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Marinos omitieron auxiliar a familia que agredieron desde un helicóptero en Tamaulipas

La CNDH acreditó que los disparos de los marinos mataron a tres personas y lesionaron a otras 3, quienes “no representaban riesgo o peligro para el personal naval" y luego omitieron brindarles auxilio.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) hicieron uso arbitrario de la fuerza contra una familia cuando dispararon desde un helicóptero en marzo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, determinó una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Nuevo “error” de la Marina; dispara contra policías de la Fuerza Única en Jalisco

Un nuevo “error” de elementos de la Marina Armada de México, ocurrió la madrugada de este lunes cunado elementos de la Fuerza Única Regional de Jalisco fueron agredidos a balazos por militares en los límites entre Jalisco y Michoacán.

Según medios locales, los policías jaliscienses patrullaban en el municipio de Jilotlán, luego del asesinato del presidente municipal con licencia, Juan Carlos Andrade, cuando los elementos de la Marina empezaron a disparar contra los estatales.

Un militar es detenido en Chihuahua, acusado de violar a una joven de 19 años que usó Uber

La joven solicitó el servicio Uber, mismo al que el militar tuvo acceso. Le dijo a la víctima que hubo una cancelación en la plataforma, y que él le daría el servicio.

Un militar fue detenido por presuntamente haber abusado de una joven que solicitó el servicio de transporte pricado Uber en la capital de Chihuahua.

Wendy Chávez, titular de la Fiscalía de la Mujer (FEM), dio a conocer sobre la detención del sujeto señalado como el presunto agresor sexual de una joven de 19 años de edad.

Militares asesinaron a dos detenidos en Jalisco; CNDH emite recomendación a la Sedena

El 27 de enero de 2016, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), irrumpieron en un domicilio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y, sin orden judicial de por medio, detuvieron, torturaron y agredieron a cuatro personas y luego se llevaron a tres en una camioneta. Mas tarde dos de ellas fueron encontradas muertas.

Por este caso, denunciado por el padre de una de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 54/2017, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Saltillo: cae militar que abusó sexualmente de al menos ocho mujeres reclutas

Un militar en activo que ostenta el cargo de sargento primero de Infantería, fue detenido acusado de abusar sexualmente de una mujer en la colonia Bellavista de Saltillo, Coahuila.

Al citar fuentes internas de la Sexta Zona Militar, el diario Zócalo de Saltillo informó que sobre el militar hay cargos de agresión sexual por parte de al menos ocho reclutas mujeres.

El detenido se aprovechó de su cargo como jefe de Reclutamiento para cometer la violación en contra de una joven de 27 años que acaba de ingresar a la Sedena y a la cual siguió hasta su domicilio localizado en una vecindad de la colonia Bellavista.

Ley de Seguridad Interior: misma receta, mismo fracaso

Desde 1994, cuando al final de su sexenio Carlos Salinas designó a Arsenio Farell Cubillas al frente de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública de la Nación, el combate a la delincuencia, incluida su variante de “guerra al narcotráfico”, ha fracasado no por falta de ideas o de recursos, sino porque los crecientes mercados de la ilegalidad han sido bien aceitados con la corrupción.

Después del secuestro del exdueño de Banamex Alfredo Harp Helú, Salinas creó aquella Coordinación que puso en manos de viejos conocedores de la represión que habían participado en la guerra sucia de los años sesenta y setenta. Fue para salir del paso.

La violencia siguió creciendo y a fines de los noventa, México entró en una etapa de inseguridad pública desconocida hasta ese momento, a pesar del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) echado a andar por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Los militares desde entonces ya participaban de lleno en tareas de seguridad, avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 1996 declaró constitucional su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública creado por el SNSP.

Después, en abril de 2000, la propia SCJN emitió una tesis jurisprudencial a favor de que los militares participen en auxilio de las autoridades civiles en seguridad pública.

Los militares tienen el aval constitucional desde hace más de 20 años y desde entonces su participación como responsables de los cuerpos policiales ha sido constante.

