Perforación de pozos en Tláhuac dañó casas, dice diputada

México, DF. La diputada federal Xóchitl Hernández informó que la perforación de pozos en Tláhuac, por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), ha causado grietas en el pavimento y daños en casas.

Refirió que a partir de hoy, vecinos de la colonia Selene realizan un bloqueo entre las calles Estanislao Ramírez y Laguna de Ensueño, en protesta por las fisuras que han sufrido sus viviendas.

La legisladora señaló que las personas afectadas en su propiedad indican que se debe a la perforación de pozos para extracción de agua, que personal del sistema de aguas realiza desde hace varias semanas.

“En varias ocasiones se ha solicitado a la instancia local el estudio de impacto ambiental así como los estudios de suelo correspondientes para llevar a cabo esta obra, pero no se ha obtenido ninguna respuesta”, dijo.

Xóchitl Hernández aseguró que los bloqueos continuarán hasta que se presenten el jefe delegacional, Rigoberto Salgado Vázquez, así como el director general de Sacmex, Ramón Aguirre Díaz, y se comprometan a detener definitivamente las obras y determinar el daño a casas habitación y a las vialidades.

Fuente: La Jornada

Autor: Enrique Méndez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/23/perforacion-de-pozos-en-tlahuac-provoco-danos-en-casas-asambleista-6022.html

Fundación ligada a Coca Cola quiere controlar agua en Ocotepec, Puebla

PUEBLA, Pue: Habitantes del municipio de Ocotepec solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para evitar que la organización religiosa de Estados Unidos Living Water, ligada a la Coca Cola y a la empresa Chevron, tome el control del agua de esa comunidad.

Vecinos de esa comunidad, ubicada en el centro de la entidad, conformaron ayer domingo el Comité de Defensa del Agua y los Recursos Naturales de Ocotepec y, en sus primeras acciones, acudieron este día a las oficinas de la Profepa y de la CEDH para entregar escritos en los que manifiestan su oposición al proyecto “privatizador” de agua de esa zona.

Según el ayuntamiento de Ocotepec, la participación de la organización estadunidense Living Water se limita a otorgar “de manera altruista” la tubería y los materiales para construir un depósito de 150 mil litros de capacidad a fin de rediseñar el sistema hidráulico de ese municipio.

Sin embargo, los habitantes de esa comunidad consideran que estas obras son un paso para entregar el control del agua de la región a Living Water, la cual tiene su sede en Standford, Texas, y fue creada por Harry Westmoreland, empresario ligado a la industria petrolera de Estados Unidos.

Los opositores al proyecto consideran que la intervención de la organización estadunidense tiene que ver con los múltiples proyectos mineros e hidroeléctricos que se tienen previstos para esa zona y para la sierra nororiental de Puebla.

Además, la organización de corte religioso, cuyo lema es “Dar un vaso de agua en el nombre de Jesús”, recibe donaciones de empresas como Femsa, propietaria de la Coca Cola, y de la petrolera Chevron.

Oswaldo Villegas Martínez, presidente del Comité de Defensa del Agua, pidió a las autoridades intervenir para evitar una confrontación social, ya que este proyecto ha despertado el rechazo generalizado de los habitantes de Ocotepec, que ayer abarrotaron el auditorio ejidal para organizar la resistencia.

Los pobladores acordaron recurrir a amparos y denuncias en distintas dependencias estatales y federales para exigir la salida de la organización de esa comunidad, por considerar un riesgo que uno de los recursos más importantes para la vida sea manejado por extranjeros.

También señalaron que en una parte del convenio firmado con Living Water el ayuntamiento accede a que la fundación cristiana tenga acceso a escuelas, espacios públicos, centros de salud y otras instalaciones del municipio.


En la reunión que sostuvieron este domingo, los habitantes advirtieron a las autoridades municipales de que si realmente existe la necesidad de llevar a cabo ese rediseño de la red hidráulica, se realice con recursos públicos y no con dinero de organizaciones cuyos intereses reales se desconocen.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

En Minatitlán reciben agua con olor a petróleo; afecta la salud, reclaman

Coatzacoalcos, Ver.- Los problemas por el agua se mantienen en el municipio de Minatitlán, ahora los ciudadanos están revisando la calidad del líquido que les suministra la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CAEV), ya que mencionan que huele mucho a petróleo y afecta su salud.

Habitantes de las colonias Ejido Tacoteno, Gravera, Obrera y Cuauhtémoc manifestaron que desde el cierre de la presa Yuribia enfrentan muchos problemas con el servicio de agua, ya que llega de manera esporádica.

El pozo que se construyó para abastecerlos tampoco ha dado resultados, ya que el agua tiene un olor penetrante a petróleo, lo que encendió las alarmas entre los usuarios. Debido a esto exigieron al organismo de cuenca que realice un análisis de la calidad del agua para confirmar que es apta para el consumo humano.

Informaron que dentro de 20 días se entregarán los resultados de los análisis hechos al agua extraída del pozo que se construyó en la colonia Cuauhtémoc, el cual abastece al menos tres colonias más. Los vecinos sostuvieron una reunión con el jefe de las oficinas operadoras de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Clemente Gómez Duvel, a quienes le anunciaron que ellos también realizaran un estudio similar.

Con aportaciones de todos los vecinos contrataron a una empresa certificada para hacer los estudios del líquido, con el fin de compararlos con los que la dependencia entregue y poder estar seguros que no afectará su salud.
En caso de que el agua sí tenga algún elemento tóxico, exigirán el cierre del pozo, el cual apenas se empezó a explotar hace menos de quince días y exigirán que se construya otro nuevo.


En la reunión, Gómez Duvel realizó una prueba de carbono a la muestra que llevaron los vecinos, a la cual se le eliminó el olor a combustible, aunque para ellos, este procedimiento no les comprueba que esté libre de tóxicos.

FUENTE: LA JRONADA DE VERACRUZ.

Consumen solas Coca y Nestlé tanta agua como la población de Coatepec

La cantidad anual de agua de manantiales subterráneos que consumen en conjunto las transnacionales Coca Cola y Nestlé ubicadas en el municipio de Coatepec suma casi el mismo volumen que la población de esa ciudad sin contar que los aprovechamientos son distintos, pues uno es para consumo humano y el otro para hacer negocio.

