Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este martes que siete mil 732 personas han obtenido su libertad de prisiones en México por injusticias del sistema penitenciario o problemas de salud durante los últimos 16 meses.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó esta mañana que Gilberto Aguirre Baena, sobreviviente de la masacre de 17 campesinos el pasado 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, obtuvo su preliberación tras haber sido torturado para declararse culpable.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, una actualización sobre el Programa de Libertades Anticipadas y Amnistías, gracias al que han salido de prisión cinco mil 309 personas.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer esta mañana que del 27 de octubre al 21 de noviembre 289 personas han obtenido su libertad de prisiones en México por injusticias del sistema penitenciario o problemas de salud.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han podido liberar a 3 mil 359 personas que purgaban penas por delitos no graves, no tenían sentencia, fueron encarcelados injustamente o no contaron con un traductor (en el caso de indígenas) o con los recursos para pagar un abogado.

Así lo informó la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el año y medio que lleva vigente la Ley de Amnistía del Estado de México, 25 hombres acusados y sentenciados por el delito de feminicidio han solicitado a la Comisión de Derechos Humanos del estado (Codhem) que los ayude a obtener este beneficio bajo el argumento de que hubo violaciones a sus garantías individuales y al debido proceso. Sin embargo, la Comisión declinó apoyarlos.

Hace 17 años, la madrugada del 22 de febrero de 2005, Irma Rafael Esquivel, en ese entonces de 25 años, fue golpeada por su entonces pareja quien la tiró de la cama, la tomó del cabello y la arrastró rumbo a una barranca colindante a la casa en donde vivían en el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Irma estaba embarazada, a días de tener a su tercer hijo.

Zenaida, la madre de Irma, cuenta que ya en la barranca la expareja de su hija la golpeó, se subió en ella y siguió agrediéndola. A raíz de ello le hizo perder al niño, argumentando que “él no quería ese engendro” porque, de acuerdo con Zenaida, toda su familia le había llenado la cabeza con ideas de que Irma, con quien ya tenía dos hijos -un niño de 4 años y una niña de 3 años-, lo engañaba.

A prácticamente 10 meses de anunciarlo y a nueve de formalizarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a presos de cárceles federales con más de 10 años sin sentencia, adultos mayores de 75 años, adultos mayores que padezcan enfermedades crónicas y presos víctimas de tortura no tiene ningún beneficiario. 

En respuesta a distintas solicitudes de información pública, la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Adán Augusto López, confirmó que no se ha instalado el comité que deberá analizar los casos —ni hay fecha para hacerlo—, y aunque se emitieron lineamientos para el beneficio, no hay reglas de operación pues estas deben ser aprobadas por dicho comité.

Cuando Ana Georgina se enteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado un beneficio para hombres y mujeres privados de su libertad, que hayan sido víctimas de tortura o que permanecen en prisión sin una sentencia, no pudo contener su felicidad: había una esperanza de salir de prisión y reunirse con sus hijos.

Sin embargo, a la fecha no se han publicado las reglas de operación del beneficio, lo cual prolonga su estancia en prisión, que ya suma 12 años.

De éstas 942 fueron hechas por hombres y 133 por mujeres. Del total, 77 corresponden a integrantes de pueblos originarios.

Durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en ausencia del presidente López Obrador, quien se recupera de Covid-19, Paulina Téllez detalló que de todas la solicitudes de amnistía, “760 son por delitos contra la salud; 175 son delitos que no proceden y 769 que están en espera de información por falta de datos personales”.

La Comisión de Amnistía, el organismo encargado de revisar las solicitudes de los presos que solicitan el perdón y la excarcelación, tendrá hoy su primera sesión en seis meses, según fuentes oficiales. Sobre la mesa hay pendientes un total de 1 mil 062 peticiones presentadas desde que el 20 de abril fue aprobado el mecanismo de forma exprés por el Senado. El dictamen de la norma estuvo congelado desde 2019 pero se recuperó en los inicios de la pandemia con idea de que la amnistía permitiese reducir la presión en las cárceles, convertidas en foco de contagio de la COVID-19. A día de hoy, sin embargo, no se ha producido excarcelación alguna por esta vía. 

Al mismo tiempo, durante este período se registraron 3 mil 140 preliberaciones y libertades por compurga de pena en cárceles estatales a causa del coronavirus, según las mismas fuentes. El mecanismo aplicado no fue la amnistía sino la “Guía para llevar a cabo preliberaciones en el marco del COVID-19” elaborada por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la secretaría de Gobernación, que fue desarrollada en marzo, cuando la pandemia apenas daba sus primeros golpes en México.