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Deforestación sin permisos se agudiza en QRoo por el Tren Maya, acusan agrupaciones

Máquinas y tractores en la selva dentro de Quinta Roo están talando miles de árboles y aislando a animales en el tramo cinco del Tren Maya de Cancún a Tulum, una zona única en el mundo por sus cenotes y cuevas subterráneas, también tapadas sin permisos ambientales, advirtieron científicos apartidistas.

Sin permisos ambientales, la tala de árboles y cobertura de cuevas subterráneas en Quintana Roo se ha agudizado para abrir paso al Tren Maya en el tramo Cancún-Tulum, alertó la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas (UMAE), dedicada a promover la conservación de las aguas subterráneas, consideradas patrimonio biocultural por ser una mezcla de biodiversidad, vestigios prehispánicos, selva y mar Caribe.

La asociación civil Moce Yax Cuxtal, con sede en Playa del Carmen, calculó —a partir de un estudio en Puerto Morelos— que se desmontarán alrededor de 8 millones de árboles de la selva quintanarroense.

Programa ambiental conservaría Holbox al 99%

El programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Yum Balam, Quintana Roo, fue publicado en el Diario Oficial 24 años después de que se estableció el área natural protegida, pese a que la legislación establece que a más tardar en un año se debe poner en marcha. Ahí se encuentra la isla Holbox, en el ojo de desarrolladores inmobiliarios, por su riqueza ambiental.

México-Toluca: el tren que arrasa con ejidos

CIUDAD DE MÉXICO: Pese a que un juez ya ordenó “la suspensión definitiva” de la obra del tren interurbano México-Toluca, en el tramo que corre por San Lorenzo Acopilco la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) continúa realizando ilegalmente la construcción de esta polémica vía ferroviaria que daña el equilibrio ecológico y viola los derechos agrarios de los 2 mil 344 comuneros de esta localidad, asentada en una tupida zona boscosa de la delegación Cuajimalpa.

Don Alfredo Reyes Mejía, representante de los comuneros, comenta indignado: “Ganamos el amparo que interpusimos contra la construcción de esa obra, pues la están haciendo en nuestras tierras sin siquiera habernos consultado. El juez nos dio la razón; determinó que esa obra es ilegal y debe suspenderse. ¡Pero nada! Los trabajos continúan. Ahorita dentro de nuestros cerros están perforando un túnel para que por ahí pase el tren”.

La CNDH urge a gobiernos diseñar planes sobre educación ambiental

Ante el aprovechamiento ilícito de recursos ecológicos y la emisión de contaminantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó la importancia de la educación ambiental para preservar el equilibrio ecológico.

En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra – que se conmemora este 22 de abril—, la CNDH externó su preocupación por el agotamiento irreversible de los ecosistemas de la Tierra y los efectos adversos del cambio climático.

Cemda: Gobierno de EPN es el más peligroso para ambientalistas; Edomex donde hay más denuncias

A lo largo de 2016, 63 activistas ambientales fueron objeto de distintas agresiones en todo el territorio nacional. Éstas van desde amenazas; criminalización y detenciones ilegales; agresiones físicas, hasta asesinatos.

El país gobernado por Enrique Peña Nieto sigue siendo peligroso para los defensores del agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna; y las agresiones son perpetradas principalmente por el propio Estado, denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) al presentar por tercer año consecutivo el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México.

Alejandra Leyva, del Cemda, informó que a lo largo de 2016, 63 activistas ambientales fueron objeto de distintas agresiones en todo el territorio nacional. Éstas van desde amenazas; criminalización y detenciones ilegales; agresiones físicas, hasta asesinatos.

Ante esta situación, la experta en derechos humanos señaló: “el Estado mexicano debe de realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales, y evitar a toda costa que puedan ser las propias autoridades, en los tres niveles de Gobierno, quienes cometen o tienen participación en las agresiones”.

Lo anterior porque el 43 por ciento de las 63 agresiones a los activistas fueron perpetradas por autoridades del Estado mexicano de los distintos niveles; el 14 por ciento por particulares; el 7 por ciento por personal de las empresas en cuestión; el 3 por ciento por personas de la misma comunidad y el 2 por ciento, por grupos del crimen organizado; sin embargo, en el 31 por ciento no fue posible identificar a los agresores.

Además, el análisis arrojó que las entidades con más ataques a los defensores son el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno; le sigue Oaxaca, con 6; Puebla con 5, Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatan, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y la capital mexicana con un caso cada uno.

Pilar Tavera, directora del CIC- Propuesta Cívica, expresó que dicho informe es una radiografía de cómo “les ha ido” a quienes se atreven a defender el medio ambiente y los derechos a la vivienda, a la salud, a la información y a la participación.

El Cemda destacó que los tipos de megaproyectos y actividades donde más se regustraron agresiones son los hidráulicos, con 17; proyectos mineros, con 10; de infraestructura, 8; y los hidroeléctricos, con 7.

“Se trata de tipos de megaproyectos que históricamente han mostrado ser fuente de conflicto en México por sus graves impactos ambientales, sociales y culturales”, puntualizó la ONG.





