Más de 11 millones de mexicanos tendrían agua si no fuera utilizada por mineras: estudio

Más de mil títulos de aprovechamiento de agua otorgados a las mineras en México fueron registrados en 2016, lo que significa 436 millones 643 mil 287 metros cúbicos anuales del recurso que, de no ser utilizados para la minería, abastecerían a 11 millones 962 mil 830 personas en un año, señaló el “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”.

Aroa de la Fuente, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que las empresas mineras que consumen los mayores volúmenes de agua en el país suman 184 millones de metros cúbicos al año. Estas empresas son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México.

Mineros de Zacatecas exigen anular impuesto ecológico

Durante más de 15 horas, miles de trabajadores mineros sindicalizados bloquearon la autopista Zacatecas-Fresnillo, los accesos al aeropuerto Leobardo C. Ruiz y el parque Industrial Calera, inconformes con la aprobación de un impuesto ecológico que propuso el gobernador Alejandro Tello y que empezará a cobrarse a partir de este año a las empresas mineras en la entidad.

Los mineros que participaron en los bloqueos laboran en las empresas de Grupo Peñoles y Grupo Frisco, propiedad de Alberto Bailleres y Carlos Slim, respectivamente, que operan en cuatro unidades en el estado. Según el gobierno del estado, ambas estuvieron de acuerdo con el nuevo impuesto.

Tras las protestas, el gobernador advirtió que presentarán denuncias penales, y acusó a las empresas de actuar irresponsablemente “engañando y utilizando a sus trabajadores”.

En un mensaje difundido a través de Twitter al iniciar los bloqueos, Tello escribió: “Amañar la información a los trabajadores y utilizarlos para delinquir, no es algo que los #zacatecanos esperamos de empresas serias”.

Más tarde, por la misma vía, dio a conocer que emitió un decreto para impedir que las utilidades de los trabajadores mineros se vean afectadas por el nuevo impuesto que, insistió, ayudará a incrementar la infraestructura ecológica en la entidad. Y subrayó que no había pretextos para seguir obstruyendo las vías de comunicación.

“Ahora sí veremos quién está con #Zacatecas”, publicó en un mensaje, poco después de las 9 de la noche.

El Impuesto de Responsabilidad Ecológica que propuso el gobernador pretende gravar la extracción de minerales y materiales distintos a los señalados en el artículo 4 de la Ley Minera (oro, plata, plomo y zinc, principalmente), del suelo y el subsuelo, mediante procesos a cielo abierto, así como por la emisión de algunas sustancias a la atmósfera, el almacenamiento de contaminantes y residuos en suelo y vertederos públicos o privados.

Los bloqueos iniciaron a las 7 de la mañana del martes, y pese a las reuniones que se celebraron entre los líderes sindicales (de la agrupación encabezada por Carlos Pavón, de FRENTE) y funcionarios estatales, entre ellos el subsecretario de Gobierno Julio César Flores, no hubo manera de que los inconformes se retiraran de los plantones antes de las 22:30 horas.

Decenas de traileros, junto con sus unidades, permanecieron varados en la carretera federal 45, después de que los manifestantes se instalaron en el distribuidor que conecta al aeropuerto internacional, el parque industrial y la salida a Fresnillo.

La movilización estuvo encabezada por Juan de Dios Gallegos Jaramillo, secretario de la sección 62 de la mina Fresnillo PLC; Alfredo Villagrana Robles, de la sección 102 de la mina Francisco I. Madero; Juan Ladislao Lucio Rodríguez, de la sección 261 de la mina Tayahua, y Leonardo Ánimas, secretario de la sección 72 de la mina Saucito.

Los líderes de estas secciones señalaron que el Impuesto Ecológico que deberán pagar las empresas mineras impactará en sus empleos, salarios y prestaciones.

“En la mina Francisco I. Madero ya nos avisaron que si ese impuesto no lo quita el gobierno, la mina cerrará”, aseguró el secretario de la sección 102, Alfredo Villagrana.

Según los dirigentes, el gobierno del estado los perjudicará con el gravamen, por eso salieron a las calles a respaldar sus trabajos y las empresas donde laboran, y acusaron al gobernador priista Alejandro Tello de traidor, porque –subrayaron– “anduvo en la campaña dándonos la cara para pedirnos el voto”.

En su reunión con el subsecretario de Gobierno, Julio César Flores, éste aseguró a los mineros que el impuesto no impactará en los salarios y empleos, y dijo que en un encuentro efectuado en diciembre, previo a la discusión en el Congreso local, hubo pláticas entre el gobierno y empresarios y éstos “aceptaron el gravamen”.

“Qué bueno que ahora ustedes nos informan que no están en esa línea de acuerdo y diálogo que se había tenido”, resaltó el funcionario antes de retirarse y luego de que los dirigentes mineros se negaron a levantar el bloqueo.

Hasta después de las 10:30 de la noche los trabajadores mineros comenzaron a abandonar las vías, sin que se conociera el acuerdo al que se llegó con el gobierno estatal.

A esa hora, Alejandro Tello anunció en un mensaje: “Hemos logrado liberar pacíficamente la carretera federal 45. En todo momento privilegiamos el diálogo con el sindicato minero”.

Según la denuncia que hicieron organizaciones sociales y académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Tello Díaz acordó el nuevo gravamen con los empresarios mineros, a cambio de cancelar la declaratoria de Reserva de la Biósfera que impulsaba la anterior administración para una extensión de 2.5 millones de hectáreas del desierto semiárido zacatecano, justo donde operan varias empresas mineras.

Y es que esa declaratoria representaba una mayor regulación de las actividades mineras por parte de las instancias federales.

