Más de 200 agresiones contra medios y periodistas en el primer semestre del 2016: Artículo XIX

Ser periodista en México es vivir en un contexto de riesgo y agresiones por parte de autoridades, empresas y otros grupos de poder que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información, advierte el segundo informe trimestral de la organización internacional Artículo XIX. “En el primer semestre del año se documentaron 218 agresiones contra medios y periodistas, entre ellas 8 asesinatos, de los cuales 2 fueron ejecuciones extrajudiciales”, indica la organización.

Las agresiones más recurrentes documentadas por la Oficina para México y Centroamérica son: físicas/materiales, intimidaciones, amenazas, privaciones de la libertad y ataques directos a medios de comunicación.

En el primer semestre de este año el acoso judicial contra periodistas ha sido común con quienes realizan investigaciones periodísticas que visibilizan la corrupción, abusos de poder y negligencia por parte de las autoridades, tal es el caso de las periodistas Carmen Aristegui y Sanjuana Martínez, como documentó en su momento la organización que acompaña ambos casos.

Recientemente, Carmen Aristegui denunció públicamente la existencia de diversas demandas judiciales en su contra por parte de la empresa MVS por daño moral, luego de que la periodista escribiera el prólogo del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”, investigación que a decir de la periodista “trastocó por su contenido y alcance, las entrañas de un gobierno y forma de una larga lista de factores que han provocado la caída, en picada, de la imagen y confianza en la figura presidencial”. Dicha investigación derivó en el despido de ella y de su equipo en marzo de 2015.

Según la demanda interpuesta se pide a la periodista y a la editorial del libro una indemnización que el juez “deberá fijar, atendiendo al menoscabo en la dignidad, honor, imagen y vida pública y privada del actor; eliminar el prólogo que es exclusiva creación de la demandada contenido en el libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto en las siguientes ediciones o reimpresiones que se hagan de dicho libro, así como prohibir la divulgación de dicho prólogo en cualquier medio ya sea electrónico, radiofónico, televisivo, conferencia pública, etc.”.

En el caso de Sanjuana Martínez, la periodista hizo públicas las amenazas e imágenes de intimidación que le fueron enviadas vía twitter el pasado 8 de agosto, mensaje en el que con una imagen de balas se le escribe: “Sra @SanjuanaMtz la gente está muy molesta por la cuestión de la Srita. Lagunes (en referencia a Alejandra Lagunes,Coordinadora Nacional de Estrategia Digital de la Presidencia de la Repúblia) y se le solicita mesura por favor.

Cabe recordar que en abril de 2016 Sanjuana Martínez fue condenada a pagar una indemnización al político perredista Jesús Ortega Martínez por “daño moral” debido a las investigaciones que la periodista realizó en 2013 sobre trata de mujeres que involucraban al señor Ortega Martínez. Luego de ello, la organización Artículo XIX recibió la orden del Juez Octavo de Distrito en materia Civil y del Quinto Tribunal de Circuito para llamar a declarar a abogados de dicha organización, involucrados en el juicio presentado por Jesús Ortega Martínez contra la periodista Sanjuana Martínez Montemayor.

Es necesario mencionar que el requerimiento para comparecer fue dirigido solamente a la Directora Regional de ARTICLE 19, Ana Cristina Ruelas Serna, y al Oficial del Programa de Protección y Defensa, Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

Dicha intimidación contra la periodista y la organización que la acompaña jurídicamente, visibiliza la censura y vulnera el derechos a la libertad de expresión y el derecho a la información que quienes ejercen el periodismo y la sociedad tendrían que ejercer libremente.


Para artículo XIX dicha acción es un “intento de intimidación a la labor de defensa jurídica que realiza la organización en apoyo a periodistas” y se suma a las 218 agresiones documentadas por la organización internacional, las cuales son más comunes en la Ciudad de México y en estados como Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla.

FUENTE: DESINFORMEMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/mas-de-200-agresiones-contra-medios-y-periodistas-en-el-primer-semestre-del-2016-articulo-xix/

Informe de Artículo 19 alerta: Un periodista ha sido asesinado cada 26 días durante el sexenio de EPN

La organización Artículo 19 presenta su segundo informe trimestral y desnuda una vez más la realidad de la prensa mexicana, en un país que se ha convertido en uno de los más letales para ejercer el periodismo, y donde, en promedio, un periodista asesinado cada 26 días. El documento alerta sobre los agresores, en su mayoría servidores públicos, las amenazas, las agresiones durante las protestas y las ejecuciones extrajudiciales a dos comunicadores de Oaxaca. Además, plantea, sin una voluntad política para detener la violencia y sólo con la encomienda de mantener una buena imagen en la opinión pública, los políticos y el Gobierno mexicano no se preocupan por hacer justicia y con ello detener la impunidad en los crímenes contra la prensa.

En México es asesinado un periodista cada 26 días, por lo que durante el segundo trimestre de 2016 las agresiones se incrementaron en 115 por ciento respecto a enero-marzo de este año, establece el Segundo Informe Trimestral sobre agresiones a la prensa de la organización Artículo 19.

En lo que va del año han asesinado a ocho periodistas, dos de ellos fueron ejecuciones extrajudiciales. Además, durante el primer semestre se documentaron 218 agresiones contra la prensa, de las cuales 149 se dieron entre abril y junio; esos ataques han quedado en total impunidad, advierte.

“La impunidad que penetra a México, particularmente en lo que respecta a las agresiones contra la libertad de expresión, convierte al país en uno de los más letales para la prensa. Un aumento de tal magnitud en el número de agresiones sólo se explica por la falta de una política de protección y de acceso a la justicia efectiva, así como a la carente rendición de cuentas del Estado respecto a los responsables de estas agresiones”, dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.

De acuerdo con la organización la libertad de prensa en México sufre “paulatinos y constantes retrocesos que transgreden los derechos a la información y a la libertad de expresión. Las agresiones contra la libertad de expresión son cada vez violentas y derivan en situaciones donde se requieren más instrumentos para la defensa”.

Por entidad, la Ciudad de México –que gobierna Miguel Ángel Mancera Espinosa– es el primer lugar de agresiones contra la prensa con 31 casos. Le siguen Veracruz, con 28; Oaxaca, con 27; Guerrero, con 17; y Puebla, con 15 .El informe detalla que en lo que va del presente año los asesinatos a periodistas superaron ya a cualquier otro periodo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Incluso, explica, los 24 homicidios de la administración priista supera los ocurridos durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada, donde fueron asesinados 22 reporteros.

El número de homicidios a periodistas, dice la organización,  ya superó al documentado durante todo 2015 “en apenas los primeros siete meses de este año”. Artículo 19 enfatiza que el informe de este trimestre pone especial atención en la falta de respuesta por parte del Estado a las agresiones.


“La denegación sistemática de justicia, la estigmatización pública y la revictimización se expone en medida especial en el caso de Salvador Olmos, asesinado el 25 de junio por parte de la policía municipal de Huejuapan de León, Oaxaca, en contexto de las protestas magisteriales en el país”, dice el documento.



SERVIDORES PÚBLICOS AGRESORES

Contrario al discurso oficial de las autoridades, en el que afirman que la mayoría de las agresiones y violaciones a derechos humanos provienen de la delincuencia organizada, Artículo 19 documentó durante el primer semestre de este año 100 agresiones perpetradas por servidores públicos, frente a sólo siete provenientes de grupos criminales.

