Detienen en Michoacán a Juan José Ortega, ex líder de la CNTE

Morelia, Mich. El ex dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Juan José Ortega Madrigal, fue detenido en Apatzingán por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por haber participado en probables delitos de lesiones agravadas y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con la PGJE, Ortega Madrigal fue trasladado a Morelia para ser recluido en el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres.

La sección XVIII de la CNTE admitió la detención del ex líder a través de un comunicado de prensa: “Podemos informar que se trata de una cuestión de tipo judicial, que habremos de dirimir con nuestro equipo jurídico. Nuestro amigo y compañero, afortunadamente, está localizado y de su situación informaremos en la medida que sea conveniente hacerlo.

“Llamamos a mantener la calma, no realizar acciones que no sean acordadas en nuestras instancias y seguir en comunicación entre los miembros de la Sección XVIII, así como transmitir sólo información confiable a la coordinación general directamente, sin usar mensajes grupales o en redes sociales para no generar confusiones o alarma innecesaria”.

Fuente: La Jornada

Autor: Ernesto Martínez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/18/detienen-en-michoacan-a-juan-jose-ortega-ex-lider-de-la-cnte

Incendian dos negocios en Apatzingán

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En un nuevo hecho de violencia en la entidad, dos negocios fueron incendiados en el municipio de Apatzingán, la madrugada de este sábado.

El comercio de venta de mariscos llamado “La Gaviota”, ubicado en en la calle Melchor Ocampo esquina con Plan de Ayala, en la colonia Francisco Villa, fue uno de los dañados por los siniestros ocurridos casi de forma simultánea.

El otro establecimiento fue la tienda “El Cubo”, que se encuentra en la calle Plan de San Luis Norte, esquina con Emiliano Zapata, de la colonia Bonifacio, muy cerca de la Unidad Deportiva.

Tras el reporte, los cuerpos de Bomberos y rescate fueron movilizados para sofocar las llamas del lugar, que fue acordonado por la Policía Federal.

Se presume que ambos siniestros, donde solamente se reportaron daños materiales, fueron provocados, sin embargo, no hay pistas que lleven a los culpables.

Fuente: Proceso

Autora: Teresa del Mazo

http://www.proceso.com.mx/436472/queman-dos-negocios-en-apatzingan

Fuerzas federales se trasladan a Apatzingán tras enfrentamiento entre grupos rivales

Los hechos ocurrieron principalmente en las rancherías de El Mirador, El Guayabo, el Morado y San Fernando, donde las balaceras se prolongaron durante el menos cinco horas.

Fuerzas federales se trasladaron al municipio de Apatzingán, en Michoacán, donde la noche del lunes 4 de enero se reportó al menos un enfrentamiento entre presuntos integrantes de grupos rivales del crimen organizado.

Los hechos ocurrieron principalmente en las rancherías de El Mirador, El Guayabo, el Morado y San Fernando, donde las balaceras se prolongaron durante el menos cinco horas, sin que hasta el momento haya un saldo confirmado por las autoridades estatales o federales.

En el enfrentamiento participaron presuntos integrantes del grupo armado conocido como ‘Los Viagras’ y gente de Gilberto Gómez ‘el Chanda’, lugarteniente de los H3, grupo que es comandado por Luis Antonio Torres ‘el Americano’.

Durante el enfrentamiento, se reportaron bloqueos en la carretera Apatzingán-Aguililla, donde sujetos armados atravesaron un tráiler, y en la vía Apatzingán-El Alcalde, donde incendiaron un automóvil.

Tras los enfrentamientos, elementos de la Policía Federal y del Ejercito Mexicano arribaron al lugar, sin que se conozca el resultado de los recorridos policiales.


Además, se levantaron las alertas de los cuerpos de seguridad en la región de la Tierra Caliente de Michoacán.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/fuerzas-federales-llegan-a-apatzingan-tras-enfrentamiento-entre-grupos-rivales/

Ejecutan a policía rural de Apatzingán, Michoacán

APATZINGÁN, Mich., (apro).- Las primeras horas de este jueves, en vísperas de Navidad, un policía de la Fuerza Rural fue ultimado a balazos por sujetos que se dieron a la fuga.

Los hechos se registraron en la colonia 22 de octubre cuando el ahora occiso se encontraba en su motocicleta, en inmediaciones de su domicilio, en la calle Francisco J. Múgica casi esquina con Pedro José Bermeo.

Según los primeros reportes un sujeto cuyas características se desconocen, lo abordó y le disparó en repetidas ocasiones en la cabeza y luego se dio a la fuga.

Elementos de las fuerzas federales y estatales acudieron al sitio donde confirmaron el fallecimiento de Jesús A., de 30 años de edad, cuyo cuerpo se encontraba a un costado del autoservicio “El Peque”.

Los agentes policiacos implementaron un operativo para tratar de dar con el responsable pero no tuvieron éxito.

Personal de la Procuraduría de Justicia de Michoacán se constituyó en el sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes, tras las cuales el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense de Apatzingán.

Fuente: Proceso

http://www.proceso.com.mx/?p=424542

(Actualizado) PF ejecutó a uno y cometió graves violaciones a derechos humanos en Apatzingán: CNDH

En su recomendación sobre el caso Apatzingán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resolvió que hubo “uso excesivo de la fuerza" en contra de cinco personas que fallecieron y cometió una ejecución extrajudicial en contra de otra.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que integrantes de la Policía Federal cometieron graves violaciones a derechos humanos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero contra integrantes de autodefensas.

En su recomendación, la CNDH resolvió que hubo “uso excesivo de la fuerza” en contra de cinco personas que fallecieron y cometió una ejecución extra judicial en contra de otra.

“Hubo uso excesivo de fuerza que derivó en ejecución extrajudicial cometida en perjuicio de una persona, tripulante de la camioneta Acadia negra”, señaló la CNDH en su recomendación contra la Policía Federal presentada este miércoles 25 de noviembre.

En las pruebas periciales, se determinó que las personas que murieron durante los dos eventos estaban desarmadas.

De acuerdo con la CNDH, entre las 2:30 y las 7:40 horas del 6 de enero, 44 policías federales y 287 militares realizaron un operativo donde se encontraban en plantón de elementos de las autodefensas. En ese evento murió una persona en el estacionamiento de la Alcaldía de Apatzingán.

La CNDH explicó que en el primer evento se documentó la violación del derecho a la vida, debido al fallecimiento de una persona que fue atropellada; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la detención arbitraria de 5 personas no identificadas que se encontraban en el jardín ubicado frente al Palacio Municipal; el derecho a la integridad personal, por el trato cruel, inhumano y/o degradante, por las lesiones innecesarias que se infligieron a 8 personas detenidas.

