Amnistía Internacional alerta: México vive entre la militarización, desapariciones y opacidad

En su informe, AI da cuenta de “la falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información” por parte de la Sedena y Semar; además, subraya las graves violaciones a derechos humanos que persisten en el país.

Asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; criminalización de activistas en defensa de territorio y el medio ambiente; incremento sostenido en el número de personas desaparecidas --que ya rondaban los 114 mil, según los registros oficiales--, mientras los familiares de estas víctimas “seguían exponiéndose a graves peligros, tales como la desaparición forzada, el homicidio, la represión o las amenazas”, son algunas de las consideraciones de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en México en el último año.

Policías hacen uso de tácticas “que se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado”: AI

Por lo menos cinco desapariciones forzadas registradas en los últimos días de diciembre fueron a manos de policías en Chilpancingo, Guerrero, “mediante tácticas escalofriantes que se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado”, señaló la organización Amnistía Internacional (AI).

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

“Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Secretario General de Amnistía Internacional repudia Ley de Seguridad y llama a EPN a vetarla

"La ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías", señaló.

El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, dirigió una carta abierta al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien le pidió vetar la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada en el Congreso el pasado viernes.

Asesinato de Mara, una muestra del riesgo constante de mujeres: AI

Ciudad de México. El asesinato de la joven Mara Castilla es una muestra de que en México las mujeres están constantemente en riesgo, como parte de un clima de agresiones por las que ademas las propias víctimas son culpabilizadas, lamentó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI), Tania Reneaum.

Acción Urgente: Piden detener persecución de opositores al Gasoducto Morelos

La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos emitió un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cese la criminalización de defensores de derechos humanos opositores al gasoducto Morelos en #Puebla.

Feminicidios en Jalisco deben ser una prioridad política: AI

Los feminicidios y la violencia de género deben tratarse como una “verdadera” prioridad en la política de Jalisco, aseguró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Tania Reneaum Panszi, quien insistió en que las autoridades de la entidad necesitan implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

De acuerdo con Reneaum, ninguna de las medidas se han puesto en marcha a dos meses de que la Conavim entregó al gobierno de Jalisco un informe con 12 recomendaciones y 37 acciones para combatir la violencia de género.

Ser periodista en México es más una sentencia de muerte: Amnistía Internacional

“Ningún periodista, sin importar el alcance de su medio, está a salvo” en México, declaró la directora en México de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, al condenar el asesinato de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, del pasado 15 de mayo.

“Ser periodista en México parece más una sentencia de muerte que una profesión”, pues el país es una “zona de alto riesgo” para los comunicadores que entre sus reportajes incluyen información sobre el gobierno, el crimen organizado y temas de seguridad, agregó Reneaum.

Amnistía Internacional cuestiona estrategia para legitimar militarización de la seguridad pública en México

CIUDAD DE MÉXICO: Amnistía Internacional (AI) cuestionó la estrategia para legitimar la militarización de la seguridad pública, luego de que el Congreso retomó la discusión de la Ley de Seguridad Interior que pretende legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en esas tareas.


En un comunicado, el investigador para México de AI, Carlos Zazueta, recordó que “tras diez años de seguridad militarizada se han incrementado las violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de los responsables”.

Zazueta consideró como “preocupante” que en las iniciativas propuesta para la Ley de Seguridad Interior “se busque legitimar el uso de las fuerzas armadas para las tareas que son de seguridad pública ordinaria”.

Y advirtió que de aprobarse la legislación en los términos propuestos, se “debilitará aún más el sistema de protección de derechos humanos en el país, sin contribuir en modo alguno a la seguridad de la población”.

El investigador resaltó que el Congreso debería considerar “otras prioridades más urgentes, como las leyes generales de tortura y desaparición”, que hasta ahora no han sido discutidas, “a pesar del sufrimiento y la impunidad que generan tales crímenes”.

Amnistía Internacional ha documentado ampliamente los efectos de la militarización de la seguridad pública como parte de la “guerra contra el narcotráfico”, en informes referentes a la tortura sexual durante detenciones de mujeres, así como casos sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas armadas.

Cabe destacar que el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst, se sumó a los cuestionamientos que otras oficinas de la ONU y expertos han hecho sobre la militarización.

En su informe preliminar presentado el martes 24, Forst señaló que “el uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil, levanta varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática, sin tampoco haber puesto fin a la violencia”.

El relator de la ONU resaltó que durante su visita detectó que los defensores que representan a víctimas y familiares de violaciones graves a derechos humanos atribuibles a las Fuerzas Armadas “se encuentran en un mayor riesgo de represalias”.

En entrevista con Proceso, publicada en el número que circula esta semana, Forst puntualizó que “la función del Ejército es proteger al país en un estado de emergencia o de excepción, y no es el caso de México”.


Luego de señalar que si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, presentará sus observaciones contra la medida en el informe final que dará a conocer en marzo de 2018 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator dijo al semanario que documentó casos de “implicaciones muy fuertes contra el Ejército y la Marina en ataques contra defensores”, no sólo en casos de amenazas, sino de ejecuciones, secuestros y detenciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472694/amnistia-internacional-cuestiona-estrategia-legitimar-militarizacion-la-seguridad-publica-en-mexico

Ayotzinapa, sinónimo del temerario enfoque a los derechos humanos en México: AI

CIUDAD DE MÉXICO: Como era de esperarse en un país con un historial atroz en materia de derechos humanos, los avances en la investigación sobre el caso Ayotzinapa han llegado a punto muerto.

“Y la descarada negación del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre lo ocurrido a los normalistas está tan profundamente arraigada que el presidente ya no se atreve a pronunciar en público la palabra”.

