Auditar al gobierno de Graco Ramírez, primera orden de Cuauhtémoc Blanco

A un día de haber rendido protesta como gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo ordenó una revisión a todas las áreas del gobierno del estado a través de auditorías.

Llegaremos “hasta donde tope” porque hay “muchos temas pendientes que atender e investigar”, dijo, y advirtió que en su gobierno no se quedarán de brazos cruzados ante cualquier irregularidad, fraude, peculado o desvío que se encuentre.

Deficiente entrega de partidas federales afecta a municipios

En la primera revisión de la cuenta pública en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene facultades para supervisar el ejercicio de las participaciones federales a los estados, se detectaron deficiencias e irregularidades en la redistribución de estas partidas en la mayoría de las entidades en detrimento de los municipios, así como ausencia de criterios claros para calcular los recursos que les corresponden y retención indebida de las mismas.

Recupera SFP 15 mil 775 millones de recursos públicos por auditorías

La Secretaría de la Función Pública ha realizado 12 mil 480 actos de fiscalización a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recuperado 15 mil 775 millones de pesos a través de auditorías de recursos públicos federales ejercidos por la propia Federación y transferidos a los gobiernos estatales y municipales, desde el comienzo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y hasta julio de 2017.

Los recursos han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación o a las tesorerías institucionales correspondientes, informó la SFP en un comunicado de prensa.

En proceso, revisión de gastos de partidos y candidatos del 4 de junio: INE

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que la etapa de revisión de gastos de partidos y candidatos, de la elección del pasado 4 de junio, es un proceso en curso. La semana próxima se emitirán los resolutivos, mismos que serán enviados a los tribunales electorales de cada entidad, con el fin de valorar la validez de cada elección.

Para estas campañas, el INE auditó ingresos reportados por los partidos políticos y candidatos independientes por 789.16 millones de pesos y egresos por 764.85 millones de pesos.

Auditoría de Colima denuncia al exgobernador Mario Anguiano por desvío de recursos

En una auditoría excepcional a las finanzas públicas el órgano fiscalizador encontró que el mandatario mintió al Congreso para que se le autorizara pedir un préstamo por 638 millones de pesos.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima (Osafig) presentó una denuncia penal contra el exgobernador Mario Anguiano y dos de sus excolaboradores por desvío de 638 millones de pesos. Además pidió la inhabilitación de los funcionarios y el pago de multas millonarias.

El órgano fiscalizador también pidió al Congreso del Estado inhabilitar al exmandatario por 14 años para desempeñar cargos públicos; a Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno por 6 años y a Blanca Isabel Avalos, secretaria de Finanzas por 10 años.
Cada uno debe pagar como sanción económica 638 millones de pesos, equivalentes a los daños ocasionados, y de 69 millones 66,097 pesos para resarcir los daños y perjuicios a la hacienda pública.

Mario Anguiano, militante del PRI, gobernó Colima de 2009 a 2015.

Una auditoría excepcional realizada a las finanzas del estado concluyó que en 2015, Anguiano, entonces gobernador y Blanca Isabel Avalos, y Rafael Gutiérrez Villalobos, hicieron mal uso de un préstamo pedido al banco Interacciones por 638 millones de pesos.

El dinero se utilizó para el pago de gastos de la cuenta corriente (salarios) y préstamos pedidos a otros bancos, lo que contraviene a la Ley de Deuda Pública del Estado, que determina que los créditos que el gobierno del estado adquiera deberán ser para inversiones públicas productivas, como obras, adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa de la entidad.

“En ningún caso los recursos provenientes de la reestructuración o refinanciamiento, podrán destinarse al concepto de gasto corriente”, señala el artículo 2 de la ley.

De acuerdo con la auditoria, los funcionarios presentaron información falsa al Congreso del estado, pues el gobierno argumentó en el Decreto 565 aprobado el 20 de septiembre de 2015 que el crédito por 638 millones sería para la Infraestructura Pública Productiva, lo que “no corresponde” con el destino final de los recursos.

