Amnistía Internacional lanza campaña “Dona tu muro: Paredes vs La Censura”

Amnistía Internacional (AI) denunció que a pesar que ya había firmado un contrato y realizado el depósito para realizar una campaña sobre tortura, desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos, la agencia Cinco M Dos, empresa dedicada a la publicidad exterior en sistemas de transporte público, se “echó para atrás” y dijo que no haría la campaña por que los mensajes de la organización no eran “apropiados”.

En respuesta, la ONG lanzó la campaña “Dona tu muro: Paredes vs La Censura”, que tiene como objetivo la donación voluntaria de muros y balcones para pintar sobre ellos o colgar lonas con mensajes sobre la crisis de derechos humanos que atraviesa México.


Perseo Quiroz Rendón, director de AI, informó que la campaña iba a ser realizada en varias líneas del Metrobús y del Tren Ligero, en la Ciudad de México; sin embargo, la compañía frenó el convenio horas antes de que se montaran los anuncios en las vallas de ese transporte público. El activista aseguró que violaron el contrato celebrado y que Amnistía Internacional procederá legalmente.

“No sé si fueron presiones [por parte del gobierno] pero lo que nos dijeron es que el contenido era inadecuado. Se tardaron dos o tres semanas en reaccionar y decir que era inadecuado y que tenía tono político. Pero eso no nos frenó, si los concesionarios no quieren y tienen miedo de poner estos mensajes en espacios que son públicos –que debemos utilizar para temas que son de interés público y no sólo utilizarlos para los partidos políticos, nosotros buscamos una alternativa y es que las personas nos presten sus muros”, dijo Quiroz Rendón.

–¿Cuáles eran los mensajes de los anuncios que no les permitieron montar? –se le preguntó¬–.

–Pues los que ustedes están viendo y van a pertenecer a esta nueva campaña: que en México hay más de 22 mil desaparecidos, que en el país una de cada seis mujeres mueren al día por violencia de género, la tortura ha incrementado un 3000 por ciento… estas era algunas de las frases que consideraron políticas e inadecuadas.

La empresa Cinco M Dos sólo iba a cobrarle a organización los gastos de producción, lo que representaban más de 40 mil pesos; pero luego notificó que la campaña no pertenecía a una causa altruista social y que Amnistía Internacional no cubría el perfil para que fuera apoyada.

“Uno de los argumentó que se nos dio es que no calificábamos como una organización de la sociedad civil ; pero nosotros decimos que llevamos más de 50 años trabajando con la sociedad, hemos ganado un Premio Nobel de la Paz, y si Amnistía Internacional no califica como una organización de a sociedad civil no sé cuál organización pueda calificar bejo esos estándares. También nos dijeron que si no aceptábamos a [cambiar los mensajes] que teníamos que pagar el precio normal, que es de cerca de 300 mil pesos por mes”, explicó Perseo Quiroz.


Amnistía Internacional México publica regularmente comunicados, investigaciones o informes relacionados con violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

La empresa Cinco M Dos sólo iba a cobrarle a organización los gastos de producción, lo que representaban más de 40 mil pesos; pero luego notificó que la campaña no pertenecía a una causa altruista social y que Amnistía Internacional no cubría el perfil para que fuera apoyada.

“Uno de los argumentó que se nos dio es que no calificábamos como una organización de la sociedad civil ; pero nosotros decimos que llevamos más de 50 años trabajando con la sociedad, hemos ganado un Premio Nobel de la Paz, y si Amnistía Internacional no califica como una organización de a sociedad civil no sé cuál organización pueda calificar bejo esos estándares. También nos dijeron que si no aceptábamos a [cambiar los mensajes] que teníamos que pagar el precio normal, que es de cerca de 300 mil pesos por mes”, explicó Perseo Quiroz.

Amnistía Internacional México publica regularmente comunicados, investigaciones o informes relacionados con violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

En la campaña “Dona tu muro: Paredes vs La Censura” se han sumado más de 10 artistas y ya hay al menos una docena de voluntarios que han prestado su espacio. La convocatoria está abierta parta habitantes de toda la República Méxicano. Los interesados deberán contactar a Amnistía Internacional a paredesvscensura@amnistiaorg.mx o a través de la página paredesvscensura.org. El único requisito para que pueda ser intervenida, es que la pared que se desea donar sea de superficie lisa y dé a la calle.