Así lo señala la organización Amnistía Internacional (AI) en un comunicado difundido este jueves, donde detalla que a dos años de la desaparaición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la tragedia se ha convertido en una mancha tal para el gobierno de Peña “que es ya sinónimo del temerario enfoque de las autoridades mexicanas a los derechos humanos en el país, en el que los responsables de crímenes como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas rara vez responden ante los tribunales”.

Destaca que el catálogo de fallas en el modo en que se gestiona el caso Ayotzinapa es tan largo, que resulta increíble.

Y recuerda que seis meses después de la desaparición forzada de los estudiantes, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio públicamente una explicación oficial sobre lo que las autoridades creían que había ocurrido. La llamada “verdad histórica” que aseguraba que los estudiantes habían sido asesinados por un poderoso cártel de la droga y que luego habían quemado los cadáveres en un basurero.

Transcurrido un año y después de dos informes condenatorios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señalaban todo un catálogo de fallas de las autoridades en la forma en que habían hecho las investigaciones, los especialistas fueron invitados a marcharse del país porque “al gobierno de Peña Nieto no le gustó que lo hubieran avergonzado internacionalmente”.

En su comunicado, AI sostiene que cuando la presión internacional disminuyó y la atención del mundo pasó a otra parte, se levantó la presión que pesaba sobre el gobierno de Peña Nieto.

Nunca se hizo un seguimiento de los informes según los cuales decenas de detenidos por su implicación en las desapariciones habían sido torturados para que “confesaran”.

Resalta, asimismo, que el GIEI reveló que Tomás Zerón de Lucio, el funcionario que había estado a cargo de la investigación, había manipulado la escena del crimen en un intento de demostrar que un trozo de hueso perteneciente a uno de los estudiantes había sido hallado a orillas de un río local a finales de octubre de 2014, y “este hecho escandaloso también ha quedado impune”.

Añade: “La desaparición de estos 43 jóvenes es emblemática de todo lo que es injusto en México. Los derechos humanos no son más que una ilusión para los miles de hombres, mujeres, niños y niñas que cada año son víctimas de tortura, asesinato y desaparición y que seguirán siéndolo mientras las autoridades insisten en decir que todo va bien”.

Las historias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, apunta, son un recordatorio de los más de 28 mil hombres, mujeres, niños y niñas que han desaparecido en todo México en el último decenio, la mayoría de ellos desde que peña Nieto tomó posesión de su cargo en 2012.

“Son un recordatorio de la medida en que se tortura habitualmente a las personas para que ‘confiesen’ delitos que no han cometido, en un vil intento de mostrar que el gobierno está haciendo algo contra las brutales bandas delictivas que aterrorizan el país”.

El gobierno de Peña Nieto, dice AI, parece confiar en la memoria cortoplacista de México y espera que la gente se olvide de los 43 estudiantes, como se han olvidado muchas otras violaciones de derechos humanos que ha presenciado durante décadas este país.

“Pero no cuenta con que hay millones de personas en el país y en todo el mundo que están hartas de promesas vacías”.

Y advierte: “Seguiremos luchando codo con codo con todos los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones que no renuncian a la esperanza de hacer que las autoridades mexicanas rindan cuentas y garantizar que cumplen sus obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos”.

Remata: “Se ha acabado el tiempo para las maniobras políticas. Los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no abandonarán su lucha hasta que logren verdad y justicia para sus hijos”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/456896/ayotzinapa-sinonimo-del-temerario-enfoque-a-los-derechos-humanos-en-mexico-ai

AI: caso Iguala expuso encubrimiento a violaciones a DH

Ciudad de México: “La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente (Enrique) Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México”, consideró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Indicó que las autoridades mexicanas “han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen; desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes (de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos) hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada”.

Afirmó que “la cínica respuesta del presidente mexicano a la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, hace dos años, ilustra la insensata actitud que ha sostenido el gobierno mexicano hacia los derechos humanos”.

Recordó que las autoridades mexicanas han dicho que los estudiantes fueron secuestrados por una banda criminal de la zona y que sus restos fueron incinerados en un basurero local.


“Sin embargo, tras una investigación forense de un año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fueran incinerados en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, una conclusión que es compartida por otros expertos que han tenido acceso al caso”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/22/ai-caso-iguala-ha-expuesto-que-se-encubren-violaciones-a-dh

Amnistía llama “insensata” y “cínica” la respuesta de EPN a los 43; la ONU-DH visita a los padres

La organización Amnistía Internacional reclamó la inacción por parte del Presidente Enrique Peña Nieto en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y calificó como “insensata” la actitud que ha sostenido el Gobierno mexicano hacia los derechos humanos. Por su parte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU) Jan Jarab, se reunió con los padres de los 43 estudiantes y en el encuestro destacó la necesidad de la Ley General de desaparecidos.

Ciudad de México, 21 de Septiembre (SinEmbargo).- A cinco días de que se cumplan dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, Amnistía Internacional reclamó la inacción por parte del Presidente Enrique Peña Nieto en el caso, y calificó como “insensata” la actitud que ha sostenido el Gobierno mexicano hacia los derechos humanos.

“La cínica respuesta del Presidente a la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace dos años ilustra la insensata actitud que ha sostenido el gobierno mexicano hacia los derechos humanos”, dijo.

“La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del Presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen”, añadió.

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de Septiembre de 2014 después de haber sido arrestados por policías municipales mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar una masacre de estudiantes ocurrida el 2 de Octubre de 1968.

Desde entonces, los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio de 19 años, fueron identificados, pero aún se desconoce el paradero y la suerte de los otros 42.

