismo documento muestra que el Estado de Veracruz, gobernado hasta 2016 por el priista Javier Duarte de Ochoa, sigue encabezando la lista de entidades con recursos “observados” por probables daños o perjuicios al patrimonio público.
Al respecto, el informe entregado ayer muestra que Duarte de Ochoa recibió en su penúltimo año de Gobierno 7 mil 075.9 millones de pesos de recursos públicos que sufrieron un “impacto económico”, más otros 630.7 que no fueron ejercidos.
Estas dos cantidades son adicionales a 26 mil 42.6 millones de pesos que Duarte de Ochoa recibió entre 2011 y 2014 y que también recibieron observaciones por irregularidades.
En total, dice el informe entregado ayer, el priísta hoy prófugo de la justicia acumula 34 mil 57.1 millones de pesos con observaciones entre 2011 y 2015; 21 mil de ellos, vinculados con denuncias penales interpuestas por la ASF.
“Esta es una situación heterogénea en la que se puede observar que algunas entidades federativas han mejorado su gestión, mientras que otras no lo han hecho o, inclusive, registran retrocesos”, agrega el capítulo denominado “Gasto federalizado”.
Este tipo de dinero, formado por los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, representó el 34.9 por ciento del gasto neto total federal y concentró la mayor parte de las revisiones de la ASF.
De acuerdo con el documento, estos recursos se envían a través de programas como el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el Fondo de Aportaciones Múltiples o el programa Prospera, entre otros.
De los 65 mil millones de pesos ejercidos de manera irregular por las entidades federativas en 2015, la mayor parte (15 mil millones) fueron recursos enviados a través del Seguro Popular, “lo que manifiesta la existencia de problemas estructurales en la gestión de ese programa”, dice la ASF.
Esta cantidad observada en 2015 es menor que los 77 mil 380.6 detectados en el año previo por la misma institución revisora. Sin embargo, dice la ASF, reflejan todavía una gestión poco transparente y eficiente de recursos públicos que son equivalentes al 9.4 por ciento del total del gasto educativo federal.
“De la misma manera, dicho monto significa 1.3 veces la asignación del FISM-DF, que beneficia a todos los municipios del país; equivaldría también a cuatro veces el presupuesto federal asignado a los fondos y programas de seguridad pública operados por los estados y municipios”, agrega.
De los recursos “observados” en 2015, 31 mil 744 fueron malos manejos por parte de los Gobiernos estatales, como falta de documentación comprobatoria de siete mil 893.7 millones; o la transferencia a cuentas bancarias diferentes a las asignadas, como ocurrió con seis mil 106 millones; o cuatro mil 936 millones ejercidos sin cumplimiento de objetivos, entre otras irregularidades.
Otros 33 mil 449.1 millones de pesos fueron “subejercicios”, que la ASF considera como sujetos de “riesgo” de que no se apliquen para los fines previstos.
La segunda entidad con mayor cantidad de recursos públicos observados por “impacto económico” es Michoacán, cuyo Gobierno dejó en esa condición cuatro mil 474 millones de pesos en 2015, más otros 546 subejercidos.
Esta entidad arrastra también 20 mil 923.3 millones de pesos con observaciones desde 2011, y es también el segundo lugar en recursos –más de cinco mil millones de pesos–, sujetos a denuncias de hechos y penales.
Les sigue el Estado de Tabasco, con mil 608.9 millones de pesos vinculados con denuncias de hechos o penales, de un total de cinco mil 814.3 millones con irregularidades desde 2011.
También el Estado de México, que arrastra 11 mil 737.9 millones de pesos pendientes de explicar desde 2011, acumuló ocho mil 98 en la cuenta pública de 2015; la mayor parte, o cinco mil 699 millones, vinculados con subejercicios.
“El monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 podría interpretarse como la brecha en la generación de beneficios reales o potenciales para la población; en un escenario de múltiples y significativas carencias sociales, su existencia y recurrencia es injustificada”, advierte el documento en su apartado sobre gasto federalizado.
El informe fue presentado ayer por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, quien informó que, de las mil 643 auditorías realizadas, mil 184 fueron sobre la forma en la que se ejerce este tipo de recursos enviados a las entidades y municipios.
