En 2014 Gabriela Sánchez López inició una huelga de hambre tras iniciar una lucha en busca de justicia por la violación de su hija de trece años, quien tiene ceguera y retraso mental, cuyo agresor fue su maestro Alejandro Ricardo Meneses, quien fue juzgado por el delito de estupro y no por violación.
Gabriela explica a Revolución TRESPUNTOCERO que en el caso existieron errores en la defensa de su hija por parte de los representantes legales designados, aunado a esto el Juzgado Décimo Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial en Jalisco reclasificó el delito de violación por estupro, por lo que el agresor salió libre bajo fianza, aunque tiempo después fue aprehendido.
Sin embargo ella comenzó a padecer violencia psicológica por medio de amenazas y después física con agresiones severas, por lo que se trasladó a vivir al Estado de México, donde fundó un proyecto de defensa y apoyo a madres solteras.
Aun con el cambio de región, Gabriela siguió padeciendo agresiones. Aunque ella se encuentra ‘protegida’ por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde febrero pasado, a su casa llegó un hombre quien irrumpió furiosamente a su puerta intentado forzarla y entrar de manera violenta. Aunque demostró por medio de videos lo sucedido, hasta la fecha no se ha logrado esclarecer esta situación.
Gabriela tuvo que cerrar el centro de ayuda para madres solteras y se mudó a casa de otra de sus hijas, en Ecatepec, esperando encontrar un poco de estabilidad emocional. Sin embargo un nuevo problema se presentó: en la colonia “CTM XIV” donde ahora habita, casi un millar de familias fueron defraudadas cuando compraron predios a la organización civil “Luchemos por el cambio”.
“Dichos terrenos fueron vendidos de manera fraudulenta, ahora somos miles de familias que estamos en riesgo de ser desalojadas, ya el 12 de octubre hubo un primer desalojo de los mismos vendedores a las 3 de la mañana llegaron a desocupar los terrenos y a tirar las casas, a nadie le llegó ninguna notificación, es por ello que solicité que me atendiera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la cual soy beneficiaria (por el caso de mi hija).
Ya antes hice investigaciones por mi cuenta y encontré que hay autoridades involucradas en esta venta masiva de terrenos, coludidas con los miembros de dicha asociación civil, por eso hablé con los vecinos para denunciar los hechos ante la Comisión”, explica Gabriela.
Ella asegura que han sido víctimas de la misma Comisión, ya que el martes pasado tuvo una reunión con el Comisionado Presidente, Sergio Jaime Rochín del Rincón, a quien le explicó la problemática de los terrenos y pidió ayuda para su defensa y la de sus vecinos, pero no hubo algún tipo de disposición. Por el contrario, el funcionario se fue porque “tenía otro compromiso”.
Por lo tanto, Gabriela se quedó en la oficina asegurando que no iba a regresar a su casa, porque además que ya había sido golpeada, “a unas cuadras de mi domicilio, por tres mujeres que no he identificado, quienes me patearon hace 15 días, también recibí amenazas de muerte hechas por quien le vendió a mi hija el terreno donde ahora vivimos, él me enseñó un arma y tengo testigo de ello.
Además se subió a la barda y por una ventada tomó fotografías de mi domicilio y de mi persona, con palabras altisonantes me aseguró que me iba a matar. Por ello yo no podría regresar”, explica la activista.
Lo anterior se lo hizo saber Gabriela a Jaime Rochín, “le dije estoy en peligro de muerte, pero hizo caso omiso, además recurrí también a la policía, quienes me dijeron que no podían brindarme una patrulla las 24 horas cuidándome, aunque sea beneficiaria del Mecanismo, porque no tienen vehículos y tampoco elementos, cuando se supone que es una obligación que tienen conmigo, se supone que debería de ser una orden de gobernación”.
A este hecho “se sumó una de las peores noticias, fue mi tiro de gracia; el Maestro Rochín me dijo que a estas alturas, en el caso de la violación de mi hija, después de cinco años y ocho meses de estar luchando, la recomendación que yo traigo de Jalisco donde se comprueba que cinco agentes del ministerio público están involucrados en la mala actuación de la integración de las pruebas que demuestran que mi hija tiene discapacidad intelectual y visual, ya se cerró y que solamente sancionaron a uno de los elementos con ocho días sin goce de sueldo y ya todo concluyó porque se ‘perdieron los tiempos’, cuando si eso pasó es responsabilidad de los defensores que me asignaron, no mía porque yo no soy la abogada, yo soy una víctima que está luchando.
Así que molesta e indignada por esto y por los terrenos, me quedé ahí, estaba dispuesta a dormir ahí hasta tener una solución, sin embargo después de algunas horas, un abogado me dijo que ya habían resuelto mi problema y que me iban a llevar a un hotel hasta que hubiera un lugar seguro para mí. Todo esto correría por cuenta de la Comisión, sin embargo al otro día de la recepción del hotel me dijeron que tenía que pagar si quería quedarme otro día, fue cuando comencé hacer presión por medio de las redes sociales”, narra la activista.
Fue así como llegó gente de la Comisión y la llevó a las instalaciones de ésta, intentando convencerla de firmar un ‘acuerdo’ donde ella aceptaba ir a un albergue, pero no lo aceptó, ya que ella considera que de hacerlo, sería ella quien estaría encerrada y no los culpables.
“No firmé porque las autoridades son las que no han investigado y sancionado a quienes nos están amenazando y hostigando, a mí en lo particular. Así pasé una primer noche en la Comisión, dormí en el piso y mi hija también, precisamente el día mundial de la discapacidad.
Pese a que una abogada defensora de Derechos Humanos pidió a Rochín que llegara a verme y abrir diálogo, no lo hizo, sin comer y con dos ataques de epilepsia, la cual padezco, me mantuve en la oficina en espera de respuestas la semana pasada”, agrega.
De esta acción surgió un amparo que se ofreció a ella y a otras 30 víctimas del fraude, anteriormente ya 10 vecinos y Gabriela realizaron una huelga de hambre, hace aproximadamente dos meses para dar a conocer la problemática, sin embargo en aquel momento su caso no fue tomado en cuenta. Aun cuando tienen pruebas que existen autoridades involucradas en dicho fraude y a quienes han intentado demandar pero “la señorita de la mesa de responsabilidad no nos permitió realizar la denuncia diciendo que no tomarían nuestra demanda porque no podíamos denuncia a una autoridad, quedó pendiente pero seguiremos insistiendo”, asegura Gabriela.
El viernes próximo tendrán una reunión en donde se les explique el avance del amparo y si existen nuevas estrategias para la resolución del caso de fraude y las amenazas en contra de la activista. Ya que además de ello, asegura que la semana pasada también, personas cercanas a los vendedores de las tierras, comenzaron a causan pánico en los colonos, asegurándoles que por la noche serían desalojados con violencia de sus domicilios. Aunque Gabriela pidió ayuda a la abogada que le lleva el caso, ésta aseguró que no tenía ‘autorizado’ defenderlos por desalojo, ya que su trabajo solamente se enfocaba en el fraude. El hostigamiento siguió durante horas, sin que se recibiera ayuda alguna por parte de ninguna autoridad. Por todo ello, Gabriela asegura que son víctimas de dicha Comisión.
Fuente: Revolución 3.0
Autora: Emma Martínez
http://revoluciontrespuntocero.com/activista-que-denuncio-fraude-es-hostigada-y-amenazada-de-muerte-mientras-que-la-ceav-hace-caso-omiso-a-sus-demandas/
