Mujer policía denuncia a alcalde oaxaqueño por negarle licencia de maternidad

OAXACA, Oax: El presidente municipal de San Pedro Comitancillo, Arturo Cruz Girón, fue denunciado por violencia laboral y obstétrica al negarle una licencia de maternidad a la mujer policía Celida Santos Hernández y realizar descuentos a su salario en el último mes.

El caso ya se encuentra en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en espera que se le brinden medidas cautelares, ya que la policía municipal se encuentra en el octavo mes de embarazo gemelar y considera que la actitud del edil es discriminatoria y misógina.

Choferes de Uber piden intervención de Mancera ante supuestos abusos de la empresa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Conductores de taxis de la empresa Uber denunciaron una serie de irregularidades, incluyendo el alza desmedida de las comisiones por parte de los directivos de la trasnacional y pidieron la intervención del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para frenar los “abusos” de que son víctimas.

En una carta dirigida al mandatario local, al secretario de Movilidad Héctor Serrano (Semovi) y al director del Instituto de Verificación (INVEA) Meyer Klip, y firmada por Carlos Castañeda, de la Unión de Socios Uber, describieron las “promesas modificadas en beneficio de Uber de forma arbitraria y unilateral”.

Por ejemplo, contaron la experiencia de Antonio Herrera, socio de la empresa desde 2015:

“Al principio podías meter casi cualquier coche, las comisiones eran más moderadas y la demanda del servicio permitía trabajar y ganar lo suficiente para tener utilidad y amortizar los gastos”.


Explicaron que cuando la empresa llega a una localidad, hace promoción para que los posibles socios se incorporen a la aplicación y den el servicio a nombre de Uber, pero con sus autos con ciertas características que luego cambian.

“Para empezar la factura de origen tiene que ser de más de 200 mil pesos, tener frenos ABS, bolsas de aire y estar en perfectas condiciones”.

Los inconformes se quejaron de que deben ser “mayordomo para los usuarios, so pena de además, ser mal calificado y dado de baja de la plataforma”.

Y es que explicaron que el “mínimo de calificación es de 4.67. Los usuarios no saben esto. Pueden poner cuatro estrellas y destruir el promedio del conductor. Uber simplemente da de baja al conductor hasta que vuelva a capacitarse”, según Claudia González, dueña de un auto Toyota Corolla que compró para aspirar a un mejor ingreso.

“Invertí mis ahorros en el coche. Es un servicio de chofer ejecutivo con autos limpios y en buenas condiciones, no de limusina”, criticó.

En la misiva a las autoridades capitalinas agregaron que cuando Uber comienza a generar “socios”, las reglas del juego cambian a su favor. “Para empezar, insisten en su política de no tener representantes a nivel directivo en las localidades en las que operan. Saben que los “socios” buscarán con quién dialogar y simplemente niegan la oportunidad”.

Cuando los “socios” se endeudan con los vehículos, “saben que tendrán que aceptar sus condiciones para poder solventar la deuda y obtener alguna utilidad. La verdad es que los ‘socios’ se están ‘tragando sus coches’ en el servicio”, añadieron.

Según los quejosos, Uber apuesta a que los “socios” no se organicen para “salirse con la suya”, por ello, dicen que los atienden uno a uno. “Nunca ha tenido interés por los ‘socios’, salvo para engancharlos y cobrar una comisión de entre 25% o de 30% para integrarlos a la aplicación (app).

Las quejas siguieron: “Cuando el socio suma el gasto de gasolina, mantenimiento y depreciación del vehículo, comisión del chofer, aguas, placas, tenencia y refrendo, verificación, seguro de servicio público, contabilidad, impuestos, multas, mordidas y por supuesto, la comisión de Uber, el negocio es para Uber, las gasolineras y el gobierno”.

Y se fueron directo: “Uber ha apostado a la desorganización y egoísmo de los socios. Ya ha habido varios conatos de inconformidad con esta empresa extranjera que no es una alternativa más de movilidad, es una empresa abusiva que ha mentido al cambiar las condiciones comerciales en su beneficio a su libre albedrío, siendo siempre ella la beneficiada”.

Por tales razones, consideraron “reprobable e inaceptable que las autoridades regulen en el sentido del mejor postor y no en función del beneficio social que representan más y mejores alternativas de transporte para la ciudadanía”.

Y aunque no mencionaron directamente a Mancera Espinosa, sí usaron su lema de gobierno: “Una verdadera política para ‘decidir juntos’ implicaría, además de dejar de extorsionar a los conductores por el Invea”.

En su carta, los inconformes expusieron cinco demandas: realizar un análisis de las tarifas, reestructurar las comisiones a 15%, crear una “Unión de Socios” para tener equilibrio entre Uber y los “socios” y obligar a la empresa a tener los canales para atender sus demandas.

También solicitaron frenar de “inmediato” a los 44 mil vehículos que ya hay en la plataforma, regresar a la calificación de 4.5 estrellas para el mantenimiento del chofer en la aplicación y que la Semovi sancione a la empresa si hay represalias por interponer quejas.

Los conductores informaron que para abonar a su causa abrieron una petición en la plataforma change.org

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/447016/choferes-uber-piden-intervencion-mancera-ante-abusos-la-empresa

La Sedena da de baja a un piloto distinguido

Anuncia que interpondrá amparo.

El 15 de octubre de 2005, el helicóptero TPH-09 de la comitiva del entonces presidente Vicente Fox sufrió un desperfecto mecánico cuando aterrizaba en Motozintla, Chiapas. Debido a la pericia y al adiestramiento de los pilotos del Estado Mayor Presidencial (EMP), los tripulantes y pasajeros salieron ilesos.

Después de una minuciosa investigación, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) concluyó que la actuación de los pilotos César Palomera Covarrubias y Ángel Zaid Vázquez fue impecable, lo cual les valió el reconocimiento de sus jefes.

Sin embargo, 11 años después el EMP dio la espalda a Palomera Covarrubias y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ordenó su baja del servicio activo, sin reconocer que la enfermedad cardiaca que le impide volar fue contraída durante el desempeño de su deber.

Luego de un largo proceso legal, la junta directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (Issfam) notificó ayer al teniente coronel Palomera su baja del servicio activo.


El militar, quien la mayoría de sus 28 años en las fuerzas armadas los desempeñó en el EMP, denunció que fue discriminado por las autoridades castrenses cuando se negaron a reconocer el origen de su mal, pero además por no aceptar que le fueran computadas y abonadas las horas de vuelo como tiempo de servicio, pese a que su actividad como piloto de la comitiva presidencial representó una actividad de alto riesgo.