El órgano fiscalizador pidió a la Secretaría de Finanzas estatal justificar el destino de los recursos, a través de contratos de obras, servicios, facturación, comprobantes de pagos de impuestos, entre otros documentos; pero la dependencia respondió que no era factible realizar la justificación


Por ello, el Osafig resolvió que “se considera necesaria la imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio de cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, independientemente si causó daños o perjuicios a la hacienda pública”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/auditoria-de-colima-denuncia-al-exgobernador-mario-anguiano-por-desvio-de-recursos/

Veracruz lo niega, pero la Auditoría Superior tiene 26 denuncias penales abiertas por desvíos

El Gobierno de Veracruz tiene 26 averiguaciones previas abiertas en su contra por denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante el Ministerio Público Federal, relacionadas con desvíos de recursos públicos provenientes de partidas federales, así como simulación en devoluciones de dinero para falsear comprobaciones.
A pesar de que el contralor del Estado, Ricardo García Guzmán, dijo el pasado 25 de mayo en el programa de Ciro Gómez Leyva Por la Mañana que todas las observaciones de la ASF habían sido solventadas con éxito por su gobierno, ésta informó que los procesos penales están en curso por irregularidades que no fueron solventadas, en contra de los funcionarios que resulten responsables.
En respuesta a un cuestionario entregado por Animal Político, la dependencia señaló que de las 26 averiguaciones abiertas, 23 corresponden a probables hechos delictivos cometidos en la administración de Javier Duarte y tres a la del exmandatario Fidel Herrera.
Ocho de las denuncias presentadas por la Auditoría atañen a los resultados de la cuenta pública 2013, y concretamente a las auditorías 799, 1425, 864, 224, 1423, 514, 686 y 897  relacionados con los fondos para educación básica, infraestructura y apoyo social, salud, seguridad pública y medio ambiente.
El motivo de las denuncias, explica la ASF, es que se detectó que los recursos “fueron aplicados para otros fines o que no existe ningún tipo de documentación que acredite su debida aplicación y se desconoce el destino de los mismos”.
Destacan también 15 denuncias, todas correspondientes al gobierno de Duarte, por “simulación de reintegros”, que de acuerdo con la Auditoría, se trata de operaciones en las cuales el gobierno depositó una cuenta bancaria el dinero de una partida etiquetada luego de que se le alertó que faltaba, pero tras la revisión, volvió a retirar el dinero de la misma cuenta.
Lo anterior representa un engaño en la comprobación de los recursos asignados y un fraude a la hacienda pública.
La ASF subrayó que las 26 denuncias se encuentran en trámite ante la Procuraduría General de la República y se coadyuva en la investigación de los hechos. Las dos últimas denuncias se presentaron apenas en febrero de este año, luego de que te dos años el gobierno de Duarte no ha podido solventar las irregularidades.
Por otro lado la Auditoría Superior de la Federación dijo que tiene 35 procedimientos de verificación en curso relacionados con la cuenta pública 2013 y 47 más de la cuenta pública 2012, entre los que hay pliegos de observaciones, promociones de responsabilidad administrativa, recomendaciones y revisiones fiscales.
Son en total 82 procedimientos que podrían derivar en nuevas denuncias si es que Veracruz no logra solventarlos adecuadamente.

Empresas Fantasma bajo la lupa
La Auditoría Superior de la Federación informó  que inició un análisis relacionado con una red de empresas fantasma a la que el gobierno de Veracruz asignó contratos con recursos públicos en 2012 y 2013, para determinar primer si hay recursos federales involucrados y de ser el caso, iniciar los procesos de fiscalización correspondientes.
“La ASF  se encuentra analizando la información publicada pro Animal Político para identificar si se trata de recursos públicos federales sujetos a la fiscalización superior por parte de la ASF”, señaló la auditoría como respuesta en el cuestionario proporcionado.
La Auditoría explicó que dicha revisión tomará aproximadamente un mes y como parte de ella, se estará solicitando información al gobierno de Veracruz.
En caso de que haya recursos federales involucrados, se indicó que existe la posibilidad de practicar auditorías específicas siempre y cuando estas empresas continúen recibiendo  dinero en el ejercicio 2015. Cabe señalar que Veracruz confirmó que con esos proveedores, tiene cuentas aun por liquidar.
En caso contrario, la ASF señaló que habrá que esperar que entren en vigor las reformas en materia de combate a la corrupción que autorizan auditar ejercicios de años anteriores luego de que se presente una denuncia.
Si las auditorías que eventualmente se lleven a cabo se comprueba que  no hay comprobación real y verificable del dinero invertido, se procedería a presentar las denuncias penales que correspondan.

Revisiones en curso
La Auditoria Superior de la Federación tiene en curso 24 auditorías financieras y de desempeño al gobierno del estado de Veracruz y 40 más a distintos municipios relacionadas con la cuenta pública 2015.
Las auditorías comprenden el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, a los subsidios para la Implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal, al Programa de Desayunos Escolares, al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; al Programa PROSPERA, y al Recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples.

