Marinos omitieron auxiliar a familia que agredieron desde un helicóptero en Tamaulipas

La CNDH acreditó que los disparos de los marinos mataron a tres personas y lesionaron a otras 3, quienes “no representaban riesgo o peligro para el personal naval" y luego omitieron brindarles auxilio.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) hicieron uso arbitrario de la fuerza contra una familia cuando dispararon desde un helicóptero en marzo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, determinó una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Nuevo “error” de la Marina; dispara contra policías de la Fuerza Única en Jalisco

Un nuevo “error” de elementos de la Marina Armada de México, ocurrió la madrugada de este lunes cunado elementos de la Fuerza Única Regional de Jalisco fueron agredidos a balazos por militares en los límites entre Jalisco y Michoacán.

Según medios locales, los policías jaliscienses patrullaban en el municipio de Jilotlán, luego del asesinato del presidente municipal con licencia, Juan Carlos Andrade, cuando los elementos de la Marina empezaron a disparar contra los estatales.

Un militar es detenido en Chihuahua, acusado de violar a una joven de 19 años que usó Uber

La joven solicitó el servicio Uber, mismo al que el militar tuvo acceso. Le dijo a la víctima que hubo una cancelación en la plataforma, y que él le daría el servicio.

Un militar fue detenido por presuntamente haber abusado de una joven que solicitó el servicio de transporte pricado Uber en la capital de Chihuahua.

Wendy Chávez, titular de la Fiscalía de la Mujer (FEM), dio a conocer sobre la detención del sujeto señalado como el presunto agresor sexual de una joven de 19 años de edad.

Militares asesinaron a dos detenidos en Jalisco; CNDH emite recomendación a la Sedena

El 27 de enero de 2016, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), irrumpieron en un domicilio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y, sin orden judicial de por medio, detuvieron, torturaron y agredieron a cuatro personas y luego se llevaron a tres en una camioneta. Mas tarde dos de ellas fueron encontradas muertas.

Por este caso, denunciado por el padre de una de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 54/2017, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Saltillo: cae militar que abusó sexualmente de al menos ocho mujeres reclutas

Un militar en activo que ostenta el cargo de sargento primero de Infantería, fue detenido acusado de abusar sexualmente de una mujer en la colonia Bellavista de Saltillo, Coahuila.

Al citar fuentes internas de la Sexta Zona Militar, el diario Zócalo de Saltillo informó que sobre el militar hay cargos de agresión sexual por parte de al menos ocho reclutas mujeres.

El detenido se aprovechó de su cargo como jefe de Reclutamiento para cometer la violación en contra de una joven de 27 años que acaba de ingresar a la Sedena y a la cual siguió hasta su domicilio localizado en una vecindad de la colonia Bellavista.

Ley de Seguridad Interior: misma receta, mismo fracaso

Desde 1994, cuando al final de su sexenio Carlos Salinas designó a Arsenio Farell Cubillas al frente de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública de la Nación, el combate a la delincuencia, incluida su variante de “guerra al narcotráfico”, ha fracasado no por falta de ideas o de recursos, sino porque los crecientes mercados de la ilegalidad han sido bien aceitados con la corrupción.

Después del secuestro del exdueño de Banamex Alfredo Harp Helú, Salinas creó aquella Coordinación que puso en manos de viejos conocedores de la represión que habían participado en la guerra sucia de los años sesenta y setenta. Fue para salir del paso.

La violencia siguió creciendo y a fines de los noventa, México entró en una etapa de inseguridad pública desconocida hasta ese momento, a pesar del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) echado a andar por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Los militares desde entonces ya participaban de lleno en tareas de seguridad, avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 1996 declaró constitucional su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública creado por el SNSP.

Después, en abril de 2000, la propia SCJN emitió una tesis jurisprudencial a favor de que los militares participen en auxilio de las autoridades civiles en seguridad pública.

Los militares tienen el aval constitucional desde hace más de 20 años y desde entonces su participación como responsables de los cuerpos policiales ha sido constante.

Soldados y marinos han estado al frente de la Policía Federal, policías estatales, corporaciones municipales, grupos mixtos, fuerzas de tarea y cuantas propuestas han surgido.

Han estado incluso al frente de la Procuración de Justicia, como en el gobierno de Vicente Fox, a pesar de que durante la segunda mitad de los noventa, militares de élite comisionados a la Policía Judicial Federal, antecedente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desertaron para crear Los Zetas.

Felipe Calderón involucró de lleno a los militares cuando declaró la “guerra a las drogas”. El resultado no ha podido ser peor: un incremento sin precedentes de las violaciones a los derechos humanos y la partición de los grandes cárteles en pequeños grupos autónomos.

Para sobrevivir, las nuevas organizaciones son cada vez más violentas y tienen a México entre los países con más víctimas en el mundo, apenas separado de las naciones envueltas en guerras internas o regionales, como Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Paquistán, Libia y Ucrania. http://www.proceso.com.mx/450082/la-violencia-crece-pena-nieto-se-pasma

Ejemplo de los crímenes de lesa humanidad es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; pero también de la presencia de los militares en retiro en la delincuencia. Las propias investigaciones de la PGR lo han señalado.

La Ley de Seguridad Interior que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del PRI en la Cámara de Diputados, con propuestas similares del PAN, no sólo busca hacer permanente esa participación, sino darles incluso más facultades a los militares para “restaurar el orden interno”, por encima incluso de las autoridades civiles.

Como lo hacía Calderón y su “súper policía” Genaro García Luna, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reparte culpas entre los gobernadores y éstos sólo se asoman cuando se trata de recibir recursos federales para la seguridad.

La ley nada resolverá más que dar comodidad a los militares para evitar acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Pero el problema de fondo seguirá: la delincuencia aceitando la corrupción y el Estado invirtiendo en hombres que acaban trabajando para la delincuencia. Un círculo perverso, perfecto.

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco Araizaga

http://www.proceso.com.mx/476582/ley-seguridad-interior-misma-receta-mismo-fracaso

Ejército mexicano: El “cuestionario” de la muerte

El Ejército Mexicano no espera a que las leyes le permitan saltarse a la autoridad civil en la lucha contra el narcotráfico. Los soldados tienen órdenes de capturar a sospechosos y realizar indagatorias, dando por hecho que policías y ministerios públicos “se harán los desentendidos”. Incluso tienen un instrumento para infringir la ley: el “cuestionario inteligente”, que aplican a los detenidos antes de entregarlos a la PGR. Cuando los acusan de violar los derechos humanos, los generales no tienen objeción para que paguen los subalternos que cumplieron sus directivas.

Como parte de la “guerra al narcotráfico”, el Ejército Mexicano se arrogó funciones del Ministerio Público federal para investigar delitos. Contrario a la Constitución, que faculta sólo a las procuradurías de justicia para realizar indagatorias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró un “cuestionario inteligente” de aplicación obligatoria a todos los detenidos por hechos relacionados con el narcotráfico.