Las autoridades mexicanas han dicho que los estudiantes fueron secuestrados por la banda de “Los rojos” y que sus restos fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula.

Sin embargo, tras una investigación forense de un año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fueran incinerados en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, una conclusión que es compartida por otros expertos que han tenido acceso al caso.

LA ONU SE REÚNE CON PADRES

En tanto, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan Jarab, se reunió con los padres de los 43 estudiantes. En el encuentro se pidió el respaldo para impulsar la Ley General de Desaparecidos.

Familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, entre ellos el abogado Vidulfo Rosales, recibieron el Alto Comisionado de la ONU en México, Jan Jarab.

“Aún no sabemos la realidad del paradero y compartimos la frustración de las familias”, pronunció al finalizar la reunión en las instalaciones de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Jan Jaran aseguró que la ONU refrenda su respaldo y apoyo para encontrar la verdad y justicia: “nuestra presencia hoy es un signo de apoyo y de que estamos comprometidos a que este caso emblemático se resuelva”.

Durante la reunión se señaló que México necesita una Ley General contra desapariciones para que no vuelva a ocurrir un acontecimiento similar, por lo que familiares pidieron el respaldo al Alto Comisionado. “Este caso no se puede quedar en la impunidad y deben de garantizarse la no repetición de este tipo de hechos”.

A casi dos años de la desaparición de los normalistas, dos personas distintas han encabezado la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que conduce las investigaciones; más de 110 personas se encuentran sujetas a prisión preventiva acusadas por su participación en el caso y ninguna de ellas ha sido declarada penalmente responsable, es decir, condenada por un juez.

El dato más relevante de los días previos al segundo aniversario de este caso es la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, quien ocupaba el cargo de Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

Zerón se encontraba en la mira de los familiares de los estudiantes y del grupo internacional de expertos que coadyuva en la indagatoria y que fue designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estos grupos han basado sus denuncias en los hechos difundidos por un video en el que se ve a Zerón deambulando por el lugar en el que, según la versión oficial, fueron calcinados los restos de los estudiantes. También se cree que Zerón “sembró” indicios intencionalmente para que fueran encontrados por los peritos que trabajaban en el área.

La renuncia de Zerón había sido exigida por los familiares de los desaparecidos.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/21-09-2016/3094905

Amnistía pide a Macri hablar con Peña Nieto sobre desapariciones, tortura y amenazas en México

Amnistía Internacional solicitó hoy al Presidente argentino Mauricio Macri que le dé un espacio prioritario al debate sobre los derechos humanos en su reunión de mañana con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, en Buenos Aires. La carta de la organización se suma a la protesta anunciada por diversas organizaciones para el viernes en la histórica Plaza de Mayo, con el fin de reclamar por el respeto a los derechos humanos en México. En tanto, la Asamblea de Mexicanos en Argentina y diversas agrupaciones sociales y estudiantiles convocaron también a una manifestación de repudio al Presidente mexicano.

La organización Amnistía Internacional (AI) solicitó hoy al Presidente argentino Mauricio Macri que le dé un espacio prioritario al debate sobre los derechos humanos en su reunión de mañana con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, en Buenos Aires.

Peña Nieto realizará mañana una visita oficial a la Argentina, tras participar hoy en la asunción de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Por la mañana será recibido por Macri en la Casa Rosada y luego participará en un Foro Económico en la Cancillería argentina.

La carta de Amnistía Internacional enviada a Macri se suma a la protesta anunciada por diversas organizaciones para el viernes en la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires, con el fin de reclamar por el respeto a los derechos humanos en México.

“Las gravísimas violaciones a los derechos humanos, las desapariciones, las torturas y el amedrentamiento que sufren los defensores de derechos humanos en México merecen un tratamiento prioritario”, afirmó la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski. “AI considera que la visita de Peña Nieto a la Argentina es una buena oportunidad para tratar estos temas que son urgentes”.

La entidad reclamó a México la promulgación de leyes generales sobre tortura y desapariciones, el refuerzo del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual y realizar “investigaciones exhaustivas e imparciales” sobre las denuncias de desapariciones de personas y violaciones de los derechos humanos, incluyendo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.


El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, cumplirá este viernes una apretada agenda en Buenos Aires que incluirá un encuentro con su par en Argentina, Mauricio Macri, y que está destinada a renovar la relación bilateral con la firma de varios convenios y la asistencia a un foro económico.

La visita de Estado de Peña Nieto a Argentina será la primera con Macri al frente de aquel país, tras asumir el cargo en diciembre del pasado año.

La agenda del mandatario mexicano comenzará en torno a las 10:30 hora local con un acto en la céntrica plaza de San Martín, donde colocará una ofrenda floral en el monumento al libertador José de San Martín y recibirá simbólicamente las llaves de la ciudad de parte de autoridades municipales, informaron a Efe fuentes de la Presidencia argentina.

Seguidamente, Peña Nieto acudirá a la Casa Rosada, sede de Gobierno, donde será recibido por el mandatario argentino, con quien se saludará protocolarmente ante la prensa y mantendrá una reunión privada primero y otra posterior con altos funcionarios.

Después, ya públicamente, participarán de la firma de convenios bilaterales en el Salón Blanco de la casa de Gobierno y pronunciarán una declaración a los medios de comunicación.

Será alrededor de las 12:30 cuando ambos se trasladarán al Museo de la Casa Rosada para encabezar un brindis y disfrutar de un almuerzo.

La agenda de la tarde del Presidente mexicano estará protagonizada por la apertura en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de un foro económico al que acudirán tanto empresarios mexicanos como argentinos.

