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Nuevo atentado con explosivos en Guanajuato, ahora en San Miguel de Allende; hay heridos

Este lunes se registró una explosión afuera de un local comercial en el centro de San Miguel de Allende, Guanajuato. Hace un mes, dentro del bar El Sótano, se detonó otro artefacto dentro de una mochila. Fue colocado en un escenario y dejó un herido. En el incidente de esta madrugada, las autoridades confirmaron las evidencias de una sustancia explosiva.

Ciudad de México/ San Miguel de Allende, 5 de septiembre (SinEmbargo/Zona Franca).– Esta madrugada se registró una explosión afuera de un local comercial en el centro de San Miguel de Allende, Guanajuato, confirmaron autoridades. El ataque con explosivos ocurrió entre dos bares, El Limerick y el Adelitas.

Al menos otros tres atentados con explosivos se han vivido en ciudades de Guanajuato sólo durante el mes de septiembre. Y hace exactamente un mes, que ocurrió otra explosión dentro del bar El Sótano, en esa ciudad, donde un explosivo dentro de una mochila fue detonado en el escenario donde se encontraba el grupo de músicos; en esa ocasión, los daños materiales fueron múltiples y dejó un lesionado.

San Miguel de Allende es un centro turístico de gran importancia en México y, por supuesto, en Guanajuato. Es además residencia de miles de ciudadanos extranjeros que optaron por vivir en ese pintoresco pueblo por su tranquilidad, buen clima y excelentes servicios.

Septiembre es un mes en el que San Miguel de Allende se llena de turistas tanto mexicanos como extranjeros, por las Fiestas Patrias.

La comunidad, que vivió en calma durante años, es también destino de muchos mexicanos retirados.

El saldo de este nuevo atentado es de cinco personas lesionadas, dos con heridas leves, ocasionadas en pecho, brazos y piernas; dos con dolor de oído y aturdimiento, y una mujer, adulto mayor, con crisis nerviosa. Se habla de 15 establecimientos dañados en vidrios, ventanas y puertas, además de tres vehículos que se encontraban en las calles de Canal, Umaran y Zacateros.

La Subprocuraduría Región D, con sede en esta ciudad, informó que el estallido fue ocasionado por un artefacto o sustancia explosiva aún no identificadas.

Afuera del local donde se dio la estallido se encontraron huellas visibles del artefacto o la sustancia. Hasta el momento, peritos presumen que el explosivo es de fabricación casera, con sustancias explosivas contenidas en un envase o bolsa. Peritos especializados realizarán las pruebas químicas necesarias para determinar con exactitud qué provocó la explosión.

Testigos refieren que aproximadamente a las 02:00 horas de hoy se escuchó un fuerte estruendo; posteriormente, se observó una nubes de humo que se alzaba a varios metros de altura. En el lugar se veían vidrios regados por las calles de Umarán y Zacateros; la puerta del lugar donde se dio la explosión está deshecha; había daños en los autos estacionados.

Unidades de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar de los hechos.

El viernes pasado, a solo tres días de un estallido en un depósito de cerveza en Abasolo, Guanajuato, causado por un artefacto explosivo, ocurrió dos explosiones más en negocios de esa ciudad.

Los estallidos sucedieron en la tortillería “Fuentes” y en la tienda de abarrotes “Don Poncho”, el primer negocio ubicado en calle Bugambilias y el segundo en la esquina de esta calle con la calle Margaritas, en la colonia del mismo nombre.

Enfrente de ambos negocios se construye el Centro Impulso del Gobierno del Estado.

Según testigos, sujetos en un vehículo Chevy pasaron por el lugar y arrojaron los artefactos explosivos. De acuerdo con las primeras versiones del Ejército, se trataría de bombas molotov lanzadas a los establecimientos.

