La maquiladora norteamericana Lexmark retuvo el pago del aguinaldo a los trabajadores despedidos la semana pasada en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunció la abogada Susana Prieto Terrazas, quien representa a 88 obreros.
Entrevistada esta mañana, la representante legal informó a SinEmbargo que la prestación fue depositada el pasado jueves a los empleados que permanecen en las líneas de producción, por lo cual consideró que se trata de otra forma de represión por parte de la compañía a los trabajadores que intentaron formar un sindicato independiente.
“Además de la campaña de represión que han organizado, metiendo a la Policía Estatal, Municipal adentro de la planta para intimidar a los trabajadores, les han estado dando prestaciones a los que se quedan, entre ellas el aguinaldo, porque los operadores perciben 600 pesos, y les corresponden mil 400 y ahora están dando dos mil”, dijo.
SinEmbargo envió a la gerencia de Lexmark en Ciudad Juárez una solicitud de información sobre los despidos y las denuncias de los obreros, pero no ha sido respondida.
Prieto Terrazas representa a un grupo de 88 obreros de una planta ensambladora de componentes para impresora que fueron despedidos el pasado miércoles 9 de diciembre, un mes después de que firmaron una solicitud para la creación de un sindicato independiente que fue entregada a la Junta local de Conciliación y Arbitraje.
El sindicato buscaba, dice Prieto, reforzar la exigencia de un aumento salarial de seis pesos que casi la totalidad de los obreros de la planta (mil 300 de mil 500) esperaban recibir el pasado mes de octubre y cuya negativa por parte de la empresa ha generado inconformidad entre los empleados, así como paros técnicos los pasados días 7 y 8 de diciembre.
Los despedidos mantienen un plantón afuera de la ensambladora–ubicada en el suroriente de Ciudad Juárez– y esta semana, informó la abogada, interpondrán la denuncia por despido injustificado ante la Junta local de Conciliación y Arbitraje.
El despido de las más de 90 personas ocurrido la semana pasada fue una represalia de la firma norteamericana ante el movimiento obrero iniciado en octubre, cuando más de mil 300 empleados se inconformaron por el incumplimiento de un aumento salarial, denunció Prieto Terrazas.
El ajuste demandado era de 114 a 120 pesos diarios, cantidad esta última considerada como tope salarial para trabajadores con cinco o más años de experiencia en las líneas de producción de la firma. Pero al cumplirse el plazo para la mayor parte de los trabajadores, la empresa respondió que tenían que “recertificarse” de nuevo.
Prieto Terrazas comentó a SinEmbargo cómo los trabajadores se organizaron y buscaron asesoría legal. Dijo que desafortunadamente encontraron que no podían proceder contra la negativa de Lexmark a cumplir con sus políticas internas de aumento, sino sólo a que les pagara el mínimo, que son 70.10 pesos diarios.
El 3 de noviembre pasado, 78 de los empleados inconformes decidieron solicitar formalmente el registro de un sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para buscar mejoras salariales.
Los ex empleados dijeron que fue entonces que empezó el hostigamiento de la empresa que derivó en un paro laboral realizado por alrededor de 700 empleados. El jueves de la semana pasada, finalmente, despidieron a quienes firmaron la solicitud para la creación del sindicato.
El Gobierno del Estado ha defendido a la empresa y acusado de “prácticas extorsivas” a los obreros organizados. De acuerdo con medios locales, en una comparecencia ante la comisión del Trabajo del Congreso, el Secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero, señaló que si bien había condiciones qué mejorar en la industria, los plantones no eran la vía.
