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viernes, 24 de marzo de 2017

Decir la verdad en México se paga con la vida

Periodista de larga trayectoria cuyas colaboraciones en La Jornada comenzaron en julio de 1997, Miroslava Breach testimonió, a lo largo de dos décadas, la escalada de violencia que ha caracterizado a Chihuahua con una creciente presencia del crimen organizado.

Originaria del municipio serrano de Chínipas, Chihuahua, ubicado cerca de los límites con Sonora y Sinaloa, en la región de las barrancas, donde nació el 7 de agosto de 1962, Miroslava comenzó su carrera periodística en la entidad a su regreso de Baja California Sur, donde vivió varios años.

jueves, 23 de marzo de 2017

Marzo, mes negro para el periodismo mexicano: tres muertos y agresiones múltiples

Ciudad de México: Con el asesinato de la periodista Miroslava Breach Valducea, perpetrado la mañana de hoy en Chihuahua, suman dos los periodistas ultimados en menos de una semana y tres en lo que va de marzo.

Miroslava Breach Valducea, periodista de larga trayectoria en la entidad, se desempeñaba desde hace 15 años corresponsal del diario La Jornada, diario cuyo portal informativo confirmó el ataque en el que la periodista habría recibido ocho impactos de bala cuando salía de su domicilio en compañía de uno de sus tres hijos.

Matan a una periodista en Chihuahua; ya son dos comunicadores asesinados en una semana

A la periodista Miroslava Breach, corresponsal del diario 'La Jornada' en Chihuahua, la asesinaron al salir de su casa.

La periodista Miroslava Breach fue asesinada este jueves fuera de su casa en la ciudad de Chihuahua.

Hombres armados le dispararon mientras salía de su domicilio a las 7:07 de la mañana,  abordo de su camioneta color rojo.

La organización Artículo 19 confirmó que está al tanto de los hechos ocurridos en contra de Breach, quien era corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua y colaboraba en el medio Norte Digital Ciudad Juárez.

jueves, 15 de diciembre de 2016

Congreso poblano va contra munícipes críticos de Moreno Valle

Puebla, Pue. El Congreso del estado destituirá a la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, e iniciará el procedimiento administrativo contra el ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a quienes imputan irregularidades en el manejo de recursos, tras las críticas que ambos políticos realizaron al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Ediles del PRD denunciaron ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa fuerza política que la administración estatal emprendió una persecución en su contra que comprende amenazas de cárcel, por exigirle la liberación de recursos públicos.

Las acciones contra los presidentes y ex munícipes del estado iniciaron a menos de siete semanas de que Moreno Valle concluya su mandato y, en el caso de Rivera y Fernández, el Congreso actuará en su contra este día, durante la última sesión ordinaria del año, tras la cual los diputados ingresarán a un periodo vacacional.


La Comisión Inspectora, que encabeza la diputada del PAN Patricia Leal Islas, propuso al pleno el inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades (IPADR) contra Eduardo Rivera por el manejo de recursos de su última cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MÓNICA CAMACHO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/15/puebla-inician-procedimiento-administrativo-contra-funcionarios

jueves, 1 de diciembre de 2016

2016 bate récord de periodistas asesinados durante gobierno de Peña: van 10 en 9 meses

De enero a septiembre 10 periodistas han sido asesinados. De julio a septiembre de 2016 la organización Artículo 19 registró un total de 88 agresiones a periodistas; un promedio de 29.3 ataques al mes, o casi uno por día.

El 2016 ya es, a poco más de un mes para concluir, el año con más asesinatos de periodistas en lo que va de sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Así lo documenta la organización Artículo 19 en su más reciente informe trimestral ‘De lo digital a lo tangible’, en el que expone que de enero a septiembre de 2016 un total de 10 periodistas han sido asesinados. O en otras palabras: cada 30 días en México se comete el crimen de un periodista.

Esta cifra supera los siete homicidios de comunicadores de 2015; año que ostentaba el ‘récord’ de asesinatos durante el gobierno de Peña (en 2014, hubo 6 homicidios, y en 2013, 4). Y además, está muy cerca del ‘techo’ de homicidios que se registró en 2011, aún con Felipe Calderón en Los Pinos, cuando Artículo 19 documentó 11 casos.


De estos 10 homicidios, tres se registraron entre julio y septiembre: el de Pedro Tamayo, periodista de El Piñero de la Cuenca asesinado el 20 de julio en Veracruz; Agustín Pavia, locutor de la radio Tu Un Ñuu Savi, asesinado el 13 de septiembre en Oaxaca; y el más reciente, Aurelio Cabrera, periodista de El Gráfico de Huachinango, asesinado el 15 de septiembre en Puebla.

Artículo 19 subraya que en ninguno de estos tres casos, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de periodistas. Lo cual, según denuncia la organización, “envía un mensaje de permisibilidad de la violencia extrema, así como de desprecio hacia la libertad de expresión”.

En este contexto, cabe recordar que el pasado 2 de noviembre Animal Político publicó que prácticamente el 100% de las agresiones contra periodistas en México quedan en la impunidad.

De acuerdo con el reporte estadístico de la FEADLE del pasado mes de agosto, en los últimos seis años (agosto 2010-agosto 2016) se abrieron en México 798 averiguaciones previas por delitos contra periodistas, de las cuales solo 2 dieron como resultado sendas sentencias condenatorias. Es decir, que el 99.75% de los casos no ha recibido sentencia.

Al menos una agresión al día

En cuanto al número de ataques a la prensa, de julio a septiembre Artículo 19 registró un total de 88; un promedio de 29.3 ataques al mes, o casi uno por día.

Este dato refleja una caída del 40% en comparación con el trimestre abril-junio, el más violento del año con 149; pero un alza del 27% comparado con el primer trimestre, cuando se contabilizaron 69 agresiones.

De las 88 agresiones en el último trimestre, 56 fueron dirigidas contra hombres, 21 hacia mujeres, y 11 hacia medios de comunicación.

En total, de enero a septiembre van 306 agresiones documentadas contra periodistas. Esta cifra es inferior a la de 2015 (397), 2014 (326) y 2013 (330), pero aún falta por contabilizar el último trimestre del año.


No obstante, los 306 ataques de este 2016 ya superaron los datos de 2012 (207), 2011 (172), 2010 (162) y 2009 (238), el primer año del que tiene registro Artículo 19.

La CDMX, con más agresiones; Veracruz y Oaxaca, las más letales

De los 306 ataques de 2016, las amenazas (58), los ataques físicos o destrucción de materiales de trabajo (54), las intimidaciones (50), y las privaciones ilegales de la libertad (44), son los ‘favoritos’ de los agresores de periodistas.

La Ciudad de México es la entidad con más agresiones, con 53 casos. Le siguen Oaxaca con 38 y Veracruz con 35. Sin embargo, cabe matizar que Oaxaca es la entidad con más asesinatos de periodistas hasta septiembre de 2016 con cuatro casos. Veracruz es la segunda con tres.