Se prevé además que durante el viaje Peña Nieto imponga la Orden Mexicana del Águila Azteca a dos notables ciudadanos argentinos que “han sido clave en el posicionamiento de México en el imaginario cultural argentino”, explicaron fuentes oficiales mexicanas.

Estas matizaron que el mandatario busca relanzar la relación bilateral en un momento en que hay “una convergencia de intereses y visiones” desde la llegada de Macri al poder.

Entre los temas de agenda entre los dos líderes se encuentran también temas regionales y multilaterales, incluyendo la presidencia argentina del Grupo de los Veinte (G20) en 2018.

ONG’S CONVOCAN A MARCHA

En tanto, la Asamblea de Mexicanos en Argentina y diversas agrupaciones sociales y estudiantiles convocaron a una manifestación de repudio a Peña Nieto en la histórica Plaza de Mayo, en una expresión de “digna rabia ante la política genocida y la violación sistemática de derechos humanos que está implementando en México”.

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) se pronunció en contra de la visita del Ejecutivo federal a Argentina y convocó a una movilización en contra del mandatario mexicano.

Los estudiantes argentinos publicaron en la pagina de Facebook de la Federación un cartel donde señalan a Peña Nieto como “asesino de docentes y estudiantes”.

La FUBA convocó el próximo 29 de julio, día en el que arriba Peña Nieto a Argentina, a las 10 de la mañana a una movilización en rechazo al Presidente de México, en la Plaza de Mayo.

En la imagen publicada aparece Peña Nieto y Mauricio Macri estrechándose la mano y se puede leer: Fuera Peña Nieto de Argentina, asesino de docentes y estudiantes.

Esta movilización se suma al rechazo que expresaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a otras organizaciones civiles quienes reclamaron al Presidente Mauricio Macri “un posicionamiento firme” contra las violaciones a los derechos humanos en México.

A través de una carta dirigida al mandatario argentino, las madres de los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y las abuelas que buscan a sus nietos robados en ese período manifestaron que “cualquier decisión del Gobierno argentino respecto a sus relaciones con México exige un posicionamiento firme sobre las graves violaciones que allí están ocurriendo”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo y la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo mencionaron puntualmente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y recordaron que “a pesar de que el Gobierno mexicano se niega a reconocerlo, varios informes de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han dado cuenta de que el caso de Ayotzinapa evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad que hoy caracteriza a México”.

En Guerrero, y en muchas otras zonas de México se han descubierto fosas con cientos de restos humanos, añadieron. En los últimos años, se han registrado al menos 150 mil muertes, más de 28 mil desapariciones, incontables detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado de muchas poblaciones, entre otras serias vulneraciones de derechos.

Los recientes informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demostraron “la falsedad de la versión oficial” sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes y aportaron datos muy relevantes sobre la relación entre “las graves violaciones de derechos humanos y el accionar de diferentes fuerzas de seguridad al servicio de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico”.


La misiva dirigida a Macri también fue firmada por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros.

Esta es la segunda oportunidad en la que organismos defensores de derechos humanos le piden a Macri una postura firme en la materia con motivo de la llegada de un mandatario extranjero.

Antes de la visita del Presidente de Estados Unidos Barack Obama en marzo, los mismos firmantes le solicitaron al gobernante argentino activar gestiones para la desclasificación de archivos de seguridad e inteligencia estadounidense referidos al plan represivo ejecutado por las Fuerzas Armadas en Argentina durante los 70.

Respecto a la situación en México, en la carta dirigida a Macri se le recuerda que Argentina “ha merecido un extenso reconocimiento de la comunidad internacional” por el proceso de memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Y que además ha sido una de las naciones impulsoras en Naciones Unidas de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.


“La historia reciente de la Argentina debe permear su política exterior y en consecuencia, sus relaciones bilaterales con un Estado hoy signado por la desaparición masiva de personas en un contexto de extendida impunidad”, concluyeron las organizaciones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-07-2016/3072994

Tras demanda de Moreira contra Aguayo, preocupa a AI uso de recursos judiciales para inhibir libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación “por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”, luego de conocer la denuncia contra el académico y periodista Sergio Aguayo, por publicar una columna sobre la detención en España del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.

“La opinión publicada por Sergio Aguayo se realizó como parte del ejercicio legítimo de su libertad de expresión. Los asuntos de interés público deben estar sujetos a un amplio escrutinio por parte de diversos actores sociales y, por lo tanto, funcionarios y otras figuras públicas pueden estar sujetos a la crítica sin que dicha actuación vulnere sus derechos humanos”, destacó AI en un comunicado.

Señaló que la demanda de Moreira contra el académico de El Colegio de México exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 mil dólares por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, apuntó, el exgobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece por este tipo de demandas (mil 400 dólares, aproximadamente).

De acuerdo con la organización, toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo que en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular –apuntó– Amnistía Internacional “está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”.


Consideró, asimismo, que la suma exigida como reparación en la demanda “es excesiva” y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a asegurarse de que el sistema de justicia civil “no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacífico de los derechos humanos”.

Remató: “Las autoridades están obligadas a garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada sobre todos los asuntos de interés público”.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCION
LINK: http://www.proceso.com.mx/447464/preocupa-a-ai-posible-uso-recursos-judiciales-inhibir-la-libertad-expresion-en-mexico

Revela Amnistía presunta tortura y violación de mujer por policías de Torreón

Habría sido en presencia de militares; cuatro de los siete agentes municipales involucrados siguen activos y los otros tres fueron dados de baja porque ellos lo pidieron.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís de Torreón, Coahuila, declaró que la historia de Mónica, una joven que denunció en 2013 haber sido violada y torturada por agentes municipales en presencia de dos militares, “es un caso pasado”.

