Desestima Rubido video sobre hechos violentos en Apatzingán

No aporta ningún elemento novedoso, dice el comisionado nacional de Seguridad. "Son dichos en off’’, señala. Remite a los trabajos ‘‘muy claros’’ realizados por la PGR a raíz del enfrentamiento del 6 de enero. ‘‘Fuimos muy cuidadosos desde el principio de la investigación’’.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que el nuevo video difundido sobre los hechos violentos ocurridos la madrugada del 6 de enero de este año en Apatzingán no aporta ningún elemento novedoso respecto de lo informado en su momento por la Policía Federal (PF).

‘‘Estoy cierto que este evento se desarrolló, tanto en la madrugada en la plaza de la ciudad de Apatzingán, como en el traslado de los vehículos al corralón, como se anunció en su momento, producto de las investigaciones realizadas’’, dijo el funcionario al ser entrevistado tras la inauguración de la Feria Aeroespacial organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en la Base Aérea de Santa Lucía.

Rubido García remitió a los trabajos ‘‘muy claros’’ realizados a raíz del enfrentamiento por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

‘‘Con toda objetividad, y lo digo de manera muy respetuosa, es un video (el recientemente presentado) que no muestra nada. No hay un solo hecho contundente y son dichos en off’’, apuntó el comisionado.

Apenas el sábado pasado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer la recepción de un video anónimo del cual podían ‘‘inferirse presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad de elementos de la Policía Federal’’, y que del mismo se notificó a la PGR y a su propia unidad de asuntos internos.

Esta vez, el comisionado Rubido apuntó: ‘‘Dijimos que íbamos a dar parte (a la PGR) ante la eventualidad, y quiero enfatizar eso, eventualidad, de una presunta’’ acción de ese tipo por parte de los elementos federales.

A partir de ello, añadió, ‘‘se está trabajando puntualmente porque la averiguación previa sigue radicada, sigue abierta en la PGR, y será la que tenga que dar parte de cómo va’’ esa investigación. Respecto de la indagación de su oficina de asuntos internos, el funcionario aseguró que hasta el momento no se ha obtenido nada que apunte a una mala actuación de la Policía Federal.

‘‘Fuimos muy cuidadosos desde el principio de la investigación de cómo se dieron los acontecimientos. Desde el mismo 6 de enero se hizo la investigación y se mostraron las pruebas a través de las conferencias que en su momento se dieron’’, indicó.


Los más de 60 elementos que participaron en esos operativos en el municipio de Apatzingán ya fueron investigados entre enero y marzo pasado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, a fin de que se establezcan las sanciones a las que podrían hacerse acreedores en el ámbito administrativo, una vez que se deslinden responsabilidades.

El pasado 6 de enero, en el municipio de Apatzingán, se produjeron dos enfrentamientos entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la Fuerza Rural, y oficialmente –de acuerdo con información del ex comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo– nueve personas fallecieron en los tiroteos. Aseguró que sólo dos de los cadáveres presentaban impactos de bala coincidentes con los calibres que utilizan las armas de los agentes federales.

‘‘El resto presenta impactos sobre todo de calibre 9 milímetros, mismo que no coincide con las armas oficiales.’’

Durante una conferencia de prensa ofrecida el 12 de enero en la ciudad de Morelia, Castillo Cervantes señaló en esa fecha: ‘‘Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron ser ultimadas por sus propios compañeros, y hay dos personas que recibieron impacto de arma de fuego tanto de la PF (como) del grupo civil, y que también son heridas mortales, por lo que es imposible determinar cuál de los balazos provocó la muerte’’.

Enfatizó: ‘‘No estamos frente a hechos de homicidio por parte de autoridades, ni el Ejército (cometió) abuso de autoridad, sino fue legítima defensa’’.

Sin embargo, una investigación periodística señala que los agentes federales habrían abatido a mansalva a los ciudadanos y que incluso hay al menos una persona desaparecida.

Ayer, funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional señalaron que las indagatorias realizadas y entrevistas sostenidas con los pobladores tras los sucesos violentos no arrojaron ninguna evidencia de abuso o uso excesivo de la fuerza.


Sin embargo, tras la entrega anónima de un video en el que presuntamente existirían imágenes que demostrarían la comisión de actos ilícitos en contra de ciudadanos durante esos hechos, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República iniciaron procedimientos de tipo administrativo y una investigación penal para fincar responsabilidades.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Rosa Elvira Vargas y Gustavo Castillo.

Masacre de Apatzingán: Sobrevivientes perseguidos

APATZINGÁN, MICH: Miembros de las Fuerzas Rurales sobrevivientes de la matanza del 6 de enero en Apat­zingán, quienes fueron detenidos y posteriormente liberados por órdenes del juez Jorge Wong Aceituno, denuncian que se ha emprendido una campaña de acoso y persecución en su contra.

De los que fueron puestos en libertad, 25 formaban parte del grupo de la Fuerza Rural G-250, creado por Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán, para capturar en la sierra al líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, La Tuta.

Uno de los sobrevivientes de la matanza y exintegrante del G-250 afirma en entrevista que luego de la liberación ordenada por el juez Wong el pasado 14 de enero se desató una “cacería de brujas” contra ellos, pues, dice, “los federales estaban en busca de nosotros, de los sobrevivientes y de los liberados”.

Asegura que policías federales han acudido a viviendas de varios exintegrantes del grupo. Llegan “reventando puertas”, realizan detenciones sin órdenes de aprehensión y decomisan las armas que éstos habían registrado como parte de la Fuerza Rural…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2007 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LAURA CASTELLANOS.

Alfredo Castillo, de Pep Guardiola a Nazar Haro

MÉXICO, D.F: Algo tiene o sabe del peñismo el actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alfredo Castillo, para librar todos los expedientes negros que ha dejado a lo largo de su meteórica y fallida carrera burocrática, porque nunca ha rendido cuentas de sus errores, escándalos, presuntos delitos y complicidades en sus distintos cargos.

De oscuro subprocurador mexiquense pasó a titular de la Procuraduría del mismo estado porque “operó” la increíble y ofensiva historia de la niña Paulette, que alcanzó dimensiones de escándalo internacional.

Como titular de la Procuraduría mexiquense cometió errores que permitieron la “fuga” de algunos capos y el incremento de la disputa entre los tres cárteles del crimen organizado que operan en ese territorio, justo en la zona donde se produjo la ejecución de 22 personas en Tlatlaya.

A pesar de eso, Castillo fue llamado por su amigo Enrique Peña Nieto, recién presidente electo, para ser subprocurador de la República, bajo las órdenes de Jesús Murillo Karam, quien nunca confió en él.

Castillo aspiró a suceder a Murillo Karam como titular de la Procuraduría General de la república (PGR). Era un secreto a voces que Alfredo Castillo no respetaba al exgobernador de Hidalgo y tenía una idea distinta de la manera de dirigir la PGR.

Peña Nieto le encargó directamente a Castillo asuntos tan delicados como los accidentes del edifico B de la Torre de Pemex (enero de 2013) que, según su investigación, fue resultado de una “acumulación de gases”, o preparar el expediente para detener a la maestra Elba Esther Gordillo, antigua aliada del peñismo (febrero de 2013).

Castillo no pudo suceder a Murillo Karam, pero fue colocado por Peña Nieto al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor, para apagar el fuego del escándalo provocado por la hija de Humberto Benítez Treviño en el caso conocido como #LadyProfeco en las redes sociales.

El paso efímero de Castillo en la Profeco también dejó huella. No pocas empresas se quejaron de la compulsión punitiva y un tanto discrecional del jugador de tenis y compañero de Peña Nieto en campos de golf.

Frente a la crisis en Michoacán, generada por el avance de los grupos de autodefensa encabezados por el doctor Mireles, Peña Nieto decidió enviar en enero de 2014 como comisionado o “virrey” a su amigo Alfredo Castillo con el triple desafío de salvar el gobierno priista en esta entidad, frenar a los incontrolables grupos de autodefensa y desmantelar a los Caballeros Templarios.