Además se documentó la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la indebida procuración de justicia “derivada de las inconsistencias en el levantamiento del cadáver y las omisiones en el protocolo de necropsia de la persona fallecida”.

En el segundo evento, ocurrido entre las 7:41 y las 11:31 horas, perdieron la vida nueve personas: tres de ellas estaban en una pick-up blanca, cinco en una Acadia negra y el último dentro de un restaurante, aunque luego apareció afuera de un hospital.

En este segundo evento, se violó el derecho a la vida, por el uso excesivo de fuerza que derivó en la privación de la vida de 5 personas, así como la ejecución extrajudicial de una más, atribuible a policías federales.

También se acreditó la violación del derecho a la integridad personal, “por la dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica prehospitalaria a 4 personas, atribuible a personal paramédico de la Policía Federal (…) además, por la inadecuada atención médica prehospitalaria de dos personas por dicho personal paramédico y una
atribuible a Protección Civil del Municipio de Apatzingán.

Por esa razón, la recomendación de la CNDH sobre el operativo realizado en Apatzingán es para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y al presidente municipal.

“A los titulares de la Sedena y de la CNS se les recomienda colaborar con la CNDH en la denuncia y queja que presente con motivo de la detención arbitraria de cinco personas que estaban en el jardín, de otras siete que dijeron haber sido detenidas por elementos de ambas instancias, así como por las lesiones innecesarias infligidas a una persona más, a quien se deberá reparar el daño.

“Al gobernador de Michoacán se le pide instruya la colaboración con la CNDH en la queja que presente con motivo de la omisión en el envío de fotografías relativas al levantamiento y necropsia de un cuerpo, por las omisiones en las necropsias de 10 personas, así como en la queja que presente por las irregularidades en la identificación de dos cadáveres y la inadecuada preservación de la cadena de custodia, al no embalar algunos indicios, evidencias o medios probatorios recabados en el lugar de los hechos.

“Se solicita al Presidente Municipal de Apatzingán, colaborar en la queja que presente la CNDH por la inadecuada atención médica prehospitalaria que se brindó a un adolescente, así como instruir que las ambulancias de protección civil cuenten con equipo y material médico”, indicó la CNDH.

#ViolacionesGraves a #DDHH consistieron en uso excesivo de fuerza, privación de la vida de 5 personas y #EjecuciónExtrajudicial de una más

— CNDH en México (@CNDH) noviembre 25, 2015

#CNDH solicita a Presidente Municipal #Apatzingán colaborar en queja por inadecuada atención médica prehospitalaria brindada a adolescente

— CNDH en México (@CNDH) noviembre 25, 2015

Horas después de que se presentó la recomendación, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, explicó que están analizando el documento presentado por la CNDH para que, en su momento, puedan realizar precisiones sobre el mismo.

Señaló que las autoridades federales aceptan la recomendación por el abuso de fuerza y la ejecución extrajudicial. “Hemos instruido desde este momento a las áreas correspondientes abocarse la cumplimiento puntual de los puntos recomendatorios dentro de los plazos establecidos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si se suspenderá a los mandos involucrados en el caso Apatzingán, Sales Heredia respondió: “Lo que el punto recomendatorio señala en particular es que hay que colaborar con las instancias investigadoras y con la integración del procedimiento administrativo (indagatoria interna de PF) y es lo que haremos. Colaboraremos con la instancia investigadora que es la PGR y acataremos en sus términos, no solo lo que dice la propia CNDH, sino lo que determine la PGR”.

De acuerdo con la recomendación, desde el 20 de diciembre de 2014, un grupo de personas se encontraba en “plantón” en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán, en protesta por el excesivo costo del suministro de energía eléctrica, la inseguridad prevaleciente en esa localidad, la disolución del “G250” y la omisión en el pago de sus salarios por los servicios prestados.

Tres días después, un grupo de autodefensas tomó las instalaciones de la presidencia municipal de Apatzingán para exigir la captura de los responsables de la muerte de Manolo, el hijo de Hipólito Mora, y la detención de Servando Gómez, La Tuta, líder del grupo de Los Caballeros Templarios.

Fue hasta el 6 de enero de este año, cuando el desalojo del Palacio Municipal ocasionó un saldo de al menos nueve personas muertas.


La recomendación de la CNDH:

  Recomendación CNDH Por Caso Apatzingan

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/federales-cometieron-una-ejecucion-extrajuduicial-y-graves-violaciones-a-derechos-humanos-en-apatzingan-cndh/

NOTA: EL POSTO ANTERIOR CON EL MISMO TITULO FUE BORRADO Y SUSTITUIDO POR ESTA VERSIÓN ACTUALIZADA.

HRW pide a México investigar presuntas ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y Tanhuato

La organización con sede en Nueva York es el segundo organismo internacional en pedir a las autoridades de México aclarar lo que sucedió el 6 de enero en Apatzingán y el 22 de mayo en Tanhuato, ambas localidades del estado occidental de Michoacán.

Human Rights Watch aseguró este miércoles 28 de octubre que algunas evidencias sugieren la ejecución extrajudicial a manos de policías federales de civiles y presuntos criminales que huían o se habían rendido en Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán.

La organización con sede en Nueva York es el segundo organismo internacional en pedir a las autoridades de México aclarar lo que sucedió el 6 de enero en Apatzingán y el 22 de mayo en Tanhuato, ambas localidades del estado occidental de Michoacán.

En los dos episodios murieron un total de 50 personas.

En Tanhuato, 42 presuntos criminales fallecieron en un supuesto enfrentamiento y sólo un policía federal murió. En Apatzingán, ocho civiles murieron por disparos en la calle, algunos cuando intentaban protegerse bajo una camioneta.

El grupo internacional, conocido por sus siglas HRW, señaló que hay declaraciones de testigos que sugieren que las muertes no fueron resultado de un enfrentamiento, como el gobierno sostiene.

“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas”, dijo Daniel Wilkinson, director de la división de las Américas de HRW, citado en un comunicado.

Agregó que “si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente en ambos casos, los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”.

El gobierno mexicano ha negado cualquier ejecución en ambos casos y sostiene que la policía federal respondió tras ser atacada.

En una visita a México hace unas semanas, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el país enfrentaba una “crisis” en esa materia y también pidió a las autoridades investigar los mismos dos incidentes.

La Comisión no hizo ninguna investigación pero señaló que había irregularidades en las indagatorias del gobierno y que las escenas del crimen fueron alteradas para sustentar la versión oficial de un enfrentamiento.

En el caso de Apatzingán, testigos dijeron en aquel momento a The Associated Press que los fallecidos eran ex integrantes de grupos de autodefensa que protestaban porque la policía federal había arrestado a 44 de sus compañeros. Aseguraron que sólo estaban armados con palos y que quienes murieron salieron de sus camionetas entre gritos de que estaban desarmados.