El teniente coronel padece cardiopatía isquémica crónica con isquemia residual inferior más puente muscular a nivel de la arteria coronaria descendiente anterior y hernia de disco L-5-S1, con radiculopatía de miembros inferiores, lo cual le impide continuar en activo.

Ante la resolución del Issfam, el militar adelantó que interpondrá un juicio de amparo para hacer valer los derechos que le negó el mando castrense.

Palomera Covarrubias fue fundamental para que los reporteros que iban a bordo del helicóptero resultaran ilesos. Meses después la FAM concluyó que se trató de una falla técnica y que fue el acierto humano lo que evitó una catástrofe.

De acuerdo con los comunicadores que iban a bordo, falló uno de los motores del aparato al momento de iniciar las maniobras de aterrizaje en un campo deportivo habilitado como helipuerto.


El TPH-09 cayó unos 15 metros y quedó a poca distancia del helicóptero en que viajaban Fox Quesada y funcionarios de su gabinete. La aeronave sufrió daños en el cono del rotor y ya no pudo despegar.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/17/politica/011n2pol

Denuncian acoso sexual de comisionado sindical a empleadas de Pemex

ALTAMIRA, Tamps: Aprovechándose de su cargo y el poder sindical que lo amparan, Oscar Gustavo Ferral Sánchez, comisionado de Capacitación de la Sección 3 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), intentó abusar sexualmente de varias empleadas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ante la denuncia de hechos, el STPRM ha optado por “proteger” al presunto agresor, ignorando los derechos humanos y sindicales de las trabajadoras afectadas.

El acoso sexual y agresiones que enfrentan las mujeres que laboran en Pemex en el sur de Tamaulipas se hizo público luego de que tres trabajadoras reportaron lo sucedido ante su secretario general, Juan Silva Villanueva, quien en vez de iniciar una investigación y sancionar al presunto responsable, ocultó la información y trató de sobornarlas con trabajo y dinero, según dijeron las denunciantes.


Ante esa situación y la negligencia de su representante sindical, las afectadas interpusieron una denuncia penal en la Agencia Primera del Ministerio Público, bajo el folio 93652015, lo cual les ha costado su empleo, además de represalias contra sus familiares –también trabajadores de Pemex– e incluso amenazas de muerte.

Hostigamiento

De acuerdo con las trabajadoras, desde 2013 han soportado el acoso sexual y las agresiones verbales y físicas de parte del comisionado de Ferral Sánchez, quien se ampara en que es un colaborador cercano al líder sindical Juan Silva Villanueva para quedar impune.

En su relato, las mujeres señalaron que el presunto agresor se presenta constantemente en estado de ebriedad en sus áreas de trabajo, y aprovechando su jerarquía sindical les ofrece “trabajo a cambio de sexo”.

Las afectadas, que se desempeñaban como trabajadoras eventuales por lo que no contaban con certeza laboral, dijeron que soportaron esa situación evitando los horarios en que Ferral Sánchez acudía a sus puestos de trabajo.

Sin embargo, dijeron, las agresiones físicas y verbales fueron agravándose, ya que –según sus testimonios– el comisionado de Capacitación llegaba en estado de ebriedad, se bajaba los pantalones y calzoncillos delante de ellas e intentaba violarlas.

De acuerdo con la denuncia, en una ocasión Gustavo Ferral, junto con otro trabajador, encerró a una de las mujeres hostigándola para que tuviera relaciones sexuales con él. La empleada se negó y ante la advertencia de la joven de que gritaría auxilio la dejaron salir.

Intentos de soborno

Las empleadas narraron que al enterarse de los hechos, Juan Silva Villanueva no sólo los ignoró sino que llegó a ofrecerles trabajo y dinero para que guardaran silencio y retiraran la demanda penal. Ante la negativa de las trabajadoras, el líder les ha impedido la entrada a la sede sindical, mientras que sus familiares que laboran en Pemex también han sido hostigados.

Las denunciantes abundaron que se han infringido las normas sindicales que establecen que un trabajador con una denuncia penal no puede ostentar un cargo en el sindicato.


Es así que –advirtieron– hasta la fecha Gustavo Ferral Sánchez sigue laborando sin sanción alguna, acosando a más mujeres que por temor a perder su empleo y ante la visible complicidad y corrupción en el STPRM en el sur de Tamaulipas, prefieren guardar silencio y soportar el acoso sexual de parte de este sujeto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SAMARA DEL TORO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431625/denuncian-acoso-sexual-de-comisionado-sindical-a-empleadas-de-pemex

Investiga la CDHDF maltrato laboral a policías durante la visita del Papa

CIUDAD DE MÉXICO La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) investiga las condiciones en las que laboraron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) el pasado fin de semana, durante la visita del Papa Francisco.

Lo anterior, tras recibir el sábado 13 de febrero dos quejas “de las cuales se reservaron los datos de identificación de las personas peticionarias y presuntas agraviadas como medida de seguridad”.

En dichas quejas se refirió que “varios de compañeros y compañeras policías tenían tres días de laborar sin descanso, que no se habían podido asear; que el lugar donde pernoctaron fue en el suelo, sin cobijas para protegerse, y que apenas habían podido probar alimento”.

La CDHDF explicó en un comunicado que pidió a la SSP, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos materia de las quejas, tomaran de inmediato medidas preventivas y precautorias adecuadas y suficientes, para que garantizara que los agentes policiales “cumplieran el servicio que tienen encomendado en el marco de la visita oficial del Papa, en condiciones que no afectaran su honra, dignidad e incluso su integridad personal, para lo cual se debía de evitar cualquier acción, instrucción o medida que resultara irrazonable o desproporcionada en el ambiente laboral”.


Dijo que también se pidió girar las instrucciones escritas, precisas y claras a los mandos, a efecto que se abstuvieran de cualquier acto de hostigamiento o represalia, en agravio de las y los agentes de policía con motivo de la interposición de las citadas quejas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430394/investiga-la-cdhdf-quejas-de-policias-por-maltrato-laboral-durante-la-visita-del-papa

Padecen policías excesos laborales por visita del Papa

Denuncian turnos de 24 horas por 12 de descanso. Harán nuevas guardias al regreso del pontífice a la CDMX.

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP) aseguran que trabajan turnos de 24 horas por 12 de descanso y, en los peores casos, han laborado de forma continua desde el jueves 11 de febrero, como parte de los operativos por la visita del Papa Francisco.