Desde el inicio de su misión, Castillo dejó en claro que era capaz de todo con tal de controlar, cooptar o intimidar a los grupos de autodefensas que no se sometieran a la disciplina presidencial.

Frívolo, Castillo se comparó el 17 de enero de 2014 con el exfutbolista y exdirector técnico catalán Pep Guardiola. Afirmó que su papel como comisionado de Michoacán sería similar a la de un buen director técnico de futbol y no a la de un astro goleador como el argentino Lionel Messi.

Su inconsciente dejó entrever lo que realmente haría en Michoacán: corromper y “abrir la chequera” para fragmentar a la sociedad, a los grupos de autodefensa y a las fuerzas de seguridad.

El Bayern Munich –dirigido por Guardiola– “es muy buen equipo. Además, te abren la chequera para poder contratar a los jugadores que necesites para construir este equipo y tienes la posibilidad de que todos los equipos afiliados manden a sus mejores jugadores”, declaró.

“Como una selección, podemos operar con lo mejor del Ejército, lo mejor de la Marina, lo mejor de la Policía Federal, lo mejor de la Procuraduría local, lo mejor de la secretaría local, lo mejor de la delegación de la PGR, lo mejor de la Seido. Si tienes esa ventaja, que se da muy pocas veces, entonces es obvio que tenemos todas las herramientas y condiciones para, en este caso, ganar”, abundó Castillo.

Un año después, la masacre ocurrida el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán, reveló que el “Pep Guardiola” de Peña Nieto se había convertido, en realidad, en una mala réplica de un sanguinario operador, a la usanza del policía Miguel Nazar Haro, cerebro de la Brigada Blanca que operó en los años de guerra sucia de Guerrero.

El reportaje publicado esta semana por Laura Castellanos en Proceso, así como el video que respalda estos testimonios –divulgados también por Aristegui on line y Univisión–, confirman que Alfredo Castillo consintió y protegió masacres y delitos de lesa humanidad.

Castillo envileció a los autodefensas y creó un sospechoso grupo conocido como G-250, similar a las Brigadas Blancas, con permiso para delinquir.

En medio de estos testimonios, Castillo vuelve a demostrar su talante frívolo y a menospreciar la tragedia de ese día en Apatzingán.

En entrevista con Milenio TV, en un programa de deportes, afirmó este martes 21 que los videos y testimonios difundidos por Proceso están “distorsionados, sacados de contexto”.

“Te lo digo como perito en la materia: entre testimonios anónimos y gente con nombre y apellido que da una declaración y que está validada (dentro de una investigación oficial), te puedo decir que nos quedamos con lo que en su momento está”, afirmó Castillo.

En su cuarto cargo en el gabinete peñista en menos de tres años –ahora como titular de la Conade–, Alfredo Castillo prefiere resguardarse en el colchón presidencial para no ser investigado ni llamado a declarar como posible responsable de la masacre de Apatzingán, conocida ya en las redes sociales con el hashtag #FueronLosFederales.

La gran diferencia es que el admirador de Pep Guardiola ya no tiene el beneficio de la duda, sino un cúmulo de agravios y denuncias en Michoacán que lo asemejan a Nazar Haro.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Ordena la CNDH acelerar investigación por masacre en Apatzingán

MÉXICO, D.F: El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ordenó acelerar las investigaciones que realiza el organismo en torno a los hechos ocurridos el pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán.

La instrucción del ombudsman nacional se da luego de que el semanario Proceso, el portal de la periodista Carmen Aristegui y la cadena de noticias Univisión difundieron un reportaje que acredita que policías federales asesinaron a mansalva a civiles desarmados, lo que obligó al gobierno federal a anunciar una investigación sobre si la Policía Federal (PF) cometió asesinatos o violaciones a los derechos humanos contra civiles en Apatzingán.

Al participar en una reunión de trabajo a la que fue invitado por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, González Pérez afirmó que los hechos demandan “una investigación exhaustiva, integral y objetiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación.

El mandato constitucional de la CNDH y el compromiso del organismo con la sociedad, subrayó, demandan el esclarecimiento total de estos hechos.

“No podemos precipitarnos ni anticipar conclusiones”, dijo, pero “la gravedad de las imputaciones que se formulan demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad, a efecto de que las conclusiones a las que se llegue estén sólidamente sustentadas en las evidencias y elementos que obran en los expedientes de queja”, señaló el ombudsman.

Durante su exposición ante senadores, González Pérez indicó que México requiere leyes con contenidos “técnicamente pertinentes” y actualizados, así como políticas públicas que den vigencia real y utilidad práctica a los derechos fundamentales como herramientas esenciales contra la impunidad.

Detrás de cada violación a derechos fundamentales subyacen condiciones, situaciones y prácticas que –más allá del resultado que tengan las investigaciones específicas de cada caso–, demandan ser atendidas para prevenir su repetición, dijo.

“La prevención es la mejor protección que tenemos en contra de las violaciones a derechos humanos. Ninguna reparación del daño a las víctimas o castigo a los responsables será equivalente a que el hecho violatorio, simplemente, no se hubiese producido”, subrayó.

El ombudsman sostuvo que las prácticas que deben ser erradicadas son: la tortura; ejecución extrajudicial; desaparición forzada; tratos crueles, inhumanos y degradantes; trata de personas; discriminación en todas sus formas, en especial hacia las mujeres.

También deben erradicarse las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos; corrupción e impunidad; migración; desatención a los pueblos indígenas; explotación y abuso de niñas, niños y adolescentes; maltrato y exclusión de personas con discapacidad; desatención a las víctimas y la precariedad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras, dijo.


En el encuentro que se llevó a cabo en el marco de la Décimo Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, en la Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, González Pérez  planteó que a través de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se dé continuidad al trámite de las iniciativas realizadas al respecto, como lo formuló por escrito en días pasados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La masacre en Apatzingán apunta a un crimen de lesa humanidad: Laura Castellanos

El Estado ha buscado criminalizar a las víctimas, pero lo importante es cómo actúan agentes del Estado contra civiles y eso se tiene que investigar, estamos hablando de Tlatlaya, Ayotzinapa y este caso, en el que han actuado fuerzas federales, dijo la periodista.

En Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero lo que sucedió fueron dos masacres cometidas por Policías Federales, una a las dos y media de la mañana y una a las 7:45 de la mañana. La versión oficial fue que hubo un desalojo y un supuesto fuego amigo entre un grupo determinado; la versión de las víctimas es que hubo ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados, explicó la periodista Laura Castellanos, autora del reportaje “Fueron los Federales”.

En entrevista para Aristegui CNN, explicó que  “en el Palacio Municipal de Apatzingán, había un plantón por un grupo de fuerzas rurales, es decir, autodefensas legalizadas que habían sido registradas, que trabajaban para el gobierno y que la mayoría formaban parte de un grupo que se llamó G250”.

“Lo que hicieron fue buscar a ‘LaTuta’ en la sierra durante ocho meses. Este grupo fue creado por el ex comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y fue disuelto por el mismo Castillo el 15 de diciembre, entonces ellos pusieron ese plantón, para exigir que se desarticulara el cártel y que se detuviera la oleada de incursiones de los ‘templarios’”, precisó.

Recordó que “ellos tenían tomado el Palacio, no pedían que  se les reintegrara, pedían que se frenara el espiral de incursiones por parte de los ‘templarios’, (pues) argumentaban que ahora la gente iba estar totalmente vulnerable”.

“Y decían que durante el trabajo que estuvieron haciendo en la Sierra, las fuerzas militares estuvieron impidiendo su avance en las comunidades que se decía que se movía ‘La Tuta’”, añadió.

