Información para el cambio: descarga la “Guía de Infoactivismo”

Con una serie de ejercicios enmarcados en una base teórica y práctica, así como reflexiones y recomendaciones, la “Guía de Infoactivismo” es una herramienta atractiva enfocada a ayudar en los esfuerzos de comunicación para el cambio de activistas, defensores, organizaciones, grupos comunitarios y/o colectivos que desean usar la información y la tecnología para generar un cambio social.

Activistas y ONGs nacionales e internacionales organizan foro por los derechos de la Madre Tierra

El foro se realizará 1, 2 y 3 de junio en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con la participación de más de 30 activistas y ecologistas reconocidos a nivel nacional e internacional, entre ellos, Vandana Shiva, de India; Shannon Biggs, de Estados Unidos; Leonardo Boff, de Brasil; Saamdu Chetri, de Bután, y los mexicanos Víctor Toledo, Alberto Ruz, Laura Kuri. Además el 4 de julio se llevará a cabo el Pachamama Fest en la Plaza de Toros y luego la Aldea de Paz.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- México será sede del Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, donde participarán más de cien organizaciones civiles y alrededor de 30 activistas, científicos y expertos en distintas materias del sector ambiental que buscan promover mecanismos morales, legales, institucionales y administrativos para la defensa y el cuidado del planeta.

“Estamos todos unidos por un objetivo y es la Madre Tierra, reconocer que la Tierra está viva, reconocer los derechos que tiene la Tierra, queremos también instrumentos, garras para poder defender los recursos naturales, los recursos de todos. Es necesario poner en las agendas de los tomadores de decisiones el cuidado de la tierra. Los pronatura remamos contra corriente, las autoridades deben poner atención”, señaló Salomón Bazbaz Lapidus, fundador del Centro de las Artes Indígenas, en conferencia de prensa.

Por su parte, la activista Luna Montenegro hizo un llamado a la sociedad civil para que se una a la causa: “esto es un proyecto donde la unión hace la fuerza, todas las organizaciones ecológicas nos estamos uniendo precisamente para hacer un cambio” y urgió a las empresas a hacerse cargo de los residuos que generan, “que los traten, que los reciclen”, pidió.

El foro se realizará 1, 2 y 3 de junio en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con la participación de más de 30 activistas y ecologistas reconocidos a nivel nacional e internacional, entre ellos, Vandana Shiva, de India; Shannon Biggs, de Estados Unidos; Leonardo Boff, de Brasil; Saamdu Chetri, de Bután, y los mexicanos Víctor Toledo, Alberto Ruz, Laura Kuri.

Algunas organizaciones presentes en el foro son Greenpeace, AnimaNaturalis, Católicas por el derecho a decidir, Naturaleza Animal, Colectivo Ojos Verdes, Mano de Gato, Colectivo Raíz Espiral, Casa México, Reforestemos México, Guadalupe Madre Tierra, Pepena Fest, Orgánica, entre otras.

La activista ecuatoriana Verónica Sacta Campos urgió a erradicar “el consumismo que nos destruye, nos invade y está terminando con la Tierra por ambiciones incluso económicas, transformemos eso, regresemos a una economía solidaria, regresemos a relaciones equitativas, que no haya gente con hambre, que no haya animales abandonados en las calles muriendo de hambre. Hay abundancia en la tierra, lo que pasa es que no se está distribuyendo equitativamente”.

Además, en el marco de dicho encuentro, el 4 de junio, más de 20 grupos musicales se darán cita en la Plaza de Toros México para celebrar el Pachamama Fest, entre ellos, Aterciopelados, Rubén Albarrán con Hoppo!, Celso Piña, El Gran Silencio, Gondwana, Chucho Merchant, Enrique Qezadas, Mexicanto, Dr. Krápula, Venado Azul, Jesús Hidalgo, Viento Wiricuta, Edgar Oceransky, Roco Pachukote y más.

El escritor Antonio Velasco Piña y los activistas nombran al recinto como “Plaza de Todos” porque “se trata de cambiar los espacios donde se ejerce la violencia por actos de paz para promover una cultura de paz a través del arte y la cultura”.

Finalmente, el 5 de junio, el parque México, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc, albergará la Aldea de Paz donde se llevarán a cabo diferentes actividades artísticas, culturales, sobre medicina tradicional, y otras más, enfocadas a los niños.

Las conferencias y mesas redondas realizadas del 1 al 3 de junio girarán en torno a cuatro ejes: tierra, plantas, animales y humanos.

En el caso de la Tierra se abordarán los efectos de la visión económica sobre el equilibrio ambiental, por ejemplo, la relación entre la minería y el agua; en el de las plantas, se hablará del papel de la agricultura en el mundo contemporáneo, como la deforestación y la producción de los organismos transgénicos; sobre los animales, los activistas discutirán acerca de la presencia en los diferentes ámbitos humanos y el cambio de paradigmas en su relación con el hombre; finalmente, el caso de los humanos se abordará desde el punto de vista de los derechos imprescindibles, los contextos sociales y los vínculos individuo-comunidad.

“Es recordar que no somos nosotros el centro ni de las leyes ni de la economía ni de la cultura, tenemos una cultura, un clima, cuatro elementos fundamentales sin los cuales nada existiría, y todos estos elementos naturales, estos bienes comunes que la naturaleza madre Tierra nos da, nos presta, básicamente no tiene ningún derecho, nosotros nos hemos adueñado del derecho sobre los ríos, los mares, los bosques, sobre el aire, con eso le hemos dado en la madre a nuestra madre (Tierra)”, dijo Alberto Ruz Buenfil, cofundador de la ecoaldea Huehuecóyotl.

Además, destacó la necesidad de crear una nueva legislación, “una nueva manera de relacionarnos con lo que nos rodea y que nos permita a nosotros estar en este lugar”.

En el mismo sentido, el Diputado César González Madruga apuntó: “quien no le entre a los derechos de la Madre Tierra está hablando desde la demagogia que tanto daño le ha hecho a nuestro país, el mismo daño que le hace la corrupción”.

El encuentro se llevará a cabo gracias al apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de un equipo voluntario.

FUENTE: SINEMBARGO

AUTOR: IVETTE LIRA

LINK: http://www.sinembargo.mx/27-05-2016/1665235

Relaciones Exteriores deja en el abandono a Gustavo Castro, mexicano en peligro

Luego de haber presenciado el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo, y sobrevivido al mismo ataque de sicarios, el ambientalista mexicano Gustavo Castro permanece en peligro en Honduras –uno de los países con más altos índices de violencia en la región–, en la incertidumbre jurídica y en un estado de salud de “extrema angustia”. La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha intervenido para su regreso a México.

Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores deben intervenir de manera inmediata para que el mexicano Gustavo Castro Soto, defensor de derechos humanos y ambientalista, regrese a México; luego de haber sobrevivido al atentado ocurrido el 3 de marzo pasado y donde la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue asesinada, dice en entrevista Miguel Ángel de los Santos, integrante de la Red Iberoamericana de Jueces.

Castro Soto se encontraba en la vivienda de la mujer indígena lenca, que en abril de 2015 recibió el Premio Medioambiental Goldman –el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente–. Su presencia en el lugar se dio después de haber impartido pláticas sobre procesos extractivistas; hoy, permanece alejado de su familia y en un estado de angustia “extremo”, comenta a Contralínea Óscar Castro, su hermano, pues no ha salido del territorio donde las amenazas de muerte a Berta Cáceres se cumplieron por un grupo de sicarios.

Óscar Castro Soto, hermano del director de la organización ambientalista Otros Mundos, Chiapas, comenta que las heridas físicas, perpetradas por los sicarios han comenzado a mejorar; no así su estado emocional. “Él permanece en condición de testigo pero se le ha hecho una restricción de salida por 30 días, injustificada”.

Incertidumbre jurídica

Miguel Ángel de los Santos, de la Red Iberoamericana de Jueces, comenta en entrevista conContralínea que es urgente que la Secretaría de Relaciones Exteriores actúe para permitir la salida de Gustavo Castro de Honduras.

El ambientalista se encuentra en la “incertidumbre jurídica” porque las autoridades de Honduras no resuelven tres recursos jurídicos que se presentaron a principios de la semana pasada, comenta el abogado. Los recursos, explica, son para revocar la medida cautelar que le impide abandonar el país, el primero es recurso de reconsideración, presentado ante la Fiscalía General de Honduras, para que el fiscal le pida a la juez de La Esperanza suspender la medida cautelar.

Un segundo recurso tiene que ver con el amparo presentado en el que se pide a la corte de apelaciones, la suspensión provisional de la medida cautelar y esto le permitiría a Gustavo Castro abandonar el país.

El último recurso es un habeas corpus con el que se busca que la Corte revise la medida cautelar en medida de los derechos humanos constitucionales y universales que le corresponden a Gustavo Castro.

Estamos pidiendo, también, que desde el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto se entable comunicación con su homólogo en Honduras, Juan Orlando Hernández, para que solicite la aplicación del Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Honduras, firmado en la ciudad de Tegucigalpa, el 24 de marzo de 2004.

Honduras, alerta continua

La violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña, así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y alerta sobre la grave violación a los derechos humanos en el país centroamericano, donde permanece retenido el ambientalista mexicano.

El informe Situación de derechos humanos en Honduras enfatiza que la tasa de homicidios es una de las más altas en la región, con una disminución de once puntos en 2 años; con base en las cifras calculadas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que en 2013, registraba el índice de homicidio más alto a nivel mundial, con una tasa de 79 por cada 100 mil habitantes; para el 2014, el Estado indicó que tomando como base las cifras de la UNAH, la tasa de homicidios en Honduras disminuyó a 66.4, mientras que la UNAH publicó una tasa de 68.

El asesinato de Berta Cáceres se dio aun cuando ya se había advertido a autoridades del país y defensores de derechos humanos de la CIDH del riesgo existente.

“La Comisión recibió asimismo información sobre el uso del derecho penal por parte de actores privados y/o estatales a través de tipos penales como ‘incitación a la violencia’ para generar intimidación mediante la sujeción a procesos penales. Dichos problemas se agudizarían en lugares en los cuales existen conflictos por la propiedad de las tierras tales como la Ceiba y el Bajo Aguán, que fueron visitados por la Comisión. En este contexto, la CIDH ha dado seguimiento al presunto hostigamiento judicial en contra de la señora Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, quien lidera una campaña en defensa del río Gualcarque en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica.”

La misma Comisión documentó a finales del año pasado que con relación con las mujeres defensoras, y con cifras del 2012, “Honduras ocupó el segundo lugar por agresiones a defensoras de derechos humanos en la región que abarca México y Centroamérica, con 119 agresiones. De estas agresiones, 95 fueron contra defensoras de la tierra y los bienes naturales”.
La Red Iberoamericana de Jueces

A través de un comunicado, la Red Iberoamericana de Jueces elaboró la Declaración sobre el defensor de DDHH mexicano Gustavo Castro retenido en Honduras en la que se exige, entre los puntos citados, “al gobierno del Estado de Honduras la investigación pronta y eficaz, apegándose al estándar internacional en materia de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, que conduzca al procesamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales involucrados en el crimen. En el desarrollo de esta investigación, y dado la condición de defensora de los derechos humanos de la víctima, también les solicitamos agotar profundamente la línea de investigación que sugiere que el crimen se encuentra relacionado con su actividad como activista”.

Hacen énfasis en que las circunstancias en que se encuentra Gustavo Castro Soto en Honduras, bajo la presión, que no consideración acorde con su calidad de víctima, “configuran violaciones a los derechos humanos previstas en tratados internaciones de los cuales Honduras es parte y cuenta por ello con la obligación de observarlos a toda persona sujeta a su jurisdicción. La incierta situación de Castro Soto se ha visto agravada por una decisión arbitraria y por demás contraria al derecho al debido proceso, tomada por la Jueza Victorina Flores, al suspender el ejercicio profesional de la abogada de Castro Soto, privándolo con ello de su elemental derecho a una defensa efectiva”.

Fuente: Contralínea

Autor: Érika Ramírez

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/22/relaciones-exteriores-deja-en-el-abandono-a-gustavo-castro-mexicano-en-peligro/

Asesinan a defensor de Reserva de la Biosfera Maya

Guatemala. La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), en el norte de Guatemala, denunció este viernes el asesinato a balazos de uno de sus dirigentes, opositor a la deforestación y a proyectos hidroeléctricos en la región fronteriza con México y Belice.

El líder comunitario Walter Campos fue encontrado muerto el miércoles pasado en su propiedad "con varios disparos" en el cuerpo, precisó en un comunicado la entidad que agrupa a varias poblaciones asentadas en la Reserva de la Biosfera Maya, que reciben concesiones para el manejo sostenible del bosque.

