El Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida el miércoles por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), informó la Secretaría de Gobernación.

El tribunal ordenó a México que se deje “sin efecto” la figura del arraigo y se adecue jurídicamente la prisión preventiva oficiosa a los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Gobierno de México afirmó que analizará los resolutivos sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer este miércoles un fallo histórico en los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes estuvieron 17 años en la cárcel sin recibir una sentencia, pues consideró que el Estado mexicano es responsable de “la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la Ley y a la protección judicial cometidas” en su contra “por su detención y privación a la libertad”. Con la decisión, también se ordena a México eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, presentó una iniciativa que busca eliminar la medida cautelar del arraigo en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En un comunicado Morena considera que esta medida viola diversos derechos humanos. la propuesta de Aleida Alavez señala que la validez de la figura de arraigo ha sido abordada por instancias internas mexicanas, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras resolver una acción de inconstitucionalidad en 2005, al establecer que “violaba la garantía de libertad personal consagrada en la Constitución, por lo que solicitó su derogación”.

En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas contra Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.