“Reiteramos que, cuando existen pruebas fehacientes de la comisión de ilícitos, actuamos al límite de nuestras facultades, pero nos permitimos insistir en que la prevención resulta prioritaria, y será cada vez más efectiva para que los actos irregulares sean la excepción”, agregó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3153094
De acuerdo con el informe general de la revisión a la cuenta pública de 2015 publicado ayer, estos recursos son similares a casi el 10 por ciento del gasto total de la Federación en educación.
El mismo documento muestra que el Estado de Veracruz, gobernado hasta 2016 por el priista Javier Duarte de Ochoa, sigue encabezando la lista de entidades con recursos “observados” por probables daños o perjuicios al patrimonio público.
Al respecto, el informe entregado ayer muestra que Duarte de Ochoa recibió en su penúltimo año de Gobierno 7 mil 075.9 millones de pesos de recursos públicos que sufrieron un “impacto económico”, más otros 630.7 que no fueron ejercidos.
Estas dos cantidades son adicionales a 26 mil 42.6 millones de pesos que Duarte de Ochoa recibió entre 2011 y 2014 y que también recibieron observaciones por irregularidades.
En total, dice el informe entregado ayer, el priísta hoy prófugo de la justicia acumula 34 mil 57.1 millones de pesos con observaciones entre 2011 y 2015; 21 mil de ellos, vinculados con denuncias penales interpuestas por la ASF.
“A pesar de la experiencia que para los Gobiernos locales se debería derivar de un proceso de fiscalización sistemático —realizado por la ASF desde hace muchos ejercicios, y que les permite conocer las irregularidades y áreas de riesgo más importantes en la gestión del gasto federalizado— persiste una significativa incidencia de las mismas en el manejo de estos recursos”, dice el documento, entregado ayer a la Cámara de Diputados.
“Esta es una situación heterogénea en la que se puede observar que algunas entidades federativas han mejorado su gestión, mientras que otras no lo han hecho o, inclusive, registran retrocesos”, agrega el capítulo denominado “Gasto federalizado”.
Este tipo de dinero, formado por los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, representó el 34.9 por ciento del gasto neto total federal y concentró la mayor parte de las revisiones de la ASF.
De acuerdo con el documento, estos recursos se envían a través de programas como el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el Fondo de Aportaciones Múltiples o el programa Prospera, entre otros.
De los 65 mil millones de pesos ejercidos de manera irregular por las entidades federativas en 2015, la mayor parte (15 mil millones) fueron recursos enviados a través del Seguro Popular, “lo que manifiesta la existencia de problemas estructurales en la gestión de ese programa”, dice la ASF.
Esta cantidad observada en 2015 es menor que los 77 mil 380.6 detectados en el año previo por la misma institución revisora. Sin embargo, dice la ASF, reflejan todavía una gestión poco transparente y eficiente de recursos públicos que son equivalentes al 9.4 por ciento del total del gasto educativo federal.
“A efecto de ofrecer una perspectiva de la relevancia de la magnitud del monto observado en la Cuenta Pública 2015, cabe señalar, por ejemplo, que dicho importe es equivalente al monto de los recursos asignados por el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo) en 2015 a 12 entidades federativas para financiar la nómina del sistema de educación básica”, plantea el informe.
“De la misma manera, dicho monto significa 1.3 veces la asignación del FISM-DF, que beneficia a todos los municipios del país; equivaldría también a cuatro veces el presupuesto federal asignado a los fondos y programas de seguridad pública operados por los estados y municipios”, agrega.
De los recursos “observados” en 2015, 31 mil 744 fueron malos manejos por parte de los Gobiernos estatales, como falta de documentación comprobatoria de siete mil 893.7 millones; o la transferencia a cuentas bancarias diferentes a las asignadas, como ocurrió con seis mil 106 millones; o cuatro mil 936 millones ejercidos sin cumplimiento de objetivos, entre otras irregularidades.
Otros 33 mil 449.1 millones de pesos fueron “subejercicios”, que la ASF considera como sujetos de “riesgo” de que no se apliquen para los fines previstos.
La segunda entidad con mayor cantidad de recursos públicos observados por “impacto económico” es Michoacán, cuyo Gobierno dejó en esa condición cuatro mil 474 millones de pesos en 2015, más otros 546 subejercidos.