SE DISPARA LA VIOLENCIA

Guanajuato registró en agosto 95 ejecuciones para acumular 625 casos en lo que va del año, de acuerdo con información difundida en la prensa local. Las muertes violentas habrían sido especialmente numerosas en los últimos cuatro meses, periodo en el que se registraron 354 de ellas.

Al menos 10 de esas muertes se habrían producido en Pénjamo y Acámbaro, durante los cuatro días posteriores a la entrada en vigor del Mando Único Regional policial en la región, el cual está a cargo del general Felipe Gurrola Martínez.

El propio Gurrola Martínez, ante la multiplicación de ejecuciones en el estado, tuvo que negar ante la prensa la presencia en Guanajuato de algún “cártel dominante”, y dijo que la violencia era producto de la actividad “sólo de células”.

Días después del hallazgo de los 10 cadáveres, el procurador del Estado Carlos Zamarripa Aguirre aseguró que al menos cuatro de las víctimas eran de Michoacán y que sus cuerpos habían sido tirados en Pénjamo, hecho que fue posible por la falta de presencia policial en la zona.

Agregó que el gobierno de Guanajuato incrementaría la vigilancia en la zona y trabajaría con las autoridades de Michoacán para evitar esos incidentes.

Sin embargo, en la misma zona de Pénjamo, septiembre inició con más muerte y hallazgos trágicos. Un hombre y una mujer fueron encontrados en la cajuela de un coche, luego de que la policía respondiera al reporte de una auto abandonado sobre la carretera estatal cerca de las comunidades de Tacubaya y El Huizache.

Los dos cuerpos se encontraban dentro de un vehículo Cadillac con placas de Michoacán.

El hombre estaba maniatado de pies y manos, pero no mostraba lesiones de arma aparentes; la mujer presentaba varias heridas de bala en el tórax y tenía entre seis y ocho horas de muerta cuando fueron hallados.

Un día después, el viernes 2, otros dos cuerpos fueron encontrados en la región. Uno, en un sembradío de la localidad de Novilleros; el otro, en una casa de la comunidad de Padrera de Gala, ambas en Abasolo. Ambos cuerpos presentaban avanzado estado de descomposición.

FUENTE: SIN EMBARGO MX
AUTOR: ROBERTO GUTIERREZ TORRES
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-09-2016/3088643

Denuncian en La Haya al Estado de Coahuila por masacres

CIUDAD DE MÉXICO: Familiares de personas desaparecidas de la región norte de Coahuila informaron que presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno de la entidad por delitos de lesa humanidad.

Arianna García Bosques, representante legal de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, destacó la posible omisión de las autoridades estatales en la masacre de Allende y en el Cereso de Piedras Negras, donde más de 300 personas fueron ejecutadas en 2011.

“Hemos trabajado (la denuncia) desde hace un año con organismos internacionales de derechos humanos que nos asesoran en materia legal internacional, y yo creo que en un par de meses estaríamos presentándola en la Corte Penal internacional”, dijo.

García Bosques señaló que el juicio que se sigue en Texas, Estados Unidos, en contra de Marciano Millán Vázquez, exintegrante de la delincuencia organizada, ha dejado al descubierto diversas omisiones e irregularidades que permitieron las masacres, por lo que esperarán a que se dicte sentencia contra el imputado para obtener información que engrose la denuncia.

El pasado miércoles 13, el empresario Armando Guadiana Tijerina también demandó al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad.

En el documento entregado ante el fiscal de la Corte, Guadiana expone “la falta de acciones por parte del gobierno coahuilense para evitar los daños ocasionados a la población del municipio de Allende, Coahuila”.

Asimismo, señala “las detenciones ilegales, desaparición forzada, tortura y homicidios cometidos a plena luz del día; esto aunado a que parte de las víctimas, según lo han reconocido las autoridades, fueron ingresadas ilegalmente al penal de Piedras Negras, donde fueron torturados y asesinados”.