Fuente: Proceso

Autora: Verónica Espinosa con información de Alfredo Valadéz

http://www.proceso.com.mx/472680/mineros-zacatecas-exigen-anular-impuesto-ecologico

Larrea, el sucio

CANANEA, SONORA: El gobierno de Sonora les ofreció trabajo como barrenderos para que dejaran de buscar oro en los montes. Ellos, integrantes de la Unión de Gambusinos de El Parián y concesionarios de 500 hectáreas de tierra rica en mineral, rechazaron la oferta.

“Todo empezó porque encontramos un cerrito que tenía oro”, dice Francisco Serrano, el bigotón y corpulento líder del grupo de mineros artesanales.

A partir de entonces, acusa, el alcalde de Bacoachi, Adolfo Salazar Espinoza, y los ganaderos del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe les cerraron el paso al lugar.

Bacoachi es un municipio al noreste del estado de Sonora, donde el oficio de buscar oro arañando la tierra pelea contra la explotación de minerales a gran escala. Durante 500 años, los pobladores de esta región han sobrevivido de la venta a pequeña escala. Con picos, palas, mazos y bateas, Serrano y su familia se van a los montes en busca de vetas de oro, un oficio que aprendió de su padre, y él, a su vez, de su abuelo, y del que puede sacar unos 200 pesos al día.

“Lo que debería de hacer el gobierno, en vez de quitarnos nuestras tierras, es enseñarnos cómo explotar más, que nos ayude a tecnificarnos”, lamenta el gambusino.

A 70 kilómetros al norte de Bacoachi, en Cananea, está la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de cobre del mundo.

El grupo de mineros artesanales, que aglomera a más de 100 familias, sospecha que el bloqueo a sus actividades tiene relación con los intereses del poderoso grupo empresarial: “Como es una concesión y saben que hay oro, a lo mejor quieren favorecer al grupo (México) o no sé a qué gente. Quitarnos a nosotros que les estorbamos para quedarse con la tierra”.

Un pueblo al que le creció un tumor
Grupo México tiene una extensión concesionada para explotación minera en Sonora de casi 6 millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.

En 1990, mediante una subasta, la empresa compró al gobierno mexicano la mina Buenavista del Cobre por poco más de 400 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de su precio real, estimado en 3 mil millones de dólares.

La familia Larrea, propietaria del emporio, no siempre se dedicó a la minería. Su negocio, hasta 1990, estaba en la industria de la construcción. Ahora, la fortuna familiar proviene de la minería, con operaciones en México, Perú y Estados Unidos.

“La colaboración de los miembros del grupo empresarial con el régimen salinista les fue ampliamente retribuida; un ejemplo de esto fue la participación de muchos de ellos en el proceso reprivatizador”, sostiene la politóloga Marcela Briz en su libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Surgimiento y Consolidación.

Grupo México es dirigido por Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre conocido por su poca afición a la vida pública. En el Consejo de Administración figura Claudio X. González, uno de los empresarios más influyentes de México y que, paradójicamente, nació en Cananea hace 82 años.

Cananea es un pueblo de mineros, de hombres que regresan a dormir a casas de huéspedes con la nariz irritada y los ojos rojos. La mayoría de los habitantes son hombres. La prostitución y las peleas de cantina son cosa de todos los días.

Desde 1899, cuando William Cornell Greene fundó The Cananea Consolidated Copper Company y catapultó la extracción del cobre que abunda en la región, Cananea ha sido el centro minero más importante del país. Aunque su fama se debe a la huelga que iniciaron el 1 de junio de 1906 más de 2 mil mineros de origen mexicano contra los entonces dueños extranjeros de la compañía. La huelga fue sofocada rápidamente, pero en la historia mexicana se considera el inicio de la Revolución.

La mina y el pueblo de Cananea están juntos. Primero se abrió el socavón y después se asentaron los habitantes, que durante décadas se beneficiaron de la producción minera… hasta que llegó el Grupo México. Hoy, la tierra muerta ha crecido tanto y tan rápido que, visto desde el cielo, el pueblo parece tener un tumor. Su presa de jales (dónde se tiran todos los desechos tóxicos) tiene una superficie del tamaño del poblado entero. La cohabitación es tal, que todas las tardes suena una sirena que precede a la explosión de dinamita. El estruendo cimbra las casas y estremece a los habitantes.

Los nuevos mineros
Desde que Grupo México adquirió Buenavista del Cobre, la empresa dijo que compró una mina no un sindicato, cuenta Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65 del sindicato minero, convencido de que la empresa empeoró a propósito las condiciones de seguridad.

Lo cierto es que la relación laboral se modificó. En 2007, mil 200 trabajadores de Cananea anunciaron un paro de labores. Pero, como en porfiriato, los mineros llevaron las de perder: Fernando Gómez Mont, abogado corporativo de Grupo México, se convirtió en Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón y “el gobierno se convirtió en abogado de la empresa”.

En 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró terminada la relación laboral entre el sindicato y la empresa, y un año después, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia. Luego, se adjudicó a la Confederación de Trabajadores de México el contrato colectivo de trabajo y Grupo México comenzó a subcontratar personal por medio de out sourcing.

Los nuevos mineros llegaron del sur, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Veracruz. Eran trabajadores sin arraigo en la comunidad y que poco saben del orgullo que representa para sus pobladores trabajar en la mina.

Las amenazas y las persecuciones judiciales disuadieron a los mineros en su protesta. La casa de Moisés Miranda fue atacada a balazos y él se libró de la cárcel con libertad condicional. “Algunas casas de compañeros las quemaron los esquiroles de la empresa”, cuenta el hombre, el último de una familia minera. La esperanza de que sus hijos heredaran su empleo -el mismo que tuvieron su padre y abuelo- se terminó en 2010, cuando Grupo México puso sus apellidos en la “lista negra” de despedidos. Ese año la empresa inició un plan de expansión para elevar 180 por ciento la producción de cobre hacia 2016.