Esta entidad arrastra también 20 mil 923.3 millones de pesos con observaciones desde 2011, y es también el segundo lugar en recursos –más de cinco mil millones de pesos–, sujetos a denuncias de hechos y penales.
Les sigue el Estado de Tabasco, con mil 608.9 millones de pesos vinculados con denuncias de hechos o penales, de un total de cinco mil 814.3 millones con irregularidades desde 2011.
También el Estado de México, que arrastra 11 mil 737.9 millones de pesos pendientes de explicar desde 2011, acumuló ocho mil 98 en la cuenta pública de 2015; la mayor parte, o cinco mil 699 millones, vinculados con subejercicios.
“El monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 podría interpretarse como la brecha en la generación de beneficios reales o potenciales para la población; en un escenario de múltiples y significativas carencias sociales, su existencia y recurrencia es injustificada”, advierte el documento en su apartado sobre gasto federalizado.
El informe fue presentado ayer por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, quien informó que, de las mil 643 auditorías realizadas, mil 184 fueron sobre la forma en la que se ejerce este tipo de recursos enviados a las entidades y municipios.
“Estamos conscientes de que la existencia de hechos que quedan impunes genera reclamos de mayor dureza en las sanciones por parte de la ASF. La percepción de que la impunidad prevalece y que la sanción no es oportuna o inclusive, no se presenta, alimenta la frustración social y mina la relación entre gobierno y ciudadano”, advirtió el auditor en su mensaje.
“Reiteramos que, cuando existen pruebas fehacientes de la comisión de ilícitos, actuamos al límite de nuestras facultades, pero nos permitimos insistir en que la prevención resulta prioritaria, y será cada vez más efectiva para que los actos irregulares sean la excepción”, agregó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3153094
jueves, 2 de febrero de 2017
PGR y ASF tienen abierta investigación por corrupción de Gabino Cué, asegura senador
Así lo dio a conocer el senador Benjamín Robles Montoya, quien agregó que también el Congreso de Oaxaca turnó la solicitud de Juicio Político contra el exmandatario estatal a la Comisión Instructora para darle cauce.
En documentos enviados al Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad (CCCI) se hace constar que los expedientes siguen abiertos contra exservidores públicos de la administración que encabezó Gabino Cué, cuyo saqueo podría ascender a más de 30 mil millones de pesos.
El legislador fundamentó como prueba para emprender acciones legales contra su examigo y colaborador las observaciones del 2011 al 2015 que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de más de 10 mil millones de pesos que no fueron comprobados ni justificados.
También se refirió al endeudamiento de más de 14 mil millones de pesos y a ello le sumó los dos mil 500 millones de pesos que le adeudan a empresarios; el déficit del sector educativo por más de seis millones; el de salud, de más de nueve mil millones. Un monto de más de 30 mil millones de pesos, recalcó.
Robles Montoya insistió en que hay pruebas de la corrupción del exgobernador Gabino Cué y sus excolaboradores Germán Tenorio, Alberto Vargas Varela, Netzahualcóyotl Salvatierra y Jorge Castillo, por las que deben responder, así como “todo aquel que robó al pueblo oaxaqueño”.
El senador por Oaxaca acusó a Jorge Castillo de ser el principal cómplice y prestanombres de Gabino Cué, a quienes “se les debe encarcelar porque robarse dinero del combate a la pobreza es un verdadero crimen”.
Desde el año pasado, detalló, el Consejo Ciudadano requirió a diversas dependencias del gobierno federal información sobre las investigaciones y acciones ante los actos de corrupción del gobierno de Cué Monteagudo, denunciados legal y públicamente.
En respuesta, la PGR indicó que, derivado de la denuncia interpuesta por Robles Montoya, si alguna dependencia o ciudadano cuenta con mayores datos que aportar a la investigación por los actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita denunciados, que se hagan llegar a la brevedad posible a esa autoridad federal.
A su vez, la ASF informó al Consejo que se realizaron 130 auditorías a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca sobre los ejercicios fiscales de 2010 a 2015, las cuales tienen diversas observaciones.
Mientras, la SFP citó al Consejo para el próximo 9 de febrero para responder a su solicitud sobre si existen denuncias e investigaciones a delegados federales en Oaxaca que durante el sexenio pasado hubieran incurrido en actos de corrupción.
