Artículo 19 se disculpa por foto de manifestación en El Cairo que atribuyó a Cuba

La organización publicó el domingo mensajes en los que llamó al gobierno Cuba a "frenar todo acto de violencia" ante las protestas desatadas el fin de semana y acompañó su publicación con una foto de una manifestación multitudinaria en El Cairo por lo que hoy reconoció su error y se disculpó.

La organización civil Artículo 19 ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter por la foto de manifestaciones en El Cairo, Egipto, para acompañar un mensaje sobre las protestas en Cuba.

La organización subió este domingo una serie de mensajes para llamar al gobierno de Cuba, “a frenar todo acto de violencia que materialice la confrontación y  genere daños grave e irreparables a las personas manifestantes”, luego de que se registraran movilizaciones en distintas ciudades de la isla con las demandas de “abajo la dictadura” y “Patria y Vida”.

A19: El Presidente recurre a la desinformación para atacarnos y calla la violencia contra la prensa

Artículo 19 externó su preocupación de que el Presidente pretenda intervenir para que se restrinjan financiamientos de la cooperación internacional a las ONG’s, lo que, consideró, representa un claro revés autoritario contra el derecho de asociación y la defensa de los derechos humanos.

La organización Artículo 19 aseveró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador recurre a la desinformación para atacar una vez más la labor de defensa de derechos gumanos que realizan ésta y otras organizaciones, luego de que el mandatario anunciara el envío de una nota diplomática a Washington para que explique por qué financia a estos grupos que considera oposición a su Gobierno.

A través de un comunicado, la organización dijo que además de cometer ataques hacia estas organizaciones, al mismo tiempo, el Presidente guarda silencio por la espiral ascendente de violencia contra la prensa, pues detalló que documentó 692 agresiones contra la prensa en 2020, y señaló que este año la cifra incrementó 13.6 por ciento respecto al año anterior. De las que el 49.5 por ciento fueron cometidas por funcionarios públicos, fuerzas de seguridad civiles y armadas, siendo éstos los principales agresores de periodistas en México.

Preocupan a SIP señalamientos de AMLO sobre Artículo 19; se debió investigar denuncia a Notimex, advierte

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que la SIP respalda el trabajo riguroso y creíble que hace Artículo 19 en materia de libertad de expresión.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó “sorpresa y preocupación por las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con las que pretendió desacreditar a la ONG Artículo 19, dedicada a la vigilancia de la libertad de expresión”.

Así lo explicó mediante un comunicado difundido en su página de Internet, en el que retoma la controversia entre el mandatario y la organización defensora de periodistas, a raíz del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos del pasado 30 de mazo,

AMLO lo ataca, pero Mecanismo de Protección reconoce trabajo de Artículo 19

Luego de que el presidente criticara a la organización, el Mecanismo de Protección, que es parte del gobierno federal, destacó su trabajo.

El mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la organización Artículo 19, la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reconoció su labor, fundamental para la defensa de periodistas en el país. 

La Junta está integrada por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consejo Consultivo Ciudadano.

"Institucionalmente riesgoso" señalar desde la presidencia a quien cuestiona al poder público: CIDH

“Señalar desde la presidencia a quien cuestiona al poder público -como respuesta principal a la crítica formulada- es un camino muy delicado en el que la historia sólo muestra ejemplos de deterioro de la democracia", señaló el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, afirmó que señalar desde la presidencia a quien cuestiona al poder público -como respuesta principal a la crítica formulada- es un camino muy delicado en el que la historia sólo muestra ejemplos de deterioro de la democracia.

Así lo planteó en cuatro tuits que subió esta mañana a su cuenta de Twitter después de la dura respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la organización civil Artículo-19 en la conferencia mañanera de ayer.

‘El presidente se ha alejado de los atributos de una sociedad democrática’: Consejo de Artículo 19

Article 19 ha dado la batalla por defender a periodistas del acoso del poder y procurar el acceso de la ciudadanía a información pública y a tecnologías de comunicación libres de la censura, señala el consejo de la organización en un comunicado.

Para el consejo consultivo de Artículo 19, lo ocurrido en la conferencia de este 31 de marzo es una muestra más de una creciente intolerancia a la crítica y a la información incómoda para el Gobierno federal.

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el trabajo de esta organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, al asegurar que está apoyada por el extranjero y que las personas que colaboran ahí pertenecen “al movimiento conservador”.

AMLO arremete contra EU, defiende a Sanjuana Martínez y llama “conservador” a Artículo 19

“Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones a Derechos Humanos en Estados Unidos. Somos respetuosos, no podemos opinar y ellos por qué, el gobierno de Estados Unidos, opinan sobre temas que solo competen a los mexicanos”, cuestionó el presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al gobierno de Estados Unidos por opinar sobre temas de Derechos Humanos en México, defendió a la directora de la agencia informativa Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor y cuestionó la labor del organismo no gubernamental defensor de periodistas y temas de libertad de expresión Artículo 19.

“Las condiciones de la libertad de expresión no son mejores”: RSF critica a AMLO por el ataque a A19

En entrevista para Aristegui Noticias, el director de la oficina para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado consideró que al igual que con otros temas, el mandatario “trata de voltear la tortilla diciendo que reciben fuentes de financiamiento extranjero”. Es decir, que el tabasqueño ha señalado en más de una ocasión que toda su oposición con causas sociales son financiadas “por otros”, y que por lo tanto, no son legitimas.

Luego de los ataques de esta mañana por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Artículo 19, la organización de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sentenció las palabras del mandatario y señaló que este tipo de expresiones sólo contribuyen a la desacreditación del trabajo de investigación.

Por medio de su cuenta de Twitter, la organización expresó su solidaridad hacia Artículo 19 ante los señalamientos que hizo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

AMLO acusa que Artículo 19 está financiada por empresas extrajeras y pertenece al movimiento conservador

López Obrador criticó a Estados Unidos por opinar sobre las violaciones a los derechos humanos en México, incluido los ataques a periodistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Articulo 19, organización de la sociedad civil que en 2009 comenzó a llevar un registro de las agresiones a la libertad de expresión en México, es financiada por empresas extrajeras, y hasta por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Ese organismo está apoyado por el extranjero, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra”, dijo.

Negligente e incapaz el Mecanismo de protección a periodistas

La familia apenas había enterrado el cuerpo del periodista veracruzano Cándido Ríos Vázquez cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, hacía declaraciones a la prensa de que el crimen del reportero nada tenía que ver con su actividad profesional porque, según él, los asesinos iban tras uno de los acompañantes que también resultó muerto.