De acuerdo con testimonios de uniformados a Aristegui Noticias, varios de ellos decidieron no regresar a sus casas porque el trayecto les quitaría horas de descanso, por lo que prefirieron dormir en cajeros de banco e incluso sobre cartones, cerca de los 72 sectores distribuidos en la capital.

“El horario normal de un policía es de 12 horas de trabajo por 24 de descanso; pero desde un día antes de la visita del Papa hemos tenido que pasar 24 horas de trabajo por 12 de descanso, en el mejor de los casos”, dijo un policía que se identificó como Arturo.

Asimismo, enviaron fotografías de las condiciones en las que han tenido que descansar (se pueden ver en la galería de esta nota) ante las presiones de sus directores, quienes les habían ordenado resguardar las avenidas por las que pasaría el obispo de Roma, durante periodos de hasta 24 horas y sin la posibilidad de comer.

Los policías dicen que se trata de una condición generalizada en las corporaciones que pertenecen a la SSP, a cargo de Hiram Almeida Estrada, como las Policías Auxiliar, Preventiva, de Tránsito y la Policía Bancaria e Industrial.

Los encargados de esas ramas de la SSP son Luis Rosales Gamboa, de Operación Policial; Yolanda Cornejo, de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; Alejandro Martínez Badillo, de Control de Tránsito; Edgar Bautista Ángeles, Director General de la Policía Auxiliar; y José Joel Pichardo Nepomuceno, de la Policía Bancaria e Industrial.

La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal no especifica horarios para las jornadas laborales de los cuerpos de seguridad y sólo establece que serán “acorde con las necesidades del servicio”.

De acuerdo con Arturo, sus compañeros presentan problemas de salud como consecuencia de los cuatro días que han vigilado el paso del Papa por la ciudad, como diarrea, gripa y tos. 

La SSP dijo a Aristegui Noticias que los turnos son de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, y no 12 de descanso, como aseguran los policías. También confirmó que participaron elementos de todas las corporaciones, pero aseguró que fueron 20 mil por día de los 80 mil que son miembros de la Secretaría. Además, dijo que ese número disminuyó desde este lunes porque el Papa ya no tendrá actividades en la ciudad.


El Papa Francisco viajó este lunes al estado de Chiapas, pero tiene previsto regresar a las 20 horas a la Nunciatura, al sur de la Ciudad de México; lo mismo ocurrirá el martes 16 de febrero, cuando partirá rumbo a Morelia, Michoacán, y por la noche volverá a la capital; el miércoles estará por último en Ciudad Juárez, desde donde partirá hacia El Vaticano.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1502/mexico/sacrifican-a-policias-por-visita-del-papa/

Exdirectora del Sistema de Seguridad acusa presunto acoso laboral; audio revela coacción para que renunciara

El acusado es un funcionario que ya tenía un antecedente por acoso laboral en Oaxaca en 2011; la CNDH había pedido que se le investigara.

“Mire… si usted no presenta la renuncia el licenciado ha dicho que hay una pérdida de confianza y no existe obligación de justificarla”.

Así fue como Laura Covarrubias, exdirectora de Área del Centro Nacional de Información, perteneciente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se quedó sin trabajo la noche del 31 de octubre pasado, luego de que su jefe y director General Adjunto, Héctor Iturribarría, intentó que ella renunciara antes de despedirla.

Pero la conversación del despido, la cual fue grabada por la ahora exfuncionaria y entregada a Animal Político, fue el último capítulo de una historia que, de acuerdo con su denuncia, se caracterizó por un constante acoso laboral a partir de que ella quedó embarazada y que continuó luego del nacimiento de su hijo.

Reclamos por tomarse tiempo para la lactancia, hostigamiento por querer irse al término de su horario laboral, prohibición de que otros empleados le hablaran, exclusión de las juntas de directivos, esos son algunos de los ejemplos que Covarrubias dice haber padecido la mayor parte de este año.

La exfuncionaria señala como el principal responsable a Iturribarría, quien, de acuerdo con documentos que también fueron entregados a este medio, ya contaba con un antecedente de abuso laboral, cuando se desempeñó como jefe de la oficina del gobernador de Oaxaca en 2011.

Por ese caso existe un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , en el que expresamente se le pidió que cesara con estas acciones, luego de que la empleada afectada perdiera a su hijo. Además, la CNDH también había pedido que se indagara a Iturribarría por falsificación de documentos del IMSS. Hoy en día, sigue en su puesto en el SESNSP.

“Es algo que muchas compañeras más padecen dentro del Secretariado, pero soy la única que se ha atrevido a denunciarlo” dijo Laura Covarrubias.

El abogado experto en temas laborales Jorge Sales, titular del despacho Sales Boyoli, dijo tras haber leído la transcripción del despido de la funcionaria, que en efecto un servidor público de confianza puede ser despedido bajo el argumento de la perdida de dicha confianza pero lo que no puede hacerse es pedírsele que renuncien.

“Aquí hay una situación irregular porque se confunden dos cosas… si es cierto que un funcionario de confianza puede ser despedido sin justificación, es legal lo que no quiere decir que sea justo… pero forzar a que alguien renuncie nade puede hacerlo. Ahí lo que vemos es un tema de coacción…” indico el abogado en entrevista.

Por el caso de Covarrubias, la CNDH ya tiene una queja en integración mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le pidió a ese organismo medidas cautelares, tras considerar que se vulneraron las garantías individuales además de las laborales de la ex funcionaria.


Animal Político solicitó a la Secretaría de Gobernación, dependencia de la que depende el Centro Nacional de Información del SESNSP, un posicionamiento sobre el caso de la ex funcionaria y la situación de Iturribarría, así como una entrevista con este funcionario pero hasta el momento de esta publicación no ha habido respuesta.

Un año: del embarazo al despido

La función de la dirección que encabezaba Laura Covarrubias, de acuerdo a lo platicado por ella misma en entrevista, es coordinar que todas las entidades del país entreguen la información sobre incidencia delictiva para la elaboración de los reportes mensuales. Llegó a ocupar ese puesto en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en 2013.

En agosto de 2014, Hector Iturribarría fue designado director General Adjunto del Centro Nacional de Información, por lo que se convirtió en el superior jerárquico de la funcionaria. Los problemas iniciaron apenas unas semanas después, en noviembre, cuando ella ya tenía cerca de siete meses de embarazo.

“Yo quería posponer lo más posible mi periodo de maternidad, pero seguía saliendo a las 9:30 de la noche cuando el horario en teoría terminaba a las siete. La gota que derramó el vaso es que yo le dije un miércoles que estaba muy cansada y el me dijo que también porque se había ido de viaje. Ahí decidí pedir mi licencia” señaló la ex funcionaria.