"A raíz de las causas que él defendía, venía recibiendo amenazas de muerte por parte de invasores ilegales de las tierras y que había denunciando públicamente. Además era parte del Frente Petenero contra las Represas, el cual se opone a la realización de proyectos hidroeléctricos en río Usumacinta", agregó el comunicado.

La ACOFOP señaló que la muerte violenta de Campos se suma a la represión en Centroamérica contra los defensores de la naturaleza, luego del asesinato de la indígena ambientalista Berta Cáceres en Honduras el pasado 3 de marzo, y de su compatriota, el dirigente Marleny Reyes, parte del movimiento de la líder lenca.

Los crímenes "son resultado de la violencia sistemática que sufren en Centroamérica los líderes que están luchando por defender la naturaleza, las culturas y los territorios, de amenazas tales como las grandes represas hidroeléctricas (y) los cultivos extensivos", añadió la organización.

Fuente: La Jornada

Autor: AFP

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/18/asesinan-a-defensor-de-reserva-de-la-biosfera-maya-7970.html

Lanzan campaña de firmas para que ministros digan NO a la criminalización de la protesta

Ciudadano crea una petición dirigida a los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exhortando a que voten por la inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Penal del D.F., a través de la plataforma AVAAZ.org, una comunidad global en línea para generar un cambio social. La petición hasta el momento, cuenta con la adhesión de 120 firmas.

En dicho artículo se establece: “Artículo 362. Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”.

El primero de diciembre del 2012, diversas organizaciones ciudadanas, se dieron cita en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para denunciar su inconformidad con el proceso electoral celebrado en junio de ese mismo año, así como para manifestarse en contra del programa político que implementaría el nuevo titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. La reacción del Gobierno del Distrito Federal fue la represión y detención de un centenar de personas que se encontraban en las plazas públicas aledañas al lugar y a quienes acusó de “atacar la paz pública”.


A partir de las detenciones arbitrarias del ‪#‎1DMx‬ ha sido utilizado este delito de ‪"Ataques a la Paz Pública" para detener arbitrariamente y procesar a manifestantes. En enero pasaso, el proyecto de ley del Ministro Ministro Alfredo Ortíz Mena, sería discutido al pleno. Ante la importancia de interés público sobre el tema, la Liga de Abogados Mx interpuso un amparo, para exigir a los ministros votar por la incostitucionalidad de este artículo, pero fue retirado de la discusión de la primera sala de la SCJN.

Este miércoles tres de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre la inconstitucionalidad del delito de "Ataques a la Paz Pública" tipificado en el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal.

"Dejar que la autoridad decida arbitrariamente qué actos son violentos y cuáles son los límites de la paz pública, vulnera nuestro derecho a contar con una legislación penal clara, además de inhibir la protesta e incentivar a una policía autoritariacomo la de la Ciudad de México, a realizar detenciones violentas e ilegales como las que hemos visto en lo que va de este sexenio. Ya no son tiempos de presos políticos". Firma aquí y sé parte de la campaña.

Fuente: Somos el Medio

Autora: Judith Flores

http://www.somoselmedio.org/article/lanzan-campa%C3%B1a-de-firmas-para-que-ministros-digan-no-la-criminalizaci%C3%B3n-de-la-protesta

Acusan agresión en protesta contra Peña Nieto en Cancún

CANCÚN, Q Roo.- Activistas denunciaron que un grupo de policías vestidos de civil los golpearon y lesionaron con una navaja a uno de ellos, además de que les destruyeron unas mantas de protesta contra el presidente Enrique Peña Nieto que habían colocado frente al glorieta Norte-Sur, conocida como “El Ceviche”.

La tarde de ayer, integrantes de la Coordinadora de Padres, Madres y Tutores en Defensa de la Nación así como de Colectivo Paleta Negra, se
ubicaron en la baqueta de la avenida Xcaret con Tulum, como parte de las protestas convocados en la víspera de la navidad por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Los activistas señalaron que instalaron un “un plantón pacífico”, con un árbol de Navidad simbólico que contenía las imágenes de los 43 estudiantes desaparecidos y desplegaron dos mantas con la leyendas “Gobierno terrorista Enrique peña Nieto Asesino de estudiantes, Ayotzinapa Vive” y “¿Feliz Navidad? Sólo para los Corruptos que nos gobiernan y sus compinches ¡¡Cárcel a Peña Nieto!!

Sin embargo, 30 minutos, relataron los activistas, llegaron elementos de Seguridad Pública en motocicletas a tomar fotografías y a “alzar el reporte”.

Y relataron:

“Aproximadamente a las 3 de la tarde, ocho personas de civil con lujo de violencia se acercaron a nosotros y arrebataron una de las mantas
instaladas, lanzaron golpes e insultos así como amenazas. Esta primera agresión logramos repelerla con dignidad sin lesionar a ninguno de ellos”.

Pero, una hora más tarde, hubo una segunda ofensiva. Primero llegó un vehículo de la Policía Judicial del Estado, después se acercaron 10 policías en motopatrullas y poco después un grupo de 18 a 20 personas.

“Algunos portaban pantalones de policías y con corte de cabello tipo militar”, subrayó uno de los activistas.

Los manifestantes indicaron que este grupo los agredió verbal y físicamente, para posteriormente arrebatarles las mantas.

“Durante la agresión lograron tumbar a un compañero, golpeándolo en el suelo hiriéndolo en el brazo con un arma punzo cortante”,
preciso uno de los manifestantes.

El grupo de sujetos huyó con dirección a la avenida Xcaret y aproximadamente 70 metros después se subieron a una camioneta blanca estilo
Suburban, color blanco sin placas, con vidrios polarizados, para finalmente darse a la fuga en la calle Venado.

Los activistas indicaron que después de la agresión, policías federales se acercaron al lugar, sólo para “levantar el reporte” y paramédicos de la Cruz Roja atendieron al activista lesionado.

Llaman al gobierno federal a esclarecer robo de datos a Desinformémonos

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió un llamado urgente al gobierno de México, en el que expresa su preocupación por el allanamiento a la casa de la periodista Gloria Muñoz Ramírez, directora del portal digitalDesinformémonos, así como por el robo de información al mismo medio.

En el llamado Mex007/1215/obs104 se solicita al presidente Enrique Peña Nieto, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros funcionarios, su intervención urgente ante la situación tan adversa que en el país enfrentan los y las periodistas.

