Diez años de guerra contra las drogas: Civiles se organizan para responder al fracaso del Estado

En10 años de guerra. La población mexicana ha debido defenderse por mano propia “ante un Estado fallido” que no garantizaba su seguridad. En Michoacán surgió el primer movimiento de las llamadas autodefensas, que pronto se extendieron por la entidad. También surgieron en Guerrero, bajo el nombre de policías comunitarias, y pueblos enteros se levantaron y continúan levantándose en armas para defenderse de los abusos de las bandas del crimen organizado y de las autoridades que encontraron en los civiles una fuente de ingresos a través de la extorsión, el secuestro y la trata de personas.

En febrero de 2013 se escribió un nuevo capítulo en la historia de México: en La Ruana, Michoacán, apareció el primer grupo de civiles armados denominados policías comunitarios y ese mismo mes, en Tecapaltepec, un grupo de tres mil pobladores, encabezados por José Manuel Mireles Valverde, médico cirujano, se levantó en armas y se atrincheró para defender a sus mujeres y niños del grupo criminal Los Caballeros Templarios.

Pronto los policías comunitarios dejaron de llamarse así para convertirse en los grupos de autodefensa, que surgieron por toda la región de Tierra Caliente, en territorio michoacano, como consecuencia de la violencia de la “guerra contra el narco” del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la inacción de las autoridades locales que dejaba tras de sí pueblos saqueados.

A este movimiento le precedieron masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, cometida por Los Zetas [en agosto de 2010], o la de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, y miles de víctimas desplazadas de sus pueblos por el acoso constante de los criminales que habían diversificado sus negocios y se dedicaban a la extorsión, secuestro y trata de personas.

En este contexto, en mayo de 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), liderado por el poeta y escritor Javier Sicilia Zardain, recorrió el país haciendo un llamado al Gobierno mexicano a detener la guerra contra el narcotráfico y a los ciudadanos a manifestarse contra la violencia.

Este movimiento de resistencia civil pacífica fue exitoso, convocó a miles de mexicanos a las calles y a cientos de organizaciones civiles; su clímax llegó el 23 de junio de 2011 con el Diálogo por la Paz, realizado en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México.

Entonces, Sicilia Zardain advirtió el horror y la falta de Estado de Derecho que vivía México. Habló de las víctimas, de los miles de muertos y desaparecidos y de un Estado fallido. También dijo que si no había una solución, el país pasaría de la resistencia pacífica a otras manifestaciones: a la justicia por la propia mano, como ocurrió apenas unos meses después del Diálogo por la Paz.

El Presidente Enrique Peña Nieto arribó en diciembre de 2012 al poder, pero con su llegada, y pese a que el nuevo Gobierno priista traía consigo una agenda de reformas estructurales, la violencia, la inseguridad, los muertos, los decapitados y el baño de sangre por todo el país continuaron, incluso con mayor intensidad.

En febrero de 2013, en Michoacán, surgió un movimiento armado que se extendería a otros estados y que puso en entredicho, abiertamente, la estrategia contra la inseguridad de Peña Nieto.

“Frente a la ausencia de un Estado de Derecho, en el estricto sentido de la palabra, la gente se pone en autodefensa; no puede permitir que ni el Estado, ni los criminales sigan sometiéndola. Es la respuesta de una población que no quiere ser sometida por la violencia. Todas estas manifestaciones de las no violencias del movimiento por la paz, hasta las armadas como autodefensas, son condiciones de ponerse en estado de defensa frente a la violencia. Es un principio de dignidad frente a la ausencia de seguridad por parte del Estado. Las poblaciones tienen que ponerse en defensa si no las arrasan. Ya hemos visto pueblos arrasados, como en Allende”, dice Javier Sicilia en entrevista con SinEmbargo.

Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice, en Estados Unidos, explica que la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto trató de alejar los reflectores del tema de la seguridad para evitar, como le sucedió a su antecesor, ser rebasado por el problema.

“Observaron lo que pasó durante la administración de Calderón y se dieron cuenta de cómo la administración quedó enmarañada en el tema de seguridad. Calderón decidió que su tema transversal sería la seguridad. Ellos estudiaron lo que pasó y vieron cómo un tema puede absorber completamente la agenda de una administración ante el público, los medios de comunicación, la atención y el enfoque de una administración. Ellos creyeron que eso no debería de pasar, y decidieron tomar una serie de medidas para que la administración Peña no fuera capturada por esta temática, que además había resultado en una masacre de más de 100 mil personas. Sin embargo el problema no estaba resuelto; me parece que es ahí donde erraron”, explica el investigador.

El problema que Calderón heredó a su sucesor no estaba resuelto de ningún modo y aunque el Gobierno de Peña Nieto buscó retirar los reflectores de la inseguridad que aquejaba al país, en 2013 el problema lo empezó a rebasar.

LA JUSTICIA POR PROPIA MANO

Mireles Valverde, quien se presentó como consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Tepalcatepec, expuso meses después de los levantamientos en una entrevista de 21 minutos realizada por a la Agencia SubVersiones los motivos por los que el pueblo tomó las armas.

Narró que el crimen organizado les exigía no sólo dinero por metro cuadrado de propiedad o por cada auto, sino hasta a sus esposas. Pero antes, a las hijas: “Y las regresaban cuando ya estaban embarazadas”.

Antes de levantarse en armas en Tepalcatepec había alrededor de ocho ejecutados al día, de acuerdo Mireles Valverde.

En mayo de 2013, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, anunció la entrada del Ejército Mexicano a Michoacán y dijo que, a pesar de que la estrategia de seguridad a través del despliegue de fuerzas federales y militares en la entidad tenía similitud a lo ocurrido en 2006 en el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el plan del Gobierno que encabezaba Peña Nieto era distinto al de su antecesor en tres puntos importantes:

“La primera es una efectiva coordinación con el Gobierno del estado, el Ejército, La Marina, todos juntos con una estrategia común. Esa es una gran diferencia, no va la estrategia del Gobierno federal a imponerse sobre la estatal”, dijo el titular de la Segob.