El cuestionario se derivó de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, emitida durante el gobierno de Felipe Calderón, en la que se dieron amplias atribuciones a los militares para enfrentar a los cárteles de la droga y que fue puesta en práctica de forma discrecional por los mandos castrenses.

El cuestionario tiene más de 100 preguntas que se realizan según las circunstancias: si se trata de civiles, policías, extranjeros, armas, estupefacientes, vehículos, dinero o laboratorios clandestinos de droga. Los interrogatorios comienzan en los lugares de los hechos y continúan en los cuarteles militares; después los detenidos son presentados a la Procuraduría General de la República (PGR).

La instrucción recibida por los jefes militares en todo el país fue someter a “un intenso interrogatorio” a los detenidos para explotar la información y continuar de inmediato las operaciones del Ejército.

Algunos interrogatorios acabaron en la muerte de los detenidos, como el puesto en práctica por el llamado Pelotón de la Muerte, en Ojinaga, durante el Operativo Chihuahua que la Sedena desplegó por instrucción presidencial (Proceso 1889).

Después de una década de operar bajo ese tipo de directrices, el Ejército y la Marina están por concretar su intenso cabildeo para que el Congreso les otorgue una Ley de Seguridad Interior que legalice su actuación de “restauración del orden interno”, no sólo en el futuro, sino la que despliegan actualmente.

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco Araizaga

http://www.proceso.com.mx/474105/ejercito-mexicano-cuestionario-la-muerte

Violencia y miedos sociales: un desalentador balance

La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi nos muestra resultados que conjugan nuestra crítica situación de violencia y miedos sociales junto con la carga de un futuro de expectativas negativas que, si se mantienen, configuran un escenario trágico para los mexicanos.

El foco del ejercicio de percepción y de información de experiencia social relacionada con la violencia y/o la conflictividad a la que estamos expuestos, se concentra en las 51 ciudades más importantes del país (cobertura de la encuesta). Sus resultados, sin embargo, se pueden extrapolar de un modo general al país considerando la concentración poblacional y la representatividad del ejercicio demoscópico. El balance es desalentador, por mucho que se pretenda verlo con el optimismo tecnocrático del Inegi, un poco a tono del gobierno federal, que en diversas partes de su anuncio de la Ensu señala disminuciones en la percepción de la inseguridad en varias ciudades del país.

Inseguridad, al alza

Un primer dato que se destaca de observar los números de la Ensu es la elevada percepción de inseguridad en la población ciudadana del país: siempre muy por arriba de la mitad desde que se empezaron a realizar estas mediciones en 2013 (14 desde entonces) que van de 68 al actual 74.1% de diciembre pasado. En los años de gobierno de Enrique Peña Nieto no hemos dejado de sentirnos inseguros, e incluso aumenta en la sociedad dicha percepción.

Con la lente particular de la percepción por ciudad y comparando la encuesta del tercer trimestre de 2016, los datos no son menos alentadores. Del universo de las 51 ciudades que comprende la Ensu, sólo nueve tienen cifras de percepción menores a 50%. De hecho, como destaca la nota del Inegi, algunas de estas ciudades (Durango, Puerto Vallarta, Tepic, Saltillo y Mérida) muestran tendencia al alza en dicha percepción, como si se tratara de alcanzar el promedio nacional que, de suyo, es elevado en forma alarmante.

Las variaciones a la baja que muestran 21 ciudades, en realidad, salvo en siete casos (donde destacan La Paz, Chihuahua, Juárez o Neza, cuyas cifras siguen siendo altas), son de diferencias menores de dos puntos porcentuales, lo que hace irrelevante la disminución.

Un segundo dato importante en el comparativo es el hecho de que 23 de los 32, incluyendo a la Ciudad de México (poco más de las dos terceras partes), muestran una percepción creciente de inseguridad. Si consideramos en términos gruesos esta proporción, podemos hacer coincidir la percepción de inseguridad con el mapa de la violencia que nos muestran los datos de incidencia delictiva que proporciona la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de su secretariado.

Esta apreciación desmiente en buena parte el cliché gubernamental de que la inseguridad del país es una mera cuestión de percepción y de falla en la comunicación de las políticas de prevención y combate al delito. O bien, que la alta criminalidad se concentra en medio centenar de municipios del país.

Futuro cierto: peor

En la línea de tiempo que se traza desde que se inician estas mediciones en cuanto a la expectativa de la “delincuencia” en nuestras ciudades por los próximos 12 meses, los resultados son de una creciente desesperanza: pasan de 60.8% en 2013 a 72.1% en 2016 las respuestas que conjuntan que “seguirá igual” con las de que “empeorará”.

En este punto vale la pena acotar el dato de que el levantamiento de la última encuesta de la que nos da razón el Inegi ocurrió en diciembre pasado, y que es posterior a la elección presidencial de Estados Unidos. Es obvio que este no es un factor definido en el ejercicio pero se puede plantear como hipótesis que el ánimo social que se refleja en la encuesta, suma nuestra endeble expectativa de solucionar la crisis de seguridad con el preámbulo de la era Trump. Este argumento podrá confirmarse cuando se realice, en marzo, el primer ejercicio de la Ensu este año.

Percepción versus conflictividad

Una de las cualidades de la Ensu es la medición de experiencia o exposición ya sea de conductas delictivas o la mera conflictividad derivada de la violencia en el entorno en que vive la población. Esto va de la mera problemática con vecinos o los conflictos en la calle hasta la presencia o conocimiento de la comisión de ciertos delitos. La diferencia es sustantiva porque no se trata de la subjetividad del sentimiento de inseguridad que tienen las personas sino su contacto con la inseguridad en sí. En principio, estas mediciones diferenciadas pueden ser indicativas sobre la naturaleza originaria de nuestros temores: apuntan a la degradación del tejido social o al sometimiento de nuestro entorno a criminalidad exógena.

Por ejemplo, la Ensu de diciembre señala a Fresnillo como una ciudad donde la población tiene una mayor percepción de inseguridad (90.7%), pero que en el apartado de “conflictos y conductas antisociales” aparece con uno de los menores porcentajes de conflictos entre la población (11.4%).

La explicación no es fácil y eso no se desprende de la encuesta. La ausencia o baja tasa de “conflictividad” como la caracteriza el Inegi no está aparejada con menos inseguridad. El análisis de la percepción debe contemplarse con datos de incidencia delictiva y con el señalamiento de su naturaleza. En el caso de Fresnillo puede aventurarse la hipótesis que la percepción de inseguridad se debe a factores ajenos a una dinámica de deterioro de convivencia social o de ausencia (de ahí que no exista conflictividad); el crimen organizado, por ejemplo.