Explica también que “en la masacre de Allende perdieron la vida mujeres, ancianos y jóvenes, y no se ha dicho cuántos niños murieron en este hecho tan lamentable, que marcó la vida de los coahuilenses. No se puede dejar pasar por alto que las autoridades se quieran lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado quien actuó solo en perjuicio de las víctimas”.


Añade: “Es relevante destacar que en el penal de Piedras Negras, donde coahuilenses fueron privados ilegalmente de su libertad, torturados y asesinados, es de control y operación estatal; es imposible pensar que un civil sin autorización judicial fuera ingresado a dicho centro penitenciario”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447810/denuncian-en-la-haya-al-estado-de-coahuila-por-masacres

A la Corte Penal Internacional, masacre de más de 300 en Coahuila

Recorrer las calles de esta ciudad es caminar por el símbolo del terror. Aquí Los Zetas, en connivencia con las autoridades, exterminaron o desaparecieron a más de 300 personas. A plena luz del día o de noche, sacaron de sus casas a familias completas para después saquear, destruir y quemar sus propiedades, sin que la policía municipal o estatal interviniera.

Ellos entraban a las casas a cualquier hora y cargaban con gente, recuerda una vecina que vive entre las calles Simón Bolívar y Juárez, epicentro de la tragedia y donde cinco años después las viviendas en ruinas permanecen como símbolo de una de las masacres más grandes ocurridas en México en años recientes.

Los habitantes de este lugar todavía viven bajo la ley del silencio. La investigación del caso sigue y aún hay miedo. Son pocos los que se atreven a narrar lo sucedido: Estuvo bien feo, nomás oíamos los gritos de la gente que se llevaban. Quemaron más de 30 casas y otros 30 ranchos. El conteo da más de 300 personas, comenta la dependienta de una tienda de abarrotes, quien recuerda, con un cierto remordimiento, que nadie hizo nada por ayudarlos, ni el alcalde ni la policía municipal o estatal, la Marina o el Ejército, mucho menos los vecinos.

Aquí no fue necesario un Decreto noche y niebla, como sucedió en la época nazi, para la aplicación de prácticas de de-saparición forzada y exterminio, Los Zetas contaban con la complicidad de las clases política y policial que les permitieron finalmente operar en Coahuila: A la familia de esta casa se la llevaron, la dejaron destruida y está frente a la presidencia municipal, a la policía, ante sus narices ocurrió todo y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque son los mismos, expresa visiblemente enojada Elizabeth Martínez quien camina por la calle Ramos Arizpe en dirección oriente cruzando la plaza principal.

La mayoría de los secuestros sucedieron en marzo de 2011, pero hay registros de desapariciones masivas entre 2009 y 2015 en Piedras Negras y en toda esta región rica en minería conocida como Los 5 Manantiales, que incluye a los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.

Durante estos años en Coahuila han gobernado los priístas Humberto Moreira (2005-2011), relevado durante unos meses por Jorge Juan Torres López, uno de los ex mandatarios estatales más buscados por la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de lavado de dinero en aquel país, y cuyas propiedades y cuentas bancarias fueron congeladas por supuestos nexos con el narcotráfico. Y también por el actual gobernador Rubén Moreira.

Los tres están señalados en una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) que los parientes de las víctimas, agrupados en Familias Unidas, preparan a través de la Federación Internacional de Derechos Humanos, integrada por 178 organizaciones de más de 100 países.

“Es una denuncia por crímenes delesa humanidad y de Estado. Ellos están obligados a vigilar por la seguridad de los ciudadanos, son los superiores jerárquicos de las corporaciones policiales”, resalta en entrevista con La Jornada, Ariana Denisse García Bosques, abogada de Familias Unidas, que agrupa a parientes de desaparecidos de la región de Los 5 Manantiales y Piedras Negras.

Ocultamiento de información

Algunos de los testimonios sobre las desapariciones y matanzas masivas refieren la participación de los policías del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila, denunciados además por desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas.

