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lunes, 19 de junio de 2017

‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México

Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

miércoles, 18 de enero de 2017

Autor del allanamiento a Aristegui Noticias, vinculado con corporaciones policiacas federales

Indagatoria oficial prácticamente carece de avances, “no va a ningún lado”: Leopoldo Maldonado.

Uno de los autores del allanamiento a la redacción de Aristegui Noticias el 13 de noviembre del 2016, ofrece sus servicios como escolta, ostentando supuestos vínculos con el  Estado Mayor Presidencial y otras corporaciones policiacas federales, afirmó el Presidente de la organización Consejo para la Ley y los Derechos Humanos (CLDH), Fernando Ruiz Canales.

En entrevista para Aristegui En Vivo, explicó que gracias a su labor como defensor de derechos humanos y acompañamiento de víctimas de secuestro, logró la identificación plena de una de las cinco personas que sustrajeron una computadora de la Unidad de Investigaciones Especiales, derivado de que es el mismo individuo que participó en una fallida agresión en su contra, así como en otros eventos para intimidar a integrantes de su organización.

Se trata de una persona que utiliza el alias de Rafael Montufar García, mismo que aparece con una chamarra negra, pantalón obscuro y cabello cano recortado al estilo militar en las videograbaciones del allanamiento a la redacción de Aristegui Noticias. De tez morena y complexión robusta, el personaje no tiene empacho en mirar a las cámaras de seguridad, sin que muestre signos de preocupación.

Ruiz Canales sostuvo que ese mismo individuo se ostenta como escolta con experiencia en el Estado Mayor Presidencial, además de que estaría vinculado con el grupo delictivo “La Flor”, el cual participó en el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, hijo del empresario Fernando Martí, y con llamada “La Hermandad Policiaca”, grupo criminal conformado por policías en activo de diversas corporaciones.

Incluso, recuerda que en una de las agresiones cometidas en su contra, la persona que también allanó la redacción de Aristegui Noticias portaba un uniforme de la extinta Agencia Federales de Investigaciones (AFI), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR).

Fernando Ruiz logró identificar al presunto delincuente debido a que se trata de la misma persona que intentó agredirlo con un arma de fuego cuando se encontraba en Ciudad Universitaria, ataque que evitó junto con su acompañante, pegándole en la mano con la portezuela de su automóvil.

Además, añadió que su agresor ese día portaba el uniforme de la AFI y que llevaba en la mano una pistola tipo revolver calibre 357 Magnum,  misma que lograron arrebatarle luego de pegarle con la puerta.

El activista explicó que al verse descubierto, el individuo huyó y el arma quedó en manos de su organización, pero en un allanamiento similar al sufrido por Aristegui Noticias, este la recuperó sin que la Procuraduría capitalina interviniera para resguardar la pistola, pese a que los afectados presentaron una denuncia penal en contra de los presuntos responsables.

“Desde el 2008 diversos miembros del CLDH fueron víctimas de amenazas motivadas por las investigaciones que la organización realizaba en torno a la banda de La Flor y a La Hermandad Policiaca.  Al reactivar dicha investigación, fuimos amenazados e intimidados por hombres que de manera  abierta y pública, portaban armas de fuego. Uno de los participantes en los ataques, es el hombre de cabello con corte tipo militar y chamarra oscura que aparece en el video tomado por cámaras de seguridad de Aristegui Noticias”, explicó Fernando Ruiz en una misiva enviada a Aristegui Noticias desde noviembre pasado, imputación que ratificó en la entrevista.

Para Fernando Canales, las denuncias en contra de su agresor y de quien posteriormente allanó Aristegui Noticias, no prosperan y no avanzan, debido a que cuenta con protección policiaca y a que presuntamente está coludido con autoridades, pues la Procuraduría capitalina se ha negado de manera sistemática a investigarlo.

La investigación oficial no avanza hacia ningún lado

El oficial del programa legal de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, reveló que la procuraduría capitalina ha incurrido en diversas irregularidades durante la investigación y que la indagatoria oficial prácticamente carece de avances, por lo que “no va a ningún lado”.

Dijo que entre las irregularidades detectadas en el expediente, se encuentran la pérdida de evidencia crucial para localizar a los autores, como la botella de líquido con la que drogaron al portero y la caja de herramientas que sacaron de las oficinas y que posteriormente abandonaron en las escaleras.

“En ambos casos, estaban las huellas dactilares de los autores del robo y allanamiento, además en la botella de agua se hubiera podido rastrear el ADN de alguno de los participantes, pero no fueron embaladas ni se resguardaron debidamente, afectando la investigación”, sostuvo.

Dijo que otra irregularidad es la filtración del expediente por parte de la fiscalía de Álvaro Obregón a la revista TV Notas, violando así la secrecía de la indagatoria y alertando a los autores del robo de una eventual acción para localizarlos y detenerlos.

Defensor acreditado de Aristegui Noticias para este caso, Maldonado alertó que la inacción de la Procuraduría capitalina es de tal magnitud que se ha negado a recabar las imágenes de ocho cámaras de seguridad que están cercanas a la redacción de Aristegui Noticias, bajo el argumento de que sus agentes investigadores “no las vieron” durante dos inspecciones oculares.

Por último, sostuvo que la Fiscalía Especializada para investigar crímenes contra periodistas de la Procuraduría capitalina, al igual que su similar de la PGR, trabajan de forma totalmente opuesta al que debería ser su principal objetivo, puesto que sus integrantes sólo se dedican a descartar que las agresiones, robos y homicidios que sufren los comunicadores, sean consecuencia de su trabajo periodístico.

“Siempre están buscando como demostrar que la agresión no es consecuencia del trabajo periodístico, cuando su razón de ser, es precisamente la contraria”, finalizó.


Video del allanamiento ocurrido el 13 de noviembre:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1701/mexico/autor-del-allanamiento-a-aristegui-noticias-vinculado-con-corporaciones-policiacas-federales/

jueves, 1 de septiembre de 2016

4to. Informe de Gobierno: más muertos, menos dinero y muchos escándalos

EPN "ya tiene la vista puesta en el fin de su periodo y en la elección del próximo candidato potencial", comentó el analista.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto envíe su informe ante el Congreso, reflexionará sobre un año en el que las tasas de homicidios se incrementaron, la economía se desaceleró y su partido resultó fuertemente castigado en las elecciones legislativas.

Su gobierno también ha resultado golpeado por una serie de escándalos, así como reportes de supuestas torturas y violaciones de los derechos humanos por parte de policías y militares. Y las protestas de los maestros disidentes contra la reforma educativa que él asegura es un gran logro luego de que han transcurrido casi dos terceras partes de su mandato.

“Ha sido un año muy duro para el gobierno”, comentó Shannon O’Neil, una analista de México y Latinoamérica para el Consejo de Relaciones Extranjeras, con sede en Estados Unidos”. “Y creo que ahora él ya tiene la vista puesta en el fin de su periodo y en la elección del próximo candidato potencial dentro (de su partido) y su propio estatus de presidente cuyo poder se va debilitando. Así que no es un discurso sencillo de dar”.

La oficina de Peña Nieto no respondió a las preguntas que le planteó The Associated Press por correo electrónico. Se espera que el jueves envíe su informe por escrito al Congreso y el viernes pronuncie su discurso en un encuentro ante jóvenes.

Su informe podría verse empañado por el sorpresivo anuncio realizado el martes en Twitter por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de que aceptó la invitación para reunirse en privado con Peña Nieto el miércoles. El empresario ha sido ampliamente criticado en México por su promesa de construir un muro en la frontera y por calificar a los migrantes de “violadores” que llevan drogas y delitos a Estados Unidos.

Una encuesta publicada el 11 de agosto en el periódico Reforma indica que la aprobación al gobierno de Peña Nieto se encuentra en 23%, la más baja para un mandatario mexicano desde que el diario comenzó a realizar sondeos hace 21 años. El 74% de las personas que respondieron se expresaron en desacuerdo con la manera en que maneja al país. La encuesta tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales.

La inseguridad es una de las principales preocupaciones para muchos mexicanos. Las tasas de homicidios descendieron durante la primera parte del gobierno de Peña Nieto, que comenzó a finales de 2012 y termina en 2018. Pero en los primeros cinco meses de este año, los asesinatos están 16% por encima del mismo periodo de 2015.

“Empeora más… y las autoridades no hacen nada”, comentó Alejandro Sánchez, de 62 años, quien maneja un quiosco de revistas en el centro de la Ciudad de México.