Esto luego de que la organización humanitaria, Amnistía Internacional (AI), publicó el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, en donde señala que uno de los casos ocurrió en esa ciudad en febrero de dicho año.

Solís refirió que antes se tenía una policía militarizada “y esto ocasionó falta de respeto a los Derechos Humanos… pero transformamos a una Policía Preventiva de proximidad social, esa policía es amiga de los ciudadanos… hoy cambia la situación”.

La investigación de la ONG indicó que de 100 mujeres detenidas en México, éstas sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.

Policías activos

En el caso de Mónica, cuatro de los siete policías municipales involucrados siguen activos. Los otros tres fueron dados de baja porque ellos lo pidieron y se les suspendió de sus labores con un pago del 30 por ciento de su sueldo y prestaciones médicas, según medidas legales.

La Secretaría del Ayuntamiento en la administración anterior recibió, en su momento, la notificación de los abusos y “resolvió” esta situación con un curso sobre prevención de la tortura, en el que participó todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero no hubo investigación, ni sanciones.

Benjamín Noyola, coordinador de Asuntos Internos de esta dependencia, dijo que la sanción será administrativa, que llegaría hasta el cese de los policías, mientras que el Ministerio Público tendrá que determinar la culpabilidad o no de los elementos.


La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó este jueves que se ha iniciado una indagación de oficio, pues ellos desconocen si existe una averiguación penal el respecto.

Informe de Amnistía:

Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México

  Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3006/mexico/revela-amnistia-presunta-tortura-y-violacion-de-mujer-por-policias-de-torreon/

Nochixtlán, otro ejemplo de ineficacia y negligencia del Estado mexicano: AI

CIUDAD DE MÉXICO: Amnistía Internacional (AI) reiteró su preocupación por la respuesta “militarizada” a los conflictos sociales en México, en particular a las protestas magisteriales en Oaxaca, donde la actuación de la Gendarmería dejó un saldo de nueve personas fallecidas y decenas de heridos.

Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, insistió en su llamado a investigar los hechos de violencia ocurridos el 19 de junio en Nochixtlán, que “lamentablemente es otro ejemplo de la respuesta tan ineficaz y negligente del propio Estado para atender situaciones de carácter social”.

En conferencia de prensa, para presentar el informe de “Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, Guevara Rosas lamentó el abuso del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

La defensora consideró preocupante que “nuevamente un caso de conflictividad social, es atendido por el Estado de manera militarizada, es realmente grave que el Estado sigue utilizando sus fuerzas de seguridad armadas para el control de las protestas pacíficas y las manifestaciones sociales frente a las políticas del Estado”.

Entrega a PGR informe sobre tortura sexual

Sobre el informe presentado por Amnistía Internacional, que reúne cien testimonios de mujeres detenidas por fuerzas de seguridad, todas agredidas y 72 de ellas víctimas de tortura sexual durante la detención, Guevara Rosas consideró que “son un reflejo de una realidad que en general viven las mujeres, y el poco valor y el control hacia sus cuerpos tanto por parte del Estado como por particulares, amparados por la impunidad se dan en todas las partes del país”.


La defensora contó que en la víspera, hizo entrega del documento a la procuradora General de la República, Arely Gómez, y al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quienes “hicieron referencia a los grandes esfuerzos del Estado, incluida la creación en la PGR de una Unidad Especializada para la Investigación de la Tortura, pero como la propia procuradora dijo, es de reciente creación sólo tiene algunos meses y espera que pronto pueda haber los resultados”.



Apuntó que está pendiente la confirmación de un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien la encargada del informe, Madeleine Penman, señaló como el responsable de evitar que la organización recabara más testimonios.

Al confesar que Amnistía Internacional es consciente de que informes como el ahora presentado no han sido bienvenidos por representantes del Estado mexicano, Guevara Rosas recordó que el discurso recurrente de los funcionarios es que los casos documentados están relacionados con “algunas manzanas podridas, que son casos excepcionales los cuales el Estado ya está atendiendo”.

Sin embargo, agregó, “es un discurso que sistemáticamente ha sido repetido por muchos años y que no se ha traducido en la realidad de la vida de las persona en este país, que hoy día sigue sufriendo de graves violaciones a los derecho humanos, y México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio y lamentablemente la negligente negación del Estado contribuye a la profundización de esta crisis”.

La principal recomendación de Amnistía para el Estado mexicano es, dijo: “reconocer esta crisis tan violenta que cruza al país en su conjunto y que de no atenderse solo podrá profundizarse más aún, continuar perpetuando condiciones de normalización de estas graves violaciones a derechos humanos”.

En cuanto la tortura sexual documentada por Amnistía Internacional, cometida por agentes de la Policía Federal, policías estatales y municipales, así como por integrantes del Ejército y la Marina, Guevara Rosas apuntó que estos hechos “no pueden ser descontextualizados de la violencia contra las mujeres que existe en México, uno de los países en el hemisferio lamentablemente conocidos por sus altos índices de feminicidios pero también de violencia generalizada a nivel doméstico, comunitario y por la violencia ejercida por el propio Estado en contra de las mujeres desde el ejercicio pleno de su derechos sexuales y reproductivos”.

De acuerdo con la investigación realizada por el equipo encabezado por Madeleine Penman, de las cien mujeres consultadas en cárceles de máxima seguridad, 72 relataron haber sufrido abusos sexuales durante su arresto o en horas posteriores, y 33 que habían sido violadas.

Madeleine Penman señaló que en cárceles federales hay cerca de tres mil 700 mujeres encarceladas, que por los relatos recabados, hay una alta probabilidad de que mucho más de las cien mujeres que aceptaron hablar con Amnistía hayan sido víctimas de violencia sexual durante sus arrestos.