García Bosques asegura que las desapariciones siguen sucediendo: “En los pasados tres meses ha habido doslevantones con tintes de posible secuestro en Piedras Negras, pero el procurador dice que no es así, entonces pensamos que es una desaparición forzada. Hay videos y no se investiga”.

En el caso de Allende, enfatiza, el Estado ha cometido graves errores que podrían constituir delitos por omisión o acción, como entregar tierra en lugar de restos a los familiares.

Hace dos años, el gobernador Rubén Moreira reconoció que las cajas con presuntas cenizas entregadas a familias de desaparecidos de Allende, Piedras Negras y la región de Los 5 Manantiales en realidad no contenían restos humanos, sino tierra.

Se consensó con las familias para hacer una entrega de duelo, por lo que me están diciendo (Armando Luna Canales, secretario de Gobierno, y Homero Ramos Gloria, procurador de Justicia del estado) es tierra del sitio. No se había querido decir por respeto a las familias, en el proceso del duelo hay cosas que son muy importantes y ahí lo que pasó fue una tragedia, señaló el gobernador.

Lo anterior indignó a las familias que no han tenido acceso al expediente judicial, a pesar de que supuestamente ya hay una decena de personas encarceladas por las desapariciones y masacres.

Hay personas procesadas y sentenciadas, aunque con apelación y cabe la posibilidad de que obtengan su libertad. Se habla de otras órdenes de aprehensión, pero no lo hacen del conocimiento de los familiares, es obvio que hay una negativa, advierte la abogada.

Explica que los familiares de las víctimas promueven juicios de amparo y atienden el nuevo sistema acusatorio, a fin de solicitar garantías para que los parientes tengan acceso a los expedientes:

Es evidente que hay un ocultamiento de la información y creemos que es porque han alterado varios hechos y pruebas. Por ejemplo, en 2014 el procurador declaró que habían localizado 4 mil fragmentos óseos y luego dijo que de todos estos no era posible su cotejo con el perfil de ADN de las familias, para concluir después con la entrega de actas de defunción por supuesta localización de partes humanas, pero resulta que en lugar de restos, entregaron tierra.

Sin voluntad de hacer justicia

En estos días se desarrolla un juicio en la Corte Federal de San Antonio, Estados Unidos, contra el narcotraficante de Los Zetas Marciano Millán Vázquez, El Chano, por crímenes cometidos en el municipio de Allende y Piedras Negras. El fiscal Russel D. Leachman presentó 10 cargos en su contra, mientras en Coahuila no se le investiga.

En una de las audiencias, un testigo protegido, también detenido por tráfico de drogas, declaró que Millán Vázquez lo obligó a presenciar cómo asesinaba a un grupo de personas, entre ellas una niña de seis años a quien, frente a sus padres, fue cortando con un hacha mientras le decía a su papá: Así me puedes recordar.

Otro testigo, identificado como J. Rodríguez El Pollo, declaró que Los Zetas le informaron que 300 personas fueron asesinadas a tiros para después ser quemadas, contrario a la versión del gobierno que señala que sólo hubo 28 víctimas.

Para las familias este juicio que se desarrolla en Estados Unidos es muy importante, enfatiza la abogada, porque afirma que no hay voluntad de hacer justicia ni ayudar a las familias, a pesar de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solicitó los documentos a la gente cercana, nunca hizo nada, ni tampoco las instituciones locales: Nos hemos dado cuenta que una y otra vez, las autoridades de Coahuila cambian la versión de lo acontecido en Allende, expresa García Bosques.

Comenta que para acreditar lo sucedido donde participaron Los Zetascomo crímenes de Estado pretenden demostrar que la participación de las autoridades fue por acción o bien por omisión: “Este grupo de la delincuencia pagaba por acallar o que le dejaran hacer lo que estaban haciendo. Y ellos permitieron que acontecieran todos estos delitos. En su momento tiene que acreditarse esa línea de investigación. Esto va a la CPI porque hay un señalamiento directo entre los autores de estos crímenes de lesa humanidad, incluso nosotras mismas estamos en riesgo”.