Sánchez señala que vive en el suburbio industrial y residencial de Naucalpan, al noroeste de la capital, y que dos de sus amigos allí tuvieron que cerrar sus negocios debido a las amenazas de extorsión por parte de las organizaciones delictivas.

“Aparte de las extorsiones, robos, continuamente son robos, y más en las colonias (barrios)”, sentenció.

Muchos se quejan sobre el incremento en los precios y la falta de oportunidades laborales ante la desaceleración de la economía.

“En mi caso tengo la fortuna de tener un trabajo bien y todo eso, pero siento que para los otros chavos (jóvenes) necesitan más apoyo y cosas así”, dijo Ángel Díaz González, un diseñador gráfico que labora en una empresa de telemercadeo.

Los bajos precios del petróleo, un pilar de la economía mexicana, y otros factores externos en los que el gobierno tiene poco o nulo control tienen al país pasando apuros. Este mes, la Secretaría de Hacienda redujo nuevamente el panorama de crecimiento del producto interno bruto para 2016 a entre el 2% y el 2,6%.

El hecho de que el crudo tenga precio bajo también ha entorpecido la implementación de la muy promocionada apertura del sector energético a las compañías privadas, aunque algunos expertos señalan que probablemente las recompensas llegarán en el largo plazo.

Los analistas también le dan crédito a México por aplicar una política conservadora de cobertura que ha limitado su vulnerabilidad a la agitación del mercado petrolero y ha ayudado a que la economía siga creciendo en momentos en los que otros países latinoamericanos que dependen de las materias primas han resultado mucho más afectados.

Pero la mayoría de las noticias han sido malas para el gobierno.

Este mes, una investigación por parte de Aristegui Noticias acusó que grandes porciones de la tesis en derecho que Peña Nieto presentó hace 25 años fueron plagiadas de otras fuentes no citadas, algo que posteriormente fue corroborado por la Universidad Panamericana en la que estudió. La revelación ocurre luego de vergonzosos reportes en 2014 y 2015 que vinculan al presidente, su esposa y conocidos con acuerdos cuestionables de bienes raíces que involucran a contratistas del gobierno.

El Congreso aprobó el mes pasado una ley anticorrupción, aunque está por verse la manera en que será aplicada y existen distintas opiniones sobre si se aprobó debido al Partido Revolucionario Institucional, o pese a él. Peña Nieto es miembro del PRI.

“En muchas formas la corrupción ha dominado la política y la agenda pública durante gran parte del último año. En parte debido a los muchos escándalos, en parte debido al debate en el Congreso”, dijo Alejandro Hope, un analista que vive en la Ciudad de México. “De alguna manera se ha convertido en la narrativa dominante del gobierno actual, les guste o no… Ciertamente no es el legado al que aspiran, pero probablemente es lo que va a suceder”.

Azotado por el descontento popular, en junio el PRI ganó solo cinco de 12 gubernaturas en disputa durante las elecciones a la mitad del período presidencial, incluidos algunos estados en los que el partido nunca había perdido desde su fundación hace casi nueve décadas.

Además, este año un grupo independiente de expertos difundió un duro informe que desacredita la versión oficial de los investigadores del gobierno sobre lo sucedido a los 43 estudiantes secuestrados por la policía en el estado de Guerrero en 2014 y que se encuentran desaparecidos desde entonces.

Han surgido también varios videos que muestran a policías y soldados mientras torturan a sospechosos detenidos, lo que ha proyectado un incómodo reflector sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad responsables de la guerra contra el narcotráfico.

Y anteriormente este mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que 22 de los 42 supuestos miembros de un cártel que murieron durante el allanamiento a una hacienda el año pasado fueron “ejecutados arbitrariamente” por la policía, que posteriormente plantó armas en algunos de ellos para que pareciera que habían muerto en una balacera.

El comisionado Nacional de Seguridad rechazó las acusaciones del informe, pero el lunes el jefe de la Policía Federal fue reemplazado en lo que los analistas consideran es un reconocimiento tácito a la gran cantidad de controversias en torno al departamento a su cargo.

El gobierno resalta el arresto o muerte de unos 100 preciados integrantes del narcotráfico como éxitos en su ofensiva contra el crimen organizado. Pero incluso a la recaptura del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en enero pasado se le restó algo de importancia por el hecho de que su fuga de prisión más reciente ocurrió durante el gobierno de Peña Nieto.

En el aspecto positivo, señaló O’Neil, México sigue gozando de elevados niveles de inversión extranjera, es considerado en general como un lugar estable para hacer negocios y ha encontrado un interés significativo en contratos para extraer petróleo en aguas profundas que serán subastados más adelante este año.

Hizo notar que Peña Nieto no estará mucho más tiempo solo en el escenario, pues la campaña presidencial de 2018 ya habrá tomado fuerza en esta época el próximo año.

“De muchas maneras, es probable que este sea el último discurso que Peña Nieto pronuncie como la cabeza indiscutible del PRI y del país”, comentó la analista. “Así que este es su momento para presentar lo que él vislumbra… y creo que el desafío que enfrenta es que la mayoría de la población mexicana simplemente no le creerá“. (AP)

FUENTE: ARISTEGI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/3108/mexico/4to-informe-de-gobierno-mas-muertos-menos-dinero-y-muchos-escandalos/

viernes, 26 de agosto de 2016

Informe confirma que intentaron hackear el celular de periodista que investigó la “casa blanca”

Hace un año, cuando el equipo de Aristegui Noticias reveló que la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, era propietaria de una casa que le compró a la empresa OHL, uno de los reporteros encargados de la investigación fue víctima de un intento de espionaje gracias al software Pegasus.

Ciudad de México, 26 de agosto (SInEmbargo).– El periodista Rafael Cabrera, integrante del equipo de investigación de Aristegui Noticias, fue víctima de un intento de espionaje, de acuerdo con un informe de seguridad informática.

El informe de Lookout y Citizen Lab, con sede en la Facultad Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, detalla que fue a través de mensajes que llegaron al Iphone del periodista que se intentó obtener información sobre él.

Los mensajes, que supuestamente eran enviados por Uno TV, un servicio la empresa Telcel, hacían referencia a información sobre la llamada “casa blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, reportaje en el que el periodista mexicano participó.

En los mensajes se enviaba una hipervínculo al que el reportero tenía que , de acuerdo con las características del software Pegasus, un programa de espionaje, era necesario para hacerse de la información.

El intento de espionaje se dio justo hace un año, cuando a través de sus redes sociales el reportero denunció que le llegaron mensajes del servio de noticias, pero el remitente correspondía a un número de celular. En ese momento, UnoTV desmintió que los mensajes hubiesen salido de sus servidores, por lo que Cabrera solicitó la ayuda de Citizen Lab, que ha alertado sobre la mecánica y peligrosidad de dicho software.

Finalmente, el informe confirmó que Cabrera fue objeto de un hackeo, o al menos de un intento.

Pegasus es la herramienta, pero una persona, ya sea como particular o como institución, tiene que hacer uso de ella en contra de alguien en específico.

El periodista compartió los mensajes a través de sus redes sociales. Imagen: Especial

La agencia de noticias AP reportó que un intento fallido para ingresar al iPhone de un activista árabe por medio de un software de espionaje, hasta ahora desconocido, derivó en una actualización mundial del sistema operativo de Apple para dispositivos móviles, dieron a conocer investigadores el jueves.

El spyware se aprovecha de tres debilidades previamente desconocidas en el sistema operativo de Apple para móviles con el fin de tomar control total de los iPhone, de acuerdo con reportes publicados el jueves por Lookout, una organización de seguridad para smartphones con sede en San Francisco, y Citizen Lab, un grupo de monitoreo de internet. Según ambos reportes, el autor del software espía es NSO Group, una empresa israelí.

“Jamás se ha pillado antes al autor de la amenaza”, dijo Mike Murray, un investigador de Lookout, quien describió al programa como “el paquete de spyware más sofisticado que hayamos visto en el mercado”.

Detallaron cómo un iPhone podía quedar completamente indefenso al ser tocado solo con un dedo, un truco tan codiciado en el mundo del ciberespionaje que un agente de este tipo de programas dijo que en noviembre pasado pagó una recompensa de un millón de dólares a programadores que hallaron la manera de hacerlo.

Una indefensión así le daría a los hackers el control total del celular, permitiéndoles escuchar sus llamadas, guardar sus mensajes, activar sus cámaras y micrófonos, y descargar la información personal almacenada en el aparato.