La investigadora de Amnistía lamentó que dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) se negaran a hablar con los investigadores de la organización.


De igual manera, resaltó que entre las limitaciones que tuvieron fue “la falta de cooperación del secretario de Gobernación en este estudio, porque si no fuera por lo obstáculos derivados de esta instancia hubiéramos podido hablar con muchas más mujeres”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445558/nochixtlan-ejemplo-ineficacia-negligencia-del-mexicano-ai

Un Informe de Amnistía acusa a militares y policías de violar por todo el país a mujeres detenidas

La organización Amnistía Internacional documentó en una investigación de ocho meses, y luego entrevistar a 100 mujeres encarceladas en 11 prisiones federales en México, que 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual. En el informe de AI hay de todo: violaciones tumultuarias de policías y soldados, descargas eléctricas en los genitales y una impunidad que arropa a los agresores y los mantiene en la calle.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Mónica Esparza Castro fue violada por un grupo de policías ante la mirada de soldados el 12 de febrero de 2013: la asfixiaron con una bolsa de plástico, la arrastraron por el suelo sujetándola del cabello, le golpearon las nalgas con un tablón y siete policías, entre ellos un representante de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, la violaron frente a su esposo y su hermano, además la obligaron a realizarles sexo oral.

Mónica es una de las 33 mujeres, de un grupo de 100, que declararon a Amnistía Internacional (AI) que fueron violadas durante su detención. El día del brutal ataque contra Esparza Castro, la mujer de entonces 26 años viajaba en un automóvil con su esposo y su hermano cuando la Policía Municipal de Torreón los detuvo.

“Los agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a los tres a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Mónica al principio se quedó fuera, en una camioneta policial. Un oficial llegó y, cuando vio a Mónica allí, se puso furioso con la agente que la había llevado, y le dijo: “¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”. Unos minutos después regresó y metió a Mónica en el galpón, amenazándola con cortarla en pedacitos. Según el relato de Mónica, al entrar en el galpón el oficial le dijo, “bienvenida a la fiesta”, y ella vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados”, dice el informe de la organización titulado “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en México”.

“La fiesta” a la que se referían los policías era una brutal violación tumultuaria, en donde Mónica fue ultrajada mientras le hacían preguntas que no podía contestar y veía como a su esposo le levantaban la piel de la pierna con un cuchillo y daban latigazos con espuelas de metal que le desprendían la carne.

“Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón la agarró y empezó a besarla bruscamente y a morderla en la cara y el cuello, y luego la violó delante de su esposo y su hermano. Después, seis policías la violaron uno detrás de otro, y a continuación se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el esperma. Durante esa brutal violación, unos miembros uniformados del Ejército estuvieron allí mirando. Luego la policía llevó a los tres detenidos a las oficinas de la PGR [Procuraduría General de la República] en Torreón. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura”, narra el informe.

Mónica está presa, pues fue obligada a firmar una confesión. En agosto de 2014 expertos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que Mónica había sido violada y que su esposo había sido ejecutado arbitrariamente a consecuencia de su tortura.

“En abril de 2016 la CNDH emitió una recomendación en la que pedía una investigación criminal sobre el caso. Mónica está en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos, de corta edad, están al cuidado de un albergue, ya que su familia no puede asumir el costo de su manutención”, indica Amnistía Internacional.

Sobre los violadores de Mónica: todos libres, ninguno procesado. De hecho, no existe en México ningún policía preso por tortura sexual, dijo a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional.

A todos ellos los cobija ese manto que se llama impunidad, indicó la investigadora en tortura.

De acuerdo con el informe, pese al alto número de denuncias, las autoridades han afirmado que en los últimos cinco años sólo se han presentado seis cargos de violación contra funcionarios públicos en la justicia federal.

Siete soldados fueron juzgados por violación en 2012 y 2013 por tribunales castrenses. No obstante, entre 2010 y 2015 ningún miembro del Ejército fue suspendido por delitos sexuales. Tres marinos fueron suspendidos por abuso y uno fue condenado, pero inhabilitado sólo hasta salir de prisión.

LA IMPUNIDAD Y LAS CIFRAS DE VIOLACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL


El estudio de Amnistía reveló que de 100 mujeres entrevistadas, 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual durante su detención. Los agresores fueron elementos de la Marina, Policía Municipal, Estatal, Federal y Ejército.

“Es realmente alarmante el informe, porque estamos hablando que la tortura sexual se vuelve el método preferido de las fuerzas armadas y de seguridad de este país. Estamos hablando que de 100 mujeres, todas alegaron haber recibido algún tipo de violencia psicológica o verbal. Realmente son cifras escalofriantes y lo peor es que el gobierno sigue sin castigar prácticamente a casi ningún soldado o policía por estos hechos”, dijo Madeleine Penman.

La investigadora reveló que Amnistía no conoce que exista una sola persona encarcelada por los delitos que denunciaron las 100 mujeres.

“Estamos hablando de una impunidad escalofriante. Cuando hablamos con las mujeres vimos que a pesar de haber denunciado, no habían tenido justicia. Peor aún, pedimos datos de las fuerzas armadas y su respuesta fue alarmante, estamos hablando de que en cinco años el Ejército no nos pudo dar un ejemplo de un solo soldado suspendido por abuso sexual o por violación. Entre 2010 y 2015 no suspendieron ningún agente suyo por este tipo de abusos de violencia sexual. Esto realmente nos demuestra que es un método tolerado”, dijo.