6 de cada 10 amenazas, a través de redes sociales

Por otra parte, el informe de Artículo 19 advierte que Internet y las redes sociales se han convertido en “un campo de batalla” en el cual la libertad de expresión es atacada. “El acoso en Internet, especialmente mediante amenazas en plataformas de redes sociales, se ha consolidado como una forma para intimidar, infundir miedo y censurar”, apunta la organización defensora de la libertad de expresión.

En este sentido, Artículo 19 resalta que del total de amenazas recibidas por periodistas entre julio y septiembre, 6 de cada 10 fueron realizadas a través de redes sociales como Twitter.

“Las amenazas en redes sociales se han incrementado: mientras que en los primeros seis meses de 2016 se documentó en promedio una amenaza mensual por esta vía, durante el tercer trimestre del año, se documentaron 4.6 amenazas por mes”, señala Artículo 19.

Los ‘operativos de bots’ –cuentas que se dedican a hostigar a un usuario en Twitter-, los ‘sicarios digitales’ –comunidades organizadas que venden sus servicios para acosar en redes a usuarios-, las campañas de difamación, y las ‘redadas’ –ataques agresivos, sistemáticos y con organización colectiva para extraer información sensible o privada de la víctima desde su cuenta personal-, son algunos de los ataques contra periodistas más frecuentes en Internet.


El informe de Artículo 19:

3er Informe Trimestral 2016 – A19 (1) by mureste4878 on Scribd



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/2016-asesinatos-periodistas-pena/

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Reportera de Reforma es golpeada, humillada, escupida y robada por policías del Edomex

De acuerdo con Reforma, la reportera permaneció durante más de dos horas encerrada en las galeras sin que se le permitiera realizar una llamada. “A ver, hija de la chingada, tú aquí no tienes derechos. A mí me vale que seas quien seas, hija de tu puta madre”, le dijo una policía que abusó sexualmente de la periodista.

Policías mexiquenses y agentes de la Procuraduría estatal detuvieron y posteriormente trasladaron al Ministerio Público de Tlalnepantla a una periodista del diario Reforma, informó hoy ese medio.

La reportera, que se había identificada como tal, declaró que le pidió ayuda a un hombre que vestía aparentemente como Fiscal de la Procuraduría mexiquense.

Sin embargo, éste le respondió con algunas burlas y pidió que no lo mirara.

El diario Reforma narró cómo un hombre vestido de civil abofeteó, escupió y humilló a la periodista obligándola a colocarse los zapatos al revés.

También fue abusada sexualmente por una policía mujer cuando ésta le tocó sus genitales supuestamente para buscar algún equipo de audio o de video que la víctima pudiera estar escondiendo.
“A ver, hija de la chingada, tú aquí no tienes derechos. A mí me vale que seas quien seas, hija de tu puta madre”, dijo la policía. 
“Mi credencial la agarraban, me la enseñaban y decían: reportera pendeja. Y me escupían”, narró.
Según Reforma, la reportera permaneció durante más de dos horas encerrada en las galeras sin que se le permitiera realizar una llamada.
Tras lo ocurrido, varios medios de comunicación se dieron cita en el Ministerio Público y de forma indirecta provocaron que la reportera fuera liberada y pudiera hablar por el celular de un compañero.
“Dijeron que hasta que se hiciera la puesta a disposición podía hacer una llamada” contó la víctima.


Finalmente, Marilú Peña, coordinadora del Ministerio Público, señaló que todo el tiempo que la reportera estuvo retenida fue sólo para hacer una denuncia por robo y que nunca fue privada de su libertad.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-11-2016/3120989

miércoles, 16 de noviembre de 2016

La sentencia contra Aristegui, castigo a la opinión

Especialistas en derecho a la información señalan que la sentencia del Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México contra Carmen Aristegui por un “exceso en su libertad de expresión” en agravio del “honor y prestigio” del dueño de MVS, Joaquín Vargas, se basa en un error jurídico. Sin embargo, advierten que también se está utilizando el Poder Judicial para inhibir las críticas hacia las personas públicas que tengan recursos para demandar a periodistas y medios de comunicación.


CIUDAD DE MÉXICO: El 28 de octubre de este año el juez quincuagésimo séptimo de lo Civil, Odilón Centeno Rendón, dictó sentencia en contra de la periodista Carmen Aristegui, a quien acusó de “excederse en su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio” del presidente del Grupo MVS, Joaquín Vargas Guajardo, en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.

La sentencia concluyó que Aristegui causó “un daño en el patrimonio moral” de Joaquín Vargas y condenó a la exdirectora de la Primera Emisión de MVS Noticias a publicar y divulgar “un extracto del presente fallo” en “todas y cada una de las ediciones y publicaciones subsecuentes” del libro editado por Penguin Random House.

Consultados por Proceso, los especialistas Alfredo Figueroa, exconsejero electoral, y Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, consideran que esta sentencia configura una “violencia institucional” no sólo contra Aristegui, sino contra todo aquel periodista que critique a políticos o personajes con proyección pública, como es el caso del propio Joaquín Vargas, además de que el juez capitalino va en contra de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de “daño moral”, “real malicia” y “derecho a la intimidad”, confundiendo deliberadamente estos términos.

Entre los argumentos que el juez Centeno dio como válidos para considerar que Aristegui dañaba el patrimonio moral de Vargas relató que la periodista opinó que el presidente de MVS aceptó “el papel de instrumento para asestar una puñalada por cobardía”, que se “derrumbó moralmente”, que “sucumbió a presiones del poder” y que a cambio del despido de ella y de su equipo de MVS obtuvo fallos favorables en el litigio que tenía con Televisa por el tema del must carry y del must offer, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes relativos a sus concesiones en la banda de 2.5 Ghz.

El juez calificó de “falsos” los argumentos de que los fallos a favor del must carry y del must offer tuvieran relación con el despido de Aristegui, ocurrido en marzo de 2015, porque “dicho beneficio no fue concedido mediante sentencia alguna, sino con motivo de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, por virtud del cual los concesionarios de televisión abierta se encuentran obligados a permitir de manera gratuita a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal”.

El juez afirmó que el contenido del artículo octavo transitorio garantiza el must carry y el must offer. Sin embargo, pasó por alto que en su texto Carmen Aristegui no hacía referencia a la reforma constitucional de telecomunicaciones, sino a dos fallos favorables a MVS, el 96/2015 y el 103/2015, emitidos el 17 y 18 de septiembre de 2015, seis meses después de su despido, donde se sobresee el litigio de Grupo Televisa contra MVS y se favorece la petición de prórroga al uso de la banda 2.5 Ghz para telecomunicaciones.