“Al finalizar la campaña nosotros volveremos a pintar la pared de su color originar sin costo”, informó AI.


El director de la organización llamó a la ciudadanía a sumarse a esta campaña que intenta mantener la memoria sobre la crisis de derechos humanos que atraviesa México como forma de protesta, pues “este gobierno quiere que se nos olviden las tragedias y las dejemos pasar”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2015/1305540.

AI aplaude liberación de víctima de tortura que estuvo preso 23 años (19 MARZO 2015)

México D.F: Amnistía Internacional (AI) aplaudió la decisión de la Corte de excarcelar a Alfonso Martín del Campo Dodd por violaciones al debido proceso.

El ahora exreo purgaba sentencia de 50 años en prisión por el delito de homicidio en agravio de su hermana Patricia y de su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba. Sólo había cumplido 23 años.

Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación inmediata al comprobar que fue torturado para inculparse del doble homicidio cometido en 1992.

En un comunicado, la organización reconoció que el fallo de la Corte refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos, específicamente la prohibición absoluta de la tortura.

Alfonso Martín del Campo fue detenido arbitrariamente el 30 de mayo de 1992 en el Distrito Federal y sometido a golpes, asfixia y amenazas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Años más tarde, un agente de la policía confesó haberlo torturado junto con otros policías. A pesar de ello, las autoridades ignoraron ésta y otras pruebas, incluyendo peritajes médicos, que indicaban que fue torturado.

“En el derecho internacional de los derechos humanos, la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes conlleva la obligación de no admitir confesiones obtenidas bajo tortura. Esta es una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales” señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

De acuerdo con la organización, el caso de Alfonso Martín del Campo fue documentado por varios órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, los cuales confirmaron el uso de tortura.

La excarcelación de Martín del Campo no fue recibida por su sobrina María Fernanda Zamudio. En declaraciones a Radio Fórmula, la joven que presenció el crimen cuando tenía cuatro años de edad lamentó la decisión del tribunal.

“Estoy profundamente triste al ver cómo en este país, aunque hayamos metido muchas pruebas, aunque hicimos muchísimas cosas, no obtuvimos justicia, mis padres quedaron totalmente sin justicia en este país, es muy lamentable que no exista”, dijo.

Añadió que “nosotros en el proceso de reconocimiento de inocencia, metimos tres dictámenes, dos de la Procuraduría General de la República (PGR) y uno de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en donde concluía que no había tortura y no lo tomaron en cuenta”.

Incluso, subrayó que el documento que tomaron para sostener la tortura fue uno hecho por una organización que lo defendió.

“Entonces un dictamen que su propia defensa aporta, obviamente va a decir que hay tortura y es increíble que no hayan tomado en cuenta lo que nosotros metimos, que sí están en el reconocimiento de inocencia”, indicó María Fernanda.


Y concluyó: “Me da mucha tristeza ver como el crimen de mis padres ha quedado impune”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Misión de CIDH, oportunidad para PGR 'de remendar' errores: AI

El trabajo en México del grupo interdisciplinario de la CIDH representa la oportunidad para el Estado mexicano “de remendar algunos errores y deficiencias” en la investigación del caso Ayotzinapa, dijo Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI.

México, DF. El trabajo en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representa la oportunidad para el Estado mexicano, en particular la Procuraduría General de la República (PGR), “de remendar algunos errores y deficiencias que se han tenido en la investigación del caso de los normalistas de Ayotzinapa”.

Así lo consideró Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, quien agregó que la presencia de este grupo de expertos en el país brindará soluciones o piezas concretas de consejo que sean de relevencia para el caso Iguala, Guerrero, lugar donde hace cinco meses fueron agredidos por policías municipales los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, lo que dejó tres jóvenes asesinados y 43 desaparecidos.

Por ello, el activista exigió al gobierno federal permitir que el grupo independiente de la CIDH –que ayer inició sus labores en México para analizar este caso— pueda realizar sus trabajos de forma libre, independiente y sin obstáculos.