En febrero de 2015, Covarrubias regresó al trabajo. El día 11 de ese mes, según lo asentado en el expediente de la queja CNDH/6/2015/8868/Q, Iturribaría le comunicó que “por estar en su periodo de lactancia ya no se podía contar con ella” por lo que no participaría en las reuniones de directores. Desde ahí nunca más se le permitió ingresar más a una reunión.

Covarrubias narró que se tenía que encerrar media hora en su oficina para alimentar a su hijo (no existen lactarios), lo que generó molestias en el director que le pedía que no cerrara la puerta. Esta situación, dijo, le originó una tensión constante: “Simplemente me quedaba sin leche; no podía darle de comer a mi hijo muchas veces”.

El 11 de agosto de 2015, la directora le informó a su jefe que había terminado su periodo de lactancia, pero que deseaba irse en su hora de salida, pues quería pasar por su hijo. La respuesta de Iturribarría, según lo asentado en la queja fue que “si su prioridad era cuidar a su hijo las puertas estaban muy abiertas”.

“Finalmente yo si me iba a las 7 y media de la noche y todo el trabajo se dejaba listo pero era muy desgastante. Me fueron aislando, las secretarias me decían que tenían órdenes de no hablar conmigo. Nos cambiaron de oficina y a mí me colocaron en una sin ventilación, sin una ventana. Pedí un cambio pero me dijeron que al rato todos pedirían lo mismo”, añadió.

La situación continuó de la misma forma hasta que a las 7 de la noche del 30 de octubre, previo al fin de semana de puente por Día de Muertos, Covarrubias fue citada por su jefe. Fue ahí cuando se le indicó que debía renunciar o se le iniciará el proceso por pérdida de confianza, conversación que ella grabó en audio.

“Yo no firmé nada me salí de la oficina y una de mis subdirectoras me pasó mi bolsa. Cuando regresé a la siguiente semana los policías ya no me dejaron pasar. Me dijeron que les habían girado una circular de que ya no trabajaba ahí. Ya no pude ni sacar mi computadora” dijo.

Comisión: se violaron derechos; no fue el primer caso

Tras lo ocurrido, Covarrubias interpuso una serie de denuncias por acoso laboral y violación a sus derechos humanos, tanto en la CNDH —que el 20 de noviembre aceptó formalmente la queja e inició la investigación— así como en otras instancias como al Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

El mismo 20 de noviembre la CEAV, a través de un oficio urgente del que este medio también tiene copia, pidió a CNDH medidas precautorias en favor de Covarrubias, tras considerar que se habían vulnerado sus derechos humanos y no solo los laborales.

“La discriminación y violencia que la señora Covarrubias ha sufrido, y continúa sufriendo, transgrede también sus derechos a la integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad (…) durante la entrevista multidisciplinaria que se le practicó, manifestó que ha experimentado, entre otras cosas, insomnio, episodios de llanto y crisis nerviosa” indica el documento.

En ese contexto, la Comisión concluyó, tras un análisis “prima facie”, que las restricciones que padece la exfuncionaria para acceder a su lugar de trabajo y percibir un sueldo forman parte “del patrón de discriminación por motivo de género que la víctima ha venido enfrentando desde hace meses”.

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, y el Área de Quejas y Responsabilidades del propio SESNSP también abrieron expedientes de investigación, luego de las quejas presentadas por Covarrubias.

“Pero hasta ahora no ha pasado nada. El secretario del Sistema Nacional, Felipe Muñoz, me propuso reinstalarme en otra área pero eso ya quedó en el vacío, porque el se acaba de ir. Seguramente vamos a iniciar una demanda porque yo sigo sin trabajo de una forma totalmente injusta” dijo.

Cabe señalar que Héctor Iturribarría, jefe de Covarrubias y señalado por esta como el principal instigador del acoso ya contaba con un antecedente por un caso similar en Oaxaca, en donde la víctima María Elena López Betrón, perdió a su hijo a los cinco meses de embarazo.

Por este hecho la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la Recomendación 25/2011. La víctima narró que Iturribarría, quien ocupaba el cargo de jefe de la Oficina de la Gubernatura, le dijo expresamente que tenía que presentar su renuncia luego de que había perdido a su hijo.

La propia CNDH abrió el expediente CNDH/2/2011/10278q relacionad con este caso y emitió un oficio, del que Animal Político tiene copia, donde expresamente pidió al gobierno de Oaxaca que actuara para que Iturribarría “cesara las acciones de hostigamiento laboral y represalias” en contra de la víctima.

Además solicitó a la contraloría de ese estado que se abriera una investigación en contra de Iturribarría por haber obtenido información de seguridad social de carácter privado de la víctima a través del IMSS.


“Creo que hubo una falsificación de documentos y al final lo exoneraron. Entonces, ¿qué me puedo esperar yo? Que no me dejaron ni recoger mi computadora. Que al rato fabriquen documentos donde digan que yo no hice mi trabajo y justifiquen lo que me hicieron” dijo Covarrubias.

Hubo actos indebidos: experto

El abogado experto en temas laborales Jorge Sales consideró que la forma en cómo se buscó la renuncia de Covarrubias fue irregular, pues si bien los trabajadores de confianza pueden ser despedidos bajo el argumento de la pérdida de esa confianza, no se les puede incitar a que ellos sean los que renuncien.

“La renuncia debe ser un acto libre y voluntario, de tal forma que cuando hay una coacción en cualquiera de sus modalidades en donde se pretende que el trabajador firme su renuncia, ahí hay actos indebidos del patrón con independencia de que sea el mismo gobierno. Nada justifica que se le pida al empleado que firme así su renuncia” dijo el litigante, tras escuchar la transcripción del despido de la exdirectora del Centro Nacional de Información.

Sales precisó que lo que permite el marco legal es terminar la relación laboral sin más con un servidor público de confianza prácticamente en cualquier momento, pues constitucionalmente no tienen el derecho de estabilidad en el empleo del que si gozan por ejemplo trabajadores sindicalizados o los que se desempeñan en la iniciativa privada.

Incluso, el abogado explicó que no existe la obligación de acreditar la pérdida de la confianza de un trabajador siquiera en un proceso.

“Nuestra firma ha sostenido a lo largo de los años que el que sea legal no quiere decir que sea justo. Es evidente que la legislación da un trato de trabajadores de segunda a los empleados del gobierno federal. Se argumenta que esto es para velar por la administración pública pero desde la óptica del trabajador es un trato desolador” señaló.