El prólogo de Carmen Aristegui señala textualmente:

“Es insoslayable el hecho de que el 17 y 18 de septiembre de 2015, MVS obtuvo de forma expedita por parte de un tribunal federal dos fallos favorables en asuntos que estuvieron largamente en litigio: el must carry-must offer (que obliga a Televisa a permitir la retransmisión gratuita de su señal por otras empresas, entre ellas Dish, filial de MVS), así como la concesión de una prórroga al uso de la banda 2.5 Ghz”.

En ese párrafo, Aristegui recuerda la conferencia de prensa del 15 de agosto de 2012, cuando el propio Vargas denunció y documentó las presiones que recibió en 2011 del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, del secretario del Trabajo, Javier Lozano, y de la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, para que no recontratara a Carmen Aristegui a cambio de que refrendaran las concesiones de la banda 2.5 Ghz (Proceso publicó esa conferencia en su edición 1868).

El desplegado de Vargas

Aun cuando la sentencia del juez Centeno no es definitiva y puede ser apelable por Aristegui y Random House, así como sujeta al juicio de amparo ante la SCJN, el pasado lunes 7 el presidente de MVS pagó en varios medios impresos nacionales un desplegado que tituló: “Aristegui mintió”.

Esa publicación se basó en las “partes esenciales” de la sentencia dictada por el juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Según Vargas, la sentencia determina:

“1.- Que los términos utilizados por Carmen Aristegui en su prólogo del libro para referirse a mí, no tienen el propósito de informar, sino el claro afán de desprestigiarme, produciendo con ello un agravio a mi honor, al atribuirme falsas conductas que por supuesto nunca fueron probadas, configurándose así un hecho ilícito.

“2.- Que los argumentos utilizados por Carmen Aristegui en el prólogo no se ajustan a la realidad, además de que no tienen referencia con el contenido del libro o de la información periodística, ya que su fin fue exhibir o dirimir los conflictos personales que la periodista tiene en mi contra.

“3.- Que Carmen Aristegui excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio a mi persona, en sus apreciaciones contenidas en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.

“4.- Que lo expresado por Carmen Aristegui en mi contra es una mentira, pues en ningún momento ofreció pruebas para acreditar lo dicho en el prólogo de este libro.”

El presidente de MVS Comunicaciones justificó la publicación de este desplegado señalando que “las credenciales y el amplio reconocimiento público de Carmen Aristegui no le dan derecho a mentir y difamar sin consecuencias”.

Vargas escaló desde junio de este año su conflicto con Aristegui y con Penguin Random House al demandar a la periodista por presunto daño moral y le exigió al grupo editor la desaparición del prólogo de 43 páginas del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.

Aristegui y la editorial fueron notificadas de la demanda por daño moral el pasado 29 de mayo, pero ésta se conoció públicamente el 21 de julio, cuatro días después de que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera “perdón, con toda humildad”, admitiendo que “en noviembre de 2014 la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación”.

Después que la oficina de comunicación de MVS difundió el pasado lunes 7 de noviembre el contenido de la sentencia del juez Centeno, tanto el equipo jurídico de Aristegui como el de la editorial tuvieron encuentros para definir una estrategia conjunta.

“Aristegui cuenta con el apoyo total de la editorial”, subrayaron Ricardo Cayuela y Ariel Rosales, director y editor de Penguin Random House, quienes destacaron que en su momento darán a conocer públicamente la estrategia que seguirán los abogados de ambas partes.

Resolución “vergonzosa e indignante”

Tras realizar un exhaustivo análisis de la sentencia y de sus contradicciones, el exconsejero del Instituto Federal Electoral y especialista en temas de derecho a la información Alfredo Figueroa indica en entrevista que el documento de “su señoría” contiene “aspectos que deben ser calificados como vergonzosos e indignantes, no sólo porque es contraria a la libertad de expresión y desapegada a los precedentes fijados por la Suprema Corte, sino porque procede de la admisión de elementos de prueba inexplicables y absurdos”.

Subraya que esta sentencia “dista de cumplir con los estándares requeridos para acreditar el daño al honor o a la vida privada, que nacional e internacionalmente se han construido y consensuado”, además de que “al final se establecen contradicciones que impiden arribar a las conclusiones que inexplicablemente el juez ofrece”.

Para el abogado, la sentencia establece un falso conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la información contra el derecho a la intimidad. “Esto es una tontería. No se puede confundir el derecho al honor con el derecho a la intimidad como lo hace el juez”, enfatiza.

Un segundo aspecto, explica Figueroa, es que en el prólogo Aristegui no daña el honor sino que, al contrario, indica, “hace un amplio reconocimiento al prestigio que antes de su despido tenía la familia Vargas. Ella se pregunta: ¿por qué un personaje que enfrentó al poder antes toma una decisión así?

“No hay un solo párrafo en el prólogo que dañe el derecho a la intimidad de Joaquín Vargas. En todo caso, es contra el honor, pero no contra la intimidad, y el juez ahí confunde los términos.”

Añade que el juez Centeno también confunde la doctrina de la “real malicia”, que sólo se aplica a personas públicas, como Joaquín Vargas, y en contra de violaciones al derecho al honor, no al derecho a la intimidad.

Para Alfredo Figueroa, el núcleo de la argumentación del juez es confundir deliberadamente el artículo octavo transitorio de la reforma de telecomunicaciones de 2013, que permitió el must offer y el must carry, con el sobreseimiento de dos causas para favorecer los intereses de MVS, el 17 y 18 de septiembre de 2015.

“Es incomprensible que el juez haya pasado por alto este sobreseimiento. Está en la propia página del Consejo de la Judicatura en relación con los amparos 96/2015 y 103/2015. Aristegui dice que estos sobreseimientos forman parte de la razón de su despido, no la reforma constitucional”, remarca.

Para concluir, Figueroa reflexiona sobre las dimensiones de esta sentencia, que van más allá del personaje público que es Aristegui:

“Toda esta sentencia es una caricatura de interpretación sobre la real malicia. El juez distorsiona el concepto y es riesgoso porque, si se aplica, entonces nadie podría publicar su opinión en un prólogo y esto va en contra del derecho al desacuerdo.

“Lo que estamos defendiendo es el derecho que todos tenemos a opinar sobre algo que es de interés público, como es el caso del despido de Carmen Aristegui, vinculado al escándalo de la Casa Blanca.”

–¿Qué necesidad hay de emitir una sentencia tan mala? –se le cuestiona.

–Lo que quisieron hacer es regalarle a Joaquín Vargas la frase “Aristegui miente” para que la pudiera publicar en un desplegado y restarle credibilidad a la periodista. Es indignante que un juez se preste a eso. ¿Realmente cree Joaquín Vargas que una sentencia de este tipo lo va a restituir en su honor? No hay los mínimos requeridos de objetividad e imparcialidad. Es una sentencia plagada de errores técnicos, profesionales, parcial, incompetente.