El que este grupo esté en el país “es un llamado de atención sobre cómo se han hecho las cosas en materia de procuración de justicia no sólo en el caso Ayotzinapa, sino en diversos casos de violaciones a los derechos humanos. Es importante recalcar que las instancias internacionales entran cuando los Estados son incapaces de dar una solución efectiva a los problemas que tienen frente a sí. Es por ello que México ha tenido tanto escrutinio, consejos y recomendaciones por parte de la comunidad internacional”.

Entrevistado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tras su participación en un foro sobre las decisiones judiciales en torno a la problemática de la tribu yaqui y el Acueducto Independencia, en Sonora, Quiroz indicó que AI da la bienvenida al grupo de expertos de la CIDH y exhorta al gobierno de Enrique Peña Nieto que les permita trabajar de manera independiente y sin trabas, además que se les brinde toda la información que requieran.


“En caso de que producto de su trabajo –dijo— haya críticas o señalamientos en torno a alguna deficiencia del trabajo del Estado, es necesario que éstas se tomen en cuenta de manera constructiva y positiva y no sean vistas con rechazo o como un ataque a la actual administración federal”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO

Amnistía Internacional demandará a la agencia que se negó a promover campaña sobre desaparecidos

La compañía de publicidad “Cinco M dos” se negó a difundir en el Metrobús y Tren Ligero de la Ciudad de México los carteles de Amnistía Internacional que denuncian las desapariciones, tortura y atentados a la libertad de prensa ocurridos en México.

La compañía de publicidad “Cinco M dos” se negó a difundir en el Metrobús y Tren Ligero de la Ciudad de México los carteles de Amnistía Internacional que denuncian las desapariciones, tortura y atentados a la libertad de prensa ocurridos en México, por considerar que se trata de “contenido politizado”, y en cambio ofreció publicar solo las imágenes correspondientes a feminicidios y migración.

Aunque había un contrato respecto al servicio de publicidad de los seis carteles de la campaña que busca concientizar sobre las violaciones a derechos humanos en el país, la empresa lo ha incumplido, por lo que Amnistía Internacional iniciará una demanda legal, informó Perseo Quiroz, director Ejecutivo de AI en México.

El pasado 6 de febrero, Animal Político publicó que la empresa frenó la publicación de la campaña prevista para el periodo del 15 de enero al 15 de febrero en 22 estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 del Metrobús y Tren Ligero, pese a que AI ya había realizado el pago de 40 mil 600 pesos por el servicio.

El argumento de la compañía fue que el contenido de los carteles no correspondía a una labor altruista, por lo que debían pagar la tarifa comercial (300 mil pesos) y no la especial ofrecida a organizaciones no gubernamentales; de no aceptar dicha propuesta, la empresa haría el reembolso del pago.

De acuerdo con Perseo Quiroz, entre las razones iniciales ofrecidas por los directivos era que la campaña podía provocar problemas con el gobierno del Distrito Federal. En la última reunión, realizada el 9 de febrero, argumentaron que los carteles en los que se explica que hay 22 mil desaparecidos en el país y las 7 mil casos de tortura se trata de “contenido politizado porque se señala como responsable al gobierno federal”.

Para solucionar el caso, Eduardo Guerrero, director de Mercadotecnia de “Cinco M Dos”, ofreció publicar la campaña solo con dos carteles (migración y feminicidios) además de los correspondientes a la campaña para la colecta de recursos de Amnistía Internacional que arrancará el 6 de marzo.

Amnistía Internacional rechazó la propuesta debido a que buscar tener miembros que donen “porque están conscientes de la situación de los derechos humanos y el trabajo que AI hace al respecto. (…) Aceptar una propuesta así es cerrar los ojos a una realidad dolorosa y creciente en el país y que no debemos permitir que sea reproducida en ningún espacio”, se responde a través de un oficio dirigido a José Manuel Farah, director de “Cinco M Dos”.

Aunque no hay pruebas para sostener que se trata de un acto de censura desde el gobierno local o federal, esto es un “reflejo del ambiente social que existe en México, donde mucha gente está pretendiendo cerrar los ojos a la realidad que estamos viviendo, esperando que eso abone a que solucionen o se superen los problemas”, afirma Perseo Quiroz en entrevista.