Arie van Deursen, profesor de ingeniería de software en la Universidad Delft de Tecnología en Holanda, dijo que ambos informes son creíbles y preocupantes. El experto en asuntos forenses Jonathan Zdziarski describió al programa maligno como “un peligroso software espía”.

Apple indicó en un comunicado que resolvió la vulnerabilidad inmediatamente después de enterarse de su existencia, pero la falla hubiera seguido sin remediar si no hubiera sido por la cautela de un activista por los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos.

Ahmed Mansoor, conocido por su activismo en su ramo, alertó primero a Citizen Lab sobre el software espía tras recibir un inusual texto el 10 de agosto. El misterioso mensaje, que prometía revelar detalles sobre tortura en las prisiones de los Emiratos, incluía un enlace sospechoso al final.

Mansoor tuvo dudas. A él no solo lo habían encarcelado, golpeado, robado y privado de su pasaporte durante años, sino que también había estado en medio de casos de escuchas electrónicas. De hecho, ya tenía la dudosa distinción de haberse librado de ataques de dos diferentes spyware comerciales. Y cuando compartió el mensaje sospechoso con Bill Marczak, investigador de Citizen Lab, se dieron cuenta que había sido víctima de otra agresión.

Marczak, que ya estaba examinando al NSO Group, dijo que él y su colega investigador John Scott-Railton recurrieron a Lookout en busca de asistencia para desmantelar al programa nocivo, un proceso al que Murray comparó con “desactivar una bomba”.

“Es asombroso el nivel que han alcanzado para evitar la detección”, dijo de los fabricantes del programa. “Tienen un sistema de autodestrucción que se activa con el menor de los movimientos”.

Después de un intenso trabajo de dos semanas, los investigadores encontraron que Mansoor fue blanco de un programa informático inusualmente sofisticado cuya activación posiblemente costó una pequeña fortuna.

“Ahmed Mansoor es un defensor de los derechos humanos valuado en un millón de dólares”, declaró Scott-Railton.

En un comunicado en el que no reconoce que el programa informático espía sea suyo, el NSO Group dijo que su misión era dotar a “gobiernos autorizados de la tecnología que los ayude a combatir el terrorismo y la delincuencia”.

La compañía dijo no estar enterada de ningún incidente en particular y señaló que no haría más declaraciones.

El aparente descubrimiento de spyware de fabricación israelí dirigido contra un disidente en los Emiratos Árabes Unidos genera cuestionamientos difíciles para ambos países.

La utilización de tecnología israelí para vigilar a sus propios ciudadanos es una estratégica incómoda para un país árabe que carece de relaciones diplomáticas formales con el Estado judío. Y la complicidad israelí en un ataque cibernético contra un disidente árabe parecería contradecir la autodescripción del país como un bastión de la democracia en el Oriente Medio.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/26-08-2016/3084949

lunes, 22 de agosto de 2016

Peña plagió al menos 197 párrafos de los 682 de su tesis: Aristegui Noticias (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En un reportaje publicado esta noche en su portal de noticias, titulado “De plagiador a presidente”, la periodista Carmen Aristegui reveló que el presidente Enrique Peña Nieto plagió de manera textual varios libros para realizar su tesis de licenciatura.

“Aristegui Noticias tuvo acceso a un amplio análisis de la tesis de Peña Nieto elaborado por un grupo de especialistas y académicos, quienes descubrieron que una buena parte de la tesis se realizó con materiales plagiados”, dice el portal de la periodista.

La investigación afirma que la tesis titulada “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón”, presentada en 1991 por Peña Nieto como requisito para titularse como licenciado en Derecho en la Universidad Panamericana, tendría cerca de una tercera parte de material plagiado de al menos 10 autores. La tesis constó de 200 páginas y 682 párrafos.

El priista estudió en la Universidad Panamericana entre 1984 y 1989. Tenía 25 años cuando se tituló.

Aristegui Noticias afirma que se corroboró directamente en los libros y fuentes originales de cada uno de los párrafos analizados en el estudio –elaborado por un grupo de especialistas y académicos– y concluyó que el hoy presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. Es decir, por lo menos el 28.8 por ciento del contenido de su tesis de abogado fue robado de las obras de otros autores.

La investigación destaca que el plagio más escandaloso es el que Peña cometió con una obra del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Precisa que a lo largo de su tesis nunca hizo referencia al exmandatario y ni siquiera lo citó en la bibliografía.

De la Madrid, fallecido en abril de 2012, escribió el libro “Estudios de Derecho Constitucional”, publicado por la UNAM en 1977, y Peña Nieto reprodujo íntegros al menos 20 párrafos de ese título en su tesis.

Indica además que Peña se atribuyó palabras de al menos 10 autores, entre ellos el historiador Enrique Krauze y los doctores en Derecho, Diego Valadés, Jorge Carpizo y Jesús Orozco Henríquez, exmagistrado electoral y quien actualmente forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el video que anunciaba la publicación del reportaje, Carmen Aristegui recordó una de las pifias más memorables de Peña, cuando en diciembre de 2011 en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, fue incapaz de precisar los nombres y autores de tres libros que habría leído.







Fuente: Proceso
Autor: Redacción con información de Aristegui Noticias
http://www.proceso.com.mx/451827/plagio-pena-al-menos-197-parrafos-los-682-tesis-aristegui-noticias-video

martes, 17 de mayo de 2016

Sitio de Aristegui Noticias gana el Premio Knight de Periodismo Internacional 2016

CIUDAD DE MÉXICO: El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) otorgó el Premio Knight de Periodismo Internacional 2016 al portal de internet Aristegui Noticias “por exponer crímenes financieros y malas conductas a los más altos niveles”.

Según dijo Joyce Barnathan, presidente del ICFJ, los periodistas de investigación de ese sitio “han cambiado el mundo al revelar acuerdos oscuros que envuelven a altos funcionarios… Ellos sobresalen por sus importantes reportajes”.

Mediante un comunicado, la organización anunció el premio al portal encabezado por la periodista Carmen Aristegui. Explicó que el certamen tiene el objetivo de homenajear a periodistas que, por un trabajo pionero o de innovación tecnológica, produjeron información y noticias de calidad que generaron “un impacto significativo en la vida de personas de países en desarrollo”.

En este certamen, los candidatos pueden ser periodistas, editores, desarrolladores, tecnólogos, gerentes de medios, periodistas ciudadanos o blogueros. En este sentido, también entregó el galardón a Miranda Patrucic, periodista de Sarajevo que reveló temas de corrupción en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El Centro Knigth aseguró que Aristegui Noticias es un “equipo de intrépidos reporteros” cuyas investigaciones han expuesto corrupción y crimen desde el poder en México, así como conflictos de interés entre figuras del gobierno y élites en un ambiente conocido como uno de los más letales en el mundo para los periodistas.

Destacó en particular la investigación publicada en dicho sitio el 9 de noviembre de 2014 sobre la llamada “Casa Blanca” con valor estimado en siete millones de dólares, construcción en la que se demostró un conflicto de intereses y favoritismo entre Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto y la empresa Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, una de las principales contratistas del gobierno federal.

Sin aceptar responsabilidad en el hecho, el gobierno de Peña Nieto canceló la construcción de un tren de alta velocidad cuya licitación ganó la misma compañía.

La investigación –que llevó meses de trabajo entre los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán– ganó en septiembre de 2015 el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, otorgado por la Fundación Iberoamericana de Nuevo Periodismo (FNIP). En noviembre siguiente recibió el Premio Colpin 2015, otorgado por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin).

El 10 de marzo de 2015, cuatro meses después del escándalo de “la Casa Blanca”, Aristegui y su equipo de investigación participaron en la presentación de la plataforma ciudadana Mexicoleaks, una alianza entre medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar información de manera segura y anónima con fines periodísticos.

La mañana siguiente la periodista hizo el anuncio al aire en el noticiero de MVS Radio. Dos días después, dos de sus colaboradores fueron despedidos y el 15 de marzo la empresa terminó su contrato laboral como conductora del noticiero estelar de esa estación y el más escuchado en el país. El argumento: “abuso de confianza” por usar su logotipo, presuntamente, sin autorización en el portal.