Soldados y marinos han estado al frente de la Policía Federal, policías estatales, corporaciones municipales, grupos mixtos, fuerzas de tarea y cuantas propuestas han surgido.

Han estado incluso al frente de la Procuración de Justicia, como en el gobierno de Vicente Fox, a pesar de que durante la segunda mitad de los noventa, militares de élite comisionados a la Policía Judicial Federal, antecedente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desertaron para crear Los Zetas.

Felipe Calderón involucró de lleno a los militares cuando declaró la “guerra a las drogas”. El resultado no ha podido ser peor: un incremento sin precedentes de las violaciones a los derechos humanos y la partición de los grandes cárteles en pequeños grupos autónomos.

Para sobrevivir, las nuevas organizaciones son cada vez más violentas y tienen a México entre los países con más víctimas en el mundo, apenas separado de las naciones envueltas en guerras internas o regionales, como Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Paquistán, Libia y Ucrania. http://www.proceso.com.mx/450082/la-violencia-crece-pena-nieto-se-pasma

Ejemplo de los crímenes de lesa humanidad es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; pero también de la presencia de los militares en retiro en la delincuencia. Las propias investigaciones de la PGR lo han señalado.

La Ley de Seguridad Interior que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del PRI en la Cámara de Diputados, con propuestas similares del PAN, no sólo busca hacer permanente esa participación, sino darles incluso más facultades a los militares para “restaurar el orden interno”, por encima incluso de las autoridades civiles.

Como lo hacía Calderón y su “súper policía” Genaro García Luna, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reparte culpas entre los gobernadores y éstos sólo se asoman cuando se trata de recibir recursos federales para la seguridad.

La ley nada resolverá más que dar comodidad a los militares para evitar acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Pero el problema de fondo seguirá: la delincuencia aceitando la corrupción y el Estado invirtiendo en hombres que acaban trabajando para la delincuencia. Un círculo perverso, perfecto.





Fuente: Proceso
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
http://www.proceso.com.mx/476582/ley-seguridad-interior-misma-receta-mismo-fracaso

Ejército mexicano: El “cuestionario” de la muerte

El Ejército Mexicano no espera a que las leyes le permitan saltarse a la autoridad civil en la lucha contra el narcotráfico. Los soldados tienen órdenes de capturar a sospechosos y realizar indagatorias, dando por hecho que policías y ministerios públicos “se harán los desentendidos”. Incluso tienen un instrumento para infringir la ley: el “cuestionario inteligente”, que aplican a los detenidos antes de entregarlos a la PGR. Cuando los acusan de violar los derechos humanos, los generales no tienen objeción para que paguen los subalternos que cumplieron sus directivas.

Como parte de la “guerra al narcotráfico”, el Ejército Mexicano se arrogó funciones del Ministerio Público federal para investigar delitos. Contrario a la Constitución, que faculta sólo a las procuradurías de justicia para realizar indagatorias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró un “cuestionario inteligente” de aplicación obligatoria a todos los detenidos por hechos relacionados con el narcotráfico.

El cuestionario se derivó de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, emitida durante el gobierno de Felipe Calderón, en la que se dieron amplias atribuciones a los militares para enfrentar a los cárteles de la droga y que fue puesta en práctica de forma discrecional por los mandos castrenses.

El cuestionario tiene más de 100 preguntas que se realizan según las circunstancias: si se trata de civiles, policías, extranjeros, armas, estupefacientes, vehículos, dinero o laboratorios clandestinos de droga. Los interrogatorios comienzan en los lugares de los hechos y continúan en los cuarteles militares; después los detenidos son presentados a la Procuraduría General de la República (PGR).

La instrucción recibida por los jefes militares en todo el país fue someter a “un intenso interrogatorio” a los detenidos para explotar la información y continuar de inmediato las operaciones del Ejército.

Algunos interrogatorios acabaron en la muerte de los detenidos, como el puesto en práctica por el llamado Pelotón de la Muerte, en Ojinaga, durante el Operativo Chihuahua que la Sedena desplegó por instrucción presidencial (Proceso 1889).