HRW señaló que entrevistó a un hombre de 19 años herido en el ataque que aseguró que dos de las víctimas recibieron disparos en la cabeza cuando estaban en el piso. La organización añadió que otros dos testigos corroboraron el dicho, aunque no identificó a ninguno.

En el caso de Tanhuato, un investigador de derechos humanos ajeno a HRW entrevistó a tres sobrevivientes que afirmaron que la policía disparó a personas que huían o que ya se habían rendido. HRW señaló que mantiene en secreto la identidad de los declarantes y el entrevistador por protección.

Los dos casos traen a la memoria una masacre de junio de 2004 en el Estado de México, cuando militares dijeron que 22 presuntos criminales murieron en un enfrentamiento en el que sólo un soldado resultó herido. Una investigación de AP indicó que algunos de ellos los colocaron frente a una pared y les dispararon.


El gobierno negó inicialmente las ejecuciones extrajudiciales, pero una sobreviviente decidió hablar y dijo que los soldados dispararon a la mayoría de ellos cuando ya se habían rendido. Las autoridades acusaron a siete soldados, pero cuatro fueron exculpados por un juez a principios de este mes por falta de evidencias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Peña Nieto visitó Apatzingán, marcado por la masacre.

El mandatario inauguró el Hospital Regional de Apatzingán a 226 días de la masacre en la que murieron 16 civiles, por intervención de policías federales y militares.

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró en Apatzingán un hospital regional en el poblado El Cafetal del mismo municipio. Su presencia acontece 224 días después de la masacre del 6 de enero de 2015 en la que, por lo menos, murieron 16 civiles desarmados tras dos hechos en los que intervinieron policías federales y militares.

La masacre se inscribe en la oleada de matanzas que involucran a agentes del Estado durante el gobierno de Peña Nieto. En menos de un año presenciamos cómo al caso de Tlatlaya le sucedieron los casos de Ayotzinapa, Apatzingán, Villa Purificación y el de Tanhuato/Ecuandureo.

Sin embargo, sorprende el silencio sobre lo acaecido en Apatzingán. Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han revelado avance alguno de sus investigaciones.

Esto, a pesar de que el 18 de abril, un día antes de la difusión de la primera de tres investigaciones de mi autoría en este espacio -con el nombre de “Fueron los federales”, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó en un comunicado difundido por Notimex que había recibido un “video anónimo” del que se podían inferir “actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad de elementos de la Policía Federal en el municipio de Apatzingán”.

La “coincidencia” de ese anuncio con la inminencia –anunciada un día antes- de la difusión de la investigación con los testimonios de 39 sobrevivientes y testigos de ejecuciones extrajudiciales y de un número indeterminado de casos de desaparición forzada ese 6 de enero, como es sabido, provocaron también el ataque cibernético a este portal.

El 20 de abril, un día después de la publicación del reportaje, el secretario de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró en conferencia de prensa que se abriría una indagatoria ministerial.

¿De qué video hablaba la Segob y por qué hasta ahora no lo ha revelado?  ¿Qué impulsó al gobierno federal, y luego lo refrenó, para reconocer que ese día en Apatzingán la policía federal habría cometido violaciones graves a los derechos humanos?

Muy por el contrario, no sólo se ocultó lo que evidencia ese “video anónimo”,  sino que dos meses después el subsecretario de derechos humanos de la Segob, Roberto Campa, se dio a la tarea de dar a conocer a la prensa y a organismos de derechos humanos que el actuar de policías federales contra civiles en Apatzingán fue “en legítima defensa”.

Mientras tanto a los señalados por las víctimas como los responsables de los hechos se les reubicó de lugar. Alfredo Castillo, el ex Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, señalado como el responsable intelectual de la masacre, se le nombró presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Al comandante Fausto Arenas, al frente de la Policía Federal de Apatzingán, se le comisionó a Guerrero, y al general Miguel Ángel Patiño, al mando de la 43ª Zona Militar de Apatzingán, se le trasladó a Monterrey.

No es de sorprender entonces que testigos que afirman presenciaron  ejecuciones extrajudiciales por parte de los policías federales ese 6 de enero, pidan apoyo a instancias internacionales ante la persecución que dicen sufren ellos y sus familias.


La cadena de impunidades prevalece sobre la masacre de Apatzingán. El silencio oficial la encubre. El inexplicable desdén mediático sobre el tema la posibilita. La visita de Peña Nieto sólo la agiganta.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LAURA CASTELLANOS.

Michoacán, el fracaso de Calderón y Peña

MÉXICO, D.F. (apro).- Cuando Alfredo Castillo dejó de ser comisionado para el conflicto de Michoacán dijo que dejaba un estado tranquilo, alejado de la violencia del crimen organizado y sólo con algunos conflictos sociales. 

Pero más tardó en hablar que la realidad sacó a la luz sus falsedades, pues la violencia reapareció, los nuevos grupos criminales emergieron sustituyendo a los Caballeros Templarios y las autodefensas en la costa se expresaron dispuestas a defender con las armas los poblados amenazados por el narcotráfico.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, hizo de Michoacán el laboratorio para probar sus estrategias de combate al narcotráfico enviando más de 10 mil soldados y policías federales.

Ambos fracasaron, la entidad sigue siendo presa del crimen organizado que la utiliza no sólo como tierra de siembra, sino como trampolín para enviar toneladas de drogas sintéticas a Estados Unidos y hacer negocios con empresarios chinos dedicados a la industria del acero.

Michoacán es tierra de cárteles desde hace más de 20 años y los gobiernos del PRI, PAN y PRD se han topado con un galimatías que no han podido resolver porque han aplicado únicamente medidas de fuerza contra la población, dejando en total impunidad a la clase política y empresarios coludidos con las diferentes bandas criminales. El caso más claro es el exgobernador priista Fausto Vallejo que recibió dinero de los Caballeros 
Templarios sin que lo investigaran.

Hace poco, el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso abrogarse un triunfo en Michoacán cuando apresó al líder de los templarios, Servando Gómez La Tuta, asegurando que ya no habría más violencia ni presencia del crimen organizado en la entidad.

Con el paso de los días estas afirmaciones se fueron derrumbando, como lo fueron en su momento las acciones de Felipe Calderón con el famoso “michoacanazo” por el que detuvieron a presidentes municipales y funcionarios quienes, al cabo de los meses, salieron libres.

Entre nuevos nubarrones de violencia, con hombres ejecutados y colgados de puentes, de denuncias de extorsiones y cobros de piso a comerciantes y pobladores, está emergiendo una vez más en Michoacán la descomposición social y política que dejó el enviado del gobierno federal, Alfredo Castillo; el responsable de haber empoderado a miembros del crimen organizado a quienes convirtió en representantes de la policía rural.