Para los trabajadores, las condiciones de vida son peores. Un minero que lleva un año y medio trabajando en Buenavista del Cobre, con jornadas de 12 horas diarias y un sueldo que no le alcanza para mantener a su esposa e hijo, asegura que en el tiempo que lleva en la mina ha sabido de unos 15 compañeros muertos. Sólo entre marzo y mayo de este año hubo tres accidentes graves dentro de la mina: en el primero, un trabajadormurió al caer en un molino que tritura piedra; el 20 de abril, otro minero se fracturó las dos piernas al caer de un trascabo; y dos semanas después, otros tres mineros fueron aplastados por un camión de volteo.

En su informe de 2014, el último disponible en línea, Grupo México no desglosa el número de accidentes en sus minas, sólo dice que la tasa de “accidentes incapacitables” y enfermedades en la división minera disminuyó entre 2012 y 2014. En cambio, presume acciones del “Tren de la Salud”, un proyecto filantrópico que es ampliamente publicitado a través de la cadena de cines Cinemex, que también es propiedad de la familia Larrea.

El peor desastre
El 6 de agosto de 2014 una represa de jales con químicos tóxicos derivados de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La cuenca se pintó de rojo y cobre. La muerte de especies llegó hasta Hermosillo, a 296 kilómetros al sur, y la afectación alcanzó 7 municipios de la región.

El “desastre ecológico más grande de México”, como dijo Juan José Guerra, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afectó a 22 mil personas de la zona. Así lo reconoció, en una de las primeras reuniones, el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Urzueta -ex gobernador de San Luis Potosí, ex diputado federal y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1972-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora estimó las pérdidas económicas en 2 mil millones de pesos las pérdidas económicas. En cambio, Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper, una de las mineras propiedad de Grupo México, respondió que decir eso era una exageración: “es el peor desastre en Sonora, pero a nivel nacional tenemos muchos”.

Un minero que estuvo presente en el derrame y que pide el anonimato, lo explica a su modo: “Ese ácido (el derramado) desbarata toda piedra que agarra, hazte de cuenta que más fuerte que la sosa o que el ácido muriático”. La empresa, dice el minero, “es consciente de lo que está contaminando”.

Un año después, la organización no gubernamental Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) documentó que el derrame fue ocasionado porque Buenavista del Cobre operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley, como tener un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, la mina almacenó la solución de sulfato de cobre acidulado en instalaciones que estaban en construcción y no tenían sistemas de detección y control de derrames.

“La minera ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, concluye Poder.

A pesar del desastre, las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvieron estables y no les suspendieron la concesión. Y un mes después del derrame, el 9 de septiembre, el equipo de prensa de Presidencia distribuyó una fotografía de Germán Larrea saludando a Enrique Peña Nieto en una reunión de Banamex.

En marzo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a Grupo México con una multa por 23 millones de pesos, debido a que incurrió en 55 “irregularidades”; el monto representó 0.22 por ciento del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. Además de la multa, Grupo México debió pagar 2 mil millones de reparación del daño, a través de Fideicomiso Río Sonora, que no llegó a los campesinos.

Un despojo selectivo

En Cananea los coches están corroídos por el ácido que flota en el aire y las láminas de los autos empiezan a ponerse amarillas. Roberto González habitante del pueblo, cuenta que revierte el efecto en su camioneta lavándola con ácido de aluminio.

El kinder Charles Darwin tiene de vista en su traspatio un par de tinas donde se almacena ácido. María, una vecina del lugar, dice que los niños que toman clases ahí sufren de vómitos constantes.

La venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame; las familias tienen que gastar más en agua purificada, comprar productos foráneos que son más caros y movilizarse a ciudades aledañas para comprar productos que antes compraban en la región, según una estimación de costos del derrame elaborada por investigadores de la Universidad de Sonora.

Rosa Guayante, líder del Frente Femenil Cananense, explica que cuando remplazaron a los mineros, la producción de la compañía aumentó, pero también empezó a haber más contaminación. Relata que hace un par de años la pequeña huerta de cilantro y tomate en el jardín de su casa se secó. Ella jura que lo que mató sus plantas fue el aire enrarecido y el olor a huevo podrido que desprende una bodega donde se procesa molibdeno con sulfhidrato de sodio, a menos de un kilómetro de su casa.

Ahora, dice, a través del presidente municipal, la minera está promoviendo reubicar a 150 vecinos del lugar por las quejas de la contaminación. Ella no piensa irse y le puso precio a su casa: “50 millones”, dice entre risas. Aunque su resistencia sí ha tenido un costo: cuando sugirió a los demás propietarios el precio para vender sus viviendas, el Ayuntamiento la dejó de invitar a las juntas de negociación.

El historiador de la Universidad de Sonora, Juan Manuel Silva, ha dedicado varias investigaciones a los proyectos mineros en el estado. Uno de sus hallazgos importantes es que la contaminación, si bien no es hecha a propósito, las empresas mineras sí la han sabido capitalizar.

Los dirigentes sindicales cuentan, por ejemplo, que después del derrame, Grupo México compró las rancherías La Mexicana, El Cuatro, El Jaralito, El Alacán, La Morita, Las Tinajas y parte del ejido Los Nogales. Todos esos son lugares afectados por el derrame, pero también futuros terrenos de explotación minera.

* * *

El 19 de febrero del 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, propiedad de Grupo México, una explosión mató a 65 mineros que quedaron atrapados. La minera se empeñó en decir que fue un “accidente”; han pasado 10 años y los cuerpos de los mineros no han sido rescatados. En Perú, donde Grupo México encabeza el proyecto minero Tía María, paralizado en 2015 por la inconformidad social de las comunidades indígenas de Arequipa, la represión gubernamental a la resistencia ha dejado cuatro personas muertas.