Después de una década de operar bajo ese tipo de directrices, el Ejército y la Marina están por concretar su intenso cabildeo para que el Congreso les otorgue una Ley de Seguridad Interior que legalice su actuación de “restauración del orden interno”, no sólo en el futuro, sino la que despliegan actualmente.





Fuente: Proceso
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
http://www.proceso.com.mx/474105/ejercito-mexicano-cuestionario-la-muerte

Violencia y miedos sociales: un desalentador balance



La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi nos muestra resultados que conjugan nuestra crítica situación de violencia y miedos sociales junto con la carga de un futuro de expectativas negativas que, si se mantienen, configuran un escenario trágico para los mexicanos.

El foco del ejercicio de percepción y de información de experiencia social relacionada con la violencia y/o la conflictividad a la que estamos expuestos, se concentra en las 51 ciudades más importantes del país (cobertura de la encuesta). Sus resultados, sin embargo, se pueden extrapolar de un modo general al país considerando la concentración poblacional y la representatividad del ejercicio demoscópico. El balance es desalentador, por mucho que se pretenda verlo con el optimismo tecnocrático del Inegi, un poco a tono del gobierno federal, que en diversas partes de su anuncio de la Ensu señala disminuciones en la percepción de la inseguridad en varias ciudades del país.

Inseguridad, al alza

Un primer dato que se destaca de observar los números de la Ensu es la elevada percepción de inseguridad en la población ciudadana del país: siempre muy por arriba de la mitad desde que se empezaron a realizar estas mediciones en 2013 (14 desde entonces) que van de 68 al actual 74.1% de diciembre pasado. En los años de gobierno de Enrique Peña Nieto no hemos dejado de sentirnos inseguros, e incluso aumenta en la sociedad dicha percepción.

Con la lente particular de la percepción por ciudad y comparando la encuesta del tercer trimestre de 2016, los datos no son menos alentadores. Del universo de las 51 ciudades que comprende la Ensu, sólo nueve tienen cifras de percepción menores a 50%. De hecho, como destaca la nota del Inegi, algunas de estas ciudades (Durango, Puerto Vallarta, Tepic, Saltillo y Mérida) muestran tendencia al alza en dicha percepción, como si se tratara de alcanzar el promedio nacional que, de suyo, es elevado en forma alarmante.

Las variaciones a la baja que muestran 21 ciudades, en realidad, salvo en siete casos (donde destacan La Paz, Chihuahua, Juárez o Neza, cuyas cifras siguen siendo altas), son de diferencias menores de dos puntos porcentuales, lo que hace irrelevante la disminución.

Un segundo dato importante en el comparativo es el hecho de que 23 de los 32, incluyendo a la Ciudad de México (poco más de las dos terceras partes), muestran una percepción creciente de inseguridad. Si consideramos en términos gruesos esta proporción, podemos hacer coincidir la percepción de inseguridad con el mapa de la violencia que nos muestran los datos de incidencia delictiva que proporciona la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de su secretariado.

Esta apreciación desmiente en buena parte el cliché gubernamental de que la inseguridad del país es una mera cuestión de percepción y de falla en la comunicación de las políticas de prevención y combate al delito. O bien, que la alta criminalidad se concentra en medio centenar de municipios del país.

Futuro cierto: peor

En la línea de tiempo que se traza desde que se inician estas mediciones en cuanto a la expectativa de la “delincuencia” en nuestras ciudades por los próximos 12 meses, los resultados son de una creciente desesperanza: pasan de 60.8% en 2013 a 72.1% en 2016 las respuestas que conjuntan que “seguirá igual” con las de que “empeorará”.

En este punto vale la pena acotar el dato de que el levantamiento de la última encuesta de la que nos da razón el Inegi ocurrió en diciembre pasado, y que es posterior a la elección presidencial de Estados Unidos. Es obvio que este no es un factor definido en el ejercicio pero se puede plantear como hipótesis que el ánimo social que se refleja en la encuesta, suma nuestra endeble expectativa de solucionar la crisis de seguridad con el preámbulo de la era Trump. Este argumento podrá confirmarse cuando se realice, en marzo, el primer ejercicio de la Ensu este año.