Por tipo de agresión son las físicas y materiales las de mayor registro durante el semestre con 46 casos. Les siguen las intimidaciones, con 37; las amenazas, con 35; las privaciones de la libertad [que incluyen a las conocidas como “encapsulamientos” o “retenciones”], con 32, y ataques a medios de comunicación, con 16.

“De esta cuenta, preocupa de manera especial a ARTICLE 19 las dos ejecuciones extrajudiciales registradas en el primer semestre del año, que vuelven a señalar al Estado mexicano como responsable de la forma más extrema de censura, los asesinatos de periodistas. Es decir, el Estado se convierte en el protagonista directo en la persecución y eliminación física de quienes pretenden ejercer su derecho a la libre comunicación de ideas e información. En este sentido, la actuación violenta de las policías municipales de Huajuapan de León y de San Andrés Huaxpaltepec, ambos municipios de Oaxaca, en los casos de Marcos Hernández y Salvador Olmos, respectivamente, obliga a las autoridades mexicanas no sólo a emprender procesos de depuración de la responsabilidad penal, sino también adoptar medidas preventivas para evitar la repetición de hechos similares, como pudiera ser la revisión de las políticas de seguridad local que se están desarrollando, la supervisión de su funcionamiento y efectividad, así como el monitoreo permanente de las capacidades y aptitudes del personal que integra los cuerpos policiales locales”, establece el informe.

La violencia contra periodistas y comunicadores aparece nuevamente focalizada en aquellas entidades federativas tradicionalmente más peligrosas para el trabajo informativo.

“Los tres asesinatos en Veracruz (Anabel Torres Salazar, Manuel Torres González y Pedro Tamayo Rosas), por su parte, ocurrieron en el habitual clima de violencia generalizada de aquel Estado, que en una dialéctica permanente de luchas y alianzas con el crimen organizado ampara un creciente número de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas con casi total impunidad. Es necesario recordar que el sistema de ‘Alerta temprana para protección de periodistas en Veracruz’, impulsado por la Segob [Secretaría de Gobernación]  y por el Gobernador [Javier] Duarte, sigue siendo un mecanismo que dista mucho de ser eficaz en la prevención y punición de ataques a periodistas”, indica.

El informe enfatiza en que la actuación “pasiva” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debido a que sólo en dos investigaciones–la de Elidio Ramos Zárate y de Anabel Torres Salazar– se manejó la línea de la libertad de expresión como móvil del asesinato.

“La FEADLE se ha mostrado absolutamente pasiva en todos ellos, desobedeciendo su mandato de prevenir, perseguir y sancionar los delitos cometidos en contra de los periodistas. Es necesario denunciar que las autoridades se muestran inoperantes a la hora de identificar y perseguir a las personas responsables, como en los asesinatos de Anabel Flores, Elidio Ramos, Manuel Torres y Francisco Pacheco. Más grave aún, en dos de estos casos las autoridades criminalizaron a las víctimas para explicar sus muertes, en términos de supuestos vínculos con redes delictivas, en el caso de Anabel Flores, o de presuntas actividades de delincuencia común, acompañada de la estigmatización por adscripción ideológica, forma de vestir y supuestos hábitos de consumo, en el caso de Salvador Olmos”, señala.

Artículo 19 alerta en su informe sobre el patrón de encubrimiento de la autoridades y la justificación de la violencia ejercida contra los periodistas, al ligarlos a “categorías sociales consideradas peligrosas”.



VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

La organización destaca la utilización del sistema judicial y administrativo para atacar a los medios de comunicación y a los periodistas, principalmente a través del retiro de la publicidad oficial, si se publica información incómoda los gobiernos y ejemplifica con el caso del diario digital A Fondo, en el Estado de México, el cual ha “sido objeto de todo tipo de presiones gubernamentales” por su cobertura sobre los feminicidios que se dan con frecuencia en la entidad.

En el primer semestre se registraron 11 casos de violencia institucional, de los cuales siete han sido dirigidos contra los medios de comunicación y cuatro contra periodistas en particular. Por tipo de medio se ha documentado que cuatro son digitales, cuatro radiofónicos y tres impresos. Los perpetradores son las instituciones públicas en 10 casos (seis federales y cinco estatales) y en uno fue particular.

“La violencia institucional tiene diversas manifestaciones específicas tales como la judicialización y su extremo, la criminalización; el acoso administrativo; y el retiro o negación arbitrarias de la pauta de publicidad oficial. Mediante todas estas variables diversos actores estatales o privados pretenden inhibir a medios y periodistas que realizan coberturas que pueden resultarles incómodas para sus intereses”, dice el informe.

Artículo 19 recuerda el caso de la periodista Sanjuana Martínez, quien enfrenta un proceso civil iniciado en su contra por Jesús Ortega Martínez, el líder de la “tribu” o expresión Nueva Izquierda (NI) o “Los Chuchos” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en donde, indica, se violó el debido proceso.

La organización recordó el caso de Gabriel Ortega, periodista del medio Por la Libre en Chihuahua capital, quien fue detenido, incomunicado y sujeto a proceso por la supuesta comisión del delito de editar información contenido en el artículo 333 del Código Penal de Chihuahua. “El delito además de ser abiertamente violatorio de la libertad de expresión per se, fue utilizado de manera arbitraria para castigar a Ortega por la publicación, el 11 de septiembre de 2015, de una nota sobre cheques del Secretario de Salud, Pedro Hernández vinculados a tráfico de influencias del gobernador César Duarte y su esposa. Poco tiempo después publicó otra nota sobre la factura de un reloj que fue presuntamente regalado por Hernández a la esposa del Gobernador. Sin embargo, Gabriel Ortega, también entonces candidato de Morena [Movimiento Regeneración Nacional] a diputado suplente por el distrito XVI local, había increpado una semana antes de su detención al candidato del PRI a la gubernatura por su papel protagónico como Presidente del Congreso local en el endeudamiento de la entidad”, dice.

El informe señala que tanto el caso de Sanjuana, como el de Gabriel Ortega, genera “serias dudas” sobre la imparcialidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Poder Judicial de Chihuahua.

“Además, es un botón de muestra del uso político de las fiscalías para imputar falsos delitos a voces disidentes. Las violaciones al debido proceso en ambos han sido tan burdas, que son pocas las probabilidades de que se deban a un simple error de los funcionarios ministeriales y judiciales”, indica.

El documento rescata lo casos de la indemnización que le impuso el Juez de Primera Instancia Civil en Campeche al consorcio Multimedios que edita el periódico La Opinión. El embargo al periódico Noroeste y la agresión a Estrella Pedroza, reportera de El Regional del Sur y corresponsal de La Silla Rota, quien fue agredida por policías del Mando Único de Cuernavaca, cuando ella los grababa con su celular  agrediendo verbal y físicamente a un taxista de la capital de Morelos.

AMENAZAS EN TODO EL PAÍS

Durante el primer semestre de 2016 la organización documentó 35 amenazas de distinta índole. Once de ellas de muerte, como el caso contra Jorge Sánchez, director del periódico La Unión de Medellín del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, e hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez Cerezo, aún y cuando es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección desde enero de 2015.

“Sin embargo, el contexto y particularidad de cada una de las amenazas reflejan la complejidad y situación de riesgo con la que conviven periodistas, reporteros y trabajadores de los medios de comunicación a lo largo de todo el país. La Ciudad de México es la entidad federativa que suma el mayor número de amenazas con siete, le sigue Guerrero con seis y posteriormente Veracruz con cinco. Es importante mencionar que estos dos últimos estados se encuentran en un contexto electoral, de protestas civiles y de asesinatos contra periodistas y personas que ejercen una labor periodística”, indica Artículo 19.