El Centro Knigth también destacó las investigaciones que el portal de Aristegui Noticias ha publicado sobre pederastia, la red prostitución operada por líderes del PRI en la Ciudad de México, así como su reciente participación en la investigación periodística de los #PanamaPapers.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440962/sitio-aristegui-noticias-gana-premio-knight-periodismo-internacional-2016

viernes, 29 de abril de 2016

Gobierno mexicano, sin credibilidad en caso Ayotzinapa: Meyer en CNN

El historiador Lorenzo Meyer aseguró que el gobierno mexicano ya no tiene credibilidad en las investigaciones que realizó del casoAyotzinapa, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes detectó varias fallas y omisiones en el expediente.

En entrevista para Aristegui CNN, expuso: “Es una coyuntura crítica, no se lo esperaban hasta el momento en que ocurre en septiembre 2014 (la desaparición de 43 normalistas)”.

“La vida política de este país parecía estar realmente en manos del gobierno de Enrique Peña Nieto, de su grupo, tenían el control, tenían a los partidos de oposición en el Pacto de México, las reformas estructurales, todo parecía ir sobre ruedas, el público internacional le daba aplausos, era moviendo a México, saving México”, recordó.

“Pero es Ayotzinapa, nadie se lo esperaba, no esperaban tener un impacto de esa naturaleza, es que cimbró toda la estructura del gobierno de Peña Nieto, y probablemente el régimen, y a la sociedad, pero no solamente a la mexicana, a la sociedad internacional, el mundo externo está viendo a México con una mirada crítica, ¡qué cambio!”, anotó.

Ahora, “la presidencia está recibiendo directamente esta andanada de golpes políticos y no se lo quita nadie”, debido a que “el Estado mexicano es incapaz… no puede tener la respuesta de dónde están 43 de sus ciudadanos”.

“El problema es la credibilidad… se gana a lo largo de mucho tiempo cuando se tiene y se puede perder muy rápido. Aquí el gobierno mexicano perdió las posibilidades de credibilidad… la sombra de duda de que ha pasado más de un año y no han podido dar una respuesta, no hay más que dos salidas: o es extraordinariamente deficiente el Estado mexicano… y si no es tan ineficiente entonces es que hay algo bastante profundo que prefiere pagar el precio de perder su credibilidad, de estar expuesto al mundo entero… no se lo van a perdonar, eso de que se va a olvidar, no, no se va a olvidar”, sentenció.

Lamentó que con el regreso del PRI a Los Pinos se cayó la idea de que son diferentes al “viejo” partido, pues “están teniendo las mismas reacciones e instintos que antes”.

A su vez, la politóloga Denise Dresser preguntó “por qué al GIEI lo están sacando del país y no le renuevan el mandato a pesar de que la investigación que no ha sido concluida”.

Lamentó que “hemos pasado de un escenario de moviendo a México a mintiendo a México, en sus dos informes el GIEI ha revelado las mentiras sistemáticas de la Procuraduría y de los involucrados en el caso de Ayotzinapa, una y otra vez”.

Dresser -quien estuvo en la presentación del informe del GIEI el pasado domingo-, detalló que este segundo documento elaborado por el grupo de expertos “revela dos cosas importantes: primero que 17 de los inculpados en el caso Ayotzinapa, fueron torturados.Además, que hay expertos internacionales que han dado testimonios que esto es así, lo cual invalida lo que han dicho y lleva a sospechar que fueron presionados para decir que los jóvenes fueron quemados en Cocula”.

Sobre la visita de Tomás Zerón a las inmediaciones del río San Juan, apuntó que “no forma parte del expediente de la PGR”.

“El Estado mexicano ha tratado de esconder lo que de diferentes maneras el GIEI reveló”, indicó, en referencia a “una vasta red de protección a un negocio de transporte de heroína”, y la participación de diferentes agentes del Estado.

Dresser recordó que el GIEI descubrió el llamado “quinto autobús que no formaba parte de la investigación oficial”; así como “siembra de evidencias, tortura, y tantas otras irregularidades”.

“Los argentinos que vinieron a ayudar a los padres… dijeron hoy que en México habían visto cosas que no habían visto en otro país. ¿Qué vieron?, ¿qué desenterró Ayotzinapa?: un país roto, un país donde 26 mil personas están desaparecidos, un sistema de justicia penal podrido, que se basa en la tortura para extraer confesiones, que siembra evidencia, que construye verdades históricas para ocultar verdades más profundas y probablemente más terroríficas que el Estado mexicano no quiere revelar y que es la infiltración de la policía municipal, estatal, federal y el Ejército mexicano, en un tema que no ha sido aclarado pero que los expertos que vinieron están exhibiendo”, expuso.

La politóloga agregó que hay “un país carcomido por el crimen organizado”. Al inicio del caso Ayotzinapa “se decía: Fue el Estado. Pues sigue siendo el Estado”, concluyó.



Fuente: Aristegui Noticias
Autor: Redacción
http://aristeguinoticias.com/2804/mexico/gobierno-mexicano-sin-credibilidad-en-caso-ayotzinapa-meyer-en-cnn/

miércoles, 16 de marzo de 2016

Cártel de Juárez, proveedor del PRI y financiador en la campaña de Peña Nieto

En las primeras dos entregas de esta investigación se mostró cómo el Grupo Comercializador Cónclave, manejado por Rodolfo David Dávila Córdoba, alias “El Cónsul”, uno de los operadores del Cartel de Juárez, se convirtió en proveedor del programa oficial Cruzada contra el Hambre y también logró involucrarse en las operaciones del futbol internacional. Pero eso no es todo: en esta tercera y última parte, se documenta cómo aportó dinero a las tarjetas bancarias utilizadas por el PRI durante la campaña presidencial en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto en el año 2012, en un caso que públicamente se conoció como “Monexgate”.

Grupo Comercializador Cónclave tenía un cliente de mucho peso: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En junio de 2011, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional le encargó a esta empresa elaborar 67 mil 900 “reportes especiales” que serían entregados a los gobiernos estatales y municipales priístas para instruirlos sobre cómo realizar “una gestión gubernamental más eficiente”, según detalla el contrato localizado en los registros del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), antes conocido como IFE.


En aquellos días, el líder nacional del PRI era Humberto Moreira Valdez, quien el pasado viernes 15 de enero de 2016 fue arrestado en Madrid. La Fiscalía Anticorrupción había ordenado cárcel para el ex gobernador de Coahuila por presuntamente formar parte de una red criminal y haber blanqueado en España 200,000 euros.

Sin embargo, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional -la principal instancia judicial española que se encarga de temas complejos como terrorismo y corrupción-, dejó en libertad sin fianza a Moreria al no hallar delitos en su contra.

En 2012, ya con Pedro Joaquín Coldwell al frente de la dirigencia, el PRI nacional refrendó los servicios de Cónclave con el contrato CP-118-0115/2012, con vigencia del 20 de enero al 31 de diciembre. Además de elaborar impresos, les surtía mobiliario, según consta en sus registros de proveedores.


Al revisar las cuentas del PRI, los auditores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) pusieron en duda el contrato asignado a Cónclave para la elaboración de miles de reportes.

“Respecto a las facturas señaladas, no se localizaron las respectivas muestras de los trabajos realizados”, advirtieron los auditores del IFE en un oficio enviado al PRI el 20 de junio de 2012.


Para tratar de comprobar que no se trataba de servicios simulados, la dirigencia del PRI envió al IFE muestras físicas de los llamados ‘reportes especiales’, así como carpetas que contenían las notas de entrada y salida de almacén.

No conformes con esas pruebas, los auditores solicitaron la documentación en la cual constara la forma en que el partido distribuyó ese material.

Según la respuesta enviada al IFE, los reportes se repartieron en forma masiva en los comités directivos nacionales y estatales; con los sectores adherentes al PRI (CTM, CNOP, CNC), en los congresos, en universidades, bibliotecas, embajadas, con gobernadores, secretarías de Estado y periodistas afines al partido.

Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Cónsul”, identificado por la PGR como operador financiero del Cartel de Juárez, participó en la triangulación de dinero en el caso llamado Monexgate.

Al calor de la campaña presidencial del año 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) entonces en el poder con el Presidente Felipe Calderón al frente y la coalición de izquierda formada el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano acusaron al PRI de tener una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas de debito bancarias emitidas por el Grupo Financiero Monex.

Las pruebas de esta caso fueron entonces exhibidas por los coordinadores de las campañas. Por la izquierda, Ricardo Monreal y por la derecha, Roberto Gil durante uno de los debates que sostenían semanalmente, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui. Sobre la mesa pusieron dos tarjetas bancarias y 19 facturas. Tanto unas como otras expedidas por el banco Monex.