Según el director general de CMAS de Coatepec, el ingeniero Abner Noel Rivera Guevara, la ciudad cuenta con 18 mil tomas regularizadas, que consumen cada una 7 m3 al mes, lo que suma al año un millón 512 mil m3; cabe destacar que muchos domicilios están en distintos regímenes ya sea de condominio, comercial o fusionan usuarios por lo que podrían ser más consumidores que dependen de esas tomas de agua.

En el Registro Público de Derechos del Agua (Repda) –portal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que revela los títulos y los permisos de dichas empresas sobre el vital líquido– indica que el titular PANAMCO GOLFO S.A. DE C.V. ubicado en el municipio de Coatepec, perteneciente a la Coca Cola, tiene a su disposición cuatro aprovechamientos superficiales que extraen un volumen de agua al año de 757, 768, 00 m3. En ese mismo esquema NESTLÉ MEXICO S.A. DE C.V. cuenta con un aprovechamiento superficial con una cuota de 409, 968, 00 m3 al año.

Es decir que las dos empresas en conjunto extraen un millón 167 mil 736 m3, sin considerar que ambas pueden pagar multas por sobreconsumo. Lo que conviene destacar es que esta proporción del líquido se utiliza en su totalidad para la elaboración de derivados lácteos, bebidas carbonatadas o su venta directa embotellada, que se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos de Coca Cola.

Uno de los pozos que arroja la mayor cuota de m3 de agua (410 mil m3) y que comparte la PANAMCO con Nestlé, con una latitud de 19°27’32.00″ y una longitud de -96°56’35.00″ se encuentra en el predio de Nestlé conforme a la búsqueda de Google Maps y es de ahí de donde ambas trasnacionales obtienen casi la mitad de sus necesidades.

En un ejercicio de cálculo de cómo se comercializa este recurso natural, se concluyó que las ganancias de Coca Cola al año son alrededor de mil 100 millones de pesos, considerados a partir de los precios y del uso de agua de dicha compañía, de casi 758 mil m3 que extrae al año, costo al que por supuesto le agrega su gastos internos de comercialización. Se estima que para la venta al público hay un costo de 1.45 pesos por cada litro de un garrafón de 20 litros, con precio al público de 29 pesos.

Por consiguiente, el precio del agua pura que consumen los clientes de la corporación en Coatepec y sus alrededores es de 1.45 pesos, no obstante, el costo de los productos procesados como los refrescos se eleva; así, un litro de refresco tiene un precio promedio de 10 pesos al público.

Conagua solapa a las empresas privadas

Si bien los recursos hidrológicos son un bien público, el uso industrial que realizan distintas empresas, señaladamente las antes mencionadas, están bajo las condiciones de confidencialidad que la Conagua permite para declarar sobre la extracción puntual y las ganancias de la mercantilización del agua a la ciudadanía; de las enormes ganancias que les representa, tanto Coca Cola como Nestlé no retribuyen ni un peso al órgano regulador municipal del agua, en ese caso de la región de Coatepec.

Al respecto, el ex director del Fidecoagua, Martín Quitano Martínez, coincidió que el uso del agua debe ser del conocimiento público para evitar especulaciones sobre las condiciones en que operan las empresas privadas sobre el usufructo del recurso nacional.

Aunque el municipio no ha tenido un problema en el abasto del agua, porque para su consumo sus habitantes dependen de las fuentes de los mantos acuíferos e incluso tiene “50 años de agua garantizada”, 60 por ciento del líquido en la localidad se desperdicia y disminuye por fugas, tomas irregulares, la tala clandestina en las áreas de los ríos y la parte alta de Coatepec, explicó el director de CMAS Coatepec, Abner Noel Rivera Guevara.

Esto sin considerar que los acuíferos de la región hidrológica del Papaloapan homologado (Xalapa-Coatepec) dependen también sus periferias, como la capital Xalapa, que de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), son 457 mil 929 habitantes y en conjunto con la población de Coatepec suman 557 mil 929 ciudadanos que dependen de esas fuentes.

Así, mediante el programa Fidecoagua –fideicomiso que busca la conservación de los bosques mediante el pago de los servicios ambientales– las empresas como Coca Cola y Nestlé reforestan las faldas del Cofre de Perote.

Durante la administración de Quitano Martínez en el Fidecoagua, Coca Cola adoptó 230 hectáreas y Nestlé 110 hectáreas, con una aportación de mil 100 pesos cada hectárea, es decir que repoblar esa zona para justificar el lucro del líquido de dominio público, a la Coca le costaba apenas 253 mil pesos en comparación con sus ganancias aproximadas de mil 100 millones de pesos; de igual manera Nestlé sólo gastó en la reforestación 121 mil pesos.

La privatización del agua

El diputado del PT, Fidel Robles Guadarrama expresó que la venta del agua de estas industrias muestra la anticipada privatización del bien hídrico. Aunque hay una veda para abrir pozos por el agotamiento de las corrientes subterráneas, la explotación de la materia prima es gratuita, “no hay ningún cobro de impuesto de pago a la Federación, pues el agua no tiene un valor, se cobra el servicio, el mantenimiento e infraestructura”.

Todavía no hay una legislación que regule los millones de litros que se extraen de los pozos artesianos, pero la nueva Ley General de Aguas dará el valor constitucional al uso de ese recurso, manifestó el petista.

Además, urgió a dar a conocer la información que la Conagua cataloga de “carácter privado”, pues es un derecho constitucional, “no quieren reconocer que no pagan nada. Si acaso, el servicio de la toma y ni eso, porque ellos mismos se surten de lo que extraen de los pozos”.


Lejos de que los pobladores de Coatepec, Xalapa y sus alrededores obtengan algún beneficio más allá del laboral, no hay ninguna retribución para esos municipios que se equipare a la plusvalía de las transnacionales.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
AUTOR: FADIA MORENO.