De la agresiones 11 fueron amenazas de muerte, de las cuales seis se dieron a través de las redes sociales, dificultando el rastreo de los agresores. 42 por ciento del total de las agresiones ocurrieron, presuntamente, por parte de funcionarios públicos (11) o miembros de partidos políticos (cuatro).Las  amenazas provenientes de particulares fueron 11.

“Tal es el caso de Mario Gómez, corresponsal del Heraldo de Chiapas en Yajalón, Chiapas, quien fue amenazado el día 15 de junio vía redes sociales por el chófer de los diputados del Partido Verde Ecologista de México [PVEM]. Otro caso relevante es el de José Maldonado, director del medio digital Noventa Grados de Morelia, Michoacán quien fue amenazado de muerte por elementos de la PGJ del estado”, revela.

ATAQUES A PERIODISTAS QUE CUBREN PROTESTAS

La organización documentó durante el primer semestre del año 43 agresiones contra la prensa en contextos de protesta social: 18 en Oaxaca, 10 en Tabasco, cuatro en Ciudad de México, tres en Veracruz, dos en Chiapas, dos en Michoacán, una en Yucatán,Puebla, Guanajuato y Guerrero.

“Los ataques van desde el robo de material de trabajo hasta el peligro de la integridad física y la vida; así, de las 43 agresiones, 16 fueron privación de la libertad, 15 fueron ataque físico o material, cinco intimidaciones, cuatro amenazas, dos homicidios y un acoso y hostigamiento”, dice.

Del total de agresores, 20 fueron particulares, en cuatro casos se desconoce el carácter del agresor y 19 son funcionarios públicos, autoridades de los cuales, en 10 casos los agentes perpetradores son policías locales, y nueve policías federales.

Artículo 19 concluyó que existe en México un “imparable” patrón de violencia contra la prensa, a pesar de que existen mecanismos estatales y federales para la defensa de los periodistas.

“Una vez más, los contextos de protesta se confirman como los más peligrosos contra la prensa. El actual contexto de alta conflictividad social, derivada de la respuesta del Estado ante la movilización magisterial y popular en Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas es un escenario donde se recrudece la ausencia de garantías mínimas para cubrir dichos acontecimientos de interés público”, dice y alerta sobre que “las autoridades de todos los niveles de gobierno, emprenden acciones destinadas a dar golpes mediáticos, mas no para erradicar las causas estructurales que favorecen la violencia contra periodistas”.

Los políticos, dice el informe, están preocupados por hacer un control de daños sólo ante la “opinión pública ante casos específicos que causan indignación”, pero no hacen nada por detener la violencia en contra de los periodistas.

“Article 19 exige a las autoridades correspondientes llevar a cabo investigaciones serias e imparciales, a fin de identificar y castigar a todas las personas responsables, teniendo en cuenta como hipótesis principal la labor periodística de las y los comunicadores. Es necesario, además, ofrecer una reparación adecuada a las familias por la pérdida de sus seres cercanos, asegurando la no repetición de los hechos de violencia cometidos por funcionarios públicos, y garantizando la creación de un clima de respeto hacia la labor periodística”.

La organización también exige “que el Estado mexicano brinde una protección efectiva a periodistas y comunicadores en el ejercicio de su profesión. En este sentido, urge reducir los niveles de impunidad de las agresiones a periodistas, y garantizar que los mecanismos de protección estatales y el federal, así como las comisiones locales de derechos humanos, gestionen e implementen esquemas de seguridad preventiva eficaces y acciones encaminadas a garantizar la integridad física de los periodistas y de sus familias, actuando incluso de una forma proactiva a fin de que no se repitan hechos fatales en otros comunicadores”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-08-2016/3075493

Los Moreira someten con dinero y amenazas, dicen activistas y periodistas

El que Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila, haya demandado por “daño moral” a Roxana Romero, reportera del diario Vanguardia, y después a Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, no es coincidencia, dicen comunicadores. Se trata de mandar un aviso: “Si eres crítico, te espera una represalia”. Eso dicen los activistas y periodistas coahuilenses consultados por SinEmbargo. Su intención, añaden, es acallar las voces del puñado que sigue en pie y con dignidad. Algo así decía ayer Lorenzo Meyer durante el evento en el que Carmen Aristegui anunció que fue demandada por MVS: lo que quieren los hombres del poder en México, decía el investigador, es mantener en un mundo de impunidad que los rodea de privilegios… 

Desde el reportero local, hasta el columnista nacional, con amplia trayectoria y prestigio –como Sergio Aguayo Quezada– pueden correr la misma suerte en Coahuila: una demanda por daño moral que implica citas, abogados, dinero, aunque no necesariamente cárcel, para complicarle la vida a las voces críticas contra los hermanos Moreira, una dinastía que cumple casi 11 años en el poder desde la llegada de Humberto a la Gubernatura en 2005, esto sin contar que el ex Gobernador ocupó la Alcaldía de Saltillo en 2002 y desde ahí tramó su red de complicidades, coincidieron activistas y periodistas coahuilenses.

“Es posible que esa demanda busque torpedear la posible apertura de expedientes que nos prometió a El Colegio de México el Gobierno de Coahuila, no nos han abierto los expedientes. Esa una situación peculiar; la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas] es una institución de Estado y está pidiendo a la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] , PGR [Procuraduría General de la República], Gobierno de Tamaulipas, de Coahuila. Estamos teniendo acceso a algunos expedientes. Si le puedo decir que la CNDH ha tenido gran apertura, pero hemos firmado un convenio de confidencialidad de no poder mostrar ni comentar estos documentos hasta que termine la investigación, pero sí es indispensable que nos den acceso en Coahuila, eso hablaré con el Gobernador”, dijo el propio Aguayo Quezada en entrevista a este diario digital hace unos días.

El investigador indicó en ese momento que su primera hipótesis para explicar la demanda del ex Gobernador en su contra por daño moral y por 10 millones de pesos, es que dirige una investigación sobre los 300 desaparecidos de Allende.

Como Aguayo, la reportera Roxana Romero y el diario Vanguardia enfrentan una demanda por daño moral por publicar una investigación en torno a una pensión de 37 mil 128 pesos mensuales por su labor como profesor de secundaria en el pasado. De acuerdo con el texto de la periodista Roxana Romero, publicado el 18 de febrero de este año, el también ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo de manera irregular ese pago al no cumplir con los periodos requeridos.

“Este sistema se presta para que el señor se dé por agraviado y empiece a demandar y a querer intimidar a quienes haciendo uso de su libertad de expresión lo cuestionan, escuchan y hacen que se escuche la voz y el sentir de miles de coahuilenses que se sienten desesperados por lo que pasó en Coahuila y donde la autoridad no hizo nada. Esta actitud bravucona de querer intimidar a quienes lo cuestionan no debe continuar más. El que debe rendir cuentas es él, no Sergio Aguayo, nadie más, es justamente él quien nos tiene que rendir cuentas. Él dejó hipotecado el futuro de los coahuilenses, con él hubo inseguridad, con él arrastramos una deuda que nos hace tener los impuestos más caros. Todas estas explicaciones nos las tiene que dar él, decirnos qué pasó y para eso las autoridades mexicanas tienen que colaborar y dejar de voltear a otro lado. Que no sean omisos y cómplices de lo que es evidente en Coahuila y que todos sentimos”, dijo en entrevista con SinEmbargo el Senador por el Partido Acción Nacional (PAN) de Coahuila Luis Fernando Salazar Fernández,  sobre la demanda de Moreira en contra del investigador de El Colegio de México.

ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y LOS POLÍTICOS

Fuentes consultadas por este medio digital, y que pidieron no ser citadas –por el temor a los Moreira y al crimen organizado– aseguran que la persecución a la prensa que no se alinea en la entidad, va más allá de la amenazas verbales.

Hay periodistas que han sido “levantados” por escribir el nombre de un criminal en una nota o tomar una fotografía incómoda, afirman.

De acuerdo con la organización Artículo 19 en lo que va de la administración del priista Enrique Peña Nieto se han registrado 1, 142 agresiones contra periodistas.

“El incremento en las incidencias actúa en contra del ejercicio de la libertad de expresión y expone el nivel democrático de nuestro país”, dice el reporte México: Sin prensa no hay democracia.

En ese documento la organización recoge el testimonio de una reportera de Coahuila acosada sexualmente y amenazada de muerte como consecuencia de su labor periodística.

“La periodista Gloria Ruiz García, de Ciudad Acuña, Coahuila, acosada sexualmente y amenazada de muerte, autoridades federales y estatales intentaron desechar el caso al decir que no se consumó el delito, además buscaron una conciliación con el agresor, el líder de una organización política de la entidad”, dice el informe.

El caso de la reportera de Ciudad Acuña se suma no sólo a otras agresiones sino a los casos de comunicadores que han sido asesinados, como es el de Valentín Valdés Espinosa, reportero del diario Zócalo de Saltillo, “levantado” en enero de 2010, torturado y asesinado, en cuyo cadáver se dejó un mensaje: “Esto va a pasarle a los que no entiendan, el mensaje es para todos”.

El caso de Rodolfo Ochoa Moreno, de Grupo Multimedios Laguna, asesinado en 2011 a balazos cuando fue atacado por un comando en su lugar de trabajo.

El de Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa fue quizás el caso más sangriento. El 24 de abril de 2013 su cuerpo fue encontrado desmembrado en una calle de Saltillo. Era fotorreportero de sociales del diario Vanguardia. Tenía apenas unas semanas en ese puesto. Su muerte también se la adjudicó el crimen organizado.

El cartelón que dejaron sobre el cuerpo del joven fue interpretado por las autoridades del estado como una venganza, porque eran “desertores” de una banda criminal.

“Como en todos los asesinatos, VANGUARDIA exige a las autoridades militares, federales, estatales y municipales, una investigación a fondo. De la misma, se deberá desprender si estos crímenes están vinculados con el ejercicio periodístico.Nos parece triste y alarmante que Coahuila se convierta en un Estado en el que la autoridad condene a personas asesinadas, convirtiéndolas en delincuentes, sin que para esto ofrezca el mínimo de pruebas o argumentos, como ocurrió anoche”, publicó el medio al día siguiente.

Estos crímenes, de acuerdo con fuentes locales, sembraron el terror entre los periodistas de la región quienes, aseguran, en la administración de Rubén Moreira padecieron la mayor persecución por su labor informativa por parte del crimen organizado y no por los servidores públicos, como ocurre en otras entidades.

Javier Garza, ex director de El Siglo de Torreón, expone que en Coahuila las principales agresiones a la prensa, en un primer momento, se dieron por parte del crimen organizado.

“De las que me tocaron nunca hubo una investigación. Por ejemplo, cuando balacearon el edificio de El Sol de Coahuila. Desde hace tres años no ha habido un ataque o intento de intimidación por parte de algún grupo criminal en la Comarca Lagunera. En otras partes del estado sí hay un clima de amenazas o de intimidación”, comenta.

Pero que esos ataques no se dieran desde el Gobierno local no significó que no existiera una estrategia para cooptar a los medios de comunicación, afirman. De hecho, hoy en día, todos los medios tienen algún compromiso afirma una de las fuentes consultadas: “Tienen amarrada a la Universidad, a los empresarios, a los periódicos, radios y televisoras”, dice un comunicador de Saltillo.

Los medios funcionan en Coahuila para perseguir a través de campañas de desprestigio a los adversarios políticos de los hermanos Moreira, sea quien sea, afirma.


EL CASO VANGUARDIA

Desde el 3 de mayo de este año, el diario Vanguardia ha sido blanco de agresiones directas e intimidaciones, además de una demanda del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés que incluye a la reportera Roxana Romero, por supuesto daño moral, tras la publicación de una nota sobre la autorización de la pensión del priista por su labor como maestro en la entidad.

“Desde hace unas semanas, Vanguardia y sus periodistas están sufriendo una serie de actos de difamación, espionaje, acoso, vigilancia, intimidación y un ataque cibernético por motivos desconocidos”, denunció el diario en mayo.

La periodista Roxana Romero fue objeto de actos de intimidación, denunció Artículo 19. Dos sujetos siguieron el taxi donde ella se trasladó de la redacción a su casa. Dado que la unidad pasó al menos dos veces más frente al domicilio, Romero y su familia dejaron su hogar durante algunos días.

La reportera cubre temas de educación y notas comunitarias y humanas. No maneja información de seguridad pública desde hace más de un año.

El pasado 27 de enero, diversas páginas web fueron creadas para difamar, insultar e intimidar a miembros de Vanguardia; también se sumaron a esos ataques otros periodistas y comunicadores de Coahuila. Asimismo, el 25 de abril, los servidores del medio fueron atacados desde un DDoS desde Puebla, Coahuila y Nuevo León, pero el equipo técnico logró bloquear el ataque cibernético.

En mayo, alrededor de 30 elementos de Fuerza Coahuila, el grupo de seguridad estatal desalojó de su casa con exceso de violencia a Armando Castilla Galindo, director del diario, y quien fue despojado de sus pertenencias durante la madrugada.

“No podemos ignorar que este presunto acto judicial coincide con las denuncias que hemos realizado en los últimos días para dar a conocer actos de ‘vigilancia’ e intimidación que han sufrido miembros desde nuestro personal y nuestro Director”, planteó el periódico.

Ante estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al Secretario General de Gobierno del Estado de Coahuila, Víctor Manuel Zamora Rodríguez, “con objeto de evitar que se ponga en riesgo la integridad personal y la seguridad física del personal del diario Vanguardia”.

Artículo 19 exigió al Gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira Valdez, se apegue al Estado de Derecho en el seguimiento del proceso judicial iniciado por daño moral y omita el desarrollo de prácticas desproporcionadas y arbitrarias para amedrentar a los integrantes de Vanguardia.

El Comité para la Protección de los Periodistas mostró su preocupación por la agresión al director del diario Armando Castilla.

“El CPJ está seriamente preocupado por el allanamiento en la casa del director de Vanguardia y las denuncias de intimidación efectuadas por el periódico”, afirmó.

Ricardo Mendoza, director del periódico, dice que con Humberto Moreira se fortaleció el crimen organizado en el estado. Y ellos, los criminales, controlaron las líneas editoriales de Coahuila.

“En el caso de Humberto, son ataques directos a Vanguardia preferimos ajustar la línea editorial, debido a que no existía quien –ni el Gobierno local ni el Gobierno federal, ni ONGs– nos pudiera garantizar la seguridad”, afirma en entrevista con SinEmbargo.