Sin esperar a que avancen o concluyan las investigaciones correspondientes por dicho homicidio, el principal funcionario de la Secretaría de Gobernación que tiene bajo su responsabilidad el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, hacía declaraciones irresponsables, características de gobiernos autoritarios, para deslindar este crimen de la actividad periodística y evitar así mayores críticas contra el gobierno por la impunidad y la falta de garantías para el ejercicio de esa profesión.

Crecen ataques a periodistas 23%: Artículo 19

Ciudad de México. De enero a junio las agresiones aumentaron 23%, comparado con el primer semestre de 2016, reveló el Informe Semestral 2017 de la organización especializada en libertad de expresión Artículo 19.

En total, se registraron 276 agresiones, incluyendo 6 asesinatos, 1 desaparición, 67 intimidaciones, 60 amenazas y 56 ataques físicos o materiales, para un promedio de 1.5 agresiones diarias.

Artículo 19 alerta por fallas en ley de protección a periodistas en Guanajuato

La organización urge al gobierno del estado no apresurarse a aprobar la iniciativa sin antes tomar en cuenta las consideraciones hechas por periodistas.

La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del estado de Guanajuato aprobó el martes el dictamen de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual está sujeta a una serie de criterios que vulneran la situación del ejercicio periodístico y defensores de derechos humanos, consideró la organización Artículo 19. 

Este año se registró mayor número de asesinatos a periodistas: Article 19

Con el asesinato con arma de fuego del periodista Adrián Rodríguez Samaniego, de Antena Radio 7690 AM, el pasado 10 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 2016 se convirtió en el año con más homicidios registrados contra comunicadores y profesionales del periodismo, con once casos en total, señaló la organización Article 19.

Desde hace más de un año, Rodríguez Samaniego se encargaba de la cobertura del gobierno del estado, y anteriormente cubría nota roja para “El Heraldo de Chihuahua”, explicó la orgaización.

Article 19 agregó que el periodista investigaba sobre dos personas encarceladas a partir de pruebas fabricadas, lo que podría ser el móvil de su asesinato de acuerdo con su compañero de investigación.

Ante los hechos violentos contra los periodistas, la organización indicó que “ resulta alarmante que pese a esfuerzos como la alerta temprana, solicitada por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y aceptada por el gobierno de Chihuahua, resulten insuficientes y las agresiones sigan siendo una constante”.

Desde el año 2000, Article 19 documentó 100 homicidios de periodistas en México, de los cuales 12 se registraron en Chihuahua.

Ante esto, especificó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua debe de llevar a cabo una investigación imparcial, diligente y con estricto apego a la legalidad, “tomando en cuenta como principal línea de investigación su ejercicio periodístico”.

Por lo mismo, exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y al gobierno de Chihuahua implementar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida, libertad e integridad de la familia del periodista, así como garantizar la efectividad de la alerta temprana implementada por ambos para prevenir agresiones a periodistas en la entidad.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/este-ano-se-registro-mayor-numero-de-asesinatos-a-periodistas-article-19/

Derecho al olvido en internet: ¿un derecho, censura o un redituable negocio en México?

¿Puede un ciudadano exigir a Google que elimine de su motor de búsqueda los enlaces a una información periodística de años atrás en la que se le menciona en un presunto caso de corrupción, argumentando que se atenta contra sus datos personales y su imagen?

La respuesta a esta pregunta ha originado en México un intenso debate entre senadores, comisionados del Instituto de acceso a la información, expertos de Google, activistas, comunicadores, y ciudadanos, hasta formarse dos posturas: por un lado, están quienes sostienen que cualquier persona tiene derecho a ser ‘olvidado’ en Internet si se cumplen ciertas condiciones. Y por el otro, están los que denuncian que eliminar enlaces que lleven a notas periodísticas en la Red es un acto de censura.
El caso en México de la revista ‘Fortuna’

En México, este debate comenzó el 28 de enero de 2015, cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) anunció un proceso sancionatorio contra Google México porque un ciudadano no había podido ejercer su derecho a cancelar sus datos personales en Internet.

El caso fue promovido por el empresario Carlos Sánchez de la Peña, quien pidió a Google que eliminara varios resultados de búsqueda relacionados con su nombre. Uno de esos enlaces llevaba al reportaje periodístico ‘Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México’, publicado en el 2007 por la revista Fortuna. En esta nota, el empresario es mencionado como uno de los implicados en presuntos actos de corrupción.

Ante la negativa de Google de retirar los enlaces, Sánchez de la Peña inició un procedimiento de protección de derechos ante el INAI alegando que la nota afecta a su esfera “más íntima” y también a sus “relaciones financieras actuales”. El Instituto resolvió ordenar a Google que removiera los enlaces, haciendo referencia en su argumentación al llamado ‘derecho al olvido’.

Este derecho, que en realidad es un concepto puesto que no está reconocido en la legislación mexicana como tal, tuvo su primer antecedente en mayo de 2014. En ese entonces, y a partir de la demanda de un abogado español que exigió a Google España que retirara un link a una nota de 1997 sobre un caso de impagos que ya había saldado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa ordenó a los buscadores que retiraran los enlaces a notas publicadas años atrás, si se comprueba que son lesivas para una persona y carecen de relevancia.

La sentencia aclara que en ningún caso se eliminará la nota original del medio, solo los enlaces de los buscadores a esa nota. Y precisa que no se tomarán en cuenta las peticiones cuando la información afecte a una figura pública como funcionarios de gobierno.

“Google no quiere el rol de censor de la red”

Los puntos no tranquilizaron a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

La oficina en México de Artículo 19 denuncia que aunque no se elimine la nota original, el acto de suprimir los enlaces provoca un daño al medio de comunicación, puesto que deja de recibir tráfico a su nota, y supone “un claro acto de censura”.

“Para nosotros, el mal llamado ‘derecho al olvido’ en un concepto regresivo para la libertad de expresión -subraya Paulina Gutiérrez, abogada integrante de Artículo 19-, puesto que a partir de una interpretación errónea de la ley de protección de datos personales, se valida un mecanismo que sirve para censurar información”.

El punto sobre la ‘relevancia’ de la información es la otra gran polémica.

La resolución europea establece que cuando la ciudadanía solicite eliminar un link, los buscadores deberán ponderar “caso por caso” si la información publicada es aún relevante o no, y si por tanto el enlace se elimina o no. Una decisión “muy grave”, en opinión de la jefa de políticas públicas de Google México, Lina Ornelas, puesto que deja en manos de una empresa privada la facultad de impartir justicia.

