Activistas y ONGs nacionales e internacionales organizan foro por los derechos de la Madre Tierra
By: Unknown on 9:44:00 / comment : 0 Activismo, Defensa de la tierra, derechos de la Tierra, ecología, extractivismo, Nacional, ONG, peligro extractivo
El foro se realizará 1, 2 y 3 de junio en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con la participación de más de 30 activistas y ecologistas reconocidos a nivel nacional e internacional, entre ellos, Vandana Shiva, de India; Shannon Biggs, de Estados Unidos; Leonardo Boff, de Brasil; Saamdu Chetri, de Bután, y los mexicanos Víctor Toledo, Alberto Ruz, Laura Kuri. Además el 4 de julio se llevará a cabo el Pachamama Fest en la Plaza de Toros y luego la Aldea de Paz.
“Estamos todos unidos por un objetivo y es la Madre Tierra, reconocer que la Tierra está viva, reconocer los derechos que tiene la Tierra, queremos también instrumentos, garras para poder defender los recursos naturales, los recursos de todos. Es necesario poner en las agendas de los tomadores de decisiones el cuidado de la tierra. Los pronatura remamos contra corriente, las autoridades deben poner atención”, señaló Salomón Bazbaz Lapidus, fundador del Centro de las Artes Indígenas, en conferencia de prensa.
“Es recordar que no somos nosotros el centro ni de las leyes ni de la economía ni de la cultura, tenemos una cultura, un clima, cuatro elementos fundamentales sin los cuales nada existiría, y todos estos elementos naturales, estos bienes comunes que la naturaleza madre Tierra nos da, nos presta, básicamente no tiene ningún derecho, nosotros nos hemos adueñado del derecho sobre los ríos, los mares, los bosques, sobre el aire, con eso le hemos dado en la madre a nuestra madre (Tierra)”, dijo Alberto Ruz Buenfil, cofundador de la ecoaldea Huehuecóyotl.
Relaciones Exteriores deja en el abandono a Gustavo Castro, mexicano en peligro
By: Unknown on 15:52:00 / comment : 0 Activismo, asesinato de activistas, Berta Cáceres, Centroamérica, estado fallido, Gustavo Castro, Honduras, Nacional, Narcogobierno, Politica, SRE
Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores deben intervenir de manera inmediata para que el mexicano Gustavo Castro Soto, defensor de derechos humanos y ambientalista, regrese a México; luego de haber sobrevivido al atentado ocurrido el 3 de marzo pasado y donde la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue asesinada, dice en entrevista Miguel Ángel de los Santos, integrante de la Red Iberoamericana de Jueces.
Castro Soto se encontraba en la vivienda de la mujer indígena lenca, que en abril de 2015 recibió el Premio Medioambiental Goldman –el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente–. Su presencia en el lugar se dio después de haber impartido pláticas sobre procesos extractivistas; hoy, permanece alejado de su familia y en un estado de angustia “extremo”, comenta a Contralínea Óscar Castro, su hermano, pues no ha salido del territorio donde las amenazas de muerte a Berta Cáceres se cumplieron por un grupo de sicarios.
Óscar Castro Soto, hermano del director de la organización ambientalista Otros Mundos, Chiapas, comenta que las heridas físicas, perpetradas por los sicarios han comenzado a mejorar; no así su estado emocional. “Él permanece en condición de testigo pero se le ha hecho una restricción de salida por 30 días, injustificada”.
Miguel Ángel de los Santos, de la Red Iberoamericana de Jueces, comenta en entrevista conContralínea que es urgente que la Secretaría de Relaciones Exteriores actúe para permitir la salida de Gustavo Castro de Honduras.
El ambientalista se encuentra en la “incertidumbre jurídica” porque las autoridades de Honduras no resuelven tres recursos jurídicos que se presentaron a principios de la semana pasada, comenta el abogado. Los recursos, explica, son para revocar la medida cautelar que le impide abandonar el país, el primero es recurso de reconsideración, presentado ante la Fiscalía General de Honduras, para que el fiscal le pida a la juez de La Esperanza suspender la medida cautelar.