A diferencia de lo que había ocurrido seis años antes, el Gobierno tenía objetivos claros, afirmó Osorio Chong: “Sabemos dónde, quiénes y qué tenemos que hacer”. En tercer lugar, explicó, la estrategia de seguridad buscaba la participación ciudadana en los barrios y las colonias de Michoacán.

El encargado de la seguridad en México dijo entonces que mantenían un diálogo pacífico con las policías comunitarias en esa entidad y que muy pronto el Ejército iniciará con un programa de desarme en la comunidad, pues la orden era clara: “Se les advirtió que nadie estará armado”.

“En el caso de Michoacán la llegada del Ejército ha causado beneplácito. Las policías comunitarias ya no tienen razón de ser y los estamos invitando participar”, dijo el secretario de Gobernación.

Pero Mireles afirmó que el operativo del Gobierno federal era sólo una simulación:

“Mientras el Gobierno federal no vaya por todos y cada uno de los líderes [del crimen organizado], esto va a seguir igual. Ellos saben dónde están, comen con ellos. Aquí nosotros estamos solos, no podemos ni salir porque nos matan, no podemos descuidarnos, las 24 horas del día estamos vigilando, porque si entran, acaban con el pueblo”, dijo.

Durante 2013 la guardia comunitaria de Tecapaltepec estuvo atrincherada, mientras que el pueblo entero se mantuvo en vilo y bajo amenaza de muerte.

No sólo se estaba levantando el pueblo de Mireles Valverde. En Aguililla y la Ruana, también en Michoacán, permanecía el pueblo levantado y con presencia del Ejército Mexicano. Pronto la violencia alcanzó a parte de Tierra Caliente que se ubica en el estado de Guerrero.

En julio de 2013 por lo menos 120 familias de tres localidades del municipio de San Miguel Totolapan, abandonaron sus comunidades por la inseguridad de la región.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero indicó que se trataba de habitantes de las localidades de El Cubo, El Terrero y El Guayabo.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, pero a pesar de la presencia de los militares, en menos de 24 horas aparecieron los cadáveres de cuatro hombres en la entrada de la población Catalina, en la ranchería El Limón.

“Los militares sólo cuidan las entradas y salidas de los pueblos. Si uno les avisa donde están, duran como tres o cuatro días para ir por ellos y cuando llegan, ya no están. Pero nosotros ya limpiamos nuestro pueblo y así vamos a permanecer, estamos cuidando y no los vamos a dejar entrar”, dijo Mireles en julio de 2013 en entrevista con este medio digital.

El 15 de enero de 2014 se firmó el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán a través del cual el Gobierno federal asumió la seguridad de la región. Ese día se anunció el desarme de las autodefensas.

Lo poderes de Michoacán no desaparecerían, pero se le quitaría la responsabilidad de la seguridad con la creación de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán a cargo Alfredo Castillo Cervantes.

La nueva Comisión coordinaría a las policías municipales, estatales y federales y establecería los mecanismos de colaboración entre las procuradurías. Castillo Cervantes no sólo desarmó el movimiento de autodefensas, sino que llevó a prisión a Mireles Valverde, considerado hoy como un preso político por la sociedad civil.


LAS POLICÍAS COMUNITARIAS DE GUERRERO

En 2013, a la par que la violencia sacudía a Michoacán, en Guerrero los pueblos también empezaron a levantarse en armas bajo la figura de la policía comunitaria.

La desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos cimbró al Gobierno de Peña Nieto y marcó un antes y un después. Sin embargo, antes de que eso ocurriera había focos encendidos por toda la entidad que alarmaban sobre una violencia desmedida por la pugna entre los cárteles de la droga, la diversificación de sus operaciones y los grupos civiles armados que luchaban por impedir que la violencia devastara pueblos enteros.

En 2011, el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, anunció la operación Guerrero Seguro en Acapulco, debido a que los asesinatos relacionados con el narcotráfico aumentaron casi el triple en relación con 2010, al pasar de 289 a 884 en un año. Pero el operativo sirvió de poco: al evaluar los resultados a un año de su anuncio, las ejecuciones habían crecido. Según datos oficiales del Gobierno del estado, entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 se registraron 936 ejecuciones. Un total de 38 más que en el mismo periodo de 2010.

Los ejecutados tan sólo en Acapulco pasaron de 50 al mes en promedio en 2010 a 142 en 2012, sin contar a los muertos de la poblaciones de la región de La Montaña, Tierra Caliente y Costa Chica.

Como en Michoacán, la población abandonada a su suerte se armó gracias a la policía comunitaria que ya operaba en la región desde los años 90. Las policías comunitarias fueron creadas en 1995 por el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero en contra de la impunidad y la inseguridad. Entre el 14 y 15 de octubre de ese año nació la primera policía en Santa Cruz del Rincón.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero se creó para luchar en contra de los asaltos, las violaciones sexuales y los asesinatos. De acuerdo con Campos Hernández la medida logró contener la delincuencia de aquellos años.

Pero fue insuficiente. A partir de 2013 la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) se extendió. Los municipios de Xaltiaguis, El Ocotito, Ayutla de los Libres y otras localidades de la Costa Chica establecieron sus policías tradicionales, sumando a La Montaña y el Centro de Guerrero. En agosto de ese año más de 100 mujeres se levantaron en armas en Xaltianguis.

“Los pueblos se armaron para garantizar seguridad y velar por el bien de sus seres queridos. Es la expresión de ese vacío de parte del Estado para asumir su responsabilidad para velar por la seguridad de los mexicanos. La gente no tendría que dar ese paso, si las instancias de procuración de justicia asumieran su papel. La gente lo ve como una necesidad, nunca como una confrontación con el Gobierno”, dice el padre Mario Campos en entrevista con Sinembargo.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue la más violenta del 2013 al registrar 2 mil 87 homicidios. Además de ser el estado con más plagios, al contabilizar 207 casos, tan sólo después de Tamaulipas. En cuanto a extorsiones se mantuvo en la media con un reporte de 174.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal colocó a Acapulco en su ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2012, en el segundo puesto, después de San Pedro Sula, Honduras.