Ante esta descomposición, en días pasados surgieron en dos puntos distintos del territorio michoacano dos expresiones sociales que preludian nuevos conflictos en el estado que será gobernado por el perredista Silvano Aureoles, quien anunció que no permitirá la existencia de autodefensas.

En el pueblo de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, un grupo de campesinos y pobladores decidieron formar su autodefensa como una expresión de hartazgo ante los grupos de secuestradores que los tienen azolados. Dos de estos delincuentes fueron muertos y colgados de un puente de la autopista Siglo XXI.

Del otro lado, en el municipio de Apatzingán, se dieron a conocer Los Blancos de Troya como presuntos autodefensas, aunque por las armas que exhibieron –lanzacohetes RPG y fusiles “mata policías”– y el rostro cubierto podrían parecer más un nuevo grupo del crimen organizado.

Así, mientras los gobiernos federal y estatal siguen experimentando con estrategias militares superficiales, los michoacanos continuarán sufriendo los embates del crimen organizado que sólo cambiará de nombre y de nuevos socios en el gobierno.


Fuente: Proceso
Autor: José Gil Olmos

Investiga Inteligencia Militar la supuesta existencia de “Los Blancos de Troya”

MORELIA, Mich. (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de Inteligencia Militar, trabaja para determinar la existencia del presunto grupo de autodefensas denominado ‘Los Blancos de Troya’, que hizo su aparición ayer en las redes sociales, confirmó hoy el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina.

Entrevistado al término de la Séptima Reunión de Trabajo de la Mesa de Seguridad y Justicia que se llevó a cabo en esta capital, el encargado de la política interna expreso: “Ni podemos afirmar ni podemos negar la existencia de dicho grupo, debido al origen de la publicación”.

Esparza Cortina llamó a la población a no caer en la incertidumbre con la información que se genera en las redes sociales, en clara alusión al surgimiento de dicho grupo de autodefensa que subió a Facebook una foto y un mensaje repleto de faltas de ortografía en el que dan fe de su existencia y el objeto de su lucha: liberar a Apatzingán de delincuentes y narcotraficantes.

En la fotografía aparecen cinco hombres que se cubren el rostro con sombrero y portan fusiles de asalto. Frente a ellos se aprecian dos lanzacohetes RPG de origen soviético.

El presunto grupo de autodefensa advierte que iniciará un limpieza de criminales que se dedican al secuestro, la extorsión, el robo y homicidio contra habitantes de la región de Apatzingán; además, ‘Los Blancos de Troya’ acusan al gobierno federal de generar la división de los grupos de autodefensa de la zona de Tierra Caliente que irrumpieron en febrero de 2013.


Fuente: Proceso
Autor: Redacción

Surge nuevo grupo de autodefensas en Apatzingán

Morelia, Mich. Un nuevo grupo de presuntos autodefensas en Apatzingán denominado Los Blancos de Troya fue anunciado este día a través de la red social Facebook. La organización señala que el gobierno se encargó de separar a lo comunitarios y los hizo rivales.

En el mensaje se muestra la fotografía de cinco hombres que visten playera blanca, usan sombrero y están cubiertos del rostro (vestimenta que usaban las autodefensas), además portan armas largas y un lanzagranadas.

Los autollamados Blancos de Troya aseguran que no son un nuevo cártel y por lo tanto no permitirán cobro de cuotas, robos, ni secuestros. Dicen que buscan un Apatzingán libre con gente productiva que cree fuentes de trabajo, ya que en esta demarcación no hay ninguna fábrica.


El último grupo delictivo que hizo presencia en el valle de Apatzingán, tras la caída de Los Caballleros Templarios, fueron Los Viagras, grupo encabezado por los hermanos Sierra Santana.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.

Pide la CIDH medidas cautelares para sobreviviente de masacre de Apatzingán

MÉXICO, D.F: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió hoy al Estado mexicano otorgar medidas cautelares para uno de los jóvenes sobrevivientes de la masacre de Apatzingán, ocurrida la mañana del 6 de enero de 2015, debido a la persecución que, dice, sufren su persona y su familia por parte de la Policía Federal (PF) y de miembros del cártel de Los Caballeros Templarios a consecuencia de la nula protección de las autoridades federales.

La Comisión considera que, de acuerdo con el artículo 25.2 de su reglamento,  el caso reúne las condiciones de “gravedad, urgencia y daño irreparable”, por lo que solicita al Estado mexicano informe de las medidas cautelares en beneficio del solicitante “en un plazo de 15 días a partir de la fecha de la presente comunicación”, es decir, antes del próximo 14 de julio.

La CIDH manifiesta en un reporte que el solicitante es un joven de 19 años identificado con el nombre de “Alejandro” y cuya identidad real se resguarda a solicitud de la víctima, que asegura que sobrevivió, con lesiones graves, a la masacre de avenida Constitución en la que una caravana de civiles desarmados fue atacada por la Policía Federal y templarios.

De acuerdo con la solicitud de la ONG, “Alejandro” y su familia “ habrían venido enfrentando una serie de supuestos  hechos de violencia y amenazas en su contra, en vista de ser presuntas víctimas y testigos de una serie de supuestos hechos de violencia ocurridos el 6 de enero de El solicitante, prosigue, dice que, a pesar de haber acudido al “Mecanismo de Protección para Defensores y periodistas, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no habrían sido aceptadas medidas concretas de protección”.

Por el contrario, establece que “algunas de las instituciones habrían manifestado que se encontraban ‘legalmente incapaces de ofrecer apoyo para garantizar la seguridad de Alejandro’ hasta que no compareciera ante la Procuraduría General de la República (PGR)”.

Sin embargo, el joven no habría interpuesto denuncia ante la PGR porque “por su naturaleza institucional y orgánica la PGR y la Policía Federal interactúan constantemente” y éste teme por su integridad”.

La Comisión pide al gobierno mexicano adopte medidas para preservar la vida de “Alejandro” y su familia y les brinde la atención médica requerida.


La instancia internacional expresa que el 22 de junio pasado recibió la petición de medidas cautelares para Alejandro por parte de  Organización No Gubernamental (ONG) de derechos humanos que de igual manera opta por  mantenerse en la confidencialidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LAURA CASTELLANOS.

Procuraduría de Michoacán corrige y retiene a exalcalde de Apatzingán

Autoridades de la Procuraduría del Estado informaron la noche del viernes, que los ex presidentes municipales de Apatzingán y Numarán, Uriel Chávez Mendoza y José Luis Madrigal Figueroa, respectivamente, habían sido liberados por falta de pruebas, inicialmente acusados por diferentes delitos, entre ellos, presuntos vínculos con el crimen organizado.

Si bien un juez de primera instancia declaró la libertad absolutoria del exalcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, otro proceso penal de los muchos en su contra, lo retuvo recluido en la cárcel, ya que tiene al menos medio centenar de denuncias que lo incriminan, informaron de último momento autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Michoacán.