También se está revisando el recurso del Fondo de Infraestructura Social para las entidades; los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; el Seguro Médico Siglo XXI; las Instituciones Estatales de Cultura; el otorgamiento de subsidios en Materia de Mando Policías, entre otros.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/veracruz-lo-niega-pero-la-auditoria-superior-tiene-26-denuncias-penales-abiertas-por-desvios/

ASF: en el aire, $42 mil millones del gasto de 2014

Al entregar el Informe general de la cuenta pública 2014, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, sostuvo que de las mil 199 auditorías realizadas no se pudo solventar el gasto de 42 mil 702 millones de pesos. Asimismo, se promoverán ante contralorías internas mil 871 expedientes por responsabilidades administrativas y hay mil 641 pliegos de observación con presunción de daño patrimonial.

En conferencia de prensa posterior, Portal señaló que entre 2000 y 2013 hay un acumulado de 664 denuncias penales presentadas y el monto involucrado como daño patrimonial asciende a 26 mil millones de pesos; se estima que este año, cuando se tengan todos los elementos, podrían presentarse más de 100 querellas.

Precisó que hay 541 denuncias anteriores en proceso de integración por el Ministerio Público, ocho pasaron a reserva (de cuentas muy pasadas), 21 ya están consignadas y 12 derivaron en un no ejercicio de la acción penal.

Durante la entrega, Portal subrayó que existen 11 áreas claves de riesgo derivadas de la fiscalización de la cuenta pública 2014, segunda correspondiente al gobierno actual. Entre ellas destacó las adquisiciones, contrataciones o inversiones, pues aun cuando cumplen con la norma ‘‘los contratos que se celebran no implican un beneficio neto al Estado’’.

Se trata de adjudicaciones directas de dependencias de los tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos y otras instancias, sin que posean capacidad para cumplir con la responsabilidad, lo que deriva en subcontrataciones que superan el límite permitido y generan sobreprecios.

El auditor refirió que en la obra pública hay otro factor de riesgo: se detectaron inoportuna o deficiente planeación, contratación y ejecución de trabajos; incumplimientos e incrementos importantes en el monto de inversión; cambios a los proyectos originales; prórrogas en los plazos de las etapas, y serias deficiencias de control y supervisión de los proyectos.

Hubo programas públicos duplicados y sin coordinación, lo que redunda en desfases, traslapes y uso ineficiente de los recursos, especialmente en el rubro salud. Asimismo, la información sobre los beneficiarios de los programas sociales es deficiente y no se cuenta con un padrón único. ‘‘La diversidad de registros existentes muestra una falta de control y calidad de la información de los receptores de los apoyos’’.

La ASF alertó que ante el aumento en el suministro de servicios proporcionados por particulares, ‘‘la participación de las tareas de orden público no ha estado exenta de deficiencias en materia de cumplimiento de objetivos, discrecionalidad en la toma de decisiones, calidad de bienes ofertados y falta de transparencia’’.

Advirtió sobre deficiencias en el diseño e implementación de la política para atender problemas públicos, donde las auditorías de desempeño evidenciaron la carencia de organismos especializados con atribuciones para el logro de propósitos establecidos, amén de imprecisiones en la definición de la población objetivo y de los procesos de seguimiento, control y evaluación de los subsidios, así como falta de pertinencia o inexistencia de mecanismos para la evaluación de resultados.

Portal convocó a avanzar en la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, pues ‘‘muchas de las inquietudes que surjan a raíz del informe del resultado que presentamos hoy tienen respuesta con el sistema’’.

Fuente: La Jornada

Autores: Alfonso Urrutia y Roberto Garduño

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ALDF exhorta a Diputados a auditar al rector de UAM Azcapotzalco

México, DF. Tras advertir que no hubo compromiso con los jóvenes y su educación para concretar el proyecto de ampliar la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),  el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a la Cámara de Diputados para que a través de su Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se audite al rector de  esa casa de estudios con el fin de que se conozca el paradero de 350 millones de pesos que le fueron asignados para ese proyecto .

Al plantear al pleno el exhorto  la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Nora Arias, recordó  que el pasado 26 de noviembre el pleno  de la ALDF solicitó al rector de la citada unidad Salvador Vega y León,  informara a esa soberanía el destino de  los 350 millones de pesos.

Sin embargo, al responder  a dicha solicitud el rector  Vega y León,  se limitó a reconocer “que hubo una ampliación presupuestal para el 2015 por 350 millones de pesos. Que de ese total, 300 millones fueron al Capítulo 1000 (servicios personales), sin decir si fueron a sueldos y de qué niveles administrativos o docentes. Y que los 50 millones restantes, se fueron al capítulo 6000 (inversión pública), sin especificar en qué se gastó”.

Ante el pleno, la legisladora Arias Contreras, censuró la falta de voluntad para llevar a cabo el proyecto, que “a la fecha no se haya construido la extensión de la universidad, cuando hubo un acuerdo con el rector general y se desarrollo el plan. No se respetaron las gestiones realizadas por autoridades electas y legisladores” afirmó.