Son los antecedentes de una empresa que, en los hechos, no se ocupa de las condiciones mínimas de seguridad de sus trabajadores, ni de las afectaciones a las comunidades aledañas, que en lugar de vivir de la mina, como en el pasado, ahora son despojadas de su trabajo y de su tierra.

Grupo México es la empresa minera que más agua consume en el país con más de 90 millones de metros cúbicos al año, según el estudio sobre las concesiones de agua para las minas presentado este año por Cartocrítica y la organización alemana Heinrich Böll.

Bacoachi, dice su cronista, Zoila Salazar, significa río de víboras, pero ya no hay víboras. El nivel de agua ha bajado porque “bombean el agua, para surtir a Cananea y a la mina de agua y la mina la regresa a ese represo pero ya contaminada y envenena el nacimiento del Río Sonora”.

¿Qué costo tiene la empresa por estas afectaciones? En agosto, tras cumplirse dos años del derrame, Poder dio a conocer que Grupo México y sus subsidiarias “han utilizado todas las herramientas legales para evitar la entrega de información pública” relacionada con el derrame, por lo que la organización mexicana tuvo que acudir a las cortes de Estados Unidos y ha tenido que ser un juez de Distrito de Arizona, donde tiene su sede Southern Copper Corporation (la empresa matriz de Buenavista del Cobre), el que falle a favor de que Semarnat y la empresa entreguen información.

En México, en cambio, conforme a los datos obtenidos vía transparencia, la denuncia penal interpuesta por Profepa contra Buenavista del Cobre, “no ha causado estado”. Tampoco hay detenidos. Y por la solicitud de información realizada para este reportaje, la investigación fue clasificada bajo reserva por cinco años.


Quizá en el año 2021, las 22 mil personas afectadas puedan conocer qué fue lo que sucedió el día que los ríos se espesaron de color rojo.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: José Ignacio De Alba y Jade Ramírez Cuevas. Fotos: Héctor Guerrero y José Ignacio De Alba.

LINK: https://desinformemonos.org/larrea-el-sucio/

**Este texto es una publicación de Pie de Página. Es una investigación de la  Red de Periodistas de a Pie y fue realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas


http://piedepagina.mx/el-banquete-minero.php

Ni por todo el oro del mundo: Familias de Zacatecas en resistencia contra las mineras

Roberto de la Rosa contempla su casa: una construcción de muros anchos y grietas en el techo que por varias generaciones ha pertenecido a su familia. En la sala, frente a una imagen del mítico héroe revolucionario Emiliano Zapata, dice que él no abandonará sus raíces por nada en el mundo. Esos muros desgastados resguardan la historia de un hombre que desde hace seis años lucha contra un consorcio que quiere explotar una mina a cielo abierto en el terreno donde está asentada su casa y la de sus vecinos.

Él vive en Salaverna, una comunidad apostada sobre un terreno montañoso del municipio de Mazapil, ubicado en el noreste del Estado de Zacatecas. Ahí la empresa Tayahua en asociación con Frisco —una compañía de Carlos Slim, el hombre más rico de México— emprendió en 2010 un proyecto minero-metalúrgico que extraería el mineral mediante minado a cielo abierto con una inversión de 45 millones de dólares.

El conflicto entre la comunidad y la minera comenzó a finales de 2010 cuando recibieron las primeras visitas de los miembros de la compañía que intentaban convencerlos de desalojar el terreno, cuenta don Roberto, delegado municipal. La empresa les ofrecía reubicarlos a un nuevo fraccionamiento construido exclusivamente para ellos porque en el subsuelo de Salaverna había una falla sísmica que representaba un riesgo para su vida.

La mayor parte de las 120 familias se resistieron a aceptar el trato y la minera continuó con el trabajo subterráneo, que implicaba detonaciones tres veces al día. En diciembre de 2012 una parte del cerro donde están apostadas las casas se desgajó y se vieron afectados un par de vecinos. Casualmente ese día gente de la empresa llegó a contarles que el nuevo fraccionamiento, ubicado a 5 kilómetros de ahí, estaba casi listo para su inauguración. Los opositores al proyecto están convencidos que el desprendimiento ocurrió por las detonaciones que hace la empresa con la finalidad de infundirles temor.

"Muchos por el miedo de que sus casas se fueran a hundir se fueron, pero otros aceptaron porque se deslumbraron. Nunca había visto esas casas con regadera, vitropiso (piso de cerámica), como en las ciudades. Entonces se fueron como 50 familias", explica Celestino Guevara, otro de los habitantes que se resisten a dejar su propiedad.

La compañía cuenta con la declaración de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente que les autoriza trabajar en la zona y posee la concesión para explotar unas 300 hectáreas. Sin embargo no ha podido desalojar a las 16 familias porque estas poseen títulos agrarios que amparan la propiedad de sus parcelas.

Un pueblo fantasma

Al caminar por las veredas de Salaverna se observan decenas de casas derruidas que dan la sensación de un pueblo abandonado. Son los restos de las viviendas que fueron vendidas a la empresa y que ésta pulverizó. La iglesia ha sido cerrada porque está atravesada por una enorme grieta, en la primaria ya no hay clases y los servicios que ofrecía la clínica médica fueron trasladados al nuevo Salaverna.

—Ese era un cine hace muchos años, luego lo hicimos un auditorio —señala don Roberto mientras camina entre los escombros del inmueble sin techo.