Distintos testimonios se preguntaban: “¿cómo era posible que el mismo gobierno estaba impidiendo la búsqueda y captura de ‘La Tuta’?”

Para realizar su investigación, “realicé alrededor de 44 entrevistas y estas se hicieron con una diversidades de actores, en distintos lugares, momentos, con gente que no se conocía entre sí”, dijo Laura.

“Entrevisté a familiares, a testigos circunstanciales, entrevisté a personal del hospital y del Servicio Médico Forense (Semefo), y todas estas entrevistas a lo que apuntan, es efectivamente a que Policías Federales cometieron ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados, también tuve documentos que prueban”.

Y hay “seis actas de defunción, pero tres prueban que los cadáveres de tres personas fueron llevados a tres lugares distintos, tres ciudades distintas de Apatzingán, no hubo ningún cadáver ese día en le Semefo local. Se los llevaron a lugares de dos a tres horas de distancia”.

Detalló que “un acta prueba que uno se llevó a Zamora, otro a Lázaro Cárdenas y otro a Morelia, como si de esta manera se evitara que en un sólo lugar se concentrara todo el número de cadáveres para que no se supiera el saldo real y el daño que provocaron descargas con balas expansivas, detonadas a cortas distancias, según lo observó personal del Hospital Ponce” .

Respecto a los muertos, señaló que tenían “boquetes muy grandes y algo importante es que los médicos, enfermeras, personas del hospital que realizan distintas funciones, lo que observaron es que las heridas presentaban lo que llamas tatuaje, es decir, una quemadura en la piel, y eso sólo sucede cuando el disparo se hace una distancia entre 10 y 20 centímetros”.

“Pienso que en este caso, estas dos masacres en Apatzingán, a diferencia de otros actos de represión por parte del Estado, cuenta con un número excepcional de video y de gráficas de cómo procedieron los Policías Federales, y da mayor respaldo al testimonio de los entrevistados”, abundó.

“Las entrevistas se realizaron con 13 de los 44 liberados, en condiciones muy difíciles porque prácticamente la gente está a salto de mata, aunque el juez los exoneró de los delitos, ya han recibido amenazas y hostigamiento, y aseguran que son perseguidos. Las entrevistas que se hicieron a pie de carretera se tenían que detener, porque les avisaban con radio que iba un convoy de Federales, y se tenían que esconder”, reveló.

Además, “civiles que no tenían nada que ver, también fueron detenidos”, y “mujeres y niños fueron heridos”.

Incluso, “un grupo de mujeres llegaron a preguntar al hospital por niñas heridas que se habían llevado los Federales y que no sabían dónde estaban”.

Después de esta investigación, la periodista espera que “se investigue” porque “todo esto apunta a un crimen de lesa humanidad y ahí el Congreso estatal tiene obligación de investigar los hechos y que la cadena de responsabilidades sea bien investigada y que se detenga a los responsables”.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alfredo Castillo niega y se deslinda de la masacre en Apatzingán

"Son mentiras, así, enfáticamente", dice. El funcionario se lanza contra la periodista Laura Castellanos, autora del reportaje difundido el fin de semana en este sitio de noticias. Y rechaza que hayan sido 16 los muertos; reconoce 10 fallecidos, en una primera entrevista, y después dice que 11.

El ex comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, defendió la versión oficial sobre lo ocurrido el pasado 6 de enero en Apatzingán, criticó a la periodista que reveló una masacre contra civiles, y consideró que ”se quiere distorsionar los hechos”.

En entrevista para el programa Así las cosas, de W Radio, dijo estar ”muy tranquilo”, “perfectamente tranquilo” de la investigación que anunció el lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la cual haría la propia Policía Federal -involucrada en los hechos- y la PGR.

El ahora director de la Conade negó que fueran 16 los civiles muertos, y sólo aceptó 10, aunque uno de ellos fue -según Castillo- por “atropellamiento”, según su “memoria histórica”. “Es lo que yo recuerdo”, afirmó. A las investigaciones, invitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a sumarse.

“Lo que haya dicho esta periodista es muy irresponsable, es muy irresponsable, porque se está haciendo un acto tendencioso”, sostuvo.

Lee parte de la entrevista de esta mañana:

-¿Qué tendría usted que decir, después de esta investigación de Laura Castellanos, y después de que el secretario de Gobernación, apuntara que podría abrirse una nueva investigación y se podría investigar abuso policial?-, le preguntó la conductora del programa.

Mira, yo creo que el secretario de Gobernación, por supuesto, al momento de decir que se validen, por decirlo así, los hechos, porque en su momento fue la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán la que lleva esa investigación, por ser un delito del fuero común, no la atrae la PGR por lo que hace al tema de los homicidios, entonces, está haciendo la parte correcta.

Lo que yo te puedo decir es que al encabezar, o al estar junto con las autoridades locales, en el momento de que se investigaron los hechos, pues está muy bien para que se valide jurídicamente, no periodísticamente, jurídicamente, que las trayectorias, las pruebas de balística, las pruebas de levantamiento, las propias necropsias, las testimoniales dentro de la averiguación previa, porque es muy fácil taparle el rostro a la gente, y ni siquiera tiene la posibilidad el Ministerio Público de que lo interrogue y le diga: ‘¿usted qué hacía ahí?’, ‘¿usted por qué se encontraba a las 3 de la mañana, o a las 7 de la mañana?’, o ‘¿por qué no se verificó si ustedes dicen que hubo gente masacrada -por poner un dato- la sangre que puede quedarse en el pavimento?’, ‘¿por qué no se levantó una denuncia en los primeros 24 horas sobre lo que había sucedido?’. 

Prácticamente, hoy en este país, y como fluye la información, pensar que en las primeras 2, 3, 4 horas, no tengas a los padres de familia buscando a sus hijos que han sido desaparecidos, pues es un tema que ya no se puede dar.

Entonces, en ese sentido, vamos, con las personas que llevaron la investigación, que integraron la averiguación previa, yo he platicado con ellos porque ya no es mi responsabilidad…

-¿Eran Ministerios Públicos federales?

No. Hay que ver que hay dos hechos: el hecho de el evento… Lo del 6 de enero y te estoy hablando de que ya estamos en abril, lo del 6 de enero se divide en dos. Si ustedes recuerdan cuando se da el enfrentamiento en La Ruana, en aquel entonces entre Hipólito y El Americano, una de las determinaciones que se dan y que yo doy en conferencia de prensa es que Apatzingán, La Mira (Lázaro Cárdenas) y La Ruana van a estar bajo la responsabilidad, la seguridad, de la policía militar o de fuerzas federales. Que ya no va a haber Fuerza Rural, no va haber policía estatal, no va a haber ninguna otra instancia precisamente para que no hubiera este tipo de confusiones. En lo que es el Palacio de gobierno de Apatzingán, que hay que recordar que la fuerza de los templarios los últimos 10 años fue Apatzingán. ¿Qué llevó a esto? Que cuando se desmantela la estructura de los templarios, empieza a haber diferentes grupos que quieren tomar el control de Apatzingán, porque es el corazón de Tierra Caliente. Sin embargo, a diferencia de otros municipios en donde tú podías tener un arraigo de los últimos años, Apatzingán era 100 por ciento templario, por decirlo así, en cuanto al control que ellos ejercían.

Entonces, empieza a haber diferentes grupos que quieren tomar el control, porque es el corazón de Tierra Caliente. Se juntan en el estacionamiento de la presidencia municipal, en las afueras de la presidencia municipal y, en su momento, la zona militar nos avisa y nos dice que las personas que se encuentren armadas ahí, van a ser desarmadas y puestas a disposición.

Primero, no es un desalojo, van a ser detenidas las gentes que están armadas, porque no pueden estar armadas 40-50 personas. 