El representante del PRI, Luis Videgaray -ahora convertido en secretario de Hacienda- negó entonces que usaran las tarjetas. “No”, dijo a botepronto en pleno debate. Meses más tarde, Jesús Murillo Karman –tiempo después nombrado Procurador General de la República- salió a dar la cara por los tricolores. Dijo que siempre sí emplearon las tarjetas pero no para los fines que sus opositores acusaban y tampoco habían rebasado con ello el tope financiero.


A partir de las pruebas de este caso, el equipo de Investigaciones Especiales del noticiero conducido por Aristegui reveló los nexos entre compañías con el PRI; Grupo Comercializador Inizzio y Grupo Efra. Otros medios de comunicación, por separado, aportaron nombres de más empresas, en una compleja operación en el centro de la cual estaba el banco Monex.

El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hizo una investigación a partir de las denuncias presentadas por la derecha y el bloque de izquierda.


El resultado fue que exoneraron al PRI. Para la mayoría de los consejeros era creíble la versión del equipo encabezado por Enrique Peña Nieto en el sentido de que esas tarjetas fueron sólo para cubrir el costo operativo de su estructura – es decir para pagar alimentos o transportes de los representantes de casillas- y no propiamente para gastos de campaña como pudieran ser espectaculares o mítines.

En el dictamen de la auditoría hecha las finanzas del PRI, a lo largo de 228 páginas, apareció el nombre del Grupo Comercializador Cónclave. El mismo que, acuerdo con las documentos y pruebas oficiales mostradas en esta investigación periodística, ha sido un brazo del Cartel de Juárez.

De acuerdo con el expediente del caso, los representantes del PRI explicaron –en su defensa- que durante la campaña electoral no tenían suficiente dinero en efectivo para movilizar a sus representantes de casillas y deberían pagar a los enlaces estatales, a los distritales y a los coordinadores territoriales.

Para disponer de esos recursos, de manera rápida, contrataron a la empresa Alkino Servicios de Calidad. El contrato fue firmado el 1 de marzo del 2012 por un monto de 1 millón 682 mil 528 pesos.


En el expediente, no hay una explicación por qué eligieron a esa empresa. No obstante, el entonces vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo al diario El Universal que buscaron a esa firma “por su seriedad y solidez”. Esta declaración fue publicada el 26 de julio del 2012, es decir, cuatro meses después de firmado el contrato y 25 días más tarde la elección presidencial.

Alkino es una empresa dedicada a servicios financieros. Sin embargo, -de acuerdo en el expediente integrado por el IFE- para cumplir con el contrato con el PRI, no abrió sus cuentas. Sus directivos buscaron a otra empresa que pudieran conseguir dinero rápido y disponible en tarjetas bancarias. Para ello, subcontrataron a la firma Atama.


Este subcontrato fue por 66 millones 326 mil 300 pesos. Alkino obtuvo el financiamiento necesario pagando una tasa de interés de 1.5 por ciento mensual, pero sólo a partir de que se actualizara la última entrega de las tarjetas bancarias.

En total, consiguieron 7 mil 851 tarjetas de las cuales regresaron 1 mil 373 por estar dañadas, según la versión del PRI validada por el IFE.

Quién estuvo encargado de estas transacciones fue Héctor Macías Díaz, subsecretario de Enlace Territorial del mismo PRI.

Pero al igual que las empresas anteriores, Atama también buscó el dinero en otro lado.

Ramón Morales, su representante legal, dijo que a su vez utilizaron a la firma Inizzio, la cual pertenece a su mismo grupo.

En su testimonio por escrito ante el IFE explicó que ésta última contaba con mayor experiencia en servicios bancarios y contratación de productos financieros además de tener una cuenta en Monex.


El Grupo Comercial Inizzio tiene un funcionamiento peculiar. Una de sus características ha sido que opera con prestanombres y maneja negocios tan disímbolos que van desde la compra de materiales eléctricos como la renta de departamentos y la venta de equipo de cómputo a través de empresas satélites más pequeñas.

En el año 2012, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui, se mostró cómo operaban para proteger la identidad de su dueño, José Luis Lozana Neyra, quien usa el nombre de Alejandro J. Pérez Lizárraga.

Entre los prestanombres figura Juan Oscar Fragoso Monroy, un joven quien se dedicaba a la albañilería y murió en un accidente de motocicleta. De hecho, su nombre también apareció entre los supuestos accionistas de Atama, la empresa contratada por Alikino para la compra de tarjetas en Monex.


La incorporación de Inizzio dejó el esquema PRI-Monex de la siguiente manera:


Para atraer el dinero necesario, Atama pidió a ocho de sus clientes liquidar sus deudas mediante depósitos en una cuenta bancaria a nombre de Inizzio abierta en Monex, de acuerdo con la investigación del IFE.


Uno de esos clientes fue Grupo Comercial Cónclave, la empresa encabezada por Rodolfo David Dávila Córdova, “El Cónsul”, operador del Cartel de Juárez. El 25 de mayo del 2012 aportaron 699 mil 500 pesos por “comisiones de venta”. El propio IFE lo inscribió así en el dictamen de su auditoría.

Como se mostró en la primera parte de esta investigación, Dávila Córdova “El Cónsul”, aparece como apoderado de esa firma, la misma que junto con Prodassa defraudó por 25 millones de dólares a la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas más importantes del Gobierno Federal.



Grupo Comercial Cónclave –de acuerdo en el expediente hecho por el IFE-, a diferencia de las otras ocho empresas deudoras de Atama depositó el dinero en una cuenta en Monex a nombre de Efra, otra de las firmas vinculadas a la compra directa de las tarjetas de débito y, a su vez, a la familia Fraga vinculada al PRI.

En esa misma lista de empresas con supuestas deudas con Atama –utilizadas para inyectar dinero en cuentas de Monex- también apareció Akrópolis. Uno de sus socios mayoritarios ha sido César González Rodríguez, nacido en Pachuca Hidalgo.


El nombre de esta persona también figura como socio de Grupo Comercial Cónclave. El 21 de mayo de 2012, Akrópolis abonó 1 millón 409 mil pesos –en dos pagos- en las cuentas bancarias utilizadas para las tarjetas de debito utilizadas por el PRI.


De acuerdo con el resultado de la auditoría al PRI, Inizzio entregó a Atama 9 mil 924 tarjetas bancarias de banca Monex, de las cuales 7 mil 851 estaban destinadas al PRI. Del resto no hay datos de su paradero.

La Unidad de Fiscalización del IFE notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que unas 1 mil 500 tarjetas pagadas finalmente por el Grupo Comercial Inizzio tuvieron operaciones realizadas en el extranjero. Esto sucedió el 23 de enero del 2013.



Fuente: Aristegui Noticias
Autores: Redacción
http://aristeguinoticias.com/1603/mexico/cartel-de-juarez-proveedor-del-pri-y-financiador-en-la-campana-de-pena-nieto/?platform=hootsuite

martes, 15 de marzo de 2016

Operador del Cártel de Juárez ‘juega’ en el fútbol internacional

Grupo Comercializador Cónclave, empresa ligada al financiero de la organización de los Carrillo Fuentes, ha sido intermediaria en la transacción de jugadores al fútbol europeo, de acuerdo con los informes financieros del Club de Fútbol Porto, de Portugal. El mismo operador ganó contratos por 400 mdp de la Cruzada contra el Hambre, el programa estrella de Enrique Peña Nieto. (Segunda de tres partes).

Grupo Comercializador Cónclave, la empresa que tenía como representante al supuestooperador financiero del Cártel de Juárez, también juega en el futbol internacional. Su nombre aparece en los informes financieros correspondientes a 2012 y 2013 del Club de Futbol Porto, de Portugal.

Una investigación periodística documentó que Rodolfo David Dávila Córdova, sentenciado por haber sido operador financiero de la organización de los Carrillo Fuentes, obtuvo en 2013 un contrato por 207 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como representante legal de Grupo Comercializador Cónclave.

Un segundo contrato del mismo programa federal, por 188 millones de pesos, se otorgó a la empresa Prodasa SA de CV, en la que Dávila Córdova es socio mayoritario.

Los reportes entregados por el Club Porto al regulador del mercado financiero portugués, detallan la participación de Grupo Comercializador Cónclave como intermediario en la transacción de jugadores al futbol europeo.

“En el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2012, los servicios de intermediación fueron proporcionados por la entidades Northfields Sports BV, Grupo Comercializador Cónclave SA y el agente Giancarlo Uda”, detalla uno de los reportes compartido a los inversionistas del Club de futbol Porto.