Añade: No es posible que el Estado no se diera cuenta. No pueden decir que las autoridades desconocían lo que estaba sucediendo en Allende, en especial Armando Luna Canales, quien ha permanecido en puestos desde 2005 hasta 2015.

Según los testimonios de familiares y vecinos, las víctimas eran sacadas de sus casas y llevadas a inmuebles de seguridad o bien al Centro Penitenciario de Piedras Negras, algo que acredita el crimen de Estado.

Existe la posibilidad de que 150 personas hayan sido introducidas al Centro Penitenciario de Piedras Negras para ser cocinadas, calcinadas y luego arrojadas a un río, según confesiones de detenidos dentro de ese penal. Por testimonios sabemos que esto fue posible, lo que no es prudente es que el Estado se atreva a decir la cantidad de gente que fue introducida sin tener una certeza de qué personas fueron.

Ariana Denisse García Bosques comenta que caminar por las calles de esta región, entre casas quemadas y destruidas, es negarse a olvidar para buscar justicia: Esto es persecución política por intereses, aunque haya sido un grupo de la delincuencia, sabemos las estrategias que un Estado maneja para implantar terror.





Fuente: La Jornada
Autora: Sanjuana Martínez
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/politica/015n1pol

Acusan a soldados de entregar a Los Zetas a víctimas de la masacre de Allende

ALLENDE, Coah. (apro).- Miembros de Ejército mexicano que vigilaban la Garita de la Aduana ubicada a las afueras de Allende entregaron a Los Zetas a miembros de la familia Garza Gaytan, después de que acudieron a solicitarles ayuda, denunciaron víctimas de la masacre que ocurrió hace cinco años en este poblado.

Familias que se han organizado para buscar a sus parientes desaparecidos conmemoraron la tarde de este vienes a las cerca de 300 víctimas que se llevaron sicarios de Los Zetas el 18 de marzo del 2011.

Las familias colocarán una ofrenda floral en el monumento que se construyó a la entrada de Allende, en honor a sus seres queridos que se llevaron los pistoleros que tomaron el pueblo la tarde del 18 de marzo de hace cinco años.

Miembros de esas familias que hablaron con Apro bajo la condición del anonimato contaron que al filo de las 5:30 horas de hace cinco años arribaron al pueblo alrededor de 42 camionetas escoltadas por cuatro patrullas de la Policía Municipal.

En cada camioneta viajaban entre cinco y ocho pistoleros fuertemente armados, quienes no se cubrían el rostro. Los más de 200 sicarios cerraron las entradas y salidas del pueblo que se conectan con la carretera 57 que conduce a la ciudad fronteriza de Piedras Negras.

Ese día comenzaron a buscar a miembros de la familia Garza Gaytán y Moreno Villanueva. Se quedaron durante toda una semana, contó uno de los familiares entrevistados.

Cuando llegaron a la vivienda del tío de José Luis Garza Gaytán, éste los recibió a balazos y mató a tres sicarios. En venganza lo mataron junto a dos mujeres integrantes de esa familia, agregó el entrevistado.

Otros tres miembros de la familia Garza lograron escapar y solicitaron ayuda al destacamento militar que se instala en la Garita Aduanal de la carretera 57, ubicada a menos de tres kilómetros de Allende.

Horas más tarde los soldados los entregaron a Los Zetas quienes se los llevaron a un rancho de la familia para asesinarlos.

Testigos y declaraciones de sicarios detenidos aseguran que en ese rancho ubicado en el kilómetro siete de la carretera Allende Villa Unión mataron e incineraron alrededor de un centenar de hombres, mujeres y algunos menores.