Cuando Humberto Moreira dejó el poder, los periodistas empezaron a tener un “respiro”, pues los ataques de los criminales cesaron, relata el directivo. Sin embargo vino la embestida en contra del dueño del diario por parte del ex Gobernador con las demandas por daño moral.

“Cada quien tendrá sus lecturas. No te puedo decir, en el caso de Humberto Moreira, que el señor está ejerciendo su derecho ante una defensoría jurídica, lo único que hago es una relatoría de hechos. Muchas organizaciones lo que comentaban es que este tipo de acciones son de cierta forma intimidatorias para el ejercicio periodístico. Mientras no se determine si Moreira tiene razón o no en su querella sería desafortunado que nosotros –como parte acusada– definiéramos esta situación. Detrás de todo esto está la intimidación, el ataque a nuestra compañera”, dice. También lo es, añade, el despliegue de fuerzas policiacas para el desalojo de la casa de Armando Castilla.

EL ESCÁNDALO DE LA COMPRA DE RADIODIFUSORAS

En enero de 2009, Humberto Moreira Valdés voló en un jet privado con su esposa, guardaespaldas y su entonces Secretario de Finanzas, Héctor Villarreal Hernández, hacia la ciudad de San Antonio, Texas. La visita era para encontrarse con su hija, quien vivía en esa ciudad, pero además para discutir una estrategia relacionada con el PRI.

El grupo de mexicanos connotados iba con un tercer plan: encontrarse con Rolando González Treviño y su hermano para comprar una cadena de estaciones de radio con dinero que habían robado de las arcas del Gobierno de Coahuila.

Así empezó su relato el 1 de julio de 2015 el periódico San Antonio Express-News. De acuerdo con los periodistas Jason Buch y Guillermo Contreras, el empresario coahuilense decidió entregar información sobre las transacciones que realizó con Moreira.

“La petición de culpabilidad de González no menciona el nombre del ex Gobernador, de su ex tesorero o del hermano, a quienes los fiscales señalan de haber llevado a Moreira al poder. Pero fuentes cercanas a la investigación dijeron al San Antonio Express-News que el ex Gobernador mencionado es Humberto Moreira, quien dirigió Coahuila de 2005 a 2011, cuando renunció para irse a dirigir el PRI”, publicó el diario.

En respuesta, Humberto Moreira Valdés negó la acusaciones horas después por medio de una carta : “No ha existido ni existe acusación formal del Gobierno de Estados Unidos en mi contra por delito alguno”.

El ex líder del PRI nacional afirmó en la misiva que sólo existen declaraciones “de reos que dirían cualquier cosa con tal de obtener su libertad o algún beneficio en su condena”.

Pero el diario texano, que exhibe cómo San Antonio se ha vuelto un paraíso para el dinero sucio de los políticos –casi todos del PRI–, ofreció detalles de la reunión entre Moreira y González en la que supuestamente se decidió lavar dinero robado del erario de Coahuila. El empresario dueño del Corporativo Núcleo Radio Televisión, dice la información, se sentó con Humberto Moreira en una mesa de un club privado. En algún momento, Moreira llamó a su tesorero y le dio instrucciones sobre cómo hacer los pagos.

El dinero fue enviado vía electrónica a Estados Unidos desde una compañía llamada Construcciones Chavana, que el ex Gobernador “usó para mover fondos tanto de México como internacionales hacia los Estados Unidos”, de acuerdo con los documentos de la investigación.

Los fiscales dicen que ese dinero fue robado a los coahuilenses.

“Se estima que los fondos robados al estado de Coahuila por Moreira son aproximadamente cientos de millones de dólares”, dice la investigación publicada por el diario.

El San Antonio Express News reveló que, de acuerdo con un documento de la Corte federal de Estados Unidos, Humberto Moreira Valdés, sí estuvo implicado en la operación para utilizar dinero del erario para comprar estaciones de radio al sur de la frontera para después lavar esos recursos en Texas.

“El documento no menciona al funcionario, sino que simplemente dice que es un ex Gobernador que comenzó a robar dinero del estado [de Coahuila] en 2006”, publicó.

Y agregó: “El funcionario es referido como co-conspirador 1 o CC1, en el documento, un acuerdo de culpabilidad de Rolando González Treviño, un magnate de los medios de comunicación mexicanos que admitió la venta de las participaciones de los medios a funcionarios de Coahuila”.

El medio explicó que el “Co-conspirador 1”, era un funcionario de Saltillo que habría viajado a San Antonio para “discutir la estrategia política para el partido político mexicano PRI y el gobierno de Coahuila”.

El documento de la Corte de Estados Unidos correspondiente al juicio en contra del empresario mexicano Rolando Gómez Treviño refiere que Moreira “antes de convertirse en Gobernador se desempeñó como Alcalde de Saltillo, y en 2011 dimitió como líder de Coahuila para encabezar al gobernante Partido Revolucionario Institucional de México”.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron al San Antonio Express News que Moreira acudió a las reuniones en San Antonio y en México “donde se discutió la compra de medios de González Treviño con el dinero robado del estado”.

El medio norteamericano publicó que el documento de la corte menciona que el Co-conspirador 1 (CC1) robó dinero de la tesorería de Coahuila dirigiendo contratos estatales a partidarios políticos que eran dueños de medios de comunicación, empresas constructoras y empresas de servicios de aviación.

“CC1 estaba usando fondos del Gobierno del estado de Coahuila y dirigiendo esos fondos estatales a los partidarios que actuaban en concierto con CC1 para robar fondos del estado de Coahuila. Estas personas eran principalmente hombres de negocios que operaban en el estado, y / o eran vendedores que prestan servicios para el Estado de Coahuila, y tenía una relación con CC1 en el momento de la elección “, dice el acuerdo de culpabilidad de Rolando González Treviño. “Se estima que los fondos robados por el estado de Coahuila por CC1 aproximadas a cientos de millones de dólares”.

La red de desvío de recursos públicos de Coahuila para ser lavados en Texas, en la que presuntamente está involucrado Moreira Valdés, incluye a otros 13 personajes, la mayoría ex funcionarios de su administración, de acuerdo con esos documentos judiciales de la Corte federal de Estados Unidos.

De los 14 involucrados, a los que llama en la prensa estadounidense “Conexión Coahuila”, seis están o han estado presos; uno se encuentra indiciado y dos han sido asesinados, indican documentos hechos públicos por la Corte estadounidense y revelados, primero, por el periódico San Antonio Express News.

La acusación que obra en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos destaca que Moreira habría ordenado a colaboradores transferir 1.8 millones de dólares para comprar estaciones de radio al sur de la frontera de Estados Unidos, a cuentas del empresario mexicano Rolando González Treviño, quien aceptó declararse culpable de dos cargos de conspiración para transferir dinero robado.

Se señala que ex funcionarios del Gobierno de Coahuila también estuvieron involucrados al tomar recursos del erario para comprar medios de comunicación entre 2006 y 2009, lapso que forma parte del periodo de Moreira.

“El Gobierno de Estados Unidos quiere estar seguro de lo que hace. Por eso quieren más evidencias y eso es lo que están esperando: están todavía buscando más evidencias, buscando cuentas bancarias; es claro que la investigación apunta a Humberto Moreira con este caso, la sentencia de Rolando González está para septiembre 15 o 16, pero lo que he visto es que no le han levantado cargos a las personas que estén cooperando. Entonces podría ser que cambie la fecha de sentencia”, dijo Guillermo Contreras, uno de los autores de la investigación del diario estadounidense, en entrevista con SinEmbargo.