Las mismas fuentes consultadas, informaron la noche del viernes, que los ex presidentes municipales de Apatzingán y Numarán, Uriel Chávez Mendoza y José Luis Madrigal Figueroa, respectivamente, habían sido liberados por falta de pruebas, inicialmente acusados por diferentes delitos, entre ellos, presuntos vínculos con el crimen organizado.

Más tarde, el mismo gobierno corrigió y dijo que Uriel Chávez había sido declarado inocente, pero que debido a que existen otras acusaciones en su contra, deberá permanecer y enfrentarlas desde el penal “David Franco Rodríguez”.

En el caso de Uriel Chávez, no solo libró este último juicio que lo mantuvo preso por extorsión y peculado, pues el pasado mes de mayo, un Juez de Distrito le otorgó la libertad bajo amparo, tras considerar que no había pruebas que lo relacionaran con el homicidio del exsecretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, Octavio Contreras Solórzano.

Chávez Mendoza, tenía abiertos al menos tres procesos penales de 56 denuncias que fueron presentadas en su contra. Los delitos que se le imputaban eran, Extorsión y Peculado, Homicidio Calificado y Delincuencia Organizada, mismos que lo mantuvieron al menos un año tras las rejas en el penal de Morelia “David Franco Rodríguez”.

Al conocer la noticia, el coordinador de la Mesa de Seguridad en Apatzingán, Francisco Valle, cuestionó la actuación de la Procuraduría estatal y lamentó la excarcelación del Uriel Chávez.

“Siento mucha  frustración; ni modo, alguien hizo mal su trabajo, pero se me hace muy curioso que se va el procurador y empiezan a salir los presos; pareciera que hubiera sido una contención y una simulación porque les estorbaba para el proceso electoral”, arguyó.

Sin embargo, advirtió que pedirán una explicación detallada a las autoridades de la PGJE, para que les aclaren en dónde estuvo el error o que de plano les digan si realmente no presentaron los elementos necesarios para comprobar su responsabilidad en los tres procesos penales que enfrentaba.

A pregunta expresa del riesgo que sería para la población, el coordinador de la Mesa de Seguridad, confío en que Chávez Mendoza haya reflexionado y se haya dado cuenta de que al final del día lo utilizaron de una manera clara para llegar al poder por parte del grupo criminal Los Caballeros Templarios.

En torno a José Luis Madrigal, la segunda instancia revocó en las últimas horas de este viernes, el auto de formal prisión y logró salir del penal de Zamora, conocido como El Pochote.

Madrigal Figueroa y cuatro funcionarios de su ayuntamiento, entre ellos su hermano Edwin Madrigal Figueroa, fueron detenidos y consignados en octubre del 2014, para enfrentar su proceso penal por los delitos contra el Sistema Nacional de Seguridad Pública y  delincuencia organizada.

El día de su detención, el procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, aseguró consignación de los funcionarios públicos de Numarán y de 10 policías del municipio de Zacapu, colaboraban con el cartel de Los Caballeros Templarios.

Afirmó, que desde el año 2012, José Luis Madrigal estaba vinculado con la delincuencia organizada junto con el director de Seguridad Pública de su municipio, Jaime Daniel Solís Villegas.

Godoy Castro, señaló enfático, que ambos servidores públicos colaboraban e informaban al crimen organizado, sobre las acciones y movimientos de los cuerpos de seguridad, estatales y federales en su demarcación, además de facilitar el tránsito y la presencia de los integrantes de esta célula delictiva en su municipio.

La captura de Madrigal Figueroa se registró el 25 de octubre del año 2014, mediante un aparatoso despliegue policial de fuerzas estatales, quiénes trasladaron de inmediato a los detenidos, al penal de Zamora, donde permanecieron por casi ocho meses, hasta que en las últimas horas de este viernes, al menos el edil numarense, fue dejado en libertad.


Es de resaltar que ambos alcaldes, Tanto Chávez de Apatzingán, así como Madrigal de Numarán,  fueron perseguidos, detenidos y consignados ante un juez  de la causa por el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Martín Godoy Castro, quién apenas el pasado 15 de junio renunciara al cargo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.

Identifican a cuatro civiles muertos en emboscada en Apatzingán

APATZINGÁN, Mich: Cuatro de los cinco civiles que murieron el martes pasado en la emboscada contra la Fuerza Ciudadana (FC) en un rancho de Apatzingán eran empleados de una empresa dedicada a la compra-venta de chatarra.

De acuerdo con sus deudos, las víctimas son: Ulises Ruiz, Benjamín Orobio, René Hernández, Raúl Tapia Almanza, los dos primeros vecinos de Nueva Italia, Múgica, y los otros dos de Uruapan. El quinto civil fallecido sigue sin ser identificado.

Sobre los dos policías caídos en los mismos hechos, las autoridades estatales no han dado a conocer sus nombres, no obstante, fuentes allegadas a la Fuerza Ciudadana comentaron que los nombres de los uniformados eran Samuel (no se saben sus apellidos) y Juan Carlos Manera Zarco, de 33 años.

El ataque fue la madrugada del pasado martes en las inmediaciones del rancho “La Fortaleza Anunnaki” ydejó en total siete muertos, dos policías y los cinco civiles, además de seis oficiales heridos: José Luis Ríos Morales, de 35 años; Francisco Javier Tinoco Pérez, de 34; Luis Antonio Barajas Meraz, de 39, y José Uriel Ríos Morales, de 35, todos ya canalizados al Seguro Social de Charo, en Morelia.

La zona donde se registró la emboscada, registra un intenso despliegue de elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal, que buscan a los agresores y creen se ocultan en el cerro cercano a El Alcalde.

El personal castrense y de la PF ha colocado puestos de revisión en entradas y salidas del rancho “La Fortaleza de Anunnaki”, que fuera propiedad de Nazario Moreno, “El Chayo” fundador de los Caballeros Templarios, abatido en marzo de 2014.

El ataque contra policías estatales se produjo cerca de las 01:00 horas cuando transitaban sobre el camino de terracería hacia El Alcalde.

Ahí, fueron emboscados desde lo alto de un cerro, según testimonios recabados por el reportero, por al menos 50 hombres fuertemente armados, que habrían utilizado lanzagranadas calibre .40 milímetros y barret calibre 50 milímetros.

Los hombres se encontraban parapetados esperando el paso de los vehículos oficiales y particulares, y abrieron fuego contra ellos. Uno de los vehículos volcó y se incendió con dos elementos de la Fuerza Ciudadana en el interior.

Otros dos policías estatales, identificados sólo como los oficiales Nájera y Flores, fueron reportados como desaparecidos, presuntamente levantados por los agresores, que además quemaron dos patrullas así como los vehículos particulares.