Percepción versus conflictividad

Una de las cualidades de la Ensu es la medición de experiencia o exposición ya sea de conductas delictivas o la mera conflictividad derivada de la violencia en el entorno en que vive la población. Esto va de la mera problemática con vecinos o los conflictos en la calle hasta la presencia o conocimiento de la comisión de ciertos delitos. La diferencia es sustantiva porque no se trata de la subjetividad del sentimiento de inseguridad que tienen las personas sino su contacto con la inseguridad en sí. En principio, estas mediciones diferenciadas pueden ser indicativas sobre la naturaleza originaria de nuestros temores: apuntan a la degradación del tejido social o al sometimiento de nuestro entorno a criminalidad exógena.

Por ejemplo, la Ensu de diciembre señala a Fresnillo como una ciudad donde la población tiene una mayor percepción de inseguridad (90.7%), pero que en el apartado de “conflictos y conductas antisociales” aparece con uno de los menores porcentajes de conflictos entre la población (11.4%).

La explicación no es fácil y eso no se desprende de la encuesta. La ausencia o baja tasa de “conflictividad” como la caracteriza el Inegi no está aparejada con menos inseguridad. El análisis de la percepción debe contemplarse con datos de incidencia delictiva y con el señalamiento de su naturaleza. En el caso de Fresnillo puede aventurarse la hipótesis que la percepción de inseguridad se debe a factores ajenos a una dinámica de deterioro de convivencia social o de ausencia (de ahí que no exista conflictividad); el crimen organizado, por ejemplo.


Vivir con miedo

La lectura integral de las mediciones comprende el espacio físico en el que nos sentimos más seguros, donde el transporte público y los cajeros son los sitios con el primer lugar de vulnerabilidad (74.2 y 82%, respectivamente). Llama la atención de la encuesta que, aun en hogares o en la escuela, casi una tercera parte de la población encuestada se siente insegura (29.7 y 28.9%, respectivamente).

La variable sobre “experiencia” o los comportamientos personales respecto de ciertos hábitos nos muestra una compleja y triste degradación de nuestra vida social, familiar y de relación con nuestro entorno: más de la mitad de la población es renuente a caminar de noche cerca de casa (52.3%) o de permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda (57.9%), en tanto que más de la tercera parte es renuente a visitar a parientes o amigos (35.5%). La conclusión es clara, la crisis de inseguridad de estos años ha mutilado los motores de la confianza y la convivencia sociales.

Colofón: confianza institucional en la eficacia… de papel

La Ensu describe una categoría que busca reflejar la confianza ciudadana en las instituciones del sector seguridad. Los resultados pueden ser engañosos porque no queda clara la intención que busca la medición cuando, por ejemplo, los entrevistados no se sabe si distinguen la competencia de cada organismo o nivel.

Las fuerzas armadas (Ejército y Marina), la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, todas ellas instituciones de tipo federal, en promedio tienen altos niveles de consideración de eficacia en su actuación. Los niveles más bajos o reprobatorios apuntan hacia las policías estatales y las municipales.
Niveles de eficacia. Instituciones. Foto: Especial
Niveles de eficacia. Instituciones. Foto: Especial”Muy o algo efectivo”.

Los datos así presentados dan pauta a la manipulación sobre la verdadera percepción de los organismos de seguridad del Estado o bien para orientar cierta predisposición a favorecer a instituciones que no están preparadas a desempeñarse como policías. La opinión favorable, en el caso de las fuerzas armadas y de las policías federales, tiene un componente de ignorancia o de confusión social que no se aclara en la encuesta.

En principio, la calificación ciudadana sobre el desempeño de las instituciones en papel de seguridad pública debe hacerse siempre que haya habido, en el caso de las federales, dicha actuación previa al levantamiento de la encuesta. Este dato no es claro. De ahí que el resultado es sesgado cuando se vierte sobre las policías con las que se tiene conocimiento permanente de su actividad en nuestro entorno, como son las estatales y las municipales.





Fuente: Proceso
Autor: Erubiel Tirado
http://www.proceso.com.mx/471164/violencia-miedos-sociales-desalentador-balance