Los exhortan para que de manera inmediata tomen y ejecuten las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y sicológica de Gloria Muñoz y del resto de colaboradores de la revista electrónica.

El organismo internacional, que forma parte del programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en Ginebra, Suiza, pidió a las autoridades federalesllevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno los hechos denunciados y garantizar que las personas responsables sean castigadas en conformidad con la legislación mexicana.


Los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre en la ciudad de México, cuando los perpetradores dejaron objetos de valor que se encontraban a la vista, pero hurtaron documentos y material. Según las mismas informaciones, no se trataría de un hecho aislado, sino que se sumaría a otros tres ataques recientes, señala el mismo Observatorio, basada en la información que le hicieron llegar diversas organizaciones de derechos humanos.

Estos incidentes se suman a una serie de ataques a otros medios que dan cobertura informativa a la movilización de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos forzados de Ayotzinapa, Guerrero. Este contexto de graves ataques a periodistas y comunicadores en el país fue denunciado por el informe preliminar emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al concluir recientemente su visita al país, dice el Observatorio.

Fuente: La Jornada

Autor: Jose Antonio Román

http://www.jornada.unam.mx/2015/12/15/politica/004n2pol

Amenazas, ataques, homicidios, detenciones: los activistas del Edomex luchan en alto riesgo

El Estado de México es una de las entidades que tiene el mayor número de organizaciones civiles registradas formalmente –con más de 2 mil–. Sin embargo, ser activista en territorio mexiquense significa ser presa de amenazas, ataques e incluso intentos de homicidio. En los últimos años, al menos 150 agresiones han sido documentadas. Organizaciones No Gubernamentales aseguran que estos casos están relacionados con intereses políticos y económicos.

Ser activista en el Estado de México es una actividad de alto riesgo. En aquella entidad, que ha sido gobernada por el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde siempre, defender un bosque, resguardar ríos, oponerse a las megaobras, o defender una idea puede costarle a un ciudadano su libertad, integridad, privacidad o incluso su vida, denunciaron activistas.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), de 2011 a la fecha se han documentado 150 agresiones contra defensores de derechos humanos con presencia en territorio mexiquense.

“[Detrás de los ataques y el acoso] es evidente, hay grandes intereses económicos o políticos. Por ello los grandes grupos de poder están dispuestos a violentar a las personas que defienden los derechos humanos y opositores”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL.

Lara explicó que gracias a una observación que fue acompañada por organismos públicos de derechos humanos internacionales, se pudo determinar que en la entidad que gobierna actualmente el priista Eruviel Ávila Villegas existe violencia sistemática contra luchadores sociales, y ese patrón ha provocado –en los últimos cinco años– detenciones arbitrarias, cateos, persecuciones, actos intimidatorios, agresiones físicas e incluso intento de homicidio, por mencionar algunas acciones.

“Nosotros incluso hemos estados abierto al diálogo, buscamos la armonía y la paz, pero el Gobierno del estado ha insistido en recriminar todo acto de protesta”, agregó Lara Duque, quién añadió que gracias a que se ha conformado un frente contra estas acciones, los ataques han disminuido.

Itzia Miravete Veraza, coordinadora del Área de Documentación e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, detalló que en lo que va de la actual administración priísta –que empezó el 16 de septiembre de 2011–, tan sólo en esa organización han llevado 150 casos legales por agresiones o amenazas de este tipo. Sin embargo comentó que existen más, pero no han sido evidenciados con un acompañamiento jurídico de gran escala.

La Comisión de Fomento de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil refiere que en el Estado de México existen 2 mil 372 actores sociales inscritos formalmente ante autoridades, mientras que en el Distrito Federal hay 5 mil 413 y en Baja California Sur 168, según cifras de 2014.

Información de prensa refiere que desde 2011, con la ayuda de la campaña “Haz que se vean”, en la entidad mexiquense se han visibilizado agresiones, como la sufrida por José Antonio Lara Duque, por amenazas de detención, o la que se reportó contra la Casa del Migrante San Juan Diego, donde las instalaciones del albergue fueron incluso tiroteadas. Aun así, muchas más no llegan a la denuncia formal por intimidaciones y amenazas.


En el mismo sentido de protección y para ejercer mayor presión en su causa social, desde principios de 2015 organizaciones civiles de distintos municipios agrícolas del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú [uno de los empresarios más favorecidos con contratos por los gobiernos federal y estatal] Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional e Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.

Pobladores aseguraron que el Gobierno de Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras, como acueductos, autopistas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otras.

Miguel Ángel Zenón, defensor de Derechos Humanos desde hace 25 años, ha trabajado en casos en todo el país pero sobre todo en el Estado de México, en esa entidad lleva su caso más reciente en el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla. Pobladores de esa comunidad, municipio de Lerma, en el Estado de México, se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, concesionada a una filial de Grupo Higa.

El pasado 17 agosto, Zenón se encontraba en San Francisco Xochicuautla cuando le fue notificado por parte de sus vecinos que afuera de su casa se encontraban dos policías antimotines observando la puerta de su hogar, que se encontraba deshabitado.

Cuando el defensor volvió a su casa, tres días después, el 20 de agosto, se percató que dos de las chapas estaban forzadas y la puerta se encontraba atascada por el daño ocasionado por lo que no pudo acceder a su vivienda. Un día más tarde dio cuenta que sus pertenencias estaban revueltas. Además, identificaciones y documentos de casos que llevaba a lo largo de años habían desaparecido.

Por los hechos ocurridos, Miguel Ángel denunció a las autoridades correspondientes para que se iniciara una investigación previa, la cual quedó sentada bajo el número FCH/CUH-5/T2/05741/15-08.


Días después hubo amenazas a los voceros de ese movimiento, informaron. Por ello, otras organizaciones de la entidad emitieron una alerta a nivel nacional.

El 21 de julio pasado, Sergio Velázquez Morales y Vicente Moreno Domínguez, activistas en pro del derecho humano al agua y beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), que habitan en el municipio mexiquense de Coyotepec, fueron detenidos de manera arbitraria por policías municipales cuando se acercaron a una obra en el libramiento Francisco Villa, donde se perforaba un pozo de agua de manera clandestina, pues de acuerdo con sus investigaciones, la empresa no contaba con permiso otorgado por la Administración de Agua Potable de Coyotepec en coordinación con el Presidente Municipal, que revista de certeza y legalidad la realización de dicha obra.