“Intervenir en las notas periodísticas que Google debe o no buscar puede pegarle a la neutralidad de la Red, y nos parece que es un acto de censura previa y de privatización de la justicia, porque al final del día es una empresa la que determina a qué información tenemos derecho a acceder y a cuál no. Y nosotros no queremos ese rol de censores”, recalca Ornelas.

En este sentido, la especialista de Google señala que hay “excepciones” para eliminar links en México y en cualquier otro país, aunque se trata de casos muy claros como pornografía infantil, cuando se publican datos personales como el pasaporte, el IFE, o grupo sanguíneo, o cuando hay una violación a los derechos de autor.

“Si hay un ilícito, no hay interpretación posible: se elimina el enlace. El problema es que la sentencia europea dice que no debemos desindexar –eliminar- los enlaces a notas que sean de interés público y relevante. Pero esto es algo muy subjetivo y ahí está el peligro, porque lo que puede ser de interés para Google, para otra persona puede que no lo sea, y viceversa”.

Derecho a la rectificación, sí; borrado, no

Para evitar esto, el director de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando Garza, recuerda que en el caso de México la ley ya reconoce mecanismos para limitar la libertad de expresión cuando se producen abusos, como la demanda por daño moral, u otras medidas como el derecho a rectificación o el derecho de réplica.

“Por ejemplo, si el empresario Carlos Sánchez cree que la nota de Fortuna daña su imagen de manera ilegítima, pues que demande a la revista o que le pida una rectificación –plantea Garza-. Y entonces será responsabilidad del medio analizar si rectifica. Pero será una decisión del medio, que es el responsable de la información, y no de un tercero como Google”.

Lina Ornelas trae a colación otro ejemplo de un caso real en Colombia. En aquel caso, una ciudadana pidió a Google que eliminara los links a las búsquedas que la relacionaban con una investigación de trata de personas, misma que prescribió y de la que no fue hallada culpable.

“La diferencia es que la justicia colombiana, en lugar de pedirle a Google que desindexara los enlaces (como hizo en México el INAI en el caso del empresario Carlos Sánchez) le ordena al medio que aclare en otra nota que el delito prescribió. Es decir, no borra la verdad sobre que una ciudadana estuvo mencionada en este caso, sino que aclara que no es culpable”.

De esta manera, para Ornelas la justicia sí garantiza una protección integral a la afectada, porque en la resolución europea solo le pide al buscador que elimine los links, pero la nota sigue apareciendo en el sitio original, lo cual puede continuar generando afectaciones a la persona.

En definitiva, para la directora de políticas públicas de Google existen “otros mecanismos mucho más eficaces”, que el borrado de la información para proteger a los ciudadanos. No obstante, coincide con los activistas de Artículo 19 y de la R3D en que “se está malinterpretando” el llamado ‘derecho al olvido en internet’, para permitir a personas “borrar un pasado ominoso en la Red”. Una situación, critica, que está generando que empresas vean en este ‘derecho’ una jugosa oportunidad de negocio.

“Borramos tu pasado en Internet desde 60 mil pesos”

Eliminalia, una empresa española que aterrizó en México en 2015 con el lema ‘Borramos tu pasado’, es una de esas compañías.

“Borrar tu nombre y apellidos de internet y sus buscadores es posible –reza uno de sus reclamos publicitarios-. En Eliminalia nos dedicamos a borrar su pasado, porque usted también tiene derecho al olvido”.

Dídac Sánchez es el fundador de esta compañía que, según el joven empresario, tiene un volumen de 400 clientes mensuales entre políticos, personas de negocios, ciudadanos, “y alguna compañía de electricidad y suministros”. Un grupo heterogéneo de clientes que paga cifras que van desde los 3 mil euros “si eres un ciudadano anónimo” (60 mil pesos aproximadamente), hasta los 20-30 mil “si eres un personaje público” (400-600 mil pesos), o incluso hasta los 100 mil “si eres un personaje muy público” (2 millones de pesos).

“El derecho al olvido en internet es un derecho que merece todo el mundo”, plantea Sánchez nada más arrancar la plática vía Skype para, a continuación, exponer un ejemplo con el que argumenta su afirmación.

“Imaginemos que hablan de mí en un diario. Y esa información puede ser veraz o no. Pero durante todo el tiempo en el que un juez lo decide, la información está en la Red. Pero ojo, incluso aunque el juez me diera la razón, tampoco tendría el derecho de eliminar la información. Entonces –se pregunta el empresario-, ¿para qué me sirve que la Justicia me dé la razón si voy a seguir condenado en los medios toda mi vida?”.

Por ello, Sánchez muestra a su compañía como el resultado de la necesidad en México de hacer lo que el INAI, a la fecha, no ha conseguido hacer: “satisfacer al ciudadano que quiere salir de Internet”.

“Cuando el río suena…”

Sobre las herramientas planteadas por Google y la R3D para solicitar mecanismos de reparación que rectifiquen una información sin borrar los enlaces, el fundador de Eliminalia opina que éstas no son suficientes: “El cliente no quiere que la noticia que lo perjudica se alimente de más noticia, sino que su nombre deje de estar relacionado a esa noticia”.

“Además –agrega- Sánchez-, hay una expresión que dice que ‘cuando el río suena, agua lleva’ . Y si durante un año un medio ha publicado que yo era un violador, ¿de qué me sirve que de forma puntual ese medio, de otros 200 que ya habrán replicado la nota, diga ahora que las acusaciones no eran ciertas? No sirve de nada, porque el daño va continuar”.

Por otra parte, se le cuestionó sobre las acusaciones que organizaciones civiles vierten sobre su compañía, acerca de que ésta defiende a personajes corruptos llevando a cabo prácticas agresivas, como asistir a medios de comunicación para advertir que deben bajar tal información sobre un cliente so pena de iniciar una demanda.

“Nuestro targeting en México es un cliente que ha tenido roces con su Gobierno, pero no tiene por qué ser un cliente corrupto, sino un cliente con un perfil público. En cualquier caso –matiza el empresario-, Eliminalia no es un juzgado. No somos fiscales, ni la policía. Somos una compañía que nos dedicamos a eliminar contenido en Internet, y defendemos los intereses de cualquier cliente, independientemente de si es político o no, y de si gusta o no a los medios”.

