La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) operará en 2022 con un déficit presupuestal de más de 1 mil 600 millones de pesos. Se trata de recursos que se habían solicitado, entre otras cosas, para garantizar los pagos por reparaciones del daño a casi 3 mil víctimas y contratar a casi 150 funcionarios. Sin embargo, dichos recursos no fueron aprobados.

En una sesión privada realizada el pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la CEAV, encabezada por el subsecretario de Derecho Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, había aprobado el anteproyecto de presupuesto de 2 mil 575 millones de pesos para el ejercicio 2022. Dicha propuesta fue enviada para su consideración a la Secretaría de Hacienda.

La agenda de víctimas y la implementación de los mecanismos para la justicia transicional son los dos grandes pendientes que deja la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación (Segob), y que ahora serán los retos para Adán Augusto López Hernández, quien dejará la gubernatura de Tabasco para asumir al frente de esta dependencia, consideraron especialistas y defensores de derechos humanos.

En este sexenio, la Secretaría de Gobernación dejó de acaparar el control político del Estado y se ha configurado en una dependencia que ha buscado resarcir las deudas en derechos humanos y atención a víctimas. Además perdió ciertas funciones como la de estar a cargo de acuerdos y negociaciones políticas, que pasaron a Palacio Nacional para ser atendidos directamente por el Presidente, así como el tema de seguridad que ahora está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

La Fiscalía de Veracruz entregó en bolsas de plástico negras y sin sellar los restos de Eladio Aguirre Chable, quien se encontraba desaparecido, denunció el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos.

Los restos fueron entregados a los familiares de Aguirre Chable en condiciones “deplorables y precarias”, en un acto que el colectivo calificó como un “trato cruel, degradante, inhumano y revictimizante”. Frente a ello, exigió la destitución del encargado de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, Alberto Torres Rivera, así como del fiscal Lenin Juárez Jiménez, por no haber respetado los protocolos en materia de personas desaparecidas para la entrega de los restos identificados.

La extinción del fondo a través del cual se garantizaba contar año con año con un presupuesto exclusivo para la atención a las víctimas de delitos graves y violaciones a derechos humanos ya llegó a los tribunales. La jueza federal Ana Luisa Priego Enriquez abrió un juicio de amparo para analizar si dicha reforma representa una violación a la Constitución. 

El proceso se puso en marcha gracias a una demanda presentada por la organización civil Centro Prodh, que interpuso este recurso luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejara pasar el plazo con el que contaba para promover una acción de inconstitucionalidad. 

La mañana del 4 de febrero de 2014 un grupo de soldados irrumpió en la casa de la señora Elvira Santibañez en la localidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Sin ninguna orden de cateo, pero con el supuesto argumento de que estaba implicada con una banda de homicidas y secuestradores, los soldados tiraron a la mujer en el suelo, le amarraron las manos y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. 

“¿Ya me vas a decir de una vez o te mato? ¿si o no?… ¿ya vas a hablar?… ¡Te voy a dejar en muletas…! ¿qué te parece?” … le repite a Elvira una de las militares, al tiempo en que corta cartucho y otro la sofoca con la bolsa. Todo quedó registrado en video.