El polémico acueducto Monterrey VI no tiene ni predio

El proyecto consta de 386 kilómetros de largo y el objetivo es que transporte agua desde los límites de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas hasta la Presa Cerro Prieto, en Nuevo León.

El proyecto del acueducto Monterrey VI no se va a cancelar, afirmó hace un mes, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina; sin embargo, este lunes el diario Reforma publica que no tienen ni el predio para dicha obra multimillonaria.

De acuerdo al periódico, la construcción no ha iniciado, y no se tienen asegurados los terrenos correspondientes para que se lleve a cabo.

También recopilaron el testimonio de algunos habitantes del lugar, que afirman que sólo han recibido una parte del dinero por su propiedad, pero no todo.


Cabe recordar que organizaciones e integrantes de la sociedad civil se han manifestado contra la obra, por las afectaciones ambientales que podría provocar, pero las autoridades han insistido en que no hay marcha atrás.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Agua sobre la mesa

En el Día Internacional del Agua, legisladores anunciaron que se realizarán diálogos y consultas ciudadanas para debatir la polémica Ley de Aguas.

En México el Día Internacional del Agua llegó en un momento clave. La falta de acuerdo en el Congreso por la nueva Ley General de Aguas mantiene a este recurso vital en la mira.

Diputados del PRD anunciaron ayer la convocatoria para realizar diversos foros donde participe la sociedad civil y expertos en materia, y así enriquecer el dictamen que busca aliviar el estrés hídrico que padecen más de 79 millones de mexicanos.

En conferencia de prensa, los diputados federales Alejandro Sánchez Camacho, la legisladora con licencia Aleida Alavez Ruiz, y el diputado local Alejandro Ojeda Anguiano anunciaron que se realizará un diálogo nacional y una consulta popular sobre el tema. 

Agregaron que el próximo jueves en la Asamblea Legislativa del DF se efectuará un foro al que asistirá el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y especialistas en la materia.

Llamado a partidos

Los legisladores también hicieron un llamado a los demás grupos parlamentarios a tener voluntad para un diálogo que salvaguarde la rectoría del Estado en el manejo del agua.

Y es que mientras los partidos de izquierda acusan que la nueva legislación pretende la privatización del recurso, el PRI sostiene que el modelo de participación de empresas privadas no significará lo anterior.


Alavez aclaró que no están en contra del capital privado, sino de las concesiones para el manejo integral del agua.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

“Defiende tu agua, defiende tu vida”, piden artistas mexicanos en video

Personalidades del mundo del espectáculo lanzaron un video en defensa del agua en el que exponen los motivos por los que se oponen a la nueva Ley General de Aguas Nacionales y exigen una que retome la opinión ciudadana y garantice el acceso en cantidad y calidad suficientes al líquido.

Actores como Rafael Inclán, Héctor Bonilla y Claudia Ramírez dicen rechazar "el dictamen ilegal de la iniciativa de la Ley General de Aguas que no cumple con el Derecho Humano al agua y no considera las propuestas por parte de la academia y la ciudadanía".

A partir de la premisa “Yo necesito agua para vivir, ¿y tú?”, estos artistas retan a la sociedad a involucrarse en un problema que compete a todos. El agua, sostienen, es la vida, y necesitamos una ley que la proteja. “Defiende tu vida, defiende tu agua”, exhortan.

“uno de cada 10 mexicanos no tiene agua en su casa y a tres de cada diez le llega poca agua y de pésima calidad”, expone Rafael Inclán. Del agua potable, 70 por ciento sigue contaminándose.

A cuadro, otros actores como Eduardo España y María Aura advierten sobre el problema generado por las presas. Éstas han provocado el desplazamiento de 18 mil mexicanos y a nivel mundial han dejado sin hogar a más personas que las guerras. Debido a ello, algunos países han decidido liberar sus ríos y derribar las presas, pero en México se siguen construyendo.

En el 2012, se reconoció en la Constitución Mexicana el derecho humano al acceso, almacenamiento y disposición del agua, y ahora se requiere de una nueva ley de agua que lo garantice.

El 5 de marzo, sin embargo, se aprobó el dictamen de la nueva ley, que lejos de ser garante del derecho al agua pretende “dar nuestra agua a empresas privadas para su administración”, advierten los artistas, entre quienes también se encuentran Alfonso Herrera, Giovanna Zacarías, Humberto Busto y Rubén Albarrán, músico de Café Tacvba.

En ciudades como París, Berlín, Atlanta y Cochabamba, se implementó el esquema de inversión privada para el servicio de suministro de agua, “pero hasta que se dieron cuenta de que estas empresas sólo buscaban su beneficio propio, ganancias económicas” fue que el agua volvió a ser de control público, indican.

La exigencia de los actores es “una ley que proteja nuestros ríos, bosques y campos”, que controle y disminuya la contaminación, procure el saneamiento del líquido, garantice una buena calidad y cantidad de agua, así como que en su manejo se incluya a la ciudadanía desde su planeación, así como que el Estado no transfiera su responsabilidad a las empresas privadas con su lógica mercantil.

El video fue publicado en el portal www.aguasconelagua.mx/#, en el que se convoca a los mexicanos a firmar una petición para proteger el agua en México, que se encuentra en el link http://bit.ly/peticionagua.

Asimismo, se llama a enviar tuits a los líderes parlamentarios que decidirán la votación de la Ley: @MFBeltrones, @RicardoAnayaC, @AlonsoRaya_ y @ArturoEsc.

De igual modo, se remite a diversas direcciones web de organizaciones y movimientos de la sociedad para conocer más acerca del tema, tales como:

http://www.comda.org.mx/

http://www.imdec.net/

http://www.fanmexico.net/

http://www.blueplanetproject.net/

http://nofrackingmexico.org

http://www.mapder.lunasexta.org/

http://aguaparatodos.org.mx/

VÍDEO:

FUENTE: LA JORNADA.

Piden científicos desechar dictamen sobre ley de aguas

México, D.F. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) señalaron que la decisión de posponer la discusión de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados “no es suficiente”, y exigieron que el dictamen –ya aprobado en las comisiones legislativas– sea “desechado”.