-¿Aunque sea un político con acusaciones de corrupción? –se le insiste, a lo que Sánchez contesta muy puntual:

-Creemos que todas las personas tienen el derecho al olvido en Internet, sin importar qué es lo que hizo durante su vida profesional.

Epílogo: anulan resolución en México sobre ‘derecho al olvido’

El pasado 24 de agosto, el debate sobre el ‘derecho al olvido en Internet’ escribió un nuevo capítulo en México. Ese día, un tribunal colegiado concedió el amparo solicitado por la revista Fortuna, representada legalmente por la R3D, en contra del INAI. Con esta decisión, se anuló la orden que giró el INAI a Google México en enero de 2015 para remover un enlace a la nota periodística de esta revista.

Aunque para la R3D esta decisión es un triunfo frente al ‘derecho al olvido’, la comisionada del INAI Patricia Cursain matiza que la decisión de la justicia significa que el procedimiento de protección de derechos del empresario Carlos Sánchez deberá reiniciarse. Solo que en esta ocasión están obligados a llamar a la revista Fortuna, ya que en la resolución de 2015 la excluyeron del proceso.

“El juez no consideró si la decisión del INAI (de ordenar a Google eliminar los links a la nota de Fortuna) es una decisión que debemos cambiar. No, lo que el juez dijo fue: ‘no escuchaste a un tercero (revista Fortuna) que tenía derecho a audiencia y por lo tanto debes llamarlo y repetir todo el proceso”, explica la comisionada, quien recalca que una vez que analicen de nuevo todos los argumentos, incluidos los de la revista, “volveremos a emitir un resolución, y ésta puede ser en el mismo sentido de la primera (cuando ordenaron retirar los links), o a lo mejor puede cambiar. Pero eso aún no lo sabemos”.

En otras palabras, el debate sobre el ‘derecho al olvido’ continuará.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/derecho-olvido-internet-censura-mexico/

Veracruz, Guerrero y la CdMx, donde más agreden periodistas: Artículo 19; es la impunidad, dice

Durante los tres primeros meses de este año, Artículo 19 ha registrado 69 agresiones contra la prensa mexicana, de las cuales 33 fueron por parte de funcionarios públicos y se han concentrado en Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México. En este periodo tres periodistas fueron asesinados. Las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor no han mejorado, al contrario, cada vez son más precarias, concluye el informe trimestral “Sin prensa no hay democracia”. El primer asesinato de un periodista este año ocurrió apenas durante los primeros 21 días de 2016.

México está inmerso en un panorama adverso e impune para la labor periodística, lo cual expone el nivel democrático del país. En los primeros tres meses de este año se documentaron 69 agresiones contra la prensa, de las cuales destacan los asesinatos de tres periodistas, reporta hoy Artículo 19 en su primer informe trimestral de 2016 “Sin prensa no hay democracia”.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización internacional informa que en este periodo las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 17; Guerrero, con 11; y Ciudad de México, con 9. Durante todo el año pasado también registraron la mayoría de ataques a la prensa.

“Cuando se agrede a la prensa se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información, y termina por desestimar la labor de los periodistas en la sociedad. Sin embargo, el Estado es omiso y negligente en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la repetición constante de estos actos. Las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor, no ha mejorado, al contrario cada vez son más precarias”, acusa Artículo 19.

Lucía Vergara, de Artículo 19, dijo a SinEmbargo que la impunidad también es parte de una agresión. “Cuando matan o amenazan a periodistas y no se investiga, se da un llamado a los agresores a que sigan cometiendo acciones contra los periodistas”, expuso.

De las 69 agresiones, 33 de los casos los responsables fueron funcionarios. De estos, 12 involucran a elementos del Ejército o Fuerzas federales.

“Las autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por abrir investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas”, denuncia el informe.

Vergara declaró en entrevista que es preocupante que las autoridades, en vez de investigar, desprestigien o desacrediten a los periodistas.

De enero a marzo, se tiene el registro de 15 amenazas; un ataque contra un medio de comunicación; 19 ataques físicos o materiales; 12 casos de hostigamiento y acoso, ocho actos de intimidación; seis privaciones ilegales de la libertad y cinco casos de violencia institucional.

Por tipo de medio, los medios digitales son los de mayor registro de agresiones, con 27; seguidos de los medios impresos, con 14; las agencias de información, con nueve; la televisión, con siete; y la radio, con seis.

Asimismo, se registraron seis agresiones contra periodistas independientes o freelance.

Del total de agresiones, 44 se dirigieron a hombres, 19 a mujeres y seis a medios de comunicación o colectivos.

Los periodistas de regiones del país donde mayor índice de agresiones se registra han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección. Sin garantías para realizar su trabajo, afirma el informe, la prensa ha cedido libertad en favor de su seguridad.

El silencio lacera más cuando la impunidad prevalece en la mayoría de los casos de agresiones. Aun así, en Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua, por ejemplo, los periodistas crearon redes para la autoprotección y para levantar la voz, destaca el reporte de este día.

En 2015 Artículo 19 documentó 397, en comparación con 326 en 2014. Además, durante la actual administración federal (del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016) se han registrado mil 142 agresiones.

De 2000 a la fecha, la organización ha registrado 93 asesinatos de periodistas y los últimos 20 han sido durante el Gobierno actual del Presidente Enrique Peña Nieto.


PERIODISTAS ASESINADOS

Durante los primeros 21 días de 2016 se reportó el primer periodista asesinado. En febrero Anabel Flores Salazar, de El Sol de Orizaba, y Moisés Dagdug Lutzow, de la estación “La Grande de Tabasco”, se unieron a la lista.

Artículo 19 agregó al informe el asesinato de Francisco Pacheco Beltrán, de Foro de Taxco, Guerrero, el pasado 25 de abril.

La obligación de investigar los asesinatos contra periodistas es de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Sin embargo, denuncia Artículo 19, ha eludido su responsabilidad de investigar los delitos que atentan contra la libertad de expresión.

Esta instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) argumenta que las fiscalías locales son las que deben comprobar el nexo de la labor periodística para determinar la atracción de los casos.

Marco Hernández Bautista, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, fue atacado con un arma de fuego. Hasta ese día de enero él cubría el contexto local electoral y su impacto en los grupos de poder.

Siguió la reportera de El Sol de Orizaba Anabel Flores Salazar. Ella, quien investigaba sobre desapariciones forzadas en Veracruz, fue privada de la libertad, torturada y asesinada por sujetos que vestían prendas de tipo militar la madrugada del 8 de febrero de 2016. Su cuerpo fue encontrado en el municipio de Tehuacán, Puebla.

