Las organizaciones y comunidades enlistaron una serie de conflictos que prevalecen en el país ante la “desprotección del marco legal vigente”, que ha llevado a líderes indígenas a la cárcel por defender sus derechos, a ser “criminalizados por aplicar sus sistemas normativos de tenencia.
Decenas comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y civiles, advirtieron de la persistente deuda histórica con los pueblos indígenas al no concretarse la reforma constitucional que incorpore los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y “garantice de forma plena los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
A 26 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larrainzar y a tres de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones y comunidades grupadas en la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), exigieron al presidente y al Congreso de la Unión cumplir con su compromiso de reforma constitucional.