Más arriba está la única tienda de la localidad. Emilia Torres, la dueña del comercio, dice que aunque su tienda está a punto de extinguirse por las escasas ventas, no dejará Salaverna. “Dicen que allá es una colonia moderna, pero yo no vivo de lo moderno, si yo ahorita no tengo para comer, voy y mato una gallina y se las cocino en una fogata allá afuera a mis hijos, y allá abajo no te dejan tener animales ni prender lumbre en la calle. Yo aquí tengo cochinos, conejos y palomas porque esta es nuestra forma de vivir”, expresa.

Celestino Guevara tampoco se marchará. En Salaverna hay muchas personas como él que poseen casas de 50 metros de largo y 50 de ancho. En el nuevo fraccionamiento las viviendas son de 8 y 12 metros. “Yo aquí no molesto a ningún vecino porque mi casa está separada de la de él, allá viven juntitos los unos a los otros”, afirma.

En el nuevo Salaverna, Refugio –una anciana de 90 años y arrugas pronunciadas- está sentada afuera de una vivienda de colores pálidos. Su nuera dice que ahí se la pasa todo el día. “Está deprimida, desde que nos vinimos para acá, no tiene mucho que hacer. Allá se la pasaba todo el día caminando por el monte o alimentando a los animalitos”. Otra vecina, quien atiende una tienda de abarrotes, dice que ella está conforme con su casa. “Acá tenemos una escuela nueva, nos hicieron una iglesia y las calles están pavimentadas”, dice.

TERRENO QUE VALE ORO

Zacatecas es un Estado tradicionalmente minero y esta actividad es uno de los principales pilares del desarrollo económico de la región. Desde la época de la colonia se han explotado importantes yacimientos de cobre, oro y plata. Actualmente el 40% del territorio está concesionado.

Uno de las regiones mineras más importantes está en Mazapil (22.000 habitantes), a donde pertenece Salaverna. El municipio fue el mayor productor de oro y plata durante 2014, según el último informe de la Cámara Minera de México.

El alcalde de Mazapil, Vicente Pérez Esquivel, cuenta que Salaverna se formó como un centro de población para los empleados que trabajaban en el ejido Terminal de Providencia –donde están las instalaciones de la mina- y con el paso de los años estudios geológicos fueron encontrado que el yacimiento minero daba hacia donde está ubicado Salaverna “El ejido quedó atrapada en ese importante yacimiento”, explica el alcalde.

La actividad minera es uno de los principales ejes económicos del municipio debido a la derrama económica que dejan los empleados y a la mano de obra que contratan. “El primer beneficio es que nos ocupan a una parte de nuestra gente, y pagan un impuesto de su predio. Al año se les cobra un predial de 16 millones de pesos (unos 888.000 dólares). Ese dinero nos ayuda en las necesidades del municipio: servicios públicos, mantenimiento de escuelas o centros de salud”, expone.

Fuente: El País Internacional

Autora: Zorayda Gallegos

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/02/mexico/1467410629_857103.html

Las cuevas letales de Grupo México y un cacique de Coahuila

MÉXICO, D.F: La muerte de 65 trabajadores en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, ocurrida en 2006, no fue suficiente para que Grupo México tomara conciencia de la gravedad en las operaciones extractivas del carbón y, a nueve años de distancia, una de sus concesiones mineras en Coahuila, es explotada mediante el procedimiento más letal: simples cuevas, hasta de dos pisos, sin el menor atisbo de medidas de seguridad.

Desde el siniestro ocurrido en Pasta de Conchos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como el gobierno de Coahuila, han comprometido una y otra vez el perfeccionamiento de sus inspecciones, pero la cifra de mineros fallecidos acumula desde entonces más de 160 obreros muertos, la mitad por explotaciones irregulares, rudimentarias, e inclusive, clandestinas.

La operación del fundo minero de Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota-Velasco, está a cargo de uno de los caciques de la región: se trata del diputado local y exalcalde priista de San Juan de Sabinas, Coahuila, Antonio Nerio Rodríguez.


Las fotografías, video y los datos fueron obtenidos por la organización La Familia de Pasta de Conchos que agrupa a los deudos de diferentes desastres carboneros.

Tras consultar el Registro Público Minero, encontraron el Título 235767, cuyo titular es Industrial Minera México (IMMSA), la subsidiaria de Grupo México dueña de Pasta de Conchos.

Ese lote fue identificado por la organización, luego de observar que el año pasado, la empresa Integración Minera SA de CV, aparece como proveedor de Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), una paraestatal del gobierno del estado de Coahuila que funge como intermediaria ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abastecer dos carboeléctricas ubicadas en Nava, Coahuila, cerca de la frontera.

En los registros públicos de proveedores de carbón abierto por Prodemi, Integración Minera declara como lote de trabajo, el llamado Unificación 57, amparado en el Título 235767, es decir, la concesión de IMMSA.

El aliado local

Antonio Nerio Rodríguez es uno de los empresarios más conocidos en la Región Carbonífera de Coahuila, por lo acaudalado y por su militancia priista desarrollada dentro del grupo político que encabeza el exgobernador y exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy.

En el sexenio de Montemayor, de 1993 a 1999, Nerio fue diputado local y alcalde de San Juan de Sabinas; posteriormente se le designó subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en la zona y en 2009, su hijo Antonio Nerio Maltos se convirtió en  alcalde y el año en diputado local.

Dedicado principalmente al transporte de carbón, mineral en torno al cual giran sus demás negocios, Nerio Rodríguez se ha diversificado en actividades agrícolas y ganaderas, e inclusive, su más reciente adquisición fue la franquicia del club de beisbol Saraperos de Saltillo, de la Liga Mexicana de Béisbol, cuya presidencia asumió el pasado 11 de noviembre.

