Otra víctima del Ejército en Nuevo Laredo pierde el miedo…

CIUDAD DE MÉXICO: La denuncia sobre la presunta ejecución extrajudicial de al menos ocho personas a manos de militares en Nuevo Laredo en este semanario animó a la madre de otra víctima para hacer a un lado el miedo y presentar una queja ante el presidente Enrique Peña Nieto.


Proceso dio a conocer en su edición 2086 imágenes de video y fotográficas que forman parte de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “en contra del personal militar perteneciente al XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército Mexicano, por la probable ejecución arbitraria y/o extrajudicial”.

Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre y la madre de uno de los fallecidos, representada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) presentó la queja el 12 de octubre.


Contra lo que muestran las evidencias fotográficas y videográficas, los informes del destacamento militar y del Grupo de Coordinación Tamaulipas sostienen que se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de “un grupo delincuencial” y soldados en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, durante el cual fallecieron 11 personas, entre ellas una mujer que pasaba por el lugar con su familia.

Como ocurrió en el caso de las ejecuciones de Tlatlaya, hasta ahora había prevalecido esa versión oficial, pero la primera queja le dio un giro al caso, que la CNDH radicó en la Segunda Visitaduría General con el folio 92413/2016.

En entrevista, la madre de otro de los ocho civiles que viajaban en la camioneta blanca –quien pidió no publicar su nombre– admitió que el miedo la paralizó aunque estaba indignada:

“No quería denunciar, tenía temor a los militares porque ellos siempre amenazan. Lo sé porque ha habido muchos casos de conocidas a las que los militares les dicen que se queden calladas, porque las tienen bien ubicadas. Por eso hay tantas muertes que quedan impunes.

“Cuando miré en la revista (Proceso) me decidí. Dije: ‘Si ya hubo otra señora que denunció, yo también lo voy a hacer’. Espero que no me pase nada, porque les molesta a los militares que uno hable. Sí tengo miedo, pero si siempre voy a vivir callada nunca vamos a hacer nada.”

El viernes 28, asesorada por el presidente de la CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, la mujer envió un escrito dirigido a Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y al titular de la CNDH.

En su misiva, exige una investigación “profunda, imparcial y pronta”, suspender los patrullajes del personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada mientras se llevan a cabo las investigaciones; proteger la integridad de las familias denunciantes, sobrevivientes y testigos de los hechos, y sancionar a los responsables de la presunta “ejecución arbitraria y/o extrajudicial”.

De acuerdo con la queja, la tarde del mismo 3 de septiembre alguien le dijo a la señora que su hijo había muerto bajo el fuego militar; pasada la medianoche ella localizó el cuerpo en una funeraria y después fue a la Agencia del Ministerio Público a exigir que se lo entregaran.

En el documento, donde puntualiza que no vivía con su vástago, la señora indica que entre el sábado 3 y el domingo 4 fue subido a las redes sociales el video que pone en duda la versión oficial. Añade que “no había justificación para que los militares privaran de la vida (a su hijo) de manera arbitraria y menos disparándole en la cabeza a manera de tiro de gracia”.

En la entrevista, explica que al ver el cuerpo advirtió que un disparo le entró por la sien derecha y salió por la parte superior de la cabeza. Según la versión oficial, él fue abatido adentro de la camioneta.

Al enterarse de que en las redes sociales circulaba un video sobre los hechos, lo buscó, situación que le provocó más dolor: “Vi que es muy obvio: dos personas se bajaron de la troca y corrieron; uno de camisa blanca aparece merito atrás de la camioneta blanca, casi abajo. ¿Cómo quieren que uno reaccione? Es bien obvio que los militares los mataron”.

Señala que en los últimos meses han ocurrido muchas muertes a manos de personal castrense, pero opina que “si eran personas inocentes o no, si andan trabajando mal, no lo sé, pero los militares no tienen el derecho de hacer justicia por su propia mano, por eso existe un Ministerio Público, pero lo que hacen los militares es matarlos”.

En consecuencia, decidió exigir justicia en un intento de parar la violencia militar en Nuevo Laredo, de la que “por miedo” no se habla. Y sostiene: “Si ganamos el caso, sé que nunca me van a regresar a mi hijo, pero los que hicieron eso que paguen, porque no tenían que matarlos”.

El silencio de las autoridades

El pasado lunes 24 la reportera consultó brevemente al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien consideró “graves” los señalamientos y confirmó que el caso está en investigación.