Además, pidieron a los legisladores que se debata públicamente y de manera transparente una ley que beneficie no sólo a la sociedad y se respete el derecho humano de acceso al agua, sino también a los ecosistemas, asegurando sustentabilidad hídrica del país a largo plazo.

En conferencia de prensa, Omar Arellano-Aguilar, vicepresidente de dicha organización, que en tan sólo seis días se han reunido más de 12 mil firmas en una campaña para exigir al Congreso un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras.

Dio que aun cuando la recolección de firmas fue solamente vía Internet, esto resultados revelan que la sociedad está preocupada por lo que pretende aprobar los legisladores y demanda participar en una discusión abierta y transparente sobre la ley que habrá de regir la gestión del agua en el país durante los próximos años.

En un posicionamiento, la UCCS –organización surgida en 2006 con académicos e investigadores de los principales centros de enseñanza superior en el país– expresaron su preocupación por el contenido de la iniciativa de ley.

Luego de su análisis, la UCCS enumeró una larga lista de problemas encontrados en dicho dictamen, de entre los cuales citaron cuatro:

–Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social.

–Promueva el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos.

–Amplia los márgenes para poder contaminar el agua.

–Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.

Ante esta situación, la UCCS se sumó a los objetivos de la iniciativa de ley que presentó desde febrero pasado un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, y en la que se considera fundamentalmente el derecho humano al agua y en la que se tiene una visión de uso y manejo del vital líquido para el futuro inmediato y de largo plazo.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN

En Ley de Aguas no hay claridad; es preocupante en materia de derechos humanos: especialistas

"Sin duda el aspecto de privatización es muy preocupante pero no es el único", señaló Nathalie Seguin.

La Ley General de Aguas que se discutía en Cámara de Diputados ha sido pospuesta ante la reacción de científicos y organizaciones, pero podría retomarse en cualquier momento, indicó  Joel Carrillo Rivera, hidrogeólogo, investigador de la UNAM.

En entrevista para Aristegui CNN, indicó que  juegan con “los conceptos, porque muchos de ellos están completamente dobleteados, no permiten una claridad en la ley, esto es una situación que se ha  cargado metiendo conceptos de economía, por ejemplo lo que le llaman ahora de cómo los  usuarios van a tener que pagar por el agua, porque se usa la palabra enmascarada de concesionario y la palabra asequible. Y asequible es el agua que tú puedes tomar que es lo diferente a disponible y aquí hay que pagar por ella”.

Precisó que para “nosotros los investigadores hay dos aspectos importantes; uno es el que se  prohíbe hacer estudios- monitoreo en aspectos que tienen que ver con el agua. Donde hay agua, tú no puedes estudiar ni hacer monitoreo, esto es  grave  porque mucho académicos, estudiantes,  que estamos dependiendo de esa situación; ahora, esto tiene que ver con otra circunstancia, no va a haber forma de establecer estudios que permitan saber cuáles son las condiciones del agua en el país, esto es negativo para el país como un ente, como un ecosistema, y no vas a saber qué  pasa con el agua en ese sentido”

Comentó que hasta ahora “es contaminación cuando tú alteras las condiciones originales; sin embargo con esta nueva ley puedes contaminar hasta el valor que  esté indicado en las normas oficiales mexicanas, es decir, puedes poner contaminantes al agua  mientras no te llegue a un valor contrario a las normas, todo el mundo se lo va a poder  tomar, incluyendo  los ecosistemas”.

Lo anterior “es una situación grave, preocupante, porque en muchos lugares donde la gente tiene  agua, para sus  necesidades, no va a poder ser  incorporada, por ejemplo, al derecho humano al agua”.

Además, “después de esa ley va a ser controlado por el reglamento y las normas correspondientes, que se hacen aparte y no pasan por la norma legislativa”, indicó.

Por su parte, la experta Nathalie Seguin dijo que “sin duda el aspecto de privatización es muy  preocupante pero no es el único, un aspecto terriblemente preocupante en materia de derechos humanos, y no solamente en materia de agua, sino es la violación a más de un derecho humano, que se está  haciendo con esta  iniciativa, porque se está violando el derecho al agua”.

Agregó que “el derecho al saneamiento ni siquiera existe y no puedo abundar, pero averiguaré qué quiere decir derecho de saneamiento, no es limpiar el agua como menciona este articulado; en el artículo 10, hay una definición que no tiene nada que ver con lo que la Organización de las Naciones Unidas dice al respecto, cinco años han pasado como para que no sepan qué significa derecho de saneamiento, es el colmo”.


“Cuidaron muy bien que  no se mencionara ni gas de esquisto, ni fracking , ni nada que pudiera  parecerse a ello, sin embargo cuando se lee la definición del uso industrial dice claramente que es cualquier producto que se pueda extraer del subsuelo  bajo cualquier procedimiento, ahí  no me digan que no cabe el fracking, ahí cabe perfectamente el fracking y lo peligroso de esta tecnología es el agua residual que conlleva, se utilizan más de 29 millones de litros de agua mezclados con tóxicos que hoy en día no se sabe cómo limpiar”, sostuvo Seguin. 

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Empresas como Higa detrás de intento de privatizar el agua: Batres

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, aseguró que detrás del intento de privatizar el agua están los intereses de empresas como Higa, que serán beneficiadas con contratos y concesiones sobre la producción, distribución y cobro de tarifas del líquido.

En conferencia de prensa, el exsecretario de Desarrollo Social capitalino rechazó el proyecto de Ley General de Agua que se discute en la Cámara de Diputados porque, dijo, mercantiliza el agua y carece de una visión de desarrollo sustentable.

De lo que se trata es de eliminar el actual subsidio, que se convertirá en la plusvalía de Higa, agregó.

“Es decir, los beneficiarios de esta iniciativa serían las grandes compañías que ya de por sí se encuentran enriquecidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Acompañado de la diputada Ernestina Godoy Ramos, el investigador Pedro Moctezuma y la exdelegada de Iztapalapa, Clara Brugada, entre otros, Batres exhortó a los mexicanos a estar alertas ante este nuevo embate privatizador del PRI, PAN y PVEM, porque además de todo, subrayó, implica un millonario acto de corrupción.