Nos avisan de ese operativo que se iba a hacer entre la madrugada. La madruga puede ser a las 2, 3, 4 de la mañana, etc. De esta situación es cuando se dan los 43 detenidos, 44 pero uno era menor de edad, entonces eran 43 personas. Cuando estos hechos ocurren en la madrugada, ya como a las 8 de la mañana, 8:14, una cosa así, o 7 de la mañana, 7:45, yo ese día tuve dos entrevistas, que está documentado, una con Carlos Loret, en su programa, y después con Ciro Gómez en su programa de radio.

Y lógico, cuando tú estás en una entrevista, dejas tu teléfono, no lo tienes a la mano. Cuando yo termino la entrevista de Ciro, Ciro me pregunta: ¿oiga, qué sabes de nueve muertos en Apatzingán? Dije: bueno, no tengo ningún dato, ahorita pido la información. Cuando yo pido la información me hablan de que cuando los vehículos asegurados con reporte de robo, en el primer evento de la madrugada de ese día, iban a ser llevados al corralón, ahí un número importante de camionetas, aproximadamente 20, intentan dar alcance o dan alcance a las fuerzas federales para recuperar, porque alguien les había dicho que ahí iban los detenidos. Entonces, cuando se da eso, los últimos federales… cuando ven venir a este número, se repliegan, ellos tienen la capacitación, ellos se van a puntos donde pueden defenderse y ellos empiezan a defenderse, en este caso de los disparos que empiezan a realizar estas personas.

¿Qué es lo que sucede? Que Policía Federal está capacitada para resguardarse, para hacer una posición en donde no caigan en fuego cruzado, pero la propia adrenalina de las otras personas, cuando se van metiendo, termina que hay tres camionetas, yo recuerdo, había una roja, una blanca y otra que no recuerdo el color, que ante los disparos y ante la presión, en las propias trayectorias se ve que los vehículos de ellos tienen disparos del lado del conductor, y del lado del copiloto, y no hay una sola evidencia física en donde pudiera estar gente de Policía Federal del otro lado, porque lo taparía la pared.

-La afirmación comisionado Castillo, ahora del deporte… de que había sido un fuego cruzado se dio pocas horas después, ¿ustedes continuaron una investigación sobre el asunto? El asunto es que la investigación de esta reportera tiene tres cosas graves que cuestiona: que dice que los testigos, los sobrevivientes, los detenidos, los heridos e incluso personal del hospital, incriminaron a la Policía Federal; dos, que estas personas estaban desarmadas; y tres, que se habrían usado balas expansivas, ¿qué podría usted decir a esto?

Que son mentiras, así, enfáticamente, porque primero, el director del hospital, dentro de la averiguación previa, está declarado (ante la MP) y el propio director del hospital ha dicho que han sacado de contexto su declaración. 

En segundo lugar, yo creo que la periodista -y lo digo con mucho respeto-, no es perito en la materia para hacer pruebas de balística, ni de trayectoria ni de distancia, para poder decirte desde qué lugar se fueron a realizar los disparos. 


En tercer lugar, no podemos nosotros tomar testimonios de gente que, tapada el rostro que, primero, no dice su nombre, su apellido, su ubicación, que dice qué estaba haciendo ahí, y que tenga testigos que validen que se encontraba ahí en el lugar de los hechos, en horas totalmente inapropiadas (3 de la mañana del 6 de enero) como para poder tener ese número tan importante.

Más tarde, este martes, el comisionado Alfredo Castillo fue entrevistado por Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Radio Red, donde también fue cuestionado sobre la masacre en Apatzingán.

Castillo reconoció: “Yo estuve al frente de esa investigación y sin lugar a dudas, con toda la convicción te puedo decir que los hechos fueron como nosotros en su momento los dimos a conocer”. 

Nuevamente, volvió a criticar la investigación periodística, porque los testigos no dieron su nombre, apellido y dirección. 

“Hablan de masacres, de muertos, de desaparecidos. No hay una sola denuncia desde ese día, que yo haya tenido conocimiento durante el tiempo que yo estuve como comisionado, de gente que hubiera desaparecido en esos momentos, tampoco de gente que hubiera perdido… ¿dónde llevan los cuerpos? Bueno, tampoco hubo rastros de sangre… 

-¿Cuántas personas fallecieron en esos hechos violentos del 6 de enero? Sé que hubo 2 enfrentamientos, pero ¿cuántos muertos hubo en total? -le preguntó Sarmiento.

“Te diría algo: no hubo dos enfrentamientos, el primer evento que habrá sido en la madrugada, entre dos y cuatro de la madrugada, hubo una persona fallecida y pericialmente esa persona fue por un atropellamiento… y el segundo es cuando se están llevando los vehículos al corralón y llegan camionetas a intentar rescatar los vehículos, y ahí se da no un enfrentamiento, sino se da lo que se llamaría la legítima defensa, por parte de fuerzas federales, y ahí fallecen hasta donde recuerdo, serán nueve personas las que fallecen en ese evento, en ese evento, o diez, una persona lesionada posteriormente fallece en el hospital…”. 

Es decir, en la segunda entrevista, Castillo reconoció 11 muertos el pasado 6 de enero, mientras en la primero dijo que eran 10.

E insistió: “yo estoy muy tranquilo en el tema de la investigación”.

El reportaje de la periodista Laura Castellanos es con base en “gente que no da la cara” y es un “video totalmente editado”, sostuvo Castillo.


A la revista Proceso -que junto a este sitio y Univisión difundió el reportaje sobre la masacre-, la calificó como una “revista amarillista” que “le gusta poner adjetivos a la gente”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Castillo está obligado a responder sobre masacre en Apatzingán: Castellanos

A las fuentes de la periodista se les ha acosado, se les ha perseguido, revela la autora del reportaje.

La periodista Laura Castellanos defendió su investigación sobre la masacre ocurrida el pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán, la cual fue negada esta mañana por el ex comisionado para la seguridad Alfredo Castillo.

La reportera hizo diferentes preguntas al ex comisionado -las cuales hasta ahora no ha respondido- y consideró que “Castillo está obligado a responder y se debe investigar cadena de responsabilidades”, sostuvo la comunicadora.

En entrevista para Radio Red, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Castellanos detalló que tiene decenas de entrevistas, incluso con algunos de los 44 detenidos aquel día en Apatzingán; otros son testigos circunstanciales, como vecinos, transeúntes, comerciantes. Otros más son familiares de heridos. E incluso obtuvo testimonios de personal del Hospital General Ramón Ponce y del servicio médico forense.

“Todos estos testimonios a lo que apuntan es que a (policías) federales ejecutaron a civiles desarmados en 2 hechos distintos, la madrugada del 6 de enero en la plaza central de Apatzingán y a las 7:45 de la mañana en una avenida importante de Apatzingán ante los ojos de vecinos, de transeúntes, a la luz pública y utilizando ametralladoras M-60, entre otro armamento de alto poder”, señaló.

Lee la entrevista en Radio Red y el audio de la misma: 

“Sé lo que ha estado diciendo el ex Comisionado y pienso que es muy importante que, por un lado, se comprendan las circunstancias en las que los testimonios fueron dados, en el anonimato para salvaguardar la integridad, después de la brutalidad y la impunidad con la que se actuó. Yo más bien quiero preguntarle a Alfredo Castillo sobre evidencias que yo estoy mostrando en el reportaje y a las que no ha dado respuesta. Por ejemplo: ¿por qué dos días después de su conferencia de prensa -el 12 d enero-, por qué el 14 de enero el juez Wong de Uruapan, liberó a 43 de 44 detenidos por falta de pruebas, por falta de elementos que los involucraran en la posesión de armas de fuego y en asociación delictuosa?