Explicó que a la comisión llegó una primera queja en la que se “planteaba la entrega de un cadáver: después quedó sin materia, se desistió de esa circunstancia”.

Después se presentó otra con “señalamientos que se hacen a autoridades del Ejército”. Ésta “es una queja que se acaba de radicar; hemos solicitado la información y previsto el trabajo en campo al respecto, es decir el desplazamiento de personal de la comisión a realizar una investigación”.

El martes 25, un equipo de la CNDH se presentó ante el presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, a fin de que lo apoyara en la ratificación de la queja presentada por la madre de una de las víctimas y para recorrer el lugar de los hechos.

En entrevista, Ramos Vázquez explica que juntos revisaron la camioneta en la que viajaban los ocho civiles y encontraron en ella “más de 50 impactos por todos lados”, mientras que a lo largo de un kilómetro marcaron otros 48 “en fachadas de negocios, paredes, rejas, bardas, ventanas y en la puerta de un hotel”.

Considera que esos disparos “hablan de la intensidad del fuego y la intención de causar daño” por parte de los militares aquel 3 de septiembre.

Como la investigación podría durar al menos un año, por la complejidad del caso, Ramos Vázquez destaca que la CNDH ordenó medidas cautelares para él y sus representadas, pues “no estamos trabajando en un ambiente tranquilo sino en uno hostil”.

Sin embargo, aún no hay un acuerdo: “La CNDH dio aviso a las autoridades militares y estatales para que no se nos moleste, para que tomen medidas de precaución y medidas de seguridad para nosotros. Aún no han respondido, estamos esperando”.

Ramos Vázquez, quien ha documentado 26 casos de presuntas ejecuciones arbitrarias de las Fuerzas Armadas desplegadas en Nuevo Laredo entre marzo de 2009 y agosto pasado, también espera contestación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ante los mensajes amenazantes que ha recibido en las redes sociales después de hacer pública la denuncia.

En una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con copia para Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, Ramos Vázquez da cuenta de expresiones difamatorias en las redes sociales y de la presencia de personas desconocidas frente a su domicilio, como lo informó la agencia Apro el martes 25.

Ramos Vázquez expresa que ya ha pasado por momentos similares al presentar denuncias ante la CNDH y la PGR contra marinos y soldados que cometieron abusos contra la población civil de Tamaulipas:


“Ya sé lo que viene: distorsión de la información y campañas de desprestigio e intimidación. Por eso, cuando hablé con la gente del mecanismo de protección de Gobernación (el martes 25), le pedí que le digan a la Secretaría de la Defensa Nacional que deje esa campaña de linchamiento en las redes sociales. Me respondieron que están evaluando las amenazas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461183/otra-victima-del-ejercito-en-nuevo-laredo-pierde-miedo

Un Informe de Amnistía acusa a militares y policías de violar por todo el país a mujeres detenidas

La organización Amnistía Internacional documentó en una investigación de ocho meses, y luego entrevistar a 100 mujeres encarceladas en 11 prisiones federales en México, que 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual. En el informe de AI hay de todo: violaciones tumultuarias de policías y soldados, descargas eléctricas en los genitales y una impunidad que arropa a los agresores y los mantiene en la calle.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Mónica Esparza Castro fue violada por un grupo de policías ante la mirada de soldados el 12 de febrero de 2013: la asfixiaron con una bolsa de plástico, la arrastraron por el suelo sujetándola del cabello, le golpearon las nalgas con un tablón y siete policías, entre ellos un representante de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, la violaron frente a su esposo y su hermano, además la obligaron a realizarles sexo oral.

Mónica es una de las 33 mujeres, de un grupo de 100, que declararon a Amnistía Internacional (AI) que fueron violadas durante su detención. El día del brutal ataque contra Esparza Castro, la mujer de entonces 26 años viajaba en un automóvil con su esposo y su hermano cuando la Policía Municipal de Torreón los detuvo.

“Los agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a los tres a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Mónica al principio se quedó fuera, en una camioneta policial. Un oficial llegó y, cuando vio a Mónica allí, se puso furioso con la agente que la había llevado, y le dijo: “¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”. Unos minutos después regresó y metió a Mónica en el galpón, amenazándola con cortarla en pedacitos. Según el relato de Mónica, al entrar en el galpón el oficial le dijo, “bienvenida a la fiesta”, y ella vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados”, dice el informe de la organización titulado “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en México”.