En este contexto, Sales prefirió no profundizar sobre la ruta legal que podría seguir Covarrubias luego de su separación del trabajo, pero señaló que una de las vías puede ser la del amparo por la violación al derecho constitucional al trabajo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/exdirectora-del-sistema-de-seguridad-acusa-presunto-acoso-laboral-el-acusado-tiene-antecedentes/

Lexmark retiene aguinaldo a los empleados que le pidieron un ajuste salarial de 6 pesos

La maquiladora norteamericana Lexmark retuvo el pago del aguinaldo a los trabajadores despedidos la semana pasada en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunció la abogada Susana Prieto Terrazas, quien representa a 88 obreros.

Entrevistada esta mañana, la representante legal informó a SinEmbargo que la prestación fue depositada el pasado jueves a los empleados que permanecen en las líneas de producción, por lo cual consideró que se trata de otra forma de represión por parte de la compañía a los trabajadores que intentaron formar un sindicato independiente.

“Además de la campaña de represión que han organizado, metiendo a la Policía Estatal, Municipal adentro de la planta para intimidar a los trabajadores, les han estado dando prestaciones a los que se quedan, entre ellas el aguinaldo, porque los operadores perciben 600 pesos, y les corresponden mil 400 y ahora están dando dos mil”, dijo.

SinEmbargo envió a la gerencia de Lexmark en Ciudad Juárez una solicitud de información sobre los despidos y las denuncias de los obreros, pero no ha sido respondida.

Prieto Terrazas representa a un grupo de 88 obreros de una planta ensambladora de componentes para impresora que fueron despedidos el pasado miércoles 9 de diciembre, un mes después de que firmaron una solicitud para la creación de un sindicato independiente que fue entregada a la Junta local de Conciliación y Arbitraje.

El sindicato buscaba, dice Prieto, reforzar la exigencia de un aumento salarial de seis pesos que casi la totalidad de los obreros de la planta (mil 300 de mil 500) esperaban recibir el pasado mes de octubre y cuya negativa por parte de la empresa ha generado inconformidad entre los empleados, así como paros técnicos los pasados días 7 y 8 de diciembre.

Los despedidos mantienen un plantón afuera de la ensambladora–ubicada en el suroriente de Ciudad Juárez– y esta semana, informó la abogada, interpondrán la denuncia por despido injustificado ante la Junta local de Conciliación y Arbitraje.

El despido de las más de 90 personas ocurrido la semana pasada fue una represalia de la firma norteamericana ante el movimiento obrero iniciado en octubre, cuando más de mil 300 empleados se inconformaron por el incumplimiento de un aumento salarial, denunció Prieto Terrazas.

El ajuste demandado era de 114 a 120 pesos diarios, cantidad esta última considerada como tope salarial para trabajadores con cinco o más años de experiencia en las líneas de producción de la firma. Pero al cumplirse el plazo para la mayor parte de los trabajadores, la empresa respondió que tenían que “recertificarse” de nuevo.

Prieto Terrazas comentó a SinEmbargo cómo los trabajadores se organizaron y buscaron asesoría legal. Dijo que desafortunadamente encontraron que no podían proceder contra la negativa de Lexmark a cumplir con sus políticas internas de aumento, sino sólo a que les pagara el mínimo, que son 70.10 pesos diarios.

El 3 de noviembre pasado, 78 de los empleados inconformes decidieron solicitar formalmente el registro de un sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para buscar mejoras salariales.

Los ex empleados dijeron que fue entonces que empezó el hostigamiento de la empresa que derivó en un paro laboral realizado por alrededor de 700 empleados. El jueves de la semana pasada, finalmente, despidieron a quienes firmaron la solicitud para la creación del sindicato.

El Gobierno del Estado ha defendido a la empresa y acusado de “prácticas extorsivas” a los obreros organizados. De acuerdo con medios locales, en una comparecencia ante la comisión del Trabajo del Congreso, el Secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero, señaló que si bien había condiciones qué mejorar en la industria, los plantones no eran la vía.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.

LINK: http://www.sinembargo.mx/14-12-2015/1577156

Maquila despide a más de 90 obreros en Juárez por pedir 6 pesos más al día en su salario

La empresa estadounidense Lexmark, fabricante internacional de cartuchos para impresoras, despidió a un centenar de empleados que pedían un ajuste de sueldo de diario de 114 a 120 pesos. También buscaban formar un sindicato independiente.

Ciudad de México, 12 de diciembre: La fabricante estadounidense de cartuchos para impresora Lexmark despidió de una de sus maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua, a casi un centenar de trabajadores que buscaban un ajuste salarial de seis pesos diarios.

“Fui despedida el miércoles. En recursos humanos me dijeron que mi contrato estaba rescindido porque violé los códigos de conducta de la maquila, y que por favor abandonara la planta porque ya no pertenecía a Lexmark. En eso llegó un guardia y me aventó”, dijo a este medio Miriam Delgado, obrera de 37 años y que tenía cinco años y siete meses de trabajar para la trasnacional.

Con ella fueron despedidos más de noventa empleados, informó la abogada Susana Prieto Terrazas, entre ellos los 78 firmantes de una solicitud de registro de un sindicato independiente que, el pasado 3 de noviembre, fue entregada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado.

En entrevista con SinEmbargo, la representante legal aseguró que los despidos fueron una represalia de la firma norteamericana ante el movimiento obrero iniciado en octubre, cuando más de mil 300 empleados se inconformaron por el incumplimiento de un aumento salarial.

El ajuste, agregó Prieto, era de 114 a 120 pesos diarios, cantidad esta última considerada como tope salarial para trabajadores con cinco o más años de experiencia en las líneas de producción de la firma. Pero al cumplirse el plazo para la mayor parte de los trabajadores, dijo la abogada, la empresa respondió que tenían que “recertificarse” de nuevo.

Ante la situación, informó, los trabajadores se organizaron y buscaron asesoría legal, pero encontraron que no podían proceder contra la negativa de Lexmark a cumplir con sus políticas internas de aumento, sino sólo a que les pagara el mínimo, que son 70.10 pesos diarios.

Así, el 3 de noviembre pasado, 78 de los empleados inconformes decidieron solicitar formalmente el registro de un sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para, en bloque, buscar mejoras salariales.

Fue entonces que empezó el hostigamiento, cuentan las entrevistadas. Entre otras formas, con un aumento a empleados nuevos y a quienes, para ejemplo de los disidentes, sí les pagaron los 120 pesos desde un inicio.

De acuerdo con Prieto, la medida de la empresa fue el detonante de un paro laboral realizado por unos 700 empleados los pasados días siete y ocho de diciembre; movimiento que también trató de dispersar la compañía.