Para enero de 2014 Guerrero estaba encendido y las policías comunitarias avanzaban en su lucha en contra del crimen organizado. A finales de ese mes alrededor de 150 planteles de educación básica detuvieron sus labores en Acapulco, después de que un profesor fue secuestrado.

A la par, unos 500 policías comunitarios ingresaron al pueblo de Chilpancingo a petición de los pobladores. Tras su ingreso realizaron operativos donde detuvieron a 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaban a extorsionar y secuestrar a las personas de esa comunidad.

Ese mes miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) entraron a la comunidad de Mazatlán, cercana a Chilpancingo, para asumir el control y las tareas de seguridad.

El 29 de enero cerca de las 20:00 horas Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo, regresaba de una asamblea con policías comunitarios realizada en el poblado de El Ocotito, cuando sufrió un atentado en donde murió su nuera.

El entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero y el dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese momento, Jesús Zambrano Grijalva, coincidieron en una Plenaria perredista realizada en Acapulco y dijeron que el atentado a Pioquinto Damián y el avance de las autodefensas en Guerrero eran “hechos aislados” y “para nada” se parecían a los sucesos violentos que ocurrían en Michoacán.

“Fue un hecho aislado, yo le puedo decir con datos que hay una disminución en los índices de violencia no solo en Acapulco, sino en todo Guerrero”, dijo Aguirre.

Jesús Zambrano declaró que la entidad gobernada en ese momento por los perredistas, estaba controlada y que lo sucedido a Pioquinto era un hecho aislado.

“Este estado que ha estado en el foco de atención por hechos aislados, como ha sucedido hace unas horas y nos han comparado con Michoacán y para nada se parece”, dijo.

Pero Zambrano y Ángel Aguirre enfrenaron en septiembre de ese año la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un escándalo internacional del que ni Peña Nieto ni los perredistas pudieron escapar.

La violencia no concluyó en Guerrero con el caso de los normalistas. Este año los pobladores continúan levantándose en armas. En noviembre unos 200 habitantes de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, tomaron las armas para defenderse del grupo criminal Los Tequileros.

El mes pasado, de acuerdo con un recuento del diario El Sur, en Guerrero se registraron 230 asesinatos con un promedio de 7.6 cada día. Durante los 11 meses de 2016 el número de ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada llegó a 2 mil 48, 25.8 por ciento más que en el mismo periodo de 2015.

El 30 de noviembre cuatro niños de siete, cinco, cuatro y dos años fueron raptados por hombres armados que irrumpieron en una vivienda en un poblado de Acapulco.

“Mientras no se vislumbre la seguridad, en Guerrero se va a seguir incrementando la defensa propia, no porque alguien lo promueva; la gente se está organizando porque no hay orden, seguridad y justicia. La gente no puede aguantar las amenazas, el cobro de piso, las extorsiones. No es por gusto que se quieran meter en eso, pero ellos ven que algo deben hacer”, dice el padre Mario Campos.

El sacerdote afirma que a pesar de la presencia de militares, en Guerrero siguen “los asesinatos, los secuestros, los levantones y los descuartizamientos”.

“Es muy claro, México es un Estado fallido: tenemos rezago económico, inseguridad, ahora con la migración. No hay un país con tranquilidad, en paz, con empleos, justicia”, precisa.

Mario Campos argumenta que encarcelar a la población que busca justicia por su propia mano, como ocurrió con José Manuel Mireles Valverde de las autodefensas de Michoacán, no es la solución porque la población continuará organizándose.

“El encarcelamiento de Mireles fue un acto desesperado del Gobierno, pero yo no veo un levantamiento contra el Gobierno, sino un levantamiento contra la delincuencia. Si la gente viera resultados, no lo haría”, dice.

Mientras poblaciones como Michoacán y Guerrero se levantaban en armas para defender sus vidas, la guerra contra el narcotráfico trajo consigo un fenómeno devastador para miles de familias mexicanas: la desaparición de personas de sur a norte del país por el crimen organizado.

Con Calderón la cifra tentativa se cerró en los 30 mil desparecidos y durante la gestión de Peña Nieto las cifras apuntan a que ya van 25 mil. Es decir, las familias de más de 55 mil mexicanos viven preguntándose en dónde están sus familiares, de acuerdo con datos de las organizaciones civiles que buscan a los desaparecidos.

Ante la ineficiencia de las autoridades mexicanas para buscar y encontrar a los miles de desaparecidos, las familias se han dado a la tarea de buscar con sus propias manos a sus hijos, hijas, hermanos, esposos, esposas en fosas clandestinas ubicadas a lo largo y ancho de la República Mexicana.

En Coahuila, Chihuahua, Nuevo Léon, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Estado de México… los dolientes han escarbado en la tierra con la esperanza de no encontrar cuerpos completos, sino al menos un hueso para confirmar que se trata de su familiar.

Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito –que aglutina a 90 familiares de desaparecidos en Veracruz – afirma que México es un Estado fallido, incapaz de ejercer una política de seguridad que proteja a los ciudadanos.

“Estos 10 años han sido terribles, pues saben que está mal lo que están haciendo y lo siguen haciendo. Saben que hace mucho daño. Es algo que no les pega a ellos, a las élites y lo continúan haciendo. No sé qué más quieren para comprobar que el narco no ha disminuido, a todos los mandos les dieron licencia para matar y desaparecer”, dice.

García Henao asegura que el Gobierno mexicano ha prologando el terror en el país. Las familias de los desaparecidos ante la “indolencia, ineficiencia, ineptitud y mezquindad de las autoridades”, han tenido que buscar por su cuenta.

