Litigio de Lucía Méndez, se convierte en amenaza contra la libertad de expresión

En atención a varios recursos interpuestos por la defensa de la actriz Lucía Méndez, que se consideró difamada por un periodista de espectáculos, la Suprema Corte echó abajo varios artículos de la Ley de Responsabilidad Civil para el DF. Esa decisión jurídica permite ahora que quien se sienta afectado por algún trabajo periodístico tenga derecho a pedir reparaciones millonarias. Así, la libertad de expresión quedará severamente golpeada.

CIUDAD DE MÉXICO: Una controversia entre la actriz y cantante Lucía Méndez y el periodista de espectáculos Javier Parra Cortés, conocido como Alex Kaffie, devino un riesgo adicional para los periodistas en la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino a petición de la intérprete y decidió echar abajo los artículos centrales de la ley que durante una década había protegido a los periodistas de la capital del país del pago millonario a quien se sienta afectado por el ejercicio periodístico.

El pasado 4 de mayo, la Primera Sala declaró inconstitucionales los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada el 19 de mayo de 2006 por el entonces jefe interino de gobierno y actual senador Alejandro Encinas.

El caso Sosa

La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó esa ley como resultado de la demanda del político hidalguense Gerardo Sosa Castelán contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores, autor, éste último, del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.

La demanda, enderezada en 2004, poco después de publicado el libro, incluyó al columnista como autor del prólogo. Granados Chapa, quien falleció en 2011, logró ser absuelto. Pero Rivera Flores, después de un largo litigio, fue condenado a pagar cerca de medio millón de pesos.

Los asambleístas capitalinos aprobaron esa ley de responsabilidad civil con la idea de proteger a los periodistas de ese tipo de exigencias económicas en casos en que sean condenados judicialmente a una reparación de daño, y puso como tope 350 salarios mínimos, que ahora se establece a partir de la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente.

Ese principio está por desaparecer con la resolución de los ministros de la Primera Sala. Sólo es cuestión de tiempo. Basta con que se acumulen más casos como la demanda de la intérprete para que el presidente de la SCJN inicie, a partir de ellos, el procedimiento de declaración general de inconstitucionalidad. Por ahora la resolución sólo beneficia a Lucía Méndez.

La actriz y cantante demandó a Parra Cortés por los comentarios que hizo sobre ella en distintas ocasiones en los programas de espectáculos Hoy, de Televisa, y Todo para la mujer, de Telefórmula, así como en su columna del diario BASTA!, en los que la denostó de forma reiterada.

La demanda la presentó el 5 de noviembre de 2013 y el Juzgado 69 de lo Civil en el Distrito Federal dictó en junio de 2014 una sentencia absolutoria a favor de Alex Kaffie. Lucía Méndez apeló y, un año después, la Sala 12 de lo Civil en el DF revocó la sentencia del juez de primera instancia y estableció que sí hubo daño moral en los reiterados dichos del periodista.

Pero los magistrados de la Sala determinaron que como reparación del daño sólo se publicara la sentencia en los programas de radio y televisión y en el periódico donde Javier Parra se había referido a la actriz.

Con base en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal, los magistrados absolvieron al periodista de algún pago por indemnización.

Inconforme, Lucía Méndez interpuso en diciembre de 2014 un amparo contra el fallo de la 12 Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El caso llegó entonces al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil, que en mayo de 2015 le negó la protección de la justicia federal.

La defensa de la actriz interpuso entonces un recurso de revisión ante la SCJN, que después de casi un año decidió otorgarle el amparo. Aunque los ministros no le concedieron todo lo que quería.

La defensa de la actriz pretendía que la Corte declarara también como inconstitucional el artículo 7 de la ley capitalina. Esa disposición se refiere a la condición en que se encuentran las personas púbicas para ser objeto de un mayor escrutinio de los medios de comunicación.

La ley define como una figura pública a quien posee notoriedad colectiva, sin necesidad de que ostente un cargo público. También a aquellas personas que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada, como lo hacía Marta Sahagún, cuando era la esposa del entonces presidente Vicente Fox, razón principal por la que perdió la demanda que interpuso contra este semanario en 2005 (Proceso 1488).

Según la defensa de Lucía Méndez, la definición de figura pública en la Ley de Responsabilidad Civil es discriminatoria y viola el derecho a la igualdad. Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala señalaron que ese criterio es de aplicación internacional y que forma parte de las jurisprudencias de la propia Suprema Corte. Reiteraron que, en aras de la libertad de expresión e información, la vida privada de las figuras públicas tiene un mayor nivel de escrutinio.

Fuera de eso, la defensa de la actriz logró echar abajo los artículos 39, 40 y 41 de la citada ley.

Tuvo el apoyo de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –presidente de la Primera Sala y ponente del caso–, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández, quienes decidieron darle el amparo a la actriz y cantante para que se revise el tema de la indemnización.

Los ministros concedieron que en la Ciudad de México se debe reponer la figura legal de reparación de daño por medio de un pago económico cuando los periodistas rebasen los límites de la libertad de expresión aceptados internacionalmente, como difundir información a sabiendas de que es falsa y hacerlo con el único propósito de dañar.

Los ministros se refirieron a la intención específica o “negligencia patente” de emitir información con “malicia”; es decir, que la información haya sido emitida “con la intención de causar daño, con conocimiento de que se estaban difundiendo hechos falsos, o con clara negligencia respecto de la revisión de la aparente veracidad o falta de veracidad de los mismos”.

Hasta ahora, el artículo 39 de la Ley limita la reparación del daño a la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que dieron lugar a la afectación de lo que describe como patrimonio moral.

La ley impugnada cancela, en su artícu­lo 40, la posibilidad de que un periodista sea encarcelado por haber causado ese tipo de daño. Dice: “En ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las persones”.

Pero al restablecer el pago indemnización, prohibido en el artículo 41 de la Ley, los ministros de la Primera Sala interpretaron que esa limitación constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

El artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil señala expresamente que cuando no se pueda resarcir el daño mediante la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria al periodista, la indemnización se fijará tomando en cuenta la mayor o menor divulgación del acto ilícito, las condiciones personales de la víctima y demás circunstancias del caso.

Pero dice que “en ningún caso” ese pago deberá exceder de 350 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Esa multa no incluye los gastos y costas del juicio.

Para la Suprema Corte, estas disposiciones son contrarias al artículo 63.1 de la CADH, según el cual los Estados están obligados a garantizar el derecho o libertad establecidos en la Convención y que deberá disponer, si es el caso, “que se reparen las consecuencias… (de la violación)… y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

En la interpretación de los ministros, el Estado mexicano, y en este caso el Poder Legislativo, tiene que diseñar “sistemas de reparaciones integrales” y no “como lo hace desacertadamente la Ley” impugnada por la defensa de Lucía Méndez.

Abundan en que es un “vicio” de la norma dejarle al juez la opción de no fijar una indemnización.

“Esta Corte considera que la única forma en que el régimen de reparaciones impugnado pueda ajustarse… (a la Constitución)… es estableciendo ambas formas de reparaciones; es decir, tanto la publicación de la sentencia en el formato y medio en el que fue difundida la expresión que excedió los límites, como condenando al pago de una justa indemnización”, dice el fallo categórico de los ministros de la Primera Sala.

Respecto de los montos, dijeron que no hay justificación para imponer un máximo porque “esta limitante supone una vulneración del derecho humano a una reparación”. Insistieron los ministros: “Para esta Corte, limitar la indemnización a un tope máximo sin una razón que justifique tal limitante vulnera el derecho a una justa indemnización y deviene inconstitucional”.

Argumentaron que el cálculo del daño es una labor complicada por las afectaciones, como el sufrimiento, el nerviosismo, la ansiedad, menoscabo de la dignidad y otras afines, por lo que “no resulta razonable que el legislador imponga una cantidad máxima”.