¿Por qué el juez los liberó y sólo uno quedó preso? Porque era un fuerza rural que estaba de guardia y acudió con su arma larga ante el llamado de la radiotransmisión de que estaban pidiendo apoyo y se le detuvo. También, yo le quiero preguntar a Castillo:¿por qué si dice que en el segundo hecho de sangre fue un enfrentamiento, una emboscada contra los federales, no hubo detenidos?, ¿por qué sólo hubo muertos? Y en ese segundo enfrentamiento lo que no ha dicho él, lo que no ha revelado, es que de los 8 muertos que él mencionó en su conferencia oficial, 3 de ellos eran mujeres, 2 eran una señora y una adolescente de 16 años y las otras víctimas era un adulto, pero los demás eran jóvenes menores de 20 años, algunos de 17 años ¿por qué no ha revelado el sexo y la edad de las víctimas?

Y otra pregunta que yo le quisiera hacer es que explique las evidencias que el personal del Hospital General Ramón Ponce me facilitó, que son fotografías donde se exponen heridas, boquetes de unos 10 centímetros de diámetro, que para el personal médico, son evidencia de que hubo ejecuciones, ¿por qué? porque tienen una quemadura de pólvora en la piel, a ese sello le llaman ‘tatuaje’, y para ellos es una evidencia de que los disparos se hicieron de 10 a 20 centímetros de distancia.

Y que también explique por qué al director del hospital, Carlos Torres Vega, se le impidió trasladar heridos graves al hospital civil de Morelia, y eso durante 7 horas lo impidieron y eso provocó la muerte de uno de los muchachos que estaban heridos y que tenían lesiones provocadas por arma expansiva que les destrozó el bazo, la pelvis y el recto.

Esas preguntas no las ha respondido él y sólo se ha centrado en descalificar diciendo que son testimonios dados en el anonimato.

Pienso -como tú bien dices Sergio en tu artículo de hoy ‘Matanza de Reyes‘- ésta, la masacre de Apatzingán se vincula a la de Tlatlaya y a la de Ayotzinapa.


Sí, yo también concuerdo contigo, que este es un hecho de enorme gravedad y que se tiene que investigar la cadena de responsabilidades tanto a nivel municipal, como estatal y federal, porque otro hecho importante también es -y eso también lo tiene que responder Castillo- por qué en el Semefo de Apatzingán no se llevó, no se trasladó ningún cadáver y tenemos evidencia de que por lo menos 3 fueron trasladados a ciudades distintas, a una distancia de 200 a 300 kilómetros; actas de defunción que señalan que 3 muchachos, menores de 20 años, que eran cortadores de limón, sus cuerpos fueron trasladados uno a Zamora, otro a Lázaro Cárdenas y otro a Morelia ¿por qué Castillo no responde estas interrogantes?“.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Piden ‘Cocoa’ y Aureoles se investigue a Castillo por masacre de Apatzingán

MORELIA, Mich: Los candidatos del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, y de un Nuevo Comienzo, Silvano Aureoles, coincidieron en que se investigue al excomisionado Alfredo Castillo por proteger a la Policía Federal (PF) y tergiversar la verdad sobre la masacre de Apatzingán del 6 de enero, donde murieron por lo menos 16 personas.

La revista Proceso en su edición de esta semana, la 2007, junto con el portal Aristegui Noticias y la cadena televisiva Univisión, difundieron la investigación de la reportera Laura Castellanos sobre la matanza, donde se destaca que el pasado 6 de enero “policías federales, a bordo de decenas de vehículos, irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte de por lo menos 16 personas y heridas a muchas más”.

Sin embargo, “Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y quien acaba de ser nombrado director de la Conade, sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.

Sobre el tema, el perredista Silvano Aureoles advirtió que “en la Tierra Caliente hay una tensa calma, y yo espero que no se tensen las cosas. Se necesita una investigación precisa, y si hay cosas indebidas, hay que responder ante ellas”.

Asimismo, mencionó que en la actual campaña ha habido un cambio muy significativo no por lo intenso, sino porque han mejorado las circunstancias, “la gran diferencia es que no siento presiones de factores externos hacia la gente, la gente llega con el entusiasmo desbordado a los mítines.

En Zitácuaro, Cocoa Calderón consideró que el excomisionado federal Castillo Cervantes debe esclarecer lo ocurrido el 6 de enero en el municipio de Apatzingán.

En rueda de prensa, la panista señaló que el video que salió a la luz este domingo 19, donde se observa a elementos de la PF abrir fuego contra un grupo de personas presuntamente integrantes del grupo de Los Viagras, es una prueba más para que el excomisionado aclare lo sucedido durante el desalojo del palacio municipal.

Al cuestionarle si Alfredo Castillo debe ser investigado y posteriormente sancionado, la candidata panista apuntó que primero se debe aclarar quién tenía el mando en ese momento y si respondió a instrucciones que giró el excomisionado en torno a Michoacán.

La exsenadora aseveró que no se pueden seguir escondiendo las realidades, como en este caso, donde Castillo Cervantes aseguró que lo acontecido en Apatzingán se trató de un enfrentamiento.


La panista recordó que ella insistió en todo momento que Castillo no tenía por qué mantenerse en el estado y que su trabajo era reprobable, debido a que dejó de funcionar el tema de seguridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

Huir o morir en Tierra Caliente

Familias que fueron testigos de la matanza del Día de Reyes en Apatzingán ya no viven en la zona. Aceptaron el plazo de 48 horas para abandonar el movimiento y la región. Salieron solo con lo que traían puesto.

En medio del debate nacional sobre si la matanza de la madrugada del 6 de enero pasado en Apatzingán fue una ejecución extra judicial o el resultado de un enfrentamiento entre autodefensas y fuerzas federales, las familias de los que perdieron la vida, y de otros que se manifestaban en esa ocasión en el palacio municipal, viven otro drama, el del desplazamiento.

Voces anónimas -y a veces recados en las paredes y puertas de las humildes viviendas, donde grotescamente se leen amenazas de muerte-, han obligado a más de 130 familias de los autodefensas que estuvieron presentes en la noche de la matanza, a salir de la zona de Tierra Caliente. Pocas han desoído las advertencias anónimas.  

La mayoría de los clanes que hoy son dobles víctimas de la violencia en Michoacán tenían a uno y hasta dos de sus integrantes en los grupos de civiles armados, muchos de ellos bajo el mando de Nicolás Sierra Santana, uno de los que al lado de Luis Antonio Torres “El Americano”, comandaron el G250, grupo que armó la federación con civiles para ir a la caza de Servando Gómez Martínez “La Tuta”.

Nadie sabe de donde provienen las amenazas, pero son pocos los que se han quedado para averiguar. La disyuntiva es simple: huir o morir. La mayoría de las familias que fueron testigos de la Matanza del Día de Reyes en Apatzingán ya no están en la zona. Optaron por salir. Aceptaron el plazo de 48 horas que alguien les indicó desde el otro lado del teléfono y salieron solo con lo que traían puesto.

Gente cercana al que fuera comandante de las autodefensas en Aquila, Rafael Meraz Arteaga, cuenta que dos días antes de su muerte dijo que había recibido una llamada telefónica que lo invitaba a dejar el movimiento y que abandonara la región. Al comandante le dio risa la advertencia. No la tomó en serio. Menos de 24 horas después fue asesinado en una emboscada junto a cinco de sus elementos.

Rafael Meraz Arteaga fue de los primeros en alzarse contra el cartel de los Caballeros Templarios, había recibido apoyo para organizar a su gente de parte de los hermanos Sierra Santana y del propio Luis Antonio Torres el Americano. Tras su muerte, algunos de sus familiares también recibieron amenazas y fueron obligados a dejar definitivamente la zona en conflicto.

El grupo de autodefensas leal a Nicolás Sierra Santana y Luis Antonio Torres “El Americano”, es la fracción disidente del grupo que integró el doctor José Manuel Mireles Valverde. Son los civiles que pactaron inicialmente con el gobierno federal para crear la policía Fuerza Rural, que sumaría a todos los autodefensas. 