En agosto de este año, la periodista Sandra Rodríguez Nieto dio cuenta en SinEmbargo, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), que durante el sexenio de Calderon Hinojosa se encontraron 68 fosas con los restos de 378 personas y, con Peña Nieto el número de fosas clandestinas llegó a las 156 con los restos de 303 personas.

“Estas autoridades son buenas para descomponer, pero son incapaces de hacer nada. Cometieron el error de esta guerra y destruyeron el tejido social. En el caso de los familiares nos damos cuenta que estamos en medio de autoridades y delincuentes, y que nosotros tenemos que hacer la investigación, buscar financiamiento para nuestras búsquedas. No creo que este Gobierno inhumano pueda mejorar en algo”, considera.


DENUNCIA CIUDADANA Y HEDOR A MUERTE

La violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico generó, además de la resistencia pacífica, armada y el nacimiento de grupos de búsqueda de desaparecidos, otras expresiones de defensa propia como los linchamientos –que actualmente se dan con frecuencia en Oaxaca, Chiapas y en Estado de México–, y la denuncia anónima a través de las redes sociales; fenómeno que se originó en el norte del país con la página de Facebook “Valor por Tamaulipas” y un grupo de tuiteros que se organizaban para informar a la población sobre los movimientos de los criminales.

Pero esta última expresión de defensa trajo consigo muertes, secuestros y amenazas de personas que alertaban en sus ciudades sobre el peligro cotidiano como enfrentamientos armados. Una de las primeras víctimas fue el administrador de “Valor por Tamaulipas”, quien fue amenazado de muerte y a quien los criminales pusieron precio para poder dar con su paradero.

En septiembre de 2011 el crimen organizado cobró a una de sus primeras víctimas mortales por su activismo en redes sociales.

A pesar de que los grupos delincuenciales habían asesinado y desaparecido a decenas de periodistas por su labor informativa a través de medios de comunicación formales, a “La Nena de Laredo”, la periodista María Elizabeth Macías, la asesinaron por informar a través de las redes sociales sobre las actividades criminales.

La joven fue decapitada y abandonada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con dos teclados de computadora y una cartulina.

Tres años después, la entidad se sacudió por el asesinato de otra de las activistas de las redes sociales. La doctora María del Rosario Fuentes Rubio alias Felina @Miut3 fue secuestrada y asesinada en octubre de 2014

“Valor por Tamaulipas” confirmó su secuestro. Más tarde, en la cuenta @Miut3, apareció una foto de la doctora viva y después ejecutada.

Los criminales publicaron desde la cuenta de Felina lo siguiente:

@Miut3: AMIGOS Y FAMILIARES, MI VERDADERO NOMBRE ES MARÍA DEL ROSARIO FUENTES RUBIO. YO SOY DOCTORA, HOY MI VIDA HA LLEGADO A SU FIN.

@Miut3: NO ME QUEDA MÁS QUE DECIRLES QUE NO COMETAN EL MISMO ERROR QUE YO, NO SE GANA NADA, AL CONTRARIO HOY ME DOY CUENTA QUE 

@Miut3: ENCONTRE LA MUERTE A CAMBIO DE NADA @Bandolera7 @civilarmado_mx @ValorTamaulipas ESTÁN MÁS CERCA DE NOSOTROS DE LO QUE CREEN. 

@Miut3: #REYNOSAFOLLOW CIERREN SUS CUENTAS NO ARRIESGUEN A SUS FAMILIAS COMO LO HICE YO, LES PIDO PERDÓN”.

Para Javier Sicilia, un hombre que cree en la revolución pacífica, México ha tocado fondo y es un Estado fallido. Durante los últimos 10 años, a partir de la guerra de Calderón, el país ha visto el horror, pero puede ser aún peor. Quizás, si el rumbo sigue igual, lo más horrible esté por venir.

“Yo veo dos salidas: una es la continuación de la violencia a grados que ya son terribles; hemos visto limpiezas étnicas, social, sabemos lo que hacen Los Zetas y el Ejército, esto se va a recrudecer de forma brutal si no se refunda y se junta la reserva moral del país: las policías comunitarias, el movimiento del obispo Raúl Vera por el Constituyente, el EZNL [Ejército Zapatista de Liberación Nacional], el de Cuauhtémoc Cárdenas; es momento de sentarnos y hacer un programa de Gobierno de salida, una revolución no violenta y en 2018 tomar este país”, dice Sicilia.

Pero hay una segunda opción: la que tiene que ver con un recrudecimiento desmesurado de la violencia y la indignación. Si eso sucede, considera Javier Sicilia, se verán crímenes jamás vistos con el factor Estados Unidos y las deportaciones masivas que amenaza poner en marcha a partir del próximo año el presidente electo de ese país Donald Trump.


“Veremos asesinatos de gente que no podíamos imaginar ver asesinada. Va a ser un embudo por desgracia en el país; habrá limpieza social, los centroamericanos se van a querer varados acá y esto que ya es un infierno, será peor. Esperemos que la sociedad busque un camino no de no violencia”, dice.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2016/3122818

Nochixtlán refuerza trincheras por la advertencia de Osorio Chong de disolver los bloqueos

El acuerdo se dio a partir de las declaraciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, en el sentido de que “en breve” se tomarán medidas para desbloquear las vías estratégicas y asegurar el abastecimiento de los estados de Chiapas y Oaxaca.

Asunción Nochixtlán, 1 de julio (EFE).- Maestros disidentes reforzaron hoy el bloqueo a la supercarretera Oaxaca-Puebla a la altura de Asunción Nochixtlán, y acordaron mantenerlo durante 72 horas, tras la advertencia del Gobierno mexicano de que actuará para despejar las vialidades tomadas por los docentes.

El acuerdo, informaron a Efe maestros que se mantienen al frente del bloqueo, se dio a partir de las declaraciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, en el sentido de que “en breve” se tomarán medidas para desbloquear las vías estratégicas y asegurar el abastecimiento de los estados de Chiapas y Oaxaca.

