La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se vio envuelta en un nuevo revés a raíz de la polémica información que ha revelado sobre el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, ya que una Jueza federal le ha solicitado abstenerse de difundir más información o llevar a cabo declaraciones respecto al líder priista.

Uno de Morena, el otro del PRI, pero dos ex gobernadores con hartas sospechas de corrupción, se dicen ahora “perseguidos políticos”. En ese cinismo que proporciona la impunidad política en México, en cualquier gobierno de cualquier partido, y en un momento en que pareciera que el Gobierno Federal y la Fiscalía Ggeneral de la República administran la justicia basados en la venganza política, Jaime Bonilla Valdez y Alejandro Moreno Cárdenas han encontrado un espacio para victimizarse.

El ex gobernador de Campeche y actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, es investigado por la fiscalía de aquella entidad federativa y titulada por Renato Sales, por tres delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue removido como presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el partido tricolor aseguró que él sigue con el cargo porque la sesión donde se tomó esa decisión “fue ilegal”.