“Hicieron paro técnico, todo el segundo turno; a las 3:30 de la tarde llegaron unos 700 empleados pero no arrancaron, y a las 5:40 los empezaron a evacuar, la empresa mandó llamar al transporte de personal, y sacaron a los trabajadores y les dijeron que les iban a pagar el día, pero que se fueran; esto, para que no se generalizara el movimiento. Al día siguiente, vuelven a parar y los vuelven a sacar a todos, pagándoles el día”, dije Prieto.

El jueves, finalmente, despidieron a quienes firmaron la solicitud para la creación del sindicato. “Fue una represalia”, dice Miriam Delgado. “Fuimos 700 los que paramos las líneas porque nos están pagando un salario miserable; fue la injusticia por la que paramos las líneas”, agregó vía telefónica desde el plantón que sostenían el jueves afuera de la fábrica, ubicada al suroriente de Ciudad Juárez.

De acuerdo con Prieto Terrazas, los despidos evidencian también la colusión entre la empresa y el Gobierno del estado, debido a que sólo la Junta de Conciliación y Arbitraje tenía el listado de quienes firmaron la petición.

“¿Por qué el Gobierno permite esto, si somos los trabajadores los que sacamos adelante a Ciudad Juárez, con nuestra mano de obra, para ganar una miseria?”, cuestionó Delgado.

“Nos dicen que tenemos que ensamblar 150 cartuchos por hora –o más de dos por minuto–, y si no, no sacamos el bono de producción, que es de 80 pesos a la semana. Pero si faltaba un compañero o ponían a alguien nuevo que tenía la otra pieza, o si a alguien le dolía una mano se atrasaba todo y ya no teníamos el bono”, agregó la hoy desempleada.

El Gobierno del Estado ha defendido a la empresa y acusado de “prácticas extorsivas” a los obreros organizados. De acuerdo con medios locales, en una comparecencia ante la comisión del Trabajo del Congreso, el Secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero, señaló que si bien había condiciones qué mejorar en la industria, los plantones no eran la vía.

“Las causas de los plantones en Ciudad Juárez son las prácticas extorsivas que han tomado algunos de los líderes sindicales para obtener beneficios, con las que no sólo han dañado a las empresas, sino a los propios trabajadores”, citó El Heraldo de Juárez al funcionario.


LA MAQUILA YA NO BASTA

Ciudad Juárez es el municipio del país con mayor cantidad de población empleada en la industria maquiladora, con alrededor de 300 mil personas, pero sin sindicatos independientes.

Este año, sin embargo, en la ciudad se han registrado otros movimientos entre los obreros de las multinacionales en demanda de mejoras salariales, como en Eaton, Scientific Atlanta, ADC y la trasnacional taiwanesa Foxconn, que tiene varias plantas en la ciudad.

Prieto informó que ante la Junta de Conciliación se han presentado al menos otras dos solicitudes de registro por parte de los trabajadores de otras empresas, sin que alguna haya sido aceptada.

Ubicada en el extremo suroriente de Juárez, la planta maquiladora Lexmark fue inaugurada en junio de 2005 por el entonces Gobierno de José Reyes Baeza, el cual anunció que el inicio de operaciones de ésta y otras multinacionales, como la sueca Electrolux, recuperaría cinco mil de los casi cien mil empleos perdidos desde la recesión económica de 2001.

Pero los 700 pesos semanales que pagan a los obreros, comentó
Delgado, apenas si permiten la subsistencia.

“Compro 300 pesos de mandado a la semana (14 pesos diarios entre ella y sus dos hijos adolescentes). Si tengo que pagar luz y gas, ya no compro comida esa semana. Otros 300 pesos son para la escuela, porque aunque dice el Gobierno que es gratuita, no es así. Pago transporte, internet, 90 pesos para una tarjeta de teléfono”, dijo.

“Ahora estoy desesperada, no sé que hacer, ando enferma de mi pecho por todas estas injusticias, porque yo trabajé mucho tiempo para mi planta. Y uno como mamá soltera es más desesperante, porque ¿qué va a hacer uno? El estudio no es gratuito, nada es gratuito, hasta para caminar los zapatos se acaban”, agregó la madre de familia.

En un posicionamiento enviado a través de correo electrónico, Lexmark dijo tomar “muy seriamente los valores de respeto mutuo” y la satisfacción de los empleados.

“Abrazamos las diferencias individuales y escuchamos todas las voces. Estamos comprometidos a participar en conversaciones abiertas y honestas con nuestros empleados para asegurar Lexmark continúe siendo un lugar gratificante para trabajar”, dijo Leea Haarz, gerente general de Lexmark en Juárez.


Este medio trató también de contactar a Joaquín Barrios Cervantes, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en Juárez, pero no hubo respuesta en el número telefónico que aparece en la página electrónica oficial del Gobierno del Estado.

VÍDEO:



FUENTE:SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-12-2015/1576074

Actuaria de la SNSP denuncia acoso laboral ante CNDH

MÉXICO, DF: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió una queja por “acoso laboral” interpuesta por una actuaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en contra de esa institución, que no respetó sus derechos como madre.

En un comunicado, la CNDH señaló que la queja fue remitida a la Sexta Visitaduría, luego que la trabajadora acusó que durante su periodo de gravidez “fue objeto de señalamientos derivados de la necesidad de acudir a citas médicas”, incluso su jefe inmediato “la puso en el dilema de decidir entre su trabajo o la maternidad”.

Una vez que nació su hijo, agregó el organismo, “el acoso laboral se acentuó al grado de ser excluida de reuniones de trabajo, no obstante ocupar una dirección de área, además de ser criticada por disponer del periodo de lactancia para atender a su menor hijo”.

La CNDH registró la demanda con el número de folio 108 mil 448, e indicó que “analizará el escrito de queja, solicitará información a las autoridades correspondientes y, en su momento, emitirá la resolución que conforme a derecho proceda”.

Las denuncias de mujeres que forman parte del SNSP no son nuevas. En su edición 1967, Proceso publicó los testimonios de dos agentes de la Policía Federal (PF), Griselda Montero y Genoveva Ramírez, quienes denunciaron el continuo acoso sexual, castigos injustificados, descuentos salariales, insultos y menosprecio en la corporación.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el semanario en julio del año pasado, las agentes interpusieron denuncias ante diversas instancias, entre ellas la CNDH, así como la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (Fevimtra), y la Unidad de Asuntos Internos de la PF.

Las denunciantes dirigieron además cartas al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al entonces comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.