En el bloqueo de Asunción Nochixtlán únicamente se permitirá el paso a vehículos particulares y de comerciantes que transporten verduras y frutas, mientras que serán retenidas las unidades que pertenezcan a empresas trasnacionales, dijo un profesor de nombre Filiberto.

“No tenemos ningún temor. La gente que está movilizada porque no solo somos maestros y padres de familia, también son gente del pueblo, porque ahora es una lucha social. Estamos dispuestos a lo que sea; (los pobladores) ya han puesto muertos y hoy van al todo por todo si la respuesta del Gobierno es represión”, declaró.

Asimismo, se han tomado algunas medidas como precaución ante un posible desalojo por parte de las autoridades federales y estatales mediante el uso de la fuerza pública.

En las reuniones de días recientes entre una comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación no hubo ningún acuerdo favorable para solucionar el conflicto magisterial.

“Por esa razón, hoy se han reorganizado las actividades y el plan de acción. Hay cerrazón, incapacidad y no hay voluntad de diálogo. Es claro que Osorio está recibiendo órdenes de los grandes capitales y de las empresas trasnacionales”, afirmó Filiberto.

En tanto, el plantón de los maestros de la CNTE en el Zócalo (plaza principal) de la ciudad de Oaxaca se mantiene, y además de las casas de campaña y lonas de los maestros han aparecido decenas de puestos ambulantes que venden comida y otro tipo de productos.

Este viernes, el Secretario Osorio dijo a los integrantes de la CNTE que “se ha agotado el tiempo” y “los bloqueos y las afectaciones a los ciudadanos deben de terminar”.

“El Gobierno está abierto al diálogo y sigue llamándoles al mismo, pero también está obligado a ser garante de las libertades y derechos de los ciudadanos”, aseveró.

Recordó que en las dos reuniones sostenidas en los últimos días con los representantes de la CNTE ha “escuchando con apertura y atención sus planteamientos” para ofrecer una respuesta.

Sin embargo, “no ha habido respuesta y se ha seguido afectando a la sociedad”, agregó en un mensaje en que no precisó cuándo se iniciará la operación para reabrir a la circulación las carreteras tomadas desde hace ya tres semanas por los maestros.

El 19 de junio pasado se produjo un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el municipio oaxaqueño de Asunción Nochixtlán en el marco de las protestas de los docentes, que dejó un saldo de ocho muertos -la mayoría por impacto de bala- y un centenar de heridos, según cifras oficiales.

La CNTE, que tiene mayor fuerza en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, los estados más pobres del país, pide la derogación de la reforma, que estableció la evaluación continua del personal docente y puso fin a añejos privilegios sindicales.

Fuente: Sin Embargo

Autor: EFE

http://www.sinembargo.mx/02-07-2016/3061732

Vecinos de Chalco colocan mantas y amenazan linchar delincuentes ante inseguridad

Vecinos de la unidad habitacional Los Héroes Chalco, lanzaron fuertes advertencias a la delincuencia por medio de lonas que colgaron fuera de sus casas, donde les advierten lincharlos si los sorprenden delinquiendo.

Habitantes de las calles Santa Catarina Ayotzingo, San Marcos Hiuixtoco, Boulevard Los Héroes Chalco y otras más, dijeron estar cansados de la delincuencia que se ha incrementado ya en las últimas tres semanas en sus calles.

Los residentes de las calles mencionadas comentaron que la unidad habitacional es una de las más grandes del municipio, con más de 15 mil casas, donde la seguridad, tanto de ellos como de sus viviendas, se ha visto cada día vulnerada por los delincuentes que los han azorado con por lo menos tres delitos al día, regularmente cuando cae la noche, ya que como estas calles son prácticamente de las últimas, o de las más alejadas, casi colindando con los pueblos de San Matín Cuautlalpan o Huexoculco, se prestan para estos actos.

Los motivos de disgusto y enojo ante esta situación de no recibir ninguna clase de apoyo e interés de parte de las autoridades de seguridad pública, ha derivado en que coloquen las lonas en lugares visibles para que sean percibidas, tanto por los demás vecinos y los mismos rateros, donde les advierten que no llamaran a la policía, si no que los lincharán en el lugar y momento.

“No nos tentaremos el corazón, ya que si los mismos rateros no lo hacen cuando nos roban y amenazan, por qué nosotros lo hemos de hacer, por eso de hoy en adelante, ratero que agarremos, ratero que lincharemos”, finalizó Ramón Fernández, habitante de la avenida Boulevard Héroes Chalco.

Fuente: A Fondo Estado de México

Autor: Redacción

http://afondoedomex.com/vecinos-de-chalco-colocan-mantas-y-amenazan-linchar-delincuentes-ante-inseguridad/

Pobladores de Nahuatzen desarman a policías y les quitan patrullas

NAHUATZEN, Mich: Las primeras horas de este martes pobladores indígenas de Nahuatzen, en la Meseta Purépecha, desarmaron a la Policía de Michoacán y les quitaron las patrullas, inconformes porque habitantes del poblado no han sido acreditados como policías pese a haber pasado las pruebas.

El 4 de febrero pasado, comuneros del municipio quemaron un auto de los que utilizan para mantener bloqueadas las entradas al pueblo, debido a que no han tenido respuesta del gobierno estatal a su demanda de incorporarlos a los cuerpos policiacos.

Según los pobladores la anterior policía estaba coludida con el crimen organizado y sus integrantes fueron echados del pueblo. El problema en Nahuatzen data de hace más de seis meses.

La madrugada del 20 de octubre de 2015, un grupo de encapuchados vestidos de negro y con supuestas armas de fuego disparó contra los manifestantes que tenían tomada la Presidencia Municipal. Ahí exigían la destitución del director de Seguridad Pública y la devolución de un poblador que se mantenía desaparecido.