Luego de hacer un llamado a la población para movilizarse en caso de ser necesario, resaltó que la defensa del agua ya ha cobrado la libertad de varios activistas en todo el país, entre ellas Teresita Brito, detenida injustamente por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y reclamó la liberación de todos los presos políticos por defender el derecho al líquido.

Explicó que la Ley General del Agua obliga a las entidades públicas encargadas del suministro a determinar las formas de participación privada y a ser autosuficientes en materia financiera, lo que implica terminar con los subsidios gubernamentales para brindar este servicio considerado como un derecho humano.

“En otras palabras, para la gran mayoría de la población se perdería el subsidio que hoy existe al servicio de agua potable. Con ello se generaría una oleada de aumentos en todo el país y también se tendría como consecuencia que las franjas de población que no tuvieran para pagar el servicio verían cortado el servicio”, señaló.

Por su parte, la diputada Ernestina Godoy aseguró que Morena apoyará e impulsará la iniciativa de Ley General de Aguas de la sociedad civil que ya fue presentada a legisladores federales.

En ese sentido, aseguró que el proyecto de dictamen no considera la participación ciudadana, sino que es facultad discrecional de la autoridad incorporarla a la evaluación, análisis, asesoría y recomendación de los retos nacionales, prioritarios o estratégicos relacionados con la gestión del agua.

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pedro Moctezuma, indicó que el movimiento que encabeza entregó a la Cámara de Diputados, el pasado 9 de febrero, una iniciativa en la que participaron comisiones de cuencas, incluso gente del episcopado, budistas, movimientos juveniles y pueblos originarios.


Ese proyecto, dijo, es respaldado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las universidades de Chapingo, de Guadalajara, Veracruzana, Autónoma de Tabasco y otros 14 centros de estudios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

3 voces sobre la ¿privatización del agua?

La ley propone incorporar mecanismos de coordinación, concertación y de intensa participación social y privada, para garantizar el derecho humano al agua.

Las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron la semana pasada, en lo general, el dictamen que expide la Ley General de Aguas, reglamentaria de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, y turnaron las reservas al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera que la discusión se dé esta semana.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Kamel Athie Flores, negó que se trate de un intento privatizador.

“No se puede privatizar, en primer lugar, porque el tema en la propia ley se ha catalogado como un tema de seguridad nacional”, afirmó.

Sin embargo, hay voces que apuntan que esa es la intención de la nueva legislación.

Cabe recordar que en febrero de 2012 entraron en vigor las reformas constitucionales con las que se reconoce el derecho humano al agua, en las que también se estableció la obligación para que el Congreso de la Unión emita una Ley General de Aguas.

El documento aprobado en comisiones establece la participación de la federación, estados, Distrito Federal, municipios y ciudadanía, para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, así como regular las aguas nacionales.

Considera que la correcta administración de las aguas nacionales es indispensable para el debido cumplimiento al derecho humano a este líquido.

Reconoce que México enfrenta una situación hídrica compleja y crítica, que requiere de la adecuada coordinación de los tres órdenes de gobierno y de la decidida y más vigorosa participación de la ciudadanía, para garantizar el derecho humano al agua a las presentes y futuras generaciones.

Se afirma que en los últimos años, en México, la disponibilidad per cápita ha ido disminuyendo, derivado, entre otros aspectos, de factores socioeconómicos y climatológicos, como la concentración de la población en localidades urbanas y la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, como la sequía.

Esta situación ha obligado al Estado mexicano a implementar medidas drásticas, como el trasvase de una cuenca o acuífero a otro, por sí o con la participación del sector privado, que le permitan satisfacer la demanda de agua, por lo que se propone regular su autorización y modalidades.

Se pretende que los tres órdenes de gobierno ejerzan sus atribuciones, con el fin de garantizar el derecho humano al agua, sin comprometer su sustentabilidad, ni frenar el desarrollo económico, por lo que esta ley propone incorporar mecanismos de coordinación, concertación y de intensa participación social y privada.

Además, que las entidades federativas tengan la atribución de crear o perfeccionar un órgano, entidad o dependencia gubernamental que, entre otros aspectos, regule, vigile y supervise la prestación de esos servicios, con la finalidad de garantizar su oportunidad, calidad y eficiencia.

Rodrigo Gutiérrez, doctor en derecho de la UNAM, asegura que es “verdaderamente grave” lo aprobado.

Indicó que la ley señala que el titular del derecho al agua serán asentamientos legalmente establecidos, por lo que “esta ley se lo otorga a asentamientos humanos… lo que quieren es privatizar el agua, hacer negocio con el agua”.

Apunta que desde la propia exposición de motivos, la ley señala que habrá una “intensa participación privada”, y otorga la posibilidad de que poderes privados se puedan hacer cargo de trasvases.

Además, expuso, la legislación establece que el agua tiene un valor económico.


Y sostuvo que se trata de una ley orientada a permitir una entrada “muy agresiva del poder privado en la gestión y control del agua”. 

Diputada Aleida Alavez (VÍDEO)



2º VÍDEO:





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Para aclarar dudas, diputados posponen la discusión de la Ley General de Aguas

Manlio Fabio Beltrones indicó que se tomó la decisión con el objetivo de aclarar las dudas y que se deje atrás la desinformación surgida en este tema.

Los grupos parlamentarios decidieron este lunes 9 de marzo diferir el debate y la discusión del dictamen de la Ley General de Aguas, que mañana martes se votaría en el Pleno, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.


El también coordinador del grupo del PRI señaló que se tomó la decisión de posponerla el tiempo que sea necesario para que se aclaren las dudas y que se deje atrás la desinformación surgida en este tema.

Horas antes del anuncio, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Kamel Athié Flores, desmintió que el líquido se vaya a privatizar, ya que el tema es considerado como un asunto de seguridad de nacional y por lo tanto está bajo la rectoría del Estado.