Sin embargo, las quejas interpuestas no tuvieron respuesta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420484.

Boicot californiano contra Chedraui

Desde hace dos años, cuando la empresa mexicana Chedraui aumentó considerablemente su participación accionaria en la cadena estadunidense de autoservicios El Super, en ésta se presentan problemas que afectan a sus trabajadores: despidos injustificados, menos horas de trabajo y cada vez peor pagadas, retiro de algunas prestaciones y hostigamiento a quienes se atreven a protestar… Muchos casos se han dirimido ya en las cortes; aun así las irregularidades persisten. La forma de lucha de los empleados de estas tiendas es inusual, pero ya está en marcha: un boicot contra su propio centro de trabajo.

Los Ángeles, Cal: Rafael Castro habla pausadamente, pero en su voz se percibe una mezcla de molestia e indignación. Durante 10 años fue gerente de una sucursal de El Super, una de las cadenas de supermercados latinos más grandes en Estados Unidos. Tras casi una década de supervisar cajeras y atender clientes, el 13 de marzo de 2013 fue despedido. El corte de caja mostró un faltante de cinco dólares. Lo acusaron de mal manejo de fondos.

Este despido se suma a varios casos similares entre trabajadores de El Super a partir de 2013, cuando la mexicana Chedraui decidió aumentar su inversión en aquella cadena, que tiene 50 establecimientos en California, Arizona y Nevada y emplea a más de 5 mil personas.

Cada año la cadena de El Super reporta ingresos por mil 200 millones de dólares, según la revista especializada Supermarket News.

Aunque los supermercados operan en Estados Unidos bajo el registro de Corporación Bodega Latina, esta razón social es propiedad de la tercera empresa de tiendas de autoservicio más grande de México: Grupo Comercial Chedraui.

Chedraui opera 216 tiendas en México, surtidas por cinco centros de distribución. Las operaciones de El Super generan 22% de los ingresos netos de Chedraui, que en 2013 obtuvo ganancias por 131 millones de dólares, un incremento de 6.5% en relación con 2012. Por lo que toca a sus ingresos (es decir el total de las ventas), la cifra ascendió a 5 mil millones de dólares en 2013, 3.8% más que en 2012.

Tras su despido, Castro inició una querella ante las autoridades laborales, las cuales fallaron a su favor el 28 de mayo de 2015 y determinaron que su despido fue injustificado.

Este fallo se suma a una serie de irregularidades detectadas por la propia autoridad laboral durante los últimos meses: a partir del vencimiento del último contrato colectivo de sus trabajadores, El Super ha debido enfrentar procesos legales ante las autoridades de trabajo a nivel estatal en California, y a nivel federal, así como un boicot convocado por los empleados, que comenzó a principios de 2015 y aún está en marcha.

Violaciones laborales

En 1995 se formó en Estados Unidos la Corporación Bodega Latina (BLC). Los fundadores fueron Mark N. Schwartz y Carlos A. Smith, actual presidente de la empresa, con una inversión inicial de Chedraui.

Se decidió entonces adoptar para la cadena el nombre comercial de El Super. En 2004, Chedraui incrementó su inversión en BLC a 66.2%, y para 2014 ya poseía 83.36%. El Super había pasado de siete a 50 tiendas en Estados Unidos, crecimiento que en su mayoría se alimentó de la adquisición de compañías rivales más pequeñas, incluido Gigante USA.

El conflicto legal entre los trabajadores de El Super y la empresa tiene su origen en el proceso de negociación de un nuevo contrato colectivo entre mayo y septiembre de 2013. El Sindicato de Trabajadores Unidos del Sector Comercial y de Alimentos del Sur de California (UFCW) representa a cerca de 600 trabajadores de El Super en siete establecimientos. Son trabajadores de un rango salarial bajo, predominantemente latinos, y la mayoría de ellos migrantes.

Tras la expiración del contrato vigente hasta el 27 de septiembre de 2013, y tras el fracaso de las negociaciones entre las partes, en mayo de 2014 la empresa ofreció un contrato que los trabajadores decidieron no aceptar por no apegarse a sus demandas: salarios dignos, respeto en el trabajo, derechos de antigüedad, acceso a beneficios de salud, días de enfermedad pagados y una garantía de 40 horas de trabajo por semana. Actualmente los trabajadores sólo reciben una asignación de 32 horas por semana y los salarios se tasan por hora trabajada.

Luz Amparo García es una de las trabajadoras que apoya el boicot. Durante seis años ha visto pasar miles de productos y alimentos por las cajas de cobro de la sucursal 16 de El Super, donde es cajera. Sin embargo, su salario no le alcanza para que haya suficiente comida en su mesa.

Originaria de Medellín, Colombia, Luz, de 54 años, llegó a Estados Unidos en 2001 y desde entonces trabaja para enviar dinero a su madre y a sus hermanos. “Empecé con un salario de nueve dólares por hora; llevo seis años trabajando y mi salario es de 12.80 dólares, pero se ha quedado estancado; con los aumentos que indicaba el contrato ya debería de ir en 15 dólares. Y con la pérdida de los beneficios que teníamos hace dos años, mi nivel de vida se ha deteriorado”.

Luz es una de las empleadas que sólo trabaja 32 horas a la semana; en ocasiones el monto se reduce a 28 horas. “Imagínese, gano 300 dólares a la semana y pago 750 dólares de renta al mes por un garaje adaptado como vivienda. Tengo que compartir el espacio con una compañera de Nicaragua”, relata.

Hay días en los que de plano el dinero no le alcanza. Entonces acude a una iglesia cercana, que ofrece víveres a personas necesitadas. “Imagínese, mandar el dinero de las medicinas de mi madre, pagar mis cuentas, el agua, el teléfono, el carro y el costo de cuando me enfermo. Una de las cosas que estamos peleando es que nos den un seguro de salud que podamos pagar. Y que nos muestren nuestros ingresos por horas extra; desde 2012 no aparece esa cuenta en nuestro talón de cheque”.

Cuando vieron que en la oferta de contrato colectivo de 2014 la empresa no cumplía con sus demandas básicas, los trabajadores llamaron a votación, rechazaron la oferta y autorizaron una huelga, en tanto que el UFCW presentaba cargos contra El Super por prácticas laborales injustas.