“La fiesta” a la que se referían los policías era una brutal violación tumultuaria, en donde Mónica fue ultrajada mientras le hacían preguntas que no podía contestar y veía como a su esposo le levantaban la piel de la pierna con un cuchillo y daban latigazos con espuelas de metal que le desprendían la carne.

“Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón la agarró y empezó a besarla bruscamente y a morderla en la cara y el cuello, y luego la violó delante de su esposo y su hermano. Después, seis policías la violaron uno detrás de otro, y a continuación se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el esperma. Durante esa brutal violación, unos miembros uniformados del Ejército estuvieron allí mirando. Luego la policía llevó a los tres detenidos a las oficinas de la PGR [Procuraduría General de la República] en Torreón. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura”, narra el informe.

Mónica está presa, pues fue obligada a firmar una confesión. En agosto de 2014 expertos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que Mónica había sido violada y que su esposo había sido ejecutado arbitrariamente a consecuencia de su tortura.

“En abril de 2016 la CNDH emitió una recomendación en la que pedía una investigación criminal sobre el caso. Mónica está en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos, de corta edad, están al cuidado de un albergue, ya que su familia no puede asumir el costo de su manutención”, indica Amnistía Internacional.

Sobre los violadores de Mónica: todos libres, ninguno procesado. De hecho, no existe en México ningún policía preso por tortura sexual, dijo a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional.

A todos ellos los cobija ese manto que se llama impunidad, indicó la investigadora en tortura.

De acuerdo con el informe, pese al alto número de denuncias, las autoridades han afirmado que en los últimos cinco años sólo se han presentado seis cargos de violación contra funcionarios públicos en la justicia federal.

Siete soldados fueron juzgados por violación en 2012 y 2013 por tribunales castrenses. No obstante, entre 2010 y 2015 ningún miembro del Ejército fue suspendido por delitos sexuales. Tres marinos fueron suspendidos por abuso y uno fue condenado, pero inhabilitado sólo hasta salir de prisión.

LA IMPUNIDAD Y LAS CIFRAS DE VIOLACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL


El estudio de Amnistía reveló que de 100 mujeres entrevistadas, 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual durante su detención. Los agresores fueron elementos de la Marina, Policía Municipal, Estatal, Federal y Ejército.

“Es realmente alarmante el informe, porque estamos hablando que la tortura sexual se vuelve el método preferido de las fuerzas armadas y de seguridad de este país. Estamos hablando que de 100 mujeres, todas alegaron haber recibido algún tipo de violencia psicológica o verbal. Realmente son cifras escalofriantes y lo peor es que el gobierno sigue sin castigar prácticamente a casi ningún soldado o policía por estos hechos”, dijo Madeleine Penman.

La investigadora reveló que Amnistía no conoce que exista una sola persona encarcelada por los delitos que denunciaron las 100 mujeres.

“Estamos hablando de una impunidad escalofriante. Cuando hablamos con las mujeres vimos que a pesar de haber denunciado, no habían tenido justicia. Peor aún, pedimos datos de las fuerzas armadas y su respuesta fue alarmante, estamos hablando de que en cinco años el Ejército no nos pudo dar un ejemplo de un solo soldado suspendido por abuso sexual o por violación. Entre 2010 y 2015 no suspendieron ningún agente suyo por este tipo de abusos de violencia sexual. Esto realmente nos demuestra que es un método tolerado”, dijo.

De acuerdo con el estudio de AI, un 80 por ciento de los arrestos de la Marina fueron con violación sexual; 60 por ciento de las aprehensiones de la policía municipal; 50 por ciento de los efectuados por la Policía Estatal; 50 por ciento de los del Ejército y 19 por ciento de la Policía Federal.