En 2013, Vicente Moreno fue blanco de un intento de homicidio en su propia casa; no obstante escapó, pero denunció que su sobrino Alfredo Cruz Luna fue asesinado por el entonces Presidente municipal priísta, Alfredo Anguiano Fuentes.

En marzo de 2014, Gabriela Sánchez López, defensora de mujeres en el municipio de Ecatepec, fue víctima de intento de homicidio. Tres sujetos dispararon contra ella, hiriendo al oficial que la custodiaba.

Además, organizaciones contra la violencia generalizada de mujeres, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que han luchado para que se emita la Alerta de Género en todo el Edomex y no en solamente 11 municipios, denunciaron que las autoridades las han amenazado y han ocultado y omitido información.

Por otra parte, uno de los grandes acontecimientos que marcó la administración de Enrique Peña Nieto como Gobernador fue la lucha de los pobladores de San Salvador Atenco al iniciar mayo de 2006, quienes se opusieron a la construcción de un aeropuerto internacional en sus terrenos. Organizaciones, pobladores, periodistas y observadores documentaron serias violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos, diversos líderes e incluso niños.

El 3 de mayo de 2006, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se movilizaron en apoyo a un grupo de vendedores que fueron desalojados del municipio de Texcoco por policías. Se dio una trifulca entre fuerzas del orden y vecinos de Texcoco y los de Atenco.

“No se va a negociar. Se va a aplicar la Ley y a hacer respetar el Estado de Derecho”, dijo entonces el Gobernador Peña Nieto.

Al día siguiente, 3 mil elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y de la policía estatal llegaron al pueblo en un operativo que duró más de 10 horas y que dejó dos muertos, Javier Cortés de 14 años y Alexis Benhumea; 50 personas fueron heridas y más de 200 pobladores arrestados. Además, 26 mujeres denunciaron haber sido violadas por por los propios uniformados.

De hecho, a la fecha existen 12 personas presas por los disturbios de San Salvador Atenco, a pesar que el movimiento ha logrando avances legales para la libertad de sus compañeros, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió el caso, todavía siguen saliendo causas penales por resolverse.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1566842

Invitación de Proyecto21.20 a actividades Político-Culturales el día 26 de Octube por el caso de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía

A partir del día 16 de Octubre de este año la Plataforma Proyecto21.20 lanzo una invitación para medios alternativo e independientes para el día 26 de Octubre con el motivo del asesinato que aun permanece en la impunidad por 4 años del tesista de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM el joven Carlos Sinuhé Cuevas Mejía convocado por la madre de este ultimo la señora Lourdes Mejía.

Dentro de los invitados a esta actividad se encuentran: la antropóloga Aída Analco
Martínez, el activista Álvaro Albarrán, la historiadora Anel Hernández Sotelo y la
luchadora social Lourdes Mejía

Invitación al evento:

Proyecto 21.20

#AngeldelaHistoria

Ellos no saben que somos más

México, D.F., 16 de octubre de 2015
A los MEDIOS LIBRES E INDEPENDIENTES
¡Paz, libertad y dignidad!

En solidaridad con la señora Lourdes Mejía, madre del tesista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Carlos Sinuhé Cuevas Mejía asesinado la noche del 26 de octubre de 2011 en Topilejo (delegación Tlalpan), los miembros de la plataforma Proyecto 21.20 les extendemos esta invitación para asistir a las actividades político-culturales que se llevarán a cabo luego de 4 años de lucha contra la impunidad con la que se han realizado las diligencias del gobierno del Distrito Federal sobre tan cobarde crimen.

Con la finalidad de exigir Justicia, Verdad y Castigo para los responsables, el evento se abrirá con una mesa de análisis y denuncia en la que participará la antropóloga Aída Analco Martínez, el activista Álvaro Albarrán, la historiadora Anel Hernández Sotelo y la luchadora social Lourdes Mejía. Al finalizar la mesa, se presentarán actividades artísticas (música, teatro, danza, gráfica libertaria) en apoyo solidario con nuestras exigencias.

La cita es el próximo lunes 26 de octubre de 2015 a las 11.00 horas frente a las
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ubicada en la calle Gral. Gabriel Hernández, esquina Dr. Río de la Loza, colonia Doctores.

Agradeceremos su colaboración para documentar y difundir el evento mediante sus canales informativos y los invitamos a ver la entrevista-documental ¿Paramilitares en la UNAM? Por la memoria histórica de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía (disponible en https://www.youtube.com/watch?v=5WRHTp_BlUc) como una herramienta para comprender –siquiera tangencialmente- la complejidad del caso.

¡Saludos fraternos!

Proyecto 21.20 #AngeldelaHistoria

www.proyecto2120.com

Datos para establecer contacto y pedir más información.

justiciaporcarlos@yahoo.com.mx
proyecto21.20@gmail.com

VÍDEO:

En el sexenio de Peña aumentaron agresiones contra activistas

MÉXICO, D.F: En los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto se han contabilizado más agresiones contra activistas que durante los últimos dos años de la gestión de Felipe Calderón, según el informe “Defender los derechos humanos en México: La represión política, una práctica generalizada”.

De acuerdo con documentos del Comité Cerezo México, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh), de junio de 2014 a mayo de 2015 se registraron 448 eventos en los que se violentó, amenazó o agredió a 47 organizaciones, 35 comunidades y 248 personas, de las cuales 78 son mujeres.

Dichas cifras indican que la violencia aumentó, ya que en los últimos dos años del gobierno de Calderón se registraron 192 eventos, mientras que en lo que va de la administración priista se han contabilizado 629.

Durante la presentación del informe en el Centro Universitario Cultural, Alejandro y Francisco Cerezo, coordinadores de Acuddeh y del Comité Cerezo México, respectivamente, destacaron que en la revisión de los tres últimos informes se encontró que la forma más utilizada para evitar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos es el hostigamiento, es decir, cuando los perpetradores tienen acercamiento físico con sus víctimas para “causar mayor impacto”.

Según las agrupaciones, ahora existen “menos amenazas”, ya que la política de Estado (que involucra a todos los niveles de las autoridades) es “atacar y agredir” a las personas defensoras, lo que significa que las autoridades ejercen la represión política para acallar las exigencias sociales.

Entre los casos documentados resalta la represión contra jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, por parte de elementos de seguridad del estado, luego de que en marzo los campesinos realizaron diversas protestas para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo.