Un segundo recurso tiene que ver con el amparo presentado en el que se pide a la corte de apelaciones, la suspensión provisional de la medida cautelar y esto le permitiría a Gustavo Castro abandonar el país.
El último recurso es un habeas corpus con el que se busca que la Corte revise la medida cautelar en medida de los derechos humanos constitucionales y universales que le corresponden a Gustavo Castro.
Estamos pidiendo, también, que desde el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto se entable comunicación con su homólogo en Honduras, Juan Orlando Hernández, para que solicite la aplicación del Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Honduras, firmado en la ciudad de Tegucigalpa, el 24 de marzo de 2004.
La violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña, así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y alerta sobre la grave violación a los derechos humanos en el país centroamericano, donde permanece retenido el ambientalista mexicano.
El informe Situación de derechos humanos en Honduras enfatiza que la tasa de homicidios es una de las más altas en la región, con una disminución de once puntos en 2 años; con base en las cifras calculadas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que en 2013, registraba el índice de homicidio más alto a nivel mundial, con una tasa de 79 por cada 100 mil habitantes; para el 2014, el Estado indicó que tomando como base las cifras de la UNAH, la tasa de homicidios en Honduras disminuyó a 66.4, mientras que la UNAH publicó una tasa de 68.
El asesinato de Berta Cáceres se dio aun cuando ya se había advertido a autoridades del país y defensores de derechos humanos de la CIDH del riesgo existente.
“La Comisión recibió asimismo información sobre el uso del derecho penal por parte de actores privados y/o estatales a través de tipos penales como ‘incitación a la violencia’ para generar intimidación mediante la sujeción a procesos penales. Dichos problemas se agudizarían en lugares en los cuales existen conflictos por la propiedad de las tierras tales como la Ceiba y el Bajo Aguán, que fueron visitados por la Comisión. En este contexto, la CIDH ha dado seguimiento al presunto hostigamiento judicial en contra de la señora Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, quien lidera una campaña en defensa del río Gualcarque en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica.”
La misma Comisión documentó a finales del año pasado que con relación con las mujeres defensoras, y con cifras del 2012, “Honduras ocupó el segundo lugar por agresiones a defensoras de derechos humanos en la región que abarca México y Centroamérica, con 119 agresiones. De estas agresiones, 95 fueron contra defensoras de la tierra y los bienes naturales”.
La Red Iberoamericana de Jueces
A través de un comunicado, la Red Iberoamericana de Jueces elaboró la Declaración sobre el defensor de DDHH mexicano Gustavo Castro retenido en Honduras en la que se exige, entre los puntos citados, “al gobierno del Estado de Honduras la investigación pronta y eficaz, apegándose al estándar internacional en materia de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, que conduzca al procesamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales involucrados en el crimen. En el desarrollo de esta investigación, y dado la condición de defensora de los derechos humanos de la víctima, también les solicitamos agotar profundamente la línea de investigación que sugiere que el crimen se encuentra relacionado con su actividad como activista”.
Hacen énfasis en que las circunstancias en que se encuentra Gustavo Castro Soto en Honduras, bajo la presión, que no consideración acorde con su calidad de víctima, “configuran violaciones a los derechos humanos previstas en tratados internaciones de los cuales Honduras es parte y cuenta por ello con la obligación de observarlos a toda persona sujeta a su jurisdicción. La incierta situación de Castro Soto se ha visto agravada por una decisión arbitraria y por demás contraria al derecho al debido proceso, tomada por la Jueza Victorina Flores, al suspender el ejercicio profesional de la abogada de Castro Soto, privándolo con ello de su elemental derecho a una defensa efectiva”.