Al conceder el amparo, la Primera Sala de la SCJN le pidió a la Sala 12 de lo Civil en la Ciudad de México que emita una nueva sentencia para fijar “una reparación integral” y “una justa indemnización” económica.

Interpretación equivocada

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesor de la Asamblea Legislativa en la elaboración de la Ley impugnada, Ernesto Villanueva, asegura que, al eliminar el tope, la Suprema Corte acabó con la razón de ser del ordenamiento que limitaba al juez para fijar multas millonarias, como la que se aplicó al periodista Alfredo Rivera.

Dice que los ministros hicieron una interpretación equivocada de la CADH, porque la reparación del daño a que se refiere es respecto de las violaciones cometidas por el Estado y no por particulares. Estima que, a partir de este fallo, lo que puede ocurrir es que los periodistas limiten su trabajo sobre los personajes públicos.

El abogado de Javier Parra Cortés, Óscar Abarca Alarcón, director jurídico de Consorcio Ejecutivo Legal, aseguró que aún no ha sido notificado por la Suprema Corte, pero que en todo caso aún no se ha determinado que Lucía Méndez tenga que ser indemnizada por su cliente. “Eso depende de la parte procesal y la parte acusadora no ha demostrado en qué consistió el daño”.

Aunque la Corte ya declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley, la Sala 12 de lo Civil tiene que establecer si procede o no reparación económica. Y aun cuando diga que sí, esa determinación se podrá impugnar, advirtió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445647/litigio-lucia-mendez-deviene-en-amenaza-contra-la-libertad-expresion

Asesinan a la periodista Zamira Bautista en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Zamira Bautista, de 44 años, murió al recibir disparos en su vehículo; era periodista independiente y además profesora de secundaria.

Personas armadas asesinaron a la periodista Zamira Bautista Luna en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. El pasado lunes 20 de junio le dispararon al estar en su vehículo.

De acuerdo con un reporte de Radio Fórmula, Bautista Luna, de 44 años, era periodista independiente y además profesora de nivel secundaria. 

Antes trabajó para la cadena Televisa, para el medio impreso La Verdad y para la estación La Poderosa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un comunicado, lamentó el asesinato de la periodista, quien hacía piezas de información para la sección de sociales, además de expresar “indignación” e “impotencia”.

En un punto de su boletín, la SIP señaló que junto al cuerpo de Bautista Luna fue dejada una cartulina con un mensaje, presuntamente de un grupo criminal.

Un día antes de su fallecimiento, murió asesinado en Juchitán, Oaxaca, el reportero Elidio Ramos Zárate, mientras cubría los bloqueos en algunas vialidades y la quema de los autobuses.


En lo que va del año, de acuerdo con los datos de la organización Reporteros sin Fronteras, han sido asesinados al menos 8 periodistas en México.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/asesinan-a-la-periodista-zamira-bautista-en-ciudad-victoria-tamaulipas/

CNS dijo que son falsas fotos de policías armados; Xinhua prueba autenticidad con metadatos

Antes de que el comisionado Enrique Galindo admitiera la participación de personal armado en Nochixtlán, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) afirmó que eran falsas las imágenes en las que se observa a policías federales usando armas de fuego contra manifestante. En un gesto poco común, la agencia Xinhua defendió la autenticidad de sus fotografías y mostró incluso los metadatos con fecha y hora de las fotos tomadas este domingo por Max Núñez. La agencia apuntó que elementos de la Policía Federal se enfrentaron con integrantes de la CNTE durante un operativo para desalojar la carretera Oaxaca-México, en las inmediaciones del municipio de Nochixtlán, donde hubo un saldo de al menos 6 muertos y decenas de heridos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCION (INFORMACION ENRIQUE GALINDO)
LINK: http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/policia-si-uso-armas-durante-desalojo-en-oaxaca-agencia-muestra-metadatos-fotos/

Televisa se burla otra vez de la desgracia en México

De Ángel de la verdad

Los maestros de Oaxaca y civiles están siendo atacados por policías de manera brutal desde anoche, también se llevaron detenido el secretario de organización de la sección 22, Francisco Manuel Villalobos Ricardez.

Entonces TELEVISA en uno de sus programas pedorros vuelve a burlarse de estas desgracias presentando una escena donde quieren hacerle creer a la gente que los maestros son flojos... otra vez, pese a todo lo que esta sucediendo.

Imágenes sobre la brutalidad del gobierno en contra de los maestros circulan por la red, así que ya basta de quienes recurren a Televisa para "informarse", todo es mentira, ¡entiendalo de una vez! DEBEMOS APOYAR CON TODO A LOS MAESTROS, a quienes están siendo reprimidos en estos momentos por miles de policías, actúan como si se tratara de los peores criminales del país y todavía quieren que no se defiendan de estos ataques. SALVARGUARDAR LA VIDA Y LA AUTODEFENSA SON VALIDAS, defenderse de este gobierno criminal no es un crimen y quien no lo entienda le llegara su momento para vivirlo.


VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=JGIOub51H2o

Veracruz: Denuncian amenazas contra periodistas de ‘El Mundo de Huatusco’

Aseguran que por dar cobertura a conflicto con autoridades municipales, se han registrado llamadas a las oficinas del diario, hostigamiento a sus reporteros, y hasta la compra de todos los ejemplares, por un grupo de sujetos.

Intimidación y obstrucción del derecho de la ciudadanía a la informaciónse está ejerciendo contra el periódico El Mundo de Huatusco, luego de que le diera cobertura al conflicto entre trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento y autoridades municipales, informó El Mundo de Córdoba.

Desde llamadas a las oficinas del diario, hostigamiento a sus reporteros, hasta la compra de todos los ejemplares de la edición del martes por parte de un grupo de sujetos que no se identificaron, han sido las acciones contra este medio de comunicación, luego de que el lunes pasado dieran cobertura a la protesta de trabajadores de la Comisión de Agua por un presunto despido injustificado.

Pese a que el martes la edición fue retirada de la venta, esta pudo ser seguida por el sitio web de El Mundo, así como sus redes sociales, lo cual provocó nuevamente amenazas contra los reporteros.


El rotativo señala que “desde el inicio del conflicto El Mundo ha publicado puntualmente la postura de cada parte, tanto trabajadores como autoridades, porque esa es la forma de trabajo de esta casa editorial y seguirá haciéndolo esperando que existan las condiciones de seguridad tanto municipales, como estatales para ejercer la labor periodística, lo cual más que un privilegio, debe ser una garantía”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/veracruz-denuncian-amenazas-contra-periodistas-de-el-mundo-de-huatusco/

Libertad de expresión y afectación a derechos de terceros

La condena a la periodista Sanjuana Martínez vulnera su derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a la información de toda la sociedad. Con el criterio judicial que sentenció a la periodista se impide la participación de la colectividad en mejores condiciones en la vida política, enriquecer la democracia y ejercer adecuadamente sus derechos de control.

Los Artículos Sexto y Séptimo de la Constitución Federal (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) consagran el derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad expresión. Imponen límites consistentes en que la manifestación de las ideas no debe ejercerse en forma que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

En materia de Derechos Humanos, los tratados internacionales establecen, en relación con los límites al derecho de la libertad de expresión, algunos puntos a destacar. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La información que difundió la periodista respondió al criterio de relevancia pública, por ser de interés general, y contribuyó a la formación de la opinión pública”

Cabe advertir, la Declaración contempla la posibilidad de imponer límites a este derecho cuando, según su artículo 29: “2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

“3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”

Como puede observarse, la Declaración advierte que los límites a la libertad de expresión son: el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, la satisfacción de las justas existencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El mencionado instrumento internacional establece que los límites a la libertad de expresión son: el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, la satisfacción de las justas existencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, en su artículo 19:

“3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente dadas por la ley y ser necesarias para:

“a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.”

El daño moral se rige por el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. Es aplicable supletoriamente a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

El objeto de aplicación del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal es hacer civilmente responsable a quien, al ejercer su libertad de expresión, no respete los límites Constitucionales en materia de libertad de expresión.