En la semblanza que sobre él se publica en la página de Saraperos, destaca su historial de empresario, las dos veces que ha sido diputado local y presidente municipal de San Juan de Sabinas (municipio más conocido por su cabecera municipal, Nueva Rosita), se le califica de filántropo, así como de “Amante y apasionado de la historia, el arte y la naturaleza”. Además, se lee:

“A lo largo de más de 30 años ha desarrollado una plataforma tecnológica que ha permitido una optimización de procesos y el fortalecimiento de una cultura corporativa en la rama de la Minería”.

Y en otro párrafo:

“Con programas sociales de alto impacto en la región, enfocados a la población más vulnerable y demasiado generoso en ocasiones, disfruta que su esplendidez se la retribuyan solamente con un sincero agradecimiento”.

Las cuevas

Los hechos son otros: diferentes estudios ambientales han demostrado que gran parte de la contaminación de la región proviene del transporte de carbón; también que el Río Sabinas está severamente impactado, entre otras fuentes, por tajos a cielo abierto como el que opera Antonio Nerio y es propiedad de Grupo México.

Aún más. En las imágenes de las cuevas la realidad choca con la semblanza de autoafirmación:

En las paredes del tajo a cielo abierto en desuso, las cuevas proliferan mientras trabajadores apenas equipados con un casco, realizan labores. Sin ademes que las soporten, ni estructura elemental para la extracción de mineral, los socavones decoran su acceso apenas con una letrina móvil.

A simple vista, el riesgo de derrumbe es latente, pues en las cuevas que sí tienen ademes, éstos están colocados sin inclinación; carecen de malla protectora en cielo y paredes; tienen cableado expuesto y no satisfacen ni siquiera las medidas que un pocito, de por sí inseguro, sí tiene.

La admisión de que ni a pocito llegan, está escrita en un letrero de cartón al exterior de uno de los socavones, pretendida norma de seguridad donde se lee:

“No se permite: que ningún trabajador entre a estas cuevas con cerillos, ni encendedor, cigarros, cosas de aluminio. No prender lumbre cerca de labor de trabajo” (sic).

Abajo del letrero luce un extintor, con otra cartulina negra más pequeña que dice “Extinguidor”, junto a una camilla elaborada con palos y retazos de tela negra.

En otra cueva, localizada en la parte baja del tajo en desuso, se observa apenas una letrina móvil.

“Lo de Integración Minera, ha de ser porque integraron tajo y cueva para sacar carbón”, ironiza Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos que acompaña a las familias víctimas de la extracción carbonífera.

En 2011, siendo aún alcalde de San Juan de Sabinas, la empresa de Antonio Nerio fue denunciada ante la STPS, por explotar un pocito de carbón en el interior del basurero municipal. Cuando los inspectores federales llegaron, se les informó que ya no estaba en operación, por lo que libraron sanciones, aparentemente por el pitazo de uno de los inspectores locales.

En medio del basurero municipal, en Nueva Rosita, subsiste la torre carbonera que alguna vez, integró la extracción de carbón con la basura de la pequeña ciudad.

Esta vez, la Familia de Pasta de Conchos, pudo documentar con imágenes la operación de cuevas de Antonio Nerio y el lote donde extrae carbón, con lo que Cristina Auerbach concluye:


“Nos damos cuenta, una vez más, de que todos los caminos llevan a Grupo México”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

El 44 por ciento del territorio de Colima, concesionado a mineras

ZACUALPAN, Col: El proyecto para explotar una mina de oro, plata, cobre y manganeso provocó un conflicto social en esta comunidad indígena nahua, que después de casi año y medio vive en una tensión permanente, que podría desencadenar enfrentamientos con resultados trágicos.

Entre el 1 y el 4 de marzo, una Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan visitó el estado y en dos ocasiones intentó ingresar al pueblo para entrevistarse con las autoridades comunales y miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ). No obstante, un grupo de comuneros priistas bloqueó la carretera con piedras y, armado con palos, tubos y machetes, le impidió el acceso.

En su informe final, los observadores –pertenecientes a 18 organizaciones de Canadá, Estados Unidos y México– responsabilizaron al gobernador Mario Anguiano Moreno de “cualquier hecho violento, derramamiento de sangre o incluso muertos por la falta de oficio político para resolver asuntos que están totalmente relacionados a la falta de garantía para la aplicación del derecho”.

La Misión estuvo integrada, entre otros, por Jennifer Moore, de MiningWatch; María Colín, de Greenpeace; Mario Gálvez, de Peace Action; Miguel Ángel Mijangos, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero; Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; Alison Wright, de Environmental Defender Law Center; María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Claudia Gómez, del Colectivo de Abogados de Jalisco, y personajes como la cineasta Dana Rotberg y el antropólogo Gilberto López y Rivas.

Después de los primeros meses de protestas en contra de la mina —en cuyo contexto la asamblea comunal declaró a Zacualpan como “Territorio libre de minería” y esto fue reconocido por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 38—, autoridades estatales y federales afirmaron que no se llevaría a cabo el proyecto, pero la Misión Internacional corroboró que hasta la fecha hay dos concesiones vigentes en esa zona, relacionadas con los lotes Heliotropo y Tigrilla.

A juicio del grupo de observadores, el conflicto de Zacualpan en realidad fue originado por una política implementada por el gobierno federal, que “de forma indiscriminada y sin respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras”, sin que los pueblos de todo el país, y del estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada.

“Esta política entreguista y de despojo —añadieron en su documento— genera que 44% del estado de Colima haya sido entregado en concesión a diferentes promoventes de empresas privadas de capital nacional y extranjero, lo cual hace que Colima ocupe el deshonroso primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado”.

Datos del Sistema de Administración Minera, de la Secretaría de Economía, muestran que en el periodo de 2002 a 2014 casi se triplicó el número de concesiones mineras en la entidad, de 113 a 297.