Las autoridades criminalizaron a la periodista al declarar que se investigaba su vínculo con integrantes del crimen organizado, por lo que descartaron la debida investigación basada en su labor.

En el interior de su domicilio en Villahermosa, Tabasco, Moisés Dagdug Lutzow, conductor de la estación XEVX “La grande de Tabasco” y del canal local de televisión TVX, fue asesinado con un arma punzocortante el 20 de febrero.


Dagdug Lutzow, quien había recibido amenazas, difundía temas críticos de la administración estatal del Gobernador Arturo Núñez Jiménez.

AGRESIONES CONTRA MUJERES PERIODISTAS

En el primer trimestre del año Artículo 19 documentó 19 agresiones contra mujeres periodistas, de las cuales al menos siete se dieron con componente de género.

Cuatro casos con clave de género se registraron en las redes sociales: dos actos de acoso y hostigamiento sexual, una amenaza de daño sexual y una amenaza de muerte.

La periodista Gloria Ruiz García, de Ciudad Acuña, Coahuila, fue acosada sexualmente y amenazada de muerte por redes sociales. Pero las autoridades federales y estatales intentaron desechar el caso al decir que no se consumó el delito, además buscaron una conciliación con el agresor, el líder de una organización política de la entidad.


AGRESIONES EN INTERNET

Los periodistas críticos se enfrentan a un contexto donde las leyes locales y federales permiten el uso de malware para el espionaje y la retención de metadatos y datos personales. De enero a marzo ocurrieron 15 agresiones en la red: seis amenazas por medio de redes sociales; ocho casos de hostigamiento y acoso, también por medio de redes sociales, y un ataque cibernético a un medio de comunicación.

Las autoridades, evidencia el informe, descartan los hechos o les dan poca importancia, argumentando que no hay delitos consumados por lo que en su mayoría la investigación es infructuosa.

Sin embargo, este tipo de agresiones también suelen causar estragos psicológicos en las víctimas al no saber con qué agresor se enfrentan, así como el nivel de riesgo en el que se encuentran.

ATAQUES CONTRA RADIOS

Durante los tres primeros meses del año, hubo seis agresiones contra estaciones de radio en el país, entre ellas, el asesinato del locutor Moisés Dagdug Lutzow, en Tabasco.

En este periodo se registraron tres agresiones contra radios comunitarias, que representan una herramienta para la denuncia y exigencia de derechos, y al mismo tiempo para difundir en un espacio propio su identidad cultural.

El Estado realiza operativos desproporcionados donde policías federales, y en algunos casos elementos del Ejército, agreden y detienen a quienes trabajan en las estaciones, denuncia Artículo 19.

La actuación del Gobierno federal en el tema de medios comunitarios e indígenas se reduce a la persecución de quienes los operan.

El 10 de febrero, Martha Izquierdo –locutora y directora de la radio comunitaria Bianii Luu Nezaa, en Ixtepec, Oaxaca– fue amenazada por un grupo de hombres a bordo de un automóvil Nissan color blanco.

El medio da cobertura y apoya las denuncias de los pobladores sobre malos tratos en instituciones públicas, particularmente de salud. Su trabajo ha generado tensión con autoridades de los municipios Santiago Laollaga y Guevea de Humboldt.

El 19 de marzo, alrededor de 60 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) irrumpieron con violencia en las instalaciones de cuatro estaciones de radio: La Perla de la Mixteca 96.5, Radical Stereo 98.3, La Máxima 107.9 y La Tlaxiaqueña –estas dos últimas radios comunitarias–, para decomisar sus equipos de transmisión y otros dispositivos de trabajo.


63 PERIODISTAS MURIERON EN 2015: RSF Y AI

Profesionales de la comunicación y otras personas que expresan sus ideas a través de los medios de comunicación tradicionales y en el ámbito digital sufrieron persecución, amenazas, encarcelamiento, secuestros, tortura e incluso fueron asesinados el año pasado. Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional (AI) recuerdan hoy que en 2015 murieron 63 periodistas por causas relacionadas con el ejercicio de su profesión y otros 40 profesionales fueron asesinados sin que se conozca aún el motivo de su muerte.

A estas cifras se suman las muertes de 19 periodistas ciudadanos y seis colaboradores de medios, así como los 54 periodistas que se encuentran secuestrados en el mundo por organizaciones terroristas o criminales.

Ambas organizaciones han alertado que existen cuatro “puntos calientes” donde la libertad de prensa está cada vez más restringida, entre ellos, México.

“Durante 2015 continuaron las amenazas, el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en México. A pesar de la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobado en 2012, la falta de recursos y coordinación provocó que no se ofreciera la protección adecuada”, denuncian en un comunicado.

Aunque el 90 por ciento de las peticiones de protección en virtud del Mecanismo fueron aceptadas, persistió la impunidad por amenazas y agresiones.

De acuerdo con datos de RSF, ocho periodistas fueron asesinados en 2015 -en cinco casos aún se desconoce la razón de su muerte-. En lo que va de 2016, ya han sido asesinados cinco periodistas.

El comunicado de este martes expone que el periodista maya Pedro Canché fue puesto en libertad, en junio, tras pasar nueve meses encarcelado en espera de juicio por cargos infundados de sabotaje, presentados contra él como represalia por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión en Quintana Roo.

El reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera Pérez y tres mujeres más aparecieron sin vida en un apartamento de Ciudad de México, en julio. Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían abandonado el estado de Veracruz meses antes a causa de amenazas de muerte.

Además, otros periodistas continuaron sufriendo el hostigamiento de las autoridades y algunos de ellos huyeron de sus lugares de residencia o abandonaron su trabajo por temor a las represalias.

Egipto, con 24 periodistas encarcelados durante 2015 y uno de los países donde más se ha restringido el derecho a la libertad de información, también figura entre los “puntos calientes”.

Durante el año pasado se enjuició a varios periodistas que trabajaban para medios informativos críticos con las autoridades egipcias o vinculados con grupos de oposición por divulgar “noticias falsas”, entre otros cargos penales de motivación política.

Turquía fue el país europeo que más periodistas encarceló en 2015, y numerosos profesionales y medios de comunicación críticos fueron objeto de una fortísima presión.

En Rusia, el control directo del Estado sigue siendo el mayor obstáculo para la libertad de prensa y durante 2015 RSF denuncia que la política editorial de la mayoría de los medios de comunicación reprodujo fielmente las opiniones oficiales sobre sucesos clave del ámbito nacional e internacional.

Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional exigen el fin del acoso y el hostigamiento hacia periodistas, estudiantes, escritores, artistas, manifestantes o cualquier persona que busque expresar públicamente sus ideas.


“INFORMAR NO ES UN DELITO”

Bajo el lema “informar no es un delito”, periodistas y defensores de la libertad de expresión se solidarizaron con la periodista Sanjuana Martínez porque, dijeron, su caso compete al derecho de libertad de expresión y al derecho a la información de toda la ciudadanía.

Sergio Méndez Silva, de Pro Persona, informó que esta organización presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por no iniciar una investigación sobre el proceso judicial contra la columnista de SInEmbargo y sobre el expediente perdido.

Para que tenga peso esta acción, que también exige medidas de reparación, Pro Persona recabará firmas masivas.

“El acto de censura que está sufriendo por denunciar a cómplices de lugares de explotación sexual a mujeres no sólo afecta a Sanjuana, sino a todos como lectores”, expuso Méndez Silva.

Sanjuana Martínez, después de agradecer el apoyo, afirmó que el ex dirigente del PRD, Jesús Ortega, tiene derecho de denunciar, “pero no tiene derecho a violar el aparato de justicia para conseguir de manera sucia una sentencia”.

La periodista declaró hoy, Día Mundial de la Libertad de Expresión, que en los últimos días ha recibido mensajes amenazantes, por lo que hace responsables a Ortega, al PRD y a la Senadora Angélica de la Peña por lo que pueda pasarle a ella y su familia.

El periodista Pedro Canché -encerrado por nueve meses por el gobierno de Borges en Quintana Roo- aseguró que “las balas no duelen a los periodistas asesinados, nos duelen a nosotros”.

Sobre todo, dijo, cuando hay campañas mediáticas que satanizan estos asesinatos impulsados por las líneas afines al gobierno.

“La tortura duele, pero duele más la indiferencia de los colegas ante casos como el de Sanjuana”, añadió.

Canché pidió no darle alas ni voz al sistema porque al final el ataque es a la sociedad.

Ana Ruelas, de Artículo 19, pidió derogar las normas que amenazan a la libertad de expresión. Entre ellas se encuentra el delito contra el honor por el cual Ortega demandó a Sanjuana Martínez.

“La libertad de expresión se va restringiendo”, afirmó Ruelas, quien citó el informe publicado este día “Sin prensa no hay democracia”, el cual revela que en los tres primeros meses de 2016 hubo 69 agresiones contra la prensa.


Jorge Fernández Negrete, de Amedi, añadió que el periodista es esencial para la democracia al aportar diversidad informativa a la sociedad.

FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-05-2016/1655803

Periodistas protestan en Iguala por el asesinato de Francisco Pacheco; Artículo 19 exige esclarecer crimen

A nombre de los comunicadores, un representante de la delegación 30 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Rodimiro Méndez, pidió al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo y a la Fiscalía General del Estado que el crimen no quede impune y se vaya al archivo como ha ocurrido con otros casos.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo/El Sur/AP).– Reporteros de diferentes medios de comunicación de Iguala protestaron esta tarde en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para exigir justicia, una investigación exhaustiva para el esclarecimiento del asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán y castigo a los responsables.

“Ni un periodista más asesinado”, fue la consigna de la protesta que se realizó a las 12:30 de esta tarde en el Semefo, ubicado en la carretera federal México-Acapulco, en la entrada a Iguala, donde permanece el cuerpo del reportero asesinado.

A nombre de los comunicadores, un representante de la delegación 30 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Rodimiro Méndez, pidió al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo y a la Fiscalía General del Estado que el crimen no quede impune y se vaya al archivo como ha ocurrido con otros casos.

Francisco Pacheco Beltrán, corresponsal del diario El Sol de Acapulco, salía de su casa en la localidad de Taxco para llevar a un familiar a la central camionera de Taxco. Un hombre se le acercó y le disparó en la cabeza y el pecho, dijo a The Associated Pressun funcionario de la Fiscalía de Guerrero, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a discutir el caso públicamente.

Pacheco, de 49 años, también era editor del semanario El Foro de Taxco y corresponsal de la radiodifusora ‎Capital Máxima 97.1 F.M.

A su vez, Articulo 19 exigió a las autoridades investigar si el crimen de Pacheco estaría relacionado con su labor como periodista.

La editorial de El Sol de Acapulco condenó el crimen.

“Trabajadores y directivos de la Organización Editorial Mexicana (OEM) condenan estos hechos violentos y exigen a las autoridades que aceleren las investigaciones para encontrar y castigar a los culpables”, señaló El Sol de Acapulco en una nota divulgada en su portal de internet.

Apenas en febrero, una reportera que había sido secuestrada en su casa en el estado de Veracruz fue localizada sin vida en una carretera.

Un reporte reciente de Article 19 señaló que en 2015 se registraron 397 agresiones a periodistas en México, incluidos siete asesinatos. Sólo en Guerrero fueron documentados 57 ataques contra la prensa el año pasado.

“En los diversos medios donde colaboraba, Pacheco daba cobertura a las fuentes policiaca, política local y de turismo siendo particularmente crítico de la gestión actual de Omar Jalil Flores, presidente municipal de Taxco”, refiere la organización internacional defensora de la libertad de expresión.

Articulo 19 hizo un llamado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que genere condiciones que garanticen la seguridad de la familia del periodista y detener la violencia contra otros comunicadores en el estado.

FUENTE: SIN EMBARGO.MX

AUTOR: EDITORIAL C/ INFO ALEJANDRO GUERRERO, EL SUR

LINK: http://www.sinembargo.mx/25-04-2016/1652959

Exige Artículo 19 a Cué investigar asesinato del periodista Marcos Hernández

MÉXICO, DF: Marcos Hernández Bautista, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, fue asesinado con un arma de fuego la noche del pasado 21 de enero en el municipio San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca.

La organización Artículo 19 denunció que el cuerpo del periodista fue encontrado al lado de su coche, un VW Jetta, color blanco, aproximadamente a las 22 horas de ayer, en la carretera Federal Costera.

Hernández Bautista también desempeñaba el cargo de regidor de cultura en la localidad de Santiago Jamiltepec y era militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al mismo tiempo que colaboraba en estaciones de radio locales y ejercía periodismo.

Los últimos temas a los que dio cobertura son la situación de las radios comunitarias e indígenas en la región y el anuncio de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la zona; además, colaboró en una investigación periodística sobre el reacomodo distrital por motivos electorales en la región y su impacto en los grupos de poder.