“Los empleados trabajaron con un contrato vencido durante el periodo de negociación; cuando llegó el momento de votar, que ganó el ‘no’ e iniciaron la preparación de la huelga, Carlos Smith empezó a tener juntas a puerta cerrada con los trabajadores”, explica Rigoberto Valdez, vicepresidente de la Local 770 del UFCW. “El objetivo era lanzar una campaña de intimidación. Cuando entraban los trabajadores, les quitaban los celulares para que nadie grabara o tomara fotos. Entonces insultaban a los líderes sindicales, los ridiculizaban y ejercían presión para que los trabajadores se salieran del sindicato”.

El UFCW agrupa a varias de las cadenas de supermercados que operan en Estados Unidos. De acuerdo con los tabuladores de la industria manejados por el sindicato, El Super es uno de los empleadores con condiciones laborales más injustas. Un ejemplo: en la cadena Food for Less, principal competencia de El Super, un cajero puede ganar hasta 17.55 dólares por hora. Un empleado de El Super con el mismo nivel y experiencia percibe 12.86 dólares por hora. En algunos supermercados mejor pagados, como la cadena Ralphs, el mismo trabajador puede ganar hasta 22.85 dólares por hora; casi el doble que uno de El Super.

La herencia de César Chávez

El 20 de diciembre de 2014 las federaciones del trabajo del estado de California y del condado de Los Ángeles dieron su apoyo al boicot como medida de presión. Dos días después, cuatro organizaciones comunitarias crearon un grupo llamado Coalición por un mejor El Super y exigieron a las autoridades de salud del condado una investigación a la cadena. Desde febrero de 2014 las inspecciones realizadas a las tiendas de los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Orange han documentado 679 violaciones a las normas de salud ambiental.

En los meses posteriores, más de 300 organizaciones comunitarias, laborales, religiosas y concejos vecinales o de desarrollo de Los Ángeles se han sumado al boicot. En marzo, Dolores Huerta, la mítica líder sindical que junto con César Chávez impulsó el boicot a la producción de uva para lograr mejores condiciones de trabajo para los campesinos, también expresó su apoyo.

“La táctica del boicot la tomamos siguiendo el ejemplo de los trabajadores de la agricultura en los sesenta y setenta con Dolores Huerta y César Chávez”, explica Valdez. “A diferencia de la huelga, en el boicot se le pide al consumidor que no compre el producto, pero los trabajadores siguen trabajando, haciendo un sacrificio; les cortan horas de trabajo para compensar las pérdidas. Nosotros no podemos parar sin cobrar durante meses, pero pedimos a la comunidad que se sume a la denuncia: en esta tienda tratan a los empleados mal y no les importan nuestras comunidades en Estados Unidos, se llevan todas las ganancias a México”.

Mientras el caso legal avanza, los trabajadores de El Super ya suman algunas batallas ganadas en esta larga guerra. Las autoridades laborales ya han reconocido que la cadena incumplió su obligación legal de regresar a la mesa de negociaciones. Se han aceptado las denuncias de violación de los derechos de los trabajadores contra la directiva de la cadena por prácticas de intimidación, que van desde las juntas con trabajadores convocadas por Smith, hasta los despidos en cada tienda cuando los trabajadores lideran la organización de sus compañeros. Y en sus días de descanso, los trabajadores se manifiestan afuera de las tiendas.

La empresa, en tanto, está en un proceso de apelación ante las juntas laborales; a través de comunicados, ha justificado su retiro de las negociaciones debido a que éstas llegaron a un punto muerto, y ha negado las acusaciones de mal manejo de alimentos. Proceso buscó una declaración directa de Frank Aguirre, gerente de relaciones comunitarias de El Super, sin que al cierre de esta edición se hubiera obtenido una respuesta.


“El Super sirve a la comunidad de origen mexicano”, explica Valdez. “Chedraui vino a Estados Unidos a bajar el estándar de los trabajadores de esta industria, tal vez porque sus trabajadores son en su mayoría inmigrantes y no siempre conocen sus derechos, o tienen miedo. Pero con la campaña que hemos hecho estos dos años, mucha gente ha perdido ese miedo y levantado la voz, aún a costa de su vida personal. La gente que viene a Estados Unidos sacrifica muchas cosas para obtener una vida mejor. Que una empresa como Chedraui no sea lo que lo impida”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EILEEN TRUAX.

Denuncian acoso por parte de directora de Buen Gobierno; quita salario a empleado

La directora de Buen Gobierno y Proyectos Especiales del ayuntamiento, Zazil Reyes Contreras, fue denunciada por el empleado de confianza César Antonio Vázquez Méndez, ya que durante siete meses lo obligó a entregarle el 50 por ciento de su sueldo y el aguinaldo completo del año 2014.

En conferencia de prensa, el empleado de confianza adscrito a la dirección de Buen Gobierno y Proyectos Especiales recordó que al ingresar a laborar Reyes Contreras le especificó las condiciones de su trabajo y dada la necesidad que se vive en el país tuvo que aceptar.

“Me obligó a darle el 50 por ciento de mi sueldo, pues ella me dijo que sería de manera temporal porque tenía otra persona operando en colonias, que necesitaba reubicar, que sólo serían tres meses”, explicó.

Sin embargo pasaron siete meses, y la directora continúa el descuento del salario y del aguinaldo, por lo que se atrevió a denunciarla públicamente, además de que en los últimos meses ha sufrido acoso laboral.

“El ayuntamiento me paga 12 mil pesos mensuales de los cuales yo le entregaba la mitad durante siete meses a Zazil, más el aguinaldo que ella se quedó, me ha quitado más de 40 mil pesos”, expuso.
A partir del 4 de marzo, cuando se negó a darle la mitad del pago de su salario, la directora comenzó las represalias en su contra, de lo cual hay testigos que incluso quisieron defenderlo, pero la mujer amenazó con despedirlos.

El afectado mostró en su teléfono celular las conversaciones sostenidas con Reyes Contreras, donde la funcionaria municipal lo condiciona, lo despide del trabajo y lo humilla al decirle que “Por dignidad deberías de renunciar, no eres bien querido aquí… Para lo que te contrate no sirves”.

Mencionó que durante este tiempo laboró al servicio de Reyes Contreras en la oficina del palacio municipal, así como también realizó limpiezas en las bodegas de la dirección de Buen Gobierno y de la particular de la directora.

Señaló que cuenta con fotografías que sirven como testimonio de que no fueron entregadas despensas para damnificados del huracán Odile por instrucciones de la funcionaria municipal.


“Cuando entré me dijo que iba a fungir como secretario particular, pero ahora notifica por oficios unos temas que quiere que investigue, que son extensos, y ella quiere que en unas horas le dé la investigación y me empiezan a presionar por teléfono para hostigarme; no me ha dado ni un solo día de descanso en ocho meses”, acusó.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ/AGENCIAS.