“La violación ha sido utilizada por la policía de todos los niveles –municipal, estatal y federal–, así como por el Ejército y la Marina. Dependiendo de los perpetradores, hay diferencias en la frecuencia con que se denuncia esta práctica. Las mujeres denunciaron los índices de violación más altos a manos de la Marina. Aunque, en su conjunto, la Marina lleva a cabo menos arrestos que la Policía Federal, resulta sumamente preocupante señalar que, de los diez arrestos practicados por la Marina que constaban en los datos recopilados por Amnistía Internacional, ocho habrían incluido violación. De todos los demás cuerpos, excluida la Policía Federal, se habría utilizado la violación en al menos la mitad de los arrestos realizados. La sofisticación de los métodos utilizados para infligir violencia difería de unos casos a otros. Por ejemplo, algunas mujeres que reportaron haber sido violadas por personal de la Marina contaron a Amnistía Internacional que, en ocasiones, los violadores utilizaban los dedos enguantados para no dejar rastros biológicos, mientras que otras denunciaron haber recibido descargas eléctricas en los genitales. En algunos casos se denunció el uso del pene, pero no en la mayoría. Veintisiete mujeres fueron sometidas a violación vaginal durante su detención”, dice el informe.

Entre las mujeres entrevistadas por la organización, hay testimonios que afirman que fueron torturadas en estado de embarazo. De las entrevistadas 10 afirmaron estar embarazadas durante su detención y ocho abortaron a consecuencia de la tortura.Los torturadores golpearon el estómago de todas ellas.

La investigación de AI encontró que las mujeres que no se adaptan a los estereotipos de género fueron torturadas por su orientación sexual.

Amnistía Internacional indica en su informe que el compromiso de México por prevenir y castigar la tortura, sólo está en papel, pues en la práctica no hay ni siquiera castigos en contra de los torturadores sexuales.

“El número de cargos formulados por tortura en México es alarmantemente bajo. A pesar de que la PGR registró en 2014 la recepción de 2, 403 denuncias penales por torturas, no pudo informar a Amnistía Internacional de ni un solo cargo criminal que se hubiera presentado en estos casos. En los años anteriores a 2014, según la información del gobierno, se había acusado a menos de cinco personas al año, como media, y algunos años no se acusó a nadie. En febrero de 2016, la PGR seguía sin poder informar a Amnistía Internacional de los cargos presentados el año anterior. Sólo tras un escándalo público sin precedentes que impulsó una respuesta del gobierno, en abril de 2016 la PGR anunció cargos, al parecer por primera vez en dos años, contra cinco agentes federales, en respuesta a la filtración de un vídeo que mostraba a militares y soldados torturando a una mujer. Pese a esta novedad, el alcance de la impunidad por tortura y otros malos tratos queda de manifiesto por el hecho de que las cifras más recientes muestran que desde 1991 sólo 15 casos han desembocado en sentencias condenatorias penales federales”, dice.

La organización recibió información alarmante del Ejército, pues declaró que entre 2012 y 2013 hubo cuatro juicios en contra de soldados por abuso sexual, pero dentro de la jurisdicción militar. Ninguno de los soldados fue suspendido durante la investigación.

La Marina informó que en los últimos años cuatro marinos fueron suspendidos por abuso sexual, pero “a Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta de la Marina indica que un miembro del cuerpo declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer, podría reincorporarse al servicio tras cumplir su condena en prisión”.

Madeleine Penman afirmó que la organización enfrentó varios obstáculos para realizar la investigación de parte del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Una obstaculización desde la Secretaría de Gobernación que durante cuatro meses intentamos acudir con un número mayor de mujeres y pasamos de tener un sí en diciembre de 2015, a tener una respuesta que nos ignoraba totalmente y nos pasamos entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Secretario de Gobernación, por eso fue lamentable ver la poca disposición del Secretario de Gobernación, ni de dignarse a respondernos”, acusó la investigadora.

CONSECUENCIAS DE LA TORTURA SEXUAL

Amnistía Internacional dice en su informe que las consecuencias de la tortura sexual son varias. Las mujeres que fueron violadas afirman que cuando ocurrió el ataque se sintieron “al borde de la muerte”.

“Yecenia Armenta Graciano, que en 2012 sobrevivió a la violación a manos de policías estatales en Sinaloa, dijo que aquella experiencia era como morir. Otras sobrevivientes han descrito que se sienten como ‘muertas vivientes’, o que vivir con el trauma de la violación era como estar ‘viva pero muerta’. Tal como dijo Verónica Razo a Amnistía Internacional: ‘Lo que queda en tu mente, ¿quién lo puede remediar? ¿Quién me lo puede quitar? Evito cerrar los ojos, no me gusta cerrar los ojos porque repaso todo en mi mente’. El trauma psicológico a menudo se hace extensivo a los familiares que han presenciado la violenta detención de su ser querido o que sufren el dolor de la separación”, dice el documento.