El 10 de marzo de este año, Rolando González Treviño fue sentenciado a cinco años de libertad condicional luego de que admitió que formó parte de un esquema masivo para robar dinero de las arcas de Coahuila y lavarlo en Texas. Además, el juzgado impuso una multa de 250 mil dólares al empresario, quien podrá permanecer en Estados Unidos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3069868

Aristegui denuncia “acoso y persecución judicial” por “Casa Blanca”

CIUDAD DE MÉXICO: La periodista Carmen Aristegui denunció este jueves que “se intensificó el acoso, el hostigamiento y la persecución judicial” por la investigación de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto.


“En las últimas semanas se han acumulado en nuestra contra varias demandas judiciales que llegan a niveles insospechados”, detalló en un video de poco más de 7 minutos de duración.

En este mensaje difundido por Aristegui Noticias, revela que “se pretende, por la vía judicial, mutilar el libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, exigiendo la eliminación de su prólogo.
Se demanda a quien lo escribió y a la editorial que se atrevió a publicarlo”.


Ante ello pregunta al presidente Peña “¿Pide perdón por la Casa Blanca pero se sigue persiguiendo a los periodistas que la investigaron?”.

Antes, en conferencia de prensa, Aristegui informó que Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, presentó una denuncia por daño moral contra ella y la editorial Random House Mondadori, por la referencia a su persona que aparece en el prólogo del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”.

VIDEO:



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448122/denuncia-aristegui-acoso-persecucion-judicial-casa-blanca-video

MVS demanda a Aristegui por daño moral; la periodista exige a Peña: “deje de mecer esa cuna”

La periodista Carmen Aristegui habló el día de hoy sobre el libro “La Casa Blanca de Peña Nieto y otras noticias” publicado por la editorial Random House. Durante una conferencia de prensa, Aristegui dijo que ella y otros periodistas recibieron una demanda por daño moral como en el caso de Aguayo, en una situación de persecución por parte de las autoridades en contra de quienes ejercen su libertad de expresión, circunstancia que bien podría transformarse en una “dinámica absurdamente oprobiosa para los medios, para los periodistas, para las editoriales”.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– La periodista mexicana Carmen Aristegui Flores, quien fue demandada por MVS por daño moral, exigió al Presidente Enrique Peña Nieto dejar de “mecer la cuna” en el hostigamiento que sufren ella y su equipo de periodistas por la investigación de la “casa blanca”.

En un video publicado en YouTube, la periodista Carmen Aristegui denunció públicamente este jueves que se intensificó el acoso, el hostigamiento y la persecución judicial por la investigación de la “casa blanca” de Peña Nieto.

“En las últimas semanas se han acumulado en nuestra contra varias demandas judiciales que llegan a niveles insospechados”, detalló.

Confirmó lo dicho en su conferencia de prensa horas antes sobre la intensión de MVS de retirar el prólogo del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”.

Dijo que se pretende hacer uso del poder judicial para imponer la censura, dañar a los periodistas y sacias ánimos de venganza.

“El prólogo que se pretende censurar denuncia cuan sumisa puede ser una empresa de comunicación frente a presiones políticas”, explicó.

Aristegui dijo que mientras Peña Nieto pidió perdón por el daño que causó el tema de la “casa banca”, a los periodistas que la investigaron se les acosa judicialmente.

Cuestionó el perdón que pidió Peña Nieto y le exigió que deje de “mecer la cuna” en el hostigamiento que sufren ella y su equipo de periodistas.

“¿De qué perdón estamos hablando señor Peña Nieto?, ¿cuál es el verdadero alcance de su palabras?; ¿Pide perdón por la “casa blanca”, pero se sigue persiguiendo a los periodistas que la investigaron?, ¿Pide perdón por la “casa blanca”, pero no cesan los ánimos de venganza? Señor Presidente deje de mecer esa cuna”, dijo.

El pasado lunes, el Presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón por la indignación que causó el escándalo de la llamada “casa blanca” de las Lomas de Chapultepec que estalló en 2014.

“En carne propia sentí la irritación de los mexicanos”, dijo Peña Nieto, que fue acusado de conflicto de intereses por la compra de la mansión a un empresario cercano al Gobierno por parte de su esposa, Angélica Rivera Hurtado.

El Presidente, que fue exonerado de conflicto de intereses por la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirmó que, aunque su conducta estuvo apegada a la ley, los funcionarios también son responsables de la percepción de la sociedad sobre sus actos.

“Y en esto reconozco que cometí un error”, indicó. “Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el Gobierno (…) Por eso, con toda humildad les pido perdón”.

Por la mañana en una conferencia de prensa, tanto Carmen como su editor dijeron que la demanda de MVS es inconcebible, incluso con poca lógica, dada la aceptación “del error” y la petición de disculpa del Presidente Enrique Peña Nieto.

“En lugar de poder seguir trabajando con libertad después de que el Presidente pidió perdón por la ‘casa blanca’, ahora se nos está acosando”, dijo hoy Aristegui en una conversación-conferencia con algunos periodistas nacionales y extranjeros.

Este jueves, Carmen Aristegui mencionó que se le ha anunciado que fue demandada por daño moral por MVS.

Los abogados de esa empresa de medios piden una disculpa pública de Pinguin Random House; que se retire el prólogo de Aristegui del libro de circulación, “La Casa Blanca de Peña Nieto”. Pero además demandan por separado a la periodista y contra ella se van con todo, dijo Ricardo Cayuela, director de la casa editorial.

“Hay un intento por separar a la editorial y la periodista. Eso no va a pasar. No lo aceptamos”, dijo Cayuela.

El abogado de Aristegui, Javier Quijano, dijo que hay un intento de ir contra ella, de manera “grosera”. Quijano asistió a la misma conferencia, realizada en la casa editorial.

El libro es de cuatro periodistas del equipo de Aristegui. No de ella. Pero ella lo prologa. Ahora, la demanda va contra ella, contra Carmen Aristegui, precisamente por el prólogo.

“Tomaremos los prólogos y los quemaremos en la plaza pública”, dijo el abogado, quien denunció irregularidades del sistema judicial y acoso contra la libre expresión en México.

“¿Es una especie de Turquía chiquita la que están esperando construir en México?”, se preguntó Lorenzo Meyer.

Meyer, como ahora Sergio Aguayo y Aristegui, fue demandado por un político mexicano y por un comentario tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la conferencia, Aristegui manifestó que la SCJN eliminó el tope de sanciones económicas en salarios mínimos por daño moral, por lo que las penalidades quedan establecidas arbitrariamente por los jueces, “y eso puede ser una buena, mala, o pésima situación según el juez y la consigna si es que la hay”, dijo.

En ese sentido, la periodista expresó que su salida de la radio se dio por un “golpe de censura” por su investigación sobre la “casa Blanca”, y que no han terminado “de asimilar hasta en qué momento [la SCJN] va a frenar el caso de acoso judicial e intimidación.

Aristegui dijo que por estas razones “procede un juicio de amparo”, mismo que interpusieron, pero que les fue negado por las autoridades, situación por la que decidieron apoyarse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tanto Aristegui como Cayuela, su abogado y Meyer, hablaron de un intento por aplicar censura. Daniel Lizarraga, periodista que encabezó la investigación de la “casa blanca”, dijo que la demanda contra Carmen y contra Aristegui es tramposa. En eso mismo coincidieron todos.