Vivir con miedo

La lectura integral de las mediciones comprende el espacio físico en el que nos sentimos más seguros, donde el transporte público y los cajeros son los sitios con el primer lugar de vulnerabilidad (74.2 y 82%, respectivamente). Llama la atención de la encuesta que, aun en hogares o en la escuela, casi una tercera parte de la población encuestada se siente insegura (29.7 y 28.9%, respectivamente).

La variable sobre “experiencia” o los comportamientos personales respecto de ciertos hábitos nos muestra una compleja y triste degradación de nuestra vida social, familiar y de relación con nuestro entorno: más de la mitad de la población es renuente a caminar de noche cerca de casa (52.3%) o de permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda (57.9%), en tanto que más de la tercera parte es renuente a visitar a parientes o amigos (35.5%). La conclusión es clara, la crisis de inseguridad de estos años ha mutilado los motores de la confianza y la convivencia sociales.

Colofón: confianza institucional en la eficacia… de papel

La Ensu describe una categoría que busca reflejar la confianza ciudadana en las instituciones del sector seguridad. Los resultados pueden ser engañosos porque no queda clara la intención que busca la medición cuando, por ejemplo, los entrevistados no se sabe si distinguen la competencia de cada organismo o nivel.

Las fuerzas armadas (Ejército y Marina), la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, todas ellas instituciones de tipo federal, en promedio tienen altos niveles de consideración de eficacia en su actuación. Los niveles más bajos o reprobatorios apuntan hacia las policías estatales y las municipales.

Niveles de eficacia. Instituciones. Foto: Especial”Muy o algo efectivo”.

Los datos así presentados dan pauta a la manipulación sobre la verdadera percepción de los organismos de seguridad del Estado o bien para orientar cierta predisposición a favorecer a instituciones que no están preparadas a desempeñarse como policías. La opinión favorable, en el caso de las fuerzas armadas y de las policías federales, tiene un componente de ignorancia o de confusión social que no se aclara en la encuesta.

En principio, la calificación ciudadana sobre el desempeño de las instituciones en papel de seguridad pública debe hacerse siempre que haya habido, en el caso de las federales, dicha actuación previa al levantamiento de la encuesta. Este dato no es claro. De ahí que el resultado es sesgado cuando se vierte sobre las policías con las que se tiene conocimiento permanente de su actividad en nuestro entorno, como son las estatales y las municipales.

Fuente: Proceso

Autor: Erubiel Tirado

http://www.proceso.com.mx/471164/violencia-miedos-sociales-desalentador-balance

Advierten ONG riesgo de legalizar la impunidad de las fuerzas armadas

Organizaciones y centros de derechos humanos advirtieron que de aprobarse la ley de seguridad interior en los términos en que se discute en el Congreso de la Unión, la crisis de violaciones a los derechos humanos que vive el país se agravaría aún más, ya que se estaría prácticamente legalizando la impunidad con la que actúan las fuerzas armadas.

Ejecuciones extrajudiciales como la ocurrida en Tla-tlaya, estado de México, donde el Ejército presuntamente usó de manera desproporcionada su fuerza letal y manipuló el lugar de los hechos para encubrir lo ocurrido, se repetirán con mayor frecuencia en el resto del territorio nacional, consideraron.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, puso de ejemplo lo ocurrido también con el indígena Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado extrajudicialmente por el Ejército Mexicano en junio de 2009 en Guerrero, y cuyo caso fue presentado hace unos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de agotarse todas las instancias nacionales para obtener justicia.

En los casos Tlatlaya –donde al menos 15 de los 22 civiles muertos fueron ejecutados por militares, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)– y de Bonfilio Rubio, el Ejército aplicó la fuerza en forma desproporcionada, manipuló la escena de los hechos y sembró evidencias para encubrir sus actos, además de que la justicia civil no los llama a cuentas.

Agregó que en México no hay sentencias en contra de militares que han violado derechos humanos. Es por eso que prevemos que estos hechos nos alertan de lo que podría pasar si la ley de seguridad interior es aprobada en los términos en que se discute, expresó.

Por su parte, Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero, señaló que esa actuación de los militares es ya un patrón de comportamiento, que en esa entidad lo han confirmado con el paso ya de varias décadas, donde tras la violación a los derechos humanos de la población, siembran evidencias para encubrir a los perpetradores.

Aseguró que la situación de impunidad se agravaría con la nueva legislación, pues desde ahora los militares no rinden cuentas a nadie de su actuación y en los hechos están por encima de la autoridad civil. Incluso, aseguró, los jueces se supeditan a los militares. No hay ya manera de controlarlos.

En tanto, Manuel Olivares, del Centro José María Morelos y Pavón, en Chilapa, Guerrero, rechazó que el malestar de los militares sea porque realizan tareas de seguridad pública; su enojo es porque no tienen un marco jurídico que les garantice que no serán llamados a cuentas y se garantice su impunidad.

Resaltó que durante el año que recién concluyó, en el estado se han documentado 146 asesinatos, 41 desapariciones y han sido localizados 56 cuerpos en fosas clandestinas.

Es falso que con la presencia militar en la entidad se tenga mayor seguridad, lamentó.

Fuente: La Jornada

Autor: José Antonio Román

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/13/politica/010n2pol

Bajo el cobijo de Peña, militares violan reiteradamente derechos en México: HRW

WASHINGTON: Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas armadas mexicanas cometen “reiteradamente” todo tipo de violaciones de derechos humanos bajo el cobijo del gobierno de Enrique Pena Nieto, justificando los atropellos y crímenes con el combate al narcotráfico y crimen organizado.


“Durante el gobierno del presidente Peña Nieto miembros de las fuerzas armadas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos”, sentenció HWR, organización internacional dedicada a defender las garantías individuales de las personas en el mundo.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 2016, HRW anota que las violaciones, crímenes y atropellos cometidos por las fuerzas armadas mexicanas van desde “ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas y torturas”, todo esto llevado a cabo dentro de la estrategia de seguridad de Peña Nieto para contener el tráfico de drogas y el crimen organizado.

“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico”, se advierte en el capítulo de siete páginas que dedicó HRW al caso mexicano.

Las graves violaciones a los derechos humanos que continúan cometiendo y con reiteración los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas, de acuerdo con el reporte de la organización internacional, se enmarcan en “un clima de impunidad” y son “sistemáticas y endémicas”.

La decisión del gobierno mexicano, desde el sexenio de Calderón, de sacar de los cuarteles a los miembros del Ejército y de la Armada para combatir el narcotráfico y crimen organizado, dio como resultado que los militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.

“Hasta julio (pasado) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había recibido 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual”, indica el informe de HRW para ejemplificar su denuncia.

Pese a estas denuncias, el reporte sostiene que el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada para esclarecer los casos ni castigar a los militares que cometen las graves violaciones a derechos humanos.