De acuerdo con el estudio de AI, un 80 por ciento de los arrestos de la Marina fueron con violación sexual; 60 por ciento de las aprehensiones de la policía municipal; 50 por ciento de los efectuados por la Policía Estatal; 50 por ciento de los del Ejército y 19 por ciento de la Policía Federal.

“La violación ha sido utilizada por la policía de todos los niveles –municipal, estatal y federal–, así como por el Ejército y la Marina. Dependiendo de los perpetradores, hay diferencias en la frecuencia con que se denuncia esta práctica. Las mujeres denunciaron los índices de violación más altos a manos de la Marina. Aunque, en su conjunto, la Marina lleva a cabo menos arrestos que la Policía Federal, resulta sumamente preocupante señalar que, de los diez arrestos practicados por la Marina que constaban en los datos recopilados por Amnistía Internacional, ocho habrían incluido violación. De todos los demás cuerpos, excluida la Policía Federal, se habría utilizado la violación en al menos la mitad de los arrestos realizados. La sofisticación de los métodos utilizados para infligir violencia difería de unos casos a otros. Por ejemplo, algunas mujeres que reportaron haber sido violadas por personal de la Marina contaron a Amnistía Internacional que, en ocasiones, los violadores utilizaban los dedos enguantados para no dejar rastros biológicos, mientras que otras denunciaron haber recibido descargas eléctricas en los genitales. En algunos casos se denunció el uso del pene, pero no en la mayoría. Veintisiete mujeres fueron sometidas a violación vaginal durante su detención”, dice el informe.

Entre las mujeres entrevistadas por la organización, hay testimonios que afirman que fueron torturadas en estado de embarazo. De las entrevistadas 10 afirmaron estar embarazadas durante su detención y ocho abortaron a consecuencia de la tortura.Los torturadores golpearon el estómago de todas ellas.

La investigación de AI encontró que las mujeres que no se adaptan a los estereotipos de género fueron torturadas por su orientación sexual.

Amnistía Internacional indica en su informe que el compromiso de México por prevenir y castigar la tortura, sólo está en papel, pues en la práctica no hay ni siquiera castigos en contra de los torturadores sexuales.

“El número de cargos formulados por tortura en México es alarmantemente bajo. A pesar de que la PGR registró en 2014 la recepción de 2, 403 denuncias penales por torturas, no pudo informar a Amnistía Internacional de ni un solo cargo criminal que se hubiera presentado en estos casos. En los años anteriores a 2014, según la información del gobierno, se había acusado a menos de cinco personas al año, como media, y algunos años no se acusó a nadie. En febrero de 2016, la PGR seguía sin poder informar a Amnistía Internacional de los cargos presentados el año anterior. Sólo tras un escándalo público sin precedentes que impulsó una respuesta del gobierno, en abril de 2016 la PGR anunció cargos, al parecer por primera vez en dos años, contra cinco agentes federales, en respuesta a la filtración de un vídeo que mostraba a militares y soldados torturando a una mujer. Pese a esta novedad, el alcance de la impunidad por tortura y otros malos tratos queda de manifiesto por el hecho de que las cifras más recientes muestran que desde 1991 sólo 15 casos han desembocado en sentencias condenatorias penales federales”, dice.

La organización recibió información alarmante del Ejército, pues declaró que entre 2012 y 2013 hubo cuatro juicios en contra de soldados por abuso sexual, pero dentro de la jurisdicción militar. Ninguno de los soldados fue suspendido durante la investigación.

La Marina informó que en los últimos años cuatro marinos fueron suspendidos por abuso sexual, pero “a Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta de la Marina indica que un miembro del cuerpo declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer, podría reincorporarse al servicio tras cumplir su condena en prisión”.

Madeleine Penman afirmó que la organización enfrentó varios obstáculos para realizar la investigación de parte del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Una obstaculización desde la Secretaría de Gobernación que durante cuatro meses intentamos acudir con un número mayor de mujeres y pasamos de tener un sí en diciembre de 2015, a tener una respuesta que nos ignoraba totalmente y nos pasamos entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Secretario de Gobernación, por eso fue lamentable ver la poca disposición del Secretario de Gobernación, ni de dignarse a respondernos”, acusó la investigadora.

CONSECUENCIAS DE LA TORTURA SEXUAL

Amnistía Internacional dice en su informe que las consecuencias de la tortura sexual son varias. Las mujeres que fueron violadas afirman que cuando ocurrió el ataque se sintieron “al borde de la muerte”.

“Yecenia Armenta Graciano, que en 2012 sobrevivió a la violación a manos de policías estatales en Sinaloa, dijo que aquella experiencia era como morir. Otras sobrevivientes han descrito que se sienten como ‘muertas vivientes’, o que vivir con el trauma de la violación era como estar ‘viva pero muerta’. Tal como dijo Verónica Razo a Amnistía Internacional: ‘Lo que queda en tu mente, ¿quién lo puede remediar? ¿Quién me lo puede quitar? Evito cerrar los ojos, no me gusta cerrar los ojos porque repaso todo en mi mente’. El trauma psicológico a menudo se hace extensivo a los familiares que han presenciado la violenta detención de su ser querido o que sufren el dolor de la separación”, dice el documento.

La organización recogió el testimonio de Verónica Razo, de 37 años y desde hace cinco encarcelada y separada de sus dos hijos.

El 8 de junio de 2011 Verónica caminaba por una calle del centro de la Ciudad de México, cuando hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la secuestraron.

“La llevaron a un galpón de la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una ‘confesión’. Tras ser interrogada por policías y agentes del ministerio público se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida”, narra el informe.