También se registró la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, perpetrada el 26 en septiembre de 2014, así como el hostigamiento a sus familias y simpatizantes que exigen su presentación con vida.

Un caso más fue la presunta violación sexual cometida por policías contra tres maestras de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en el puerto de Acapulco, quienes exigían el aumento de sueldos y plazas para personal docente.

Al respecto, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, sostuvo que la labor de los defensores es clave para la construcción de la “verdadera democracia”, porque ellos colaboran en las trasformaciones sociales.

Ante las agresiones físicas contra activistas, criticó que se use una estrategia de “terror” para reprimir la organización y la protesta social, estrategia que el Estado gradualmente va perfeccionando, dijo.

“La represión, el acoso y el uso del terror es una práctica desgraciadamente generalizada en México”, remarcó Concha Malo al destacar que eso se da en todas las entidades del país para limitar o anular a grupos disidentes, tal como sucedió en los años 70 durante el periodo conocido como “guerra sucia”, cuando se cometieron detenciones arbitrarias, torturas o ejecuciones.

De igual manera resaltó la “poca o nula” respuesta del sistema de justicia para detener los ataques a defensoras y defensores, lo que evidencia que las instituciones “se quedan cortas” para hacer efectivo el derecho a la justicia y reparar el daño, apuntó.


“Pareciera que estamos condenadas y condenados a padecer esta impunidad y corrupción que se ha instalado como un cáncer en las instituciones de gobierno”, lamentó.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.

Jacqueline y Bryan en las próximas horas serían liberados: Abogado.

México, D.F.- Sergio Soto, abogado de Jacqueline Santana López y Bryan Reyes Rodríguez, presos políticos desde hace casi 8 meses, informa:

Se espera que sean liberados en el transcurso de las próximas 3 horas de los reclusorios Santa Marta y Norte respectivamente.

El amparo concedido hace unas semanas, no ha sido impugnado por ninguna autoridad responsable, ni por terceros interesados, ni por nadie. 

En las próximas horas se llevarán a cabo los trámites para lograr finalmente la excarcelación de nuestros compañeros, aseguró.

Fuente: Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones.

Reparte Francisco Toledo calcomanías en defensa del Cerro del Fortín

Agregar leyenda

MÉXICO D.F. (apro) El pintor juchiteco Francisco Toledo repartió calcomanías con la leyenda ‘SÍ al Centro de Convenciones, NO en el Cerro del Fortín’, como parte de la lucha en defensa de esta emblemática colina en cuyas faldas se prevé la construcción de un estacionamiento como parte del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.

El pintor y fundador del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (Pro-Oax), realizó un recorrido por el Centro Histórico de la capital oaxaqueña saliendo del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) con rumbo al Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), para llegar a la conferencia Un proyecto, tres propuestas, en relación a la construcción mencionada.

En el trayecto pidió a jóvenes, obreros y comerciantes de la zona permitirse colocar una calcomanía en la espalda con la leyenda antes mencionada, e incluso solicitó a habitantes de casas poder colocarlas a un costado de las puertas de entrada.

Esto, luego de que el pasado 30 de junio tanto Toledo como integrantes de asociaciones civiles fueron agredidos por un grupo de encapuchados en el sitio donde se desarrollan las obras del Centro Cultural y de Convenciones; previamente, el 10 de junio, y por segunda vez, consiguieron una suspensión provisional por parte del juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera. A la construcción se oponen vecinos del lugar, organizaciones sociales, civiles, y ambientalistas.

Es en este cerro donde los dos últimos lunes de julio de cada año se celebra la festividad mayor de la capital del estado, el baile de la Guelaguetza.

Fuente: Proceso

Autor: Niza Rivera

Estudiantes golpeados el 5 de Junio en la UV exigen justicia

Xalapa, Ver.- Estudiantes agredidos la madrugada del pasado 5 de junio por un grupo de hombres armados y encapuchados que llegaron hasta su domicilio en pleno centro de Xalapa, exigieron a la Fiscalia General del Estado (FGE) que llegue al fondo de las investigaciones para dar con los culpables de la artera agresión.

Los universitarios que pasaron varios días internados en el Centro de Especializaciones Médicas de esta capital aseguraron que lo sucedido fue un intento de homicidio, de lo cual responsabilizaron al Gobierno del Estado, y en particular al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita: "Estamos jodidos a pesar de que ha pasado un mes. Fue un intento de homicidio".

Ignacio Córdoba Cruz, uno de los jóvenes atacados, expuso a nombre del Comité 5 de junio que "el ataque fue organizado y orquestado, que existen autores intelectuales, demandamos a la Fiscalía acreditar el delito de conspiración".

De igual forma exigieron el cese a la criminalización de los que han sido víctimas, y se pronunciaron en contra de que la Fiscalía General del Estado retome como una línea de investigación que ellos fueron los responsables de los ataques a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en la pasada elección federal.


Fuente: AVC Noticias

Exigen a Campa Cifrián atender agresiones contra activistas y comunicadores

MÉXICO, D.F: Organizaciones sociales manifestaron su preocupación por el nombramiento de Roberto Campa Cifrián al frente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a “la falta de experiencia que el funcionario tiene en la materia que le ha sido encomendada”.

Aglutinadas en el Espacio OSC, las ONG urgieron al funcionario atender “las persistentes agresiones en contra de defensores de derechos humanos y periodistas”.

En un comunicado destacaron, que ante la vulnerabilidad en que se encuentran esos grupos, Campa Cifrián debe nombrar a un coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cargo que ha permanecido vacío desde hace dos meses.

Luego de señalar que la falta de nombramiento pone en evidencia “la importancia que el gobierno federal da al Mecanismo”, los activistas denunciaron que “muchos de los casos no se han atendido de conformidad con los protocolos y muchas veces las medidas otorgadas no satisfacen la seguridad de las personas para que puedan continuar con su labor de defensa y ejercicio de la libertad de expresión”.

Ante las fallas en el desempeño del Mecanismo, las ONG exigieron a Campa Cifrián que el próximo coordinador nacional tenga “notable sensibilidad y experiencia en derechos humanos y libertad de expresión, que busque fortalecer los diversos vacíos con los que esta instancia ha venido funcionando”.

Después de señalar que el país atraviesa por “una profunda crisis de derechos humanos que sus servidores públicos no pueden eludir”, las organizaciones integradas en Espacio OSC manifestaron su expectativa de “encontrar en los espacios gubernamentales funcionarios abiertos al diálogo y empiecen a asumir el mandato que la ciudadanía les ha conferido”.