Por ello “y ante la falta de transparencia y reasignación de los recursos, “estamos pidiendo a la cámara de diputados haga lo necesario para que se realice la auditoría a la Universidad Autónoma Metropolitana” afirmó.

Fuente: La Jornada

Autora: Bertha Teresa Ramírez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/15/aldf-exhorta-a-diputados-a-auditar-al-rector-de-uam-azcapotzalco-3778.html

Ordenan “auditoría exhaustiva” a la administración de Mario Anguiano

COLIMA, Col: Por unanimidad, el Congreso local ordenó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) realizar una “auditoría exhaustiva” a la administración del exgobernador priista Mario Anguiano Moreno.

En particular a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Administración y Finanzas con el propósito de investigar el presunto desvío de recursos y posibles actos de corrupción.

Ante la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado panista Nicolás Contreras Cortés, ningún legislador del PRI hizo uso de la voz para defender al exmandatario surgido de las filas de su partido, sino que por el contrario, todos respaldaron que se le investigue.

De acuerdo con Nicolás Contreras, actualmente el gobierno del estado se encuentra en una crisis financiera derivada de la mala administración de los recursos públicos realizada por el anterior gobernador y demás funcionarios de su administración.

“Ha sido tal el daño a la hacienda estatal que se han presentado grandes dificultades para el pago de las prestaciones a los maestros, con atrasos en las mismas, siendo que dichos gastos están debidamente clasificados y presupuestados en la ley correspondiente”, dijo.

Como elemento de prueba, el legislador panista ofreció parte de la transcripción de un video de una rueda de prensa ofrecida en agosto pasado por el entonces gobernador, en la que declara sobre el manejo de los recursos económicos en la Secretaría de Educación del Estado lo siguiente:

“Hay recursos que estaban presupuestados, pero que empezaron a meter más personal del que se podía cubrir, entonces cuando llegaba la nómina se tomaban los fondos que se disponía para pagarles y entonces empezaron a dejar de pagar algunos compromisos que se tienen”.

Asimismo, Anguiano admite que había muchos maestros comisionados, por lo que se contrataron maestros eventuales para cumplir la tarea que los titulares venían realizando, y se les empezó a pagar sin estar considerados en una base presupuestal.

“Cuando llegaba la nómina se utilizaba el dinero que había, dinero que era a veces para cubrir algunas prestaciones de los maestros que no urgían en ese momento, pero que después empiezan a urgir y ya no hay los fondos para poder hacerlo”, reconoció el exmandatario.

Otro de los elementos utilizados para sustentar las presuntas irregularidades es un informe dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que se ofrecen resultados de la fiscalización del fondo educativo en el país, de 325 mil millones de pesos, en el que destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato.

También pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.

La ASF señaló que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo.

Además de lo anterior, señaló Contreras, existen denuncias de docentes que acudieron a las aulas a impartir clases pero no han recibido su respectiva remuneración. Ellos refieren que al presentarse ante el sindicato o con el anterior Secretario de Educación, éstos les indicaban que no tenían nombramiento u oficio de asignación, por lo que ante el sistema no existían.

Refirió que si bien las declaraciones del exgobernador se limitan a la Secretaría de Educación, “la contundencia de las mismas, abonadas a otras situaciones vividas en nuestro estado, como el adeudo a los jubilados y pensionados, la suspensión de programas sociales por falta de recursos y las dificultades en el pago de la nómina de los trabajadores al servicio del Estado, son signos inequívocos del desvío de recursos realizados en la administración anguianista, lo cual hace necesaria la intervención directa del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización”.

En la misma sesión del Congreso, la diputada panista Julia Lizeth Jiménez Angulo, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, anunció el inicio de un juicio político contra el procurador general de Justicia, Marcos Santana Montes, y el exsecretario de la Sedescol, Rigoberto Salazar Velasco, por su intervención ilegal en la elección de gobernador anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la tribuna, la legisladora mencionó que con esto se atiende uno de los resolutivos de la sentencia del TEPJF, que dio vista al Congreso del estado para realizar la investigación correspondiente.

Días antes del final del sexenio de Mario Anguiano, Salazar Velasco renunció a la titularidad de la Sedescol, puesto en el que el gobernador interino, Ramón Pérez Díaz, nombró a Rubén Pérez Anguiano, exsecretario de Cultura.


Mientras tanto, a cuatro días de haber asumido el cargo, el mandatario no ha nombrado a un nuevo procurador de Justicia, por lo que Marcos Santana se mantiene en el puesto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.