Fuente: Sin Embargo
Autora: Ivette Lira
http://www.sinembargo.mx/17-01-2017/3137158

Con apoyo del Gobierno, los megaproyectos pisotean DDHH de indígenas y arrasan la naturaleza: Cemda

Son múltiples los efectos que causan los megaproyectos en distintas zonas del país. Entre los impactos negativos se encuentran el uso desmedido de recursos naturales; la contaminación del aire, agua, flora y fauna; los conflictos sociales y la división de comunidades, la mayoría de ellas conformadas por indígenas, denunció el Cemda.


La legislación en México favorece el desarrollo de megaproyectos de distintos tipos, capaces de pisotear los derechos humanos de los habitantes –principalmente de comunidades indígenas– y de arrasar con los recursos naturales, denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), durante el “Seminario de Agua, Ambiente y Derechos Humanos”, realizado en Cuernavaca, Morelos.

En entrevista para SinEmbargo, Andrea Daviede Ulisse Cerami, del Cemda, definió que un megaproyecto es cualquier obra o actividad de grandes dimensiones que produce un impacto ambiental, social o sobre los derechos humanos, y que no necesariamente es negativo: puede, por ejemplo, tener consecuencias en la forma de vida, en las actividades diarias y el desarrollo cotidiano de los seres humanos.
“Las personas tienen una forma de desarrollarse y un proyecto que modifique esa forma de desarrollo puede ser considerado un megaproyecto”, comentó.
Son múltiples los efectos que causan los megaproyectos en distintas zonas, entre los impactos negativos se encuentran el uso desmedido de recursos naturales; la contaminación del aire y agua; daños a la flora y fauna; los conflictos sociales y la división de las comunidades, ya que algunas están a favor de las obras y otras más en contra.

Por ello, Ulisse Cerami aclaró que el Cemda no tiene una postura absolutamente contraria a todos los megaproyectos, pues siempre es necesario evaluar cada caso.
“Hay megaproyectos que son muy útiles como la construcción de una escuela o de un hospital. El punto es que la sociedad debería fiscalizar las decisiones que toma la autoridad, no aceptar la decisión porque la tomó un Gobernador o un Presidente. Los ciudadanos deberían exigir que todos los megaproyectos cumplan con los requisitos, ya que estos deben ser necesarios, racionales y proporcionales”, destacó.
En ese sentido, el especialista denunció que muchas veces no existe control sobre los megaproyectos ni un sistema de gestión ambiental verdaderamente efectivo, y agregó que diversas empresas tienen una lógica que no les permite detenerse a pensar y evaluar los daños o la excesiva utilización de los recursos naturales y los efectos nocivos que podrían causar a las comunidades, principalmente indígenas.

EL ESTADO FAVORECE MEGAOBRAS

En México existen innumerables megaproyectos que afectan comunidades indigenas en todo el país, desde los mineros, turísticos, de infraestructura hidráulica, de generación de energía eólica, de agriculturas transgénicas, entre otros.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades mencionadas, “requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental” de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

No obstante, el ambientalista expuso que uno de los problemas más graves “es que muchas veces la decisión empresarial del proyecto se basa solamente sobre una cuestión de gastos, de costos y no sobre una cuestión de cumplir con determinados tipos de criterios, ahí el Estado es quien debería exigir el cumplimiento de criterio, pero eso es lo que falta muchas veces en la implementación normativa”.

Aunado a ello, dijo, el Gobierno federal ha continuado con la política de otorgamiento de concesiones sobre recursos naturales en materia de megaproyectos, “es una política que venía ya de los gobiernos anteriores y han continuado con el otorgamiento de concesiones y hasta han cambiado el marco legal para hacer más fácil el emprendimiento empresarial sobretodo en materia energética, en materia de hidrocarburos para abrir el mercado a empresas privadas, pero más allá de eso nos preocupa el otorgamiento de concesiones petroleras, mineras, de eólicos, de recursos naturales cuando no hay una evaluación clara, estratégica del impacto sobre el territorio”.
“La legislación en materia podría ser mejorada, se le podrían dar más atribuciones a los organismos de control, sin embargo, falta la implementación de la legislación, más que la legislación”, aseguró.
MINERÍA, LA ACTIVIDAD MÁS NOCIVA


De acuerdo con Cerami, la minería es una de las actividades más nocivas para el medio ambiente, sin embargo, –reconoció– “es necesaria porque si no no tendríamos aparatos tecnológicos que actualmente la mayoría utilizamos: todos usamos computadoras, todos usamos celulares, es, lo llamamos, un mal necesario, el punto es dónde la llevan a cabo, si la hacen sobre un sitio sagrado de un pueblo indígena o sobre un área natural protegida, entonces sí tengo mis dudas”.

En cambio, dijo, si es realizada en lugares donde hay menos afectaciones y con una serie de medidas ambientales, puede traer más beneficios que perjuicios. Para ello propuso que no sea ejecutada a cielo abierto, sino subterránea.

No obstante, según el ambientalista, en nuestro país existen 29 mil concesiones mineras otorgadas por el Estado

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-06-2016/3059544