La misma dependencia reporta que en la actualidad una decena de compañías mineras trasnacionales, originarias de Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido, Argentina, Italia e India, están en territorio colimense realizando labores de exploración, en desarrollo o en plena producción.

La mayor parte de estas empresas se dedica a la extracción de hierro, en tanto que otras buscan oro y plata. Entre ellas destacan las estadunidenses Tara Minerals Corp., Subsidiary of Tara Gold, Jaguar Mining Enterprises Inc. y Cotton & Western Mining Inc, así como la china Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade, la canadiense Macmillan Gold Corp., la inglesa London Mining Plc, y Ternium, de capital italo-argentino.

En entrevista, el antropólogo Gilberto López y Rivas dice que Colima —uno de los estados más pequeños del país— “es un caso paradigmático en cuanto a la entrega de los territorios a la ocupación integral que sufre el país a partir de las llamadas reformas estructurales y el modelo neoliberal, es decir, esta entidad no es más que el espejo de lo que ocurre en toda la República en el tratamiento racista y subordinante contra los pueblos indígenas para que dejen de resistir”.

Con una población de poco más de 2 mil habitantes, Zacualpan es una de las comunidades indígenas más grandes de Colima y, según las mediciones de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se encuentra en el tercer lugar de las localidades con mayor rezago social en el estado.

A finales de 2013, un amplio grupo de comuneros de este lugar, encabezados por Epitacia Zamora (fallecida recientemente), Jesús Santos, Dilva Peña y Rosalío Martínez, entre otros, se inconformaron contra la directiva de Bienes Comunales que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusaron de tratar de imponer un proyecto minero pese al rechazo de la asamblea.

Agrupados en el CIDTZ, pidieron el respaldo y asesoría del grupo ambientalista Bios Iguana, con la preocupación por el riesgo que implicaría la actividad minera para el manantial Ojo de Agua, que además de dar vida a un balneario ecoturístico de la comunidad, la abastece de agua potable a ella y a cerca de 300 mil habitantes de la capital del estado (Proceso 1939).

El movimiento contra la mina logró en febrero de 2014 la destitución de los representantes comunales y el nombramiento de otra mesa directiva, que estuvo en funciones provisionalmente hasta diciembre de ese año, cuando un tribunal ordenó otra elección en la que triunfó de nuevo la corriente cercana al CIDTZ, con Taurino Rincón Lorenzo como presidente de Bienes Comunales.

A lo largo de este periodo se ha vivido un pesado ambiente al interior de la comunidad, con conatos de violencia, luego de que los seguidores del depuesto dirigente comunal Carlos Guzmán —identificados con el PRI— tomaron por la fuerza desde hace varios meses el balneario ecoturístico Ojo de Agua, que representa ingresos de alrededor de 100 mil pesos mensuales, a pesar de que el TUA 38 determinó que su administración corresponde a las autoridades comunales legalmente constituidas.

De acuerdo con denuncias realizadas por el CIDTZ y por Bios Iguana, el conflicto de Zacualpan ha arrojado un saldo de detenciones temporales, hostigamiento y amenazas de muerte en contra de integrantes y activistas de estas organizaciones, particularmente Esperanza Salazar Zenil, Jesús Santos Quirino, Dilva Peña Velázquez, Giovanna Ramírez Pimentel, Montserrat Cárdenas Rojas, Misael Andrade Simental, Gabriel Martínez Campos, Víctor Andrés Cruz Chi y Alejandro Bueno Salazar. Los tres últimos se vieron obligados a salir del estado para resguardar su integridad física.

En el informe de su visita, la Misión Internacional denunció que en Colima prevalece un clima de “criminalización, persecución y amenazas” contra defensores de derechos humanos, y exigió al gobierno estatal instrumentar medidas cautelares para la protección de los habitantes de la comunidad y los activistas que se encuentran en riesgo, de manera especial atender en forma inmediata los casos de quienes tuvieron que emigrar del estado.

Aunque en el discurso gubernamental el tema de la mina se considera superado, el grupo de observadores estimó que el asunto se mantiene latente.

Otorgado en octubre de 1995 a nombre del fallecido Adolfo Pineda Martínez, el título de concesión 211872, que afecta el lote minero denominado Heliotropo, abarca un periodo de 50 años.

Después de entrevistarse con funcionarios estatales, federales y municipales, los miembros de la Misión se mostraron sorprendidos, debido a que todos ellos “repitieron de muchas formas y maneras que no hay conflicto minero en Zacualpan porque no hay un proyecto minero operando”.

Según los activistas, el 18 de julio de 2014 la Secretaría de Economía recibió para su inscripción un contrato de asociación para la exploración y explotación por parte de la empresa Gabfer SA de CV, “lo que implica que hay un proyecto minero y un promovente, y aunque haya sido improcedente en su inscripción, como se cita en el expediente 626/2014 de la Secretaría de Economía, ello significa que sí hay recurrentes intentos para la implementación de un proyecto minero”.

Existen varias evidencias, señalaron los observadores, de que dos concesiones siguen activas en el territorio de Zacualpan, como el hecho de que “cada año alguien está pagando los derechos para que no se les dé de baja”.

Públicamente, el pequeño empresario local Rigoberto Verduzco Rodríguez, propietario de un autolavado en Colima, aparece como representante de la empresa Gabfer, aunque no ha dado a conocer quiénes son los inversionistas.

De acuerdo con indagatorias de la agencia Apro, se pudo conocer que desde noviembre de 2011 la empresa Consultores en Ecología con Visión Integral SA de CV (Corevi) concluyó una Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad general, del proyecto Heliotropo ubicado en el municipio de Comala, Colima, y otro estudio similar fue realizado en torno del proyecto Tigrilla, amparado por la concesión 227572, otorgada en 2006 también en el municipio de Comala.