También señalaron que seguirán “difundiendo la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas en México, e insistiendo en el funcionamiento íntegro del Mecanismo, de la misma manera en que se insistió en la aprobación de la ley que le dio origen”.

Las organizaciones que integran Espacio OSC y que respaldan la petición son Acción para Defensores de Derechos Humanos, Artículo 19, Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.

Además, como parte del Espacio OSC también se suman el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, así como el periodista Rogelio Hernández, asociado de la Casa de los Derechos de los Periodistas.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

En tres años, 150 activistas amenazados en Edomex: ONGs

Al dar a conocer el resultado de los cuatro Foros Regionales que se realizaron el pasado domingo, anunciaron una serie de acciones que incluye la toma del edificio sede el Gobierno del Estado de México en Toluca.

CIUDAD DE MÉXICO. En los últimos tres años, al menos 150 defensores de los derechos humanos en el Estado de México fueron víctimas de agresiones o amenazas, incluidas de muerte, por las acciones que realizan, denunciaron Organizaciones No Gubernamentales. 
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Advirtieron que entre las víctimas están grupos de indígena en aquella entidad y quienes no sólo han recibido agresiones y amenazas sino también han sufrido despojos de sus tierras.


Al dar a conocer el resultado de los cuatro Foros Regionales que se realizaron el pasado domingo, anunciaron una serie de acciones que incluye la toma del edificio sede el Gobierno del Estado de México, en Toluca, la capital del estado.

Janeth Ramírez, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, aseguró que se trata de actos para repudiar los constantes actos de violencia, corrupción e impunidad.

“En el Estado de México nos encontramos en un momento donde los megaproyectos de comunicaciones y desarrollo inmobiliarios, están generando una cantidad inimaginable de violaciones a derechos humanos, bajo la complicidad de las autoridades del Gobierno del Estado de México”, dijo.


En conferencia explicó que a partir del miércoles 29 de abril, iniciarán en Texcoco, la caravana “El fuego de la dignidad”. Se trata de un acto de resistencia que consiste en movilizaciones masivas en diferentes municipios mexiquenses y una mega marcha, el 15 de mayo próximo, que busca “tomar la ciudad de Toluca y el edificio sede del gobierno”.

FUENTE: EL FINANCIERO.
AUTOR: DAVID SAÚL VELA.

Denuncian ante PGJDF y CDHDF desaparición de activistas Julián Luna y Betsy Ramírez

Días antes de la desaparición de su hijo Julián, este le reportó tanto a sus amigos como a sus familiares más cercanos, que estaba siendo acosado y perseguido por supuestos policías vestidos de civil.

Desde el pasado 3 de marzo, los activistas universitarios Julián Humberto Luna Guzmán y su pareja Betsy Ramírez Hernández, se encuentran desaparecidos y perdieron todo contacto con sus familiares y amigos, por lo que ambos casos ya fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), dijo la madre de Julián, Blanca Luna Guzmán.

De acuerdo con la madre de Julián, desde el pasado el martes 3 de marzo que sostuvo una comunicación con su hijo a través de Whats App para concertar una comida, él jamás se volvió a conectar a dicha red social ni a ninguna otra, mismo caso que Betsy Ramírez, por lo que sus familias ya presentaron la denuncia formal  ante el Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) de la Procuraduría capitalina y ante la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Blanca Luna agregó que días antes de la desaparición de su hijo Julián, este le reportó tanto a sus amigos como a sus familiares más cercanos, que estaba siendo acosado y perseguido por supuestos policías vestidos de civil, por lo que ella expresó su temor de que ambos jóvenes sean víctimas de una desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano.

En el caso de Julián Luna ya había sido víctima de un intento de desaparición por parte de las autoridades, ya que fue detenido hasta en tres ocasiones  por participar en diversas movilizaciones realizadas en la Ciudad de México contra el gobierno federal, además de que resultó herido el 1 de diciembre del 2012 durante la marcha contra la toma de protesta del Presidente Enrique Peña  Nieto, fecha en la que sufrió una fractura expuesta en su brazo izquierdo.

Luna Guzmán agregó que la primera detención de su hijo se registró el 30 de agosto del 2013 tras una marcha celebrada ese día, destacando que en esa ocasión fue acusado de portar un objeto apto para agredir a la autoridades debido a que cargaba una bandera negra, delito que no se le pudo comprobar y por el que fue liberado posteriormente.

Detalló que Julián Luna nuevamente fue detenido por policías capitalinos el 1 de diciembre del 2013, tras una marcha en la que presuntos anarquistas del llamado “Bloque Negro” atacaron las instalaciones de Televisa Chapultepec con bombas molotov, aunque fue liberado tras recibir una golpiza que le provocó una herida en la ceja, pero sin que la autoridad presentará cargos en su contra.

La mamá del activista relató que el 14 de noviembre del 2014, Julián fue detenido cuando se encontraba en la calle junto con un amigo suyo de nombre Alejandro, en lo que ambos calificaron como un intento de desaparición forzada, ya que fueron metidos en una camioneta tipo VAN sin ventanas y por agentes vestidos de civil que en lugar de trasladarlos a una agencia del Ministerio Público, los estuvieron paseando por la ciudad, hasta que los propios jóvenes lograron llamar la atención.

Una vez que los supuestos agentes fueron descubiertos, finalmente los pusieron a disposición de la autoridad ministerial, acusándolos de robar 500 pesos a una mujer policía, es decir, en una mecánica muy similar a la que se usó para detener y encarcelar a los también activistas Bryan Reyes y Jacqueline Estrada, actualmente presos por el supuesto robo de 500 a una policía federal.

Dijo que a diferencia de Bryan Reyes y Jacqueline Estrada que siempre han negado los hechos, el abogado de Julián Luna le recomendó declararse culpables de este delito para que obtuvieran una rápida libertad bajo fianza, por lo que el 29 de diciembre del 2014 salió en libertad y regresó al activismo. Estos antecedentes de acusaciones inventadas y detenciones arbitrarias, le hacen temer por la vida de su hijo, ya que no lo ha podido localizar en hospitales o agencias del Ministerio Público, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades para que lo presenten con vida. 

Tanto Julián como su novia Betsy se la pasaban “brigadeando” dentro del Metro, por lo que ambos “ya están ubicados” por las cámaras de videovigilancia del Sistema de Transporte Colectivo (STC).