La Corte ha establecido que quien ejerce su derecho de expresión a través de medios de información masivos no se justifica que se ejerzan en perjuicio de los derechos de terceros.

El caso de la periodista Sanjuana Martínez

La periodista Sanjuana Martínez Montemayor fue condenada al pago de una indemnización por daño moral a Jesús Ortega Martínez, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la Asamblea Constituyente.

El criterio jurídico bajo el cual se declaró condenar a la periodista hace una extraña interpretación al no tomar en cuenta lo establecido por la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal en relación de:

En ningún caso se considerara? como ofensas al honor concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber.

No se considerara que se causa daño al patrimonio moral cuando las imputaciones de hechos o actos se expresen con apego a la veracidad y sean de interés público.

Debido a que Jesús Ortega tiene aspiraciones a ocupar un cargo público, el juez omitió aplicar el criterio de Corte en donde se estableció que una figura pública abarca a los servidores públicos y a las personas que aspiran a ocupar un cargo público. Por lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de esta ley, Ortega tiene limitado su derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público.

Además, la información que publicó la periodista se considera de interés público porque: son datos sobre acontecimientos políticos que pueden afectar, en sentido positivo o negativo, a la sociedad; es útil para la toma de decisiones para ejercer derechos y cumplir obligaciones en una sociedad democrática.

Conclusiones

El que se condene a la periodista no sólo vulnera el derecho que tiene a la libertad de expresión sino también el derecho a la información, el cual tutela el derecho de una colectividad para que esta se encuentre debidamente informada y así poder participar en mejores condiciones en la vida política, enriquecer la democracia y ejercer adecuadamente sus derechos de control. La información que difundió respondió al criterio de relevancia pública, por ser de interés general, contribuyó a la formación de la opinión pública.

Fuente: Contralínea

Autora: Ivonne Carolina Flores Alcántara

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/05/13/libertad-de-expresion-y-afectacion-a-derechos-de-terceros/

Detienen a reportero en Piedras Negras por tomar fotografías de un choque entre patrullas

CIUDAD DE MÉXICO: Molesto porque tomó fotografías de un choque entre dos patrullas, el director de la policía de Piedras Negras, Coahuila, José Ángel Puentes Zavala, ordenó la detención del reportero Sergio Raúl Hernández Gijón, de la emisora La Rancherita del Aire.

Los subordinados de Puentes de inmediato acataron la orden y aprehendieron al periodista que cubre la fuente policiaca y le quitaron su teléfono celular con el fin de borrar las imágenes que había tomado minutos antes.

Los hechos ocurrieron este viernes sobre la avenida las Américas y la vialidad de entrada y salida al área de estacionamiento de las patrullas, en el edificio de la corporación. En el accidente resultaron heridos dos policías municipales.

Después de esposarlo y encerrarlo en una celda por aproximadamente 40 minutos, sin explicación alguna Hernández Gijón fue liberado.


La Asociación de Reporteros y Corresponsales del Norte de Coahuila (ARCNC) condenó el hecho y exigió que se sancione a los elementos policiacos que arrestaron al reportero de la Rancherita del Aire, la estación de radio líder en noticias en el norte de Coahuila y sur de Texas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439903/detienen-a-reportero-en-piedras-negras-tomar-fotografias-choque-patrullas

Denuncia periódico El Norte intento de extorsión

MONTERREY, NL: El periódico El Norte denunció que presuntos integrantes de la delincuencia organizada interceptaron a un distribuidor en la entrada del municipio de Pesquería para demandarle una cuota para permitirle repartir los periódicos.


De acuerdo con el diario, integrante del Grupo Reforma, los delincuentes les advirtieron a sus víctimas que “si no les paga cuota a partir de hoy, no podrá más distribuir periódicos en las tiendas del municipio”.

El medio relató que, según la versión de la mujer repartidora, a las 06:00 horas del jueves se transportaba con su esposo a este municipio, 30 kilómetros al norte de la capital, para entregar ejemplares de El Norte y Metro en 12 puntos de distribución.


Hombres armados a bordo de una camioneta pick up negra sin placas los interceptaron sobre la Carretera a Pesquería, cerca del entronque con la Carretera Miguel Alemán.

“Nos dijeron que ya no podíamos entregar (periódicos) ahí, que le dijéramos al jefe de nosotros que si queremos seguir entregando, que les lleváramos una cuota”, explicó la mujer, según su dicho publicado en el impreso en su edición de hoy.

Los delincuentes no les precisaron una cifra que debían entregar, pero les advirtieron que si no daban la aportación, tendrían que atenerse a las consecuencias.

También les señalaron que los tenían vigilados, que conocían sus horarios y los escoltaron de regreso, sin permitirles distribuir su producto.

Les advirtieron que si regresaban sería únicamente para señalarles la cantidad que les pagarían de cuota.
El 3 de octubre de 2013, el mismo diario publicó que uno de sus distribuidores sufrió una amenaza similar en la zona del Arroyo La Talaverna, del municipio de Guadalupe, de parte de personas armadas que les cobraron piso, les pidieron alinearse o atenerse a las consecuencias.

“¡Y dile a tus jefes que si no se alinean se los va a llevar la ching… Pinches amarillistas!”, habría amenazado uno de los agresores, quien demandó una cuota de 3 mil pesos a la semana o, de lo contrario, lo mataría. Los 800 ejemplares que llevaba fueron tirados.

La denuncia fue presentada por los afectados, aunque no se supo en qué terminó.

Anteriormente, el 4 de febrero de 2011, a la entrada de Nuevo Laredo, Tamaulipas, otro distribuidor fue secuestrado y la carga de diarios quemada.


En julio de 2012, instalaciones del norte en Nuevo León fueron objeto de ataque en sus oficinas ubicadas en las localidades de La Silla, Linda Vista y Sierra Madre. Desconocidos balearon las fachadas de los establecimientos, aunque no se reportaron personas afectadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439812/denuncia-norte-cobro-piso-a-repartidor

Grupo violento toma instalaciones de Radio Fórmula en Mexicali

CIUDAD DE MÉXICO: Un grupo de aproximadamente 10 personas ingresó de manera violenta a las instalaciones de Radio Fórmula en Mexicali, Baja California.

Los agresores, quienes se ostentaron como empleados de dicha empresa, entraron en la madrugada a la Planta transmisora 1150 XERM AM –que hasta este momento no tiene señal al aire–, según el reporte que dio a conocer Ciro Gómez Leyva esta mañana.

Mario Ávila, director de Grupo Fórmula en los estados, informó que ya presentaron la denuncia correspondiente para deslindar responsabilidades.

En entrevista con Gómez Leyva, señaló que no hay precisión de que el grupo de 10 personas haya ingresado armado a las instalaciones de Radio Fórmula en Mexicali.

“No tenemos datos de que haya habido armas blancas o de otro tipo, simplemente anotar que fue un grupo violento”, apuntó, sin ofrecer mayores detalles.


Por su parte, Grupo Fórmula exigió el esclarecimiento del caso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439634/grupo-violento-toma-instalaciones-radio-formula-en-mexicali

El diario Vanguardia denuncia intimidación, acoso y ataque cibernético en los últimos días; lanza alerta

Los ataques a Vanguardia y sus periodistas ocurren desde 2011 y van de intimidaciones y secuestros a asesinatos. La mayoría de las agresiones son cometidas por el crimen organizado, otras pudieron ser ordenadas por parte del mismo gobierno de Coahuila, pues el pasado 3 de mayo una reportera fue hostigada por dos sujetos desde que abandonó las instalaciones del portal hasta su casa. Esta periodista fue demandada por el ex Gobernador Humberto Moreira por una nota publicada en Vanguardia tras ser liberado de una prisión en España.

Desde hace unas semanas el portal Vanguardia de Saltillo y sus periodistas están sufriendo una serie de actos de difamación, espionaje, acoso, vigilancia, intimidación y un ataque cibernético por motivos desconocidos.