Asesinan a defensor de Reserva de la Biosfera Maya
By: Unknown on 17:30:00 / comment : 0 "Mover a México", Activismo, agresión a Defensores del Medio Ambiente, asesinato de activistas, biosfera, Centroamérica, despojo, estado fallido, Luchas Sociales, Nacional
Lanzan campaña de firmas para que ministros digan NO a la criminalización de la protesta
By: Unknown on 15:33:00 / comment : 0 "Mover a México", Activismo, Criminalización de la protesta social, Disolición social, Justicia, Luchas Sociales, Nacional, SCJN
En dicho artículo se establece: “Artículo 362. Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”.
El primero de diciembre del 2012, diversas organizaciones ciudadanas, se dieron cita en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para denunciar su inconformidad con el proceso electoral celebrado en junio de ese mismo año, así como para manifestarse en contra del programa político que implementaría el nuevo titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. La reacción del Gobierno del Distrito Federal fue la represión y detención de un centenar de personas que se encontraban en las plazas públicas aledañas al lugar y a quienes acusó de “atacar la paz pública”.
A partir de las detenciones arbitrarias del #1DMx ha sido utilizado este delito de "Ataques a la Paz Pública" para detener arbitrariamente y procesar a manifestantes. En enero pasaso, el proyecto de ley del Ministro Ministro Alfredo Ortíz Mena, sería discutido al pleno. Ante la importancia de interés público sobre el tema, la Liga de Abogados Mx interpuso un amparo, para exigir a los ministros votar por la incostitucionalidad de este artículo, pero fue retirado de la discusión de la primera sala de la SCJN.
Este miércoles tres de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre la inconstitucionalidad del delito de "Ataques a la Paz Pública" tipificado en el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal.
"Dejar que la autoridad decida arbitrariamente qué actos son violentos y cuáles son los límites de la paz pública, vulnera nuestro derecho a contar con una legislación penal clara, además de inhibir la protesta e incentivar a una policía autoritariacomo la de la Ciudad de México, a realizar detenciones violentas e ilegales como las que hemos visto en lo que va de este sexenio. Ya no son tiempos de presos políticos". Firma aquí y sé parte de la campaña.
Acusan agresión en protesta contra Peña Nieto en Cancún
By: Unknown on 12:51:00 / comment : 0 Activismo, Activistas, Cancún, EPN, Grupos de choque, Nacional, Narcogobierno, NarcoPRI, Protesta Social, Quintana Roo, represión
ubicaron en la baqueta de la avenida Xcaret con Tulum, como parte de las protestas convocados en la víspera de la navidad por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
instaladas, lanzaron golpes e insultos así como amenazas. Esta primera agresión logramos repelerla con dignidad sin lesionar a ninguno de ellos”.
preciso uno de los manifestantes.
Suburban, color blanco sin placas, con vidrios polarizados, para finalmente darse a la fuga en la calle Venado.
Llaman al gobierno federal a esclarecer robo de datos a Desinformémonos
By: Unknown on 0:38:00 / comment : 0 Activismo, Agresión a medios, Agresión a periodistas, Desinformémonos, EPN, Medios alternativos, Narcogobierno, Politica
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió un llamado urgente al gobierno de México, en el que expresa su preocupación por el allanamiento a la casa de la periodista Gloria Muñoz Ramírez, directora del portal digitalDesinformémonos, así como por el robo de información al mismo medio.
En el llamado Mex007/1215/obs104 se solicita al presidente Enrique Peña Nieto, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros funcionarios, su intervención urgente ante la situación tan adversa que en el país enfrentan los y las periodistas.
Los exhortan para que de manera inmediata tomen y ejecuten las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y sicológica de Gloria Muñoz y del resto de colaboradores de la revista electrónica.