Al grupo de autodefensas de Nicolás Sierra Santana se le conoce también como “Los Viagra”, al que los autodefensas denominados legítimos –los leales al doctor José Manuel Mireles Valverde- lo asocian con el Cartel Jalisco Nueva Generación, bajo la denominación del cartel de los H3, o la Tercera Hermandad.

Una llamada anónima

La familia de Raúl, un autodefensa que desapareció dos días después de la matanza de Apatzingán, no esperó a ver si la advertencia de las amenazas de muerte que llegaron desde el teléfono celular del desaparecido eran ciertas. Su esposa, los padres de él, y el niño de cinco años que dejó en el desamparo, salieron de Apatzingán en la madrugada.

Con apenas un cambio de ropa que metieron en una caja de cartón, unos huevos duros para paliar el hambre y 400 pesos en la mano, la familia tomó el camión con destino a Guadalajara. Allí un hermano del padre de Raúl los recibió y los mantiene refugiados en espera de poder viajar a Estados Unidos. No tienen posibilidad de regresar. Saben que a Raúl ya no lo encontrarán nunca.

Del lado de la insurrección Raúl mató a 13 templarios. En las autodefensas le daban mil pesos por cada templario muerto y se podía quedar con las armas, dinero o cualquier cosa de valor que les quitara a los caídos. Los botines de guerra eran la mejor utilidad para los autodefensas como él, que solo ganaban 100 pesos al día.

Ni los oyen ni los ven

El grupo de autodefensas que fue desalojado violentamente la madrugada del 6 de enero pasado lo comanda Nicolás Sierra Santana, uno de los aliados, en su momento, del comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes. Sierra Santana fue fundamental, al lado de Estanislao Beltrán Torres y Luis Antonio Torres “El Americano”, para integrar la policía Fuerza Rural, obra insigne de la federación en Michoacán.

Sierra Santana rompió con la federación cuando fue desintegrado el G250. Su molestia fue que al disolverse los integrantes civiles bajo su mando quedaron desarmados y a la mano del cartel de Los Templarios.

A Sierra Santana se le acusa de ser parte de un nuevo cartel pero no se le ha detenido pese a estar ubicado y localizable.

No saben quién los persigue

La mayoría de las familias que han salido de Tierra Caliente fueron amenazadas de muerte, algunos dicen que por otros grupos de autodefensa –los leales a Mireles, que los acusan de estar al servicio del crimen organizado-, y otros señalan a las fuerzas federales como las encargadas de dispersar el movimiento mediante la intimidación.

“Lo que el gobierno federal no puede hacer de frente contra nosotros, nos lo está haciendo al amenazar a nuestras familias”, dijo un autodefensa de Apatzingán, que estimó que ni así se va a detener el movimiento. 

“Esto se va a terminar cuando ya no haya carteles de las drogas que combatir”, dijo, a la vez que reconoció que la banda de los Caballeros Templarios no se ha extinguido del todo.


Familiares de Alejandro Aguirre Alcalá, uno de los caídos en la matanza, refieren insistentemente que su muerte fue a causa de balas de los policías federales, señalamientos que provocaron que los amenazaran de muerte en forma anónima y por teléfono.

Otro de los caídos fue Luis Gerardo Rodríguez Barajas, cuyos familiares han insistido en la impunidad con la que fue asesinado. El cuerpo de Luis Gerardo presenta una fuerte evidencia de disparos de armas de grueso calibre a corta distancia.


También los familiares de Hilda Amparo Madrigal Marmolejo, Antonio Sánchez Valencia, Miguel Ángel Madrigal Marmolejo, Berenice Martínez Cortez y Guillermo Gallegos Madrigal, todos asesinados en los hechos del Día de Reyes de Apatzingán, han sufrido algún tipo de acoso anónimo. Algunos han optado por dejar la región, luego de denunciar la ejecución de sus parientes.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Peña y Apatzingán, un gobierno manchado de sangre

MEXICO, D.F: “Fue una masacre”, tituló el semanario Proceso el reportaje de su corresponsal en Michoacán, Francisco Castellanos, quien informó con puntualidad y rigor sobre el asesinato a balazos de civiles desarmados por parte de agentes de la Policía Federal, el 6 de enero, en Apatzingán.

Esta matanza, una más en el ya sangriento gobierno de Enrique Peña Nieto, pronto se diluyó por las urgencias y complicidades del poder, incluyendo las mediáticas.

Y, pese a las mentiras del comisionado Alfredo Castillo para encubrir los hechos –acreditados por Paco Castellanos en la edición 1994 del semanario del pasado 18 de enero–, la impunidad terminó por sepultar este otro crimen de lesa humanidad.

Pero tras el reportaje de la colega Laura Castellanos, que amplía detalles de la masacre –y que ha sido difundido de manera conjunta por este semanario, el sitio de Internet de Carmen Aristegui y la televisora estadunidense Univisión–, los homicidas de la Policía Federal, Castillo y sus jefes deben recibir un castigo del tamaño del crimen.

Castillo, quien apenas el viernes 17 asumió el cargo de director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) –una verdadera bofetada al sector–, debe renunciar de inmediato.

No sólo eso: Debe ser sujeto de una investigación y sometido a proceso por alterar con sus mentiras el escenario del crimen y eventualmente por ordenar a los mandos de la Policía Federal asesinar a balazos a los 16 civiles desarmados, muchos de ellos ejecutados por la espalda cuando ya estaban sometidos y de rodillas.


Y si no fue Castillo el que impartió la orden a los homicidas de la Policía Federal, porque por lo visto tenía esa prerrogativa inconstitucional como virrey en Michoacán, la investigación debe acreditar si la disposición fue del comisionado de la corporación, Monte Alejandro Rubido, o del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Más aún: Si en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el gobierno federal niega toda culpa y en la matanza de Tlatlaya acusa que los autores son sólo un grupo de soldados, en la masacre de Apatzingán la responsabilidad recae directamente en Peña Nieto.

En lo formal, el superior jerárquico de Castillo era Osorio Chong –como ahora en la Conade lo es Emilio Chuayffet–, pero es sabido de todos que ha sido procurador de Justicia del Estado de México, subprocurador de la PGR, procurador del Consumidor y comisionado en Michoacán por decisión de un solo individuo: Peña Nieto.


Y si Castillo tiene sangre en las manos por la masacre de Apatzingán, esa sangre ha manchado ya a Peña.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÑALVARO DELGADO.

Osorio Chong promete investigar lo ocurrido en Apatzingán

Prometió "actuar con pulcritud y transparencia", e "investigar a fondo cualquier hecho que lastime los derechos humanos”.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la PGR y la Policía Federal investigan, hasta ahora, los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero.

El domingo, Aristegui Noticias, Proceso y Univisión difundieron, en conjunto, una investigación de la periodista Laura Castellanos, la cual detalla que elementos federales ejecutaron a civiles desarmados. Unas horas antes de que se diera a conocer el reportaje, el gobierno federal anunció que indagaría el “uso excesivo de la fuerza” en los hechos mencionados.

Este lunes, interrogado por los medios de comunicación, tras la ceremonia de la firma del Convenio para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos entre la Segob, la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Barra de Abogados, Osorio habló del tema:

“Sí, claro. Ya esperemos a que (la PGR) tenga sus propias conclusiones y que las dé a conocer la Procuraduría, y también, por supuesto, desde la Policía Federal estamos cooperando y tenemos Asuntos Internos trabajando en la materia.

-¿No se está enviando un mensaje contrario, secretario, a todo lo que están haciendo en materia de derechos humanos? Dicen que no están sirviendo los exámenes de control de confianza-, se le preguntó.