“Tendencia peligrosa”

Leopoldo Maldonado, responsable del Programa de Defensa y Protección a Periodistas de Artículo 19, coincide con Figueroa al destacar que el juez se equivoca porque considera que Joaquín Vargas, “al ser una persona pública, necesita una mayor protección a su honor y a su intimidad. Este asunto no tiene nada que ver con vida privada”.

El juez “nunca tomó en cuenta que el prólogo de Aristegui es una opinión y no un reportaje. Ahí puedes someter a las pruebas de veracidad o falsedad porque es el punto de vista de la autora. Está utilizando de manera poco responsable el término ‘vejatorio’. El juez sólo establece criterios subjetivos. Se extralimita en su sentencia y va en contra de lo que ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia”.

Abunda: “El juez dice que este no es un asunto de interés público sino de conflicto privado. Es sumamente disparatado decir que el despido de Carmen Aristegui no sea de interés público”.

El defensor de Artículo 19 advierte que ya la demanda por daño moral interpuesta desde mayo por Joaquín Vargas y la sentencia del juez capitalino constituyen un ejemplo para “inhibir la libertad de expresión”, pues “tienen un efecto disuasivo y de ley mordaza. Los procesos judiciales contra los periodistas y los medios se están convirtiendo en un arma para inhibir la crítica en México”.

–¿Forma parte de una tendencia a judicializar los casos de los periodistas? –se le cuestiona.

–Es una sentencia de primera instancia, que puede ser apelable, pero sí establece una tendencia preocupante. Es algo que se está volviendo común entre políticos o personajes con proyección pública, que cuentan con recursos suficientes para sostener un largo litigio en contra de medios y periodistas.


“En Artículo 19 hemos señalado que esta tendencia tiene que cambiarse con un cambio estructural en el Poder Judicial. Las demandas por daño moral deben tener un análisis preliminar. El juez debe analizar y determinar antes si hay méritos para cada caso, mediante una audiencia pública. El proceso judicial per se está convirtiéndose en un arma para inhibir a los periodistas.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462777/la-sentencia-contra-aristegui-castigo-a-la-opinion

martes, 8 de noviembre de 2016

¿Quién miente aquí?

El empresario Joaquín Vargas firmó un desplegado difundido este lunes en periódicos de circulación nacional, el cual titula “Aristegui mintió”, tras conocerse la sentencia en primera instancia, de una demanda que interpuso contra la periodista Carmen Aristegui, por presunto daño moral en el prólogo del libro “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”.

Para complementar los dichos de Vargas, se difunde también la sentencia que él mismo da a conocer a través de la página demandaalhonor.com, con subrayados hechos por parte de su defensa. Pero además se reproduce la sentencia íntegra, que será apelada.


Además, se republica el prólogo del libro, escrito por Aristegui, quien previamente ha sido respaldada por la editorial Random House, en la intención de Vargas de desaparecer este texto.



Sentencia sin subrayados (o ir a la sentencia con subrayados de la defensa de Vargas):

SENTENCIA 455_2016 by Aristegui Noticias on Scribd


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0711/mexico/quien-miente-aqui/

viernes, 21 de octubre de 2016

Artículo 19 documenta tres casos que desnudan la violencia contra la prensa en el Estado de México

En su más reciente reporte sobre violencia contra periodistas en el Estado de México, la organización Artículo 19 denuncia la creciente criminalización del ejercicio periodístico por parte de funcionarios públicos y policías de esa entidad. La organización documentó siete casos de agresión sólo en septiembre e incluyó el relato de tres de ellos que se reproducen a continuación.

La organización Artículo 19 denunció siete agresiones contra la prensa del Estado de México ocurridas en septiembre. Con esa cifra el total de agresiones contra la prensa en esa entidad llegó a los 16 casos en lo que va del año.

A dos meses de que termine el año, el número implica ya dos casos más que la cifra total reportada el año pasado, cuando se registraron 14 incidencias de este tipo.

En un informe publicado este miércoles 19 de octubre, la organización de defensa de la libertad de expresión consideró indignante y preocupante el nivel de violencia hacia la prensa en el estado de México y exigió que se garantice el derecho a informar y a recibir información por parte del gobierno de esa entidad.

La organización consideró indispensable que la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión [FEADLE], de la Procuraduría General de la República (PGR), investigue a plenitud los hechos relatados en el reporte y castigue a los responsables.

“Es necesario hacer notar que en los distintos incidentes relatados en esta alerta se presenta una constante criminalización del ejercicio periodístico a través de las prácticas de funcionarios y policías. En este sentido, consideramos urgente reforzar los programas de capacitación y sensibilización dentro de las corporaciones de seguridad municipales y estatales hacia la labor de reporteros y fotorreporteros”.
El reporte relata tres casos que evidencian la creciente violencia en el estado:

DESPIDO INJUSTIFICADO


El primero es el del periodista Augusto López Velasco, fundador de Prensa Universitaria de Universitarios Activistas del Edomex, quien fue despedido por la Universidad Autónoma del Estado de México [UAEM] el 2 de septiembre.

El cese sería una represalia contra el periodista por las denuncias de abusos de autoridades universitarias que ventiló en su página en internet.

A principios de este año, López Velasco comenzó a investigar irregularidades en la Prepa 3, a cargo de María de los Ángeles Manzur Quiroga, hermana del actual Secretario de Gobierno del estado, José Manzur Quiroga. Las denuncias contra la responsable de la escuela estaban relacionadas con desvío de recursos y abusos de autoridad.

La investigación del periodista derivó en una manifestación estudiantil frente a la Rectoría de la UAEM el 15 de agosto, en la que alumnos y padres de familia pidieron la destitución de la directora Manzur Quiroga.

Durante la movilización, reporteros locales entrevistaron a López Velasco, quien se encontraba él mismo documentando lo que ocurriría.
“Al día siguiente en los medios locales no apareció nada de lo que dije y lo que sacaron fue tergiversado, pues afirmaban que yo era un trabajador faltista y que estaba organizando y alebrestando a los estudiantes”, dijo el activista a Articulo 19.

Once días después, el 26 de agosto, López Velasco se reunió con el abogado general de la UAEM, quien le notificó que su contrato sería rescindido por faltar a su trabajo el 15 de agosto, el día de la movilización. El periodista dijo que hbaí recibido autorización para ausentarse ese día.

De acuerdo con el reporte, luego del encuentro con el abogado, el periodista recibió una llamada en la que lo amenazaron: “Vete sin hacer pendejadas porque te tenemos ubicado”.