Y cita como evidencia de impunidad la falta de aplicación de justicia contra los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron en las ejecuciones extrajudiciales de 22 de los 42 civiles muertos en un enfrentamiento con miembros de un grupo criminal en Tanhuato, Michoacán, en 2015.

También destaca el caso de los 22 civiles asesinados por soldados en Tlatlaya, Estado de México, donde varios de los implicados en esas ejecuciones fueron absueltos el año pasado por un tribunal federal.

“Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. En general, las torturas se aplican en el periodo entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Publico”, destaca HRW.

“Durante ese tiempo”, continúa el reporte en el inciso de las torturas, “las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual”.

Como otros casos de evidencia grave de violación a derechos humanos, de impunidad y falta de interés de parte del gobierno de Peña para esclarecerlos, HRW subraya la carencia de una solución e investigación creíbles al caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre 2014 en la ciudad de Iguala.

Da cuenta a su vez de que, en abril del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo del gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entregó su informe definitivo sobre el asunto y formuló algunas recomendaciones.

“El informe documentó gravísimas falencias en la investigación del caso, refutó las principales conclusiones de la Procuraduría General de la República, e instó a las autoridades a iniciar nuevas líneas de investigación”, se destaca en el reporte de HRW.

Entre otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron en México en 2016 y que también son reiterativas, además de que muchos de los casos siguen impunes, HRW cuenta los ataques a periodistas y el acceso limitado a derechos reproductivos y atención de la salud que padecen muchos mexicanos.

“Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Es habitual que periodistas opten por la autocensura ante los ataques por parte de autoridades o grupos delictivos”, enfatiza HRW.

Las mujeres, las niñas y los homosexuales son también victimas constantes de abusos a sus derechos humanos, lo mismo que los homosexuales, las personas discapacitadas y los indígenas, acota el informe.

HRW explica que el clima de impunidad y de falta de justicia por la crisis de derechos humanos se enerva ante la descalificación que hace el gobierno de Peña de quienes, a nivel nacional e internacional, denuncian esa realidad.
El informe explica cómo el gobierno de Peña Nieto criticó a la CIDH cuando en marzo de 2016, en su informe sobre México, alertó que el país atravesaba por una “crisis de graves violaciones a los derechos humanos”.

Entonces el gobierno mexicano reaccionó asegurando que no había tal crisis de derechos humanos. En ese mismo mes, el gobierno de Peña negó la autorización al relator especial de la ONU sobre la tortura a regresar al país.

En 2015, el relator especial determinó que en México la tortura era una práctica generalizada. Las autoridades mexicanas reviraron acusándolo de actuar de manera poco ética.

“En abril (de 2016), los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación manifestaron preocupación por una campaña deliberada en los medios mexicanos, por medio de la cual se acusaba a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de incurrir en fraude, corrupción y favorecer la impunidad al realizar denuncias –que calificaron de falsas–, en el sentido de que se torturaba a personas detenidas”.


Por ello “Instaron al gobierno a garantizar un ambiente seguro en el cual tales personas y organizaciones pudieran actuar en forma libre de cualquier tipo de acoso”, remata el informe anual de HRW sobre el estado de los derechos humanos en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469789/bajo-cobijo-pena-militares-violan-reiteradamente-derechos-en-mexico-hrw

Tiempos de Calderón: brotan casos de impunidad militar

Un día de 2009 Alicia Saláis Orrantia, activista por los derechos humanos de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, llegó a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Juárez a denunciar el acoso al que, afirmaba, la sometían militares.

Su queja fue a parar a manos del Ejército, porque la instrucción (una “instrucción superior” que nunca fue especificada) era que todas las denuncias contra militares fueran enviadas a la guarnición de la plaza. Alicia fue a quejarse dos veces más a la PGR. Meses después asesinaron a su hijo. Después, a su esposo. Al final la mataron a ella.

Saláis Orrantia, de la Asociación Civil de Derechos Humanos en Nuevo Casas Grandes, fue secuestrada afuera de su oficina el 5 de noviembre de 2009 luego de testificar sobre el homicidio de su esposo, Paz Rodríguez Ortiz, ocurrido un mes antes y tras denunciar el asesinato de su hijo Paz Alberto. Todos eran activistas por los derechos humanos.

Con 10 casos de defensores de derechos humanos ultimados, 2009 fue el peor año para éstos en Chihuahua.

Acoso gubernamental

En 2008 la abogada Rosa María Sandoval Chávez fue defensora particular de tres hombres detenidos en Ciudad Juárez, a quienes les encontraron drogas y una caja fuerte con dinero. La caja la abrieron soldados, quienes entregaron poco más de 100 mil pesos a las autoridades. Los detenidos dijeron que había más de 300 mil, según el expediente PGR 277/2008.

Tiempo después Sandoval colaboró con el gobierno de César Duarte: fue fiscal en la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del estado de Chihuahua.

En ese puesto fue acusada por Manuel García –ayudante de Marisela Escobedo, la activista social asesinada en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras protestaba por la desaparición de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo– de presionarlo y amenazarlo para que cambiara su declaración ministerial y se incriminara junto a su fallecida compañera, de pertenecer al cartel de Joaquín El Chapo Guzmán.

Manuel García aseguraba que la acusación, según la fiscal Sandoval, la iba a armar basada en una narcomanta aparecida el 21 de diciembre de 2010 en Ciudad Juárez, y en la cual supuestamente la organización criminal se solidarizaba con la familia de Escobedo y solicitaba información sobre Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de Rubí.

Recordaba que se negó a “manchar la memoria de Marisela Escobedo”. Fue amenazado de muerte y le retiraron la protección policiaca que tenía tras el homicidio de la activista. En diciembre de 2011 declaró a losangelespress.org que tuvo que salir por sus propios medios de Ciudad Juárez, pues su vida corría peligro.

El caso Unzueta

Federico Unzueta fue detenido por soldados y encerrado en la guarnición militar casi un mes. Su delito fue vivir en un barrio conflictivo y saber quién era quién en el lugar. Durante su paso por la base militar de Ciudad Juárez lo tuvieron vendado de los ojos todo el tiempo, pero aun así pudo platicar con otro detenido del mismo barrio, pues los colocaron juntos.

Era lo que contaba su esposa, quien iba a preguntar a diario a las oficinas de la PGR por él. Comentaba que en el cuartel militar le decían que ahí no estaba. Después de casi un mes, un muchacho buscó a la mujer, le dijo que traía un recado de su esposo. A este chico lo torturaron para sacarle información y lo dejaron salir. Unzueta creyó, porque así le dijeron, que él también iba a salir. Entonces le comentó a la esposa que no se preocupara, que lo iban a dejar salir, que sólo le habían sacado información de todos los consumidores de drogas del barrio.

