Eduardo Medina Mora asume hoy el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en tan sólo unos días tendrá que afrontar el primer asunto, de muchos, en el que esté ante un posible conflicto de intereses por su actuación como procurador general de la República de diciembre de 2006 a septiembre de 2009. Por primera vez, el máximo tribunal analizará si el arraigo es una figura jurídica violatoria de los derechos humanos o no.
Los ministros analizarán el proyecto, elaborado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sobre el amparo en revisión que interpuso Jesús Cuauhtémoc Pérez García, quien fue acusado de permitir la fuga de reos del penal de Gómez Palacio, Durango, en marzo de 2009, y que interpuso un amparo en contra del arraigo de 30 días que solicitó el Ministerio Público Federal, siendo titular de la PGR el ahora ministro Medina Mora.
Gutiérrez Ortiz Mena propone validar la constitucionalidad del arraigo federal, aunque deja a salvo la posibilidad de interponer juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva, cuando se impugnen violaciones procesales o pruebas ilegalmente obtenidas durante el tiempo que la persona acusada estuvo bajo arraigo.
También avala la facultad de la Federación para regular el arraigo en un ámbito más amplio que el previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se incluya en casos de delitos graves, y reconoce el arraigo como una figura que no contradice la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.
De acuerdo con ministros consultados, Medina Mora tendrá que ser muy cuidadoso en evaluar cada asunto en el que esté en posible conflicto de intereses –es decir, que esté relacionado con el cargo que ostentaba en la administración pública federal–, y en consecuencia, plantear al pleno o a la sala correspondiente si considera que debe declararse impedido o no.
Los entrevistados señalaron que no es posible por el momento estimar en cuántos asuntos Medina Mora tendría que excusarse, pero el ex procurador deberá poner especial atención en el tema.
Siendo procurador general de la República, Medina Mora, quien hoy se integra al máximo tribunal en sesión solemne, impulsó en 2007 –en el gobierno de Felipe Calderón– una iniciativa de reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que proponía permitir cateos, arraigos e intervenciones telefónicas sin orden judicial.
Sin embargo, el Senado se opuso a la pretensión del gabinete presidencial –en aquel entonces Calderón propuso a Medina Mora y el Senado ratificó su nombramiento– e introdujeron la obligación de que un juez federal autorizara esas acciones de la autoridad.
El ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam se pronunció en diciembre de 2012 en contra del uso de medidas cautelares como el arraigo, y meses después reconoció que durante el sexenio pasado la PGR incurrió en el abuso de esa figura.
En marzo de 2014, el pleno de la Corte determinó que procede el amparo contra el arraigo, ya que no cesan sus efectos cuando la persona cambia de situación jurídica, sea dejada en libertad o sentenciada. En aquella ocasión, el quejoso era el mismo Jesús Cuauhtémoc Pérez García, ex director del penal duranguense de Gómez Palacio, quien fue arraigado y procesado por la evasión de cinco reos el 8 de marzo de 2009. Demandó por primera vez la inconstitucionalidad del arraigo, pero la Corte se limitó a reconocer su derecho a impugnarlo vía amparo; ahora, el pleno tendrá la oportunidad de discutir este tema a fondo.
El Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida el miércoles por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), informó la Secretaría de Gobernación.