“Hacemos un llamado a la comunidad periodística nacional e internacional, a las autoridades correspondientes y a la ciudadanía para visibilizar lo que pareciera un intento por mutilar la libertad y derecho para informar que desde hace 40 años venimos ejerciendo primero desde Saltillo, Coahuila, y ahora a la comunidad global con las nuevas plataformas informativas”.

Vanguardia dijo que sin la certeza del origen y responsables de estas agresiones, pero “con pleno entendimiento de las lamentables consecuencias que otros compañeros periodistas sufren en estos momentos en distintas partes del país, lanzamos esta alerta”.

Desde el pasado 27 enero diversas páginas web fueron creadas para difamar, insultar e intimidar a miembros de Vanguardia, al igual que a otros periodistas y comunicadores de Coahuila.

El 25 de abril, los servidores de Vanguardia fueron atacados desde un DDoS desde Puebla, Coahuila y Nuevo León. Muchas de esas computadoras, al parecer, fueron ubicadas en diversas universidades. El equipo técnico logró bloquear el ataque cibernético.

El martes 3 de mayo antes de las 21:00 horas, un vehículo con dos personas a bordo se mantuvo afuera de las instalaciones aparentemente en labores de vigilancia y espionaje.

En los primeros minutos de ayer miércoles, ese vehículo sospechoso con los dos hombres jóvenes a bordo siguió en todo su trayecto (17 kilómetros) a una compañera reportera, quien era trasladada a su domicilio por el proveedor de transporte que da servicio a la empresa desde hace años.

Todo el trayecto cerca del taxi, intimidando. Al llegar al destino, a unos 30 metros, el auto sospechoso detuvo la marcha, esperó a que la reportera ingresara a la casa, el taxista se fuera y un par de minutos después se colocó frente al domicilio unos segundos, hasta que los sospechosos se dieron cuenta de que en el lugar había más personas, se retornaron y retiraron a velocidad muy baja. Cuatro minutos después regresaron y volvieron a circular frente al domicilio a mínima velocidad casi deteniendo la marcha frente a la casa.

A partir de las 2:00 horas la reportera fue llevada a resguardo, donde permanecerá mientras no se conozca la naturaleza de la persecución e intimidación.

“No necesitamos evaluar posibilidades en este tipo de embestidas, pues en tiempos que creíamos ya en el pasado nuestros compañeros han sido perseguidos, agredidos, ‘levantados’ y secuestrados”.

Los puntos más altos de las agresiones fueron en marzo de 2011, cuando un comando armado secuestró a uno de los editores para ordenarle no publicar ni una palabra de la violencia que cimbraba la ciudad; el 29 de mayo de 2011 las instalaciones de Vanguardia fueron atacadas con una granada y sitiadas por sicarios durante más de 30 minutos; el 25 de abril del 2013 nuestro el fotógrafo de Sociales, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años, fue asesinado y su cuerpo desmembrado por el crimen organizado; en marzo de 2014 otros dos editores fueron amenazados y acudieron ante la Fiscalía Federal de Delitos para Periodistas, que le asignó un botón de pánico un año después.

“Hoy queremos confiar en nuestras autoridades, en sus distintos ámbitos y competencias. En sus manos a final de cuentas está la integridad de cada uno de quienes contribuimos en esta casa editora, al igual que la de todo ciudadano”.

DEMANDA HUMBERTO MOREIRA A VANGUARDIA

La reportera perseguida la madrugada de miércoles es una joven especializada en educación y notas comunitarias y humanas; no maneja información de seguridad pública desde hace más de un año.

Actualmente está demandada junto con Vanguardia por Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ante la justicia civil argumenta daño moral por una nota publicada tras su liberación el pasado 23 de enero de una prisión en Madrid, España.

La demanda, que se encuentra radicada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Saltillo, fue notificada a Vanguardia hace dos semanas.

FUENTE: SIN EMBARGO, VANGUARDIA
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-05-2016/1656717

Condenan SIP y CNDH asesinato de Francisco Pacheco Beltrán

CIUDAD DE MÉXICO: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenaron el asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán este lunes en Taxco, Guerrero.

Mientras la SIP manifestó su repudio por el “doble silenciamiento” contra los periodistas “por las balas y por el sistema legal”, el organismo nacional expresó su indignación e hizo un llamado a las autoridades para que “de manera urgente” realice las acciones necesarias para esclarecer el crimen, ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Tras conocerse la ejecución del periodista de 55 años, el quinto caso en lo que va del año, en un comunicado la SIP exclamó un “¡basta ya!” como mensaje a las autoridades para que busquen herramientas concretas y rápidas que acaben con la violencia.

La SIP manifestó su “indignación por el ‘doble silenciamiento’ contra los periodistas, producto tanto de las balas como del sistema legal, el que permite la impunidad y la desprotección de los informadores”.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, comentó: “Es indignante la zozobra que padecen los periodistas mexicanos ante la escasa acción de las autoridades y la carencia de justicia por estos casos de asesinatos, agresiones y amenazas”.

Según su dicho, “este clima insoportable de impunidad incentiva a los violentos a cometer los mismos homicidios una y otra vez, ya que cualquier delincuente o pendenciero puede silenciar a un periodista para siempre sin ninguna consecuencia”.

El “Ya basta”, añadió, es para crear “mecanismos legales a favor de la imprescriptibilidad de los asesinatos de periodistas, ya que muchos están siendo doblemente silenciados, tanto por las balas como por el sistema legal al dejarlos caer en el total olvido y la impunidad”.

La SIP hizo el recuento de los periodistas que han sido asesinados en lo que va de este año: Moisés Dagdug Lutzow (20 de febrero, Tabasco), Anabel Flores Salazar (8 de febrero, Veracruz), Reinel Martínez Cerqueda (22 de enero, Oaxaca) y Marcos Hernández Bautista (21 de enero, Oaxaca).

Luego, recordó el informe sobre México, presentado en la pasada reunión de la SIP en Punta Cana a principios de abril en la que quedó consignado que desde 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han sido asesinados 109 periodistas, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un comunicado, la CNDH destacó que desde las primeras horas en que se conoció el hecho, entabló comunicación con los familiares del periodista para manifestarles su pésame, apoyo y acompañamiento.

Y subrayó la necesidad de que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas analice y, en su caso, “brinde todas las garantías de seguridad y protección a la familia del periodista, y de la misma forma revise el nivel de riesgo de otros informadores de la región, para prevenir cualquier ataque contra su integridad personal”.

El organismo de derechos humanos demandó a las autoridades responsables de las indagatorias agotar como línea de investigación la posible vinculación del asesinato de Pacheco Beltrán con su actividad profesional.

“Lamentablemente las agresiones contra periodistas y medios de comunicación son una realidad cotidiana indignante, lo que llevó a la emisión de la Recomendación General 24 ‘Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México’”, apuntó.

En ese documento, dijo, se da cuenta del contexto que viven los periodistas y comunicadores en el país, y se hacen recomendaciones específicas a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno con el objeto de promover entornos seguros para los periodistas y sancionar a quienes cometan cualquier acto de agresión en su contra, para evitar la impunidad.

La CNDH destacó que la mayor parte de los homicidios de periodistas registrados en el país desde el año 2000 han ocurrido en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca. Tan sólo en 2016, apuntó, se registraron otros cuatro asesinatos de periodistas en México, dos de ellos en Oaxaca (Reinel Martínez Cerqueda y Marcos Hernández Bautista), uno en Veracruz (Anabel Flores Salazar) y otro más en Tabasco (Moisés Dagdug Lutzow).

De acuerdo con un reporte oficial, alrededor de las 6:30 de este lunes, Francisco Pacheco Beltrán fue atacado por sujetos armados cuando salía de su domicilio ubicado en la calle Tlalchichilpa del barrio 20 de Noviembre, en Taxco, Guerrero.