El informe financiero precisa que en el periodo en que Cónclave fungió como intermediario (julio-diciembre de 2012) se sumaron a la lista de adquisiciones del Porto el jugador mexicano Diego Reyes, propiedad del Club América, y los futbolistas colombianos Jackson Martínez y Héctor Quiñones, el primero procedente del Club Jaguares de Chiapas y el segundo de la Asociación Deportivo Cali.

El reporte del club portugués no precisa en cuál de estos traspasos de jugadores participó el Grupo Comercializador Cónclave. Sin embargo, en esta investigación periodística se pudo precisar que en el pase de Diego Reyes al Porto, la empresa intermediaria fue Northfields Sports, en una transacción de 9 millones 92 mil 320 euros.

Mientras que en el traspaso de Jackson Martínez participó el agente mexicano Guillermo Lara, quien en distintas ocasiones ha sido vinculado con operaciones del narcotráfico, en específico con personajes ligados al Cártel de Juárez.

Lara hizo un negocio multimillonario con el traspaso de Jackson, pues el jugador le costó 100 mil dólares y la venta del jugador de Jaguares de Chiapas al Porto se negoció en 9.6 millones.


Para 2014 y 2015, la citada empresa ya no apareció en los documentos del equipo portugués.

Jackson Martínez llegó al futbol mexicano en 2010, al club Jaguares de Chiapas, en donde permaneció por dos años y medio, con un récord de 33 goles. Su traspaso al Club Porto se realizó en julio de 2012, en una transacción de 9.6 millones de euros. El jugador tenía 25 años de edad cuando emigró a Europa.

Al mes de realizarse esta transacción, la cadena radial RCN de Colombia y Mundo Fox, de Estados Unidos, difundieron una investigación en la que aseguraban que Guillermo Lara, el promotor del jugador colombiano, estaba vinculado con el narcotráfico.

La investigación de ambos medios afirmaba que capos de la droga, paramilitares y un guerrillero colombianos habían invertido en el futbol mexicano entre 2003 y 2006, de acuerdo con documentos encontrados por la Fiscalía de Colombia a un narcotraficante del Norte del Valle.

En los documentos citados por RCN y Mundo Fox aparecían pagos millonarios a equipos profesionales del futbol mexicano y a empresarios deportivos, entre ellos Carlos Ahumada (alguna vez dueño de Santos y de León) y el promotor Guillermo Lara, representante de Jackson Martínez.

De Guillermo Lara, la investigación aseguraba que fue beneficiado a través de diversos pagos del narcotráfico. Tras la publicación, el promotor se deslindó de las acusaciones y negó cualquier vínculo con cárteles de la droga.

“No son acusaciones. Para mí son estúpidos. Gente que no es profesional, que no tiene ética y que escribe cualquier estupidez. El negocio con Colombia fue con Jackson Martínez, que lo acabo de vender al Porto como ustedes saben; esos son los negocios que yo hago”, declaró en agosto de 2012.

Sin embargo, Lara volvió a ser vinculado con el narcotráfico en febrero de 2014, cuando fue capturado en León, Guanajuato, el traficante Tirso Martínez “El Tío”, compadre de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, antiguo jefe del Cártel de Juárez.

El diario Reforma reveló en aquel entonces que “El Tío” fue señalado por un testigo en Estados Unidos como “miembro de una red que lavaba dinero transfiriendo jugadores de Colombia en sociedad con la Promotora Internacional Fut Soccer, propiedad de Guillermo Lara”. De hecho, “El Tío” fue acusado de lavar dinero a través de los equipos Querétaro, Irapuato y Celaya, hace una década.

Guillermo Lara y su empresa Promotora Internacional Fut Soccer ya habían sido investigados desde hace más de una década por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, quien abrió la averiguación previa PGR/UEDO/080/2001, para esclarecer la presunta relación de Lara con el narcotraficante colombiano Jorge Mario Ríos Laverde, preso en Estados Unidos.

Cuando fue capturado en octubre de 2002, Ríos Laverde viajaba en una camioneta BMW de la promotora de Guillermo Lara.

Las sospechas sobre el promotor se acentuaron cuando en julio de 2003 fue detenido el futbolista Carlos Álvarez Maya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando pretendía viajar a Colombia con un millón de dólares. El representante del jugador era la Promotora Internacional Fut Soccer, de Lara.




Fuente: Aristegui Noticias
Autores: Redacción
http://aristeguinoticias.com/1503/mexico/operador-del-cartel-de-juarez-juega-en-el-futbol-internacional/

lunes, 14 de marzo de 2016

Contrata el Gobierno federal a operador del Cártel de Juárez

Cuatro cajas repletas con 37 mil billetes de 20 dólares fueron depositadas en una camioneta Ford Ecosport negra estacionada cerca del cruce de avenida Universidad y el Eje 5 Sur.

Los fajos de billetes, que pesaban más de 30 kilos, sumaban una fortuna: 740 mil 40 dólares, pero eran apenas una porción de las millonarias transacciones que el tripulante de la camioneta Ecosport supuestamente manejaba a través de sus casas de cambio, como parte de una sofisticada red de lavado de dinero del Cártel de Juárez.

Una a una, las cajas de cartón fueron bajadas de un auto Seat Ibiza, color gris, propiedad deJuan Ignacio Izquierdo Sánchez, identificado por las autoridades de justicia como el responsable de la logística de recepción y traslado de dólares entre México y Colombia.

Según la versión oficial, una vez que todas las cajas con los fajos de dólares fueron colocadas en la camioneta, aparecieron en escena policías federales que rastreaban la transacción, realizada en plena vía pública, sobre la transitada avenida Eugenia (el Eje 5 Sur) de la colonia Narvarte, en la ciudad de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el conductor de la camioneta,Rodolfo David Dávila Córdova, confesó que el dinero que llevaba pertenecía a la organización de los hermanos Carrillo Fuentes, y que se dedicaba a lavar los dólares a través de transferencias electrónicas que realizaba a distintos países, por medio de sus casas de cambio.

La Fiscalía identificó al detenido como el contacto con los proveedores de droga de Colombia, y responsable de las negociaciones comerciales y financieras del Cártel de Juárez.

Los dos supuestos operadores del Cártel fueron encarcelados en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en donde fueron sentenciados por el juez Cuarto de Distrito por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta detención ocurrió hace una década, el miércoles 26 de octubre de 2005, pero cobra actualidad, porque uno de los señalados por la PGR como operador del narcotráfico se ha convertido en contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, en su programa social estelar: la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Los recursos por más de 396 millones de pesos (unos 25 millones de dólares, al tipo de cambio de 2013) se entregaron a empresas inexistentes y por servicios que nunca se realizaron. La trama incluyó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un ex dirigente del partido Nueva Alianza que ahora es funcionario de ese centro académico.

Junto con las cajas repletas de dólares, los agentes investigadores reportaron el hallazgo en la camioneta Ecosport de documentos que permitieron identificar la estructura de mando y zonas de operación del Cártel de Juárez.

La documentación sirvió, además, para localizar 16 días después a Ricardo García Urquiza, “El Doctor”, quien había asumido el mando de la organización delictiva, tras la ejecución, en 2004, de Rodolfo Carrillo Fuentes, en Culiacán. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la captura del capo se realizó cerca del centro comercial Perisur, cuando acudió a una cita con un contacto que le enviaría un cargamento de cocaína desde Colombia.

Cuando fue capturado, El Doctor llevaba consigo una pistola con cacha dorada con incrustaciones de diamantes y con el símbolo característico del Yin Yang de la medicina china. Pero el más importante hallazgo, derivado de su detención, fue la documentación que evidenciaba la estructura empresarial que había logrado crear para la operación del Cártel de Juárez.

Un ejemplo: las autoridades reportaron la localización de 51 cuentas en Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC a través de las cuales se pagaba la nómina de trabajadores y traficantes.

En su domicilio, ubicado en la colonia Insurgentes Cuicuilco, al capo le decomisaron una hoja con las claves que utilizaba para ocultar sus operaciones ilícitas. Usaba nombres de hombre y de mujer para indicar el día del mes y la hora de la entrega de las drogas. “Vamos a ver a Teresa en la casa de Pedro” significaba que el desembarco sería el día cinco a las ocho de la noche.

