“A pesar de la rabia y el dolor que sentimos de ver que nuestra vida se pone en manos de quienes comercian con ella, estamos dispuestos a antes que cualquier otra acción, darle una oportunidad a la palabra, a sentarnos en una mesa e intentar dialogar. No estamos aceptando ni invitando a una negociación para ponerle precio a nuestra dignidad. Los estamos invitando, una vez más, como aquel día 22 de marzo o el día 8 de agosto de 2021 a presentar nuestras demandas legítimas por la vida y el bienestar de nuestros pueblos”, señaló la organización Pueblos Unidos en un comunicado leído en la actividad.

Pueblos y colectivos de Slumil K´Ajkemk´Op (Europa) condenaron que la Guardia Nacional, la policía de Puebla y del municipio de Juan C. Bonilla desalojaran el Altepelmecalli, Casa de los Pueblos, para entregar las instalaciones a la empresa Bonafont, acusada del despojo y sobreexplotación del agua.

«Hacemos responsable al gobierno federal de México de esta escalada represiva en contra de los pueblos y exigimos que cesen las acciones de la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos en contra de quienes se oponen a la explotación- destrucción de la naturaleza y al despojo de los territorios y del patrimonio comunitario de los pueblos originarios para imponer los proyectos de muerte promovidos desde el Estado», señalaron en un comunicado.

La Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio exigió el retiro de las corporaciones policiacas privadas y gubernamentales que el pasado 15 de febrero desalojaron el “Altepelmecalli”, la Casa de los Pueblos, en la planta de Bonafont en Puebla, y demandaron que las instalaciones les sean devueltas a las comunidades de la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes.

«Estos hechos represivos son parte de una oleada de violencia gubernamental que a lo largo y ancho del país busca debilitar las luchas en defensa de los derechos de nuestros pueblos», aseguró la Asamblea en un pronunciamiento, en solidaridad con las comunidades en Puebla que en 2021 tomaron la planta de Bonafont, del corporativo francés Danone, para detener el saqueo del agua en la región.

«Nos declaramos en alerta ante la posible persecución de las y los herman@s de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, haciendo responsable al gobierno federal de utilizar a su grupo armado llamado Guardia Nacional para agudizar la guerra del dinero en contra de la vida», señalaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), tras el desalojo del pasado 15 de febrero contra los pueblos que mantenían ocupadas las instalaciones de la planta Bonafont en Puebla, para evitar el robo y sobreexplotación del agua.

En un comunicado, condenaron «la escalada represiva, que viene de las entrañas del gobierno del capital, que se autonombra 4T, en contra de la resistencia y la lucha por la vida» de la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, que desde el 22 de marzo de 2021 inició la construcción de un espacio cultural y político autónomo en la planta de Bonafont y la convirtió en la Casa de los Pueblos.

El desalojo y destrucción del Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, a manos de la Guardia Nacional y la policía en Puebla demostró «una vez más» que el gobierno está «a favor de la devastación, el extractivismo y el capital extranjero», denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Señaló que el desalojo del Altepelmecalli, construida por la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes tras tomar la planta de la embotelladora Bonafont, acusada del robo y sobreexplotación del agua, «es condenable política, legal y moralmente» y es una prueba de que los tres niveles de gobierno «se hallan maniatados ante el poder del capital financiero internacional».