El periodista de 55 años y hermano de Eric Pacheco, corresponsal de la revista Proceso en Querétaro, murió por la gravedad de las lesiones sufridas, en momentos que era atendido por socorristas en el lugar donde ocurrió el ataque.

Francisco Pacheco era un periodista de larga trayectoria y legado en la entidad, actualmente editaba el periódico El foro de Taxco y se desempeñaba como corresponsal para un diario que se edita en Acapulco y para una estación de radio de Chilpancingo.

En la madrugada de este mismo lunes estuvo muy activo en redes sociales, documentando y difundiendo los hechos violentos registrados anoche en el puerto de Acapulco, como parte de su labor periodística.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

FECHA: 25 ABRIL 2016.

LINK: http://www.proceso.com.mx/438453/basta-ya-clama-la-sip-asesinato-francisco-pacheco-beltran

Cambian abogado a exjefe policiaco implicado en agresión a reportera en Silao

IRAPUATO, Gto: Durante su presentación ante el juez de control de oralidad José Luis Argüello Uribe, el exdirector de Seguridad Pública de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero, a quien la Procuraduría General de Justicia (PGJ) buscaba desde hace más de un año, aseguró que trabajaba “cuidando el rancho y ganaba mil 200 pesos a la semana”.

Miembro del Ejército Mexicano por cinco años, agente de la Policía Ministerial durante nueve, integrante del Grupo Especial de Reacción Inmediata y experto antisecuestros en la PGJ antes de ser nombrado director de Seguridad en Silao, Aguirre pidió ser representado por un defensor público.

El exfuncionario, quien cursó hasta el noveno semestre la especialidad de Criminología en una universidad en León, es una de las seis personas señaladas por la PGJ como instigadores y partícipes en la agresión perpetrada en septiembre de 2014 contra la reportera del periódico ‘El Heraldo’ de León, Karla Silva, y su compañera Adriana Palacios, en la oficina del diario en Silao.


Desde entonces Aguirre Guerrero estuvo prófugo hasta su captura, el pasado miércoles 30.

El exjefe policiaco, visiblemente más delgado y con el pelo blanco, fue presentado esta mañana ante el juez de control de oralidad, quien ordenó que la audiencia de imputación de cargos que le hará la Fiscalía se realice este viernes.

Argüello Uribe también determinó cambiar al defensor público de Aguirre Guerrero, en virtud de que Ricardo Valadez Martínez ya había defendido a Joaquín Osvaldo Valero y José Samuel Ornelas, dos de los hombres que fueron contratados para golpear y amenazar a Karla Silva.

Ambos admitieron su culpabilidad y fueron sentenciados en procedimientos abreviados, por lo que obtuvieron una reducción de pena.

Debido a que puede existir un conflicto de interés porque los autores materiales podrían ser llamados a testificar en caso de que el exdirector de Seguridad Pública sea vinculado a proceso y enjuiciado, el juez ordenó el retiro de Ricardo Valadez y en su lugar se asignó a Luis Enrique Romero Gaytán.

“Osvaldo Valero (y José Samuel) aceptó la acusación en su contra para someterse al procedimiento abreviado; esto implica la participación de otras personas (entre ellas el exdirector de Seguridad), por lo que podría existir un conflicto y luego se podría argumentar que su defensa no fue la adecuada”, expuso la fiscal Yolanda Domínguez al juez, quien admitió los argumentos.

Posteriormente Argüello concedió un plazo de 24 horas para que el nuevo defensor conozca la carpeta de investigación para proceder a la audiencia de imputación de acusaciones contra Nicasio Aguirre, que se desahogará este viernes a partir de las 8 de la mañana.

El juez hizo saber al exfuncionario policiaco que pasará un segundo día en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Irapuato, donde también está recluido el exalcalde de Silao (su jefe), Enrique Benjamín Solís.


Presente en la audiencia, la reportera Karla Silva Guerrero calificó la detención como un avance en el proceso, “un acercamiento en la justicia, que se llevará un poco más de tiempo, pero vamos avanzando… Ha sido cansado no sólo para mí, para mi familia, para quienes han estado en el proceso, pero seguiremos, cueste el tiempo y el esfuerzo que cueste”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435303/nicasio-aguirre-acusado-agredir-a-reportera-en-silao-pide-defensor-publico-lo-represente

Detienen a exdirector de Seguridad Pública de Silao por agresiones contra reporteras

GUANAJUATO, Gto: El exdirector de Seguridad Pública de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero –prófugo desde septiembre de 2014–, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), acusado de participar en la agresión contra las reporteras del periódico ‘El Heraldo’ Karla Silva Guerrero y Adriana Elizabeth Palacios.


Según los primeros informes, Aguirre Guerrero habría sido capturado en un rancho en Silao, pero oficialmente no se ha confirmado el lugar preciso.

El exfuncionario fue trasladado a las instalaciones del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Irapuato, y en las próximas horas quedará a disposición del juez de control de oralidad.


Desde los primeros días posteriores a la golpiza propinada a Karla Silva y Adriana Palacios, el 4 de septiembre de 2014, a Aguirre Guerrero se le señaló como uno de los implicados en el ataque, presuntamente por órdenes del entonces presidente municipal Enrique Benjamín Solís Arzola.

Hace 19 días la PGJE detuvo en su domicilio de Silao al exalcalde priista, quien concluyó su gestión en octubre del año pasado.

De acuerdo con declaraciones de Luis Gerardo Hernández Valdenegro y del subdirector operativo de la Policía, Jorge Alejandro Fonseca, ‘El Pelón’ –ambos confesos y sentenciados en juicios abreviados–, Solís Arzola ordenó, a través de Nicasio Aguirre, “parar las notas” de ‘El Heraldo’ y a la reportera Karla Silva Guerrero.


“Haz lo que tengas que hacer para parar esas notas”, dijo el exalcalde priista al exdirector de Seguridad Pública en el edificio del Palacio Municipal, dos días antes de la agresión, según la declaración de los sentenciados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435162/detienen-a-exdirector-seguridad-publica-silao-agresiones-contra-reporteras

El 2015 fue el año más violento contra la prensa en México: 1 agresión cada 22 horas

La organización Artículo 19 presenta hoy su informe M.I.E.D.O. sobre las agresiones a periodistas y medios de comunicación en 2015. La Ciudad de México y Veracruz fueron las entidades con más ataques a la prensa.

En México, cada 22 horas un periodista es agredido. Este es uno de los principales datos que expone la organización Artículo 19 en su informe M.I.E.D.O. (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), en el que advierte que el año 2015 fue el más violento para la prensa en general, y también para las mujeres periodistas en particular.

En total, Artículo 19 documentó 397 agresiones el año pasado, incluyendo siete asesinatos de periodistas, 109 ataques físicos/materiales, y 84 amenazas, entre otros ataques.

La cifra de 397 agresiones representa un alza de 21.8% en comparación con 2014, año en el que se contabilizaron 326, o una agresión cada 26 horas.

De hecho, subraya el reporte que se presenta este jueves 17 de marzo, en los tres primeros años de Enrique Peña Nieto como presidente –desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015- la suma de agresiones asciende a mil 073 hechos documentados, frente a las mil 832 registradas de 2009 hasta 2015. Esto es, que el 58% de las agresiones contabilizadas contra la prensa en siete años se produjeron en los últimos tres años con Peña Nieto en Los Pinos.


En cuanto a las mujeres comunicadoras, el informe advierte que se registró la cifra récord de 84 casos, de los cuales 9 son por violencia de género en redes sociales. Desde el 2009, año en que Artículo 19 comenzó a documentar agresiones contra la prensa, nunca antes se habían contabilizado tantos ataques a mujeres periodistas. Las cifras lo constatan: los 84 casos de 2015 suponen un aumento de 33% en comparación con 2014 (63 casos); 42% más que en 2013; y 162% más que en 2012.