En noviembre de 2014, el equipo de Aristegui Noticias exhibió la lujosa y moderna residencia de la Primera Dama, Angélica Rivera, valuada en 86 millones de pesos y ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alta plusvalía en la capital mexicana.

Entonces, se ventiló que Grupo Higa había vendido la “casa blanca” a Angélica Rivera con financiamiento.

Posteriormente, el Presidente de México fue duramente criticado en el país y en el extranjero por el descubrimiento de que dos grupos empresariales, beneficiados por su Gobierno con obra pública, pusieron a su disposición, prestadas o para compra, propiedades que han tenido distintos usos.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZBm1zBhe1SY

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/21-07-2016/3070106

Matan al periodista Pedro Tamayo en Tierra Blanca, Veracruz; lo atacaron frente a su familia

Aunque Tamayo Rosas tenía asignada protección de autoridades estatales, le dispararon al estar afuera de su casa; cubría casos de violencia en Tierra Blanca.

El periodista mexicano Pedro Tamayo Rosas, de 45 años, murió este miércoles 20 de julio tras ser atacado con disparos en Tierra Blanca, Veracruz, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con la agencia AFP, que cita a un familiar del periodista, a Tamayo Rosas le dispararon al estar afuera de su casa, frente a su esposa y sus dos hijos.

Entre otros medios, trabajó para Al Calor Político y El Piñero de la Cuenca. En su nota sobre el hecho, ese sitio reportó que Tamayo Rosas escribía con el pseudónimo de En la Línea de Fuego, y que su labor incluía documentar casos de violencia en Tierra Blanca.

“Las primeras entrevistas establecen que habrían sido dos los agresores, quienes se acercaron a saludar a Tamayo Rosas en una negociación de su propiedad, agrediéndolo con disparos de arma corta, por lo que fue trasladado al Centro Médico Regional, donde perdió la vida mientras recibía atención”, indicó la Fiscalía de Veracruz, en un comunicado.

“Entre los indicios recabados por los peritos especializados, se encuentran varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, y se pudieron conocer las características del automóvil que habrían usado los agresores en su huida”, agregó.

Para investigar el crimen, el fiscal Especializado en Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de Veracruz se trasladó a la zona, sin descartar “ninguna línea de investigación, incluido el trabajo periodístico” de Tamayo.

Además, las autoridades estatales informaron sobre un operativo especial con las fuerzas integrantes de la Operación Coordinada Veracruz Seguro, para poder ubicar a los probables responsables.

Tamayo, de acuerdo con AFP, cubrió durante días el hallazgo en junio de 2014 de varias fosas clandestinas, de las que se exhumaron 35 personas que presuntamente habían sido asesinadas por el sanguinario cártel de Los Zetas en el municipio de Tres Valles.

Una patrulla de la policía hacía rondines diarios por la casa de Tamayo, después de que el 25 de enero pasado recibiera amenazas, detalló la agencia. El diario Reforma, citando fuentes del gobierno estatal, también indicó que Tamayo recibía protección de las autoridades, y aún así ocurrió el asesinato.

El pasado 26 de enero, en un comunicado, la Secretaría de Seguridad de Veracruz indicó que lo habían ubicado en Oaxaca, después de que fuera reportado como desaparecido. En ese momento las autoridades estatales precisaron que no había sido víctima de privación de la libertad, pero que se le ofreció activar los protocolos establecidos por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), en caso de que lo solicitara.

La patrulla había hecho su rondín por la casa de Tamayo poco antes de que sus asesinos llegaran para dispararle, justo cuando se preparaba para atender junto con su esposa y sus dos  hijos jóvenes un puesto de comida colocado afuera de su hogar, indicó a AFP un integrante de su familia, que pidió el anonimato por temor a represalias.

La organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) tiene registrados más de 90 reporteros asesinados y al menos 17 desaparecidos en México desde el año 2000.

A raíz del asesinato de dos periodistas, uno en Oaxaca (sureste) y el otro en Tamaulipas (noreste), el 22 de junio RSF denunció que “la espiral de violencia” contra los comunicadores de México “parece no tener fin”.


Hasta el 17 de mayo pasado, la organización Artículo 19 había contabilizado 16 asesinatos de periodistas de Veracruz, durante el gobierno del priista Javier Duarte, desde 2011.

Durante el gobierno de Javier Duarte, 16 periodistas han sido asesinados. https://t.co/zYMsQPcScB pic.twitter.com/NpXzC8Xtc7

— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) 17 de mayo de 2016

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/matan-al-periodista-pedro-tamayo-en-tierra-blanca/

Tras demanda de Moreira contra Aguayo, preocupa a AI uso de recursos judiciales para inhibir libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación “por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”, luego de conocer la denuncia contra el académico y periodista Sergio Aguayo, por publicar una columna sobre la detención en España del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.

“La opinión publicada por Sergio Aguayo se realizó como parte del ejercicio legítimo de su libertad de expresión. Los asuntos de interés público deben estar sujetos a un amplio escrutinio por parte de diversos actores sociales y, por lo tanto, funcionarios y otras figuras públicas pueden estar sujetos a la crítica sin que dicha actuación vulnere sus derechos humanos”, destacó AI en un comunicado.

Señaló que la demanda de Moreira contra el académico de El Colegio de México exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 mil dólares por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, apuntó, el exgobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece por este tipo de demandas (mil 400 dólares, aproximadamente).

De acuerdo con la organización, toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo que en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular –apuntó– Amnistía Internacional “está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”.

Consideró, asimismo, que la suma exigida como reparación en la demanda “es excesiva” y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a asegurarse de que el sistema de justicia civil “no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacífico de los derechos humanos”.

Remató: “Las autoridades están obligadas a garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada sobre todos los asuntos de interés público”.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/447464/preocupa-a-ai-posible-uso-recursos-judiciales-inhibir-la-libertad-expresion-en-mexico

Ataque cibernético saca del aire al canal televisivo 'Rompeviento'

Ciudad de México. El canal de televisión por internet alternativo Rompeviento sufrió un masivo ataque cibernético que sacó del aire sus transmisiones durante cinco días, desde el martes pasado, informó a este diario su director, Ernesto Ledesma.

Desde su lanzamiento, hace cuatro años, esta televisora independiente que ha realizado coberturas especiales y de profundidad sobre el paramilitarismo y las autodefensas en Michoacán, las desapariciones forzadas en Veracruz, Azotzinapa, Tlatlaya, el multihomicidio de la colonia Narvarte y el conflicto magisterial, entre otros, había logrado sostener sin interrupciones su transmisiones cotidianas a través de su portal, www.rompeviento.tv.

El 28 de junio por la noche empezaron las incursiones hostiles a su red. “Penetraron nuestro sistema de seguridad.

A través de proxies realizaron distintos ataques con los sistemas conocidos como DdoS (Distributed Denial of Service) por sus siglas en inglés ) y de Phishing, un término informático de suplantación de identidad y abuso cibernético usado por quienes usan información confidencial de forma fraudulenta. Estos ataque bloquearon los accesos al sitio de Rompeviento al saturar el ancho de banda.

“No podemos identificar a los autores del ataque pero sí podemos asegurar que hubo la intención de dañar y afectar nuestro medio y nuestros contenidos”, añadió Ledesma.