Pasaron los días, Federico no aparecía y el Ejército seguía diciendo que no lo tenía. Después, con huellas de tortura, su cadáver apareció en la calle. Testigos dijeron que fue arrojado desde un automóvil. Su esposa lo encontró dos semanas después, en calidad de desconocido, en el Servicio Médico Forense.

Se tenía que iniciar una averiguación por homicidio contra quien resultara responsable. Pero el agente de la PGR no quiso hacerlo por temor a los militares y porque a él le hubiera correspondido la investigación e integración del expediente. Así que se levantó acta circunstanciada. Se iba a elevar a averiguación previa pero se archivó el expediente.

Testimonios de exfuncionarios

“Hubo un tiroteo entre sicarios en Ciudad Juárez. Los que quedaron en el lugar de los hechos iban en una camioneta Durango azul. Al parecer había cuatro tripulantes. Uno quedó muerto al volante; otro, en el asiento trasero. Hubo un sobreviviente que recibió un tiro en la cadera y quedó paralítico. Estuvo en una clínica privada y nunca se supo quién pagaba la cuenta. El médico decía que era una obra de ‘humanidad’”, narra un exfuncionario de la PGR quien pide la reserva de su nombre.

“El caso”, continúa, “es que uno de los sicarios muertos era gemelo de un (agente del) Ministerio Público del estado asignado a homicidios. Cierto día en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, los agentes federales estaban dando fe de la camioneta, mientras los militares tomaban los chalecos antibalas que estaban dentro del vehículo. Se llevaron lo que pudieron… parecían aves de rapiña.

“Días después llevaron detenidos a los hermanos del sicario muerto, el que era Ministerio Público del fuero común y otro, de la Policía Municipal, junto con la esposa del primero, que también era perito en la Procuraduría local. Los tres habían estado detenidos varios días en la guarnición militar sometidos a torturas; a la mujer la desnudaban y la hacían darse vuelta y dice que le tomaban fotos. Siempre negó que la hubieran violado.

“Los presentaron ante la PGR con drogas y armas y fueron consignados. Después un periódico publicó que la camioneta en la que supuestamente los detuvieron había sido decomisada días antes en la cochera de una casa donde se hizo un cateo y ahí salía en la foto. Así que todo el parte informativo de los militares era una farsa y así lo manejó el defensor de los detenidos y logró tumbar el proceso. Pero ellos no querían salir libres, decían que los militares los fueron a amenazar al Cereso: si salían, los matarían.

“Dos o tres meses después, al revisar los objetos de los sicarios, se hallaron las pertenencias de un policía municipal que había desaparecido ese mismo día (el del tiroteo de sicarios en Ciudad Juárez) al salir del turno a las seis de la mañana. Su cartera estaba salpicada de sangre, estaba su licencia, su IFE, su credencial de policía, su placa, además de documentos personales; también fornitura. Pero nunca se supo si él iba en la camioneta Durango y escapó durante el tiroteo.

“Era la cuarta persona, porque había rastros de sangre de la camioneta hacia la banqueta cercana y ahí se perdían. Nos pareció un caso extraordinario para investigar, pero el jefe no quiso. Decía que si se iba a fondo podrían matar a todos. Y así quedó. Nos comunicamos con la esposa para entregarle sus cosas y lo agradeció, porque la Policía Municipal le iba a cobrar la fornitura, la credencial, la gorra. Porque según ellos había sido abandono de trabajo, aunque no había cuerpo. Increíble. Fue en 2008 en las instalaciones de la guarnición militar de Ciudad Juárez, que se encuentra al lado del Cereso.”

El saqueo

“Por esos meses en la guarnición se veían camionetas último modelo estacionadas junto a cuatrimotos de colores brillantes, hasta remolques con lanchas. ¿Lanchas en Ciudad Juárez? Se sabía que era todo lo que robaban los militares en los cateos. A veces abrían las puertas de las camionetas verdes del Ejército y se veía pintura roja o de otro color en la orilla de la puerta y varias tenían rines cromados”, narra a Proceso otro exfuncionario de la PGR adscrito en esa época a Ciudad Juárez.

“Cierta ocasión los militares detuvieron a un hombre, ya no recordamos cuáles fueron los cargos, pero la camioneta no era objeto de delito y la fue a reclamar la esposa. Un oficial del cuartel no la quería entregar, le daba muchas vueltas hasta que llamó por teléfono; antes preguntó de qué color estaba pintada… la señora dijo que roja. Entonces comentó al hombre con el que hablaba que la volvieran a pintar de rojo, porque se iba a entregar.”

“Otro día, eran como las seis de la mañana, cuando salimos de trabajar. Vimos un camión militar de redilas grande como con un menaje de casa: llevaba televisiones, refrigeradores, lavadoras, sillas, motos, micros, de todo. Iba rumbo a la guarnición. Era requisito que cuando llevaran autos decomisados, siempre deberían ir con el número de averiguación previa que correspondía. Pero a veces había más de 10 vehículos que decían les habían sobrado –obvio, desvalijados–, sin número de averiguación ni nada.

“Muy probable, porque eso se comentaba, que el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la Operación Conjunta Chihuahua, repartiera el botín antes de salir de Juárez. Se había hecho muy cercano de una agente del Ministerio Público Federal; cada que ella estaba de turno casualmente era cuando más detenidos llegaban, porque la Ministerio Público hacía negocio con los detenidos, ya que los cargaban ligero de drogas o con armas para que alcanzaran fianza y ahí era el negocio.

“Muchas de las armas que llevaban con los detenidos eran recicladas, porque las reconocíamos al verlas tanto el perito de armas como el resto de los agentes. A veces llevaban matrícula o se la borraban, pero eran las mismas.

“Muchos de los detenidos eran ‘cargados’. Nos decían que al ser asegurados les encontraban droga para su consumo –eran consumidores–, pero los militares les decían: ‘Si me llevas con tu vendedor, a ti te suelto’. Y ellos con esa esperanza los llevaban. Al llegar, los soldados extorsionaban al vendedor y consignaban al consumidor cargándolo con más droga. Varios detenidos declararon lo mismo. Después se supo que algunos salieron porque comprobaron que no traficaban ni vendían.”

La prepotencia

“Cuando se desató la violencia en Ciudad Juárez, iba acompañada de desapariciones. Por tal motivo había muchos amparos de toda la gente desaparecida que era detenida por militares y llevada a la guarnición, donde estaba el puesto de mando de la Operación Conjunta Chihuahua”, cuenta a este semanario otro exfuncionario de la PGR.

“Entonces los actuarios de los juzgados iban a buscarlos a la guarnición y los dejaban esperando a veces horas antes de dejarlos entrar para buscar a los detenidos. Porque los militares siempre negaban tener detenidos ahí. Después de que los dejaban pasar, los llevaban por toda la guarnición, y el actuario gritaba los nombres de los desaparecidos… y nada. Y los militares les decían: ‘Ya ve, aquí no tenemos a nadie’.