El miércoles pasado, el secretario de Gobierno de la entidad, Jaime Esparza, sólo confirmó la desaparición de una agente de la Fuerza Ciudadana, pero no dio más detalles.


Hasta ahora no se ha reportado la captura de ningún agresor ni personas sospechosas, por lo que los operativos continuarán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

AI urge esclarecer muertes en Apatzingán el Día de Reyes

Perseo Quiroz Rendón, director de Amnistía Internacional México, señaló que "de confirmarse los hechos, esta tragedia se sumaría a las últimas graves violaciones a derechos humanos como Tlatlaya y Ayotzinapa, aportando a la grave crisis en materia de derechos humanos y de impunidad que se vive en México”.

La organización Amnistía Internacional urgió esclarecer lo ocurrido el pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán.

En un comunicado, refirió que “en días recientes se han cuestionado las versiones oficiales sobre lo ocurrido el 6 de enero en el centro de Apatzingán, donde policías federales a bordo de decenas de vehículos arribaron al lugar donde se encontraba un plantón del movimiento llamado Fuerza Rural”.

“De un supuesto fuego cruzado murieron 9 personas y 44 fueron detenidas rendidas. En conferencia de prensa, el entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, refirió que personas civiles al accionar sus armas de fuego hicieron contacto con sus propios compañeros, y que, por lo tanto, no se trataba de un caso de homicidio ni de abuso de autoridad”, apuntó.

“Sin embargo, existen reportajes de prensa que afirman que los civiles que se encontraban en el plantón no portaban armas largas y mucho menos abrieron fuego contra los policías, quienes además de dispararles, omitieron trasladarlos de manera oportuna a un hospital. Se contabilizan al menos 16 asesinatos violentos y decenas de heridos en ambos ataques. En un segundo reportaje se afirma también la participación de elementos del 30 Batallón de Infantería de la 43ª Zona Militar de Apatzingán”, abundó.

AI indicó que “de confirmarse estos cuestionamientos, estaríamos frente a ejecuciones realizadas por autoridades, y por lo tanto, ante otro caso de violaciones graves a derechos humanos. Amnistía Internacional estará atenta al seguimiento de este caso, por lo que hace un enérgico llamado para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, al debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas que se encuentren involucradas”. 

La organización recordó que el 19 de abril la revista Proceso, el portal de Aristegui Noticias y la cadena televisiva Univisión, hicieron pública la investigación de la periodista Laura Castellanos, en la que revela la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías federales, en Apatzingán, a principios del año.


“La investigación de la periodista afirma que existen testimonios de 39 personas que  aseguran que los policías federales dispararon en dos momentos: a las 2:30 horas en el jardín central y los portales del Palacio Municipal; el segundo a las 7:45 horas en el cruce de Avenida Constitución y Plutarco Elías Calles, cuando un comando de la Policía Federal disparó con ametralladoras M-60 contra una docena de vehículos que transportaban a guardias rurales y a sus familiares. El 24 de mayo se publicó un segundo reportaje que vincula a miembros del 30 Batallón de Infantería de la 43ª Zona Militar de Apatzingán”, expuso Amnistía.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Apatzingán: también los militares atacaron

Los dos ataques ocurridos la mañana del pasado 6 de enero en Apatzingán, con saldo de 16 muertos y de los cuales dio cuenta este semanario en su edición 2007, no fueron obra sólo de la Policía Federal, como se creía. Al menos en una de las agresiones participaron soldados de la XLIII Zona Militar, según se desprende de testimonios incluidos en averiguaciones previas y declaraciones ministeriales recabadas para el presente reportaje por la periodista Laura Castellanos. La información es divulgada de manera simultánea por Proceso y el portal Aristegui Noticias.

APATZINGÁN, Mich: En la matanza del pasado 6 de enero en esta ciudad, donde habrían muerto al menos 16 civiles, no sólo participaron policías federales; también intervinieron militares, según se desprende del “parte informativo y de puesta a disposición” contenido en la causa penal 3/2015-I del fuero federal.


De acuerdo con este documento así como con declaraciones ministeriales de soldados y policías que aparecen en la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/008/2015, entre 100 y 110 efectivos del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar (correspondiente a Michoacán) acudieron a las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán tras recibir un “reporte ciudadano” que alertaba sobre la presencia de personas armadas en el lugar.

En dicho parte oficial los militares refieren que al llegar a la Casa Constitución, frente al jardín central, encontraron que civiles disparaban contra agentes federales, por lo cual “de inmediato intervinimos”.

Según el documento, soldados y agentes detuvieron y consignaron a 44 personas y aseguraron seis armas cortas, 13 armas largas y una granada de fragmentación. La versión oficial es contradicha por declaraciones ministeriales de civiles detenidos o heridos durante los hechos, contenidas en el mismo expediente judicial.

De acuerdo con estas declaraciones, a las 02:30 horas de ese día, un convoy de la Policía Federal irrumpió por el costado sur del Palacio Municipal. Momentos después un destacamento militar lo secundó por el costado norte. Dichos testimonios describen una operación de pinza en la cual federales y militares dispararon al plantón de 70 rurales y autodefensas que, armados sólo con palos, pernoctaban en el sitio.

Según estas declaraciones ministeriales, algunos militares o agentes iban encapuchados y otros vestidos de negro, y participaron en el tiroteo, las golpizas, las detenciones y la consignación de los 44 civiles desarmados, entre ellos dos mujeres, a quienes acusaron de portación ilegal de armas de fuego y asociación delictuosa.

Algunos de los manifestantes pidieron auxilio por radiocomunicadores. Al llamado acudieron varios “guardias civiles” que viajaban en una camioneta. Uno de ellos fue Eugenio Flores Argueta, quien ante el Ministerio Público relató: “Al momento de identificarnos como autodefensas, la Policía Federal y la militar nos dispararon con sus armas de cargo. Nosotros caímos de nuestro vehículo y al momento de que nos dieron la orden de pararnos me percaté de que un compañero de los que iba conmigo ya estaba muerto por causa de los disparos de la Policía Federal y de la militar”.

Los manifestantes pertenecían al G-250, grupo creado por Alfredo Castillo, excomisionado federal de Seguridad en Michoacán y actual titular de la Comisión Nacional del Deporte, a fin de combatir a Los Caballeros Templarios.

Desde el 15 de diciembre tenían un plantón permanente en protesta por la intención de Castillo de desarmarlos justo cuando, según ellos, enfrentaban nuevas incursiones del cártel en sus comunidades. Los inconformes también eran parte del grupo de Los Viagra, cuyos dirigentes han sido acusados de cometer abusos y de formar un cártel, lo cual ellos han negado.

VÍDEO:




(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2012, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LAURA CASTELLANOS.