Según Amnistía Internacional los hijos de Verónica están a cargo de su abuela. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no pudo continuar sus estudios universitarios por la carga económica que significa que su madre esté presa.

Madeleine Penman dijo a SinEmbargo que el Gobierno tiene la oportunidad en sus manos de hacer algo en el caso de Verónica.

“Hace unos meses, en septiembre de 2015, el Gobierno estableció el Mecanismo para Casos de Tortura Sexual dentro de la Secretaría de Gobernación, desde entonces el caso de Verónica es el primer caso que este mecanismo tenía que haber revisado. Entonces vemos que México tiene todas las oportunidades necesarias para combatir este flagelo, hay que atacar la impunidad y llevar a los responsables ante la justicia”, indicó.

La investigadora explicó que el mayor reto del nuevo sistema acusatorio será que cualquier prueba obtenida bajo tortura o malos tratos, deberá excluirse de los juicios penales.

“En México el Gobierno tiene todas las herramientas necesarias para combatir este flagelo y esperamos que el Congreso tome cartas en el asunto, estemos esperando una Ley General de la Tortura largamente demorada. Quisiéramos ver el compromiso de la Secretaría de Gobernación en este nuevo mecanismo de casos de tortura sexual, que todas las instituciones del Estado cooperen con este mecanismo: la PGR, la CNDH, la Segob y la Comisión Nacional de Seguridad pueden hacer mucho. Hay que tener la voluntad para acabar con la cultura de encubrimiento”, finalizó.

RETIRAR AL EJÉRCITO DE LAS CALLES

Entre las principales recomendaciones de Amnistía Internacional al Presidente de la República Enrique Peña Nieto está el retirar de inmediato a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, para las que no han recibido formación y “por las que no rinde cuentas”.

“Reconocer públicamente la magnitud del problema de la tortura y los malos tratos en México, en particular el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, dice el informe.

La organización también recomienda asegurar que los expertos “médicos forenses oficiales son independientes de las procuradurías de justicia a nivel federal y estatal” y pide a la Segob “reforzar el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres”, asignándole los recursos necesarios y garantizando que todas las instituciones pertinentes colaboran con él.

A la PGR el organismo recomienda “acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y publicar urgentemente un registro de denuncias de tortura, desglosadas por género, edad y nacionalidad”.

En cuanto al Congreso de la Unión, AI pide adoptar la Ley General contra la Tortura, con los siguientes elementos: penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a los estándares internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y todas “las declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos quedan excluidas de las actuaciones judiciales, excepto en contra de un posible perpetrador como evidencia de que la tortura ocurrió”.

FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: SHAILA ROSAGEL
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-06-2016/3059630

Demanda AI al Estado indagar el homicidio de Jesús Jiménez

Unas 70 personas salieron a las 11:30 horas de este viernes de la funeraria de Pemex con el cuerpo de José Jesús Jiménez Gaona; el grupo serpenteó por calles de Poza Rica, Veracruz, y llegó al panteón de la Santísima Trinidad, en la carretera a Coatzintla, donde fueron inhumados los restos del activista asesinado la tarde del miércoles en una emboscada. Apenas una patrulla de la fuerza civil y una de la ministerial escoltaron el cortejo fúnebre, ya casi al final de la ceremonia.

Jiménez Gaona y su esposa Francisca Vázquez Mendoza –quien resultó herida de gravedad y permanece hospitalizada– se unió a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidos para localizar a su hija Jenny Isabel Jiménez, de 23 años, ausente desde el 25 de mayo de 2011 en Poza Rica.

Él no encontró a su hija, pero halló la muerte, comentó en el sepelio Juan Carlos Trujillo Herrera, integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, que a su vez es origen de la brigada. En Veracruz buscar la verdad se paga con la muerte, remató.

Trujillo Herrera conoció a Jiménez Gaona durante los trabajos para que la brigada –que en abril pasado localizó 15 fosas clandestinas en la región de Córdoba– pudiera moverse a otras regiones de Veracruz, específicamente en Poza Rica.

Para ellos, ese objetivo es importante, toda vez que allí no se ha implementado ninguna estrategia para atender los numerosos casos de desaparecidos.

En la Ciudad de México, Amnistía Internacional (AI) expresó una enérgica condena a la agresión contra los integrantes de la brigada y del colectivo, y demandó a las autoridades una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos.

Pidió a las autoridades aplicar las medidas necesarias para garantizar la integridad de Vázquez Mendoza, recordándoles que tienen la obligación de respetar los derechos de las víctimas y la labor legítima de los defensores y defensoras de derechos humanos.

AI recordó que el 15 de junio Jiménez Gaona fue designado, en una reunión con funcionarios federales y de Veracruz, observador de las actuaciones de la Fiscalía estatal, relacionadas con la investigación y búsqueda de desaparecidos en Poza Rica.

La primera junta donde estaría presente tras su nombramiento para tratar el tema, el jueves pasado en Poza Rica, se convirtió en un encuentro donde llovieron los reclamos por su homicidio.

En comunicación telefónica con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, Trujillo le dijo que la muerte de Jiménez es una lamentable consecuencia de la desatención, omisión y falta de sentido humanitario de la dependencia.

Argumentó: cada vez que la PGR insiste en que los casos de desaparecidos sean investigados por gobiernos estatales nos pone en riesgo. Es obvio que cuando trabajamos con autoridades locales aumenta nuestra inseguridad.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi también condenaron el ataque y responsabilizaron al Estado mexicano de la falta de seguridad para quienes buscan a sus familiares, en particular en Veracruz.

Fuente: La Jornada

Autoras: Eirinet Gómez y Alma E. Muñoz

http://www.jornada.unam.mx/2016/06/25/estados/023n2est