La organización recogió el testimonio de Verónica Razo, de 37 años y desde hace cinco encarcelada y separada de sus dos hijos.

El 8 de junio de 2011 Verónica caminaba por una calle del centro de la Ciudad de México, cuando hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la secuestraron.

“La llevaron a un galpón de la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una ‘confesión’. Tras ser interrogada por policías y agentes del ministerio público se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida”, narra el informe.

Según Amnistía Internacional los hijos de Verónica están a cargo de su abuela. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no pudo continuar sus estudios universitarios por la carga económica que significa que su madre esté presa.

Madeleine Penman dijo a SinEmbargo que el Gobierno tiene la oportunidad en sus manos de hacer algo en el caso de Verónica.

“Hace unos meses, en septiembre de 2015, el Gobierno estableció el Mecanismo para Casos de Tortura Sexual dentro de la Secretaría de Gobernación, desde entonces el caso de Verónica es el primer caso que este mecanismo tenía que haber revisado. Entonces vemos que México tiene todas las oportunidades necesarias para combatir este flagelo, hay que atacar la impunidad y llevar a los responsables ante la justicia”, indicó.

La investigadora explicó que el mayor reto del nuevo sistema acusatorio será que cualquier prueba obtenida bajo tortura o malos tratos, deberá excluirse de los juicios penales.

“En México el Gobierno tiene todas las herramientas necesarias para combatir este flagelo y esperamos que el Congreso tome cartas en el asunto, estemos esperando una Ley General de la Tortura largamente demorada. Quisiéramos ver el compromiso de la Secretaría de Gobernación en este nuevo mecanismo de casos de tortura sexual, que todas las instituciones del Estado cooperen con este mecanismo: la PGR, la CNDH, la Segob y la Comisión Nacional de Seguridad pueden hacer mucho. Hay que tener la voluntad para acabar con la cultura de encubrimiento”, finalizó.

RETIRAR AL EJÉRCITO DE LAS CALLES

Entre las principales recomendaciones de Amnistía Internacional al Presidente de la República Enrique Peña Nieto está el retirar de inmediato a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, para las que no han recibido formación y “por las que no rinde cuentas”.

“Reconocer públicamente la magnitud del problema de la tortura y los malos tratos en México, en particular el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, dice el informe.

La organización también recomienda asegurar que los expertos “médicos forenses oficiales son independientes de las procuradurías de justicia a nivel federal y estatal” y pide a la Segob “reforzar el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres”, asignándole los recursos necesarios y garantizando que todas las instituciones pertinentes colaboran con él.

A la PGR el organismo recomienda “acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y publicar urgentemente un registro de denuncias de tortura, desglosadas por género, edad y nacionalidad”.

En cuanto al Congreso de la Unión, AI pide adoptar la Ley General contra la Tortura, con los siguientes elementos: penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a los estándares internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y todas “las declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos quedan excluidas de las actuaciones judiciales, excepto en contra de un posible perpetrador como evidencia de que la tortura ocurrió”.

FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: SHAILA ROSAGEL
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-06-2016/3059630

Ejército mexicano hace ejecuciones sumarias: The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ejército mexicano opera para matar. Por cada enemigo que hieren, los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asesinan a ocho personas y en el caso de la Secretaría de Marina (Semar), la tasa de letalidad es aún mayor: los marinos asesinan a 30 personas por cada una que hieren, según un reportaje que publicó hoy el diario New York Times.

Al retomar las cifras oficiales, el rotativo neoyorquino observó que estas tasas de letalidad son increíblemente elevadas, ya que según el Comité Internacional de la Cruz Roja, “en muchas formas de combate entre grupos armados, alrededor de cuatro personas están heridas por cada persona asesinada”.

“Los militares dejaron de publicar sus estadísticas sobre matanzas hace dos años. Sin estos datos, dicen los expertos, resulta difícil saber qué tan violenta se volvió la guerra contra el crimen organizado”, planteó.

Para entender esta disparada tasa de letalidad, el New York Times no dio mucho crédito a la explicación de las autoridades mexicanas, según las cuales “los soldados de la nación están simplemente mejor entrenados y mejor equipados que los cárteles que combaten”. En su lugar, el periódico sostuvo que “hay ejecuciones sumarias”.