Tal hecho provocó la retención de funcionarios del ayuntamiento y un enfrentamiento la noche del 22 de octubre. En la revuelta expulsaron al alcalde Miguel Prado Morales y al director de Seguridad Silvano Murguía González, acusados de extorsionar y secuestrar a la población.

En aquella ocasión retuvieron policías y amenazaron con quemarlos vivos, por lo que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del estado se comprometieron a capacitar a un grupo de pobladores para que formaran parte de la policía municipal, una de las demandas más sentidas de la comunidad, pero no cumplieron lo prometido.

Tras una exhaustiva selección, 10 indígenas que acreditaron las evaluaciones de control y confianza fueron capacitados en el Instituto de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán.

Sin embargo, pese a haber concluido la capacitación, los aspirantes a policías no fueron acreditados, lo que indignó a los habitantes de Nahuatzen.


Ante esa situación, en las primeras horas de este martes desarmaron a los policías encargados de la seguridad en el municipio y se apoderaron de patrullas. La situación es tensa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440882/pobladores-de-nahuatzen-desarman-a-policias-y-les-quitan-patrullas

Ocho pueblos se organizan por su cuenta para poner orden al mercado de la goma en Guerrero

Ocho comunidades integraron un comité que se encarga de acopiar la producción y sale a venderla a quien ofrezca mejor precio. En otras zonas de la sierra de Guerrero, en campos de 100 metros se cultiva la flor de la que sale la goma de opio, y por tres meses de trabajo un campesino obtiene 12 mil pesos. Las ganancias buenas se las llevan los cárteles, se queja un productor de la parte baja de la sierra. El novedoso mecanismo terminó con la violencia en un año en esos pueblos.

En menos en un año, ocho comunidades de la sierra, abatieron la violencia que les provocaba la siembra de amapola y convirtieron la producción del enervante en un negocio que les reditúa ganancias para el desarrollo de sus pueblos.

Al margen del Gobierno y de los cárteles de la droga, los ocho pueblos del Filo Mayor de la sierra, organizaron un esquema que funciona como proyecto piloto y que están por adoptar otros pueblos de la región debido a los “buenos resultados”, informaron los comisarios de Campo de Aviación, Crescencio Pacheco González, y el de Filo de Caballos, Arturo López Torres.

El sistema consiste en la integración de un comité que se encarga del acopio de la producción de goma de amapola y la vende al comprador que ofrece un mejor precio, e impide que entren a los pueblos personas ajenas a las comunidades que antes eran campos de batalla de quienes se disputaban la mercancía y el territorio.

El novedoso mecanismo no sólo terminó con la violencia en un año en esos pueblos, sino que obtiene ganancias extras que son repartidas equitativamente entre los pueblos que integran el comité para obras como apertura y mantenimiento de caminos, “o para lo que haga falta en las escuelas, casas de salud y comisarías”, según explicó uno de los comisarios.

López Torres dijo que ese ejemplo muestra que la violencia no la provoca la siembra del estupefaciente, sino los intermediarios que la compran y se disputan el producto, además del gobierno que pretende combatirlos.

Los comisarios no mencionaron, por seguridad, los nombres de los pueblos, pero explicaron que se trata de localidades que hasta hace un año venían padeciendo altos índices de violencia “y los habitantes se cansaron y decidieron organizarse”, dijo Pacheco González.

“No son una policía comunitaria, no son grupos de autodefensa, ni nada de eso, la fuerza de ellos radica en su organización. Es un lugar donde sacan buen producto, allá son madrazos buenos, porque trabaja toda la familia, desde los morritos y las mujeres, todos se van a la chinga”, explicó el comisario de Campo de Aviación.

El novedoso sistema impide la entrada a los pueblos de los cárteles de la droga o de grupos criminales a comprar directamente a los productores, con ello también evaden a los intermediarios que pagan lo que quieren a los campesinos. Es el comité integrado por ocho personas, un representante por pueblo, quien trata directamente con los interesados en la producción de los pueblos y realiza la operación de compra-venta.

“Como todos utilizan radios, se comunican cuando ya llegó el dinero, entonces los cultivadores llevan su producto al comité y éste se encarga del acopio y lo entrega todo junto, es también el único que recibe el dinero. Explicaron que como se trata de un acuerdo de buena fe, los integrantes del comité garantizan la salida del comprador hasta donde termina su territorio de influencia, “y le dicen de aquí en adelante es tu responsabilidad”.


“Es un esquema piloto, que está dando muy buenos resultados, han disminuido la delincuencia en un año, porque no les interesa que pinche cartel les compre o de qué línea venga, allí lo que les interesa y lo que quieren es que alguien les lleve el dinero y que se lleve la chingadera esa, porque es un medio de sobrevivir para las poblaciones”, dijo en alusión a la producción.

A su vez, el comisario de Filo de Caballos, López Torres, explicó que se trata de una especie de cooperativa con la que se están beneficiando no solamente los productores, sino los pueblos en su conjunto, porque además de que terminaron con la violencia, después de pagarle a los productores, hay un excedente de las ganancias que se distribuye equitativamente entre los pueblos que participan en el comité que es utilizado para la reparación de caminos, para detalles que hacen falta en las escuelas o centros de salud, “o para lo que quieran utilizarlo.

López Torres añadió que el ejemplo de esos pueblos evidencia que la siembra de la amapola no es la causa de la violencia, sino la delincuencia organizada que se diputa la droga y el territorio, y que para resolver el problema solamente se requiere de voluntad de parte de las autoridades.
Explicó que el problema es que los productores “pelean con tres enemigos y un traidor”. Los tres enemigos son el gobierno, las plagas y el mal tiempo, mientras que el traidor son las organizaciones criminales que llegan a comprar la droga, a dividirlos y a enfrentarlos.

Dijo que no es posible que México ocupe el segundo lugar a nivel internacional en la producción de amapola y Guerrero el primer lugar a nivel nacional en la exportación de goma de opio y que la sierra, que es la zona que más produce, sigua sumida en la pobreza.

