Gobierno de México, por negocio, avala plaguicidas prohibidos y que causan cáncer, dice informe

Organizaciones de la sociedad civil y especialistas alertaron que la aplicación de 183 plaguicidas, autorizados por autoridades mexicanas para uso agrícola, urbano y/o industrial, pueden llegar a provocar distintos tipos de cáncer, problemas reproductivos e incluso la muerte. Fernando Bejarano González, coordinador del informe “Los plaguicidas altamente peligrosos en México”, expuso que 140 del total de esas sustancias se encuentran prohibidas en otros países. “[Los mexicanos] estamos en un experimento social sin estar informados y sin que las autoridades protejan nuestros derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano”, criticó.

Las autoridades mexicanas permiten el uso de más de 180 plaguicidas altamente peligrosos que impactan negativamente en la salud de la población y en el medio ambiente, denunciaron organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia.

Durante la presentación del informe “Los plaguicidas altamente peligrosos en México”, Fernando Bejarano González, de la Red de Acción Sobre Plaguicidas y Alternativas en Mexíco (Rapam), coordinador del informe, alertó que en el país se permite la aplicación de 183 plaguicidas autorizados para uso agrícola, urbano y/o industrial, mismos que pueden llegar a provocar distintos tipos de cáncer, problemas reproductivos e incluso la muerte.

Greenpeace exige registro de plaguicidas de uso regular al gobierno de México

La organización defensora del ambiente Greenpeace interpuso un amparo en tribunales y una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir que el gobierno mexicano registre los plaguicidas utilizados con mayor frecuencia en los campos del país, particularmente los que son altamente tóxicos y que representan un riesgo para la salud de las personas y otros seres vivos.

A pesar de que en otros países o regiones están prohibidos, México utiliza más de 180 sustancias altamente tóxicas como plaguicidas, de acuerdo con los datos de la organización ambientalista. Ante ello, es urgente que el gobierno tenga una definición clara de lo que es una “sustancia peligrosa” para retirarlas de forma progresiva, de común acuerdo con las empresas que las fabrican, señaló la asesora legal de campañas Greenpeace México, María Colín.