“Después un detenido reveló el truco. Resulta que cuando iban los enviados del juzgado, los hacían esperar un buen rato porque subían a los detenidos a los camiones. Con ellos iban también soldados con armas largas. Los encañonaban y los andaban paseando por toda la guarnición justo del lado contrario de donde andaba el actuario. Ellos escuchaban cómo los llamaban por su nombre, pero no podían hablar.

“Inclusive se dijo alguna vez que tuvieron encerrado a un actuario en la guarnición más de cinco horas, porque les molestaba ser visitados y cuestionados. Hasta que un juez habló con el delegado de la PGR y éste a su vez llamó al general Espitia para que lo soltaran."

Fuente: Proceso

Autor: Juan Veledíaz

http://www.proceso.com.mx/468963/tiempos-calderon-brotan-casos-impunidad-militar

Desaparición forzada, uno de los saldos perversos de la Operación Chihuahua

En octubre de 2008, como parte de la Operación Conjunta Chihuahua, Saúl Becerra Reyes y otras personas fueron detenidas en Ciudad Juárez. A todas se les recluyó en el centro de mando militar y después las mandaron a la Procuraduría General de la República, menos a Saúl. Meses más tarde su cadáver apareció, momificado, lejos del sitio donde lo detuvieron. Si bien hay efectivos castrenses acusados y procesados por este caso, el mismo no está cerrado. Y sobre la mencionada operación recae el negro antecedente de contar con más de mil 300 quejas por violaciones a los derechos humanos, según registros periodísticos.

La última vez que Brenda Patricia Balderas Contreras vio con vida a su esposo, Saúl Becerra Reyes, fue la tarde del 21 de octubre de 2008, cuando ella se aproximaba a su casa, en el sector Delicias, uno de los más violentos de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se encontró con que vehículos blindados del Ejército tenían todo cercado en tres cuadras a la redonda.

Vio que detrás de los militares había gente detenida. A lo lejos alcanzó a distinguir que un soldado tenía a Saúl en el suelo, con un pie sobre su cabeza. Quiso correr hacia él, pero un guardia le impidió el paso. Pudo ver que al lado de su marido había otros hombres tirados en la calle; poco después los taparon a todos con cobijas antes de subirlos a un camión militar de redilas y llevárselos.

El despliegue de aquella tarde formaba parte de la Operación Conjunta Chihuahua, que había arrancado en abril de 2008 en ésta y otras ciudades del estado.

Ese día el operativo tuvo lugar en el cruce de las calles Platino y 16 de Septiembre, donde Arturo Martínez Garza preparaba su mudanza. Cuando llegaron los soldados, vio desde la ventana de su casa cómo encañonaban a varios de sus vecinos, que estaban en la calle, platicando afuera de una pizzería. Dijo que escuchó cuando los militares gritaron que no se movieran, los hincaron a todos y les ordenaron que se taparan la cara con sus camisetas. Salió a ver qué pasaba y a él también lo detuvieron.

Después de que un grupo de soldados se llevó a 10 civiles detenidos, Brenda se acercó a preguntar a dónde los llevaban. Le respondieron que a la Procuraduría General de la República (PGR). Fue con otros familiares a las oficinas de la dependencia, donde les dijeron que “era muy pronto”, que los militares tardaban por lo regular de dos a tres días en presentar a los detenidos ante la autoridad ministerial.

Pasaron los días y Brenda regresó varias veces a las oficinas de la PGR, donde no le dieron informes acerca del paradero de su esposo. Tiempo después algo supo de él por otro de los detenidos, Pablo Castillo López, cuyo testimonio rendido ante el Juzgado Sexto de Distrito en Chihuahua forma parte de la causa penal 93/2013 instruida contra 18 militares, seis de ellos oficiales, acusados de la desaparición forzada y homicidio de Saúl Becerra Reyes.

Castillo López relató que los militares se lo llevaron junto a Saúl Becerra. A los dos los tuvieron encerrados en el cuartel de la guarnición militar de Ciudad Juárez. Dijo que ahí vio a Saúl “muy herido y golpeado”. Preguntaba a los militares qué estaba pasando, por qué los habían detenido. Lo único que le contestaban era que no hablara.

“Nos llevaron a la guarnición y ahí nos retuvieron. Nos maltrataron y nos tuvieron como cinco días vendados de los ojos, nos dieron toques eléctricos en las partes y ya después fue derechos humanos a buscarnos a la guarnición. Todos los días iban a buscarnos ahí.

“Los militares nos decían: ‘Ya llegó la visita’, y nos sacaban hacia el cerro en una hielera de carnes frías y ahí nos tenían toda la noche y el día, nos regresaban al cuartel y decían que iban a continuar con lo mismo. Y decían que quién era el bueno de esas armas, y yo les decía que yo no. Ya después los militares me preguntaban por Saúl, y yo les contestaba que no lo conocía. Y ya cuando llegamos a la PGR nos dimos cuenta que no iba Saúl ahí con nosotros”, declaró Castillo ante el juez Sexto de Distrito de Ciudad Juárez, en una audiencia efectuada en septiembre de 2013.

Cuando llegó a la PGR, Castillo recordó que eran 10 los detenidos a quienes acusaron de delitos contra la salud, portación de armas exclusivas del Ejército y delincuencia organizada, por haberlos encontrado en “flagrancia delictiva”. El único que no estaba en ese grupo era Saúl Becerra Reyes; sin embargo, el vehículo que era de su propiedad estaba asegurado.

Durante una audiencia en el Juzgado Sexto de Distrito, Brenda declaró que al paso de los días comenzó a buscarlo en el Servicio Médico Forense (Semefo), en hospitales y en el cuartel. En diciembre de 2008 decidió presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la desaparición de su esposo, detenido por los militares pero “nunca puesto a disposición de la autoridad ministerial”.

Saúl Becerra era rotulista, vivía en unión libre y había procreado dos niñas con Brenda. Estaba fichado como miembro de la pandilla Los Aztecas, le decían El Cholo Fresa; lo detuvieron en 1998 y fue sentenciado a ocho años de cárcel por un homicidio en Ciudad Juárez. Cumplió su condena y estaba libre desde diciembre de 2006.

Los cinco meses que transcurrieron para que Brenda conociera el paradero de Saúl finalizaron la mañana del 5 de marzo de 2009, cuando abrió el periódico PM de Ciudad Juárez. Ahí leyó que un cuerpo momificado había sido encontrado en la carretera Casas Grandes-Ascensión, en una brecha conocida como El Zorrito, distrito de Galeana, a la altura del kilómetro 68, de donde fue llevado al Semefo.

Saúl tenía tatuado su nombre en el hombro y antebrazo derechos. Gracias a ese tatuaje identificaron el cuerpo.