“A pesar de que somos una región productora de goma de opio, la gente está muy jodida y no tienen el dinero suficiente para poder subsistir, si preguntas a la gente que a dónde se va de vacaciones cada año, te dicen que a la planta de amapola”.

Siguió: “hay 50 mil habitantes, de mil 280 comunidades que se dedican al cultivo de amapola y la mitad ni siquiera conoce Acapulco, ni el mar”.
Explicó que un campesino que se alquila con los productores de amapola apenas gana mil pesos a la semana, mientras que el productor siempre vive endeudado con la esperanza de que para la próxima cosecha le irá mejor, “y todo porque al gobierno no le interesa la producción y vender al estilo del primer mundo, como España, por ejemplo, sin riesgos y con ganancias para todos”.

Dijo que la regularización de la producción y venta de la amapola implica salir de los problemas del mercado negro, “que nos lleva a la inseguridad, violencia, a los asesinatos y a la pobreza de los productores”.


López Torres destacó que si el gobierno no cambia el esquema, los productores ya vieron que lo pueden hacer sólo con organización, y que asumirán el ejemplo de los ocho pueblos, que integraron el comité para el acopio y la venta del producto, sin intermediarios.

SE SIEMBRA AMAPOLA, COMO MAÍZ O AGUACATE

Daniel es un hombre de campo de 35 años, lo único que sabe es hacer producir la tierra, no importa qué: aguacate, durazno, maíz y, por supuesto, amapola.
Para él, la única diferencia entre uno y otro cultivo es la dificultad que tiene para vender la cosecha. El aguacate y el durazno tiene que llevarlos personalmente hasta Acapulco, Chilpancingo o Iguala en donde los vende a precios que, a veces no le alcanzan ni para el transporte. En cuanto el maíz sólo lo siembra para el autoconsumo.

En cambio, por la amapola, los representantes de los cárteles van hasta su tierra y hasta se pelean por comprársela.

Igual que Daniel, 50 mil campesinos de mil 280 comunidades de 13 municipios se dedican a lo mismo, según datos de organizaciones y comisarios de la zona. Sin embargo, todos ellos, por el cultivo de la amapola luchan contra “tres enemigos y un traidor”, dice el comisario de Filo de Caballos, Arturo López Torres. Los enemigos son el gobierno, el mal tiempo y las plagas. El traidor son los intermediarios que llagan a comprarles la goma de opio, a dividirlos y a provocar violencia.

Llegar a la huerta de aguacate, durazno y a los cultivos de maíz y amapola de Daniel no es sencillo. Se tiene que andar por un camino accidentado de más de un kilómetro que comienza en la carretera Casa Verde-Tlacotepec y baja por la falda de un cerro tan empinado que cualquier paso en falso significa caer y rodar 50 o 100 metros hasta la barranca.

“Para mí esto ya no es problema, bajo y subo tres veces al día. Vengo a cambiar las mangueras que riegan la planta”, dice burlón el campirano cuando ve que los reporteros que lo acompañan bajan arrastrándose de nalgas para evitar una caída que sería mortal.

Su terreno con la plantación está escondido hasta el fondo del cerro, donde se unen dos barrancas. Allí, los árboles de aguacate ya están cargados de bolas y las matas de duraznos comienzan a florear.

La milpa verde aún no espiguea y su color contrasta con el de la amapola seca que creció en medio, las bellotas ya han sido ralladas para extraerle la goma de opio. “La cosecha ha sido más o menos regular”, comenta satisfecho Daniel deshojando una mata de cilantro, que también hay en medio de la milpa, para llevársela a la boca y masticar la aromática verdura.

El plantío es de apenas unos 100 metros cuadrados, porque en las partes bajas de la sierra los cultivos grandes son fácilmente ubicados y de inmediato son destruidos por los militares.

En este plantío, Daniel destinó tres meses desde que comenzó a preparar la tierra. Primero desmontó, luego quemó la basura, después ablandó la tierra a golpe de pico para regar la semilla en la tierra floreada. En seguida vino el cuidado de la planta, por ejemplo estar pendiente que no le faltara el agua que llega desde lo alto del cerro por medio de mangueras que Daniel tiene que cambiar tres veces al día para que el regado sea parejo.

El resultado de los tres meses de cuidado en un plantío de aproximadamente 100 metros cuadrados como el de Daniel, es de, máximo, kilo y medio de goma de opio. Un kilo cuesta 6 mil pesos si es de temporal (de tiempo de lluvias) y hasta 8 mil si es de tiempo de secas, como ahora.

Es decir, Daniel habrá obtenido aproximadamente 12 mil pesos por los tres meses de arduas jornadas para la siembra y el cuidado de su planta. “Está deveras retecabrón, de la chingada, no crea que nos llevamos la millonada como piensan, esto que ganamos es nomás para irla pasando, las ganancias buenas se las llevan otros, los cabrones de los cárteles grandes, por eso se pelean, y luego nos quieren echar la culpa a nosotros”, se queja el campesino con el característico acento sierreño.

Cuenta que más allá arriba, en lo alto de la sierra, los productores ganan un poquito más porque pueden sembrar hasta más de una hectárea y la tierra está más virgen, la planta produce más, “a una hectárea le llegan a sacar de 12 hasta 15 kilos, imagínese usted sus ganancias en tiempo de secas son de 90 a 120 mil pesos”.
Sin embargo, como son extensiones más grandes, los productores tienen que pagar peones, y un peón cobra 150 pesos diarios, “a veces (los productores) se llegan a quedar con la mitad de lo que cuesta la cosecha, pero siempre ya es algo más”, dice.


“Pero por aquí, en las partes bajas, los plantíos tienen que ser chiquitos porque entre más grande sea, más es el riesgo de su destrucción, insiste Daniel ya en el camino de regreso, atrás de los reporteros que, jadeantes, se aferran de los matorrales para no resbalar y caer.