López Velasco presentó una denuncia ante las autoridades y difundió lo ocurrido a través de las redes sociales. El abogado de la UNAM se comunicó con él para deslindarse de la amenaza y se ofreció a acompañarlo ante la Procuraduría de justicia del estado para apoyarlo en la diligencia judicial. Sin embargo, le comunicó que el despido se haría efectivo.
“Esto evidentemente se deriva de mis publicaciones contra los Manzur y por los antecedentes que tiene me da miedo que pudiera escalar”, dijo el activista.
DETENCIONES ARBITRARIAS


El 22 de septiembre fueron detenidos arbitrariamente en el municipio de Jaltenco Sergio Valadez Escalante, director del periódico México Libre y dos reporteros del mismo medio: Felipe García Jiménez y Adrián Villar. Los responsables de la detención fueron agentes de tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) y de la Fuerza de Acción y Reacción (FAR).

El reportero García Jiménez había sido detenido por las agentes de la CESC Janeth Edith Vázquez Salazar y Remedios Elizabeth Mendoza, en un retén de esa corporación. Al enterarse, su jefe, el director del diario Valadez Escalante se trasladó al lugar.

“(Adrián Villar y yo) fuimos a dar una vuelta cuando supimos lo de Felipe (García Jiménez). Cuando llegamos preguntamos el por qué de la detención y le pedí una entrevista a la oficial Mendoza”, dijo el director del diario.

En respuesta, la oficial ordenó que agentes de la FAR detuvieran al director y al otro reportero que lo acompañaba.

A Valadez Escalante lo subieron a la patrulla 07880. A Villar lo subieron a otra unidad, de acuerdo con el reporte.

“En ningún momento nos dijeron la razón de la detención, lo único que nos dijeron los policías que nos trasladaban era que ya nos habíamos chingado por tomarle fotos a sus compañeros”, agregó el director del diario.

El reportero García Jiménez, el primero que fue arrestado, fue liberado después de tres horas detenido. Le entregaron una infracción y fue a recuperar su coche al corralón.

El director del diario y el otro reportero fueron llevados al Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli. Las oficiales que los detuvieron [Edith Vázquez Salazar y Remedios Elizabeth Mendoza] no atinaban a explicar los delitos que les imputaban.

Los detenidos pasaron la noche en las galeras. Finalmente a las nueve de la mañana del día siguiente un oficial les informó que había sido acusados de “resistencia a la policía y simulación de vehículo oficial”.

Finalmente, a las cinco de la tarde de ese día, 22 horas después de haber sido arrestados, ambos periodistas fueron puestos en libertad.

FOTORREPORTEROS AGREDIDOS

El tercer caso mencionado en el reporte de Artículo 19 es el del reportero de Grupo Radio Centro Óscar Lara, quien fue golpeado por policías municipales de Nezahualcóyotl el 25 de septiembre mientras cubría un accidente de tránsito.

A las 11:00 horas de ese día el reportero acudió a cubrir una asignación en la autopista Peñón Texcoco y Periférico Oriente.
Lara estacionó su motocicleta entre dos patrullas municipales que se encontraban en el lugar. Cuando realizaba su trabajo, dos oficiales se le acercaron y le dijeron que retirara su vehículo o de lo contrario, “la aventarían por allá”.

Un oficial tomó la motocicleta y la movió hacia el otro lado de la vía. Lara grabó con su celular el momento, lo que provocó que otros uniformados le arrebataron su teléfono y otras pertenencias.

Entre dos policías, lo subieron a la patrulla T73 y le dieron puñetazos en el torso, cabeza y brazos.

Después de 10 minutos, un mando policial llegó y los oficiales liberaron a Lara.

El periodista mencionó en entrevista con Articulo 19 que las agresiones que sufrió por parte de los agentes evidencian “la falta de preparación por parte de los policías”, quienes “no tienen ni la más mínima idea de protocolos de actuación” y demuestran “su falta de conocimiento ante un evento así”.
“Como reportero, no había visto antes una situación así. Siempre respeto y no violo ningún protocolo, como el acordonamiento del lugar”, agregó.

Dos días después, el 27 de septiembre, los fotorreporteros del Diario Pásala, Iván Montaño y Omar Quezada, fueron agredidos por policías municipales de Ecatepec mientras cubrían una asignación de nota roja.

Al llegar al lugar, donde un hombre había muerto en un accidente dentro de su domicilio, los reporteros se encontraron con ocho policías y dos patrullas municipales.

De acuerdo con Articulo 19, mientras Montaño estacionaba su motocicleta un oficial le dijo que se retirara. El fotorreportero ignoró el llamado y decidió a esperar mientras llegaba el Servicio Médico Forense y la familia del fallecido se retiraba del sitio.

Aproximadamente una hora y media después, tomó fotografías y un oficial lo jaló del brazo y le advirtió que si lo hacía de nuevo lo llevaría detenido.
“Le pregunté por qué y él me dijo que estaba prohibido. Se acercan otros dos policías que me dicen que los periodistas éramos necios por llegar a los lugares de los hechos a molestar. Los ignoro e intenté seguir tomando fotos. Mientras Omar trataba de calmar la situación, dos policías se acercan para jalonearme y tratar de dañar la cámara con manotazos al lente. Yo los evado como puedo”, relató Montaño.

Una vez que los policías dejaron de agredir a los fotoperiodistas, exigieron que se identificaran. Ellos se negaron por desconfianza. Entonces uno de los agentes los grabó para intimidarlos. Montaño y Quezada no pudieron seguir con su trabajo, cuando se retiraron, los municipales les gritaron: “Si los volvemos a ver, los vamos a levantar”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-10-2016/3106277

lunes, 10 de octubre de 2016

Demandará Morena al WSJ ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO: El vocero de Morena, César Yáñez, precisó que esta mañana presentarán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la demanda contra el diario The Wall Street Journal (WSJ) por daño moral.

Se peleará esa demanda, porque la nota del diario estadunidense fue una infamia contra la honestidad del líder del partido, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.

Yáñez destacó que no hay un monto de dinero específico de la reclamación, sin embargo, recalcó, esos recursos “no serán ni vendrán a los bolsillos de Andrés Manuel o de la familia, sino destinados para los hijos de los migrantes”.

Añadió: “El día de hoy en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, serán los tribunales mexicanos que darán cuenta de esta denuncia por daño moral, la vamos a pelear. Este es un caso en donde creemos que bien vale la pena poner un límite, poner un hasta aquí, y será la autoridad la que determine.

“Nosotros aportaremos los elementos que comprueban que los departamentos de Andrés Manuel fueron donados desde 2005 y no se incurre en ninguna responsabilidad, o no es responsabilidad de Andrés Manuel el que aparezcan o no en el Registro Público de la Propiedad”.

Además, el vocero de Morena informó que Julio Scherer Ibarra los representará en esta demanda por daño moral contra el tabasqueño.

El pasado 28 de septiembre, el diario WSJ difundió una nota donde señaló que el excandidato presidencial omitió dos departamentos en su declaración 3de3 que presentó en agosto pasado.

Con el título: “López Obrador omitió activos en su declaración”, el diario estadunidense destacó que el líder de izquierda, “uno de los principales aspirantes a la presidencia de México en 2018”, se sumó recientemente “a un número creciente de políticos mexicanos que presentan una declaración completa de sus bienes, una consecuencia de la presión pública generada por una serie de escándalos de conflicto de intereses que han marcado a la administración del presidente Enrique Peña Nieto”.