“Realmente aquí se ha hecho un abuso de las mentiras diciendo que el agua se va a privatizar, lejos de eso en la propia ley (General de Aguas) se considera el tema como de seguridad nacional, así lo está manifestando la ley y así está considerado”, acotó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Expuso que la iniciativa de la Ley General de Aguas no toca de ninguna manera los artículos 27 constitucional, donde queda intocable la propiedad de las aguas en favor de la nación, ni el el 115 constitucional, que le da a los municipios el privilegio de abastecer de agua a sus habitantes, ni tampoco se toca la Ley de Bienes Nacionales, que sería “el otro instrumento mediante el cual se pudiera privatizar el líquido”, argumentó.

Athié Flores afirmó que el dictamen de la citada legislación se trabajó desde hace dos años mediante reuniones con los representantes de diferentes sectores que involucran al sector agua, así como cinco foros que organizó la Cámara de Diputados.


Comentó que esta iniciativa de ley que reglamentará la reforma constitucional, que se hizo el 8 de febrero de 2012, reconoce el agua como derecho humano y tiene el aval del PAN y del PVEM.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN

Decidirá Conagua porcentaje de participación privada en el sector

Se incluye infraestructura, explotación, distribución y cobro de agua potable. La madrugada del miércoles Hacienda modificó la iniciativa de dictamen de Ley Nacional de Aguas, señala el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Cambió el orden de los artículos, dice.

El porcentaje en que la iniciativa privada participará en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final será decidido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como se define en el dictamen de la Ley General de Aguas promovido por el gobierno federal a través de PRI y PAN en la Cámara de Diputados.

‘‘La intervención de las empresas en los proyectos hidráulicos se remite a un reglamento interno de la Conagua que no conocen los legisladores, porque no se nos permite acceder a él’’, cuestionó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

Adiciones nocivas

El legislador explicó, en entrevista, que si bien él participó por acuerdo de su grupo parlamentario en las negociaciones iniciales para la iniciativa –la cual se dictaminó la semana pasada–, el gobierno de Enrique Peña Nieto introdujo adiciones al texto original que van hacia la privatización del agua en México.

‘‘Pudimos lograr algunos acuerdos, como sacar todo un capítulo sobre la fractura hidráulica, pero de último momento cambiaron el dictamen; incluso intervino la Secretaría de Hacienda para modificar la iniciativa y el PRD no puede acompañar ese documento’’, dijo.


–¿Qué introdujo Hacienda en el dictamen?

–Ocurrió en la madrugada del miércoles. El proyecto de dictamen lo circularon a altas horas de la noche y todavía Hacienda presentó sus consideraciones. Eliminó, por ejemplo, todo lo relacionado con la acuacultura e incluso el orden y redacción de los artículos, con lo que se altera el sentido de la iniciativa para abrir el sector del agua a la iniciativa privada.

‘‘Se elevan las concesiones de 25 a 35 años y eso no garantiza el derecho humano al agua; por eso no podemos votar esa ley en la sesión de este martes. Es una ley nociva que da entrada a las empresas en asignaciones directas. Si bien logramos la obligación de informar semestralmente el padrón de concesionarios, se nos impidió (realizar) cambios de fondo.’’

–¿Y qué fue lo que se modificó del proyecto de la Conagua?

–Que se suprimiera todo el capítulo de fracturación hidráulica, pero aun así, PRI y PAN introdujeron la figura de ‘‘uso industrial’’ del agua para la extracción de hidrocarburos.

–Los trasvases, ¿cómo afectarán regiones abundantes en agua, como Tabasco?


–Trasladar volúmenes de agua de una cuenca abundante a otra con escasez será necesario, pero no por el capital privado; en la ley eso no queda regulado. Por eso dejamos la negociación, ya que no vamos a avalar una ley que es nociva para la sociedad.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.

Una Ley vital

La nueva legislación General de Aguas ha dividido a los diputados. La iniciativa hecha por el tricolor abre las puertas a la concesión de servicios para la provisión del líquido. Para la izquierda este es el primer paso a la privatización.

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados podría votar la nueva Ley General de Aguas, una regulación que permitirá a los particulares tener acceso a la concesión de servicios para la provisión de agua, así como para utilizar el recurso para otros fines, como el fracking.

El dictamen de la iniciativa será discutido por el pleno en San Lázaro, y desde su debate en comisiones tuvo mucha polémica, debido a la oposición de la izquierda, que argumenta se trata del primer paso para permitir la privatización del recurso.

Actualmente, la provisión de agua a la población se encuentra en manos del Estado. Se trata de un tema federal, en manos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y provisto directamente a los ciudadanos por organismos de agua estatales y municipales que son los encargados de proveer y cobrar por el servicio.

Esta situación podría cambiar si la nueva Ley es aprobada por el Congreso de la Unión.

Las bancadas de izquierda y organismos ciudadanos se han pronunciado en contra de la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales pues consideran que se trata de abrir la puerta a la privatización del servicio de agua.

La discusión del tema ocurrió de forma apresurada en San Lázaro. Apenas el 26 de febrero los diputados priistas presentaron la iniciativa y ya para el 3 de marzo, cinco días después, el dictamen fue aprobado por las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos.

Al día siguiente, 40 organizaciones civiles y ciudadanos enviaron una carta a los diputados para pedir que el debate de esta Ley se abra a la sociedad.

“Queremos recordarle que la legitimidad del Estado mexicano y por ende la legitimidad de todas las autoridades en el país depende directamente del respeto, protección, promoción y garantía que se le dé a los derechos humanos.

“La satisfacción y garantía del derecho humano al agua en México impone importantes retos para el Estado mexicano, por lo cual la Ley General de Aguas, que debe ser expedida a la brevedad, debe ser construida con la mayor participación ciudadana posible, con el mayor conocimiento científico y bajo los más altos estándares”, señala la misiva.

La ley

> La nueva Ley de Aguas Nacionales establece la obligación de los municipios de proveer el servicio de agua a los ciudadanos y señala que, para ello, podrá valerse de concesiones a particulares que pueda otorgar el Ejecutivo federal.

> En su artículo 65, la nueva legislación autoriza a los municipios a prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, “de forma coordinada y asociada, por sí, o a través del otorgamiento de concesiones”.

> Las concesiones para la “explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales”, tendrán una vigencia mínima de cinco años y una máxima de 30 años, y podrán ser objeto de prórroga por el mismo término, si se cumple con todos los requisitos.