A una de sus cómplices, a quien apodaban ‘La contadora’, le encontraron dos millones 886 mil dólares en fajos de billetes de 20, forrados en plástico, que se presume estaban listos para ser enviados a Colombia para pagar cargamentos de droga. Pero además, hallaron en su casa los registros contables que revelaban los gastos, costos de droga y comisiones que pagaban a traficantes y a autoridades ligadas a esta organización criminal.

La documentación decomisada revelaba el tamaño de las operaciones del capo: compraba al mes cinco toneladas de cocaína, lo que lo convertía –según la PGR- en el principal mayorista de droga que operaba en aquellos días en México, y responsable de entre el 15% y el 20% de los envíos de cocaína a Estados Unidos. Las operaciones las estimaba el gobierno entre 660 millones y mil millones de dólares al año.


Rodolfo David Dávila Córdova tenía un apodo que lo describía a la perfección: ‘El Cónsul’. Lo llamaban así, porque el presunto intermediario del Cártel de Juárez tenía contactos con autoridades federales.

De 1988 a 1990, El Cónsul había trabajado para el Banco de México como Subgerente de Cambios Nacionales. Entre sus tareas estaba el fijar la política de compra-venta de divisas, además de vigilar las transacciones realizadas en los mercados cambiarios. Luego trabajó como Subdirector de inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Permaneció en el gobierno federal hasta 2003.

Según el proceso que se siguió en su contra, Dávila Córdova fue reclutado por el Cártel de Juárez para ejecutar operaciones de lavado de dinero, a través del centro cambiario ‘Envíos del Ahorro’, en el que era socio con el 32% de las acciones.

De acuerdo con la acusación de las autoridades, las sucursales instaladas en Illinois y en Texas, servían para enviar las ganancias que se obtenían del tráfico de drogas a la casa matriz de ‘Envíos del Ahorro’ ubicada en Michoacán. Las transacciones aparentaban ser remesas de paisanos residentes en Chicago o en McAllen.

“Este señor (Rodolfo David Dávila Córdova) era el que manejaba físicamente los pagos, los cobros de dinero y traficaba con los fondos por medio de las casas de cambio”, aseguró ennoviembre de 2005 el entonces titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca.

Además de Envíos del Ahorro, el ex directivo del Banco de México fue ligado por las autoridades de justicia con la Casa de Cambio Intercontinental (que luego cambió su nombre a Ribadeo), que también estuvo involucrada con el blanqueo de capitales.

Ocho años después de haber sido encarcelado, acusado de ser el intermediario financiero de cárteles de la droga de México y Colombia, El Cónsul se incorporó como contratista de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En dos transacciones realizadas entre octubre y diciembre de 2013, dos empresas en las que Rodolfo David Dávila Córdova aparece como socio y apoderado legal recibieron más de 396 millones de pesos (equivalentes a 25 millones de dólares, conforme al tipo de cambio de ese momento) del programa federal.

Las empresas se denominan Grupo Comercializador Cónclave SA de CV y Prodasa SA de CV.

En una licitación por 207 millones 779 mil pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, aparece la firma del presunto operador del narcotráfico como representante legal de Cónclave.

Su hermano firmó como apoderado de Prodasa SA de CV, en un segundo contrato también con fondos federales por 188 millones 662 mil pesos.



En el acta constitutiva de Prodasa, El Cónsul aparece como socio mayoritario, con el 70% de las acciones.

En conjunto, los dos contratos otorgados a empresas ligadas a David Dávila Córdova sumaron 396 millones de pesos. Gran parte de esos fondos fueron transferidos a una red de empresas vinculadas, en operaciones simuladas.

Tanto Cónclave como Prodasa son empresas ‘fantasma’, que cobraron por servicios que nunca realizaron. Los domicilios fiscales que aparecen en las facturas corresponden en realidad a consultorios médicos y a despachos de abogados.

Durante la investigación se buscó a Rodolfo David Dávila Córdova en los domicilios que aportó en las facturas, pero nunca fue localizado.

El pasado 15 de abril de 2015, un agente del SAT llegó al penal de Almoloya de Juárez, en busca de El Cónsul. Iba con un requerimiento para hacer efectivo el cobro de una multa impuesta cinco años antes por el juzgado de distrito que lo encontró culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de “custodia dentro del territorio nacional”. Sin embargo, el reo ya no estaba en su celda. Se había ido.

El agente fiscal dejó constancia de su visita de inspección a la cárcel de alta seguridad, en el siguiente acuerdo de notificación que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pegó en sus oficinas:

“Me constituí legalmente en el Centro Federal de Readaptación Social número uno ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde me cercioré de ser el domicilio correcto, cuyas características externas son bardeado perimetral blanco y azul, con varias cabinas de seguridad a la entrada, malla ciclónica alrededor, de unos 15 mil metros cuadrados aproximadamente todo el inmueble, donde ingresé con el propósito de llevar a cabo la diligencia de mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y/o embargo emitido por la Administración Local de Recaudación de Toluca, referente al crédito 608278 de la determinante 3535/10 de fecha 22 de julio de 2010, emitida por el juzgado de distrito”.

Al enviado del SAT lo atendió un empleado del penal, quien tras realizar una búsqueda en las bases de datos de los internos sentenciados, encontró que Rodolfo David Dávila Córdova había salido de la cárcel desde el 26 de octubre de 2010.

Apenas ocho meses antes de ser liberado, la PGR anunció en un comunicado que un juez federal había dictado sentencia contra el presunto operador financiero del Cártel de Juárez.

Días antes de su liberación, Dávila Córdova trabajaba en otro plan B: promovió un amparo junto con Gilberto García Mena, ‘El June’, ante el Juzgado primero de distrito, del segundo circuito del Estado de México, por supuesta tortura y negativa de atención médica, de acuerdo con el expediente 1188/2010.

‘El June’ estaba encarcelado en Alomoloya desde 2001 y enfrentaba una sentencia de 43 años de prisión, por narcotráfico y acopio de armas. La PGR lo señalaba como uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo.

El 21 de octubre de 2010, Dávila Córdova fue notificado por la actuaría adscrita al juzgado que se había autorizado el abogado solicitado por él y por El June, además de nombrarse a éste último como “representante común” en el juicio de amparo. Sin embargo, ya no fue necesaria la defensa, pues cinco días después El Cónsul dejó la cárcel al cumplir una condena de sólo cinco años de prisión.

El jueves 26 de septiembre de 2013, a las tres de la tarde, el supuesto operador financiero del Cártel de Juárez acudió con Wistano Luis Orozco García, ex dirigente del Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal, a quien le entregó un sobre cerrado que contenía su propuesta para integrarse como proveedor de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Así quedó consignado en un acta.

Wistano era una especie de intermediario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Morelos, estado donde reside Rodolfo David Dávila Córdova, El Cónsul.

Tras renunciar a principios de 2013 a la Presidencia de Nueva Alianza en la capital de México, Wistano se incorporó como coordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma de Morelos. Entre sus tareas estaba buscar proveedores para equipar a los brigadistas de la ruta ‘Sin Hambre’, del programa estelar del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Sedesol comisionó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que se encargara de equipar a los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre; el centro de estudios, a su vez, subcontrató a las empresas fantasmas de El Cónsul.

Y uno de los aspirantes que se anotó para convertirse en proveedor de la Sedesol era precisamente El Cónsul, quien aquel 26 de septiembre de 2013 se presentó en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, para formalizar su petición.

Al encuentro, realizado en Avenida Universidad 1001, en Cuernavaca, llegaron los representantes de otras tres empresas, que también buscaban obtener el contrato. De un plumazo, dos de los postulantes fueron eliminados. Sólo quedaron como candidatos Grupo Comercializadora Cónclave (representado por David Dávila Córdova) y su contendiente Bombasa SA de CV.

Al día siguiente, a las dos de la tarde, Wistano Luis Orozco firmó en el sexto piso de torre de rectoría el documento mediante el cual se asignó un contrato por 207 millones 779 mil 715 pesos a Grupo Cónclave. Fue una asignación exprés.

Dos meses después, la historia se repitió con Prodasa SA de CV, empresa en la que ‘El Cónsul’ es socio. El 29 de noviembre de 2013 su hermano acudió a una reunión realizada junto a la Sala de Rectores de la Universidad morelense, y en sobre cerrado entregó su propuesta. A los once días le asignaron un contrato por 188 millones 662 mil 900 pesos.

En suma, las empresas ligadas al hombre acusado por la PGR de lavado de dinero recibieron en dos contratos 396 millones 442 mil 615 pesos de fondos federales de Sedesol, triangulados a través de la Universidad Autónoma de Morelos.