Como una alternativa, Amnistía Internacional colocará 45 mil carteles espacios en la avenida Insurgentes, aunque el impacto que se esperaba en las estaciones del transporte público era mucho mayor, toda vez que tan solo en el Metrobús circulan 710 mil usuarios a diario.

Quiroz considera que si bien la empresa tiene una concesión del espacio público, también “tienen el deber de permitir que haya discusiones de carácter público. Esos espacios no solo deben estar abiertos a temas meramente publicitarios sino a discutir temas que quizá puedan ser dolorosos pero que son parte de la actualidad mexicana y que necesitamos que la población se entere”.

“Cinco M dos” es una compañía dedicada a la publicidad en el transporte público y tiene como clientes a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, Canal 11, Infonavit, Instituto Nacional Electoral (antes IFE), Nacional Monte de Piedad, Bimbo, Banorte, entre otros.


Aunque dicho oficio fue enviado el viernes 13 de febrero, la empresa no ha respondido a Amnistía Internacional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Frenan campaña de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos en México

“Nos parece que esto tiene un contenido de censura aunque no se diga de esa manera”, dice Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

La campaña de difusión diseñada por Amnistía Internacional (AI) para concientizar a la sociedad mexicana sobre las 7 mil denuncias de tortura, los 22 mil desaparecidos y otras violaciones a derechos humanos, pretendía llegar a los más de 710 mil usuarios del Metrobús a través de carteles colocados en 22 estaciones, pero de último momento la compañía de publicidad “Cinco M Dos” frenó la publicación por considerar que se trataba de “contenido político” y determinó incrementar el costo del servicio.


Por tratarse de una organización no gubernamental, AI pagó una tarifa especial de 40 mil 600 pesos por la contratación de los espacios publicitarios en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 del Metrobús y Tren Ligero el 9 de enero de 2015, pero siete días después la empresa se retractó del convenio.

Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México, explica a Animal Político que la empresa le notificó la negativa a cumplir con el contrato debido a que los carteles –que habían sido entregados con anterioridad- tenían “contenido político” y no altruista.


“Nos llamaron por teléfono y nos dijeron que siempre no podían porque tenían un contenido político y ellos tenían una relación con el gobierno del Distrito Federal, no podían poner ese tipo de imágenes. Nos sorprendió porque ya estaba hecho el pago y las imágenes habían pasado por una serie de filtros de diseño”.

Andrea Ramírez, gerente Comercial Administrativo de la empresa, lo explicó así en un correo electrónico: “El programa de responsabilidad que manejamos está enfocado principalmente a causas altruistas, por ello es que únicamente les cobramos el costo de producción (…) al revisar el arte de su campaña, nos percatamos que no está enfocado a ninguna causa social altruista, si no más bien tiene un carácter político, el cual ya no cubre con el perfil de organizaciones a las que apoyamos bajo este esquema”.


Por ello, agrega, “en caso de requerir el servicio tendría que considerarse como una campaña de iniciativa privada como cualquier otro cliente”, es decir, con la tarifa regular que asciende a 300 mil pesos mensuales. O en caso contrario, les podrían devolver el dinero.

“Nos parece que esto tiene un contenido de censura aunque no se diga de esa manera”, pues si pagar 30 mil pesos significa un esfuerzo, pagar 10 veces más solo está al alcance de partidos políticos o empresas transnacionales, advierte Quiroz.


Aunque la campaña estaba prevista del 15 de enero al 15 de febrero, hasta el momento, las partes no han llegado a algún acuerdo, pues ambos mantienen su postura. Sin embargo, hasta que Amnistía Internacional advirtió que emprendería acciones legales debido al incumplimiento del contrato, se pactó una reunión con los representantes de la empresa para el próximo lunes 9 de febrero.

Aunque este medio solicitó, vía correo electrónico, una entrevista con el representante de la empresa, no hubo respuesta.


En tanto, el 19 de enero inició la colocación de los carteles de AI en la línea 3 del Metro que va de Indios Verdes a Universidad, y por la que circulan aproximadamente 20 millones de personas mensualmente. Cuando los funcionarios del metro revisaron los carteles, solo advirtieron que se trataban de “imágenes fuertes” por lo que debían revisar si el contenido podría ser difundido. Al final, no hubo impedimento para la publicación.