“Dichos contra hechos”

Más de treinta personas desde diferentes ángulos vieron exactamente lo mismo: un grupo de policías federales masacrando a un puñado de hombres desarmados que mantenían las manos arriba y se hincaban ante la petición de la autoridad. La masacre de Apatzingán documentada por la reconocida periodista Laura Castellanos no es producto de un dicho, sino la documentación de un hecho concreto sobre el cuál hay videos, fotografías, una diversidad importante de testimonios de personas que atestiguaron los hechos en el momento en que sucedieron.

Frente a este reportaje publicado en el portal aristeguinoticias.com, el ex comisionado para la paz en Michoacán, el mal logrado ex procurador del Estado de México Alfredo Castillo, vuelve a negar los hechos y se esconde tras su nuevo puesto burocrático (seguramente se lo dieron por ser experto en hacer de la falsedad un deporte).

No es de sorprender que Castillo mienta, se equivoque y vuelva a mentir, ya lo hizo hace años con el ominoso caso de la pequeña Paulette, la niña asesinada cuyo cadáver no localizó el equipo de Castillo y que días más tarde apareció como por obra de magia bajo el colchón sin que el procurador dudase de los resultados de las pesquisas.

Ese es otro hecho contundente: Castillo es un funcionario público acostumbrado a falsificar testimonios oficiales para ocultar su ineficiencia, acostumbrado a adulterar la evidencia para justificar su ineptitud y con ello fortalecer la impunidad. Lo que en realidad frustra a la sociedad es que los dichos de un mediocre servidor público se antepongan frente a los hechos concretos de una masacre con claros tintes de limpieza social ejecutada por autoridades mexicanas. Ante lo evidente sigue preguntar lo importante ¿quién dio las órdenes a los policías federales de ultimar a los miembros de la Fuerza Rural que meses antes fueran reconocidos por el comisionado Castillo? ¿por qué tanto analistas políticos de medios de comunicación decidieron ignorar la masacre de Apatzingán? Acaso podremos demostrar que esta masacre es parte de una estrategia iniciada desde tiempos de la guerra calderonista, y de ser así, estos asesinatos se suman a los crímenes de Estado que deben ser demostrados frente a tribunales internacionales. La fallida guerra calderonista sigue tan viva como antes, pero a diferencia del sexenio panista Peña Nieto ha optado por fortalecer la simulación de negociación de conflictos que permitiría que las fuerzas rurales trabajen contra el narcoestado. Esta simulación tranquiliza controla temporalmente y divide a los grupos civiles rurales hastiados de la violencia generada por la ingobernabilidad que abre las puerta a gobiernos municipales paralelos operados por la delincuencia organizada. Si esto puede demostrarse jurídicamente, la comunidad internacional podrá comprender por qué nacen nuevos cárteles y la inseguridad crece en lugar de debilitarse.

A las y los reporteros nos corresponde documentar  hechos reales; buscar la historia, entrevistar a tantas personas involucradas y testigos como sea posible, contrastar las fuentes, entender el contexto en que se dan los hechos y narrarlos tal como son. Eso hizo la colega Laura Castellanos con el caso Apatzingán, sin embargo, como en cientos de casos en que las autoridades quedan en entredicho frente a crímenes de Estado y violaciones a los derechos humanos, los políticos y servidores públicos se convierten en una suerte de charlatanes de la justicia. Para la prensa son claros los casos en que las declaraciones mentirosas de los representantes del gobierno abonan a la impunidad. Todos, o su mayoría, están documentados, grabados en video y voz; ya son parte de la historia reciente.


La prensa mexicana que no se ha sometido al poder político es la gran aliada de la sociedad civil; no es casualidad que las amenazas desgasten a reporteras y reporteros, o que el sitio de Aristegui Noticias haya sido derribado por un ataque cibernético luego de subir esta nota y sus videos hace unos días. Lo que sorprendió es que los editores, incluso de medios que se consideran libres, hayan ignorado con tal flagrancia el reportaje #FueronLosFederales que rebela la masacre de Apatzingán, porque muestra en realidad a quién protege el ex comisionado Castillo. Ahora queda responder la pregunta ¿quién dio las órdenes a los federales que cometieron un crimen? ¿quién saboteó al medio que nos dio a conocer esta historia?

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO.

Apatzingán: aberrante respuesta federal

MÉXICO, D.F: El reportaje de la matanza de 16 civiles en Apatzingán el pasado 6 de enero, de la periodista Laura Castellanos y divulgado simultáneamente por Proceso, Aristegui Noticias y Univision, vuelve a evidenciar un patrón de conducta del Estado mexicano: ejecuciones sumarias, alteración de la escena del crimen, manipulación de dictámenes periciales, exculpación de los miembros de las fuerzas públicas, incriminación de civiles y pretendido fin del expediente.

En hechos anteriores la Procuraduría General de la República (PGR) tenía vías para eludir su responsabilidad, porque siempre habían sido otros ministerios públicos los actuantes en primera instancia. En Tlatlaya, la Procuraduría del Estado de México; en Iguala, la de Guerrero; e incluso en los asesinatos cometidos directamente por efectivos del Ejército: los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el de Jorge Otilio Cantú y el de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, que fueron atendidos por las procuradurías estatales y la militar.

Pero en el caso de Apatzingán, desde el primer momento fue la PGR la que participó en las investigaciones y los detenidos fueron remitidos directamente a su delegación en Morelia, así que no pueden culpar a ninguna otra instancia de la deficiente integración de la averiguación previa.

Por ello es aberrante que “el gobierno de la República” haya solicitado a “la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal investigar los hechos ocurridos en Apatzingán…”, como informó el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el lunes 20, tras la difusión del reportaje.

Como en los anteriores casos, las primeras denuncias no fueron suficientes para mover al gobierno federal de la ruta trazada. Cuando las evidencias se hicieron contundentes y se difundieron ampliamente, no tuvieron más alternativa que atenderlas.

Una semana después de la masacre, Francisco Castellanos, corresponsal en Michoacán de este semanario, ya había dejado constancia de que la versión de los lugareños contradecía la del comisionado Alfredo Castillo (Proceso 1994), pero el gobierno simplemente pretendió ignorar la publicación, con la esperanza de que pasara inadvertida y el tema se olvidara. Sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió y la reiteración de la misma, con mayores elementos, lo obligó a reaccionar.

La respuesta del gobierno federal obedece al mismo patrón: cuando los medios evidenciaron los excesos de las Fuerzas Armadas o de los policías federales, el gobierno inició la integración de expedientes.

Pero en los casos anteriores, asignarle las investigaciones a la PGR parecería lógico, pues no había participado en las averiguaciones previas. En este caso la procuraduría tendrá que reabrir los expedientes y de paso investigar a sus propios agentes, pues fueron ellos quienes, por complicidad o incapacidad, exoneraron a los policías federales, así que difícilmente podrían llegar a conclusiones distintas en estos momentos.

