El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez (del partido Morena), anunció oficialmente su negativa a pagar la indemnización por reparación integral del daño que un juez penal ordenó otorgar a la familia de María Bárbara Reyes Muñiz, adolescente desaparecida y asesinada en 2011 en el municipio de Cuatitlán Izcalli, y cuyo caso tardó 12 años en resolverse, debido a las omisiones e irregularidades en las que incurrió el Ministerio Público local, luego de su desaparición.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la reforma a la Ley General de Víctimas, con la que se eliminó el presupuesto mínimo para la atención de víctimas desde 2020.

Las organizaciones recordaron que el mínimo presupuestal fue una garantía lograda por las familias de personas desaparecidas o víctimas de ejecución, sobrevivientes de tortura y tortura sexual, así como de las víctimas de otras graves violaciones a derechos humanos, por lo que la decisión de la SCJN reafirma «que los derechos conquistados por las víctimas no pueden dar marcha atrás».

Por unanimidad de votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma que eliminó el presupuesto mínimo que el gobierno destina para la atención a víctimas del país, recursos que formaban parte de uno de los fideicomisos extintos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020.

Familiares de víctimas de desaparición anunciaron la entrega de las cartas reunidas en apoyo a la Glorieta de las y los Desaparecidos en la Ciudad de México «a la persona que sea designada para sustituir a la actual jefa de gobierno», Claudia Sheinbaum, quien desde hace más de un año se comprometió a dialogar con las familias para reconocer oficialmente la Glorieta como un sitio de memoria.

«Esta situación no es nueva para las familias de personas desaparecidas, nos ha pasado históricamente con todos los gobiernos pues atender a las víctimas y sus familiares no ha sido una prioridad del Estado mexicano», señalaron los familiares de la Glorieta.

14 años después de ocurridos los hechos, un tribunal federal le ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que concluya el trámite burocrático para indemnizar a una mujer que resultó gravemente lesionada de sus dos piernas, y que además perdió a dos de sus familiares, durante el ataque con granadas ocurrido en el Zócalo de Morelia, Michoacán, en septiembre de 2008.

Por unanimidad de votos, los tres magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México decidieron amparar a Aurora “N”, tras considerar que la CEAV ha postergado y retrasado, de manera absolutamente injustificada, la reparación del daño a la víctima pese a que ella cumplió con todos los requisitos necesarios. Una situación que la ha terminado revictimizando.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) rechaza pagar el coste de la repatriación del cuerpo de Emmanuel Ngu Cheo, un migrante camerunés de 39 años muerto en octubre de 2019 en un naufragio entre Chiapas y Oaxaca.

En su argumentación el ente público alegó que Ngu Cheo no está considerado como víctima ya que no forma parte del Registro Nacional de Víctimas (Renavi) ni tampoco una institución federal lo ha reconocido como tal.