El organismo internacional, que forma parte del programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en Ginebra, Suiza, pidió a las autoridades federalesllevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno los hechos denunciados y garantizar que las personas responsables sean castigadas en conformidad con la legislación mexicana.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre en la ciudad de México, cuando los perpetradores dejaron objetos de valor que se encontraban a la vista, pero hurtaron documentos y material. Según las mismas informaciones, no se trataría de un hecho aislado, sino que se sumaría a otros tres ataques recientes, señala el mismo Observatorio, basada en la información que le hicieron llegar diversas organizaciones de derechos humanos.
Estos incidentes se suman a una serie de ataques a otros medios que dan cobertura informativa a la movilización de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos forzados de Ayotzinapa, Guerrero. Este contexto de graves ataques a periodistas y comunicadores en el país fue denunciado por el informe preliminar emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al concluir recientemente su visita al país, dice el Observatorio.
Amenazas, ataques, homicidios, detenciones: los activistas del Edomex luchan en alto riesgo
By: Draco Dracul on 14:25:00 / comment : 0 Activismo, Activistas, Estado de México, Lucha Social, Nacional, Seguridad
Ser activista en el Estado de México es una actividad de alto riesgo. En aquella entidad, que ha sido gobernada por el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde siempre, defender un bosque, resguardar ríos, oponerse a las megaobras, o defender una idea puede costarle a un ciudadano su libertad, integridad, privacidad o incluso su vida, denunciaron activistas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), de 2011 a la fecha se han documentado 150 agresiones contra defensores de derechos humanos con presencia en territorio mexiquense.
“[Detrás de los ataques y el acoso] es evidente, hay grandes intereses económicos o políticos. Por ello los grandes grupos de poder están dispuestos a violentar a las personas que defienden los derechos humanos y opositores”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL.
Lara explicó que gracias a una observación que fue acompañada por organismos públicos de derechos humanos internacionales, se pudo determinar que en la entidad que gobierna actualmente el priista Eruviel Ávila Villegas existe violencia sistemática contra luchadores sociales, y ese patrón ha provocado –en los últimos cinco años– detenciones arbitrarias, cateos, persecuciones, actos intimidatorios, agresiones físicas e incluso intento de homicidio, por mencionar algunas acciones.
“Nosotros incluso hemos estados abierto al diálogo, buscamos la armonía y la paz, pero el Gobierno del estado ha insistido en recriminar todo acto de protesta”, agregó Lara Duque, quién añadió que gracias a que se ha conformado un frente contra estas acciones, los ataques han disminuido.
Itzia Miravete Veraza, coordinadora del Área de Documentación e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, detalló que en lo que va de la actual administración priísta –que empezó el 16 de septiembre de 2011–, tan sólo en esa organización han llevado 150 casos legales por agresiones o amenazas de este tipo. Sin embargo comentó que existen más, pero no han sido evidenciados con un acompañamiento jurídico de gran escala.
La Comisión de Fomento de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil refiere que en el Estado de México existen 2 mil 372 actores sociales inscritos formalmente ante autoridades, mientras que en el Distrito Federal hay 5 mil 413 y en Baja California Sur 168, según cifras de 2014.
Información de prensa refiere que desde 2011, con la ayuda de la campaña “Haz que se vean”, en la entidad mexiquense se han visibilizado agresiones, como la sufrida por José Antonio Lara Duque, por amenazas de detención, o la que se reportó contra la Casa del Migrante San Juan Diego, donde las instalaciones del albergue fueron incluso tiroteadas. Aun así, muchas más no llegan a la denuncia formal por intimidaciones y amenazas.
En el mismo sentido de protección y para ejercer mayor presión en su causa social, desde principios de 2015 organizaciones civiles de distintos municipios agrícolas del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú [uno de los empresarios más favorecidos con contratos por los gobiernos federal y estatal] Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional e Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.
Pobladores aseguraron que el Gobierno de Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras, como acueductos, autopistas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otras.