Fuente: La Jornada

Autora: Blanche Pietrich

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/03/ataque-cibernetico-saca-del-aire-al-canal-televisivo-rompeviento

La SIP urge al Gobierno mexicano investigar la muerte de periodistas; no hay libertad de prensa, dice

La Sociedad Interamericana de Prensa urgió al Gobierno de México indagar las muertes de los periodistas Salvador Olmos García, Elpidio Ramos Zárate y Zamira Esther Bautista, quienes fallecieron en distintos hechos en tan sólo una semana. Estos fallecimientos se suman a otros múltiples fenecimientos de periodistas en territorio nacional, situación que preocupa a la SIP y por la que criticó la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la libertad de prensa en el país. En este marco se inscribe el anuncio de la SIP de realizar en México su 72 Asamblea Anual, misma que acaecerá en octubre próximo con el objetivo de unir fuerzas contra la violencia a periodistas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó hoy al Gobierno de México a indagar las muertes de tres periodistas en una semana, con lo que ya son nueve los comunicadores fallecidos en circunstancias violentas este año.

El último caso, señaló la SIP, es el del periodista Salvador Olmos García, de 31 años, locutor de una radio comunitaria en Oaxaca, en el sur de México, quien murió el domingo pasado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas tras ser atropellado por policías.

La SIP, con sede en Miami (EU), reiteró su “indignación por la ola de violencia que afecta al país y por el estado de desprotección que padecen los periodistas”.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, instó a las autoridades a “investigar de manera expedita, esclarecer y juzgar a los responsables de estos crímenes”.

La muerte de Olmos García, quien conducía el programa “Pitaya negra” de la radio comunitaria Tu un Ñuu Savi, se suma a las de Elpidio Ramos Zárate, ocurrida el pasado 19 de junio y Zamira Esther Bautista, al día siguiente.

Otros periodistas asesinados este año son Elpidio Ramos, Zamira Bautista, Manuel Torres, Francisco Pacheco, Moisés Dagdug Lutzow, Anabel Flores, Reinel Martínez y Marcos Hernández.

Paolillo recordó al Gobierno mexicano que “el asesinato de un periodista, y peor si sucumbe en la impunidad, no solo afecta a los familiares y a los colegas, sino también deja una nefasta huella en la comunidad y en los ciudadanos que se ven privados de recibir información”.

La SIP denunció que la muerte de Olmos García está rodeada de versiones contradictorias.

Señaló que la radio donde trabajaba ha dado cobertura al conflicto del magisterio y a la violencia en Oaxaca y que ha denunciado actos de intimidación en su contra provenientes de policías federales.


LAS ADVERTENCIAS DE LA SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa se mostró preocupada por la situación de los periodistas y medios de comunicación en México, y criticó la incapacidad del Estado para garantizar la libertad de prensa en el país.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, alertó sobre las “condiciones adversas y la tensión creciente que se observa” en el ejercicio del periodismo en México, al tiempo que se solidarizó “con el compromiso que caracteriza a los colegas mexicanos”.

Así, Paolillo se refirió a una sentencia contra un diario de Campeche, la incautación de equipos de un periódico en Sinaloa, la privación de libertad de periodistas y los asesinatos de dos reporteros ocurridos esta semana en Tamaulipas y Oaxaca.

Paolillo criticó la sentencia dictada por daño moral contra el director general del periódico La Opinión de Campeche, Alejandro Castillo Illescas, el editor Efraín Durán y la ex coeditora Gabriela Aguilar, a quienes se les ordenó el pago de 350 mil dólares.

La demanda fue presentada por Sonia Cuevas Kantún, ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y ex Alcaldesa del municipio de Calkini, quien acusó al diario de difamación por la publicación de notas en las que “familiares de una víctima la involucraron como cómplice de un crimen”.

Paolillo recordó que los “funcionarios y personas públicas están expuestos a un mayor escrutinio de la prensa y los ciudadanos, sobre todo cuanto se trata de asuntos de interés público”, y cuestionó que el juez no considerase que esa misma información fue publicada en otros 30 medios.

De igual forma, mencionó también al editor Pedro Enrique Cortés y el camarógrafo Fernando Albarrán, colaboradores de TV Azteca, quienes fueron liberados tras permanecer retenidos durante varias horas el pasado martes.

Ambos fueron retenidos en la ciudad de Nochixtlán, en Oaxaca, por pobladores que exigieron al canal 15 minutos de su principal noticiero nocturno para exponer “lo que realmente pasa” en esa zona del país sobre el “conflicto magisterial” que derivó el domingo en 19 episodios de violencia.

“Este acto demuestra que los periodistas no tienen garantías y el Estado no es capaz de darlas. Insistimos en que urge que se apliquen los mecanismos de protección que únicamente parecen estar en los papeles”, apuntó.


MÉXICO: PRÓXIMA SEDE DE ASAMBLEA DE LA SIP

México, foco constante de ataques a la prensa en América Latina, albergará en octubre la 72 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa con el objetivo de unir fuerzas contra ese flagelo, afirmó el pasado 28 de junio el presidente de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP, Juan Francisco Ealy Ortiz.

“La gente viene con mucha ilusión y con muchas ganas de sumar esfuerzos porque la libertad de prensa se ejerce, no se agradece, hay que ejercerla en su total plenitud”, dijo en una entrevista con Efe Ealy Ortiz, presidente de El Universal, diario anfitrión de la cita y que conmemorará en la reunión el centenario de su fundación.

Ealy Ortiz recordó que “México está viviendo una situación muy difícil para el periodismo”, en la que “han estado perseguidos muchos compañeros periodistas y asesinados por el crimen organizado”.

De allí la conveniencia de realizar en el país la reunión anual de los empresarios de los medios de comunicación del continente.

Durante la Asamblea, que tendrá lugar del 13 al 17 de octubre en la capital mexicana, se tocará también “la cuestión de la unidad (sectorial) de la prensa continental”, según Ealy Ortiz.

“Inclusive ya vienen también, no solamente periódicos impresos”, sino “canales de televisión, estaciones de radio” asociados “y que son bienvenidos”, detalló.

En opinión del presidente de El Universal, en la actualidad resulta fundamental “mantener la circulación, la penetración y la influencia de los periódicos”.

“Los medios electrónicos se los lleva el viento y la prensa escrita queda para la historia”, pues “una nota bien o mal escrita allí queda impresa y eso nadie lo puede quitar ya”, afirmó Ealy Ortiz.

Añadió que “la prensa impresa nunca va a desaparecer, se va a mantener, no va a crecer”, pero reconoció que tiene que ser “un complemento” de las redes sociales e Internet.

En abril pasado, durante la asamblea de medio año de la SIP, celebrada en Punta Cana, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de esta asociación, Claudio Paolillo, indicó que el crimen organizado y la corrupción política son los principales enemigos de los periodistas y la libertad de prensa en América Latina.

En un informe, el uruguayo Paolillo recordó que en los últimos seis meses 12 periodistas fueron asesinados en el área, al tiempo que se han incrementado los actos de violencia contra las mujeres con 84 casos en el 2015.

Durante esa asamblea, el director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, informó de que a la cita de octubre asistirán el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y varios ex mandatarios de la región, como el también mexicano Felipe Calderón (2006-2012) y el uruguayo José Mujica (2010-2015).


Como la 72 asamblea anual de la SIP se llevará a cabo a pocos días de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en Estados Unidos, los organizadores han programado un foro sobre la cuestión con el periodista Jorge Ramos, mexicano afincado en los Estados Unidos, y el ex Canciller de México Jorge Castañeda.

FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-07-2016/3061619