La campaña

Ante las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país, documentadas por Amnistía Internacional, la organización emprendió una campaña en redes sociales para informar sobre los miles de casos de tortura, desapariciones y la violencia que enfrentan migrantes, mujeres y periodistas.

Pero el alcance es limitado, reconoce Perseo Quiroz, pues solo una parte de la población tiene acceso a internet y en cambio, miles de personas de todas las edades ocupan el transporte público todos los días, por lo que el impacto podría ser mayor. Por primera vez, dice, decidieron probar el esquema de difusión en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y Tren Ligero.

Los carteles “retratan la realidad de lo que estamos viviendo” y aunado a la denuncia, llaman a la acción, sobre todo después de que miles han salido a las calles en diferentes protestas por la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

En los carteles se lee la leyenda: “Alguien debería hacer algo. Yo soy alguien”. La idea es “invadir el espacio público con esta campaña”, advierte el representante de AI en México, pues uno de los temas preocupantes, a raíz de las movilizaciones masivas, es que “se ha tendido a criminalizar la protesta social”.

“Lo que queremos hacer es que si la gente está cansada de las marchas, hay que buscar nuevas alternativas de movilización y de llegar a la gente con esos mensajes y una de ellas es la transmisión de mensajes a través de estos carteles”.


Además, dice Perseo Quiroz, otro objetivo de la publicidad es informar sobre las acciones de AI, pues el próximo 6 de marzo lanzará una colecta para solicitar apoyo económico, pues “es fundamental porque nos permite mantenernos independientes a los Estados y otras entidades financieras.  Nos permite tener independencia en nuestra voz, en nuestros posicionamientos en investigaciones”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Al menos tres detenidos por el caso Ayotzinapa denuncian tortura: Amnistía Internacional

La representación en México de la organización internacional indicó que investigan las denuncias de tortura de policías y supuestos criminales, ya que las autoridades han basado en testimonios los avances de la investigación.

Al menos tres personas, de los 98 detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, han denunciado que fueron víctimas de tortura, aseguran integrantes la organización Amnistía Internacional (AI).

Se trata “tanto de policías municipales y personas vinculadas a la delincuencia organizada”, cuyos familiares se acercaron a AI para denunciarlo, dice en entrevista Perseo Quiroz, director ejecutivo de la organización no gubernamental.

“Tenemos conocimiento de tres casos, pero eso no implica que sean los únicos. Sabemos que hay un grupo de padres de familia de los detenidos que están organizándose, que están intentando salir a la luz pública (pero) esperaremos sus tiempos”.

Afirma que el equipo de AI aún se encuentra en el proceso de documentación de los casos, toda vez que se trata de una “una alegación seria” en medio de un contexto en el que tortura es una práctica “sistemática” en México.

La denuncia cobra relevancia ya que la Procuraduría General de la República (PGR) ha basado el avance de las investigaciones en las declaraciones de los detenidos.

El 7 de noviembre pasado, el procurador Jesús Murillo Karam informó que tres integrantes del cártel Guerreros Unidos confesaron que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y posteriormente calcinados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, aunque hasta el momento no hay resultados científicos contundentes que confirmen los dichos.

Hace dos meses, las autoridades mexicanas enviaron al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, 16 restos humanos calcinados que fueron hallados en el río Cocula, los cuales presuntamente pertenecen a los normalistas que fueron atacados en un primer momento por policías municipales en Iguala, un municipio cercano, el 26 de septiembre pasado. En un informe presentado esta semana, los expertos dijeron que fue imposible identificar el perfil genético de los restos. Sin embargo, en diciembre dijeron que sí lograron identificar al estudiante Alexander Mora Venancio. 

Aunque se pregunta a Quiroz si los denunciantes fueron torturados para conseguir alguna declaración, asegura que aún se encuentran en el proceso de investigación.

“No tenemos conocimiento de todo, pero cuando el procurador da esa conferencia de prensa y muestra a los jóvenes detenidos, varios de ellos claramente aparecen golpeados. No estamos diciendo que ellos sean porque no hemos tenido conocimiento, pero se levantan todas estas dudas en un contexto donde la tortura es usada sistemáticamente”.