Incluir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal casi parece una burla, pues remite nuevamente al eterno conflicto de la administración pública mexicana: encargar la investigación y eventual sanción de las conductas irregulares a compañeros de trabajo de los presuntos infractores, quienes además dependen del mismo jefe, con lo cual éste se encarga de protegerlos, sobre todo porque en la mayoría de los casos él también estuvo implicado o informado y, por lo tanto, tiene algún tipo de responsabilidad.

Para intentar evitar esta aberración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al emitir su recomendación al gobierno de Puebla por el asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatlie a raíz de las lesiones que le ocasionó el impacto en la cabeza de un contenedor de gas lacrimógeno, exigió que se designara un fiscal especial sin dependencia del procurador estatal.

El gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, cumplió formalmente la recomendación, aunque en los hechos la burló, pues designó responsable a un funcionario de la misma dependencia, con lo cual en la práctica seguía dependiendo del procurador.

“El gobierno de la República” (para mantener el eufemismo del secretario de Gobernación) repite la fórmula que actualmente mantiene sin determinación los presuntos conflicto de interés en los cuales incurrieron el presidente, su esposa, el secretario de Hacienda y ahora el secretario de Gobernación: que sea un subordinado del investigado quien lo investigue.

Remiten el caso (en el conflicto de interés, al flamante secretario de la Función Pública; en éste, a la nueva titular de la PGR) con la instrucción de construir una explicación jurídica suficientemente sólida que permita exonerar a los responsables y respaldar la versión oficial.

Esta acción les permite argumentar, en caso necesario, ante las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos que las denuncias públicas presentadas se están investigando y en caso de encontrarse responsabilidades, los servidores públicos recibirán las sanciones que establece la legislación.

Pero como las respuestas son políticas y los casos requieren réplicas jurídicas, los hechos y las evidencias difundidas por los medios son tan contundentes que impiden a los responsables de resolverlos lograrlo, por lo que los expedientes permanecen abiertos y se acumulan uno tras otro. Ninguno de los casos mencionados en este texto ha sido resuelto, todos se encuentran en proceso y desde luego éstos no son los únicos pendientes.


La gravedad de los asuntos, las respuestas cada vez más ineficaces y aberrantes del gobierno y su impacto en la opinión pública amenazan cada día más la gobernabilidad e impiden cualquier repunte económico del país. El gobierno está atrapado en un círculo vicioso que no logra romper y que cada día se agudiza más.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

“Ni reciente, ni aislada, ni normal”

"'Fueron los federales' es un recordatorio del drama de violencia, muertes, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos y agresiones sin precedentes que enfrentamos", escribe el ex director de Fundar.

Por largo tiempo, Apatzingán será asociada a la idea de barbarie.

Su nombre ha sido incluido –tristemente- en la dolorosa y larga lista de eventos de sangre y drama en nuestro país. Un brillante reportaje de Laura Castellanos, publicado por tres medios de comunicación (Proceso, Aristegui Noticias y Univisión), vuelve a poner luz sobre los hechos violentos ocurridos el pasado 6 de enero en esa ciudad.

Bajo el título “Fueron los federales” Castellanos reconstruye periodísticamente los hechos de aquel día. Laura nos ofrece, con base en los testimonios recabados, una narrativa que difiere de la presentada oficialmente. Ejecuciones de civiles desarmados, personas menores de edad asesinadas, disparos a mansalva, tiros de gracia, alteración de la escena del crimen. Palabra a palabra, imagen tras imagen y dato por dato la investigación de la reportera arrincona a la versión oficial. Su recopilación de testimonios y la elocuencia con la que se presenta deja tambaleantes y hace parecer inverosímiles las explicaciones de Alfredo Castillo, entonces Comisionado Federal en el estado de Michoacán. Versiones, por cierto, ofensivamente limitadas al simplismo de sostener que hubo 11 muertes a causa de un fuego cruzado.

Tres palabras (fueron los federales) condensan muchas dimensiones de nuestra vida pública, política y social. Como denuncia periodística heredan la construcción de narrativas alternativas a la que el gobierno quiere imponer. Puede usted remontarse al emblemático 2 de octubre del 68 o acercando un poco más la línea del tiempo a los hechos del vado de Aguas Blancas en Guerrero, más recientemente a lo sucedido con los migrantes en las masacres de San Fernando en Tamaulipas o en este mismo sexenio a los hechos de Tlatlaya. Laura Castellanos nos muestra como es posible que la tozudez periodística se resista a la imposición de “hechos” desde la comunicación social. Se trata, pues, de un reportaje sumamente valioso por su contibución a la construcción de una memoria histórica. Algo tan doloroso como necesario.

Pero también condensa nuestro pasado reciente. Las circunstancias que dan contexto al reportaje son emblemáticas de casi una década de gradual agravamiento de la situación de seguridad pública en el país. Michoacán se convirtió en un peligroso ensayo del olvido y de la negación. Las historias de sangre y muerte previas a la masacre de Apatzingán están ahí, contadas en la compleja épica de las autodefensas, en los boletines de prensa con forma de parte de guerra de la SEDENA o la nota roja y el narcoperiodismo.

“Fueron los federales” es un recordatorio del drama de violencia, muertes, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos y agresiones sin precedentes que enfrentamos. Narcopolicías municipales en el caso de Iguala, las fuerzas armadas en el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey y Tlatlaya, el crimen organizado en los casos de Villas de Salvárcar y recientemente en Cuernavaca, Morelos, por citar apenas algunos ejemplos.

Hoy, mientras verificaba fechas, datos y lugares para escribir esta columna, Tamaulipas estallaba en llamas, sin que los gobiernos federal o el estatal atinaran a balbucear alguna explicación seria. Y todo sucede prácticamente en toda la geografía nacional, con involucramiento de todos los ámbitos de gobierno y con responsabilidades, si usted quiere diferenciadas, pero atribuibles a todas las fuerzas políticas

Sumado a la irritación, los hechos de Apatzingán me calan porque nuevamente dan cuenta de que el fenómeno de la violencia nos ha rebasado. Que los paradigmas y referentes de análisis se han quedado cortos, por no decir que frente a lo que vivimos en ocasiones resultan ridículos. Me calan porque creo que estamos lejos de asimilar el transtorno que vive nuestra sociedad, porque la normalidad (lo que sea que signifique) está simplemente rota, despedazada.


Y así, el reportaje “Fueron los federales” me recuerda que –si nos tomamos realmente esto en serio- aunque el camino es largo, requiere de algo básico: empezar reconociendo que la violencia que se vivió en Apatzingán no es ni reciente, ni aislada, pero sobre todo, no es normal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MIGUEL PULIDO.