Añadió: “La presentación de López Obrador fue el equivalente de una declaración de la pobreza: dijo que no tenía una cuenta corriente o tarjeta de crédito, y que ganaba solamente US$32.000 al año como jefe de su propio partido político, el Movimiento Regeneración Nacional, o Morena. También afirmó que no tenía otras propiedades o automóviles”.

Pero de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, sostuvo, el excandidato presidencial omitió dos apartamentos en la Ciudad de México adquiridos mientras fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Los documentos vistos por The Wall Street Journal “muestran que López Obrador compró los dos apartamentos adyacentes de 76 metros cuadrados cada uno en el vecindario de Coyoacán en 2002, y por los que pagó alrededor de US$109.000 en 2002”, reveló el rotativo.

El texto cita a Max Kaiser, experto en la lucha contra la corrupción del Instituto Mexicano por la Competitividad, quien afirmó que “es una ofensa a la transparencia y la honestidad. Tenía la obligación de declarar los apartamentos en su declaración (…) La gente espera que sea coherente con su retórica”.

Ese mismo día, César Yáñez lamentó lo publicado por WSJ y subrayó que, efectivamente, el político compró los dos apartamentos, pero los donó a sus dos hijos mayores. El problema –apuntó– es que hay un juicio testamentario y por eso su nombre sigue apareciendo en el Registro Público de la Propiedad.

“Yo creo que no hay nota, no le busquen, (López Obrador) es el hombre más transparente, es el hombre más auscultado, es el hombre al que le han querido colgar todos los santos, todos los daños”, puntualizó Yáñez.

“No hay nada que ocultar y es juicio testamentario”, resaltó el vocero de Morena, luego de explicar que el papeleo se ha retrasado debido a que la primera esposa de López Obrador, la madre de sus hijos mayores, no dejó testamento cuando falleció en 2003.

Además dijo que explicó a detalle al corresponsal del diario estadunidense que el tabasqueño tenía 50% de derecho a una herencia, la heredó y posteriormente cedió los derechos, lo cual forma parte de un juicio, no sólo de ese departamento, sino de otras propiedades que quedaron para sus hijos.


“Le expliqué, me dijo: ‘es que no aparecen en el Registro Público de la Propiedad y para mí lo que cuenta es que aparecen en el Registro Público, y a mí los abogados me dicen’. Le dije: allá lo que te digan los abogados, pero la verdad, no hay nada que ocultar y es juicio testamentario”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458131/demandara-morena-al-wsj-ante-tribunal-superior-justicia-la-cdmx

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Arrestan a activista en la alcaldía de Toronto, Canadá que protestaba en contra del gobierno mexicano

Toronto, Canadá.- Andrómeda Díaz es una activista de los derechos humanos muy conocida en la comunidad hispana de Toronto. Su amor por el arte y su rechazo frontal a los asesinatos en su natal México la definen perfectamente. El domingo pasado, sin embargo, probó los límites del derecho a protestar en este su nuevo país. El saldo: cargos por asalto, resistencia al arresto y prohibición de pisar las instalaciones de la Alcaldía de Toronto durante un año.

Todo era diversión y alegría. En el escenario, el cantautor Jaime Elizondo deleitaba a la audiencia con música ranchera, y justo cantaba la canción “Mátalas”, de Vicente Fernández, cuando se escuchó la conmoción que venía desde la azotea del edificio de la municipalidad.

Abajo, en la tarima del Nathan Phillips Square, Elizondo cantaba: “Mátalas, Con una sobredosis de ternura, Asfíxialas, con besos y dulzuras, Contágialas, de todas tus locuras”, mientras arriba, en la terraza, Andrómeda Díaz, una mexicana que había llegado al lugar para exigir justicia por las desapariciones y asesinatos que están ocurriendo en su país de origen, pedía auxilio.

Fueron momentos de tensión, de forcejeos y de emociones exaltadas. Sin embargo, la música que amenizaba la celebración del Día de la Independencia de México, con el apoyo del Consulado de México en Toronto, en ningún momento se detuvo.

“Yo vine al City Hall para protestar, para pedir justicia, paz y alto a la impunidad, ya es demasiado abuso”, dijo Andrómeda Díaz

Andrómeda y un grupo de amigos llegaron a la azotea de la municipalidad a las tres de la tarde para realizar una presentación de danza azteca durante la iza de la Whipala, la bandera multicolor de los grupos originarios de América del Sur.

Luego de la ceremonia andina, se dirigieron a la zona frente al escenario donde se celebraba la intendencia de México y colgaron desde la azotea una pancarta donde denunciaban la impunidad que se vive en México y exigían al gobierno que aplicara justicia. Hasta ahí todo bien, acciones similares las habían hecho años anteriores y no había habido ningún problema.

Sin embargo, a los pocos minutos llegaron dos agentes de seguridad de la alcaldía y empezaron a remover la pancarta. Andrómeda se acercó a ellas y les pidió que le dieran la pancarta, que era de ella y que se la iba a llevar. Y lo que comenzó como una pequeña discusión sobre la propiedad de la pancarta y el derecho a protestar en lugares públicos, comenzó a escalar cuando las agentes de seguridad dejaron caer la pancarta desde el segundo piso y Andrómeda reclamó por ese hecho.

Las tensiones subieron y en un momento dado una de las agentes de seguridad tomó por el brazo a Andrómeda, ella trató de soltarse y la cosa empeoró. Ahora eran las dos agentes las que habían tomado por los brazos a la activista mexicana y trataban de forzarla para colocarle las esposas.

Los amigos de Andrómeda se acercaron al tumulto tratando de interceder para que la dejaran libre, sin embargo, el enfrentamiento verbal y el forcejeo entre las agentes y la capturada aumentaba en lugar de disminuir. Llegó un tercer guardia de seguridad, le lograron colocar las esposas, una de las guardias le leyó sus derechos y la introdujeron al edificio municipal.

Minutos después llegó la policía y comenzó el interrogatorio lejos de la vista de activistas, medios de comunicación y amigos de Andrómeda. En un momento, un oficial salió a hablar con el grupo, todo mundo pedía calma y los oficiales trataban de explicar cuáles eran los límites de una protesta.

“Este es un lugar público, podemos protestar libremente”, le reclamó uno del grupo. “Si, pero tienen que solicitar permiso con anticipación”, le contestó el oficial. Luego, dijo que lo más probable era que a Andrómeda la iban a dejar ir libre, pero probablemente recibiría cargos.

Más de una hora había pasado ya desde el momento en que comenzó el tumulto, cuando dos oficiales de la policía salieron del edificio y dijeron que la activista había sido puesta en libertad pero que había salido por la puerta lateral del edificio. Sus amigos fueron a su encuentro, a preguntarle cómo estaba y qué había sucedido.