A finales de abril fueron detenidas decenas de personas que exigían que el cultivo de la planta fuera regulado en Guerrero

DESTRUYEN EL INGRESO DE 5 MESES DE UNA FAMILIA

Por un camino menos accidentado, pero más retirado que el que lleva al sembradío de Daniel, estaba el plantío de Gabriel.

Aquí, orillas de una barranca, en un descampado rodeado por altos ocotes y cedros, la matas de amapola que Gabriel había sembrado entre árboles de aguacates, duraznos, peras y tejocotes, lucen totalmente secas.

Ocho días antes al 12 de mayo, dos helicópteros sobrevolaron la zona y fumigaron el plantío con herbicida para destruirlo.


La extensión del plantío era más o menos similar al de Daniel, pero Gabriel apenas comenzaría a rallar la bellota para recolectar la goma, no le dio tiempo. Se la destruyeron toda antes “los verdes”, como le dicen por aquí a los soldados.

El rostro de Gabriel es de abatimiento. “mire nomás, yo estoy de acuerdo, si la van a fumigar, está bien, pero que no lo hagan así, le vienen a dar en la madre a todo”, se queja mientras muestra las frutas tiernas de una mata de durazno, que ya no van a alcanzar a sazonar ni a madurar porque el herbicida las tumba antes.

Cuenta que antes los militares llegaban a pie hasta los sembradíos y a golpe de machete cortaban la planta que amontonaban a orillas del sembradío en donde la quemaban, “pero ahora ya les entró la flojera a los cabrones y en helicóptero le vienen a dar en la madre a todo”.

De este sembradío, Gabriel pensaba sacar una ganancia no menor a 10 mil pesos que le alcanzarían para alimentar a su familia –dos hijos y su esposa– en los próximos cinco meses, “aquí no se necesita más que azúcar y sal, la ropa y el calzado para los niños, todo lo demás, para comer lo tenemos si sabemos trabajar la tierra y criar los animalitos”, reconoce, pero se queja que ahora el gobierno ni para eso les deja tener.

–¿Y la cosecha del aguacate, el durazno y el tejocote, no les da para comer don Gabriel? , –pregunta el reportero.

–Sí, nos daría si tuviéramos el apoyo para vender, pero por aquí el gobierno ni nos deja sembrar la amapola ni nos ayuda para producir ni vender los otros productos. Aquí yo saco aguacate y durazno, sobre todo, pero ¿a dónde lo voy a vender?, tengo que llevarlo a Chilpancingo, Acapulco o Iguala, y, cabrón, gasto más en el transporte que lo que me pagan por mi fruta. En cambio la amapola hasta aquí vienen a comprarla.

–¿Y ahora que le destruyeron su cultivo de amapola, qué va a hacer, de qué va a vivir?.

–Esa es la cosa, a ver dígame usted, o que me diga el gobierno, de qué chingaos va a vivir mi familia, no yo.

Ocho días después de que policías federales y estatales desalojaron el 28 de abril a cientos de pobladores de la sierra que bloqueaban la Autopista del Sol, y encarcelaron a 71 manifestantes de la sierra, unos 10 helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), destruyeron plantíos de enervantes en los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo y Chilpancingo, y como la de don Gabriel, cientos o tal vez miles de familias de unos 30 pueblos de esos municipios se quedaron sin el sustento.


Parado a la orilla de su plantío, Gabriel ha dejado de tumbar las frutitas tiernas de los duraznos que caen al suelo con apenas rozarlos con los dedos, por el efecto que les produjo el Dicloruro de Paraquat el herbicida que rociaron los militares para destruir el plantío de amapola, y, ahora, acaricia una bellotita de amapola de las miles que no alcanzó a rallar, “le dan en la madre a todo, quieren que vivamos de puro aire, porque hasta el agua nos contaminan en toda la sierra”, protesta, hablando como para él mismo, concentrado en la bolita del tamaño de una canica que acaricia entre los dedos.

LA SIERRA DONDE ABUNDA EL “ORO VERDE”

En la sierra, los productores de amapola se van abriendo de capa y exigen al gobierno comenzar a explotar el “oro verde” de manera ordenada, sin riesgos y sin dañar el medio amiente, como sí lo dañan las empresas extranjeras que vienen a explotar el oro, el metal dorado.

Argumentan que aquí los campesinos se han dedicado al cultivo de la amapola desde hace 40 años, y, sin embargo, siguen igual de pobres, a pesar de que habitan la zona que ocupa el primer lugar en el cultivo de esa planta.

Incluso, los campesinos presumen que han mejorado la producción cultivándola en tres tipos de suelo; aguado, húmedo y seco.

En uno de los pueblos, asentado a orillas de la carretera que bordea el cerro desde Casa Verde hasta Filo de Caballos, un productor presume: “de aquí exportamos la mejor goma al extranjero”, comenta orgulloso mientras prueba su dicho mostrando una bolsita con algunos gramos de china white, una especie de heroína blanca que se procesa con la goma de amapola y que se exporta principalmente a Estados Unidos. Allá es considerada uno de los narcóticos de mayor demanda y cuyo costo debe andar entre los 28 mil dólares el kilo.

“El problema es que esas ganancias no son para nosotros los productores y que somos dueños de la tierra donde se produce la materia prima, son para los intermediarios, los que la procesan y los que la venden procesada”, dice el hombre que muestra satisfecho la china white.


“No sé a qué le teme el gobierno, si hubiera una producción ordenada no sólo se acabaría con la violencia, sino con el acelerado deterioro del medio ambiente, pues habría un mayor control para la siembra, se cuidaría el bosque no desmontando áreas nuevas para la siembra. Total, aquí en donde quiera abunda el oro verde, sólo es cuestión de no escondernos para explotarlo”, dice provocando sonrisas pícaras de quienes lo acompañan.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: ZACARÍAS CERVANTES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1660984