De acuerdo con el rotativo, paralelo al despliegue del ejército en el país –decidido por el expresidente Felipe Calderón en su llamada “guerra contra el narcotráfico”–, surgieron violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, planteó que “los militares permanecen relativamente inmunes, protegidos por un gobierno reacio a actuar contra la única fuerza capaz de combatir”.

El NYT recordó que en su último informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “condenó el balance de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales”. Luego, enlistó algunos de los casos de violaciones graves a los derechos humanos en los que se involucró el ejército, entre ellos la masacre de Tlatlaya o la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Poco ha sido emprendido para investigar las miles de acusaciones de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales”, abundó y recordó que solamente 15 de las 4 mil quejas por tortura que la Procuraduría General de la República (PGR) recibió desde 2006 desembocaron en condenas.

Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, aseveró al periódico que “si el gobierno sabe que es frecuente y que no hay prosecuciones, y que los (casos) que sí investigas terminan yendo a ningún lugar, la culpa recae en el Estado”.

El New York Times también planteó la responsabilidad del ejército estadunidense y sus “crecientes lazos” con las fuerzas armadas mexicanas, los cuales despiertan críticas entre ciertos legisladores demócratas.

“En la historia de las guerras modernas, resulta más probable que los combatientes hieran a sus enemigos a que los maten”, dijo.

Según las cifras oficiales que retomó la publicación, el ejército mexicano mató a 3 mil personas entre 2007 y 2012 y sufrió 158 bajas.

Y remató: “Mientras las quejas por tortura contra el ejército disminuyeron desde 2011 –lo que coincidió con una reducción general del número de tropas desplegadas en el país–, la letalidad de sus combates no declinó”.

FUENTE: PROCESO

AUTOR: MATHIEU TOURLIERE

LINK: http://www.proceso.com.mx/441841/ejercito-mexicano-ejecuciones-sumarias-the-new-york-times

Espaldarazo de Peña a Sedena tras video de tortura a mujer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto aseguró hoy que en las fuerzas armadas prevalece una cultura a favor de los derechos humanos y, como “prueba fehaciente”, mencionó la disculpa ofrecida por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, luego de difundirse un video en que militares torturan a una mujer.

Proceso publicó el 23 de abril pasado el reportaje “Historia de la tortura videograbada”, del periodista Juan Veledíaz, donde se advierte que durante meses permaneció oculta esa grabación. “Pero la semana antepasada, cuando se difundió, el explosivo video en el que se observa a militares y policías federales cuando torturaban a Elvira Santibáñez detonó un escándalo y el propio titular de la Sedena tuvo que salir a pedir perdón por los abusos contra una ciudadana”.

En un contexto marcado por los señalamientos de la comunidad internacional hacia el Estado mexicano, por la violación sistemática de derechos humanos y de tortura generalizada, el presidente de México atribuyó a las fuerzas armadas la paz y tranquilidad de la población, “una fuerza para el bienestar y el progreso nacional”.

Como acto conmemorativo de la Batalla de Puebla, el gobierno de la República suele realizar la toma de protesta de bandera a soldados y marinos del Servicio Militar Nacional (SMN), que esta tarde se realizó en las instalaciones del Heroico Colegio Militar, ante la presencia de la cúpula militar del país y en un recinto cerrado, debido a la contingencia ambiental en el Valle de México.

En su discurso, Peña Nieto equiparó a los militares y milicianos comandados en 1862 por Ignacio Zaragoza con los militares y reclutas del SMN, como impulsores del “desarrollo nacional en diversos frentes”, y los llamó a actuar con valores cívicos para construir un México más justo, incluyente y próspero.

“Precisamente, en la construcción de un mejor país, los mexicanos hemos contado con el permanente ejemplo de honor, deber, lealtad y patriotismo de nuestras fuerzas armadas”, agregó.

Fue entonces cuando se refirió a la disculpa ofrecida por el secretario de la Defensa, sin mencionar el episodio que la motivó:

“Este hecho refleja la cultura a favor de los derechos humanos que hoy prevalece en nuestros institutos armados”, dijo.

Ahí, expresó su respaldo a los titulares de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, asegurando que comparten una visión y convicción de promover la protección y defensa de derechos humanos.

El discurso del mandatario ocurre luego de que en el último semestre su administración ha sostenido desencuentros diplomáticos con organismos multilaterales, e inclusive resistido reproches de líderes globales, que han observado crisis de derechos humanos, tortura generalizada y diversas conductas precisamente en las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad.