“Me pusieron cargos de asalto, que me resistí al arresto y no puedo venir a City Hall por un año. Tengo que ir a Corte en Noviembre”, dijo Andrómeda.

A la pregunta de si valió la pena la acción, dijo que esperaba que sí valiera la pena, porque “en México hay demasiada violencia, demasiada impunidad, siete mujeres mueren diariamente y el gobierno no hace nada. Eso lo dio a conocer la ONU hace diez años, antes eran seis mujeres ahora ya son siete diarias y el número va aumentando. Todas estas nuevas reformas del gobierno que tenemos está entregando el país a la venta, a la destrucción, a la minería, así como en otros países del sur ya ha destruido y ha dejado ya sus tierras muertas, pues ahora van a hacer lo mismo con México, nos van a entubar el ‘fracking’ y todo eso que lo que está ocasionando es que maten campesinos a los que les quitan sus tierras, a los que los corren”.

“Tenemos un narco gobierno, es un gobierno coludido con el narcotráfico y juntos están matando al pueblo de México, lo tienen en pobreza y en un sistema de terror y sin educación, que eso es lo que les permite seguir con esto. Son ochenta años con el mismo gobierno, es una dictadura que está acabando con el bienestar del pueblo de México que es inmensamente rico en su tierra, pero su gente está muy pobre”, dijo, mientras al fondo continuaban sonando las rancheras de Vicente Fernández, esta vez a cargo de mariachis.





Fuente: Revista Debate
Autor: Óscar Vigil
http://www.revistadebate.net/arrestan-en-la-alcaldia-de-toronto-a-activista-que-protestaba-contra-el-gobierno-de-mexico/

lunes, 19 de septiembre de 2016

Dos periodistas asesinados en México en la reciente semana

Aurelio Cabrera Campos,  reportero y director de El Gráfico, periódico de la Sierra Norte de Puebla y Agustín Pavia Pavia, maestro, abogado y segundo locutor de la radio comunitaria Tu Un Ñuu Savi en Huajuapan de León, fueron asesinados la semana que termina en México.

El martes 13 de septiembre, fue asesinado Agustín Pavía Pavía, en Huajuapan de León, Oaxaca. Agustín era maestro, abogado y el segundo locutor de la radio comunitaria Tu Un Ñuu Savi, muerto en un lapso no mayor a 79 días informó Article 19.

Sujetos desconocidos llegaron a su domicilio la noche del martes y le dispararon con arma de fuego en varias ocasiones, hasta dejarlo sin vida, informaron sus familiares.

Amigos de Agustín informaron a la organización no gubernamental que protege a periodistas,

que además de las labores que realizaba como maestro, abogado y locutor de la radio comunitaria en el programa de análisis político “Forum”, Pavía era presidente del Comité de Padres de Familia de una escuela primaria de la zona.

Amigos y familiares manifestaron su temor ante los hechos, debido a que consideran que “fue un acto premeditado”, mismo que puede tener relación con “la lucha por los derechos humanos que llevaba a cabo, así como con la radio comunitaria en la que participaba, en particular con su programa de crítica hacia la política pública del gobierno estatal y municipal”. 

Hace poco más de dos meses, también fue asesinado Salvador Olmos, de la citada radio comunitaria. Su abogada comenta a Article 19, que al igual que Salvador, Pavía estuvo cubriendo los acontecimientos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio, además de estar muy vinculado a la defensa de los pueblos contra la minería.

Aurelio Cabrera Campos reportero y director de El Gráfico, periódico de la Sierra Norte de Puebla, falleció la madrugada del jueves 15 en un hospital de Huauchinango, Puebla,  después de ser atacado por sujetos desconocidos con armas de fuego. La Fiscalía General del estado informó que el atentado se dio mientras él circulaba a bordo de su camioneta sobre la carretera México-Tuxpan, alrededor de las 23:00 horas del día 14 de septiembre.

Una fuente cercana a Cabrera Campos, que pide no ser nombrada, cuenta que el periodista trabajaba como reportero de nota roja para un semanario cuando hace poco más de un año fundó El Gráfico, para cubrir principalmente la violencia en la zona norte del estado. Cabrera Campos trabajaba principalmente con fuentes oficiales.

La fuente añadió que el día de ayer un grupo de amigos y colegas de el periodista se reunieron en la Catedral de Puebla para exigir justicia a la Fiscalía General de Puebla, la cual informó que en la carpeta de investigación 751/2016 pidieron la colaboración del fiscal especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera Herrera.


La Red Puebla de Periodistas da a conocer dos versiones respecto al asesinato de Aurelio Cabrera cuando transitaba por la carretera México-Tuxpan, de Xicotepec a Huauchinango. Claudia Martínez de la Casa del Periodistas indica que ya había sufrido amenazas aparentemente por su cobertura de los secuestros en la zona. Otra versión indica que posiblemente fue por conflictos con otro medio llamado la Voz de la Sierra. Desconocen cual es la línea de investigación de la Fiscalía, pero exigen la investigación a profundidad del caso. La zona donde balearon a Aurelio es colindante con el estado de Veracruz.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/dos-periodistas-asesinados-en-mexico-en-la-reciente-semana/

lunes, 12 de septiembre de 2016

“En México se usan las demandas para callar a los periodistas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una serie de demandas contra periodistas y la controvertida decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre indemnizaciones –sin un tope— por difamación, están teniendo un efecto impactante en el periodismo investigativo y crítico, advierte el rotativo estadunidense The New York Times.

En su editorial, el diario explica que la recién aprobada ley anticorrupción, que obliga a los funcionarios a ser más transparentes en cuanto a sus finanzas, ayudará a acabar con “la cultura del amiguismo y con los sobornos” en México, pero eso dependerá en gran medida de que tanto los periodistas puedan investigar e informar sobre la clase gobernante.

Considera que los legisladores mexicanos podrían aprobar una ley para hacer más difícil que los funcionarios y otras figuras públicas demanden por difamación: “El presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido objetivo de acusaciones por sobornos de los que su familia se benefició para obtener propiedades inmobiliarias, sería atinado al apoyar una ley como esa. Sería una buena manera de recuperar la confianza de un electorado al que le ha dado razones suficientes para cuestionar su integridad y su juicio”.

Y pone como ejemplo a la periodista Carmen Aristegui, y la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, “la historia más importante sobre la supuesta deshonestidad de Peña Nieto”, y quien ha sido demandada recientemente.

“Tanto Aristegui como su equipo de periodistas documentaron de manera meticulosa el acuerdo bajo el que una compañía de construcción —que había obtenido contratos del gobierno muy lucrativos— hizo una mansión para la esposa del presidente, Angélica Rivera”.
MVS, señala el periódico, la empresa de medios en la que trabajaban, y que dependía en gran parte de la publicidad de gobierno, se negó a difundir la historia, según Aristegui. Los periodistas la publicaron en la página web de Aristegui y, el año pasado, editaron un libro con la crónica de la investigación y sus consecuencias.

