A 28 años de la masacre de Aguas Blancas, que dejó 17 campesinos asesinados en Guerrero, persiste la violencia contra las comunidades y la falta de justicia, pues el exgobenador y «principal culpable» de la matanza, Rubén Figueroa Alcocer, sigue impune, denunció la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

«El Estado es el primer responsable de la violencia expoliadora contra los pueblos», aseguró la organización, pues los gobiernos, agregó, «aunque se digan “progresistas”, “de izquierda” o de “nuevo régimen”, se han reconvertido en estados para la continuidad del despojo».

Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, en 1995, y activistas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron detenidos el 16 de mayo del 2002, en  Baja California, de manera extrajudicial por personal del entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, en la actualidad preso en Estados Unidos por relación con el crimen organizado.

Este miércoles 5 de abril, después 21 años de encierro por los supuestos delitos de secuestro y homicidio, a los que le inculpó García Luna, Aguirre Bahena salió de prisión en Acapulco.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó esta mañana que Gilberto Aguirre Baena, sobreviviente de la masacre de 17 campesinos el pasado 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, obtuvo su preliberación tras haber sido torturado para declararse culpable.

Después de 20 años y tres meses en la cárcel, fue puesto en libertad Gerónimo Hernández Refugio, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas y preso político en el penal de Chilpancingo, Guerrero, por el presunto delito de secuestro el 10 de diciembre de 2002.

Tras su liberación, el también integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) aseguró que luchará por la libertad de todos sus compañeros, así como exigió justicia para los luchadores sociales asesinados Rocío Mesino, Ranferi Hernández y Arturo Hernández Cardona.

A 27 años de la masacre que dejó 17 campesinos asesinados en la comunidad de Aguas Blancas, Guerrero, el exgobenador Rubén Figueroa Alcocer sigue sin castigo y el caso continúa en la impunidad, denunció la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

En el marco del aniversario de la masacre, perpetrada por elementos de la policía estatal motorizada el 28 de junio de 1995 contra integrantes de la OCSS, la organización acusó que la situación de violencia contra las comunidades y pueblos de México continúa en la administración actual a través de los megaproyectos, las minas, la militarización y la presencia de grupos delincuenciales y paramilitares. «Se decreta el fin del neoliberalismo y siguen los despojos», aseguró la OCSS en un comunicado.

El pasado es presente cuando la justicia no llega y la verdad fragmentada es ocultada entre los muros del poder; no es más que la negación de la vida a las y los sembradores de esperanzas a costas de negocios turbios con los recursos naturales y una política de contra insurgencia de parte de las autoridades estatales y federales. Así, la historia de ayer y hoy cuenta, con sus respectivos matices, con los mismos sucesos trágicos de asesinatos, desapariciones, encarcelamiento y desplazamiento forzado de cientos de familias desplazadas por la violencia tanto por el Estado como por la delincuencia organizada.

A 26 años, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, sigue impune: “la justicia no llega y los responsables continúan sin ser castigados”, acusó la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). A un día de la conmemoración del atentado – ocurrido el 28 de junio de 1995 y que dejó como saldo 17 campesinos muertos y más de 14 heridos–, recordó que los autores materiales e intelectuales son agentes estatales.

Para la Organización, se “sigue pretendiendo el olvido y la conformidad social con verdades a medias, maniobras políticas y supuesto castigo a encarcelados ya liberados, chivos expiatorios”. Dado que sólo ocurrió la destitución de un cargo público.