CDMX, con más ataques, pero Veracruz es la más peligrosa

Por zonas geográficas, el informe M.I.E.D.O. subraya que “el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo” principalmente en la Ciudad de México y Veracruz, con 67 agresiones cada una. Le siguen Guerrero (56), Puebla (38) y Oaxaca (35). Estos datos reflejan que en tan solo cinco entidades en el país se concentra el 66% de las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

En el caso de la Ciudad de México, que es la entidad con más casos de agresión –especialmente por amenazas (14) y hostigamiento (14), Artículo 19 matiza que esto se debe “principalmente al abuso policial en contexto de protesta social”.

“Como la Ciudad concentra el mayor número de manifestaciones, de ahí que el deficiente profesionalismo de su policía tenga a la Ciudad de México en el primer lugar (de agresiones)”, explica Darío Ramírez, director de Artículo 19 en la oficina para México y Centroamérica, quien destaca que Veracruz, a pesar de tener el mismo número de casos de agresión en 2015 que la capital del país, “es el espacio geográfico del continente más peligroso para ejercer el periodismo”.

“Durante la administración del gobernador Javier Duarte (2010-lo que va de 2016), 15 periodistas han sido asesinados, colocando a Veracruz como la entidad más peligrosa de México para ejercer el periodismo”, enfatiza Ramírez.


Asimismo, Artículo 19 apunta que a pesar de algunos intentos locales por brindar protección a periodistas en la entidad, “la realidad es que su indefensión es absoluta y el miedo de los periodistas en el estado es generalizado”, tal y como demuestra que sea el estado con el mayor número de desplazados, con 4 –de 5 casos en total-, el mayor número de asesinatos (3), y de casos de violencia sexual (2) contra periodistas.

Otro caso preocupante, expone el informe, es el de Guerrero; entidad donde el aumento de las agresiones es notable, ya que se pasó de 28 casos en 2014 a 56 en 2015, ubicándola como la tercer entidad con mayor número de registros.

“La violencia contra la prensa en esta región se duplicó debido a los niveles de ingobernabilidad, donde el crimen organizado tiene un amplio control ante un Estado débil”, apunta Darío Ramírez.

Otra entidad donde el aumento de la violencia ha sido creciente es Guanajuato, donde de una agresión por año en 2013 y 2014, se pasó a 13 en 2015. Además, el año pasado se registró el primer asesinato de un periodista en la entidad.


Puebla es otro ejemplo: pasó de 3 agresiones en 2013, a 16 en 2014, y 38 en 2015. Asimismo, la entidad que gobierna Rafael Moreno Valle presentó una creciente incidencia de ataques a medios de comunicación digitales, concentrando el 30% de los 59 ataques cibernéticos en el país registrados de 2009 a 2015.

Funcionarios, los más agresores; reporteros, los más agredidos

En cuanto a los agresores de la prensa, Artículo 19 documentó que de 397 agresiones en 2015, los funcionarios públicos son quienes más atacan a los periodistas: 165 casos, frente a 85 en los que no se identificó al agresor, 78 de particulares, 35 del crimen organizado, y 34 de fuerzas partidistas. Los funcionarios de autoridades estatales, con 97 casos, son los más agresores. Le siguen autoridades municipales (38) y autoridades federales (30).

De hecho, en el acumulado de 1 mil 832 agresiones en el periodo 2009-2015, el 46.9% provienen de algún servidor público. 

Mientras que los comunicadores más agredidos en 2015 fueron los reporteros (183 casos), fotoperiodistas (44), directores (35), y locutores (23).

Además, Artículo 19 enfatiza que los ataques a las instalaciones de medios de comunicación continúan en ascenso: 69 en 2015, frente a 60 en 2014, y 41 en 2013. Esto equivale a 24.8% de los 278 registrados en los últimos siete años.

Por primera vez, apunta la organización al respecto, la mayor incidencia de los ataques en un año se dirigieron contra medios digitales, con 32 en 2015. Los medios impresos (periódicos y revistas) le siguen, con 18.


“En contraste, durante 2014, estos últimos recibieron una mayor proporción de las agresiones, con 42, mientras que los digitales, 13”, indica el informe M.I.E.D.O., en el que, además de los datos estadísticos sobre la violencia contra la prensa, también incluye cuatro “historias del miedo”, sobre los riesgos de la profesión periodística en estados como Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTES.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/en-2015-el-ano-mas-peligroso-para-las-mujeres-periodistas-en-mexico-dice-articulo-19/

El despido de Aristegui y el amparo

A un año del despido de la periodista Carmen Aristegui en Noticias MVS, uno de los amparos que se presentaron por este hecho sigue con vida en tribunales y su promotor, el abogado César Enrique Olmedo Piña, confía en que se le otorgará. De obtenerlo, se definirán criterios más claros sobre los derechos de las audiencias, sus alcances y su protección.

El 7 de julio de 2015 escribí sobre el tema en Sin Embargo. En aquella ocasión comentamos que el abogado acudió a la justicia porque la anulación del noticiario que conducía Carmen Aristegui le afectaba sus derechos como parte de la audiencia, al igual que a miles de radioescuchas. Particularmente él considera que dicho espacio informativo era único por sus contenidos, ya que en la oferta actual de la radio no existe un servicio similar.

Precisa que las investigaciones periodísticas que se realizaron en el programa de Aristegui, como el reportaje de “La ‘casa blanca’ de Peña Nieto”, no las ofrecía ni las ofrece actualmente ningún noticiario radiofónico. Tampoco encuentra la visión crítica de la realidad nacional que tenía su emisión. Por eso, argumenta, habría un daño a su derecho a la información, que lleva un año sin ser reparado.

El amparo fue admitido en mayo de 2015 en el Juzgado Primero Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, bajo el expediente 81/2015. Las autoridades emplazadas fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y MVS Radio. El 9 de noviembre, también del año pasado, el juez sobreseyó el amparo (es decir, decidió no estudiar a fondo el caso ante un defecto procesal) por una razón inaudita: el domicilio de MVS Radio, S.A. de C.V. “no existe”. Antes, Olmedo tuvo la oportunidad de emplazar o notificar por edictos a la empresa vía un diario nacional y en el Diario Oficial de la Federación, pero el costo económico era muy alto.

Al no notificar, como ya se dijo, se sobreseyó el juicio, pero se incluyó a las tres autoridades emplazadas y no sólo a MVS, lo que en la práctica mataba el amparo. Ante esto, el abogado presentó un recurso de revisión en el Primer Tribunal Colegiado y los magistrados resolvieron por unanimidad el 25 de febrero de 2016 que el juicio debía reponerse y continuar para el resto de las autoridades, es decir, para la SCT y el IFT.

Olmedo tendrá que argumentar al juez que el espacio de Aristegui era único. Cuenta con varios documentos, incluso información oficial, que podrían ayudarle en su causa. También afirma que se aprecia “voluntad jurisdiccional”, esto es, que al menos en el tribunal hay disposición y un andamiaje jurídico para resolver de forma nueva y justa, a la luz de los cambios a la regulación en radiodifusión y telecomunicaciones, así como en materia de amparo. “Si contamos con esta virtud, la expectativa es alta porque en condiciones normales debería otorgarse el amparo”.

En caso de ser amparado ¿qué gana el radioescucha? Olmedo afirma que desafortunadamente no se reinstalará a Aristegui en su espacio informativo en MVS, pero se establecerán precedentes muy importantes para la protección de los derechos de las audiencias, en varios ámbitos. Uno de éstos es la responsabilidad de los concesionarios de frecuencias de radio y televisión de salvaguardar el derecho humano de libertad de expresión de los periodistas a los que contrata y garantizarlo a través de los mismos títulos de concesión. Si este derecho es vulnerado, los concesionarios pueden ser considerados como autoridades en el juicio de amparo. Esto daría un nuevo impulso a uno de los argumentos incluidos en el amparo que presentó Aristegui, pero que fue desechado en un tribunal administrativo. Como se sabe, esta resolución llevó a la periodista a presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación de la justicia.