“Una prueba fehaciente de la integridad y honorabilidad de nuestro Ejército es que, ante faltas graves de algunos de sus integrantes, su alto mando ofreció una disculpa pública a la sociedad mexicana”, dijo el mandatario.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
LINK: http://www.proceso.com.mx/439706/espaldarazo-pena-a-sedena-tras-video-tortura-a-mujer

“Tortura: ¿peores escenarios?”, artículo de Pablo Gómez

A propósito del escándalo desatado por el video de una mujer torturada en Guerrero, el subsecretario para asuntos de derechos humanos, Roberto Campa, dijo que la tortura no se justifica en ningún caso, ni siquiera en los peores escenarios. Pero es que ya estamos en uno de los peores escenarios.
Luego de que el informe anual del Departamento de Estado norteamericano señalara que en México se siguen produciendo graves violaciones de derechos, la revelación de la tortura de Ajuchitlán en contra de Elvira Santibáñez, por parte de dos militares y tres agentes de la Policía Federal, generó de súbito el ofrecimiento de disculpas del general secretario de la Defensa y del jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, pero el uno y el otro no hicieron un análisis sino sólo asumieron una posición.Las disculpas ofrecidas no han sido aceptadas.
Los dos militares presuntos torturadores sólo están acusados de desobediencia en el Ejército porque la PGR no mueve un dedo, como de costumbre. Es quizá una exageración decir que en México no hemos tenido Ministerio Público, pero es del todo justificado afirmarlo mientras no se demuestre lo contrario.
La tortura y muerte de detenidos no es práctica inusitada de “unos cuantos”. Eso lo dice entre otros uno de los azuzadores periodísticos de la intolerancia y la represión, Carlos Marín. La tortura como método de investigación en México es más vieja que el general y el jefe de la policía que la han condenado en sus discursos.
Es también una necedad suponer que la intervención de los militares en tareas de policía explica la práctica de la tortura en el Ejército. Algunos lo han expuesto así sólo para vincularla con la “guerra” contra el narcotráfico que se busca justificar.
La tortura ha sido inveterada práctica de la autoridad civil y de la militar. Lo fue en las represiones de los años cincuenta, sesenta, setenta y siempre vuelve a asomar. Gutiérrez Barrios, jefe de la seguridad del Estado, era el mayor organizador de la tortura en el país pero en Tlaxcoaque, sede de la policía capitalina, había cámaras de tortura contra detenidos comunes y políticos por igual. Ahí torturaron y mataron a Hilario Moreno, militante comunista, y muchos otros sufrieron. Jefes y oficiales en el Ejército también hacían lo suyo, solos o en compañía de los brutales agentes civiles de la entonces Dirección Federal de Seguridad, como ocurre ahora con las “operaciones mixtas”.
En los últimos cuatro años han recuperado su libertad 100 personas que lograron acreditar que fueron torturadas luego de su detención. Es muy difícil probar la tortura en un juzgado y mucho más ante el Ministerio Público: hay miles de denuncias pero no hay miles de procesados. Nada puede justificar que se torture por más vueltas que se le quiera dar al asunto pero tampoco se puede suponer que se trata de algo insólito. Y más allá de la tortura, habría que refrescar la memoria de Roberto Campa con un “escenario peor” que fue el crimen de Tlatlaya entre otros.
Hace más de dos décadas (1991) que se expidió la ley contra la tortura bajo la recurrente idea falsa de que promulgar una norma implica resolver un problema. Hoy, dos discursos, más el de Roberto Campa, tampoco harán que la tortura sea eliminada. El problema, como otros, amerita un auténtico cambio de régimen. Mientras, hay que seguir luchando contra la tortura y demás violaciones de derechos fundamentales sin miedo a ser sometido a la insolente acusación de inconforme irracional.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
LINK: http://aristeguinoticias.com/2204/mexico/tortura-peores-escenarios-articulo-de-pablo-gomez/

Sedena explica video de tortura: hechos ocurrieron en 2015 y los militares fueron procesados

A través de Facebook, un usuario publicó un video donde una mujer es torturada por dos militares.

Las perturbadoras imágenes fueron confirmadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero precisó que los hechos ocurrieron en 2015.

En un comunicado, que se reproduce en esta nota,  la Sedena explica:

“Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero”. Ajuchitlán es uno de los 9 municipios de la Tierra Caliente del estado.