“Marcos había expresado su temor porque en algunas publicaciones había tocado intereses políticos y de cacicazgos en la región”, dijo Ismael Sanmartín Hernández, director editorial de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, a Artículo 19.

Aseguró que el medio y sus integrantes se mantendrán pendientes de las pruebas que presente la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Oaxaca en el caso.

El asesinato de Marcos Hernández Bautista se suma al homicidio de los periodistas Abel Bautista Raymundo y de Filadelfo Sánchez Sarmiento, registrados en el estado en 2015.

Según Artículo 19, Oaxaca es la cuarta entidad con mayor registro de asesinatos de periodistas en México. Desde 2000, la organización ha documentado nueve homicidios; cinco en la actual administración de Gabino Cué.

Artículo 19 exige a la Fiscalía de Oaxaca una pronta investigación del asesinato de Hernández Bautista, tomando como prioritaria su labor periodística en las pesquisas a realizar.


Asimismo, recuerda que es obligación constitucional de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso, tratándose de violaciones graves a derechos humanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427485

En asesinato de Moisés Sánchez, un año de impunidad: Artículo 19

La ausencia de instituciones que garanticen efectivamente los derechos humanos, así como la impunidad que de ello deriva, son un aliciente para que casos como el de Moisés Sánchez Cerezo se repitan, indica la organización no gubernamental.

Moisés Sánchez Cerezo, quien ejercía el periodismo en Veracruz, fue ‘levantado’ por al menos seis sujetos armados de su domicilio en la localidad de El Tejar, municipio de Medellín de Bravo. Horas después – según el dicho del único presunto autor material sujeto a proceso- sería asesinado bajo circunstancias que apuntan a una venganza por su periodismo de denuncia como causa del crimen.

Hasta la fecha no han sido garantizadas verdad, justicia y reparación para su familia, tras más de un año del suceso, el dos de enero de 2014, estableció la organización Artículo 19, que este lunes hace un recuento de lo acontecido y señala que “tanto autoridades estatales como federales han intervenido sin que a la fecha se hayan esclarecido los hechos y mucho menos procesado a todos los responsables”.

“El luto permanece en nuestra familia después presenciar el horror de que un comando armado se lleve a la pareja de toda tu vida… ser testigo del secuestro de tu abuelito… desgarrar la garganta exigiendo que regresen con vida a tu hermano… imaginar el calvario de contemplar la más bestial tortura hacia tu hijo… frente al cuerpo extinto de tu padre, contemplar despedazada toda esperanza…”, dijo Jorge Sánchez, hijo de Moisés.

Desde los primeros días, el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa trató de desacreditar el ejercicio periodístico de Moisés como móvil del crimen. “Era un taxista” señaló el mandatario, perdiendo de vista que su labor informativa era complementada con otras actividades económicas, recuerda la organización no gubernamental.

Ante la indignación social, el entonces Procurador, hoy titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), dio golpes de efecto mediático que a la postre resultarían nocivos en el proceso de búsqueda de justicia y verdad.

Bajo esta lógica, tomó declaraciones a 78 funcionarios públicos del Ayuntamiento de Medellín; arraigó a 13 de los policías municipales de Medellín; presentó públicamente a Clemente Noé Rodríguez Martínez como homicida confeso una vez que fue encontrado el cuerpo de Moisés y señaló públicamente al alcalde Omar Cruz Reyes –derivado de la propia confesión de Noé. Posteriormente, con total falta de sigilo, anunció que ejercería acción penal contra el edil previa solicitud de desafuero al Congreso local.

A pesar de ello, el pasado 17 de noviembre, el ex alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión emitida por su presunta participación en la desaparición y posterior homicidio de Moisés Sánchez Cerezo. Anteriormente, 4 de noviembre, Martín López Meneses, quien fuera escolta del mismo ex alcalde y también subdirector de la Policía Municipal de Medellín de Bravo —acusado de ordenar, a petición del ex alcalde, la desaparición y homicidio del periodista— también obtuvo un amparo con el que recobró su libertad, al ser procesado en prisión preventiva.

Las razones centrales que han derivado en la obtención de amparos a favor de los supuestos implicados en el homicidio del periodista, precisamente apuntan a la falta de sustento probatorio, es decir, la deficiencia de la investigación realizada por la Fiscalía General de Veracruz. El testimonio del presunto homicida confeso es de “oídas” (no le consta que tales funcionarios dieran la orden de asesinar a Moisés) y las declaraciones de funcionarios municipales sujetos al arraigo resultaron favorables para exculparlos de su participación en los hechos delictivos.

Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, abrió su propia indagatoria desde el 7 de enero, pero se ha negado rotundamente a ejercer su facultad de atracción. Desde una perspectiva contraria a derechos humanos y bajo una comprensión limitada del periodismo, se ha desacreditado la labor informativa de Moisés Sánchez como móvil del delito.

Tanto en el fuero común como en el federal graves omisiones afectan las investigaciones, como la pérdida de elementos de prueba fundamentales como videos de cámaras de C4 ubicadas en el trayecto de los perpetradores; y la falta de identificación pronta del resto de los autores. También se ha omitido realizar con prontitud diligencias clave como localización de testigos que pueden aportar datos sólidos sobre los perpetradores, análisis de llamadas y cruces de las mismas, levantamiento y análisis de huellas en armas y automóviles, entre otras.

Asimismo, ambas instituciones ministeriales incurrieron en graves fallas en la aplicación de protocolos procedimientos diligentes de localización y búsqueda de Moisés desde las primeras horas de la desaparición de Moisés Sánchez hasta que dieron con su paradero –por la mencionada confesión- el 24 de enero de 2014.

Para Artículo 19, la duplicidad de actuaciones en ambas Fiscalías ha prolongado y obstaculizado una investigación que debe ser objetiva, imparcial, independiente, eficaz y exhaustiva, para conocer la verdad de los hechos y someter a procesos penales a todos los actores involucrados en la desaparición y homicidio del periodista Moisés Sánchez. Prueba de ello es que hasta la fecha, al menos 6 personas involucradas en los hechos continúan sin ser identificadas por las autoridades ministeriales, encontrándose prófugas de la justicia.

El  Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo, – en otro golpe mediático- anunció al abogado Ricardo Javier Carrillo Almeida como Fiscal Especial para el caso de Moisés Sánchez. Este nombramiento no es garantía para el esclarecimiento de los hechos, mientras no exista voluntad por parte de las autoridades ministeriales para realizar una investigación realmente efectiva.