> El proyecto de Ley establece una serie de castigos para quien incumpla las disposiciones legales y señala, en su artículo 258, que “para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública”.


> Dichas concesiones podrán transmitirse por herencia, es decir, por “vía sucesoria de las personas físicas”; por convenio; o por resolución judicial.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Académicos de UNAM rechazan la Ley que privatiza el agua; dañará a ciudadanos, alertan

Ciudad de México, 5 de marzo: Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y grupos civiles rechazaron la iniciativa de la Ley General de Aguas, aprobada el día de ayer en comisiones de la Cámara de Diputados, por considerar que se viola el derecho humano al agua.

La iniciativa fue pasada por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista (PVEM) y Acción Nacional (PAN). Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) abandonaron la sesión en protesta, pero no un Diputado: Gerardo Gaudiano Rovirosa, perredista y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos

La legislación ha sido calificada por organizaciones civiles como un intento gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica del fracking para extracción de gas shale, y por beneficiar a empresas comercializadoras y hasta constructoras.

Legisladores de oposición dijeron que la Ley favorece a empresas particulares en detrimento del derecho humano al agua potable, plasmado en la reforma constitucional del 2012, entre ellas a Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, la misma que se ha visto beneficiada en múltiples ocasiones con contratos para construir obra del Gobierno federal.

Los académicos de la Máxima Casa de Estudios denunciaron que la Ley General de Aguas “criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del agua, intensifica conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana”.


Los académicos señalaron en que la iniciativa propuesta por los diputados Kamel Athié Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; José Antonio Rojo García de Alba (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos; y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, carece del total respaldo científico.

“Es una iniciativa que como académicos no reconocemos. Nos solidarizamos con las demandas de la sociedad civil organizada que han sido presentadas en distintas formas, como la Iniciativa Ciudadana”, indicaron.

De acuerdo con los investigadores, la propuesta de Ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio.

De acuerdo con los investigadores, la propuesta de Ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio.

La actual definición, indica el comunicado, refiere que si naturalmente el agua presenta una concentración de “x” elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces se puede incorporar, situación que alerta a los académicos.

“Esto es grave en el contexto de que las actuales normas no incorporan la totalidad de los elementos o sustancias para evaluar correctamente los impactos ambientales. Además de que para asegurar los ecosistemas se requiere proteger la calidad natural del agua a lo largo de todo el ciclo hidrológico”, refieren.

La iniciativa, que señala 50 Litros diarios por persona, “pone en riesgo la salud de las personas”.

De acuerdo con un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA A.C), la Organización Mundial de Salud (OMS) señala que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona.

Otro elemento insconstitucional del artículo propuesto que denuncian los académicos es que se limita el Derecho Humano al Agua a sólo aquellas personas que viven en asentamientos humanos, “esto significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición”, advierten.

Con ello, añaden, se viola el sentido de la reforma constitucional del artículo 1 y del artículo 4 que señala que ”toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Los académicos de la UNAM revelaron que con la iniciativa se intensifica los conflictos ambientales con los trasvases. –el trasvase es tomar agua de una cuenca incluyendo acuífero a otra cuenca o acuífero–, y ponen de ejemplo el Acueducto VI, del cual Grupo Higa tiene el 50 por ciento de la construcción y operación de este proyecto rechazado por la sociedad.

Finalmente, acusaron que la nueva Ley General de Aguas elimina la participación ciudadana.

“La iniciativa presenta un capítulo de participación ciudadana escrito de tal forma que la real participación ciudadana, es decir, todas aquellas personas que trabajan por el Derecho Humano al Agua y el desarrollo sustentable, no están representadas justamente en los Consejos de Cuenca”, dice el comunicado.

En dichos Consejos de Cuenca, señalan, se propone que el 60 por ciento serán representantes de concesionarios en diferentes usos y organizaciones ciudadanas o no gubernamentales. “Sin embargo, queda aun menos claro cuando en el artículo Artículo 61 se menciona sin definición al Consejo Consultivo del Agua”.

Ayer, los diputados de oposición acusaron que el dictamen por el cual se crea la nueva Ley General de Aguas favorece a empresas particulares en detrimento del derecho humano al agua potable, plasmado en la reforma constitucional del 2012, entre ellas a Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, la misma que se ha visto beneficiada en múltiples ocasiones con contratos para construir obra del Gobierno federal.

Y es que la ley cambia el panorama de negocios y además maximiza beneficios para constructoras como Grupo Higa, explicó a SinEmbargo el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, vicecoordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro.

Por ejemplo, mencionó el caso del Acueducto Monterrey VI, en donde las empresas que conforman el Grupo Higa participan con aproximadamente el 60 por ciento del contrato para la construcción y operación del acueducto.

A principios de febrero, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), integrada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, solicitó que no se apruebe en el Congreso la iniciativa de la Ley General de Aguas por considerar que no garantizar el derecho al líquido a los grupos más vulnerables del país.

Las organizaciones defensoras señalaron que el derecho humano al agua está consagrado en el artículo 40 constitucional, y sostuvieron que aunque la exposición de motivos del anteproyecto de ley menciona que se encuentra fundamentada en normativas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la práctico lo propuesto “omite respetar y garantizar el cumplimiento de diversas obligaciones que en él [iniciativa] se señalan”.

En México casi 9 millones de personas carecen de acceso al agua potable (5 millones de ellas en zonas rurales), y la iniciativa que propone el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las organizaciones, “carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza, por lo que no debe ser aprobada en esos términos por el Congreso”.

¿SE PRIVATIZA EL AGUA?

Aunque en el texto aprobado nunca se menciona la frase “privatización del agua” y sus defensores argumentan que no se toca el artículo 27 constitucional por lo que es imposible hablar de privatización de este bien nacional, lo cierto es que la nueva ley permite la participación de la iniciativa privada mediante concesiones “para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes”, según el artículo 88 fracción tercera.

La concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales tendrá una vigencia mínima de cinco años y máxima de treinta años, según estipula el artículo 94. Este tiempo podrá ser prorrogable hasta por otros 30 años.