Érika Guevara, directora de regional para las Américas de Amnistía Internacional, asegura que ante esta sospecha, la PGR “tiene la responsabilidad de iniciar una línea de investigación seria frente a alegaciones de tortura como uno de los delitos y crímenes internacionales en materia de derechos humanos”.

De acuerdo con cifras de las Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2007 y 2011, recibió 110 denuncias por tortura y 4,732 casos de maltrato. En tanto, la PGR, abrió 58 averiguaciones previas entre 2008 y 2011 por este delito, pero solo cuatro resultaron en acusaciones directas y no hubo ninguna en sentencia, revela el informe de AI.

Cuando se investiga un probable caso de tortura, se aplica el Protocolo de Estambul, un mecanismo adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000 y mediante el cual se documentan los tratos recibidos y se entrega un reporte a las autoridades.

El Ejército debe ser investigado

En conferencia de prensa, los representantes de Amnistía Internacional pidieron que la PGR inicie una línea de investigación sobre la probable participación de elementos del Ejército en los ataques a los jóvenes normalistas el 26 y 27 de septiembre pasado.

“En medio de las preocupaciones sobre la posible complicidad de las autoridades locales y del ejército, es aún más importante que cada línea de investigación se explore a fondo y que no se deja piedra sin remover”, dijo Érika Guevara.

Esto porque a casi cuatro meses de los hechos, las investigaciones encabezadas por la PGR han sido “limitadas e insuficientes” para conocer con el paradero de los jóvenes, mientras que las detenciones de los que se cree como autores materiales han obedecido por los delitos de delincuencia organizada y no por lo ocurrido en Iguala.

Incluso, Perseo Quiroz advierte que parecería que existe un intento de deslegitimar la demanda de los padres de las víctimas, al hacerlos parecer como “intransigentes”, luego de la exigencia por revisar los cuarteles militares.

Ambos integrantes de AI explicaron que los jóvenes que sobrevivieron al ataque han denunciado que elementos del Ejército les negaron el auxilio a los heridos, los insultaron e ignoraron la denuncia sobre el ataque que habían recibido por parte de policías locales la noche del 26 de septiembre.

Guevara aseguró que la denuncia debe tomarse en cuenta, pues “no sería un caso aislado, existe un patrón que va desde la tortura hasta la desaparición forzada” por parte de autoridades del Estado.


México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, que no dista de la que tienen países en conflicto armado”, asegura Guevara; prueba de ello es que hay más de 23 mil desaparecidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Peña Nieto busca cerrar el caso Ayotzinapa, acusa Amnistía Internacional

MÉXICO, D.F: El gobierno de Enrique Peña Nieto pretende cerrar el expediente del caso Ayotzinapa para continuar con su agenda económica, acusó este miércoles Amnistía Internacional (AI).

Además alertó sobre los riesgos de perpetuar la impunidad en la desaparición de los normalistas ante los indicios de que algunos procesados habrían sido torturados.

En conferencia de prensa, los responsables de las oficinas de AI de América y México, Erika Guevara y Perseo Quiroz, respectivamente, manifestaron su preocupación por la consignación de exfuncionarios públicos por el delito de secuestro y no por desaparición forzada.

De igual manera, criticaron la resistencia de la Procuraduría General de la República (PGR) de abrir una línea de investigación que considere la presunta participación del Ejército mexicano por acción u omisión en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Luego de informar que el pasado martes 20 se reunieron con familiares y padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa –después de que el procurador Jesús Murillo Karam anunció la remota posibilidad de identificar los restos, así como el agotamiento de la línea de investigación seguida por la dependencia–, los defensores consideraron que hay actuaciones que no han sido suficientemente agotadas.

Guevara Rosas mostró su preocupación por que el anuncio de Murillo Karam, dijo, es “una justificación que utiliza la PGR para confirmar su línea de investigación y empezar a cerrar filas frente a estos graves crímenes. Nosotros consideramos que múltiples líneas tienen que seguir abiertas”, subrayó.

La representante regional de Amnistía Internacional señaló que la intención de cerrar el caso Ayotzinapa es “reflejo del gobierno de Peña Nieto para intentar limpiar su imagen y que la mirada internacional se dirija hacia otro lado y dar paso a las grandes inversiones extranjeras, que se vinieron abajo”.