“No, todo lo contrario, el actuar con esta pulcritud y esta transparencia y el investigar a fondo cualquier hecho que lastime los derechos humanos, habla del compromiso que tenemos. Entonces, esperemos el resultado de la investigación y, con ello, ya podremos saber qué fue exacta y realmente lo que sucedió ese día ahí en Apatzingán”, abundó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las ejecuciones de Apatzingán: policías federales, los autores

El pasado 6 de enero, policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte de por lo menos 16 personas y heridas a muchas más. Sin embargo, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y quien acaba de ser nombrado director de la Conade, sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”. La periodista Laura Castellanos reconstruye esa masacre con base en testimonios grabados de 39 personas –sobrevivientes, pobladores, familiares de víctimas y personal médico, entre otros–, así como en fotografías y videos. Su investigación fue compartida con el semanario Proceso, el portal Aristegui Noticias y la cadena televisiva Univisión.

APATZINGÁN, Mich: “¡Mátenlos como perros!”, gritaron los policías federales al atacar a tiros a un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural que estaban en plantón en los portales del Palacio Municipal de esta localidad, a las 2:30 de la madrugada del pasado 6 de enero.

Ninguno de los manifestantes tenía armas largas. Seis de ellos portaban pistolas registradas y las pusieron en el piso. Los demás cargaban palos. Ninguno disparó.

Todos ellos obedecieron las indicaciones que les dio Nicolás Sierra, El Gordo Coruco, líder del G-250, grupo creado por quien entonces era comisionado federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo.

Durante ocho meses el G-250 persiguió en la sierra a Servando Gómez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios.

Sierra es uno de los siete hermanos conocidos como Los Viagra, temidos y odiados en la región, acusados de ser extemplarios y de cometer diversos atropellos. Castillo tuvo a cinco de ellos a su servicio en Michoacán.

Los rurales, hombres forjados en la pizca del limón, protestaban porque 20 días antes Castillo había disuelto al G-250 sin pagarles. Además, padecían nuevas incursiones de templarios en sus localidades.

Rubén, miembro de la Fuerza Rural, escuchó la balacera y saltó de su camioneta. Entonces un policía federal le gritó: “¡Levanta las manos y ponte de rodillas!”. Estaba por obedecer cuando a pocos metros vio a otro hombre hincado, los brazos en alto, encañonado por los uniformados.

“Le dispararon estando de rodillas, rendido, sin armas –atestiguó–. Lo ejecutaron los federales”. Una camioneta de su grupo ingresó en la plaza y Rubén logró escapar en ella.

Testimonios de 39 personas, grabados en audio, revelan que policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos hechos distintos    ocurridos en Apatzingán el pasado 6 de enero: el primero, a las 2:30 horas en el jardín central y los portales del Palacio Municipal; el segundo a las 7:45 horas en el cruce de Avenida Constitución y Plutarco Elías Calles, cuando un comando de la Policía Federal disparó con ametralladoras M-60 contra una docena de vehículos que transportaban a guardias rurales y a sus familiares.

Según Nicolás Sierra, su grupo contabilizó preliminarmente 16 muertos (ejecuciones extrajudiciales) y decenas de heridos en ambos ataques.

(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 2007, ya en circulación) 



En el video presentado en la investigación de la periodista Laura Castellanos se escuchan testimonios de personas que vivieron de cerca la masacre en Apatzingán.

Se incluyen además grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observa correr de un lado a otro a personas desarmadas en la plaza del poblado.

Asimismo, imágenes de los cuerpos de las víctimas y las heridas que sufrieron tras los ataques.

En otro episodio del video, se observa un enfrentamiento entre policías federales y civiles que intentaban liberar a personas heridas.

Se muestra asimismo un video de este incidente grabado con un celular por una joven de 17 años.

De igual manera, las imágenes de los cuerpos sin vida de la familia Madrigal cuyos integrantes fueron masacrados.


Se exponen además tres actas de defunción que prueban el traslado de cadáveres a una distancia promedio de tres horas de trayecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LAURA CASTELLANOS.

Apatzingán, colapsado por la inseguridad; han cerrado mil 400 negocios, denuncia la Canaco

APATZINGÁN, Mich: La inestabilidad social y política que priva en el estado de Michoacán desde el sexenio pasado comienza a repercutir en la economía local con el cierre progresivo de todo tipo de establecimientos comerciales, en detrimento de la economía regional.

Gonzalo Zaragoza Méndez, secretario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de esta ciudad, dice que alrededor de mil 400 negocios han cerrado desde que llegó a la entidad el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de la entidad, Alfredo Castillo.

Además, subraya que los apoyos federales prometidos por Castillo nunca llegaron, que muchos microempresarios no han podido acceder a créditos ofrecidos por la banca comercial por lo que se han visto obligados a dejar de pagar a proveedores y empleados.

Es mentira que “haya llegado la estabilidad económica y social a Tierra Caliente, nada más falso que eso”, indica el empresario.

Entrevistado en sus oficinas de la Canaco en esta convulsionada localidad, el empresario afirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene completamente abandonada a la región y no la incluye en los programas sociales a pesar de ser de las más golpeadas por el crimen organizado.

“Pedimos apoyos reales, pedimos una convocatoria del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), desde octubre del año pasado y hace días nos dijeron que fue rechazada, porque Apatzingán no está incluido en los poblados de la Cruzada Contra el Hambre e inseguridad, cuando en esta ciudad las ejecuciones robos, quema de negocios son el pan de cada día”, fustiga Zaragoza Méndez.

El año pasado, dice, de los casi tres mil negocios que había, casi la mitad, más de mil 400, cerraron. Y a ello se suman los daños a la economía por cierre de carreteras, por suspensión de corridas, entre otras afectaciones, subraya.

Un día, comenta, se reunieron con asociaciones de usuarios, productores, con todos los sectores que son parte del motor de Tierra Caliente para que les dijeran en que situación estaban y cuánto requerían para reactivar la economía.

“Requeríamos mil 400 millones de pesos, en abril y el secretario de economía en Uruapan, nos dijo: ‘si supieran que tengo 300 millones para todo el estado, y se burló’”, recuerda el empresario.

“Estamos en un colapso total, estamos esperando que nos reciba (el secretario de Gobernación) Miguel Ángel Osorio y solicitar una reunión con el presidente, para darle una visión de la realidad y que no le brinque un estallido social, pues la gente está con hambre y la sangre puede llegar al río”, advierte.

Zaragoza Méndez comenta que en una entrevista reciente el presidente peña Nieto expresó su preocupación por los comerciantes de México pero, Alfredo Castillo, quien es el enviado del presidente nunca los ha atendió, mucho menos los ha visitado.

Eso sí, critica el empresario, el gobierno los quiere involucrar en el tema de la seguridad cuando eso no les incumbe.

“No somos ministerios públicos, ni agentes, es obligación del estado (la seguridad) nosotros estamos pagando impuestos en Canaco”, dice, y recuerda que una vez que amenazaron con dejar de pagar impuestos, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa los amenazó públicamente. “Nos dijo que si nos íbamos por la libre ahí nos veíamos”, recuerda.

El líder de la Canaco en Apatzingán dice que les urge una reunión “con gente que sí tenga poder de decisión” y pueda corregir el rumbo porque “Castillo no tiene poder de definición, actúa como le brinca la liebre”.

A la Federación, insiste, no le ha interesado Michoacán, “hay un desinterés encabronado. Todo lo que huela a Apatzingán, a Canaco, a comercio, está vetado por los gobiernos federales y estatales. Nunca en la vida habíamos estado cómo estamos hoy, generábamos el 13% o 14% del PIB y no es posible que nos tengan ahorcados”, lamenta.


Por si fuera poco, el líder de la Canaco en Apatizngán dice tener información de que regresaron las extorsiones a Tierra Caliente, donde no hay Fuerzas Rurales ni autodefensas, sólo Policía Federal “que ya ven lo que pasó, vienen a masacrar a la población”, fustiga el empresario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

Apatzingán, Los Viagras, La Ruana: dudas sobre Castillo se afianzan en México y EU

Un funcionario de Apatzingán, Michoacán, reveló al medio estadounidense The Daily Beast que el 6 de enero pasado, cuando federales disolvieron primero la ocupación de la Alcaldía y luego una manifestación, los civiles estaban desarmados y no representaban un peligro para las las fuerzas de seguridad. Es un nuevo testimonio a otros que, de testigos presenciales, se han liberado en México y en Estados Unidos.