“La Secretaría de la Defensa Nacional se enteró el pasado 10 de diciembre 2015, de las acciones que se muestran en el video, dándole inmediatamente vista al Agente del Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal en contra del personal involucrado”, indicó la dependencia.

“Para el 4 de enero 2016, se dio vista y desglose de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia, determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones a la civil”, apuntó.


“El 5 de enero de 2016, la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó la orden de aprehensión a un Capitán y a una Soldado Policía Militar como presuntos responsables del delito de desobediencia. El oficial y la elemento de tropa, están internados en la prisión militar por lo que respecta a los delitos del orden militar, habiéndoseles dictado auto de formal prisión el 11 de enero de 2016 y están a disposición del Juez Quinto Militar, quien con plena autonomía jurisdiccional determinará lo que conforme a derecho proceda; denotándose que se trata de poner en entredicho el actuar de los integrantes del instituto armado”, abundó.



COMUNICADO DE PRENSA.doc by Aristegui Noticias

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1404/mexico/difunden-video-de-tortura-por-parte-de-presunta-militar-y-policia-federal/

Sedena encubre a asesino de niño, denuncia comunidad de Ostula

La comunidad indígena de Santa María Ostula, en voz de su abogado Raymundo Ortiz, asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a brindar a la Procuraduría General de la República (PGR) la información que incrimina al soldado que disparó al niño Hidelberto Reyes García en el ataque a la población de Ixtapilla ocurrido el 19 de julio.

“El asesino de Hidelberto es un soldado y el Ejército está protegiendo al asesino“, dijo Reyes en conferencia de prensa realizada en Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la capital mexicana.

El abogado afirma que pese a que la PGR atrajo la averiguación previa 129/2015, la Sedena ha rechazado notificarle sobre los elementos que participaron en el operativo en el que se disparó contra población desarmada en el poblado costero.

“Van dos solicitudes de la PGR a Sedena para que informen quienes iban, qué batallón era, qué armas llevaban, qué instrucciones llevaban”, precisó Reyes.
Agregó que la cifra total de heridos de ese día fue de 18 y no de seis civiles como lo estimaron en un primer momento.

Ese 19 de julio pobladores de Ostula, en el municipio de Aquila, colocaron tres bloqueos en la carretera Federal 200 en protesta por la detención Cemeí Verdía Zepeda, comandante de la Policía Comunitaria de Santa Maria Ostula y coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y  Chinicuila.

Por su parte, el comunero Gregorio Santos Giron expuso que también demandan la libertad de Verdía.

Leyó un  comunicado en el que piden: “La cancelación de las órdenes de aprehensión que existen contra otros integrantes de la comunidad de Ostula o de los grupos de autodefensa de la región”.

De igual manera, Nicolás Flores Lugardo, residente de bienes comunales de Santa María Ostula, alertó que temen nuevos ataques ante el anuncio del gobierno estatal de que el 31 de agosto vencen los permisos de registro de armas para las autodefensas de la región.

Flores apuntó que en su comunidad están armados porque conforman una Policía Comunitaria de acuerdo a sus usos y costumbres.

Puntualizó: “si nos hemos armado no es para combatir al gobierno, sino para defender a nuestras familias”.

Los comuneros denunciaron también que el cártel de Los Caballero Templarios, que los ha agredido por años, no ha sido desarticulado, por lo que exigen la detención de Federico González Medina, alías Lico y de Mario alvarez López alías El Chacal”

Finalmente, Christian Chávez de la Asocisación Jalisience de Apoyo a Pueblos Indígenas, aseguró que los ataques contra las comunidades nahuas de la costa michoacana, como Ostula,  Pómaro y Coire, se deben al despojo de su territorio por su riqueza minera, tanto de manera ilegal como por las concesiones que tiene la minera italo argentina Ternium.

El costo de la comunidad, explicó, ha sido el de sufrir “ataques paramilitares con un saldo de 32 comuneros muertos y seis desaparecidos”. El caso de Ostula, ahondó, está en la Comisíon Interamericana de Derechos Humanos en demanda de medidas cautelares en favor de la comunidad ante la actuación en su contra por parte de agentes del Estado, pequeños propietarios e integrantes del cártel.

Comunicado de prensa de la comunidad indígena de Santa María de Ostula

La Sedena oculta al asesino del niño de Ostula: habitantes

  La Sedena oculta al asesino del niño de Ostula: habitantes

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.