Miguel Ángel Zenón, defensor de Derechos Humanos desde hace 25 años, ha trabajado en casos en todo el país pero sobre todo en el Estado de México, en esa entidad lleva su caso más reciente en el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla. Pobladores de esa comunidad, municipio de Lerma, en el Estado de México, se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, concesionada a una filial de Grupo Higa.
El pasado 17 agosto, Zenón se encontraba en San Francisco Xochicuautla cuando le fue notificado por parte de sus vecinos que afuera de su casa se encontraban dos policías antimotines observando la puerta de su hogar, que se encontraba deshabitado.
Cuando el defensor volvió a su casa, tres días después, el 20 de agosto, se percató que dos de las chapas estaban forzadas y la puerta se encontraba atascada por el daño ocasionado por lo que no pudo acceder a su vivienda. Un día más tarde dio cuenta que sus pertenencias estaban revueltas. Además, identificaciones y documentos de casos que llevaba a lo largo de años habían desaparecido.
Por los hechos ocurridos, Miguel Ángel denunció a las autoridades correspondientes para que se iniciara una investigación previa, la cual quedó sentada bajo el número FCH/CUH-5/T2/05741/15-08.
Días después hubo amenazas a los voceros de ese movimiento, informaron. Por ello, otras organizaciones de la entidad emitieron una alerta a nivel nacional.
El 21 de julio pasado, Sergio Velázquez Morales y Vicente Moreno Domínguez, activistas en pro del derecho humano al agua y beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), que habitan en el municipio mexiquense de Coyotepec, fueron detenidos de manera arbitraria por policías municipales cuando se acercaron a una obra en el libramiento Francisco Villa, donde se perforaba un pozo de agua de manera clandestina, pues de acuerdo con sus investigaciones, la empresa no contaba con permiso otorgado por la Administración de Agua Potable de Coyotepec en coordinación con el Presidente Municipal, que revista de certeza y legalidad la realización de dicha obra.
En 2013, Vicente Moreno fue blanco de un intento de homicidio en su propia casa; no obstante escapó, pero denunció que su sobrino Alfredo Cruz Luna fue asesinado por el entonces Presidente municipal priísta, Alfredo Anguiano Fuentes.
En marzo de 2014, Gabriela Sánchez López, defensora de mujeres en el municipio de Ecatepec, fue víctima de intento de homicidio. Tres sujetos dispararon contra ella, hiriendo al oficial que la custodiaba.
Además, organizaciones contra la violencia generalizada de mujeres, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que han luchado para que se emita la Alerta de Género en todo el Edomex y no en solamente 11 municipios, denunciaron que las autoridades las han amenazado y han ocultado y omitido información.
Por otra parte, uno de los grandes acontecimientos que marcó la administración de Enrique Peña Nieto como Gobernador fue la lucha de los pobladores de San Salvador Atenco al iniciar mayo de 2006, quienes se opusieron a la construcción de un aeropuerto internacional en sus terrenos. Organizaciones, pobladores, periodistas y observadores documentaron serias violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos, diversos líderes e incluso niños.
El 3 de mayo de 2006, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se movilizaron en apoyo a un grupo de vendedores que fueron desalojados del municipio de Texcoco por policías. Se dio una trifulca entre fuerzas del orden y vecinos de Texcoco y los de Atenco.
“No se va a negociar. Se va a aplicar la Ley y a hacer respetar el Estado de Derecho”, dijo entonces el Gobernador Peña Nieto.
Al día siguiente, 3 mil elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y de la policía estatal llegaron al pueblo en un operativo que duró más de 10 horas y que dejó dos muertos, Javier Cortés de 14 años y Alexis Benhumea; 50 personas fueron heridas y más de 200 pobladores arrestados. Además, 26 mujeres denunciaron haber sido violadas por por los propios uniformados.
De hecho, a la fecha existen 12 personas presas por los disturbios de San Salvador Atenco, a pesar que el movimiento ha logrando avances legales para la libertad de sus compañeros, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió el caso, todavía siguen saliendo causas penales por resolverse.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1566842
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