Añadió: “La prisa de cerrar el caso y volver con un aparato publicitario para anunciar que todo está bien, es un intento por ocultar esta crisis de derechos humanos y meterla por debajo del tapete, pero es muy tarde para eso”.

La defensora reveló que de acuerdo con información proporcionada a representantes de AI por la Embajada de México en Londres, donde la organización tiene su sede, “la PGR consignó a los primeros detenidos por desaparición forzada, pero el juez de la causa reclasificó el delito como secuestro, por lo que las subsecuentes consignaciones fueron presentadas por ese delito. La explicación que dio la cancillería es que por ser el secuestro un delito con mayor penalidad, el juez hizo la reclasificación”.

Al insistir en la necesidad de investigar la responsabilidad de integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, “porque no es creíble que el nivel de colusión con el crimen organizado quede solamente en el alcalde (José Luis Abarca)”, la directora regional de AI puntualizó que el caso de Ayotzinapa no puede darse por concluido porque hay “alegaciones serias de tortura” por parte de los procesados.

“Sabemos, por los representantes legales de las familias de los estudiantes, que ha habido ya denuncias de personas que han sido detenidas. En algunos casos se han implementado los protocolos establecidos por la ley –el Protocolo de Estambul–, que han salido positivos, pero no sabemos de investigaciones que se estarían haciendo por parte de la PGR frente a estos hechos”.

Y advirtió: “Amnistía Internacional va a continuar investigando para tener mayor claridad de estos casos de potencial tortura y malos tratos”.

Perseo Quiroz abundó que la organización civil ha conocido de al menos tres casos de posible tortura cometida contra expolicías y presuntos miembros de la delincuencia organizada, “pero esto no implica que son los únicos, sabemos que hay un grupo de padres de familia de los que están detenidos, que están organizándose para salir a la luz pública”.

Consideró que de comprobar la tortura, se confirmaría que “el Estado está utilizando más herramientas de violaciones a derechos humanos para solucionar temas de violaciones a derechos humanos”.

Sobre el procesamiento de exservidores por secuestro y no por desaparición forzada, el director de Amnistía en México sostuvo que “más allá de cuántos años echan en la cárcel a las personas, el tema central es de verdad y justicia, de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en este tema”.

Subrayó: “El delito de desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos cometida por el Estado, y la reclasificación lo que hace es negar la participación del Estado, reduciéndolo a un asunto en el que participaron agentes privados”.

De acuerdo con Perseo Quiroz, la consecuencia jurídica de la reclasificación podría ser “el alargamiento de estos procesos, porque justamente lo que los padres van a buscar es que haya un reconocimiento de que fue una desaparición forzada, por eso decimos que no vemos que sea una investigación a prueba de balas, podría generar impunidad”.

En vísperas de que se cumplan cuatro meses de la desaparición de los normalistas, Quiroz alertó sobre una intentona del gobierno de Peña Nieto para criminalizar a los padres de familia por los hechos violentos que se han registrado durante las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los jóvenes.

“Amnistía Internacional siempre ha promovido la protesta social pacífica y consideramos que debe haber límites. Si hay alegaciones de violencia en las manifestaciones, lo que tendría que haber es una investigación por parte del gobierno y de las procuradurías”, apuntó.

Respecto de las expresiones reprobatorias del movimiento por parte de algunos representantes empresariales, consideró respetables esos puntos de vista, pero advirtió que en el fondo su planteamiento es que “en este país vale más una cuestión económica que la vida de 43 personas o la vida de 22 mil. Que puede seguir habiendo muertos y desaparecidos mientras no me toquen mis intereses económicos, y es un tema que nos ha llevado a donde estamos hoy. Si hacemos caso a estas opiniones se va a profundizar esta crisis”.


Los representante de Amnistía Internacional también anunciaron el arranque de la campaña #Noesnormal, con la que se pretende concientizar a los ciudadanos a no normalizar la violencia en el país.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

PGR falló en investigación sobre el caso Ayotzinapa: AI

La Procuraduría General de la República debe abrir diversas líneas de investigación sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues hasta ahora, la principal hipótesis sigue dejando preguntas sin resolver, señala.

Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para América, indicó que las preocupaciones de su organización, sobre el caso Ayotzinapa, “no son muy distintas de las preocupaciones que tenemos frente a cómo el gobierno ha enfrentado la crisis de derechos humanos, una crisis que se ha profundizado durante los últimos años.

Este caso es emblemático de una situación que cruza el país, que realmente ha afectado el tejido social y que muestra la incapacidad de las autoridades mexicanas para atenderlo, de la forma en que están comprometidas, tanto por su legislación nacional, tanto por la legislación internacional. Estamos hablando del caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes, con evidencia clara de la colusión del Estado, de las autoridades del Estado y de las autoridades que son supuestamente responsables de brindar la seguridad”.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, subrayó que a Amnistía Internacional le preocupa que la investigación de la PGR, sigue dejando preguntas.

“Se conoce, y los padres y las madres así lo refirieron, de un posible involucramiento, ya sea por acción u omisión, de los militares del batallón 27 de Iguala, tanto en el conocimiento que tenían de la penetración del crimen organizado en los municipios de Iguala y Cocula, como potencialmente en la participación de los actos”, apuntó.

Ante ello, sostuvo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe abrir diversas líneas de investigación sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Comentó que se reunieron con los familiares de los desaparecidos y junto con ellos compartieron las preocupaciones del caso.

Expuso que escucharon de los padres y madres el nivel de frustración, decepción  y desconfianza que tienen en los resultados de las investigaciones, que hasta ahora ha dado a conocer la PGR.

Guevara llamó a “poner atención a este caso, que desafortunadamente no es un caso aislado, es un caso emblemático de una profunda crisis de seguridad y derechos humanos que vive México”.

Sobre este caso, AI emitió un comunicado la mañana de este jueves: 

México: La investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes está lejos de ser concluyente

La Procuraduría General de la República (México) ha fallado en investigar adecuadamente todas las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, manifestó Amnistía Internacional, tras reunirse con familiares de las víctimas.

En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, expertos de Amnistía Internacional harán una crítica a las inconsistencias en las investigaciones supervisadas por el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam,  se exigirá la no criminalización de los padres y las madres de los 43 estudiantes y las organizaciones que los acompañan, esbozándose las demandas de los mismos.

En días recientes, la Procuraduría General afirmó que todas las líneas de investigación ya se han agotado. “Tenemos una lista de preocupaciones sobre la forma en que la investigación se ha ejecutado y si toda la gama de estos crímenes, incluyendo la desaparición forzada y el asesinato de seis personas cuando los estudiantes fueron atacados, se han abordado plenamente”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora Regional para las Américas de Amnistía Internacional.

“En medio de las preocupaciones sobre la posible complicidad de las autoridades locales y del ejército, es aún más importante que cada línea de investigación se explore a fondo y que no se deja piedra sin remover.”

Este último llamado se da un día después de que los científicos forenses austríacos anunciaran que habían sido incapaces de identificar el ADN de los restos quemados encontrados en una fosa común. Otras pruebas sobre las muestras podrían tardar meses en ser analizadas.

La desaparición forzada de los estudiantes ha resaltado el atroz historial de derechos humanos del país. Más de 100,000 personas han sido asesinadas en México desde la “guerra contra las drogas” que se inició en 2006; al menos 23,000 personas están desaparecidas, según datos oficiales. Miles de comunidades han sido desplazadas por la violencia creciente y Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas.

“La desaparición de los estudiantes es un crimen que ha conmocionado al mundo. Esta tragedia ha cambiado la percepción distorsionada de que la situación de los derechos humanos ha mejorado en México desde que el presidente Peña Nieto tomó el poder. Hay miles de casos que apenas han sido investigados en México y que ya no pueden ser ignorados “, dijo Erika Guevara Rosas.


“Aún queda mucho por hacer para investigar los numerosos casos en los que hay indicios de colusión por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad en violaciones de los derechos humanos, por ejemplo la ejecución masiva de civiles en Tlatlaya y las masacres de personas migrantes. Trágicamente, la impunidad por estos terribles crímenes sigue siendo la norma. Instituciones federales y estatales no están cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos, enviando el mensaje de que estos abusos están permitidos “, concluyó Erika Guevara Rosas.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.