En el transcurso de esta investigación se contactó a Wistano Luis Orozco, quien se abstuvo de declarar.

-¿Hablará algo al respecto de este tema? –se le planteó.

-No, no en absoluto –respondió.



Muchos indicios apuntan a que las licitaciones que favorecieron a las empresas del presunto operador del Cártel de Juárez estuvieron amañadas.

En la licitación LP12/2013 –que se asignó a Grupo Cónclave- se dio sólo un día para adquirir las bases de la convocatoria, lo que provocó que apenas alcanzaran a inscribirse cuatro postores, dos de ellos descalificados casi de inmediato.

Mientras que en la licitación LP20/2013 –que se otorgó a Prodasa- el plazo para inscribirse en este caso fue de 3 días.

Una auditoría del órgano fiscalizador del Congreso de la Unión encontró más irregularidades:


El Grupo Comercializador Cónclave SA de CV es un proveedor ‘fantasma’.

El domicilio fiscal anotado en la factura que emitió a Sedesol, en Avenida Ejército Nacional 475, segundo piso, en la ciudad de México, en realidad corresponde a consultorios médicos.

Mientras que un segundo domicilio que aparece en la cuenta bancaria en la que se hizo el depósito de Sedesol, es un despacho de abogados, no una empresa.

Los auditores del órgano de fiscalización del Congreso visitaron ambos domicilios y levantaron actas en las que quedó constancia que la empresa es inexistente o por lo menos no localizable.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que la empresa Cónclave no había declarado para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los 207 millones de pesos que había recibido de Sedesol.

El SAT informó que Prodasa SA de CV –la otra empresa ligada al operador del Cártel de Juárez- tampoco presentó su declaración de impuestos.

Además, la Auditoría Superior de la Federación verificó que el domicilio fiscal de Prodasa es diferente al consignado en la factura y en el estado de cuenta bancario en el que se le depositaron 188 millones de pesos de fondos federales de la cruzada contra el hambre.


Al 25 de marzo de 2014, Prodasa presentaba en el padrón de contribuyentes el estatus de “Cancelado por liquidación total del activo”. Pese a ello, los auditores descubrieron que en esa fecha la empresa participó en otro procedimiento de licitación por invitación, realizado por la Universidad Autónoma de Morelos.

Aquel día, Wistano Luis Orozco García, director de proyectos especiales de la universidad y ex directivo del Partido Nueva Alianza, encabezó la sesión en la que las dos empresas ligadas al presunto operador financiero del Cártel de Juárez (Cónclave y Prodasa) fueron invitadas a presentar propuestas para dar el servicio de “asesoría en planeación de programas de capacitación”.

Wistano invitó a las dos empresas, pese a que habían incumplido meses antes con la cruzada contra el hambre.

Grupo Comercializador Cónclave está identificado por el SAT como presunto evasor fiscal. En 2011 y 2012 la empresa no presentó su declaración de impuestos, pese a que en esos años tuvo contratos con el PRI nacional para la elaboración de miles de “reportes especiales” del instituto político, y actuó como intermediario en operaciones de comercio exterior.

En su declaración anual de 2013 declaró al SAT ingresos acumulables de 25 millones 661 mil 574 pesos, aunque tan sólo en el contrato que obtuvo en la Universidad de Morelos cobró más de 207 millones.

Además, el SAT no tiene registro de pagos realizados por concepto de impuestos federales o estatales (ISR, IVA, IETU, nómina o cedular) desde 2012. Cónclave tampoco ha declarado sueldos y salarios.

El más reciente domicilio fiscal reportado fue Bosque de Duraznos 75, en Bosques de las Lomas, en la ciudad de México. Esa dirección corresponde en realidad a oficinas corporativas de otras empresas.


En 2013, que fue cuando cobró 188 millones de pesos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, declaró sus ingresos en ceros y por lo tanto no pagó impuestos.

Hace dos años, el 25 de marzo de 2014, reportó a las autoridades hacendarias su liquidación total de activos, y por lo tanto su cancelación de operaciones. Su domicilio fiscal estaba registrado en la calle Ojocaliente, de la colonia Pensadores Mexicanos, en Aguascalientes. La dirección corresponde a un baldío en la periferia de la capital hidrocálida.

Grupo Comercializador Cónclave es una empresa ‘multiusos’ que fue constituida el 22 de enero de 2009, en la ciudad de México, con dos socios: Saúl Elías Álvarez Mercado, con el 92% de las acciones, y César González Rodríguez, con el 2%.

Desde su nacimiento, ha ofrecido todo tipo de servicios: en diciembre de 2010, por ejemplo, obtuvo un contrato en la Dirección de Caminos y Puentes Federales, para organizar una fiesta navideña, que incluía llevar a una persona disfrazada de Santa Claus, decorar un salón con regalos ficticios, campanitas, botas, gorros y tiritas forradas con heno; surtir 20 piñatas, 600 sillas y colocar 24 puestos de tacos, tortas, tostadas, tamales, ponche, aguas frescas y dulces; seis inflables y montar una obra de teatro infantil con tema de Navidad.

Meses antes, en junio de 2010, la misma dependencia federal contrató a Cónclave para organizar una “taquiza todo incluido” para celebrar el día del padre, con 450 invitados.

Además de organizar fiestas, Cónclave ofrecía servicios de comercio exterior, como la importación de cargamentos de bloques de ónix de Italia, o el envío de formulaciones químicas a Venezuela, como Glicero Fosfato de Calcio y Alcohol Cetílico, realizados en 2013.

Ese mismo año, Grupo Comercializador Cónclave apareció en transacciones de futbol internacional y se incorporó como proveedor de la cruzada contra el hambre.

En esta última actividad no cumplió los contratos que se le otorgaron para repartir millones de utensilios a brigadistas de 400 municipios de todo el País. Tampoco cumplió la empresa Prodasa, propiedad de Rodolfo David Dávila Córdova.

Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación detalló los presuntos ilícitos en que incurrieron ambas empresas, en detrimento de la Hacienda Pública Federal:

“Se concluye que el pedido a Grupo Comercializador Cónclave, SA de CV, así como el contrato con Prodasa, SA de CV, para la adquisición de los 31 millones 199 mil 505 bienes, constituyen esquemas de facturación a través de la presumible simulación de operaciones; lo que evidencia, por un lado, a una empresa que factura una presunta prestación de bienes o servicios, y en contraparte, a la dependencia contratante, la cual, supuestamente, los recibe de conformidad. Las empresas resultan inexistentes, no localizadas o vinculadas, como este caso”.

Estas irregularidades fueron denunciadas al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades de justicia, quienes ya investigan el fraude multimillonario con fondos de la Cruzada contra el Hambre.

Saúl Elías Álvarez Mercado, el socio mayoritario de Cónclave, aparece en contratos firmados con el Partido Nueva Alianza como apoderado o representante de Diseños y Servicios Publicitarios HPW, que tiene su domicilio en Lago Rodolfo 25, Colonia Granada, en la ciudad de México.

Ese mismo domicilio lo comparten las empresas Asesorías Profesionales Milbank, Comercializadora y Distribuidora Kardiel; Publicidad y Servicios Kirman y Textiles Unidos Kayutt.

En conjunto, esa red de empresas son algunas de las principales prestadoras de servicios de Nueva Alianza; por ejemplo, entre 2010 y 2012 -cuando dicho partido político todavía era controlado por gente cercana a Elba Esther Gordillo- recibieron contratos por 82 millones de pesos.

Además de compartir domicilio, esta red de compañías tiene como representante o apoderada legal a Claudia Elizabeth Gómez Sabanero, quien a su vez está ligada a Servicios y Desarrollos Akrópolis, una de las empresas que estuvo involucrada en 2012 en el Monexgate.

Gómez Sabanero aparece como comisaria en el acta constitutiva de Akrópolis, una de las múltiples empresas que transfirió dinero para la compra de tarjetas de prepago que repartió el PRI en la elección que llevó a la Presidencia a Enrique Peña Nieto.

César González Rodríguez, uno de los socios de Akrópolis, también es accionista fundador de Grupo Comercializador Cónclave, la empresa vinculada con el fraude millonario a la Cruzada contra el Hambre.

Pero los negocios de El Cónsul no se han limitado al gobierno de Peña Nieto, sus redes también se han extendido hasta el futbol europeo…

(Continuará mañana la segunda parte)


Fuente: Aristegui Noticias
Autores: Redacción
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