El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto, el 8 de noviembre de 2023, junto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para prohibir que al agua en el municipio de Mexicali, Baja California, se le dé un uso industrial, con el fin de priorizar el uso doméstico.

“Firmé ayer un decreto junto con la gobernadora de Baja California para que no se permita el uso del agua de Mexicali para ninguna planta cervecera”, declaró el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

El agua dulce, limpia y de acceso inmediato que explotaron nuestros ancestros en lagos, ríos y manantiales casi ha desaparecido de la faz del suelo mexicano. Hoy en día, el país prácticamente no cuenta con agua superficial y la que hay está contaminada, afirmó Alejandra Cortés Silva, investigadora del Instituto de Geofísica (IGf).

En tanto, la llamada agua subterránea, que procede de formaciones geológicas impermeables con un recurso natural acumulado a lo largo de miles de años, padece una sobreexplotación que afecta a más de la mitad de los acuíferos del país, calculó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de agua propuesta por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y aprobada por la Legislatura local que concluyó el pasado 30 de agosto.

La acción de inconstitucionalidad fue uno de los últimos actos jurídicos que realizó Julio Scherer Ibarra en su calidad de consejero jurídico de la Presidencia; el 2 de septiembre, Estela Ríos lo relevó en el cargo.

Ejidatarios de San Juan Ahuehueyo, Moyotepec, Tenextepango y El Salitre, del munlcipio de Ayala, Morelos, acudieron este lunes a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua para exigir copia certificada del oficio ß00.809.02-002311, emitida por la Dirección Cuenca Balsas de la Conagua el 12 de diciembre de 2014, dirigida al Presidente de ASURCO, pues con ese documento pueden comprobar en diversos juicios de amparo que “sostenemos nuestros derechos agrarios sobre las aguas de descarga que realiza la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla (PTAR) en el Rio Cuautla”.

A un día de que se acabara el plazo dictado en la sentencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se encuentra en desacato judicial por no cumplir con su promesa de reconectar el manantial Jënnayëej de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe para abastecer de agua a la comunidad.

El pasado lunes fue el último de los tres días hábiles que dictó el plazo de la sentencia definitiva a favor de Ayutla, ratificada el miércoles 7 de julio en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, para que las autoridades ejecutaran la reconexión del manantial. Dado que el gobernador de Oaxaca afirmó que en cuanto la sentencia saliera, él sería el primero en acatarla, Alejandro Murat ahora está en desacato y en incumplimiento de la sentencia emitida.

A más tardar el próximo lunes el manantial Jënnayëej de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe deberá ser reconectado y abastecer de agua a los habitantes de la comunidad, a quienes se les ha negado ese derecho humano desde hace más de cuatro años, dictó la sentencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ratificada el pasado miércoles.

A más de cuatro años de que el pueblo ayuujk de la Sierra Norte de Oaxaca fue despojado de su manantial por un grupo armado de la comunidad vecina Temazulápam del Espíritu Santo, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, confirmó una sentencia definitiva a favor de Ayutla, en la que se ordenó que las autoridades estatales y federales ejecuten la reconexión en un plazo de máximo tres días hábiles, que se cumplirán el próximo 12 de julio.

Ante escasez, despojos y saqueos de agua, el Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán exigió la restitución al pueblo originario del pozo de agua potable ubicado en la comunidad para garantizar a la población el vital líquido.

A 14 días del inicio de un campamento indefinido en el pozo del agua potable en Barrio 4to. de Santiago Mexquititlán, Querétaro, por el saqueo del agua en pipas a otros lugares y la retención de una pipa, el pueblo otomí declaró que no permitirá más saqueo y despojo del agua a través de pipas, ni ampliaciones de tuberías.

Después de 17 años de que el cobro de agua potable estuvo en manos de cuatro empresas privadas en la capital del país, el gobierno de la Ciudad de México tomará el control de ese servicio a partir de junio próximo, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“En una evaluación muy profunda y un estudio que hemos estado realizando prácticamente por un año, más o menos, de una revisión muy intensa, tomamos la decisión de ya no renovar estos contratos de concesión y que este cobro o el sistema comercial del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) pase al gobierno de la ciudad”, explicó.