Por su parte,  tanto la Comisión Nacional como la estatal de Derechos Humanos han tenido un papel pasivo en la integración y determinación de las violaciones a derechos humanos de Moisés y su familia. No ha sido relevante para tales instituciones que existen elementos suficientes y consistentes para señalar las graves falencias en las investigaciones de la FGE y la FEADLE.

Por último, las medidas de seguridad otorgadas a la familia Sánchez por la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz, se han reducido injustificadamente y han significado una carga económica los beneficiarios.

En este sentido, Artículo 19 considera que pese a la intervención de las instituciones encargadas de procurar justicia, proteger periodistas e investigar violaciones a derechos humanos, lejos de lograrse un abordaje integral de la problemática que representa el caso concreto, ha generado condiciones que colocan en mayor estado de vulnerabilidad a las víctimas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0401/mexico/en-asesinato-de-moises-sanchez-un-ano-de-impunidad-articulo-19/

Artículo 19 y otras ONGs critican a la CDHDF por su leve respuesta ante violencia a manifestantes

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denunció que las recomendaciones hechas por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a las autoridades capitalinas respecto a los abusos policiales cometidos durante diversas manifestaciones, ponen en evidencia el aumento en la represión y el patrón de actuación de poderes judiciales en la Ciudad de México. Además de que demuestran que delitos como “ataques a la paz pública” y “ultraje” “son únicamente utilizados para criminalizar a manifestantes”.

Sin embargo, dijo, son “limitadas” ante la criminalización de la protesta.

El pasado martes, la CDHDF emitió tres recomendaciones relacionadas con las diversas violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de jóvenes en el marco de las marchas realizadas el 10 de junio y el 2 de octubre de 2013, así como el 22 de abril de 2014 en la Ciudad de México.

Hoy, en un comunicado de las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión, entre ellas Artículo 19, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), advirtieron que las recomendaciones hechas por la CDHDF demuestran “el aumento en la represión y el patrón de actuación de las autoridades, tanto de Seguridad Pública como de Procuración de Justicia, en el Distrito Federal”.

Que en los últimos años, recuerda, ha consistido en detenciones ilegales y arbitrarias, uso indebido y desproporcionado de la fuerza, tratos crueles inhumanos o degradantes e incluso tortura a personas detenidas y la obstaculización al derecho a documentar y defender derechos humanos en manifestaciones públicas, que “han afectado las libertades democráticas” en la Ciudad de México.

Aunado a que, “de manera discriminatoria, la represión se ha dirigido selectivamente a personas jóvenes que ejercen su derecho a la protesta”.

El Frente destaca que esta recomendación “evidencia que delitos como ‘ataques a la paz pública’ y ‘ultrajes’ son únicamente utilizados para criminalizar a manifestantes, con la connivencia del Poder Judicial del Distrito Federal”.

“Desde el Frente estamos en consonancia con la exigencia de la CDHDF de derogar estos tipos penales”, agregó.

Las organizaciones sostuvieron que es preocupante que existiendo evidencia sobre un número mayor de víctimas, sobre todo en la movilización del 2 de octubre de 2013, de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias, “no hayan sido tomados en la recomendación correspondiente”.

“Asimismo, a pesar de que un grupo de observadores de derechos humanos claramente identificados fue agredido por policías y que esto fue documentado por la CDHDF, no se consideró violado el derecho fundamental a la defensa de derechos”, agregaron.

El documento destaca además, que no se observa una línea de continuidad respecto a la recomendación 7/2013 que corresponde a las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012.

“En efecto, hacen falta puntos recomendatorios emitidos el 10 de abril de 2013 por la CDHDF que guardan relación con el patrón de violaciones documentado en protestas llevadas a cabo durante 2013 y 2014”, agrega.

En este contexto, el Frente hace “un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Asamblea Legislativa, todas del Distrito Federal, a que acepten y cumplan las recomendaciones y establezcan las garantías necesarias de no repetición, a fin de recuperar las condiciones democráticas y las expresiones de disenso en la Ciudad de México, haciendo del espacio público un campo de participación y expresión política de la ciudadanía”.

En el mismo sentido, agrega, “resulta necesario que la CDHDF cumpla integralmente con su papel de garante de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan por el Distrito Federal siendo diligente y proactiva en el seguimiento de estas recomendaciones, así como aquellas emitidas con anterioridad, mismas que dan cuenta del patrón de violaciones al derecho a la protesta social. Sólo así será un contrapeso efectivo a favor de la vigencia de los derechos de las personas en la capital del país”.

“Sin protesta no hay democracia”, finaliza.

La CDHDF documentó en las movilizaciones del 10 de junio y 2 de octubre de 2013, así como 22 de abril de 2014, abusos contra personas que nada tenían que ver con acciones de violencia, “sólo pasaban por ahí o ejercían su derecho de manifestación”, detalló la Ombudsman nacional Perla Gómez Gallardo, el pasado lunes.

Subrayó que cuando se detenga a personas que efectivamente hayan cometido algún delito, será respetuosa pero insistirá en que los procedimientos se ajusten a la ley y se respeten los derechos humanos de los aprehendidos.

Gómez Gallardo precisó que las recomendaciones 9/2015, 10/2015 y 11/2015 presentadas este lunes, “acreditaron violaciones al derecho de manifestación, en relación con la libertad de expresión y el derecho de reunión, así como al derecho a la libertad personal y al debido proceso”, entre otros rubros.

De ahí que se recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), revisar los Protocolos de Actuación Policial para el Control de Multitudes y para la Detención de Probables Responsables en el Sistema Penal Acusatorio.

Asimismo planteó que se realice la reforma policial (cuyo antecedente se encuentra en la Recomendación 7/2013) y recomendó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que destine la partida presupuestal correspondiente.

Propuso también la reparación del daño, que incluya el pago de indemnizaciones tanto de la Policía como del Poder Judicial local, así como el inicio de procedimientos de responsabilidad a funcionarios que hayan actuado indebidamente en estos casos.

Como parte de la integración de las recomendaciones, detectó un posible abuso en el uso del tipo penal denominado “Ultrajes a la autoridad”, que consideró “ambiguo y abierto, carece de certeza sobre los elementos de la conducta punible y genera inseguridad jurídica”.


En ese sentido instó a la Asamblea Legislativa a que lo derogue, al igual que el tipo penal de “Ataques a la paz pública” contemplados en los artículos 287 y 362 del Código Penal del Distrito Federal, “por los alcances y empleo que se les han dado”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-09-2015/1491355.