El Quinto Batallón

En octubre de 2008 una denuncia anónima fue recibida en el campamento del Quinto Batallón de Policía Militar, establecido en un campo deportivo del sector Delicias de Ciudad Juárez; el agrupamiento había venido de su base en Santa Lucía, Estado de México, para sumarse a la Operación Conjunta Chihuahua.

El mensaje anónimo decía que había un lugar donde se reunía gente armada y vendían droga, en terrenos de la banda conocida como Los Aztecas, según recordó el mayor de infantería Ignacio Juárez Rojas durante una de las audiencias del juicio.

Juárez Rojas era el jefe de la Sección de Personal, Abastecimientos y Ayudantía del batallón, el cual estaba al mando del coronel Eloy Magaña Barrios, quien aquella tarde le ordenó que saliera a verificar la denuncia. Juárez se dirigió con un grupo de soldados encabezados por el capitán Eusebio Huerta Miranda a la calle Platino, donde llegaron a bordo de varios vehículos artillados y de transporte de tropas.

En el relato que se encuentra en el tomo 12 de la causa penal 93/2013 –del cual Proceso tiene copia–, que por desaparición forzada, homicidio y abuso de autoridad se lleva en el Juzgado Sexto de Distrito en Chihuahua contra el coronel Magaña Barrios, el mayor Juárez Rojas, el capitán Huerta Miranda, más tres oficiales y 12 elementos de tropa que pertenecieron al Quinto Batallón de Policía Militar, se recoge la versión castrense de cómo se dio aquella detención de los 10 civiles, entre quienes iba Saúl Becerra Reyes.

Juárez declaró que cuando llegaron al sitio vio que había cuatro hombres sentados “en actitud sospechosa” en las inmediaciones del domicilio que les habían indicado. Ordenó a su personal que los revisaran y les encontraron dinero en efectivo; detuvieron a otro que salió del vecindario donde momentos después irrumpieron. Eran unos cuartos abandonados donde presumían que se reunían esas personas. Ahí encontraron armas, cartuchos y droga que aparentemente pertenecían a esos individuos.

El jefe militar informó al coronel Magaña del hallazgo y le solicitó apoyo de un vehículo más grande para trasladar a los sospechosos al puesto de mando de la Operación Conjunta, ubicado en la guarnición militar de Ciudad Juárez. Pronto llegó el capitán Salvador Mejía Rangel, con tropa bajo su mando, en un camión al que subieron a los detenidos.

Más tarde llegó al vecindario el coronel Magaña, quien recibió los pormenores mientras entraba a inspeccionar el lugar donde, según los reportes, encontraron dos fusiles AK-47, una pistola escuadra calibre .40, cartuchos diversos y alrededor de 27 kilos de mariguana. Ordenó que trasladaran a los detenidos al cuartel de la Operación Conjunta, y antes de que se los llevaran les preguntó de quiénes eran tres vehículos estacionados afuera del inmueble. Respondieron que de ellos. Tras revisarlos, también se los llevaron a la guarnición.

Un testigo, Guillermo Andrés Moreno, declaró ante el juez que no vio que los soldados sacaran droga; más bien, dijo, salieron de esa vecindad con un televisor, un ventilador, despensa y ropa que echaron en el camión.

Tocó al capitán Eusebio Huerta Miranda entregar a los detenidos en el cuartel; los recibió el capitán Heriberto Godínez Sánchez, en su calidad de subjefe del Estado Mayor de la Operación Conjunta Chihuahua, la cual estaba al mando del general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández.

Los detenidos que ingresaron al cuartel –y de quienes quedó registro– fueron Juan Arturo Padilla Juárez, Juan Pablo Castillo López, Guillermo Andrés Moreno, Jorge Alberto Martínez, Mario Amaya y Saúl Becerra Reyes.

Todos “fueron trasladados aquí a la Operación Conjunta, entregados según me dio parte el capitán Huerta, que se los había entregado a un tal capitán Godínez y todo esto en razón de que así se había ordenado, pues todos los aseguramientos de personas, drogas o armamento eran concentrados al puesto de mando para su posterior puesta a disposición”, declaró Magaña.

El Quinto Batallón de Policía Militar operó en Ciudad Juárez durante octubre y noviembre de 2008 y regresó a su base en Santa Lucía los primeros días de diciembre. Fue una de las unidades que participaron en la Operación Conjunta Chihuahua, la cual involucró a más de dos mil 500 militares y acumuló más de mil 300 quejas por violaciones a los derechos humanos, según registros periodísticos.

El general “intocable”

El general Felipe de Jesús Espitia Hernández, excomandante de la Operación Conjunta Chihuahua, se resistió durante varios meses hasta que, en enero de 2016, se presentó con un amparo para no declarar ante el Juzgado Octavo de Distrito del Reclusorio Sur, que vía exhorto lleva las diligencias contra los 18 militares del Quinto Batallón de Policía Militar procesados por el caso de Saúl Becerra Reyes ante el juez Sexto de Distrito en Chihuahua.

Tuvieron que pasar varios meses para que de nuevo fuera citado a declarar, y lo hizo el pasado 7 de julio, ahora ante un juzgado castrense en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, que mediante exhorto desahogó la diligencia donde estuvieron presentes los seis oficiales y 12 elementos de tropa implicados en la desaparición y homicidio de Becerra Reyes.

Espitia pasó a retiro en enero de 2016, aunque hasta septiembre último seguía apareciendo en el organigrama de la Secretaría de la Defensa como coordinador de asesores de la dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Fue señalado por sus subordinados como quien ordenaba revisiones de vehículos sobre las vías de comunicación, acordonamiento de calles, cateos a domicilios y detención de personas sin los requisitos de ley, entre otras irregularidades.

Fue considerado también uno de los principales responsables, en la cadena de mando, de todo lo que ocurrió en el terreno durante los meses en que el Ejército aplicó el operativo que dejó una estela de denuncias por violaciones a los derechos humanos, asesinatos y desapariciones de civiles (Proceso 1967).

Poco antes de las 11:00 horas del pasado 7 de julio, Espitia llegó vestido de civil al juzgado militar. Ahí lo esperaban sus antiguos subordinados encabezados por el coronel Magaña Barrios, el mayor Juárez Rojas y el capitán Huerta Miranda. En el interrogatorio sobre su papel en la Operación Conjunta negó muchas cosas. Primero dijo que era el coordinador y después aceptó que él era el comandante, pues tenía también a su cargo la Quinta Zona Militar, con sede en la capital del estado.

Según testigos militares que pidieron a este semanario la reserva de sus nombres, Espitia fue cuestionado sobre los reglamentos militares, le recordaron que él ordenó que a todo civil que fuera detenido lo trasladaran al puesto de mando y que ahí su gente se haría cargo de todo.