“Desde el martes está desaparecido y su novia también, no contestan los celulares se ve que no se han conectado desde el lunes a las 11 de la noche, siempre nos enviamos mensajes porque no vive conmigo, sino con Betsy, entonces así es como está” detalló.

FUENTE: NOTICIAS MVS
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO

Detienen a dos funcionarios de Oaxaca por el homicidio de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola

La Procuraduría estatal capturó a principios de este 2015 a Elías Cruz Merino, quien fungía como regidor de educación de dicho ayuntamiento, y a Faustino Vázquez Martínez, oficial del registro civil municipal por participar en una emboscada contra grupos civiles.

A cuatro años y 11 meses del ataque paramilitar en el que perdieron la vida los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola –perpetrado el 27 de abril de 2010 en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca–, la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad capturó a principios de este 2015 a Elías Cruz Merino, quien fungía como regidor de educación de dicho ayuntamiento, y a Faustino Vázquez Martínez, oficial del registro civil municipal, por su presunta participación en la emboscada que, además, dejó 10 personas con lesiones de arma de fuego.

Estos dos funcionarios del municipio de Juxtlahuaca, explicó Karla Michelle Salas –defensora de la Barra de Abogados Democráticos, agrupación que asiste legalmente a los deudos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola–, fueron señalados por testigos directos como miembros del contingente armado que, en abril de 2010, atacó el autobús en el que viajaban miembros de distintos grupos civiles rumbo a San Juan Copala, poblado indígena oficialmente adscrito a Juxtlahuaca, y que vive asolado por distintas organizaciones políticas, agrarias y criminales desde el año 2006, cuando se declaró como “municipio autónomo”, emulando los poblados de la zona zapatista en Chiapas.

“La emboscada de 2010 contra la caravana de grupos civiles que viajaba a San Juan Copala, y en la que iban Bety Cariño y el ciudadano finlandés Jyri Jaakkola, se atribuye a una agrupación priista denonimada Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, Ubisort –detalló la abogada–, y de hecho, fue con el líder de esa agrupación, Rufino Juárez, con el que en ese momento se tuvo que negociar para que permitieran el rescate de tres periodistas de la revista Contralínea, quienes viajaban junto con la caravana, y que huyendo de las balas se habían internado en la sierra.”
Rufino Juárez, abundó, fue detenido hace tres años por su participación en otros homicidios, “y actualmente también enfrenta proceso penal por el asesinato de Bety y Jyri, como autor intelectual y material, pero faltaban otras 13 órdenes de aprehensión por cumplir, dos de las cuales finalmente fueron concretadas este año: la primera, el 22 de enero, fue la del regidor de educación de Juxtlahuaca, Elías Cruz Merino, quien, además, es hijo del actual líder de la Ubisort. Y la segunda captura se logró el 19 de febrero, se trata de Faustino Vázquez Martínez, quien fue detenido en su trabajo, en el registro civil de dicho municipio”.

Ambos funcionarios, destacó la abogada, habían sido identificados desde hace dos años como integrantes del grupo que perpetró la emboscada contra la caravana civil, “pero todo ese tiempo las autoridades de Oaxaca se habían negado a detenerlos, incluso, ya con una orden de aprehensión en su contra, habían participado en actos públicos con altos funcionarios de la administración estatal, y no los arrestaron sino hasta ahora”.

–A casi cinco años del ataque, ¿se va avanzando, ahora, en la construcción de la justicia en este caso? –se pregunta a la abogada.

–Estas detenciones son un avance, sí; y también es un avance el que esté por iniciar el juicio contra los responsables que ya están detenidos (la audiencia para el juicio contra Rufino Juárez será el 14 de abril próximo)… Pero las cosas en el terreno no han mejorado: Ubisort sigue manteniendo el control territorial y militar de la zona triqui en Oaxaca y, a la fecha, no hay persona, incluidos agentes del Estado, policías o ministeriales, que puedan ingresar sin autorización previa de los dirigentes de este grupo paramilitar. De hecho, ésta ha sido la justificación que han dado las autoridades para no detener a otro de los implicados, Antonio Cruz, alias El Pájaro. La autoridad dice que no lo puede detener porque se mantiene dentro de la zona y ellos no pueden entrar.

La abogada pone un ejemplo del control de Ubisort en Juxtlahuaca: “Dos días después de que fue detenido Elías Cruz Merino, es decir, el 24 de enero, el hermano de este sujeto, contra el que también hay orden de aprehensión, y otro grupo de paramilitares, se presentaron en las casas de dos testigos, para advertirles que tenían que cambiar su declaración o, de lo contrario, lo pagarían con la vida… estos dos testigos, junto con sus familias, tuvieron que ser extraídos de la comunidad y resguardados en un lugar secreto, para garantizar su seguridad. Y no fue con el apoyo de las autoridades, en Oaxaca no hay un mecanismo de asistencia a testigos en riesgo, así que fue la red de apoyo civil que se ha tejido la que permitió darles a estas personas un lugar seguro dónde permanecer, así como alimentos y asistencia.”


De hecho, debido a las amenazas lanzadas contra estos testigos, debió aplicarse un mecanismo jurídico conocido como “desahogo de prueba anticipada”, que permitió que rindieran su testimonio aún cuando, formalmente, no ha iniciado el juicio contra los detenidos por la emboscada del 24 de abril de 2010.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Activistas y ONG presentan el “primer constituyente ciudadano”

México, DF. En el contexto del aniversario de la promulgación de la Constitución, y a propuesta del obispo Raúl Vera, diversos personajes púbicos y organizaciones civiles y sociales inician una reunión nacional para la presentación pública del “primer constituyente ciudadano y popular”.

Reunidos en el auditorio principal del Centro Universitario Cultural (CUC), Vera López, el pintor Francisco Toledo, Javier Sicilia, el padre Alejandro Solalinde, el sacerdote Miguel Concha, Gilberto López y Rivas, la defensora del migrante Leticia Gutiérrez, así como representantes sindicales, entre ellos Martín Esparza e integrantes de diversas iglesias, al inicio del acto recuerdan los acontecimientos acorridos hace más de cuatro meses en Iguala, Guerrero, producto del cual fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

El obispo Raúl Vera ha explicado en diversas ocasiones que ante la actual situación de crisis política, social, económica y de inseguridad se requiere de una nueva constitución, una que represente realmente las necesidades de la ciudadanía.

FUENTE: LA JORNADA

AUTOR: CAROLINA GÓMEZ.