Otra consecuencia son las obligaciones del IFT en la protección de los derechos de las audiencias. Independientemente de observar, por ejemplo, si un defensor o una defensora de la audiencia cumple los requisitos para ocupar dicho cargo, el órgano regulador tendría atribuciones para supervisar si un concesionario cumple con lo estipulado en su título de concesión en lo que respecta a los derechos de las audiencias y sancionar en caso de incumplimiento. Por lo tanto, este juicio -dice Olmedo- podría definir más ampliamente los alcances de los derechos de las audiencias al fijar su contenido esencial, los sujetos obligados de respetarlos y los mecanismos para garantizarlos.

Es muy probable que el juez que analiza el amparo de Olmedo no se lo otorgue por los antecedentes descritos. El litigio continuará así en el tribunal especializado, donde uno de sus magistrados, Tron Petit Jean Claude Andre, ha manifestado en otro amparo similar al de Olmedo que el IFT no acreditó haber cumplido con su facultad de supervisar si con motivo de la suspensión del programa de Carmen Aristegui se vulneraron los derechos de las audiencias “al privarles de recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación, así como programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.


Este antecedente es un buen augurio para que el abogado egresado de la Universidad La Salle sea amparado y con ello se fortalezcan los derechos de las audiencias, tan subestimados hasta ahora por radiodifusores y autoridades, como el IFT, que a medio año de haber concluido la consulta del proyecto sobre los lineamientos de dichos derechos sigue sin aprobarlos y publicarlos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/15-03-2016/47227

Emprenden campaña difamatoria contra colaboradora de Proceso en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO: El portal informativo La Opción en Chihuahua emprendió el 1 de marzo una campaña de desprestigio contra la periodista Patricia Mayorga mediante la difusión de notas informativas anónimas en las que la acusa de estar metida en líos judiciales, de haber militado en partidos políticos y de lucrar con fondos para periodistas, entre otras calumnias.

La campaña periodística generó que integrantes de la sociedad civil y organizaciones de defensa de los derechos humanos y de periodistas exigieran en los días subsecuentes — 2 y 3 de marzo–, a Mario Trevizo Salazar, secretario de Gobierno del estado, que detuviera la embestida de desprestigio en contra de la colaboradora del semanario Proceso.

Además, pidieron que se regule la publicidad oficial, toda vez que ese medio de comunicación es uno de los más beneficiados con la publicidad gubernamental, por lo que no descartaron que la embestida provenga desde el Palacio de Gobierno, como ha sucedido con opositores al gobierno de César Duarte Jáquez.


Otro indicador no menos importante es que dicho portal de noticias ha lanzado ataques contra otros periodistas y voceros en los últimos meses.

Trevizo Salazar se comprometió a resguardar la integridad física de Mayorga y a ofrecer una postura oficial sobre el respeto hacia el trabajo de la reportera y del periodismo libre.

En la manifestación de apoyo a Mayorga, los activistas, entre quienes se encontraban defensores de indígenas, familiares de personas desaparecidas, migrantes, y del Movimiento de Mujeres, recriminaron a Trevizo que el gobierno permita que se orquesten campañas de desprestigio a través de medios oficialistas como La Opción de Chihuahua.

“Controle a sus medios”, reclamó Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

El origen de la campaña contra Mayorga, de acuerdo con el Movimiento de Mujeres, fue la publicación en proceso.com.mx y la agencia APRO de la denuncia formulada por la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lobera, contra el secretario de Desarrollo Social, José Luis García Rodríguez, por violencia institucional, el pasado 29 de febrero en el marco de su informe de actividades. Pocos medios locales hicieron eco de la querella.


Un día después, el 1 de marzo, La Opción difundió la siguiente nota sin firma.

La corresponsal de la revista semanal Proceso, Patricia Mayorga Ordóñez, se halla envuelta en líos judiciales.
Su nombre aparece en un amparo indirecto, señalado al rubro 09/2016 y radicado ante el Juzgado Décimo de Distrito. El juicio fue promovido por un grupo de ex periodistas, en su mayoría, pues ya no ejercen, o son voceros de gobierno del estado.
Reclaman no haber sido tomados en cuenta por el Colegio de Periodistas de Chihuahua para la elección del Consejo Directivo 2016.
Patricia Mayorga Ordóñez, la corresponsal de Proceso, fue presidenta de la agrupación en su segundo año de vida, en 2006.
Su periodo fue caracterizado por la opacidad y la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos que obtuvo para el Colegio de Periodistas.
En la demanda de amparo, firmó junto a otros ex periodistas, una serie de mentiras que, en un proceso penal, podrían ser tipificados como delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad.
Por ejemplo, señala que no se le permitió presentar una planilla para la elección del Consejo Directivo 2016, que le fue negado a la asamblea electiva y que se le prohibió votar.
Todo esto es mentira, falso de toda falsedad, como dicen los abogados rascuaches, pues ella misma se retiró de la agrupación, al señalar que no le interesaba regresar a la organización gremial.
Mayorga fundó una red de mujeres periodistas, que se ha constituído en un auténtico fracaso y, a raíz de ello, decidió volver a la grilla del Colegio de Periodistas de Chihuahua.
En su segunda parte, este lío judicial le obligará a rendir cuentas ante la autoridad judicial de los recursos que tuvo entre sus manos cuando fue Presidenta de la organización.
Activa militante de Acción Nacional, Paty Mayorga, como le dicen sus amigos, cambió radicalmente de ideología a partir de su ingreso a la revista Proceso y se constituyó desde entonces en una furibunda militante de izquierda.
Además de ser corresponsal, se dedica a brindar asesoría en materia de medios -a pesar de su pésima redacción- a organizaciones civiles y grupos de distinta índole.

Posteriormente, un grupo de periodistas se reunió también con Trevizo para manifestar su preocupación por los ataques de ese medio contra la colaboradora del semanario Proceso.

Asimismo lamentaron que el propio gobierno estatal empodere a un puñado de medios de comunicación que hacen un periodismo cómodo con el flujo de recursos millonarios por publicidad.

En el encuentro, el secretario de Gobierno reconoció la necesidad de hacer una regulación oficial y sugirió que esa iniciativa debe ser impulsada por los propios periodistas o las mismas empresas periodísticas.

El pasado 7 de marzo organizaciones civiles de esta entidad y una veintena de agrupaciones del país, lanzaron públicamente una alerta preventiva para defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua.

La alerta fue dirigida al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en su calidad de presidente de la junta de gobierno del Mecanismo de Protección Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el propósito de prevenir futuras agresiones.

Luego de hacer un recuento de las campañas de desprestigio a través de diferentes medios de comunicación, que han sostenido en contra de defensores durante la actual administración gubernamental, Alejandra Niño, representante del Cedehm, destacó los últimos ataques en contra de las defensoras de indígenas Diana Villalobos y María Teresa Guerrero de Consultoría Técnica Comunitaria, y de Isela González, de Alianza Sierra Madre.

Las integrantes de esas organizaciones defienden, además, casos de desplazamiento forzado, asesinatos y amenazas.

La semana pasada, luego de que las organizaciones manifestaron su apoyo público a la colaboradora de Proceso, el portal La Opción atacó a las activistas Luz Estela Castro Rodríguez y Blanca Gámez Gutiérrez, a quienes acusó de exigir 36 millones de pesos para crear una cooperativa para familias de personas desaparecidas y de “lucrar con desapariciones, en serio, no tiene nombre”.

“Estas aseveraciones, realizadas de mala fe, sin fundamento y con la evidente intención de crear un perjuicio en las mujeres a las que se involucra en las diferentes notas, son posibles por el evidente control que ejerce el ejecutivo del estado a partir de la publicidad oficial que contrata”, dijo Nuño.

Pidieron reforzar la protección de las mujeres defensoras y periodistas por parte del Estado mexicano, basadas en tratados internacionales que ha firmado.