Los niños y bebés de esas familias fueron abandonados en orfanatos e incuso los entregaron a gente desconocida. Tres de esos niños que se llevaron ya fueron localizados por las autoridades.



Fuente: Proceso
Autor: Juan Alberto Cedillo
http://www.proceso.com.mx/433955/acusan-a-soldados-entregar-a-los-zetas-a-victimas-la-masacre-allende

Masacre en Allende: “El Estado mexicano es cómplice”, dice Raúl Vera

"El problema que tenemos en casos como el de Ayoztinapa es la estructura, tenemos una deformación estructural del Estado mexicano", aseveró el obispo de Saltillo.

“Hemos dicho siempre que en las desapariciones forzadas, el Estado tiene que ver por aquiescencia (consentimiento) o complicidad. El estado es responsable de estas desapariciones”, dijo ayer el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

“El problema que tenemos en casos como el de Ayoztinapa es la estructura, tenemos una deformación estructural del Estado mexicano, está deformado por la desaparición que tiene de parte del crimen organizado y de quienes quieren hacer su agosto con la ciudadanía y esto se ve por todas partes, no es un problema privativo de Coahuila”, abundó.

Sobre la masacre en el municipio de Allende, comentó: “Nadie vio por esa gente, sencillamente llegaron y se la llevaron a la luz del día. Fue impresionante el grado de impunidad con que eso ocurrió”.

“No hubo defensa para nadie, lo hacían a la luz del día y nadie defendió a esa gente, esto lo supe por testigos, nadie salió a defender a esa gente, parecía como si no hubo autoridad”, añadió.


“Nosotros cuando hablamos de desapariciones forzadas, siempre decimos que el responsable de las desapariciones de las personas es el Estado mexicano, que son los municipios, los gobiernos estatales y el Gobierno federal con todas sus instituciones. De lo que poco a poco hemos aprendido, gran parte de las omisiones es por complicidad”, sostuvo el religioso.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘Zetas’ secuestraron a 28 en Allende, no a 300: Procuraduría de Coahuila

"Hay casos donde una familia tenía varias viviendas, por eso tenemos la certeza de que 11 fueron privadas de la vida -nueve hombres y dos mujeres- y de 17 más se desconoce su paradero", dijo el procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria.

11 personas fueron asesinadas y 17 más están desaparecidas en hechos violentos ocurridos en marzo de 2011, en el municipio de Allende, informó la Procuraduría de Justicia de Coahuila.

A casi cuatro años de la llamada “masacre de Allende”, la procuraduría sostuvo que no fueron 300 las personas secuestradas y desaparecidas por la banda criminal de Los Zetas, sino que -precisó- secuestraron a 28 personas, de las cuales mataron a 11 y 17 desaparecieron. La Procuraduría agregó que otras 15 personas involucradas en los hechos están en Estados Unidos, a donde huyeron.

La investigación sobre este caso señala que se trató de una venganza del grupo criminal porque no buscaban a una persona que no les pagó 5 millones de dólares de la venta de droga. 

El procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, dijo que hay cuatro detenidos, entre ellos dos ex policías municipales de Allende. Además, existen órdenes de aprehensión contra otros seis policías.

Además, el procurador dijo que tres sujetos que se encuentran en Estados Unidos cuentan con información fundamental sobre estos hechos, por lo cual se solicitó la colaboración de la Procuraduría General de la República para su extradición, proceso que se encuentra en trámite.

Los tres cuentan con orden de aprehensión vigente y ejecutable por el delito de secuestro calificado.

Los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2011, cuando los Zetas llegaron a diversos domicilios en los municipios de Allende y Piedras Negras, en la zona Cinco Manantiales, norte de Coahuila. Secuestraron a varias personas y balearon un total de 48 casas y ranchos. De los hechos sólo se recibió una denuncia.


Un reportaje del periodista Diego Enrique Osorno indica que localmente sí se habló de hasta 300 desapariciones.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.