Sobre el destino de Saúl Becerra Reyes, dijo que no sabía nada pues supuestamente no le habían informado de ese caso. Hubo un momento durante su comparecencia, que terminó alrededor de las 16:00 horas, en que el general empezó a notarse nervioso, ya sin el aire de arrogancia que, señalan, lo caracteriza.

Tanto Magaña como Huerta le señalaron que mentía. Por sus atribuciones, Espitia era el primero en estar informado de todo lo que ocurría con los detenidos, especialmente con aquellos que llegaban al puesto de mando a su cargo.

Tanto Magaña como Juárez Rojas y Huerta Miranda han alegado que sólo cumplieron órdenes. Ninguno acepta haber participado en los interrogatorios a detenidos, que se realizaban dentro de la guarnición militar donde operó el equipo del general Espitia.

Uno de los integrantes de ese equipo era el capitán Heriberto Godínez Sánchez, a quien le entregaron con vida a Saúl Becerra y uno de los primeros que declaró en el juicio, donde, muy nervioso, negó los señalamientos que le hicieron sobre su papel en el puesto de mando. Evadió preguntas, siempre dijo que no se acordaba y que no sabía nada, recuerda uno de los militares procesados, quien respondió un cuestionario hecho llegar por el reportero mediante los abogados del militar.

Cada uno de los 18 acusados ha negado por diferentes vías en estos últimos años tener responsabilidad en la desaparición y homicidio de Saúl Becerra. Los alegatos se han centrado en las evasivas de Espitia para asumir la responsabilidad que tuvo como comandante de la Operación Conjunta, y que sigue sin aclarar en un juicio que no se ha cerrado.

Fuente: Proceso

Autor: Juan Veledíaz

http://www.proceso.com.mx/468757/desaparicion-forzada-uno-los-saldos-perversos-la-operacion-chihuahua

El Ejército y las policías usaron “fuerza ilegal” contra civiles de Ostula, determina la CNDH

La CNDH emitió una serie de recomendaciones a la Sedena y al Gobierno de Silvano Aureoles luego de que en julio del año pasado se registrara el abuso de fuerza por parte de autoridades locales y federales que cobraron la vida de un menor de edad y dejó un saldo de 10 personas heridas. El 19 de julio de 2015, la captura de un líder comunitario en Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, causó que los pobladores realizaran bloqueos carreteros, mismos que terminaron en una serie de disparos por parte de federales y militares en contra de los manifestantes. El organismo exhortó al Ejército Mexicano y al gobierno estatal a a reparar el daño a las víctimas, castigar a los responsables, así como tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar este tipo de situaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, para reparar el daño y tomar medidas necesarias luego de que las autoridades locales y federales incurrieron, en julio del año pasado, en el uso ilegítimo de la fuerza en contra de pobladores que bloquearon la carretera federal en la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, y que dejó un saldo de 10 personas heridas y la muerte de un niño de 12 años llamado Heriberto.

De acuerdo con la recomendación 65/2016 de la CNDH, el uso ilegítimo de la fuerza es “atribuible a personal militar del 65/o Batallón ‘La Placita’, así como a policías de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa (SSP) y los mandos de control que conocieron y toleraron su actuar”.

El 19 de julio de 2015, elementos del Ejército Mexicano -los batallones de infantería 30/o, 65/o y 82/o-, personal de la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Federal, así como elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Fuerza Ciudadana y de Fuerza Rural -pertenecientes a la SSP-, realizaron un fuerte operativo de seguridad en la comunidad de Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, con la finalidad de detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario que se ha opuesto al despojo de tierras realizado por las mineras que operan en ese municipio acusado por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La captura de Verdía Zepeda ocasionó que los pobladores realizaran tres bloqueos sobre la carretera federal 200 Tecomán-Lázaro Cárdenas a la altura de Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla para impedir el paso de los militares y liberar al detenido.

La Comisión acreditó entonces que “la población civil agredió verbal y físicamente con palos y piedras al convoy de vehículos oficiales. Al respecto, la CNDH reitera y enfatiza que el ejercicio de un derecho, el planteamiento de una inconformidad y el reclamo de intereses particulares, que por legítimos que estos sean o fundada que resulte la reclamación, no puede realizarse ejerciendo violencia, contraviniendo la ley, desconociendo las instituciones o afectando los derechos de terceras personas”.

Por otro lado, los testimonios de los comuneros dan cuenta de que los militares, en su intento para dispersar la manifestación, dispararon contra la población civil ocasionando la muerte de un menor de 12 años e hiriendo por impacto de bala a una menor de seis años y a otras personas. Las autoridades insistieron desde entonces que fueron disparos al aire.

“Se acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado 6 lesionados y un fallecido, en tanto que 17 testigos observaron a militares disparar, lo cual fue coincidente con la ubicación de los elementos del 65/o Batallón. No se acreditó que los pobladores del Puente de Ixtapilla dispararan en contra del convoy militar”, señaló la dependencia por medio de un comunicado.

Tras el lamentable suceso, la CNDH inició el expediente CNDH/2/2015/5527/Q, en el que quedó de manifiesto que “en Xayakalan se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de alrededor de 50 pobladores, por un militar del 65/o Batallón, quien empleó de modo indebido el uso de la fuerza letal, sin aplicar los protocolos, ya que disparó al aire en dos ocasiones, desde un vehículo en movimiento, lo que constituye un uso ilegítimo de la fuerza conforme al Manual de Uso de la Fuerza, al no observar los principios de legalidad, racionalidad y oportunidad”.

Asimismo, la Comisión señaló que en el bloqueo en Duin “se vulneró el derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, quienes resultaron heridas por el indebido empleo de armas no letales (gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo) por parte de servidores públicos de la SSP, lo que constituyó un uso ilegítimo de la fuerza”, según refirió la dependencia en un comunicado.

Finalmente, la CNDH advirtió que en el Puente Ixtapilla “se violentó el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida en agravio de un niño, por el uso ilegítimo de armas letales de 15 militares del 65/o Batallón”.

Por ello, la dependencia exhorta a la Sedena y al Gobernador de Michoacán a reparar el daño a las víctimas directas e indirectas conforme a la Ley General de Víctimas; inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los agraviados; colaborar en la Averiguación Previa que se instruye ante la Procuraduría General de la República (PGR); denunciar e investigar a los servidores públicos y militares (según sea el caso) para lindar o deslindar responsabilidades; y capacitar al personal de Seguridad Pública y defensa sobre el uso de la fuerza.

En el caso específico del Ejército Mexicano, la Comisión solicita que los elementos de la Sedena documenten sus intervenciones para que haya evidencias de su actuación. En cambio, a la administración estatal pide que reforme el Protocolo o diseñe un Manual que regule la actuación de la fuerza policial para el control de multitudes y uso legítimo de la fuerza.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/29-12-2016/3130751