Una de las novedades de la Iniciativa es la regulación del “trasvase”, definido como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, lo cual implica que la autorización a la que se sujeta tal actividad tiene por objeto permitir el traslado de las aguas nacionales y no la construcción de la obra.

La Ley especifica que en ningún caso el concesionario puede disponer del agua en volúmenes mayores a los autorizados por la Comisión, en caso de que se explote más agua, se deberá tramitar una nueva concesión. Sin embargo, también entrega la obligación a los propios concesionarios de instalar medidores para medir la cantidad de agua descargada.

Respecto a la creación de infraestructura hidráulica, la nueva ley plantea que la federación, las entidades federativas y el Distrito federal deberán fomentar el desarrollo de este tipo de infraestructura para garantizar el derecho humano al agua.

Posteriormente señala que para alcanzar este objetivo, el Gobierno podrá celebrar con particulares contratos de obra pública y servicios con la modalidad de inversión recuperable.


Asimismo, podrá “Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal”; así como para “construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-03-2015/1272039.

¿Privatizar el agua? Estos son 5 puntos de la Ley de Aguas que los diputados quieren aprobar

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contiene puntos contrarios a garantizar el derecho humano al agua, de acuerdo con organizaciones.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contiene puntos contrarios a garantizar el derecho humano al agua y cuyos preceptos derivarían en un aumento en las tarifas a consumidores, lo que afectaría sobre todo a los sectores más vulnerables, explican especialistas.

Luego de declararse en sesión permanente, horas después de haber recibido la propuesta, los integrantes de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos iniciaron una discusión para que el dictamen fuera votado hasta el 10 de marzo y evitar la premura en el análisis.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría y en respuesta, los 10 diputados del PRD y Morena abandonaron la discusión, pero finalmente el dictamen fue aprobado en lo general con 31 votos.

Para especialistas como Claudia Campero, consultora de Blue Planet Project, se trata de una legislación que contraviene el derecho al agua y significa “un paso adicional” para beneficiar al sector privado que ha ganado espacio de acción desde 1994.

El diputado de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que esta iniciativa significa “la privatización del sector” porque si bien “la iniciativa se basa en grandes obras, no se dice que todo ello será mediante el pago de los usuarios”.

Uno de los fervientes defensores de la iniciativa fue el diputado priísta Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, quien insistió en que la iniciativa contempla medidas de prevención de contaminación y prevé sanciones que van desde la suspensión de actividades o clausurar obras de infraestructura temporal o definitivamente, revocar concesiones hasta multas que irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.

En medio de la rapidez con la que los legisladores aprobaron el dictamen en un solo día, y prevén presentarlo al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, la sociedad civil reclama participación. A través de una carta firmada por más de 40 organizaciones civiles, solicitan a los diputados la organización de audiencias públicas a fin de consultar la opinión de los especialistas e implicados, pues “sólo escuchando las voces de todos los actores será posible construir una iniciativa de Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua bajo los estándares más altos”.

Las controversias

De acuerdo con Claudia Campero, uno de los aspectos más preocupantes se refiere al lineamiento de las “causas de utilidad pública”, lo que deja a las comunidades con “menos posibilidades de defensa”.


Entre las causas de utilidad pública establecidas en el artículo 8 están:

• El trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros
• El uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos.
• La adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren.

Esto generaría más problemas en materia territorial, como ya ha sucedido en casos que incluyen grandes represas que se utilizan para la generación de energía y la provisión de agua y que han buscado “desalojar a comunidades”. Sin embargo, hasta el momento los comuneros han defendido su territorio con los preceptos legales disponibles.

Pero con esta nueva ley “se otorgaría a los consorcios que están operando y distribuyendo el agua, una facilidad para pasar encima de los derechos territoriales de la comunidad”, insiste Campero.

En esto coinciden más de 40 organizaciones civiles como entro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social DECIDES, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, entre otras, al señalar que la legislación “podría afectar de manera directa a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables”.

Las organizaciones civiles exigen respeto y garantía al derecho a la consulta previa, libre e informada conforme mandata el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque “hacer lo contrario es incurrir en responsabilidad internacional”.


Además, según los expertos, el “trasvase” genera desequilibrios ambientales y resulta ineficiente para los ciudadanos y favorecedor para los particulares, pero la ley lo define así:

• En artículo 116. Trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.
• El trasvase puede ser: Directo. El que realizan los asignatarios o concesionarios con autorización de la Comisión. Indirecto. El que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada.

En el artículo 24 se establece que los estados, el Distrito Federal y los municipios cuentan con atribuciones como:

– Estimular y fortalecer las capacidades administrativa, técnica y de gestión, así como la autosuficiencia financiera, de los prestadores de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

– Certificar, incentivar y promover la profesionalización, especialización, tecnificación, calidad, autosuficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

De acuerdo con el diputado Arturo Cruz Ramírez, del PRD, dijo esta disposición no generará las condiciones para un efectivo acceso al agua y saneamiento, sino que “de implementarse propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua, sin considerar al ciudadano”.

Claudia Campero, advierte la “autosuficiencia” significa que con las tarifas se pueda recuperar la inversión. Pero “invertir en agua es bastante caro y la experiencia nacional e internacional dice que requiere de una inversión pública para poder garantizar el financiamiento”. Por ende, al buscar la autosuficiencia financiera, las tarifas aumentarían.


La ley también pretende incentivar que los particulares inviertan en los sistemas de aguas en el país a través de estas disposiciones:

• Artículo 129. Para lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal
• La Comisión podrá celebrar contratos de obra pública y servicios. Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal y la prestación de los servicios asociados a esta, y otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta.
• La ley también determina un Mínimo vital, es decir, el volumen de agua para consumo personal y doméstico que se otorga con la periodicidad que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas, fijado 50 litros diarios por persona.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció jurisprudencia al respecto, al considerar que se requiere de entre 50 y 100 litros de agua por persona y por día para garantizar el derecho al agua. Esto luego de que resolvió un amparo presentado por un habitante de Xochitepec, Morelos en noviembre pasado.

El dictamen íntegro:

  Dictamen Ley de Aguas

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.