“Por otra parte, dado que no existe reglamentación en la publicidad oficial, los convenios de publicidad son completamente discrecionales. El Gobierno decide con qué medios firma convenios y con cuánto monto. Obviamente esta fórmula lo que propicia es que el Gobierno convenga la publicidad con los medios que más le favorecen, tanto impresos, como electrónicos, incluidos los digitales.

“Ello ha propiciado que algunos medios, especialmente páginas digitales hayan crecido exponencialmente, con una política completamente oficial y lo más grave es que algunos hacen campañas de difamación contra las personas que son críticas del Gobierno.

“De acuerdo con FUNDAR y Artículo 19, “en términos absolutos, de estas quince entidades, la que más gastó en publicidad oficial desde 2005 hasta el 2012 fue Chihuahua con 2 mil 550 millones, le sigue el Distrito Federal con 2 mil 396 millones y en tercer lugar Nayarit, con mil 726 millones”, asienta la alerta de las organizaciones.

Además, consideran que Chihuahua enfrenta diversos retos para garantizar libertad de las voces que luchan por los derechos humanos o por evidenciar los actos de corrupción, conflictos de interés e irregularidades por parte de las autoridades.

“No obstante ello, es obligación del Estado eliminar todos los obstáculos que ponen en riesgo a personas defensoras y periodistas”.
En la alerta, los activistas urgen a adoptar medidas preventivas que desincentiven futuras agresiones u obstaculizaciones la labor informativa y de defensa de derechos humanos y periodistas.

También piden que se informe de la alerta de manera inmediata al gobernador, al fiscal general y al secretario de Gobierno, para que cooperen en la implementación de medidas de protección, solicitan no incentivar o tolerar las campañas de desprestigio y urgen a difundir en todos los medios que tengan publicidad contratada un boletín en el que resalten la labor positiva que desarrollan los defensoras de derechos humanos y la periodista afectada, así como pedir información a la Fiscalía General sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los ataques sufridos por beneficiarios del Mecanismo de Protección, de medidas cautelares y provisionales.

La periodista Dora Villalobos dijo en el marco del Día Internacional de la Mujer:

“No es posible que se calumnie a nadie (…) tenemos que tomar conciencia, preocuparnos y exigir, exigirnos como gremio, un periodismo ético. Nos preocupa mucho esta relación entre el poder y medios de comunicación porque no hay reglamentación y hay mucho dinero de por medio”, abundó Villalobos.

El pasado 6 de marzo la organización Periodistas de a Pie y media docena de agrupaciones civiles y periodistas de distintos puntos del país lanzaron otra alerta. En ella, los periodistas pidieron a Campa Cifrián, entre otras autoridades federales y estatales, iniciar las investigaciones correspondientes que clarifiquen la iniciativa de esta campaña de desprestigio contra la periodista Patricia Mayorga y otros periodistas de Chihuahua.

Exigieron aplicar acciones preventivas en coordinación con la periodista, para anular la escalada de ataques y prevenir alguna agresión física que pongan en riesgo su vida y la de su núcleo familiar.

De igual forma, demandaron respetar el mandato que cada autoridad tiene para establecer garantías básicas para que el periodismo libre se pueda ejercer, particularmente el que somete a rendición de cuentas el ejercicio del poder.

“Es deber del Estado mexicano a través de las instancias y jerarquías correspondientes, garantizar las condiciones físicas y de seguridad para que se ejerza el periodismo de calidad (…) Lamentablemente, nuestra labor dentro del periodismo dado el clima generalizado de violencia contra periodistas y comunicadores en México, se ha tenido que fusionar también con la tarea de denunciar y protegernos colectivamente ante situaciones como la que hoy alertamos”, subrayaron.

Antecedentes

En la alerta emitida a través de Periodistas de a Pie se explica que “por la virulenta redacción de la nota, nos resulta evidente que se ha activado una campaña de desprestigio a raíz de su trabajo periodístico, por parte de Osvaldo Salvador, director del portal La Opción ,quien, precisamente, protagonizó el arrebato de la presidencia del Colegio de Periodistas a finales de 2015 y ha sido señalado como posible responsable de mensajes anónimos vía correo electrónico enviados a otros reporteros involucrados en el juicio de amparo.

“La policía cibernética en su momento detectó que el origen de tales mensajes de amenaza y acoso salieron del servidor del portal La Opción, según consta en la denuncia 26046/2015 en la Unidad de Delitos de peligro con la paz, seguridad de las personas y fe pública. Tenemos conocimiento que organismos civiles de Chihuahua en solidaridad con la periodista Mayorga, realizaron diversas acciones en Palacio de Gobierno el 3 de marzo 2016 y resultaron, también, difamadas por el mismo director de La Opción en represalia, por lo que se constata que se trata de una orquestación claramente definida contra voces críticas y disidentes a la actuación gubernamental”.

Señalan además el ataque mediático se dio después de las publicaciones “El carcelero de turbio historial” a partir de la visita del Papa en ciudad Juárez y la nota “Funcionaria denuncia violencia institucional y acusa a juez de golpeador” sobre la denuncia de Emma Saldaña Lobera del Ichmujer.

“Trabajos periodísticos que dan cuenta de comportamiento institucional no adecuado y acciones de corrupción en el sistema penitenciario, por lo que la consecuencia al dedicado trabajo periodístico, lo sabemos, suele ser una campaña de hostigamiento y agresiones como la que se ha dirigido contra Patricia Mayorga”.

Luego de las alertas, La Opción publicó otra columna anónima, en la que asegura que la corresponsal no estuvo en el evento de Saldaña, pese a que hay evidencia de lo contrario porque tuvo como invitados a autoridades, organizaciones civiles y estuvieron presentes los medios de comunicación locales.

La acusa de haber copiado de otro medio, el 4 de marzo, una nota en la que se evidencian nombres de presuntos líderes de grupos delictivos que afiliaron a familiares como candidatos del PRI, que elaboró en conjunto con la reportera de otros medios, por razones de seguridad y a la que ambas entrevistaron al mismo tiempo al presidente del PRI, Guillermo Dowell.

La segunda publicación fue en la columna del mismo medio, el 6 de marzo:

La corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, ha agregado nuevas mentiras a su currículum profesional. Al menos dos, que han sido detectadas, se comentan en este espacio. La primera mentira, de esta semana, consiste en haber dicho que fue la única reportera que trató el tema de Emma Saldaña. La Fuente Móvil (es esa columna), y a las pruebas se remite, publicó la misma tarde noche del día del informe, la noticia de la polémica. El Diario de Chihuahua publicó en su edición impresa, con cintillo en portada, el mismo tema. Y decenas de digitales, amén de los electrónicos, realizaron publicaciones diversas. Con esto se cae la teoría del complot, a través de la cual, muy al estilo pejelagarto, aseguran que fue la única que hizo una publicación.

Mayorga no asistió al evento del informe, sino que, fiel a su estilo, se fusiló los datos de los medios digitales para enviar la información, un día después a la revista Proceso. La otra gran mentira fue decir que había hecho sólo ella un reportaje de los candidatos vinculados al narcotráfico, allá en la sierra. La corresponsal no viajó al lugar de los hechos, sino que se limitó a hacer copy-paste de la columna Mirone, del periódico Norte de Ciudad Juárez. No fue la única y tampoco la primera en escribir sobre el tema.

Como buitres de la información, o como zánganos del periodismo, algunos reporteros, como es su caso, se dedican a checar los digitales para cazar la nota y, tras darle una revolcada, enviarla a medios nacionales, pomposamente con su firma y cara de exclusividad, pero no engañan a nadie dentro del gremio. Les gana el protagonismo y las ansias de figurar, y para ello utilizan la paranoia y la neurosis obsesiva, que les lleva a inventar móviles que, en su afán de justificar sus yerros, hace que se crean sus propias mentiras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433459/emprenden-campana-difamatoria-contra-colaboradora-proceso-en-chihuahua