La empresa que encargó estos estudios, según lo informa Corevi en su sitio web, es la Minera Teck SA de CV, con sede en Guadalajara, y subsidiaria de la compañía canadiense Teck Resources Limited, con oficinas centrales en la ciudad de Vancouver.

No obstante, desde el inicio del conflicto hasta la fecha, funcionarios de los gobiernos estatal y federal han asegurado desconocer la existencia de alguna Manifestación de Impacto Ambiental para proyectos mineros en esa zona.
Gilberto López y Rivas responsabiliza al gobierno de Colima de haber introducido en Zacualpan “un supuesto conflicto intercomunitario” con la finalidad de romper el tejido social de la resistencia a través de la actuación de “un grupúsculo” ligado al PRI que no deja trabajar a las autoridades comunales electas en asamblea.

Se trata, dice el antropólogo, de “un conflicto administrado, dosificado, manipulado y financiado por el gobierno del estado en el que ocultan quién está detrás de las minas, quién está detrás de mantener el Ojo de Agua para los priistas, pero lo que se ve es una alianza de las autoridades con ese grupo para mantener el statu quo”.

Desde el punto de vista de López y Rivas, el objetivo es dejar el territorio libre a las trasnacionales para convertir a Colima en el paraíso de las corporaciones, “como el lugar donde el capital puede hacer y deshacer como quiera”.

Luego de que la noche del pasado lunes 1 el grupo priista bloqueó la carretera e impidió la entrada de la Misión a Zacualpan, al día siguiente los visitantes se entrevistaron con diversos funcionarios, entre ellos el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, quien, según ellos, les ofreció garantías para el libre tránsito el martes 2, a las 8:30 de la mañana.

Al presentarse por segunda ocasión, la caravana encontró nuevamente cerrado el acceso a la comunidad, mientras a los costados de la carretera había cerca de 30 camionetas de las policías Estatal y de Procuración de Justicia, así como el grupo antimotines y una tanqueta.

Ante la petición de los observadores de que el gobierno estatal garantizara el derecho al libre tránsito, el director general de Gobierno, José Alberto Peregrina Sánchez, cabildeó durante casi dos horas con los comuneros priistas, encabezados entre otros por Guadalupe Laureano Quirino y Alicia Aranda Olivares, pero no accedieron a levantar el bloqueo.

Cuando los miembros de la Misión reclamaron al funcionario que no había hecho “su tarea” de negociación desde el día anterior, pese a que existían medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado con ese propósito, Peregrina les dijo que se implementaría un operativo para “romper el cerco” y retirar a los inconformes mediante la fuerza pública, lo que fue reprobado por los activistas, quienes abandonaron el lugar porque, dijeron, no estaban dispuestos a avalar un acto de represión, que al final no se consumó.

Posteriormente, en su informe, los observadores denunciaron que el funcionario “de manera burda e incluso ridícula, pretendió montar un escenario ideal para que la Misión fuera una causal para reprimir al grupo que estaba bloqueando el camino”, pero “lo único que logró fue poner en evidencia los verdaderos intereses del gobierno del estado, al estar abonando a la agudización de un conflicto que esperamos no tenga fatales consecuencias”.

El miércoles 4, la Misión informó que en su reunión del lunes con el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, uno de los acuerdos fue establecer un trabajo colegiado con el propósito de cancelar de manera permanente la concesión minera, aun y a pesar de que no es un proyecto consumado de forma legal, pues “ha sido ya la principal causa del conflicto que actualmente se vive en la comunidad, ha creado división comunitaria y dañado gravemente el tejido social, lo cual sabemos, a nivel mesoamericano, acaba favoreciendo a los promoventes de las mineras”.

No obstante, para ese momento ya se había generado una ruptura entre los activistas y el gobierno estatal.

Pese a la intención que tuvo el gobierno estatal de usar la fuerza pública, medida anunciada ante observadores y periodistas presentes en el lugar, Rogelio Rueda descargó esa responsabilidad sobre los miembros de la Misión.
“Quienes pretenden criminalizar la protesta de un grupo de gente de Zacualpan son gente extraña a la comunidad que insiste en que se les consigne por presuntos delitos”, dijo mediante un comunicado de prensa emitido el miércoles 4.

Añadió: “Creemos que encarcelar a la gente no debe ser nuestra prioridad, sino lograr que ese diálogo se dé, y aunque nos tome más tiempo y aunque nos tome más esfuerzo, recuperar la vida cotidiana y el orden en Zacualpan, esas son las instrucciones que tenemos del gobernador y a eso estamos dedicados”.

Según el funcionario, inicialmente los visitantes expresaron su interés por conocer la situación de la actividad minera en la comunidad, pero “aun cuando se les brindó la información necesaria y les quedó claro que no hay ni habrá una mina en Zacualpan, como manifestaron era su temor, ahora han ampliado sus intereses hacia los temas de derechos humanos, incluso hemos visto que pretenden inmiscuirse en la vida interna de la comunidad de Zacualpan”.

En relación con la demanda de coadyuvar en la cancelación de la concesión, Rueda Sánchez expresó que del gobierno del estado no habrá oposición a este procedimiento, pero “es un tema que se tiene que dirimir con el gobierno federal, quien administra los bienes de la nación, como son los minerales”.

Y sobre las denuncias de amenazas y hostigamiento contra miembros del CIDTZ y de Bios Iguana, el secretario de Gobierno argumentó que ese asunto ya fue investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el 29 de enero pasado “archivó el asunto porque no hay ninguna violación a los derechos humanos de la gente de Bios Iguana o de la gente que estaba involucrada en esta problemática de Zacualpan”.


Ante de irse, los miembros de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan se mostraron preocupados por lo que vieron y concluyeron que en Colima “prevalece el contubernio, la impunidad, la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno del estado y del federal”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.