“En julio, Joaquín Vargas, propietario de MVS, demandó a Aristegui por ‘daño moral’. Esa es una de las diez demandas que se presentaron en contra de periodistas documentadas por la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Y cita las palabras de Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la OEA: “Esto ha encendido las alarmas”, “Parece que algunos funcionarios se están beneficiando”.

En otro caso, menciona al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, que en julio presentó querellas en contra de dos periodistas por artículos que hacían referencia a acusaciones por corrupción que lo han perseguido desde hace tiempo. “Uno de los periodistas afectados, Sergio Aguayo, ha mencionado que sospecha que la demanda en su contra fue presentada para detenerlo en su investigación sobre una matanza en Coahuila que sucedió en 2011. El exgobernador lo está demandando por 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares)”.

Peña Nieto, sigue el diario, quien a la fecha no ha explicado con claridad los acuerdos que ha hecho con las constructoras, se disculpó en julio, sin embargo, esa disculpa “sería más creíble si el presidente encabezara un esfuerzo por evitar que las personas con poder se aprovecharan de los recursos legales para intimidar a la prensa”, concluye The New York Times.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454662/en-mexico-se-usan-las-demandas-callar-a-los-periodistas-advierte-the-new-york-times

domingo, 21 de agosto de 2016

Fui atacado desde Los Pinos: Álvarez Icaza

Más que los derechos humanos, al presidente Enrique Peña Nieto le preocupa la imagen del país en el extranjero; de ahí su temor a comparecer ante la Corte Penal Internacional, sostiene Emilio Álvarez Icaza, que el lunes 15 dejó el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En entrevista conProceso, habla del viraje de la administración peñanietista en ese rubro, de los enfrentamientos que tuvo por los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, e insiste en que no lo van a callar.

WASHINGTON (Proceso).- La crisis de derechos humanos en México es tan grave que a Enrique Peña Nieto le preocupa que su gobierno sea sentado en el banquillo de los acusados ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta es la apreciación de Emilio Álvarez Icaza, quien el lunes 15 dejó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en esta ciudad.

A esa preocupación se deben las agresiones y descalificaciones del gobierno peñanietista a la CIDH, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a las organizaciones internacionales y nacionales que abogan por las víctimas, comenta a Proceso.

Y añade: “No es que le preocupe el tipo de delitos (de derechos humanos), sino la calificación de la violación que pudiera acercar a que la CPI abra un caso sobre México”.

Álvarez Icaza entregó el cargo al brasileño Paulo Abrao después de cuatro años. Ahora se muestra relajado y detalla al corresponsal los ataques que recibió desde Los Pinos por exigir justicia para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en particular de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

El “conflicto” estalló en febrero de 2015, rememora, cuando Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, denunció que en México la tortura era una práctica generalizada y sistemática.

“La preocupación del gobierno es la calificación de violaciones graves y sistemáticas que puedan llevar a México a la CPI”, insiste Álvarez Icaza durante la entrevista realizada en la oficina de este semanario en Washington.

“La CPI asume un caso cuando se califica que en el país hay violaciones graves y sistemáticas; Juan Méndez emplea esos términos y luego otros los retoman, reproducen y los comparten”, subraya el entrevistado.





Fuente: Proceso
Autor: J. Jesús Esquivel
http://www.proceso.com.mx/451762/fui-atacado-los-pinos-alvarez-icaza

sábado, 20 de agosto de 2016

CDHDF documenta violaciones al derecho de manifestación y el ejercicio periodístico

El organismo exhortó a las delegaciones y secretarías capitalinas a regular y ordenar el comercio informal en la vía pública.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 11/2016 en la que exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a indemnizar a personas cuya libertad personal e integridad personal fueron vulneradas durante protestas ocurridas entre agosto y octubre de 2013.

Durante cuatro protestas sucedidas en ese lapso se documentaron violaciones a la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, la libertad personal, al debido proceso y al libre ejercicio periodístico, informó este viernes la comisión.

“Se ha podido identificar el mismo patrón en la actuación de las autoridades; el cual consiste en realizar encapsulamientos, detenciones ilegales o arbitrarias, uso indebido y desproporcionado de la fuerza, incluso se han documentado casos de tortura”, dijo Perla Gómez Gallardo, titular de la Comisión.

De acuerdo con el organismo, durante las protestas realizadas el 1 de septiembre con motivo del primer informe de gobierno de Peña Nieto, los cuerpos de seguridad hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes e impidieron la actividad de fotoperiodistas y ciudadanos que pretendían exhibir públicamente la forma en que se reprimía.

La CDHDF recordó que ha exhortado en cuatro ocasiones al congreso local para que derogue los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad debido a que violentan el derecho a la libertad de manifestación y criminalizan su ejercicio.

“No obstante, la ilegalidad e ilegitimidad de dichos tipos penales, subsisten, aunque no contribuyen a la creación de una sociedad democrática, al restringir el derecho a la libertad de expresión“, aseguró Gómez Gallardo.

La Recomendación 11/2016 -explicó la presidente de la CDHDF- es el resultado de la investigación de dos expedientes de queja que corresponden a los actos de manifestación y protesta realizados el 31 de agosto (contra la Reforma energética), 1° de septiembre (con motivo del primer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto) y 3 de septiembre de 2013 (con motivo de las detenciones realizadas el 1° de septiembre); así como la detención de una persona agraviada en relación con hechos ocurridos después de la manifestación del 2 de octubre de 2013 en la Agencia 50 de la PGJDF. En dichos expedientes se documentaron violaciones a la libertad de expresión en el ejercicio de la manifestación pública y el libre ejercicio periodístico, así como al derecho a defender los derechos humanos, al derecho a la libertad personal, a la integridad personal y al debido proceso.

Recomienda CDHDF a gobierno y delegaciones ordenar a ambulantes

Asimismo, la comisión emitió la recomendación 10/2016 a las autoridades delegacionales y a las secretarías de Gobierno, de Desarrollo Económico y de Seguridad Pública por omisión en el ordenamiento, supervisión y aplicación de la normatividad en el desarrollo del comercio informal en el espacio público de la Ciudad de México, argumentando que impacta a la calidad de vida de las personas que habitan y transitan en las zonas donde se ejerce.


“Es importante recalcar que este organismo no pretende descalificar ni mucho menos, criminalizar la actividad comercial descrita en la recomendación, sino que la misma sea debidamente regulada y ordenada, y que en los espacios públicos en que se realice, las autoridades mitiguen los impactos que se generan a las personas que habitan y transitan por ellos”, indicó Gómez Gallardo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1908/mexico/cdhdf-documenta-violaciones-al-derecho-de-manifestacion-y-el-ejercicio-periodistico/