El artículo de The Daily Beast se llama: “El loco plan de México, de entregar armas a las pandillas”. Narra cómo la violencia y el descontrol han vuelto a Michoacán, mientras crecen las dudas sobre el papel que ha jugado el Comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes. Cita a Selene Vázquez Alatorre, regidora de Morelia por Movimiento Ciudadano, quien se lo refiere como el “policía corrupto”. También narra cómo en Michoacán se insiste en que el enviado desde Los Pinos ha llevado al poder a criminales y a otro cártel: el de Los Viagras, antagónico de los mermados Caballeros Templarios.

Apenas unos días antes, Los Ángeles Times había expuesto cómo el papel de Castillo pone en duda la estrategia federal en Michoacán.

El autor del artículo, Jason Mcgaham toca dos temas escabrosos más: uno es el arresto de Hipólito Mora tras el asesinato de su hijo, y el otro es la matanza de civiles en Apatzingán apenas el 6 de enero pasado.

A las 3 de la mañana del 6 de enero, recuerda, la Policía Federal irrumpió en el ayuntamiento de Apatzingán y expulsó a los manifestantes que ocupaban la oficina del Alcalde. La Policía Federal tomó una serie de camionetas, que según ellos fueron reportadas como robadas. Castillo informó una baja durante la expulsión: la de un manifestante que fue atropellado por un camión cuando intentaban huir.

“Un testigo, un funcionario gubernamental en Apatzingán, dijo a The Daily Beast que sospechaba que había muchos más heridos de los que el Comisario reconoció. ‘Tenían que ser heridas de bala porque había sangre por todo el lugar, y lo vi con mis propios ojos. Sabemos que hubo muchos heridos, porque había sangre por todo el Ayuntamiento’. Los vehículos en cuestión, dijo el funcionario, efectivamente fueron robados, muchos que fueron robados a los miembros de Los Caballeros Templarios durante su persecución en meses anteriores. Agregó que la Policía Rural, por su parte, habían estado robando camiones de ciudadanos de a pie en la zona”.

De la segunda manifestación, en donde fue la mayor matanza, el mismo funcionario local dijo al medio estadounidense que los manifestantes estaban armados con palos y piedras, no con armas de fuego.

“Le puedo decir lo que he visto por mí mismo aquí, en la avenida de la Constitución, donde todo pasó”, dijo. “Aproximadamente a las 7:45 de la mañana, escuchamos disparos y vimos a las personas de los grupos de autodefensa saltar desde sus camiones, y estaban gritando: ‘Estamos desarmados, no disparen!’ Y a la policía no le importó un bledo. Mataron a un pobre niño en ese mismo momento. Había mujeres y niños alrededor y que no les importa un bledo. Los mataron todos así. Uno de ellos gritó: ‘¡No disparen! Estamos desarmados! Por favor, no nos maten!’ Y a ellos no les importa un bledo. Igual que todo fue hecho a propósito, bajo órdenes. Asqueroso. Peor que un tiroteo. Esta fue una masacre”.

El artículo no reseña otros eventos, sobre todo los últimos. Hoy, por ejemplo, un Juez federal de Michoacán dejó en libertad a 43 de las 44 personas detenidas durante el enfrentamiento en la Presidencia Municipal de Apatzingán. Dictó formal prisión a seis de los detenidos, pero cinco salieron bajo libertad provisional y sólo uno quedó en prisión.

También hoy, el Gobernador Salvador Jara Guerrero indicó que podría ser evaluada la permanencia de Castillo Cervantes luego de los enfrentamientos ocurridos en La Ruana (donde murió un hijo de Hipólito Mora y otros ciudadanos más) y los de Apatzingan la semana pasada. “No lo sé. Necesitamos evaluar la situación, no es una cuestión sencilla, después de los hechos que ocurrieron ahí en La Ruana, y estos acontecimientos de diciembre y enero, estamos evaluando, precisamente, la pertinencia”, expresó.

Y dos días antes, el 14 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que está investigando la matanza en Apatzingán donde las cifras oficiales hablan de nueve muertos, pero videos y fotos (como las difundidas por el ex Alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia) indican que pudo haber más. La CNDH pidió explicaciones a las autoridades federales y locales señaladas como probables responsables de los hechos. El organismo continuará con su investigación. Para ello, un grupo de visitadores se trasladó a la zona para iniciar el expediente.


“La delincuencia organizada en Michoacán no desapareció por magia, se escondió. Ahí siguen y frente a una debilidad institucional vuelven a salir”, afirmó el 12 de enero la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, originaria del estado, en una entrevista con SinEmbargo.

MICHOACÁN EN GUERRA 

Cuando Los Caballeros Templarios tomaron el control de Michoacán y de sus plantaciones de amapola y mariguana, así como de los cultivos de lima y aguacate y las exportaciones de metales a China, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del Comisionado federal, Castillo Cervantes, armó y organizó a un grupo de defensas civiles (vigilantes en inglés) que ahora opera rampante, dice The Daily Beast.

“Los Caballeros se tomaban otras libertades. Extorsionaban por protección a los dueños de negocios locales; controlaron el secuestro ocasional y la expropiación de tierras y ganado. El cartel había infiltrado en los gobiernos locales y estatales de tal manera que no había salida para la acumulación de resentimiento popular. Luego, en febrero de 2013, grupos de hombres, muchos de ellos agricultores, formaron docenas de guardias armados autodefensa en todo el estado para combatir los Templarios”, agrega.

Jason Mcgaham, el autor del texto, describe cómo Castillo entró a la escena y le dio sus alternativas a los grupos de autodefensa: se unen al gobierno, o se enfrentan a lo que venga. Cita cómo, a la vez, el Comisionado federal se fue acercando a hombre y grupos vinculados con el crimen organizado, como “El Abuelo” Farías o “Simón El Americano”.

Y “hoy en día, la situación de seguridad en Michoacán se está desmoronando rápidamente”, agrega Mcgaham en el texto de The Daily Beast.

Indica que la Fuerza Rural, conformada por los ex integrantes de los grupos de autodefensa, es “ridiculizada” por la ciudadanía que identifica a algunos de sus elementos como miembros del crimen organizado. Y fuentes en varias partes del estado al medio norteamericano que los delincuentes están en todas partes. “En feudos históricos localizados entre los pueblos y ciudades, se han intensificado los enfrentamientos sangrientos entre unidades fuertemente armadas de la Policía Rural. La Comisión [para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que dirige Castillo] parece para muchos a estar perdiendo el control sobre las fuerzas de policía rural que creó”, dice.

“El problema ahora es que la Policía Rural se convirtió en sí en un bastión, no sólo para los pandilleros hostiles a Los Caballeros Templarios sino para criminales de menor rango, a quienes se refiere despectivamente entre las filas como ‘los arrepentidos’. El término ‘la legítima fuerza de defensa’ fue acuñado como una manera de distinguir de elementos corruptos dentro la Policía Rural”.

The Daily Beast alerta sobre “el crecimiento y la consolidación de un cartel peligroso de fuera del estado, llamado Los Viagras y, más concretamente, la falta de una respuesta de la Comisión a las solicitudes de detención de los miembros del cártel”.

Jorge Vázquez, un autodefensa levantado en Aguililla apenas en septiembre pasado, dijo al diario que Los Viagras había infiltrado en la Policía Rural y estaban utilizando la impunidad que les otorga la placa y el uniforme para extorsionar a la gente de todo Michoacán.


Agregó que muchos de los “arrepentidos” que forman parte de la Policía Rural continúan trabajando para Servando Gómez “La Tuta”, líder del cártel de Los Caballeros Templarios.

FUENTE: SIN MEBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.