En el ámbito estatal se presentó solicitud de juicio político contra Gabino Cué ante el Congreso del estado de Oaxaca, el cual notificó al Consejo Ciudadano que turnó la petición a la Comisión Permanente Instructora, presidida por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), e integrada por María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Paola Gutiérrez Galindo (PRD), así como Juan Mendoza Reyes (PAN) y Jesús Romero López (PT).
Finalmente, el Consejo Ciudadano consideró que los gobiernos estatal y federal no solamente deben investigar el presunto desfalco al erario y castigar a los responsables. También, agregó, deben resarcir los daños que impactan directamente a millones de personas que iban a ser beneficiarias de programas sociales, proveedores que perderán sus inversiones y personas trabajadoras que cumplieron con sus deberes pero no han recibido el sueldo correspondiente.
El CCCI se creó el 30 de noviembre de 2016 por un grupo plural de ciudadanos que se comprometieron a observar, pronunciarse y actuar sobre asuntos de interés público.
Entre los integrantes de este Consejo Ciudadano se encuentran Maribel Martínez Ruiz, presidenta de ViVa AC; Benjamín Robles Montoya, senador por Oaxaca; Alejandro Cruz Pimentel, experto en Transparencia; Mario Herrera, activista y defensor de personas defraudadas por cajas de ahorro; David Viloria, reconocido consultor en gestión pública; Luis Vásquez, vicepresidente del Colegio Nacional de Ingenieros Civiles y constructor; Armando Figueroa abogado e integrante de la organización Movimiento Vial; Amira Azucena Cruz Ramírez, docente universitaria sobre Socioformación y Derecho a la Información, y Macrina Hernández Chagoya, activista, gestora e integrante de la Asociación Civil de ámbito nacional Ruta 5.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472772/pgr-asf-abierta-investigacion-corrupcion-gabino-cue-asegura-senador
jueves, 19 de enero de 2017
Anuncia ASF plan de austeridad para ahorrar 50 mdp; quita autos y vales de gasolina a directores
En un comunicado, el organismo precisó que para dar muestras de un ejercicio eficiente y austero del gasto, hará un esfuerzo permanente por racionalizar el uso de los recursos financieros asignados en su presupuesto a lo largo del año.
“Consideramos que con base en las proyecciones que hemos llevado a cabo en los últimos días se podrán alcanzar economías de alrededor de 50 millones de pesos, cifra que será reintegrada a la Tesorería de la Federación con cortes mensuales y reportada a la opinión pública con esa misma periodicidad, con el fin de que se conviertan en recursos disponibles para ser utilizados en otros conceptos”, puntualizó.
Sostuvo que aumentará en 9% el número de auditorías para la Cuenta Pública 2016, con el fin de cumplir con las nuevas tareas encomendadas, y adicionalmente creará dos áreas dedicadas a la investigación y substanciación de faltas administrativas.
De igual manera, destacó que al ocupar su nueva sede procederá a la enajenación de otros inmuebles que posee, y con la venta de uno de ellos espera obtener al menos 70 millones de pesos, recursos que serían integrados a la Tesorería de la Federación para su disponibilidad.
Según la ASF, continuará implementando medidas de racionalización del gasto y adoptará acciones suplementarias, entre ellas mantener la disciplina de no subir los sueldos del personal de mandos medios y superiores.
Destacó que los directores generales de la institución no contarán con vehículo asignado ni vales de gasolina, y se cancelará la renta de inmuebles debido a la ocupación de la nueva sede de la institución, además de que reducirá al 50% los gastos de difusión.
También reducirá al 100% los estudios e investigaciones contratados con externos, y cancelará comisiones internacionales, excepto aquellas en las que la ASF presida el comité técnico, grupo de trabajo o asamblea correspondiente.
Asimismo, dijo, se eliminará al 100% la renta de salones y auditorios para la realización de eventos.
El organismo, presidido por Juan Manuel Portal, se comprometió a llevar a cabo revisiones sobre la implementación de las medidas de austeridad anunciadas por diversas entidades públicas.
Y reiteró que una manera de asegurar el rendimiento positivo de las acciones de la ASF para el país en su conjunto “es que su labor de fiscalización se base en criterios estrictamente técnicos y ajenos a cualquier consideración de carácter político”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/470797/anuncia-asf-plan-austeridad-ahorrar-50-mdp-quita-autos-vales-gasolina-a-directores
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